Caracteristicas Jurisdiccion 211d4e

Capítulo IV - Características de la jurisdicción 1. La Jurisdicción es una función pública: El Estado, persona jurídica de Derecho Público, tiene en virtud de los principios básicos que lo gobiernan, el ejercicio de la soberanía. La soberanía como potestad suprema para regir a la Nación la tienen todos los habitantes que delegan su ejercicio, en virtud del mandato e imperativo constitucional, en las autoridades que la propia carta establece. Para el ejercicio de la soberanía la doctrina ha señalado tres grandes avenidas que toman el nombre de funciones, que son: la legislativa, la istrativa y la jurisdiccional, respondiendo así al consagrado principio de la división de los poderes públicos ya esbozado por Montesquieu. Hugo Alsina con claridad nos precisa que la función legislativa tiene por objeto la determinación del orden jurídico mediante la creación de normas de derecho para regular las relaciones entre los individuos y entre ellos y el Estado; el mantenimiento de ese orden jurídico y su restablecimiento en caso de ser alterado es la misión de la función jurisdiccional. Por último corresponde a la función istrativa la satisfacción de las demás necesidades generales y el cumplimiento de las normas en lo general. Algunos autores, especialmente de derecho istrativo, han negado la autonomía de la función jurisdiccional anotando que se trataría de una parte de la función istrativa con características propias. Hoy en día la doctrina procesal ubica a la jurisdicción como una función propia; así lo estiman autores como Calamandrei, Chiovenda, Couture, Guasp, Redenti, Alsina, De Miguel, Hugo Rocco, para señalar algunos de ellos. Efectivamente, no se concibe la existencia de un Estado sin autoridad suficiente para juzgar, o sea, para mantener la vigencia de las normas que el mismo crea. En el Derecho Chileno la jurisdicción es una función pública autónoma como pasamos a demostrar. El art. 2° de la Constitución Política, expresa como ya se dijo y lo repetimos, que "la soberanía reside esencialmente en la Nación la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece". Las autoridades que se señalan en la carta fundamental se encuentran agrupadas en torno a los 3 poderes clásicos que son el legislativo, el ejecutivo y el poder judicial. La soberanía para su ejercicio se divide en tres vías llamadas funciones públicas que son la función legislativa, la función istrativa y la función jurisdiccional. A cada poder público corresponde el preferente ejercicio de cada una de ellas, pero no significa lo anterior que autoridades de un poder no puedan tener atribuciones que aparentemente serían propias de otros. Está claro entonces que una parte de la soberanía para los efectos de su ejercicio toma el nombre de función jurisdiccional o simplemente jurisdicción. Ella radica en la Nación pero su ejercicio corresponde a las autoridades que la propia Constitución establece. Cabe analizar ahora cuáles son esas autoridades.

La Corte Suprema ha dicho claramente: "la jurisdicción es la facultad de istrar justicia y la tienen todos los tribunales del país". Las sentencias de las cuales se obtiene la doctrina estar en Rev. D° y Jurisp.: t. LII, secc. 3ª, pág. 57, y t. LII, secc. 1ª pág. 102. De los arts. 80 y 87 de la Constitución Política del Estado se concluye que la jurisdicción o función jurisdiccional es una función pública cuyo ejercicio está entregado por la Constitución a autoridades denominadas tribunales de justicia. Complementan las ideas anteriores en torno a esta característica los arts. 1° y 5° del C.O.T. Aquello que la Constitución y el Código Orgánico llaman facultad es precisamente la "función jurisdiccional" o jurisdicción. 2. Las autoridades encargadas del ejercicio de la jurisdicción son los tribunales de justicia. De los comentarios y disposiciones citados en la primera característica se desprende que el ejercicio de la jurisdicción es encomendado por la Constitución y las leyes a órganos denominados tribunales de justicia. Debemos dejar en claro que el mecanismo nacional es categórico en el sentido de entregar el ejercicio de la jurisdicción a los tribunales de justicia y no al poder judicial lo que tiene consecuencias importantes, ya que si se le entregase al poder judicial significaría que ningún órgano que estuviera fuera de él podría tener el ejercicio de la jurisdicción. En cambio, entregándoselo a los tribunales de justicia, es la función la que le da el carácter de tribunal al órgano y no el órgano a la función. Lo anterior explica por qué autoridades istrativas a las cuales la ley le ha otorgado especialmente el ejercicio de facultades jurisdiccionales en la medida en que la tienen son tribunales de justicia. 3. Es privativa de los tribunales de justicia. Esta característica por interpretaciones oscuras ha dado margen a confusiones en torno al concepto de jurisdicción. En efecto, nosotros sostenemos que la jurisdicción es privativa de los tribunales de justicia de tal modo que el órgano público que esté investido por la ley de esta facultad tiene por ese solo hecho el carácter de tribunal. O sea, es la función la que da el carácter al órgano y no el órgano a la función. Esto explica que haya órganos públicos fuera del poder judicial que tengan el ejercicio de la jurisdicción y que a su vez los tribunales agrupados en el llamado poder judicial tengan otras funciones no jurisdiccionales y de carácter netamente istrativo. Esta característica se desprende claramente de las disposiciones constitucionales y legales citadas que permiten concluir que quienes tienen jurisdicción son los jueces y no el poder judicial. Lo que ocurre es que de acuerdo con el principio de división de poderes ya sustituido por el de separación e independencia de funciones, los órganos que tienen por misión el ejercicio de la jurisdicción, se agrupan en lo que se llama el poder judicial. Más aún, su reglamentación en el C.O.T, se refiere a ciertas categorías de tribunales que son por regla general los ordinarios y arbitrales dejando la reglamentación de los especiales al criterio de las respectivas leyes. Así lo expresa el art. 5° del C.O.T. En relación a si dicho precepto consagra o no como han sostenido algunos una excepción a la regla que estamos indicando como característica, nos remitimos a lo ya dicho sobre el particular.

El órgano público que tenga jurisdicción es tribunal de justicia en la medida que ejerce tal función; consecuentemente la jurisdicción es privativa de los tribunales de justicia. 4. La parte de jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal es su competencia. De allí que entre jurisdicción y competencia hay una relación de género a especie. Todo tribunal tiene jurisdicción pero puede ser incompetente para conocer de un determinado asunto. La jurisdicción es una función pública; la competencia una medida de distribución de la función entre los diversos órganos con capacidad para ejercerla. Por lo tanto es la competencia la que ite división y clasificación, no así la jurisdicción. 5. La jurisdicción se ejerce o manifiesta mediante la realización de actos jurídicos procesales. Estos son llamados actos jurisdiccionales y su objetivo es hacer posible en un proceso las facultades de conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Los actos jurisdiccionales más importantes son las resoluciones judiciales y entre ellos las sentencias definitivas y de casación. El proceso es entonces el medio, como ya se dijo, que tienen los tribunales para ejercer su función. Por tal razón De Miguel define la jurisdicción como la función pública que se desarrolla en el proceso a través de actos procesales. Cuando el juez realiza una función jurisdiccional ejecuta actos procesales y entre ellos jurisdiccionales. Los actos referidos son la forma, la manera, que el juez tiene para poder cumplir su misión. Mediante ellos el juez queda en condiciones de conocer de un asunto y resolver consecuentemente un conflicto de intereses o sancionar la violación de un derecho aplicándolo al caso concreto. Es el proceso de singularización de la norma general al caso particular y concreto que mediante una resolución judicial manifestada en un acto del tribunal lo coloca nuevamente en vigor. Es aquello que Kelsen denomina la norma jurídica individual. El efecto del acto jurisdiccional es hacer constar con caracteres de verdad jurídica una "situación" que las partes deben cumplir y respetar bajo sanción de hacerse exigible a quien corresponda por la fuerza del imperio. Persigue en definitiva la mantención del orden jurídico y la justicia, entendiéndose por justo, la expresión abstracta que el juez singulariza mediante la sentencia de las pretensiones de las partes o de su propia actividad en aquellos casos en que deba proceder de oficio. Con ello se logra y asegura la vigencia y efectividad de la ley cuya violación es sancionada por el juez mediante la declaración de su cumplimiento. Para que el tribunal pueda realizar la jurisdicción mediante actos procesales se requiere como elemento esencial la formación v sustanciación de un proceso. El proceso debe tramitarse conforme al procedimiento que la ley señala y se le pone fin mediante un juicio lógico en que el juez aplica el derecho a los hechos establecidos y probados, logrando una conclusión que declara con efectos de verdad procesal que se hace inamovible una vez que la sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada.

6. Jurisdicción y cosa juzgada: Los efectos de la cosa juzgada: los efectos de la cosa juzgada son característicos de ciertos actos jurisdiccionales. En Chile, de las sentencias definitivas e interlocutorias cuando se encuentran firmes o ejecutoriadas de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Consecuentemente, una de las características de la jurisdicción y sin cuyo efecto perdería su eficacia, es la inamovilidad de sus resultados lo que se logra con los efectos de la cosa juzgada. De allí que la citemos entre sus características esenciales. 7. Es improrrogable. La prórroga en Derecho Procesal es la facultad que las partes tienen para someter el conocimiento y decisión de un asunto a una autoridad distinta que la señalada por la ley al efecto. La jurisdicción pertenece al Estado; corresponde a la ley distribuir su ejercicio entre los diversos tribunales. La solución de todos los conflictos queda en manos de los jueces, estando impedidas las partes para poder designar otra autoridad al efecto. Las sentencias judiciales firmes son los únicos actos que producen los efectos de cosa juzgada y por lo tanto una verdad jurídica indiscutible e inamovible. Se suele señalar a los árbitros como excepción a este principio ya que las partes estarían disponiendo la persona que los va a juzgar. Mas dicha excepción en la legislación chilena no existe, ya que conforme al art. 222 del Código Orgánico de Tribunales los árbitros son jueces y como tales y como todos los otros tienen jurisdicción. La diferencia entre ellos y los demás radica solamente en el sistema especial de designación que ellos tienen y por la duración de sus funciones que obviamente se limita al asunto sometido a su conocimiento y decisión. Por lo tanto aquí no hay prórroga de jurisdicción. Las confusiones sobre esta materia en Chile obedecen a un error de nomenclatura de nuestro legislador que confundiendo la prórroga de la competencia con la prórroga de la jurisdicción habla en el título VII, párrafo 3 del citado Código Orgánico de "prórroga de la jurisdicción" tratando luego en sus disposiciones la prórroga de la competencia. 8. La jurisdicción es unitaria. Ello significa que es una sola v que como tal no acepta clasificaciones. Por el solo hecho de dividirse la jurisdicción. se pierde su concepto para transformarse en el de competencia como quedó ya demostrado. Todos los jueces tienen jurisdicción; si no la tuviesen dejarían de ser jueces. Por lo tanto es una unidad, un género que debe estudiarse globalmente para poder apreciar su contenido y alcance. No obstante que estimamos que ésta es una de las características más claras de la jurisdicción en obra de derecho procesal, en las leyes y en el lenguaje jurídico en general se habla de jurisdicción contenciosa, no contenciosa, penal, civil, istrativa, del trabajo, etc. cuando en realidad todas ellas son modalidades de la competencia. Los autores especializados en derecho procesal penal como Leone, Manzini, Bertoloni Ferro, aceptan el concepto unitario de la jurisdicción basados en que el hecho de resolverse un conflicto de intereses individuales o públicos no altera en nada el concepto genérico de la jurisdicción. Agrega Manzini en su obra de Derecho Procesal Penal que la jurisdicción en todas sus manifestaciones es una función unitaria, toda vez que la fuente de donde proviene y la actividad que requiere su ejercicio, son esencialmente idénticas en todos los casos.

De la legislación nacional podemos deducir que existe un concepto y establecimiento único de la jurisdicción, por lo cual la característica en estudio es totalmente aplicable. 9. La jurisdicción es eventual. Al analizar el concepto y posición de Calamandrei acerca de la jurisdicción quedó en claro que ella se pone en movimiento solamente cuando la función legislativa no es suficiente para mantener la vigencia del derecho. En otras palabras, si la ley es cumplida por todos no se requiere de la actividad jurisdiccional; de allí que su ejercicio dependa del evento de la violación de una ley o de un derecho; ella cobra vida cuando los sujetos a quien va dirigida la norma no han sabido o querido respetarla. Redenti en una frase muy clara resume el concepto al señalar que la jurisdicción se manifiesta sólo después de transgresiones ya verificadas. Lo anterior significa que el ejercicio de la jurisdicción es eventual y el evento del cual depende es la transgresión de la norma reguladora del orden jurídico.