Carga De La Prueba 15n23

La carga de la prueba en el nuevo proceso civil. La derogación del artículo 1214 del Código Civil.

La carga de la prueba en el nuevo proceso civil. La derogación del artículo 1214 del Código Civil. BIB 2001\411 Antonio Salas Carceller. de Murcia

Magistrado Presidente de la Sección Cuarta Audiencia Provincial

Publicación: Boletín Aranzadi Civil-Mercantil num. 27/2001 (Estudio). Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2001.

La disposición derogatoria única de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 y 962) , en su apartado 2.1º, deroga varios artículos del Código Civil y entre ellos el tan invocado artículo 1214 , que estaba incluido en el capítulo referido a la prueba de las obligaciones y que, ante la falta en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de norma reguladora de la carga procesal de la prueba, ha sido utilizado desde antiguo por la jurisprudencia para fundamentar su doctrina sobre dicha carga. El artículo 1214 CC, inaplicable para los nuevos procesos abiertos bajo la vigencia de la nueva Ley –por tanto los iniciados desde el día 8 de enero pasado– establecía que «incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone». Como ya se adelantaba, la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo se ha referido con frecuencia a dicha norma y ha sentado unos criterios en la aplicación de la misma al proceso que, fundamentalmente, han sido incorporados al texto del artículo 217 de la nueva Ley procesal. Son muchas las sentencias de la Sala 1ª que se han referido a tal artículo del Código Civil –hoy derogado expresamente– manteniendo una doctrina uniforme sobre su recta interpretación. Por ello me limito a transcribir determinados párrafos de tres de las sentencias más recientes que interesan para el objeto de esta reflexiones. Nos dice la Sentencia de 30 de junio de 2000 ( RJ 2000, 6748) que «El artículo 1214 no contiene normas valorativas de prueba y su operatividad, como dice la sentencia de 15 de diciembre de 1999 ( RJ 1999, 9353) , es determinar para quién se deben producir las consecuencias desfavorables cuando, como aquí sucede, los hechos controvertidos no han quedado suficientemente demostrados ». La de 8 de septiembre de 2000 ( RJ 2000, 6481) afirma que «para que el Juez pueda fallar conforme a las exigencias de los artículos 361 de la Ley Procesal Civil ( RCL 2000, 34 y 962) y 1.7 del Código Civil , el ordenamiento le ofrece un instrumento lógico para indicarle, en los casos de incerteza fáctica, si la sentencia ha de ser absolutoria o condenatoria, que es lo que, en la ciencia del Derecho se denomina «regla de juicio», y que, en el proceso civil, se encuentra en el citado artículo 1214 , de modo que lo determinante para la aplicación de esta pauta legal es la presencia de la duda después de que se haya desarrollado, al menos, una mínima labor probatoria en el litigio, sin que, de otro lado, dicho mecanismo esté al alcance de la voluntad de las partes, que no impedirán su utilización en los supuestos de hecho incierto, ni tienen resortes para modificar su estructura y sentido, hasta el punto de que esta Sala, en sentencias, entre otras, de 19 de febrero y 18 de marzo de 1988 ( RJ 1988, 1117 y 2219) y 11 de diciembre de 1997 ( RJ 1997, 8734) , ha declarado que sólo se permite el recurso de casación por infracción del artículo 1214 cuando el órgano judicial modifique, altere o invierta la estructura de la mencionada regla. En igual sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2000 ( RJ 2000, 7523) señala que «es conocida la doctrina jurisprudencial según la cual la infracción del artículo 1214 del Código Civil sólo puede ser invocada casacionalmente cuando, ante la ausencia de prueba de un hecho concreto, la Sala “a quo” no haya tenido en cuenta la regla distributiva del “onus probandi”, al determinar la parte que haya de soportar las consecuencias de esa falta de 03 de octubre de 2009

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prueba, pero nunca cuando, como ocurre en este supuesto litigioso, la Sala de instancia considere probado el hecho en cuestión ( Sentencia de 12 de junio de 1999 [ RJ 1999, 4385] y las que cita)». Se opera así la trasposición al ámbito del proceso de una norma contenida en el Código Civil que ciertamente tenía un contenido procesal y que regulaba la carga de la prueba, si bien referida en concreto a la prueba de las obligaciones, extrayendo de ella por inducción una norma o principio general aplicable a la carga probatoria para todo tipo de objetos procesales. La Exposición de Motivos de la nueva Ley señala que: En cuanto a la carga de la prueba, la Ley supera los términos, en sí mismos poco significativos, del único precepto legal hasta ahora existente con carácter de norma general, y acoge conceptos ya concretados con carácter pacífico en la Jurisprudencia. Las normas de carga de la prueba, aunque sólo se aplican judicialmente cuando no se ha logrado certeza sobre los hechos controvertidos y relevantes en cada proceso, constituyen reglas de decisiva orientación para la actividad de las partes. Y son, asimismo, reglas, que, bien aplicadas, permiten al juzgador confiar en el acierto de su enjuiciamiento fáctico, cuando no se trate de casos en que, por estar implicado un interés público, resulte exigible que se agoten, de oficio, las posibilidades de esclarecer los hechos. Por todo esto, ha de considerarse de importancia este esfuerzo legislativo. La referencia a este carácter de la carga probatoria se encuentra en el apartado 1 del artículo 217 de la nueva Ley al expresar que cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones . Resulta así que el tribunal ha de formar su convicción sobre la realidad de tales hechos relevantes y dudosos –no reconocidos por la parte a la que perjudiquen– en atención al resultado de las pruebas practicadas, con independencia de cuál de las partes haya acreditado el hecho mediante su actividad en el proceso (incluso a instancia del propio tribunal en el juicio ordinario o verbal: artículos 429.1 y 443 «in fine»), pues si esa prueba existe los hechos dejarán de ser «dudosos». Sólo en el supuesto de que permanezca la incertidumbre sobre su realidad, por falta de prueba, entrarán en juego las disposiciones que verdaderamente regulan la carga probatoria: las comprendidas en los apartados 2 y 3 del artículo 217. Dice el apartado 2 que corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención . Y, correlativamente, el apartado 3 señala que incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior . Resulta plausible la claridad del legislador a la hora de definir en dichas normas el contenido material de la carga probatoria; claridad que releva de cualquier consideración añadida al puro tenor de las mismas. Si tales incumbencias probatorias no son satisfechas por el legalmente obligado, siempre, recordemos, que el tribunal albergue duda sobre el hecho en cuestión, las consecuencias serán diversas según la parte a que se refieran y son precisamente las contempladas en el apartado 1, cuando nos dice que el tribunal desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones . No obstante, el propio 03 de octubre de 2009

artículo 217 de la nueva Ley recoge también unas normas © Thomson Aranzadi

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especiales que constituyen excepción a la general: A) Primera excepción. Se expresa en su apartado 5, según el cual las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de probar los hechos relevantes. Así ocurre en el propio apartado 4 del artículo 217, que establece que en los procesos sobre competencia desleal y sobre publicidad ilícita corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente . En este tipo de litigios, por el contrario, la aplicación de la norma general determinaría la carga del actor respecto de la prueba de la inexactitud o inveracidad de tales circunstancias por tratarse de un hecho fundamental para su pretensiones. En el propio Código Civil se recogen otras excepciones a la norma general sobre distribución de la carga probatoria. Así: – Artículo 850 . Al heredero forzoso que ha sido desheredado –demandante en una acción de petición de herencia no se atribuye la carga de acreditar la inexistencia del motivo, siendo los herederos designados los que han de probar su certeza. – Artículo 434 . El poseedor que interesa la declaración de determinados derechos nacidos de la posesión no está obligado a probar su buena fe, que se presume, sino que por el contrario corresponde la prueba de la mala fe del poseedor al demandado. – Artículo 1183 . El acreedor que reclama de su deudor la cosa debida y perdida no está obligado a acreditar la culpa de éste en su pérdida, que se presume, viniendo el deudor compelido a justificar que actuó con diligencia y que medió caso fortuito o fuerza mayor. – Artículos 1563 y 1769 . Presumen, en igual sentido, la culpa del arrendatario o depositario respecto de los daños y perjuicios causados al arrendador o depositante. También ha de citarse en este punto la muy conocida doctrina jurisprudencial sobre la inversión de la carga de la prueba sobre el elemento de la culpa cuando se trata de la reclamación por responsabilidad extracontractual causante de daños y perjuicios para terceros derivada de la realización de actividades de riesgo. En estos casos basta al perjudicado acreditar la realidad del daño y el nexo causal, trasladándose al demandado la carga de probar que obró con la diligencia exigible. B) Segunda excepción. Se trata de la contenida en el apartado 6 del artículo 217 , el cual dispone que para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio . Se trata de una norma necesaria si se quiere evitar que la distribución de la carga de la prueba en su rígida aplicación lleve en la práctica a consecuencias injustas en determinados casos. No ha sido ajeno a ello el Tribunal Supremo, y así en sentencia de 4 de mayo de 2000 ( RJ 2000, 3385) ya señalaba que «el artículo 1214 CC debe ser flexibilizado en el sentido de que debe recaer la carga de probar sobre la parte a la que le sea posible hacerlo si a la contraria le es imposible, como sucede en la prueba en cuestión, lo mismo que si en lugar de imposibilidad, hay dificultad sobresaliente de orden objetivo». Se trataba, en el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo, de la prueba del hecho negativo referido al impago del precio en una compraventa. Efectivamente el impago es un elemento fundamental de la pretensión del demandante que, por ejemplo, insta la resolución del contrato por tal motivo; pero evidentemente no está a su alcance acreditar que no ha cobrado, siendo por el contrario el comprador el que tiene a su alcance dicha prueba de que el pago ha existido. Por ello, añade la sentencia en cuestión que la prueba en tal caso «...estaba fácilmente en su poder, y no en el del actor la del hecho negativo de que no se pagó el precio ( sentencias de 19 de diciembre de 1990 [ RJ 1990, 10312] y 22 de abril de 1991 [ RJ 1991, 3013] )». 03 de octubre de 2009

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Como conclusiones, cabe sentar las siguientes: 1ª) Resulta improcedente cualquier invocación al texto del artículo 1214 del Código Civil al resolver los procesos iniciados bajo la vigencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que el mismo ha sido objeto de expresa derogación. 2ª) La nueva Ley, como resulta propio de una ley procesal civil, regula la atribución de la carga probatoria a las partes en su artículo 217 , haciéndolo en igual sentido al que venía dando la jurisprudencia al interpretar el alcance de la norma derogada ( art. 1214 del Código Civil). 3ª) En la nueva normativa se establecen determinadas excepciones al principio general sobre atribución de la carga de la prueba para hacer posible la justicia del caso concreto, singularmente mediante la relevación a la parte interesada de la prueba de los hechos negativos. 4ª) La Ley de Enjuiciamiento Civil, como novedad muy significativa, concede al juez la facultad de avanzar su juicio sobre la imputación a las partes de la carga de la prueba sobre los hechos alegados, puesto que le faculta para indicar a las mismas la insuficiencia de las pruebas propuestas para lograr la acreditación de determinados hechos fundamentales, invitándoles a hacer uso de determinados medios a fin de que aquéllas puedan completar o modificar sus proposiciones de prueba ( arts. 429.1 y 443 «in fine»).

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