Derecho Procesal Civil Ii 254q2k

DERECHO PROCESAL CIVIL II – : Lección I El proceso de Conocimiento Ordinario 1.- Concepto: El proceso es una relación jurídica entre las partes, los agentes de la jurisdicción y sus auxiliares, regulado por la ley y dirigido a la solución de un conflicto susceptible de ser dirimidos por una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada. El Proceso de Conocimiento Ordinario es el proceso común a cuyas previsiones y reglas deben someterse todas las controversias que no tengan señalado un procedimiento expresamente determinado en la ley. Es el que ofrece mayores garantías para el ejercicio de los derechos porque en él los plazos son más extensos, se permite un mayor debate, la prueba es amplia y es libre la impugnación de las resoluciones. 2.- Estructura: El Proceso de Conocimiento Ordinario se estructura así: a) Etapa introductoria o expositiva: que comienza con la promoción de la demanda, contestación de la demanda (reconvención en su caso). b) Etapa probatoria: normal pero no esencial ya que sólo procede cuando se aleguen hechos conducentes y controvertidos. c) Etapa decisoria: que comienza con la providencia de “Autos para Sentencia” y concluye con la Sentencia Definitiva. 3.- Clases de Procesos: A) De acuerdo a la forma de desarrollo del debate: • De conocimiento ordinario: proceso tipo de carácter general, que ofrece las mayores garantías para el ejercicio de los derechos porque tiene plazos más extensos, permite un mayor debate, la prueba es amplia y es libre la impugnación de resoluciones. • Especiales: para determinados asuntos que por la simplicidad de las cuestiones o la urgencia en resolver tienen un trámite más breve y sencillo (desalojo, juicios ejecutivos, mensura, deslinde, rendición de cuentas). • Sumarios: en los que el conocimiento del Juez se limita a constatar los requisitos exigidos por la ley para la procedencia de la acción, sin entrar a examinar la relación de derecho substancial en que se fundan (juicio de rendición de cuentas, división de cosas comunes etc.) B) De acuerdo al objeto del debate: • De conocimiento: en los que el Juez se informa plenamente de la relación jurídica, pueden ser de conocimiento ordinario o de conocimiento sumario. Tiende a que el Juez declare “lo que debe ser”. • De ejecución: en los que el conocimiento del Juez se limita a constatar el incumplimiento de la obligación. Tiende a que el Juez “ordene que se haga lo que se debe hacer”. • Cautelares: son complementarios de los demás, tienen por objeto asegurar el resultado práctico de la Sentencia, de tal suerte que por el tiempo transcurrido entre la iniciación del proceso y su resolución no quede frustrado el derecho del actor. C) En relación al contenido: • Universales: en los que a un mismo tiempo se tratan diferentes acciones pertinentes a diversas personas, a fin de obtener la liquidación y distribución de un patrimonio (sucesorio, quiebra, disolución de la sociedad conyugal) • Singulares: en los que se debate la pretensión de una persona, relativa a un objeto determinado, contra otra persona. La acumulación de acciones por existir varios actores o demandados (acumulación subjetiva) o de varias pretensiones (acumulación objetiva) no hace que el proceso deje de ser singular, porque se lo considera como una unidad jurídica. D) En atención a la forma predominante utilizada: • Escritos: con predominio de la escritura sobre la oralidad, predominan en el fuero civil y comercial. • Orales: donde prima la oralidad sobre la escritura: Fuero Laboral y Penal. E) Según nuestro C: Tiene en cuenta la forma en que se estructuran los procesos y los divide en: Proceso de Conocimiento Ordinario (Libro II), Proceso de Ejecución (Libro III), Juicios y Procedimientos Especiales (Libro IV), y Proceso Arbitral (Libro V) (derogado). 4.- Regla General: “Las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial, se tramitarán conforme a las normas del proceso de conocimiento ordinario” (art. 207). Por este trámite debe sustanciarse cualquier cuestión que en el C no tenga previsto un procedimiento especial. 5.- Aplicación subsidiaria: (Art. 208) Las disposiciones del Libro II del C, que regulan el Proceso Ordinario, por ser el proceso tipo, de carácter general y el más detallado en su regulación legal, se aplican en forma subsidiaria a todos los procesos especiales en cuanto que no se opongan a las particulares disposiciones de éstos. • Aplicación subsidiaria. Las disposiciones de este Libro son aplicables subsidiariamente a los procesos especiales. • Aplicación supletoria: los principios y normas del C son aplicables supletoriamente en los procesos

sustanciados en otros fueros. (Art. 386) Diligencias preparatorias 6.- Diligencias Preparatorias. Concepto Son aquellas medidas previas al proceso que tienen por objeto asegurar la precisión de las pretensiones del actor, mediante el conocimiento de hechos o informaciones indispensables para que el proceso pueda quedar desde el inicio constituido regularmente. Pretenden la obtención de datos imprescindibles que sin la autorización judicial serían imposibles de lograr, a fin de que el futuro proceso esté regularmente constituido. Con ellas se trata de obtener el conocimiento de elementos de juicio que hagan posible una adecuada fundamentación y el mejor ejercicio de la pretensión. 7.- Juicios en que procede (art. 209) Son isibles, en general, en los procesos de conocimiento ordinario y sumario. Puede solicitarla el futuro actor y también quien razonablemente crea que será demandado (por la vigencia de los principios de igualdad y razonabilidad) es decir, por todo aquel que ha de ser parte en un juicio aún no iniciado. Son isibles en general en los procesos de conocimientos ordinarios y sumarios. La preparación de la acción ejecutiva que se realiza en el juicio ejecutivo tiene otro carácter, porque su objeto es completar el titulo ejecutivo. Vale decir que no es un Diligencia Preparatoria. 8.- Oportunidad (art. 209) Son previas a la demanda, suponen un proceso aún no iniciado. No configuran un acto introductorio de la instancia principal, dice el C: los que pretenden demandar podrán pedir, antes de la demanda…” 9.- Enumeración (art. 209) Está contenida en la forma y no debe considerarse taxativa. Los distintos supuestos son: a) Que la persona contra quien haya de dirigirse la demanda, preste declaración jurada sobre hechos relativos a su personalidad, o acerca del carácter en cuya virtud posee la cosa objeto de la acción y cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de la misma, b) Que se exhiba la cosa mueble o se reconozca judicialmente el inmueble, que hayan de ser objeto del pleito; c) Que se exhiba algún testamento, título, libros y papeles de comercio u otro documento original que sea necesario para entablar la demanda en los casos en que esa exhibición corresponda de acuerdo con las leyes; d) Que el tutor, curador o de bienes ajenos, presente las cuentas de su istración; e) Que se haga nombramiento de tutor o curador, para el juicio de que se trate; y f) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuenta. 10.- Declaración Jurada: El que pretenda demandar puede pedir, antes de la demanda, que la persona contra quien haya de dirigirse la misma, preste declaración jurada sobre: hechos relativos a su personalidad o acerca del carácter en cuya virtud posee la cosa objeto de la acción, cuyo conocimiento sea necesario para el ejercicio de la misma. Tienen como principal objetivo evitar las excepciones de falta de personería o de falta de acción. No constituye “estrictu sensu” una absolución de posiciones, dado que el declarante no reviste la calidad de parte, pero sus resultados son similares en virtud de las consecuencias que trae aparejado el silencio dentro de nuestro régimen legal. 11.- Hechos relativos a la personalidad del futuro demandado Por personalidad debe entenderse la referida a la capacidad, a la legitimación procesal, a la presentación, es decir: • la identidad y/o la edad de una persona, • el nombre de un representante legal, etc. (Para evitar la excepción de falta de personería) 12.- Carácter: La norma se refiere al carácter en cuya virtud el futuro demandado posee la cosa objeto de la futura acción, cuyo conocimiento es necesario para la promoción de la demanda, es decir:  Carácter de propietario de la cosa, o  De inquilino de un inmueble, etc. (para evitar la excepción de falta de acción) 13.- Forma: La declaración jurada puede llevarse a cabo en forma escrita, caso en el cual el Juez debe fijar un plazo dentro del cual la persona requerida debe responder al cuestionario que al efecto debe ser presentado al juzgador por el peticionante. También puede hacerse en forma oral, en una audiencia fijada al efecto por el Juez. 14.- Exhibición de inmuebles: Tiene por objeto que el peticionante se pueda cerciorar de que la cosa se encuentra efectivamente en poder de una persona, y consecuentemente, verificar su identidad. De acuerdo a la naturaleza de la cosa mueble objeto de la diligencia, el Juez puede disponer que se exhiba en sede judicial o en el lugar en que la misma se encuentre. 15.- Reconocimiento de Inmuebles Procede el reconocimiento judicial del inmueble que haya de ser objeto del futuro pleito, para saber si existen ocupantes precarios, subinquilinos, etc. A fin de que se les notifique, oportunamente la demanda para que la Sentencia que se dicte tenga efectos

contra ellos. Corresponde labrar un acta de la diligencia de exhibición o reconocimiento, en la que consten las circunstancias observadas por el Juez. 16.- Exhibición de documentos La exhibición de documentos originales (testamentos, títulos, libros y papeles de comercio) solo procederá en los casos que corresponda de acuerdo con las leyes (documentos comunes, documentos de una sociedad en la que el peticionante es socio). No corresponde la exhibición de documentos y papeles privados que pueda ser violatoria del derecho a la intimidad garantizado por la Constitución. Con relación a la exhibición de libros de comercio, la Ley 1034/83 del Comerciante establece: salvo disposiciones especiales de derecho público, la exhibición general de los libros, registros y comprobantes de los comerciantes, sólo podrá decretarse a instancia de parte, en los juicios sucesorios, de comunidad de bienes, o sociedad, istración o gestión mercantil por cuenta ajena y en los casos de liquidación. En los de convocación de acreedores y quiebra, se estará a lo dispuesto por la ley respectiva. 17.- Cuentas de istración Los es de bienes ajenos, tutores y curadores deben llevar las cuentas de la istración de los bienes a su cargo; cuando no le sea posible al interesado acceder a ellas por medios extrajudiciales, el Juez lo ordenará cuando sea imprescindible (lo cual queda librado a su prudente criterio) 18.- Tutor o Curador especial: La norma se refiere al nombramiento, para la persona incapaz, de un tutor o curador “ad litem”, con quien habrá de entenderse el proceso futuro. El Juez debe designar la persona que ejercerá la función de curador especial. Procede el nombramiento de tutor o curador ad litem en caso de menores o incapaces que deben demandar o ser demandados y/o por sus padres, tutores o curadores; o en caso de oposición de intereses entre los del incapaz y los de su representante necesario. 19.- Rendición de cuentas: El objeto de la diligencia es obtener la simplificación del futuro proceso, en razón de que si el citado reconoce su obligación de rendir cuentas, el interesado podrá obtener la rendición de cuentas reglada en el Libro IV de procedimientos especiales del C (más corto y simple). 20.- Juez competente: Las diligencias preparatorias (por el Principio de Conexidad) deben solicitarse ante el Juez que sería competente para conocer de la demanda principal, aunque si como resultado de las mismas la demanda deba promoverse ante otro Juez que sea competente al momento de la iniciación del juicio (por el Turno). Las Diligencias preparatorias no fijan la competencia, pues la del Juez que intervino en ellas cesa al concluir las mismas. 21.- Requisitos: Se pedirán expresando claramente; 1. el motivo por el cual se solicitan y 2. las acciones que se van a deducir, 3. designar a la persona que haya de ser la demandada, e, 4. Indicar su domicilio, para proceder a su citación. 22.- Forma: Deben ser solicitadas: 1. por escrito, con los requisitos exigidos por la ley para el escrito de demanda, (nombre y domicilio real del demandado y demandante, 2. designación precisa de lo que se demanda, 3. hechos que la funda, derecho expuesto sucintamente, 4. petición en términos claros y positivos). 23.- Contenido: El solicitante debe expresar; 1. el motivo por el cual las solicita y enunciar las pretensiones (acciones) que va a deducir; 2. debe indicar con precisión la persona contra la que se dirige y su domicilio real a los efectos de que pueda ser notificada por Cédula. 24.- isibilidad: El Juez accederá sin sustanciación alguna a las diligencias, salvo que las considere notoriamente improcedentes; siendo en este último caso recurrible la decisión. Deben itirse dentro de ciertos límites y siempre que sean necesarias, a fin de no afectar los principios de igualdad y lealtad mediante la obtención por vía judicial de informaciones sin el debido contradictorio. 25.- Realización Compulsiva: La orden de exhibición del documento o de la cosa mueble o de reconocimiento judicial del inmueble que haya de ser objeto del pleito puede llevarse a efecto compulsivamente y si no fuere posible, por haber el requerido ocultado, destruido o dejado de poseer el documento o la cosa mueble, será responsable de los daños y perjuicios causados. 26.- Facultad del Juez: Con el objeto de que la realización de la diligencia preparatoria no se vea frustrada por la voluntad unilateral del requerido, se prevé la facultad del Juez de llevarla a cabo compulsivamente, mediante el dictado de una resolución (orden de secuestro, allanamiento, etc.) para desapoderar de la tenencia o posesión de la cosa mueble o que permita el al inmueble de quien injustificadamente se resiste al cumplimento de la orden

judicial. 27.- Intimación: La diligencia itida por el Juez debe contener la intimación para que se permita el al inmueble o se exhiba la cosa mueble o el documento, y sólo en caso de no cumplirse la intimación corresponde la intervención del oficial de Justicia para hacer efectivo el apercibimiento decretado. 28.- Responsabilidad: Se prevé la responsabilidad civil del requerido por daños y perjuicios causados al ocultar, destruir o dejar de poseer la cosa o documentos, además de la penal cuando hubiere lugar, cuando hecho configure un hecho punible (delito). 29.- Recurribilidad de la Resolución: El auto que resuelva la isión de las diligencias preparatorias será irrecurrible, pero podrá apelarse del que las deniegue. (Art. 213). Vale decir que la resolución del Juez que ita la diligencia es irrecurrible, porque no causa gravamen irreparable. Pero la resolución que niegue la realización puede ser objeto de los recursos. 30.- Valor de las Diligencias. Caducidad. Las diligencias pedidas por el que pretenda demandar, perderán su valor si no se entabla demanda dentro del plazo de 15 días de practicadas. (Art. 214). El plazo de Caducidad es de 15 días, transcurridos los cuales las diligencias pierden su valor. Esto se fundamenta en que el transcurso del tiempo sin la actividad procesal que corresponde denota falta de interés, y además en el hecho de que el requerido no puede quedar indefinidamente con la incertidumbre del anuncio de la posible promoción de una demanda en su contra. Demanda 1.- Concepto:  toda petición formulada por las partes al Juez, en cuanto traduce una manifestación de voluntad encaminada a satisfacer un interés.  acto procesal introductivo de instancia, por virtud del cual el actor somete su pretensión al Juez, con las formas requeridas por la ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés.  acto procesal por el cual se pretende el otorgamiento de la tutela jurídica a través de una sentencia, dice Carnelutti.  acto central del proceso y el primero, salvo las diligencias preparatorias (si las hubo) 2.- Efectos: Por el solo hecho de su presentación, produce los siguientes efectos: 1. Queda abierta la instancia y el actor tiene la carga de proseguirla. 2. Queda fijada la competencia del Juez con relación al actor. 3. El Juez asume el deber de: 4. Conocer la demanda o rechazarla de oficio. 5. Pronunciarse sobre su competencia. 6. Juzgar en la sentencia la acción promovida. 7. Limita los poderes del Juez, quien en la sentencia debe atenerse a los términos de la demanda, bajo pena de nulidad. 8. Caduca la facultad de recusar sin expresión de causa. 9. Nace el estado de litis pendencia. 10. Produce efectos respecto del derecho material: conservándolo (al interrumpir la prescripción) o modificándolo (en las obligaciones alternativas). 11. El juez debe colocarse el día de la promoción de la demanda cuando decida la litis, por el efecto retroactivo que tiene la sentencia, la cual debe ser pronunciada como si hubiese sido el mismo momento de la interposición de la demanda. 3.- Importancia: De los efectos señalados surge la fundamental importancia de la misma, dada su profunda influencia en la constitución y posterior desarrollo del proceso; Su redacción y formulación requieren sumo cuidado y atención, ya que constituye la base del juicio y de ella depende en gran medida el éxito de la pretensión deducida. 4.- Finalidad: Mediante la demanda, como resultado de la prohibición constitucional de la autotutela, se somete un conflicto a la decisión del Estado, para que éste a través del órgano jurisdiccional (poder judicial) decida mediante el debido proceso, en forma definitiva la controversia. 5.- Forma: Debe ser:  deducida por escrito,  no requiere fórmulas sacramentales, basta que sea redactada en términos claros y precisos, en idioma español (castellano debe decir la norma),  mecanografiada o manuscrita con tinta obscura e indeleble,  firmada y,

 con copias para traslado. 6.- Contenido. La demanda será deducida por escrito y contendrá:  el nombre y domicilio real del demandante;  el nombre y domicilio real del demandado;  la designación precisa de lo que se demanda;  los hechos en que se funde, explicados claramente;  el derecho expuesto sucintamente; y  la petición en términos claros y positivos.  La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo que al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso, o porque la estimación dependiente de elementos aún no definitivamente fijados, y la promoción de la demanda fuere imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En tales los supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. (art. 215) 7.- Nombres y domicilios: Del demandante o actor: individualización con su nombres y apellidos, denuncia del domicilio real, constitución del domicilio procesal. Para el demandado: individualización con nombres y apellidos denuncia del domicilio real, especial y legal, según el caso. 8.- Determinación de la cosa demandada:  Designación precisa de lo que se demanda, es decir del objeto de la pretensión, lo que se desea que se resuelva favorablemente en la sentencia.  Ejemplos: nulidad de contrato, reivindicación de inmueble, cobro de una suma de dinero, etc. 9.- Exposición de los hechos: Hechos en los que se funde la demanda, explicados claramente. Los hechos son el fundamento y sustento fáctico de la pretensión. La exposición de los hechos tiene capital importancia porque el demandado tiene la carga de reconocer o negar categóricamente cada uno de ellos sobre los hechos alegados por el actor, y en su caso por el demandado (en la contestación) y sobre los cuales deberá versar la prueba. La sentencia solo podrá hacer mérito de los hechos alegados por las partes. Autoriza la excepción de defecto legal, cuando no sean clara y precisamente expuestos. 10.- Fundamento Jurídico:  el derecho debe ser expuesto sucintamente, se debe invocar y pedir la aplicación de las normas legales que avalan la pretensión.  Ejemplo: Fundamos la demanda de reivindicación en la normativa de fondo que legisla la acción – Art. 2407/8 y siguientes del CC. 11.- Petición: En términos claros y positivos, formulada con precisión en el “Petitorio” o “Peticiones”. Contribuye a determinar el objeto del litigio. Puede ser Principal: referente a lo que reclama el demandado, y ria como los daños y perjuicios, los intereses, las costas. 12.- Determinación del Monto: La demanda debe precisar el monto reclamado, como regla esta estimación debe ser exacta y obligatoria. Así es que la falta de determinación solo puede ser itida excepcionalmente cuando para establecer el monto se necesite actividad probatoria o cuando su determinación derive de elementos aún no fijados. El COJ prescribe que cuando el valor de la cosa demandada no pueda ser determinado, el actor debe manifestarlo bajo juramento, sin perjuicio del derecho del demandado a declinar la jurisdicción. El art. 452 del CC. Prescribe que cuando se hubiere justificado la existencia de un perjuicio, pero no fuere posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el Juez. 13- Requisitos Fiscales: Pago de Tasas Judiciales correspondientes a cada tipo de juicio, establecidas en la Ley 1273/98. Casos (ver Ley) LEY Nº 669/95 QUE MODIFICA LOS GRAVAMENES ESPECIFICOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 284/71, DE TASAS JUDICIALES Artículo 1º.- Las actuaciones ante el Poder Judicial estarán sujetas al pago de las Tasas que se establecen en esta Ley, según la naturaleza e importancia del juicio o trámite; I. CON EL EQUIVALENTE AL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL SALARIO MINIMO DIARIO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS NO ESPECIFICADAS: a) Los juicios no susceptibles de apreciación pecuniaria y cualquier otra actuación ante la justicia no prevista específicamente en esta Ley; b) La inscripción registral de documentos en los Registros Públicos obligatorios, así como las rectificaciones en los mismos; y, c) La rubricación de los libros diario, inventario, caja, así como los demás libros de Comercio y por cada 100

(cien) hojas de formularios continuos. II. CON EL EQUIVALENTE A 1 (UN) SALARIO MINIMO DIARIO PARA ACTIVIDADES DIVERSAS NO ESPECIFICADAS: a) La querella criminal o la intervención de un querellante particular, en cualquier estado del juicio; b) Divorcio controvertido; y, c) Tercería de dominio. III. CON EL EQUIVALENTE A 2 (DOS) SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS NO ESPECIFICADAS: a) Inconstitucionalidad, salvo cuando la acción sea interpuesta en defensa de los derechos políticos y sociales; y, b) Convocatoria de acreedores o quiebra a cargo del peticionante. IV. CON EL EQUIVALENTE AL 0,60% (CERO SESENTA POR CIENTO) APLICADO SOBRE EL MONTO DEL JUICIO, SIEMPRE QUE EXCEDA EL EQUIVALENTE A CUARENTA SALARIOS MINIMOS PARA ACTIVIDADES DIVERSAS NO ESPECIFICADAS: a) Los juicios istrativos sujetos a apreciación pecuniaria; b) La verificación de créditos en los juicios universales; c) Obligación de hacer escritura pública, calculadas sobre el valor del contrato o sobre el valor del objeto; d) Reivindicación de acuerdo al valor fiscal del objeto, correspondiente al año de iniciación del juicio; e) Rescisión de contratos; f) Prescripción de objetos o bienes; y, g) La inscripción registral de transferencia de dominio de bienes. Artículo 2º.- A los efectos de la percepción de las tasas previstas en esta Ley, las obligaciones en moneda extranjera serán convertidas a moneda nacional al tipo de cambio vendedor fijado por el Banco Central del Paraguay correspondiente al día de la iniciación del juicio. Artículo 3º.- La percepción de las tasas previstas en esta Ley será efectuada por la Dirección de Tasas Judiciales, dependiente de la Dirección General Financiera y fiscalizada por el Poder Judicial. Artículo 4º.- El pago de las tasas se acreditará mediante estampillas judiciales adheridas al primer escrito presentado ante los Juzgados y Tribunales o mediante instrumentos de control debidamente autorizados, sin cuyo requisito no se impulsará trámite a las actuaciones, salvo en los casos de juicios sucesorios o de daños y perjuicios, o de rendición de cuentas, en la forma prevista en esta Ley. Artículo 5º.- El pago de las tasas se considerará parte del costo del juicio y será repetido según lo determine el Juez en la Resolución pertinente. Artículo 6º.- La Dirección General de los Registros Públicos y sus dependencias no imprimirán trámite alguno a expedientes o solicitudes sin el pago previo de las tasas previstas en esta Ley. Artículo 7º.- Las estampillas judiciales e instrumentos especiales de control serán confeccionados por el Departamento de Talleres de Valores Fiscales, dependiente de la Sub Secretaría de Estado de istración Financiera del Ministerio de Hacienda. Con el producto de las ventas se financiará el costo de impresión y la materia prima utilizada en la confección de tales valores. Artículo 8º.- Son solidariamente responsables del pago de las tasas creadas por esta Ley, los funcionarios, jueces y magistrados judiciales que itan, inscriban o acepten la tramitación de expedientes o documentos o contratos, o juicios sin el pago correspondiente. Artículo 9º.- Están exentos del pago de las tasas previstas en la presente Ley: a) Los juicios promovidos por el Estado y las demás entidades del sector público; b) Los juicios del fuero Laboral y Tutelar del Menor; c) Los favorecidos por el beneficio de litigar sin gastos; d) Los juicios de alimento y litis expensas; e) Las acciones de amparo; f) Las peticiones de Hábeas Corpus y Hábeas Data; g) Los juicios promovidos por Excombatientes de la Guerra del Chaco; h) La defensa en el fuero criminal; i) Los juicios sobre expropiación y sobre interdictos; j) Los trámites sobre constitución de bien de familia; k) La inscripción de constitución y modificación de derechos reales, sobre maquinarias destinadas a la explotación agropecuaria. l) Las actuaciones ante los Juzgados de Paz de la República; y,

m) Certificaciones, testimonios y copias autenticadas de actuaciones y resoluciones judiciales solicitadas por las partes en juicio. 14- Rechazo in Limine: Cuando la demanda no reúne los requisitos anteriores, o cuando de la exposición del actor resulte no ser de la competencia del Juez ante quien se deduce, éste podrá rechazarla de oficio “in Limine”, expresando el defecto que contengan. 15- Cuestiones o casos no justiciables. La excepción a esta regla dada por los supuestos en que: La pretensión carece de contenido jurídico, porque se encuentra dirigida a obtener un pronunciamiento científico, moral o académico. La cuestión no justiciable se halle legislada en forma expresa en la Constitución (por ejemplo el amparo no puede promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La acción de nulidad de un matrimonio sólo se puede intentar en la vida de los esposos, las entidades del sistema financiero no pueden solicitar convocación de acreedores ni quiebra, ni ser declaradas en quiebra a pedido de terceros, etc.), porque existe un trámite de liquidación (Superintendencia de Bancos). La promoción ante tribunales de una cuestión no justiciable, autoriza el rechazo in limine de la acción, en razón de que la justiciabilidad del caso sometido al conocimiento de los jueces es un presupuesto para el ejercicio de la función jurisdiccional. Así la Ley 609/95 establece que la CSJ no dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables. También el rechazo debe producirse cuando se la advierte, en el curso del proceso o en el momento de fallar. 16- Modificación de la demanda Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones. (Art. 217) 17- Regla General: el actor, después de promover la demanda, pero antes de ser notificada, puede modificarla. Sólo después de notificada la demanda no se podrán variar los términos de la misma, salvo el desistimiento. Después de trabada la relación procesal la demanda no puede ser modificada en razón de que en ése momento queda fijado el contenido de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, bajo pena de ser incongruente. 18 – Fundamento: Esta regla general de modificaciones (de la demanda) se fundamenta en que el actor dispone de la acción, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones. 19.- Hecho nuevo. Cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriere o llegar a conocimiento de las partes algún hecho que tuviere relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta 6 días después de notificada la providencia de apertura a prueba. (Art. 250 C), siempre que con ello no se varíen los fundamentos de la demanda y contestación. Del escrito en que se alegue se dará traslado a la otra parte, quien dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevos aducidos. En este caso, quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los ita o los deniegue. En los supuestos mencionados en los párrafos precedentes, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevos invocados. Será irrecurrible la resolución que itiere hechos nuevos. (Art. 250). 20.- Ampliación del valor reclamado. El actor podrá, asimismo, ampliar el valor de lo reclamado, si antes de la sentencia venciesen nuevos plazos o cuotas de la obligación objeto de la litis…… (Art. 218). El fundamento de ésta norma se halla en razones de economía procesal, haciendo, extensivo al proceso de conocimiento ordinario lo dispuesto por similares razones para el proceso ejecutivo. 21.- Agregación de la prueba documental. El actor deberá acompañar con la demanda la prueba documental que tuviere en su poder. Si no la tuviere a su disposición, la individualizara indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre (art. 219) Se debe distinguir el "documento" del "instrumento", documento es toda representación objetiva de una idea, la que puede ser material o literal. Ej.: un monumento. El instrumento es el documento literal, escrito, destinado a constatar una relación jurídica o una manifestación de voluntad susceptible de producir efectos jurídicos. Así, el documento es la especie y el instrumento es el género. 22.- Regla general: Es que el actor debe acompañar la prueba documental que tenga en su poder al promover la demanda, igual carga que tiene el demandado que ha de cumplirla al contestar la demanda, o quien deduce una excepción previa o un incidente.

La prueba documental que debe acompañarse va más allá de los instrumentos públicos y privados del CC, extendiéndose a todo objeto en el que los hechos se encuentren registrados o testimoniados, pudiendo ser de distintas clases y tipos (Por ejemplo: Una filmación o grabación de sonido, etc.). 23.- Fundamento: Esta exigencia de adjuntar toda prueba documental al escrito de demanda, contestación, reconvención, excepción e incidente se funda en el principio de moralidad y buena fe que debe regir el proceso, en cuya virtud el mismo debe sustanciarse con lealtad y no puede constituirse en una trampa donde pueda sucumbir la verdad. (Emboscada procesal). 24.- Excepciones: Las excepciones la regla general son las siguientes: Documentos no tenidos a disposición: se deben individualizar, indicando su contenido y el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentren. Documentos posteriores a la demanda. Documentos anteriores (desconocidos). 25.- Efecto de la no presentación: El incumplimiento de la carga procesal de acompañar documentos en la oportunidad procesal que la ley establece, es que no deben ser itidos posteriormente y si lo fueren debe solicitarse su desglose de autos, oponiéndose a su agregación. 26.- Agregación Tardía: Si la agregación fuese tardía, en razón del principio dispositivo que rige el proceso civil, a otra parte podrá aceptar en forma expresa o tácita la agregación tardía de documentos por la contraparte, en caso contrario, debe oponerse a la agregación por extemporánea. 27.- Idioma: Únicamente podrán agregarse a autos documentos redactados en lengua extranjera cuando fueren vertidos al español por traductor público matriculado. Vale decir, todo instrumento que no se halle redactado en español (debe decir castellano) debe ser traducido por traductor matriculado para que sea viable su agregación a autos. 28.- Hechos no considerados en la demanda. Cuando la contestación de la demanda se alegare hechos no considerados en ésta, el actor podrá agregar, dentro de los 5 días de notificada la providencia respectiva, la prueba documental referente a tales hechos, sin otra sustanciación (sin correr traslado a otra parte). 29.- Concepto: Hechos no considerados en la demanda significa hechos distintos a los expuestos en los escritos de demanda o reconvención que producen la carga de la prueba para el actor. El fundamento de esta norma se halla en el principio de igualdad de las partes en el proceso. 30.- Efectos: Cuando en la contestación de la demanda o reconvención se alegaren hechos nuevos no considerados en dichos escritos, el actor podrá, sin substanciación alguna, vale decir, sin correr traslado, dentro de los 5 días de la notificación de la providencia respectiva, agregar la prueba documental referente a tales hechos nuevos. 31.- Documentos posteriores o desconocidos. Después de contestada la demanda, no se iten al actor sino documentos de fecha posterior. Documentos anteriores: sólo serán itidos bajo fe de juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. 32.- Agregación: documentos de fecha posterior a la promoción de la demanda y documentos anteriores Es otro de los supuestos de excepción a la regla general en materia de agregación de prueba documental en el proceso. Por el mismo se acepta que el actor pueda agregar documentos de fecha posterior a la promoción de la demanda y documentos anteriores bajo fe de juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos. 33.- Vista: En cualquiera de las hipótesis mencionadas, se debe cumplir con el principio de bilateralidad corriendo vista a la otra parte, la que debe reconocer o negar la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas e instrumentos a ella dirigidos. Su silencio o evasivas o la negativa meramente general produce el efecto de tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso. La notificación de la vista debe realizarse por cédula. 34.- Traslado de la Demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado, citándolo y remplazándolo para que la conteste dentro del plazo de 18 días. (art. 222). Ver y leer art. 107/108 del C. 35.- Fundamento: A los efectos de cumplir con los principios de Defensa en Juicio y Bilateralidad de la audiencia o contradictorio, el Juez mediante el traslado de la demanda, pone en conocimiento de demandado las pretensiones del actor. El traslado constituye al mismo tiempo un derecho y una carga para el demandado, porque al ser notificado de la promoción de la demanda en su contra, surge para el la carga de comparecer y contestar la misma dentro del plazo perentorio e improrrogable de 18 días que fija la ley 36.- Citación y emplazamiento. Al demandado se lo cita y emplaza para que conteste la demanda dentro del plazo de ley (18 días). El plazo para contestar la demanda es ampliado "Ministerio Legis" en razón a la distancia (1 día x cada 50 Km.

en la región Oriental; 1 día x cada 25 Km en la Occidental). 37.- Conceptos: Citación es el acto en virtud del cual se dispone la comparecencia de la parte o el tercero ¬ante el Juez-, para que practique un acto en un momento determinado (Ej. Citación de testigo). Emplazamiento es el acto por cual el Juez fija un plazo, un espacio de tiempo, para que la parte o el tercero ejecute un acto procesal (Ej.: emplazamiento para contestar un traslado). 38.- Modalidades de la Citación y del Emplazamiento. Si el demandado tiene domicilio en la sede del Juzgado se le notifica por cédula, dejándose aviso en caso de no encontrársele presente (art. 133 inc. Inc. a) y 138 del C). 39.-Demandado con domicilio fuera de la sede del juzgado: Si se halla domiciliado en el país, se libra oficio comisivo dirigido al Juez de Paz del lugar, para que éste proceda a la notificación. Si se halla domiciliado en extranjero, se libra exhorto a los mismos efectos. 40.- Demandado incierto o con domicilio ignorado: Se debe pedir previamente informe del Registro de Poderes acerca de si tiene nombrado o apoderado o no. Si existe apoderado se le da intervención, y si esto no puede o no quiere intervenir está obligado a manifestar el domicilio de su mandante. Sólo después de ésta diligencia se publican los edictos por 15 veces para que comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de designarle como representante al Defensor de Ausentes. Si comparece se le corre traslado de la demanda. Si no comparece, se le nombra defensor en la persona del representante del Ministerio de la Defensa Pública. 41.-Plazos para contestar la Demanda: Demandado Notificado en la sede del Juzgado: La demanda se debe contestar en el plazo de 18 días perentorios e improrrogables desde la notificación de la demanda. Este plazo es individual aunque sean varios los demandados. BOLILLA II Excepción 1.- Concepto: Es toda defensa procesal que el demandado opone a la pretensión del actor, negando los hechos en que se funda la demanda, desconociendo el derecho que, de ellos derive, o limitándose a impugnar la regularidad del proceso. En sentido estricto la excepción es la defensa dilatoria, perentoria o mixta mediante la cual el demandado denuncia la falta de un presupuesto procesal o pide el rechazo de la pretensión o la extinción de la acción. Tienen fundamento constitucional en el artículo 16 de la Constitución que establece que la defensa en juicio de las personas y sus derechos es inviolable. 2.- Clases: En nuestro derecho procesal y considerando su vinculación con el proceso, pueden ser:  Dilatorias  Perentorias o,  Mixtas 3.- Excepciones Dilatorias: Son las defensas que se fundan en la omisión de un requisito procesal. Versan sobre el proceso y NO sobre el derecho material alegado por el actor. Generalmente son el medio de denunciar la falta de un presupuesto procesal. Están dirigidas a impedir un proceso nulo (incompetencia, falta de personería), o inútil (Litispendencia), o a corregir errores que obstan a la decisión (defecto legal), o a asegurar el resultado del juicio (arraigo), o constituyen un obstáculo para el proceso (convenio arbitral).Se oponen como de previo y especial pronunciamiento, vale decir que deben substanciarse y resolverse antes de proseguir con el proceso principal, el cual queda interrumpido. Deben decidirse previamente a toda cuestión. 4.- Excepciones Perentorias: Son aquellas en cuya virtud el demandado se opone a la pretensión del actor. No son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. Pueden ser opuestas como previas y deben substanciarse y resolverse con carácter previo, quedando interrumpido el principal (falta de acción manifiesta, pago, conciliación, etc. cuando puedan resolverse como de puro derecho (sin apertura a prueba) o al contestar la demanda, no interrumpiendo la sustanciación del principal y que son resueltas en la sentencia definitiva. Las perentorias se distinguen las que atacan el derecho, (exceptio iure: pago) y las que atacan los hechos (exceptio facti: error, dolo, fuerza, temor). La enumeración de las perentorias no es taxativa a diferencia de las dilatorias cuya enumeración si es taxativa. 5- Excepciones Mixtas: Se oponen como previas y se deciden como tales. Tienen de común con las dilatorias que intentan evitar un proceso inútil o nulo, y se diferencian que las perentorias en que no buscan un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino el

reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo mismo del derecho (cosa juzgada, transacción). 6.- Oportunidad para oponerlas: Pueden oponerse en forma previa o al contestar la demanda. Las previas son numeradas en el C, deben deducirse todas a un mismo tiempo, en un solo escrito, dentro del plazo para contestar la demanda o reconvención: 18 días desde el día siguiente a la notificación de la demanda o reconvención. El efecto que producen es la interrupción del plazo para contestar la demanda, el que comenzará a computarse de nuevo una vez resueltas o rechazadas las excepciones. Al contestar la demanda: Se oponen las Defensas Generales: todas las que NO tengan el carácter de previas que se tramitan conjuntamente con el principal y se resuelven en la sentencia definitiva. Falta de Acción: cuando NO fuere manifiesta o cuando opuesta como previa NO haya sido itida ni juzgada como previa, por no ser manifiesta. Pago, Transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción: cuando por existir hechos que deben ser probados NO puedan resolverse como de puro derecho. 7.- Excepciones isibles. Solo serán isibles como previas las siguientes excepciones:  Incompetencia.  Falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio, o de representación suficiente. El demandante hará valer esta excepción por la vía del recurso de reposición;  Falta de acción cuando fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no ocurrir esta última circunstancia de que el juez la considere en la sentencia definitiva.  Litispendencia. La acción intentada ante un tribunal extranjero no importa litispendencia  Defecto legal en la forma de deducir la demanda:  Cosa juzgada  Pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando pudieren resolver como de puro derecho.  Convenio arbitral.  Arraigo; y  Las defensas temporarias que se consagran en las leyes generales. 8.- Carácter: El carácter de la enumeración es taxativo pues la norma establece que solo son isibles como previas las que se indican en la enumeración legal. Todas tienen carácter previo, vale decir que deben substanciarse y resolverse antes de seguirse el trámite del principal, el cual queda interrumpido. Deben decidirse previamente a toda cuestión. 9- Fundamento: Se encuentra en que todas ellas, en caso de prosperar, hacen innecesaria la decisión sobre el fondo de la cuestión, vale decir que hacen innecesaria la tramitación del proceso principal por cuanto no sería posible obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión. 10.- Enumeración. 11.- Incompetencia: La competencia del Juez o Tribunal es un presupuesto sin el cual no puede existir relación procesal alguna. La excepción de incompetencia es el medio en virtud del cual el demandado declina (de allí en nombre de "declinatoria") la competencia del Juez ante quien el actor promovió la demanda, porque considera que de acuerdo a las reglas de competencia establecidas en la ley, él no es el competente para entender en la controversia. Si se declara procedente, el interesado puede recurrir ante quien corresponda, si es rechazada las partes no pueden volver a cuestionar la competencia en lo sucesivo, ni podrá ser declarada de oficio. 12.- Falta de Personería: La personería es otro presupuesto de validez del proceso (Iegitimatio ad processum). Puede manifestarse en cualquier momento, debiendo el Juez considerarla porque carece de razón dictar una sentencia que no podrá ser cumplida. La falta de personería puede producirse -por dos motivos: I- Por ausencia de capacidad civil de la parte para estar enjuicio (falta de personalidad): pues si las parte carecen de ella no habrá relación procesal válida y la sentencia que se dicte carecerá de eficacia. Así, la excepción procede siempre que cualquiera de las partes carezca de la aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente (menor de edad, insano, quebrado). 12.- Falta de Personería: (Motivos) II- Por la falta, defecto o Insuficiencia de la representación legal o convencional: pues los representantes necesarios o convencionales deben acompañar en el primer escrito los documentos que acrediten el carácter que Invisten salvo que se indique en dónde se encuentren, individualizándolos suficientemente, caso en el que se podrán agregar posteriormente al expediente (dentro de un plazo de 30 días para presentar y ratificar la gestión, además de otorgar caución a formalizar en el plazo

que fije el Juez). Las deficiencias del poder quedan subsanadas por ratificación del mandante o la presentación de un nuevo poder, supuesto en que la concepción no procede, pero las costas se impondrán al que dio motivo a la excepción. 13.- Falta de acción: La calidad para obrar (Iegifimatio ad causam) es la condición jurídica en que se halla una persona con relación al concreto derecho que invoca en el proceso, en razón de su titularidad u otra circunstancia que justifique su pretensión. La falta de ésta calidad se denuncia mediante la excepción de falla de acción. Se distinguen las siguientes situaciones: Si la falta de acción es manifiesta: patente, indudable, así se declara y firme la resolución la litis concluye exclusivamente, sin llegarse a la etapa de contestación de la demanda. Si es manifiesto que se tiene acción: se rechaza la excepción y no se pude volver a deducirla en la contestación de la demanda, porque existirá al respecto "cosa Juzgada". Si faltan elementos de juicio para decidir si existe o no; es decir si el caso es dudoso, el Juez debe señalar los elementos de juicio que a su criterio faltan y le impiden adquirir certeza sobre la existencia o inexistencia de la falta de acción, en consecuencia, declarará formalmente inisible la falta de acción, por insuficiencia de pruebas o material de convicción. Esta declaración de "inisibilidad formal" ni juzga ni prejuzga sobre si existe o no falta de acción, solo significa que al Juez le faltan en ése momento elementos de convicción suficientes. Se deja a cargo del demandado hacer valer o no la excepción en la contestación. Si no la opone, el juez; no podrá pronunciarse ya sobre ella, porque le está prohibido decidir extra petita. Si la opone al contestar la demanda el Juez tiene la obligación de pronunciarse sobre el fondo, que no fue materia de resolución en la excepción previa, de la que solo se declaro la inisibilidad formal). Cuando el Juez no se pronuncia sobre el fondo de la excepción, declarando solo su inisibilidad formal, no hay cosa juzgada y la parte puede volver a promover la misma excepción en la contestación de la demanda. Apelabilidad e Inapelabilidad de la declaración de inisibilidad formal: la que declara inisibilidad formal no causa estado, el tema puede ser reabierto en la contestación, y es inapelable por no causar gravamen irreparable. 14- Litispendencia: Toda acción se extingue con su ejercicio, así en presencia de 2 demandas corresponde establecer si se trata de acciones distintas o si es la misma acción promovida 2 veces, para lo que se usa el método de las Identidades; sujeto, objeto y causa. Si existen estas 3 identidades, procede la excepción y su finalidad radica en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea objeto de doble proceso, con el posible riesgo de que recaigan sentencias contradictorias sobre la misma cuestión (escándalo Jurídico). Para que procesa debe tratarse de otro juicio pendiente, es decir que cuando menos se haya promovido y notificado la demanda puede considerarse en cualquier estado del proceso, incluso de oficio. No existe litispendencia cuando el proceso. Concluyo con sentencia firme o sea declaro la caducidad, se produjo desistimiento o se ordenó el archivo del expediente o se declaro la nulidad de todo lo actuado. Son diferentes los conceptos de Litispendencia y de acumulación de procesos, aunque por vía de la litispendencia se puede obtener la acumulación. La acumulación es procedente cuando no existe la triple Identidad, pero por ser conexos los procesos y para no dividir la continencia de la causa que haría posible sentencia contradictorias y de cumplimiento imposible, se permite la acumulación. Hay continencia de la causa (un todo único) cuando una causa (contenida) es idéntica a una parte de otra (continente). La Litispendencia tiene como consecuencia dejar sin efecto el juicio iniciado con posterioridad, a fin de evitar el escándalo jurídico de 2 sentencias contradictorias. 15.- Defecto Legal: Se configura la excepción de defecto legal (oscuro Libelo) cuando el escrito en que se promueve la demanda adolece de oscuridad, omisión o imperfección, por no ajustarse a las formas establecidas por la ley. El demandado tiene el derecho a conocer con exactitud quién le demanda y porqué: de otra forma se vería imposibilitado de ejercer debidamente su defensa porque no podría reconocer o negar los hechos y el derecho invocados por el actor en la demanda. Para que sea procedente la excepción, el escrito de demanda debe afectar el derecho a la defensa del demandado, privándolo de oponerse adecuadamente a la pretensión o dificultándole la producción de la prueba. De acuerdo a la jurisprudencia:  procede la excepción de defecto legal cuando no aparecen debidamente individualizados los nombres de actor o demandado (se demanda a Juan y/o Pedro);

 no se denuncia el domicilio real del actor, salvo que surja del poder u otros documentos acompañados;  el actor no indica la "cosa Demandada", o  no precisa o estima el monto reclamado;  no se puede conocer el tipo de pronunciamiento que se pretende,  no se acompaña la traducción de documentos presentados no otro Idioma, o no se encuentran legalizados,  no procede cuando el actor omite o se equivoca en la mención de las normas legales en que funda su pretensión, por el principio de lura novit curia, en el que el Juez suple esta clase de deficiencia. 16.- Cosa Juzgada: La cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la Sentencia Judicial, cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación y no puede ser revisada; en otro proceso o posterior. Vale decir que es una cualidad de la sentencia firme, por la cual es inmutable e inimpugnable en cuanto a las cuestiones que decide. Para que la excepción sea procedente es necesario que la pretensión actual y la pretensión juzgada sean idénticas por concurrir las 3 identidades de sujetos, objeto y causa. Hay que distinguir entre la Cosa Juzgada Material: en virtud de la cual la sentencia es irrecurrible e inmutable. Sus caracteres son la irrecurribilidad y la coercibilidad, además de otorgar a las partes la defensa de cosa juzgada Cosa Juzgada Formal: por la que la sentencia se vuelve inimpugnable (Irrecurrible), en virtud de haberse agotado los recursos o porque se halle consentida. Es posible que exista solo cosa Juzgada formal sin cosa juzgada material. Pero no pude ser a la inversa, en razón de que la cosa juzgada formal constituye un presupuesto de la Material. Las decisiones que hacen cosa juzgada son las pronunciadas en juicio contradictorio. Las dictadas en procedimientos voluntarios, alimentos, sentencias cautelares, el, no hacen cosa juzgada. La parte de la sentencia que hace cosa juzgada es la dispositiva: que si contiene todos los elementos necesarios para establecer los límites objetivos y subjetivos de la cosa Juzgada, será autosuficiente. 17.- Pago: Es el acto mediante el cual el deudor o un tercero satisfacen la obligación, cancelándola. La obligación puede ser de dar, hacer o no hacer. De haber sido satisfecha, la obligación reclamada por el actor carecerá de sentido y de razón la tramitación de un proceso. La prueba del pago corresponde a quien lo invoca, pero en las obligaciones de NO hacer es el acreedor quien debe acreditar que la obligación ha sido Incumplida, produciéndose la inversión de la carga de la prueba. Se ite todo tipo de pruebas, pero cuando la excepción tiene carácter previo sólo se puede acreditar mediante la prueba documental, que de ordinario es el recibo. 18.- Transacción, Conciliación y Desistimiento de la Acción: Constituyen otros tantos modos de terminación de los procesos, cuya eficacia equivale a la Cosa Juzgada. Son procedentes cuando concurran en ellos las 3 Identidades de la acción o pretensión: sujetos, objeto y causa, en el proceso concluido y en el actual. Pueden oponerse como previas cuando pudieren resolverse como de puro derecho. 19- Prescripción: Es el modo de extinguirse los derechos y obligaciones, derivado del no uso o ejercicio de los mismos durante el plazo señalado por la ley. No están sometidos a prescripción los derechos derivados de las relaciones de familia. La excepción de prescripción puede referirse a una cuestión de puro derecho, como cuando se controvierte exclusiva mete sobre cómputo del plazo que opere la prescripción, en cuyo caso se opondrá como previa. También puede relacionarse con los hechos y abrirse a prueba, como cuando se cuestiona la existencia y efectos de un acto interruptivo de la descripción, en cuyo caso debe oponerse al contestar la demanda. 20.- Convenio Arbitral: Es el acuerdo de voluntades mediante el cual las partes convienen en someter una cuestión litigiosa a la decisión de árbitros, arbitradores o amigables componedores, prescindiendo de la Justicia ordinaria. La excepción procede cuando la demanda se interpone ante la justicia ordinaria, prescindiendo de la Jurisdicción arbitral que era competente en razón del convenio o la cláusula especial suscripta por las partes. Si la otra parte se somete voluntariamente a la jurisdicción ordinaria, que no es la fijada en el acuerdo, se entiende que ha renunciado al derecho de que la cuestión sea sometida a la jurisdicción arbitral. 21.- Arraigo: Consiste en la radicación. En derecho procesal significa propiedad de bienes raíces, seguridad o cautela que debe prestar el actor que no tiene domicilio ni bienes registrados, casas de comercio o establecimientos de valor suficiente en la República, para cubrir el pago de las costas a que pueda ser eventualmente condenado en el proceso (cautio pro-expensis). En el ámbito del MERCOSUR no se exige el arraigo entre los ciudadanos de los Estados partes…………….

22.- Defensas temporarias: O previas que se consagran en las leyes generales, actúan como excepciones dilatorias porque producen el efecto de rechazar la acción deducida SIN extinguirla. Buscan poner de manifiesto la falta de cumplimiento por el actor de las cargas que las leyes le imponen como condición previa para el ejercicio de ciertas pretensiones; así impiden que el Juez pueda substanciar el proceso y emitir un pronunciamiento sobre el mérito de la causa una vez satisfechas las cargas, el actor podrá intentar de nuevo su demanda. Ellas son: El Beneficio de Excusión consagrado en el CC al expresar que las partes pueden convenir que el fijador no sea obligado a pagar antes de la excusión de los bienes del deudor principal. Los días de llanto y luto, consagrados en el CC que dice que hasta transcurridos sí días de la muerte del causante, los acreedores o legatarios no podrán intentar acción alguna contra la sucesión; Por su parte el C establece que los acreedores no podrán iniciar el juicio sucesorio sino después de transcurridos 30 días desde el fallecimiento del causante. 23.- Planteamiento del las excepciones. Con el escrito en que se opusieren las excepciones, se agregará toda la prueba documental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor por 6 días, quien deberá cumplir con idéntico requisito. (art. 227). 24.- Oportunidad: El demandado debe oponer las excepciones previas dentro del plazo para contestar la demanda o reconvención, es decir dentro de los 18 días perentorios e improrrogables que empiezan a computarse en forma individual desde el día siguiente a la notificación de la demanda o reconvención. Corresponde la ampliación del plazo en razón de la distancia. 25.- Forma: Se oponen por escrito y si son varias deben deducirse conjuntamente en un solo escrito, de acuerdo con el principio de eventualidad. El excepcionante tiene la carga procesal de agregar toda la prueba documental y ofrecer, además, la restante prueba, en el mismo escrito. Debe acompañar copias para traslado. 26.- Traslado: De las excepciones opuestas se debe correr traslado al ACTOR es por el plazo perentorio e improrrogable de 6 días. 27.- Notificación: La excepción (el traslado) se notifica por cédula, dada la innegable trascendencia que para la suerte del proceso tienen las excepciones. 28.- Apertura a prueba. Si el juez lo estimare necesario abrirá a prueba la excepción y se procederá conforme. En lo dispuesto para los incidentes en general. En caso contrario, dictará resolución sin más trámite. (Art. 229) 29.- Facultad del Juez: Tiene la facultad de abrir o no la excepción a prueba, aunque las partes lo soliciten. 30.-Plazo: El plazo de prueba no puede ser mayor de 10 días, es perentorio e improrrogable. 31- Pruebas: Son isibles todos los medios de prueba itidos para el juicio de conocimiento ordinario. Se aplican las reglas generales en materia de prueba, con las restricciones establecidas para los incidentes que son: Si procede la prueba pericial será realizada por 1 solo perito designado de oficio salvo que el juez estime que por la importancia del asunto sea necesario más de 1. No se iten más de 4 testigos por cada parte y las declaraciones no pueden recibirse fuera de la sede del juzgado. 32- Resolución: Si el Juez no dispone la apertura a prueba por no estimarla necesaria, debe resolver sin más trámite. 33 - Efectos de la isión de las excepciones. Una vez firme la resolución que ita la excepción de incompetencia, el interesado podrá recurrir ante quien corresponda. En caso de las excepciones previstas en los incisos b ( y e) del artículo 224, el juez ordenará el finiquito y archivo del expediente, siempre que no se justificare la personería o no se subsanare el defecto dentro del plazo de 15 días. Si la excepción fuere de arraigo, se estará a lo dispuesto por el artículo 225. a) Incompetencia: si fuera procedente, el Juez debe archivar los autos, el interesado si quiere puede recurrir de nuevo ante el Juez que considere competente para entender en el pleito que de nuevo promueva. b) Falta de personería, Defecto Legal y Arraigo: si se ite la excepción de falta de personería, el actor dentro del plazo de 15 días debe justificar la personería, caso contrario el juez debe ordenar el finiquito y archivo del expediente, pero se le imponen las costas. Igual solución y efecto corresponde en el supuesto de defecto legal, si no se subsana la deficiencia del escrito de demanda en el mismo plazo. c) Litispendencia: cuando es consecuencia de la identidad de los 3 elementos de la acción: sujetos, objeto y causa el juez debe finiquitar el proceso y archivar el expediente. Cuando se deduce para obtener la acumulación de procesos por conexidad, el Juez debe enviar el expediente

al Juez donde se tramita el otro expediente, o si se considera competente debe solicitar la remisión, a fin de acumularlos para tramitarlos así. d) Cosa Juzgada, Pago, Transacción, Conciliación, Desistimiento de la Acción, Falta Manifiesta de Acción y Prescripción: estas excepciones tienen el carácter de perentorias y como tales producen la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión, correspondiendo el finiquito del juicio y el archivo de los actos (vale para la cosa Juzgada). e) Defensas Temporarias: en ciertos supuestos se procederá al archivo del expediente (beneficio de excusión) o se interrumpirá el procedimiento hasta que se cumpla el plazo querido por la ley (días de llanto y luto). 34.- Facultad del Demandado. El demandado podrá hacer valer, en la contestación de la demanda, como medios generales de defensa, sus excepciones destinadas a producir la extinción de la acción, o el rechazo de la pretensión, que no hayan sido itidas y juzgadas como previas. (Art. 233). Vale decir que todas las excepciones perentorias, que tienen por efecto extinguir la acción o rechazar la pretensión, que NO hayan sido itidas y juzgadas como previas, pueden ser opuestas por el demandado al contestar la demanda. Especialmente en la Falta de acción cuando fuere considerada no manifiesta; en el pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción, cuando como consecuencia del material probatorio aportado no pueden ser consideradas como de puro derecho. Lección III Contestación de Demanda 1.- Concepto: Es la respuesta que da el demandado a la pretensión del actor contenida, en la demanda. Significa para el demandado la facultad de pedir la protección jurídica del Estado y el ejercicio de una acción. Es la forma civilizada que asume la defensa. 2.- Importancia: Con ella se integra la relación procesal, se fijan los hechos sobre los que versará la prueba y se establecen los límites de la sentencia, (se “traba la litis”). 3.- Posiciones procesales del demandado: El demandado ante la notificación de una demanda puede: Comparecer a estar a derecho y optar por: – oponer excepciones Previas. (Art. 224) Defensas generales se deducen al contestar la demanda. Dentro de estas se encuentran: – Excepciones destinadas a producir la extinción de la acción o el rechazo de la pretensión que no hayan sido itidas y juzgadas como previas Art. 233. – Excepciones o defensas que no tengan el carácter de previas (art 233). Contestar la demanda; en cuyo caso podrá: – Reconocer los hechos y negar el derecho (cuestión de puro derecho. (Art. 241).¬ – Negar los hechos y el derecho. – itir las pretensiones del actor. Allanamiento. (Art. 169). – Reconvenir. (Art. 237). No contestar la demanda: En este supuesto caduca el derecho de hacerlo después, autorizando a interpretar su silencio cómo reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos (Art. 235 inc. a) No comparecer: En esta hipótesis, habrá que tener en cuenta la clase de notificación que se practicó: – Notificación por cédula o personal: autoriza el proceso en rebeldía. (Art. 68.) – Notificación por edictos: Se le designa defensor en la persona del representante del Ministerio de la Defensa Pública.4.- Plazo: El demandado deberá contestar la demanda dentro del plazo de 18 días. Si es notificado en la Sede del Juzgado, 18 días a contar desde el día siguiente a la notificación. Si es notificado fuera de la sede del Juzgado, se amplía el plazo en 25 km, por día para la región Occidental y 50 Km. para la Oriental. 5 - Principio de Defensa en Juicio: La Constitución consagra el principio de que la defensa de los derechos de las personas es inviolable y debe darse en el marco de un "Debido Proceso", siendo su violación la máxima nulidad posible, la cual debe ser declarada de oficio por los Jueces o tribunales al tener conocimiento de ello por cualquier motivo o razón. 6.- Carga Procesal: Distingue y caracteriza al contenido de la contestación de la demanda. La carga procesal que tiene el demandado consiste en reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción (NO el contenido) de las cartas, telegramas e instrumentos a él dirigidos cuyas copias se hubiesen acompañado. Las excepciones a esta carga procesal están previstas para: el defensor en ejercicio de una función pública y el demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, en razón de que los mismos pueden carecer de información necesaria para asumir una determinada conducta. No obstante, una vez producida la prueba deberán dar su respuesta definitiva. El efecto del incumplimiento de la carga impuesta como imperativo legal

es que el silencio, las respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse por el juez o tribunal, como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos; y en cuanto a los documentos se los tendrá como reconocidos o recibidos. 7.- Negativa General de los Hechos: No se ite la negativa general de los hechos; como una consecuencia de la teoría de la substanciación, que rige en nuestro proceso para el actor y el demandado. 8.- Objeto: La contestación de la demanda cumple con el objetivo de determinar la prueba, especificar la carga de ella, centrar los términos de litis y facilitar la decisión de la causa. 9.- Forma y requisitos: La contestación de la demanda debe hacerse por escrito, en la forma en que ésta previsto el escrito de demanda en idioma castellano, tinta indeleble, firmado por el demandado y por Profesional Abogado. Debe contener su domicilio real, constituir el procesal, reconocer o negar cada uno de los hechos de la demanda, la autenticidad de los documentos acampanados que se le atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas y otros documentos a él dirigidos. Debe especificar claramente los hechos en los que funda su defensa y agregar la prueba documental que tuviere en su poder. 10.- Traslado de Documentos. Si el demandado presentare documentos, se dará traslado de los mismos al actor, quien deberá responder dentro de 6 días. (Art. 236). La resolución que ordena el traslado se notifica por cédula en el domicilio constituido, acompañando las respectivas copias (firmadas en cada hoja). Esta norma tiene fundamento en el principio de bilateralidad que debe regir el proceso. La contestación del actor debe referirse concretamente a la prueba documental, es decir reconocer o negar categóricamente la autenticidad o recepción de los documentos, en su caso. El actor en su responde, no podrá introducir, obviamente, nuevas cuestiones, ni variar o modificar las pretensiones de su demanda. 11.- Reconvención. Concepto: La reconvención o demanda reconvencional es la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye en demandante el actor, a fin de que se decidan las dos pretensiones en una sola sentencia. Constituye una pretensión autónoma promovida por el demandado, que tiene por objeto obtener una sentencia favorable, que puede no implicar, necesariamente, el rechazo de la pretensión del actor esgrimida en la demanda. 12.- Carácter: La Reconvención es un supuesto de acumulación objetiva de acciones, en las que se acumulan pretensiones autónomas del actor y del demandado, fundamentadas en la economía procesal. Su carácter específico es ejercitar una acción independiente, de allí que la suerte que pueda correr la demanda no tiene consecuencia sobre la reconvención. Tanto el actor (reconvenido), como el demandado (reconviniente), son demandantes, pudiendo acumular todas las acciones que posean, mediante la acumulación objetiva de acciones. La acción introducida por el reconviniente puede ser acogida o desestimada, con prescindencia de lo que pueda acontecer con la acción del actor. La demanda reconvencional es facultativa para el demandado, quien puede ejercer su pretensión por separado en otro proceso. 13.- Oportunidad: La oportunidad para deducir la reconvención que tiene el demandado es al contestar la demanda ni antes, ni después. 14.- Forma: La reconvención se deduce por escrito, guardando todos los requisitos exigidos para la demanda, incluso la agregación de la prueba documental, además de los requisitos de isibilidad establecidos en el art. 238 C, porque la reconvención importa la promoción de una nueva demanda, independiente de allí que se reconoce el derecho que tiene el demandado de interponer sus pretensiones en otro juicio. (Art. 237). 15.- Requisitos para que proceda. Para reconvenir es necesario que la acción que se ejerce en la reconvención. – Sea de la competencia del juez que entiende en la demanda. La materia civil y comercial no se consideran diferentes a este respecto: – Tenga su origen en la misma relación jurídica en que se origina la ejercida en la demanda, o sea común con ella; y – Sea promovida en proceso de conocimiento originario. (art. 238). 16.- Competencia: Como consecuencia lógica de la existencia de un único proceso, existe un solo proceso y pluralidad de litis, por ello el Juez que entiende en la demanda es el competente para entender en la reconvención. La reconvención importa una derogación de las reglas de competencia territorial, por ello no puede el actor oponer al reconviniente la excepción fundada en el distinto domicilio o distinta cuantía si son conexas. Tampoco procede la excepción de arraigo contra el reconviniente. 17.- Idéntica relación Jurídica o Conexidad: La demanda reconvencional puede tener origen en la misma relación Jurídica en que se funda la ejercida en la demanda, o ser conexa con ella. Ejemplo:

– demanda de divorcio por abandono y reconvención por injurias; – demanda por nulidad del acto y reconvención por situación, etc. En el caso de las pretensiones interdependientes o provenientes de la misma relación Jurídica, el resultado de una puede producir cosa juzgada en la otra. 18.- Procesos de Ejecución, sumarios y especiales: La acción reconvencional sólo puede ejercerse en un proceso de conocimiento ordinario, cualquiera sea el objeto de la demanda. La acción reconvencional sólo puede ejercerse en un proceso de conocimiento ordinario, cualquiera sea el objeto de la demanda. 19.- Reconvención de la Reconvención. No se itirá la reconvención de la demanda reconvencional. (Art. 239). El reconvenido (actor) no tiene la facultad de deducir a su vez, una demanda reconvencional. Por imperativo legal, no existe la reconvención de la reconvención “reconventio reconventionis", a fin de preservar el desenvolvimiento ordenado y regular del proceso. 20.- Normas aplicables. Propuesta la reconvención, regirán las normas relativas a la demanda, las excepciones previas y la contestación de la demanda. El desistimiento de la acción no impedirá la prosecución del juicio en cuanto a la reconvención. (Art. 240). Por ser una acción independiente se aplican a la reconvención todas las reglas estatuidas para la demanda, las excepciones previas y la contestación. Por la misma razón, el desistimiento de la acción, no impide la substanciación y decisión de la reconvención. 21.- Capacidad Procesal: La reconvención la puede ejercer todo aquél que tenga capacidad para estar en juicio. Si se actúa en virtud de representación convencional, se necesita poder o cláusula especial para reconvenir. 22.- Calidad: El que demanda por derecho propio no puede ser reconvenido como representante de otra persona.Tampoco el que demanda en representación de otro puede ser reconvenido por una obligación, personal. La reconvención no puede fundarse en un derecho ajeno, la calidad (legitimatio ad causam) es un requisito de la isión de la acción en la sentencia, y puede dar lugar a la excepción de falta de acción. 23.- Costas: se deben aplicar a la parte vencida en cada una de las pretensiones. 24.- Cuestiones de Puro Derecho. Concepto. Si el demandado reconoce los hechos afirmados por el actor, el juez declarará la cuestión de puro derecho. (Art. 241). La cuestión controvertida en el juicio se declara de puro derecho cuando el demandado reconoce el o los hechos afirmados por el actor, pero niega o desconoce, que exista una norma jurídica que lo tutele o que tenga el alcance que se le atribuye. Se produce cuando existe acuerdo en relación a los hechos o se manifiesta que no existe prueba que diligenciar, pero se controvierte el derecho, atribuyéndose a las normas aplicables una consecuencia jurídica distinta. La declaración de una cuestión como de puro derecho está fundada, más que en la inexistencia de hechos controvertidos, en la circunstancia de que la causa no necesita ser abierta a prueba para ser debidamente resuelta. 25.- Carácter: La declaración de puro derecho tiene carácter excepcional, por ello en caso de duda, debe estarse por la apertura de la causa a prueba. 26.- Apelación: La resolución del juez que declara la cuestión de puro derecho, debe estar fundada, siendo apelable porque conlleva una denegación tácita de abrir la causa a prueba. 27.- Réplica y Dúplica. Al declarar la cuestión de puro derecho, se conferirá un nuevo traslado a las partes por su orden, con lo que quedara conclusa la causa para definitiva. (Art. 242). La resolución que declara la cuestión de puro derecho se notifica por cédula a las partes en su domicilio constituido y es recurrible por las partes. 28.- Plazo El plazo para presentar el escrito, que se llama réplica para el actor, es de 5 días para este. Del escrito de réplica se corre traslado a la parte demandada, que tiene 5 días para presentar su escrito, que se llama dúplica. 29.- Contenido: En los escritos de replica y duplica, sólo le está permitido a las partes formular consideraciones de orden jurídico, a los efectos de manifestarse sobre el derecho aplicable al caso y su interpretación. En estos escritos se debe tratar de rebatir los argumentos de derecho de la contraria con los aportes jurisprudenciales y doctrinales pertinentes, sin que se altere la forma en que quedó constituida la relación procesal con los escritos de demanda, contestación, reconvención y su contestación en su caso. El pleito obviamente no se abre a prueba y con los escritos de dúplica o réplica mencionados; o vencido el plazo que se tenía para presentarlos, quedara la causa conclusa para definitiva. BOLILLA VI La Prueba: 1.- Concepto: El concepto de prueba ha sido definido por los autores de diferentes maneras: Es la demostración de la verdad de un hecho realizada por los medios legales. (Carnelutti). Es la verificación las

afirmaciones formuladas en el proceso, conducentes a la sentencia. (Sentís Melendo). En general dícese de todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo conocido hacia lo desconocido.Forma de verificación de la exactitud o error de una proposición (Couture). Es la verificación judicial por los modos que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende Alsina). Pruebas: 2.- Importancia: Todo proceso controvertido requiere, como regla general, la apertura de la causa a prueba, como un modo de garantizar el derecho a la defensa. Todo derecho nace, se transforma o extingue como consecuencia de un hecho, y a las partes, en primer término y de manera principalísima corresponde producir la prueba de hechos alegados que sean conducentes, para que en la sentencia el juez deduzca el derecho que surja de ellos. 3- Verdad Real (Material o absoluta) y Verdad Formal (Relativa). Probar es demostrar la verdad; ésta verdad debe ser la material, la que guarda conformidad con lo realmente acontecido; la verdad verdadera. La verdad del proceso muchas veces no coincide con la verdad real en el sentido de que ella es consecuencia del material probatorio del expediente que puede ser insuficiente o no corresponder a la realidad. A las partes incumbe la prueba de los hechos. 4.- Objeto (de la prueba): Se prueban los hechos. 5.- Prueba de los hechos: El objeto de la prueba son los hechos que las partes alegan como fundamento de sus pretensiones. Los hechos sobre los que debe versar la prueba en el proceso son los controvertidos y conducentes: Siendo así, la prueba tendrá por objeto la demostración de la existencia o inexistencia de los hechos con el fin de formar la convicción del juez. 6.- Prueba del derecho: El juez debe conocer el derecho, de acuerdo al principio "iura novit curiae". El derecho normalmente no se prueba, se interpreta. La ley extranjera puede aplicarse cuando las partes lo soliciten en cuyo caso el juez podrá aplicarla de oficio (siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres), sin perjuicio de que las partes prueben su existencia y su contenido. 7.- La Costumbre: El uso, la costumbre o la práctica, no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos. 8.- Hechos que no necesitan probarse: Son los hechos itidos o confesados por las partes, los hechos notorios y los hechos presumidos por la ley. Hechos confesados o itidos por las partes: Existe confesión cuando se reconoce expresamente un hecho. Existe isión cuando se guarda silencio o se dan respuestas evasivas. 9.- Hechos notorios: No necesitan ser probados. Son aquellos cuya existencia es conocida por la generalidad de los ciudadanos en el tiempo y en el lugar en que se emite la decisión. Es aquél cuyo conocimiento forma parte de la cultura general, normal, propia de un determinado círculo social en el momento en que la decisión se pronuncia. Su característica es que pertenecen al dominio público, es decir nadie lo pone en duda. Pueden referirse a acontecimientos políticos, históricos, atmosféricos. El juez debe tener por cierto un hecho notorio aunque las partes no lo hayan invocado. La calificación de un hecho como notorio corresponde al juez. 10.- Hechos presumidos por la ley: Son los constituidos por las presunciones "luris Tamtum". La persona a quien beneficien no necesita probar el hecho sobre el cual la presunción recae. Se tiene: por existente el hecho presumido siempre que se halle acreditado el hecho que es su antecedente (P/Ej.: acreditado el matrimonio, la ley presume que los hijos son matrimoniales). 11.- Carga de la Prueba: La carga de la prueba incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el Juez o Tribunal no tengan el deber de conocer. Cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de su pretensión o defensa. La presunción produce el efecto de invertir la carga de la prueba, vale decir quien se ampare en la presunción no necesita probarla, debe hacerlo quien la niegue o desconozca. 12.- Principio de Adquisición procesal: Es un principio fundamental en el régimen probatorio. Del hecho de que las actividades procesales pertenecen a una relación única deriva otro principio imperante y es que los resultados de las actividades procesales son comunes a las partes.Ejemplo: presentado un documento, ambas partes pueden deducir de él, conclusiones en beneficio propio. 13.- Oposición a la Apertura a prueba. Sí alguna de las partes se opusiere dentro de tercero día, el juez resolverá lo que sea procedente, previo traslado. La resolución sólo será apelable si dejare sin efecto la apertura a prueba. (Art. 244). Las partes tiene la facultad de oponerse a la apertura (de la causa a prueba, cuando: • a) considere que no existen hechos controvertidos o conducentes, y • b) cuando haya conformidad que la causa se sustancie, como de puro derecho.

La resolución del juez que abre la causa a prueba es irrecurrible, pero la parte disconforme puede formular su oposición dentro del 3° día de la notificación de la providencia, que debe llevarse a cabo en el domicilio constituido. De dicho pedido el juez correrá traslado a la otra parte por el plazo de 5 días y dictará resolución, la que solo será apelable dentro del 3° día de notificada solo si decide no abrir a prueba el juicio. La oposición tiene el efecto de producir la interrupción del plazo de prueba. 14.- Prescindencia de la Apertura a prueba. Casos: Prescindencia de apertura a prueba por conformidad de partes. • La causa quedará conclusa para definitiva, si dentro del plazo de 3 días de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifiestan: • Que no tienen ninguna prueba que producir. • Que éstas consisten únicamente en las constancias del expediente o en la prueba documental y agregada y no cuestionada. • Antes de la declaración, se corre nuevo traslado a las partes por 5 días, 1º. al actor y luego al demandado (por su orden). La notificación se realiza por cédula. 15.- Facultad del Juez: El Juez, en uso de sus facultades instructoras, puede ordenar las diligencias que crea necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos."El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieren conformes" (art. 213). . 16.- Medios de Prueba no Previstos. El juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o su defecto, en la forma que establezca el juez." (Art. 246). Los medios de prueba previstos y tipificados por el C son: la Confesoria, documental, testimonial, pericial, reproducciones y exámenes, reconocimiento judicial e Informes. 17.- Importancia (de los medios probatorios no previstos): Tienen un futuro asegurado en el campo probatorio, dado que el incontenible y constante avance de la tecnología permite pensar que los mismos se convertirán en los medios más seguros y eficaces que los medíos tradicionales (por ejemplo el ADN para la filiación). 18.- Aplicación Analógica: El precepto establece que en el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos se aplicarán por analogía, las disposiciones de los medios de pruebas legisladas más semejantes, o en su defecto, en la forma que disponga el Juez. (Art. 246) 19.- Principio de amplitud de la prueba: El juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de pruebas no previstos en la ley siempre que se cumplan con los requisitos de isibilidad que son comunes a todos los medios probatorios, estén o no previstos en la norma (que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibido para el caso). La eficacia como elementos de convicción queda sometida a la apreciación de los jueces de acuerdo a las reglas de la sana crítica 20.- Prueba Pre constituida: Los medios de prueba no previstos, en el mayor de los casos adquieren la forma de prueba pre constituida que es aquella que se produce o prepara de antemano, con el objeto de emplearla en un eventual juicio que pudiera surgir. (Ej. Un acta notarial sobre algún hecho o alguna manifestación) 21.- Pertinencia. (De la prueba) Sólo deberán producirse pruebas sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Las que se refieran a hechos no articulados serán desechadas en la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto respecto de los hechos nuevos alegados…. (Art. 247). La pertinencia de la prueba se refiere a la idoneidad o eficacia de los medios probatorios. Un medio de prueba es pertinente cuando resulta idóneo, eficaz para acreditar un hecho. La prueba es impertinente por no corresponder a los hechos articulados por la partes en los escritos de demanda, contestación, reconvención y su responde salvo los hechos nuevos; debe ser rechazada por el juez en la sentencia definitiva que es en la oportunidad donde se pronunciará sobre la impertinencia o no de la prueba. 22.- isibilidad. “.... No serán itidas pruebas que fueren prohibidas por la ley, manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias, si lo hubieren sido, no serán consideradas en la sentencia". (Art. 247). La isibilidad de la prueba se vincula con su objeto y Siendo así, no será isible una prueba: a) que atente contra fa moral, la libertad de las partes, la dignidad de las personas,

b) que se halle prohibida por la ley, c) que sea extemporánea, d) que sea innecesaria, superflua o meramente dilataría. La prueba inisible deberá ser rechazada in limine por el juez en el supuesto de que no lo haya hecho así, no deberá ser considerada por él en la sentencia. 23.- Constancias de Expedientes. Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales o istrativos no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del Juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse la causa en estado de dictar sentencia. (Art. 248). 24.- Carga de la Prueba. “Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto Jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados; la calificación de los mismos corresponde al juez. ". (Art. 249). 25.- Regla General: En el régimen dispositivo que rige nuestro proceso civil, la formación de material de conocimiento en el proceso constituye una carga para las partes y condiciona la actuación del juez en razón de que no puede en la sentencia referirse a otros hechos que no sean los alegados y probados. Cada litigante, cualquiera sea su posición procesal, debe acreditar los hechos y circunstancias en los que funda su pretensión o defensa. La prueba de los hechos alegado es una condición para la isión de las pretensiones. Consiste en una carga NO en una obligación para las partes. 26.- Concepto: La carga de la prueba es acreditar los hechos y circunstancias en los que se fundan pretensiones o defensas. La carga consiste en la necesidad de realizar determinado acto para evitar que sobrevenga un prejuicio procesal. Su no producción supone un riesgo del cual puede derivarse un perjuicio. En el proceso civil probar es vencer y la carga es un imperativo del propio interés 27.- Hechos Nuevos. Cuando con posterioridad en la contestación de la demanda o reconvención ocurriere o llegar a conocimiento de las partes algún hecho que tuviere relación con la cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta seis días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Del escrito en que se dará traslado a la otra parte, quien dentro del plazo para contestarlo, podrá también alegar otros hechos contraposición a los nuevos aducidos. En este caso, quedará suspendido el plazo de prueba hasta la notificación de la resolución que los ita o los deniegue. En los supuestos mencionados en los párrafos precedentes, las pruebas podrán recaer también sobre los hechos nuevos invocados. Será irrecurrible la resolución que itiere hechos nuevos. (Art. 250). 28.- Concepto: El hecho nuevo es aquel que teniendo relación con la cuestión controvertida en el proceso, se produce o recién es conocido por quien lo alega después de trabada la relación procesal por demanda y contestación o reconvención en su caso. Supone la incorporación al proceso de nuevos datos fácticos que, sin alterar los elementos constitutivos de la pretensión, tienden a confirmar, complementar o desvirtuar la causa. 29.- isibilidad: Los requisitos necesarios para que pueda itirse la alegación de hechos nuevos son: 1- Que el hecho se haya producido con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención, es decir después de la constitución del proceso. 2- Que siendo el hecho anterior, sea conocido por las partes recién después de la demanda o reconvención; la contraparte puede contradecir la supuesta ignorancia. 3- Que el hecho tenga relación con la cuestión que se ventila o sea debe referirse a las pretensiones deducidas, sin alterar los elementos fundamentales de la acción; 4- Que el hecho se alegue hasta 6 días después de notificada la providencia de apertura de la causa a prueba. Es un plazo individual para cada parte, la que debe proponer el hecho nuevo en el plazo mencionado de 6 días, que se computa desde que fue notificada del auto de prueba. 30.- Inversión de la carga de la prueba:Cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma que invoca como fundamento de la pretensión o defensa. La inversión de ésta carga se produce cuando alguien niega la existencia de hecho, entonces la contraparte debe probar que el hecho cuya existencia se niega ocurrió en realidad. También se produce cuando la parte se funda en un presunción legal, a la contraria le corresponde la carga de la prueba para desvirtuar esta presunción. Por ejemplo: justificado el matrimonio, la ley presume que los hijos son matrimoniales. 31.- Plazo ordinario de prueba. Plazo ordinario de prueba y plazo para ofrecimiento de ellas. El plazo será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros diez días, salvo lo dispuesto para la prueba documental

(219) y la de absolución de posiciones. (Art. 277) dentro de los 20 días de la apertura de la causa a pruebas. 32.- Duración: La duración máxima del plazo ordinario de prueba es de 40 días, el Juez está facultado para fijarlo, pudiendo tener una duración menor. Puede clausurarse anticipadamente por acuerdo de partes o porque todas las pruebas se hayan producido. 33.- Carácter: El plazo ordinario de pruebas es común. Comienza a correr para todos por igual desde el día siguiente de la notificación a las parles de la providencia que ordenó la apertura a prueba. 34.- Plazo para el ofrecimiento. Regla general: La regla general indica que el ofrecimiento de la prueba en el proceso de conocimiento ordinario debe realizarse dentro de los primeros 10 días de haber quedado firme la providencia que abrió a prueba le causa. 35.- Régimen especial: Un régimen especial se halla previsto para el ofrecimiento: a) De la prueba documental debe ajustarse a las previsiones del 219: Agregación de la prueba documental. El actor deberá acompañar con la demanda la prueba documental que hubiere en su poder no la tuviere a su disposición, la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, ofician pública o persona en cuyo poder se encuentro y acompañarse con los escritos de demanda, contestación reconvención y su responda, salvo que no se lo tuviere disposición, en cuyo caso deberá individualizarse indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre... b) Absolución de posiciones la que deberá ser ofrecida por las partes dentro de los primeros 20 días del plazo probatorio. (Art 277). De la confesión provocada. Cada parte podrá exigir dentro de los 20 primeros días de plazo probatorio, que la contra la absuelva posiciones relativas a la cuestión que se ventila. Se considerará también parte contraria al colitigante que asumiere o sostuviere en el proceso actitudes o pretensiones contrarias a las de su comparte. 36.- Plazo ordinario ampliado. Cuando las pruebas deban practicarse en la república, pero fuera del asiento del juzgado o tribunal, se estará a lo dispuesto por el Art. 149.- Ampliación. Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, quedan ampliados los plazos fijados por este Código a razón de 1 día por cada 50 km., para la mgi6n oriental, y de 1 día por cada 25, para la región occidental (Art. 254). 37.- Procedencia: La ampliación del plazo de prueba en razón de la distancia, se halla previsto para el caso del diligenciamiento de medios probatorios en el territorio de la república pero fuera del asiento del juzgado se opera por mandato expreso de la ley "ministerio legis", no necesita pedido de parte ni resolución judicial. 38.- Regla General: Esta consagrada en el 149 del C, que dispone la ampliación a razón de 1 día por cada 50 Km. en la región oriental, y 1 día por cada 25 Km. en la región occidental o chaco. La ampliación del plazo debe estar referida y beneficia sólo a la diligencia probatoria de que se trate. 39.- Procedencia: El plazo extraordinario de prueba se concede para la prueba que haya de producirse fuera del territorio de la república. 40.- Requisitos: Es menester que medie pedido de parte y pronunciamiento judicial fijando el plazo, el cual, queda sujeto al arbitrio judicial atendiendo a las distancia y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones. Procede en el proceso de conocimiento ordinario y debe llenarse los siguientes requisitos: a- debe solicitarse dentro de los 10 días de notificada la providencia de apertura a prueba. b- Que se indique con precisión la prueba cuyo diligenciamiento se solicita. Si es testifical, se indicaran los nombres y domicilios de los testigos; Cuando deban testimoniarse documentos, se mencionaran los archivos o registros donde se encuentren. 41.- Caracteres: El término extraordinario corre en forma independiente y paralela al plazo ordinario, beneficia solo a quien lo solicitó. No puede vencer antes que el ordinario. 42.- Costas: Cuando ambos litigantes hubieren solicitado plazo extraordinario, las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del pleito. Pero si se hubiere concedido a uno solo, y éste no ejecutare la prueba propuesta, abonará todas las costas, inclusive los gastos en que hubiera incurrido la otra parle para hacerse representar donde debieron practicarse las diligencias. ". (Art. 260) 43.- Apertura a prueba. "El juez recibirá la causa a prueba, aunque las parles no la pidan, siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieren conformes". (Art. 243) 44.-Prescindencia de apertura a prueba por conformidad de partes. Si dentro de 30 día de quedar firme la providencia de apertura a prueba todas las partes manifestaren que no tienen ninguna que producir, que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, el juez conferirá nuevo traslado, por su orden, quedando la causa conclusa para definitiva. (Art. 245) 45.- Constancias de Expedientes. Cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales o istrativas, no terminados la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas

pertinentes, sin perjuicios de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse la causa de dictar sentencia. (Art. 248) (Facultad oficiosa del Juez) 46.- Substanciación: La solicitud debe formularse ante el Juez de la causa dentro del plazo de 3 días de notificada la providencia que declaró cerrado el periodo de prueba (que se notifica por automática). Se deduce por medio del trámite del incidente. Del pedido se corre traslado a las otras partes, quien en el plazo de 3 días debe manifestar su conformidad u oposición al pedido, debiendo manifestar en este último caso los motivos. (Art. 267 y 380) 47.- Recursos: El Juez resolverá el incidente dentro del plazo de 10 días. La resolución será recurrible por ante el superior, debiendo concederse en relación y con efecto suspensivo. 48.- Inapelabilidad de la providencia que ordena prueba. “Será inapelable toda providencia que ordenare diligencia de prueba dentro del periodo, respectivo". (Art. 251) 49.- Fundamento: Esta inapelabilidad de la resolución que ordena abrir a prueba se funda en el principio de amplitud de la prueba y en razón de que el mérito de las mismas será apreciado recién en la sentencia. 50.- Apelabilidad: A contrario sensu y fundado en el principio de la defensa en juicio, toda resolución judicial que no ita alguna diligencia de prueba es recurrible por ante el superior. 51.- Fijación y concentración (de las audiencias) “Las audiencias deberán señalarse dentro del periodo de prueba y en lo posible, simultáneamente en ambos cuadernos” Se concentraran en la misma fecha o en días sucesivos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pruebas”. (Art. 252). Constituye un deber del Juez la concentración en un mismo acto o audiencia de todas las diligencias que sea menester realizar, lo que contribuye a la vigencia del principio de Inmediación, de capital importancia en materia de pruebas. 52.- Cuaderno de prueba. "Se formarán cuadernos separados de las pruebas de cada parte, que se agregarán al expediente al vencimiento del plazo probatorio". (Art. 263) 53.- Objeto: La disposición prevé la formación de los llamados cuadernos de pruebas, cuyo objetivo es hacer más ordenada la producción y documentación del material probatorio, su formación es tarea y responsabilidad de los secretarios. 54.- Contenido: Son uno para cada parte, se constituyen con los respectivos escritos de ofrecimiento de prueba. En ellos el Juez debe dictar las correspondientes resoluciones de isión o rechazo de las pruebas para su diligenciamiento, señalar las audiencias y cumplir las demás diligencias. 55.- Agregación: Vencido el plazo de prueba y realizado el informe del secretario sobre las pruebas producidas por las partes, el Juez ordenará la agregación de los cuadernos al expediente principal la agregación debe ser hecha por su orden, por el del actor, luego el del demandado, cuidando de foliar el expediente con numeración corrida en su parte superior, en razón de que la de los cuadernos es realizada en la inferior. 56.- Prueba dentro del radio urbano. "Los jueces asistirán a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del juzgado, pero dentro del radio urbano". (Art. 264). Deber de asistir: la norma, basada en el principio de inmediación, impone a los Jueces el deber de asistir a las actuaciones de prueba que deban practicarse fuera de la sede del Juzgado, siempre que sea dentro del radio urbano. 57.- Prueba fuera del radio urbano. "Cuando las actuaciones deban practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, los jueces podrán trasladarse para recibirlas, o encomendar las diligencia a los de las respectivas localidades. Si se tratare de reconocimiento judicial o prueba pericial, los jueces podrán constituirse en cualquier punto de la república donde debe tener lugar la diligencia" (Art. 265). 58.- Opción: Cuando las pruebas deban practicarse fuera del radio urbano, pero, dentro de la circunscripción judicial del Juez que entiende en la causa y ordenó la medida, se le otorga al mismo la alternativa siguiente: 1.- trasladarse al lugar del diligenciamiento para recibirlas personalmente; 2.- encomendar su diligenciamiento a las autoridades judiciales de las respectivas localidades (Juez de Paz). 59.- Facultad legal: También se le concede al Juez la facultad legal de constituirse en cualquier punto de la república donde se deba llevar a cabo la diligencia, cuando se trata de reconocimiento judicial o prueba penal, pudiendo ejercer en virtud del texto legal, facultades jurisdiccionales fuera de los límites territoriales de la circunscripción judicial en la que ejerce competencia. 60.- Fundamento: • La razón de ser de la norma radica en la importancia que adquiere la percepción directa del Juez (principio de inmediación) en el diligenciamiento de las pruebas. 61.- Diligencia. Las medidas de prueba deberán ser pedidas y practicadas dentro del plazo. A los interesados incumbe urgirlas para que sean diligenciadas oportunamente. 266 62.- Regla. General: Las pruebas deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del plazo probatorio. A las partes Incumbe la carga de ofrecerlas en la oportunidad señalada en la ley y de realizar todos los actos tendientes a que se diligencien dentro del plazo de prueba. 63.- Urgimiento: Al Juez le corresponde el deber de itir la prueba, salvo que sea inisible y ordenar su practicamiento dentro del plazo. Las partes tienen la carga de ofrecerlas y practicarlas, como también la de

urgir cuando no sean diligenciadas por motivos ajenos a su voluntad, para que sea diligenciadas oportunamente. El urgimiento no debe consistir en la presentación de un simple escrito, sino que debe ser eficaz, indicando cual es el obstáculo que impide su practicamiento y cuáles son los medios propuestos para superarlo y llevar a cabo la diligencia probatoria. 64.- Negligencia: Consiste en el abandono, omisión o falta de diligencia en la realización de la prueba en que incurre la parte que no la produjo en la oportunidad debida. Si la parte muestra negligencia en el practicamiento de las pruebas, se produce la caducidad de éstas. 65.- Suspensión de la etapa procesal siguiente. • “La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado el periodo de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente por un plazo máximo de 20 días en el proceso de conocimiento ordinario, y de 10 días en los procesos especiales o incidentes, a fin de producir las pruebas pendientes". (art. 267). 66.- Facultad de la parte diligente: La norma consagra la facultad de la parte diligente en el ofrecimiento y de producción de la prueba, de poder solicitar y obtener la suspensión de la etapa procesal siguiente, a fin de, producir las pruebas pendientes. 67.- Trámite: La solicitud debe formularse ante el Juez de la causa dentro del plazo de 3 días de notificada la providencia que declaró cerrado el período de prueba (que se notifica por automática). Se deduce por medio del trámite del incidente. Del pedido se corre traslado a la otra parte, quien en el plazo de 3 días debe manifestar su conformidad u oposición al pedido, debiendo manifestar en este último caso los motivos. 68.- Resolución: El juez resolverá el incidente dentro del plazo de 10 días. 69.- Apelación: La resolución es recurrible ante el superior, debiendo concederse en relación y con efecto suspensivo. 70.- Plazo: Si el juez considera procedente el pedido, acordará un plazo máximo de 20 días en el proceso de conocimiento ordinario, y de 10 días en los procesos especiales e incidentes. 71.- Reglas: I.- la negligencia debe ser examinada en relación a cada prueba. II.- sólo beneficia a la prueba para la cual fue solicitada. III.- el Juez no puede suplir la negligencia de las partes. IV.- la prueba de que se trate debió ser convenientemente urgida, mediante su oportuna y precisa individualización, con indicación de los obstáculos que impidieron su diligenciamiento y señalando los medios propuestos para superarlos y poder practicar la diligencia. V.- en caso de duda debe estarse por la realización de la prueba. 72.- Habilitación de días y horas inhábiles. Si se suspendiere el plazo respectivo, los jueces pondrán la máxima diligencia en la recepción de las pruebas, habilitando días y horas inhábiles cuando ello fuere necesario para que aquéllas se realicen. (Art. 268). 73.- Apreciación de la prueba. Salvo disposición legal en contrario los jueces formarán su convicción de conformidad con las reglas de la sana crítica. Deberán examinar y valorar en la sentencia todas las pruebas producidas, que sean esenciales y decisivas para el fallo de la pausa. No están obligados a hacerlo respecto a aquellas que no lo fueren". (Art. 269). 74.- Concepto: La apreciación de la prueba consiste en el acto por el cual el órgano judicial estima elemento o valor de las pruebas producidas sobre los hechos controvertidos en el juicio a fin de formar su convicción. Mediante ella se determina la eficacia concreta de la prueba. La oportunidad para apreciar la prueba se produce con motivo de dictar sentencia. 75.- Sistemas: Prueba legal: llamada también tasada o tarifada en la que la valoración esta impuesta por la ley. Resulta independiente del criterio del juez. Ej.: presunciones iure et de iure o cuando la ley establece una forma determinada de prueba (Por escrito, los contratos que tienen por objeto más de diez jornales mínimos legales, las donaciones de inmuebles con cargo y las que tienen por objeto prestaciones periódicas o vitalicias, testamentos). 76.- Sistemas: Libres convicciones: El juez al valorar la prueba no está sujeto obligatoriamente a ninguna regla que haya sido dirección o indirectamente indicada por la ley su libertad de apreciación es amplia y no se encuentra restringida ni limitada. Sana crítica: En este sistema la valoración de la prueba excluye la discrecionalidad judicial irrestricta. En su apreciación el juez debe fundarse en los principio de la lógica y de la experiencia, es decir, en los

principios extraídos de la observación del normal comportamiento humano confirmado por la realidad. En el sistema seguido como regla general salvo disposición legal en contrario por nuestro C. Pruebas anticipadas Finalidad. ¿Quiénes pueden solicitarlas? Enumeración legal (Art. 270 C).Juez competente. Validez de la prueba. Requisitos de isibilidad. Procedimiento. Pedido incidental de pruebas anticipadas. 77.- Pruebas anticipadas. Finalidad: Las diligencias anticipadas de prueba tienen por objeto el diligenciamiento de las mismas antes de iniciarse el juicio. La finalidad es preservativa o conservativa, atendiendo a que su practicamiento en la etapa procesal oportuna puede ser difícil o imposible por existir riesgo serio de que desaparezcan. 78.- Quienes pueden solicitarlas: Tanto el que pretende demandar como el que cree que será demandado. El juez itirá sin substanciación el pedido formulado, vale decir sin correr traslado, salvo que las rechace de oficio por considerarlas inisibles o improcedentes. 79.- Enumeración legal: No es taxativa, sin embargo no será isible la absolución e posiciones porque la misma sólo puede producirse entre las partes de un proceso ya iniciado. Los que pretendan demandar o crean que van a ser demandados, podrán pedir, antes de la demanda: a) que se verifique un reconocimiento judicial de los lugares o las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el juicio y que están expuestas a transformarse o desaparecer en breve plazo; b) el reconocimiento de la firma de un documento privado emanado del que habrá de ser su adversario o de sus causantes a título universal singular; c) que se reciba declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que se halle gravemente enfermo o próximo a ausentarse de la República: y d) el reconocimiento pericial del estado. calidad y cantidad de cosa de fácil descomposición, o que no pueda ser efectuado durante el juicio en condiciones convenientes. El juez itirá sin sustanciación alguna las pruebas solicitadas, salvo que las considere notoriamente procedentes. Art. 270 80.- Reconocimiento judicial. De lugares o cosas expuestos a transformarse o desaparecer., El juez debe constituirse en el lugar del inmueble o en el que se encuentre la cosa mueble, si no es posible su exhibición en la sede del juzgado, debe labrarse acta detallada del estado y condiciones en que se encuentren. 81.- Reconocimiento de firma: De un documento privado, para lo cual el Juez debe fijar un plazo o señalar una audiencia a los efectos de que se reconozca o niegue la autenticidad de la firma. 82- Declaración de testigos: De muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse de la república. El Juez debe señalar audiencia al efecto, notificando por cédula al testigo, salvo que tenga que trasladarse al lugar donde éste se encuentre por ser muy anciano o enfermo. 83.- Reconocimiento Pericial: De cosas de fácil descomposición o que no pueda ser efectuado en juicio en condiciones convenientes. El juez nombrará un perito cuando se requieran conocimientos técnicos, caso contrario bastará con el reconocimiento judicial. 84.- Competencia. El pedido de pruebas anticipadas deberá presentarse ante el juez que sería competente para conocer de la demanda. Las pruebas así obtenidas no perderán validez por la circunstancia de que el pleito radique en definitiva ante otro juez, ni por el transcurso del tiempo. Art. 271. El pedido de diligenciamiento de pruebas anticipadas debe solicitarse ante el Juez que sería el competente para conocer en la demanda principal, aunque finalmente se la tenga que radicar ante otro juez que fuere competente al momento de promoverla. Se halla fundada en razones de conexidad. 85.- Validez de la Prueba. Las pruebas llevadas a cabo en forma anticipada no pierden su validez por la circunstancia de que el pleito radique en forma definitiva ante otro juez, ni por el transcurso del tiempo. 86.- Requisitos: El que solicite pruebas anticipadas deberá acreditar el motivo por el cual teme la perdida de la prueba. Además, deberá expresar claramente las acciones que se propone deducir o el litigio cuya iniciación teme, designando el adversario, con indicación de su domicilio, para proceder a su citación. Si la urgencia del caso no permite la citación de parte, las pruebas se realizarán con intervención del Ministerio de la Defensa Publica. Art. 272. 87.- Forma y requisitos; El pedido de diligenciamiento anticipado de pruebas debe ser por escrito, indicando claramente el motivo de la petición, además debe expresar las acciones que se propone deducir o el litigio cuya iniciación se teme. Se debe individualizar al adversario en el futuro litigio, indicando el lugar de su domicilio real a los efectos de su notificación y citación. 88.- Recurribilidad de la Resolución. El auto que ita las pruebas anticipadas será irrecurrible, pero podrá apelarse del que las deniegue. Art. 273. 89.- Pedido incidental de pruebas anticipadas. En los casos previstos por el art. 270, los litigantes también podrán pedir el anticipo de diligencias probatorias, después de trabada la litis. Art. 275. Estos casos son: a- que se verifique un reconocimiento judicial de los lugares o las cosas que habrán de ser motivo de prueba

en el juicio y que están expuestas a transformarse o desaparecer en breve plazo; b- el reconocimiento de la firma de un documento privado emanado del que habrá de ser su adversario o de sus causantes a titulo universal o singular, c- que se reciba declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que se halle gravemente enfermo o próximo a ausentarse de la República, y d- el reconocimiento pericial del estado, calidad y cantidad de cosa de fácil descomposición, o que no pueda ser efectuado durante el juicio en condiciones convenientes. Lección V Prueba confesoria 1- Prueba Confesoria. Concepto y clases de confesión. Reviste el carácter de confesión la manifestación de una parte de ser cierto un hecho contrarío a su interés y favorable a la otra. Ella puede ser Judicial o extra judicial. La judicial, espontánea o provocada. Esta última resultará de posiciones o preguntas puestas o dirigidas por la parte contraria, que ofreció en tiempo este medio de prueba, o de interrogaciones del juez. Art. 276. 2. Confesión Concepto: La confesión consiste en la declaración que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo. La confesión siempre ha sido considerada como la prueba más completa “probatio probatissima” en cuanto a su eficacia y efectos, la rema de las pruebas "regina probationum". Se funda en la presunción de veracidad del confesante, por ello se dice: la confesión de parte relevo de prueba. Si es espontánea constituye suficiente prueba como para que el Juez falle apoyado en las manifestaciones del confesante. En nuestra legislación procesal, se le da a la confesión provocada un valor que será apreciado por el juez, de acuerdo con los principios de la sana crítica. 3.- Clasificación: Se clasifica la confesión en judicial o extrajudicial, pudiendo ser la judicial espontánea o provocada.  Judicial es la que se presta durante el curso del proceso, de acuerdo con las reglas legales. La prestada ante juez incompetente es válida siempre que haya sido entre las mismas partes.  Extrajudicial: se produce fuera del proceso, pero su existencia puede ser invocada en juicio como un hecho que deberá ser objeto de prueba.  Espontánea: es la que se efectúa sin previo requerimiento de la parte contraria o del juez. Se puede prestar en cualquier etapa del juicio y no requiere formas especiales.  Provocada: Se produce mediante posiciones o preguntas de la parte contraria o que el Juez.  Expresa: Es la presentada en forma categórica, eje Reconocimiento de los hechos expuestos en la demanda; allanamiento; absolución de posiciones. Hace plena prueba y es irrevocable, salvo error o violencia (Art 297 C)  Tácita: “ficta confessio”, se produce cuando la ley considera reconocido un hecho, aunque no haya habido reconocimiento expreso. Tiene los efectos del reconocimiento expreso, salvo prueba en contrario  Simple: cuando se reconoce un hecho sin agregar ninguna circunstancia que modifique sus efectos.  Calificada: cuando se reconoce el hecho pero se le atribuye distinta significación jurídica lo que hace que se modifiquen sus efectos.  Compleja: cuando se alega un hecho destinado a destruir sus efectos, puro puede ser separado del hecho principal. Se propone un hecho extintivo, restrictivo o modificativo.  Verbal o escrita: por la forma en que se produce, en una audiencia o mediante la presentación de un escrito judicial o un documento en donde conste.  Divisible o indivisible: cuando sus efectos son susceptibles de separarse. La simple y calificada por lo general, es indivisible. La compleja puede ser divisible. 4.-Requisitos Subjetivos y Objetivos: Los requisitos de la confesión judicial son: Subjetivos (Relativos a la persona): a) Debe ser parte en el juicio. b) tener capacidad: Personas físicas: 20 años - No haber sido declarado incapaz judicialmente. Los representantes legales o necesarios de los incapaces y de las personas jurídicas pueden confesar por sus representados. Objetivos: (Referente a los hechos): a) Hechos contrarios al interés de quien confiesa y favorable a la otra. b) Hechos relativos a la actuación personal del confesante realizados u omitidos o que sean de su conocimiento. En este último supuesto la confesión no versará sobre el hecho sino sobre el conocimiento que tenga de su existencia mediante su actuación personal. c) Hechos controvertidos: No itidos expresamente, ni legalmente presumidos, conducentes, eficaces para la decisión de la causa. 5.- Absolución de posiciones. De la confesión provocada. Cada parte podrá exigir dentro de los 20 primeros días del plazo probatorio, que lo contraria absuelva posiciones relativas a la cuestión que se ventila. Se

considerará también parte contraria al colitigante que asumiere o sostuviere en el proceso actitudes o pretensiones contrarias a las de su comparte. Art. 277. 6.- Concepto: La absolución de posiciones es el medio por el cual a pedido de parte o de oficio, se, trata de obtener la confesión de la otra parte en el proceso, de acuerdo con las reglas legales. 7.- Oportunidad: Las oportunidades para producir la confesoria mediante la absolución de posiciones son: Antes de contestar la demanda: en las excepciones previas e incidentes. Después de contestada: como pedido incidental de pruebas anticipadas. Dentro de los primeros 20 días de plazo probatorio. Pueden hacerlo el juez, de oficio, caso en que las posiciones serán formuladas en forma interrogativa y no afirmativa. Otros supuestos: en los incidentes, en el juicio ejecutivo, en el proceso sumario, en los procesos de menor cuantía, en los juicios especiales; con los escritos de promoción y contestación respectivamente debe ofrecerse la absolución de posiciones. 8.- Posiciones en 1º y ulterior instancia. Las posiciones podrán pedirse una vez en cada instancia. Art. 278. La 1° instancia se refiere y entiende como la principal, siendo así no se cuentan las posiciones pedidas en las excepciones previas ni en los incidentes. En 2º instancia cuando ella es permitida, no es necesaria la apertura de la causa a prueba. 9.- Carácter personal: La absolución de posiciones es un acto procesal personalísimo. Las partes notificadas en debida forma, deberán por sí mismas, vale decir, personalmente absolver posiciones. Para que la parte pueda absolver posiciones deberá gozar capacidad procesal, es decir de aptitud para realizar actos procesales válidos. Carácter personal de la absolución. Las partes deberán absolver posiciones personalmente. Podrán también hacerlo por medio de mandatarios con poder especial, si la otra parte la consintiere, y en los demás casos autorizados por la ley. Art. 279. 10.- Mandatarios: Podrán las partes absolver posiciones por medio de mandatario con poder o cláusula especial, en los siguientes casos: Si la contraparte lo consintiere: La parte contraria debe consentir que sea el mandatario con poder especial el que absuelva posiciones por su mandante. En los casos autorizados por la Ley: representación necesaria de incapaces y de personas jurídicas, o apoderados por actuaciones realizadas en nombre de sus mandantes, en virtud de un mandato vigente. 11.- Posiciones en incidentes. Si antes de la contestación de la demanda se promoviere algún incidente, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea objeto de aquél. Art. 280. 12.- Sujetos de la absolución de posiciones. ¿Quiénes pueden ser citados? Además de las partes, podrán ser citados o absolver posiciones: a) los representantes de los incapaces por hechos en que hubieren intervenido personalmente en ese carácter; y b) los apoderados, por actuaciones cumplidas o realizadas en virtud de un mandato vigente, en nombre de sus manda mes. Las informaciones o instrucciones recibidas del poderdante que no hubieren dado lugar a las actuaciones, se considerarán secreto profesional. 281 La norma incluye como regla general a las partes en el juicio. También pueden ser citados los representantes de los incapaces y los apoderados con relación a actuaciones cumplidas en virtud del mandato. 13.- Forma de la citación. El que deba absolver será citado bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, podrá ser tenido por confeso en los términos del artículo 302, 1ra parte 282, la citación debe ser solicitada al juez por escrito, en la oportunidad legal correspondiente, bajo apercibimiento expreso en el sentido de que si dejare de comparecer sin justa causa, podrá ser tenido por confeso. 14.-Notificación: La notificación de la resolución que disponga la absolución, en la que se señala día y hora para que comparezca ante el Juzgado, debe ser notificada en su domicilio real, salvo que intervenga por derecho propio, en cuyo caso deberá notificársele en el domicilio constituido... Cuando el notificador no encontrare en su domicilio a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa departamento u oficina, o en su defecto, al encargado del edificio. Si no pudiere entregada, la fijará en la puerta de correspondiente a los lugares mencionados. Si no pudiere entregar la cédula al interesado, dejará aviso de que volverá al día siguiente, precisando la hora, y si tampoco entonces pudiere hacerlo procederá en la forma arriba indicada. 15.- Absolución de persona Jurídica. La persona jurídica citada a absolver posiciones, designará al representante que habrá de absolverlas en su nombre. Art. 283. La norma concilia la carga que pesa sobre la persona jurídica de absolver posiciones con el principio de razonabilidad que impone que el acto sea cumplido por quien realmente conoce los hechos. La notificación por cédula debe ser dirigida a la persona jurídica en su domicilio legal, NO en el de su representante. 16.- Pliego de Posiciones. Presentación del pliego o incomparecencia del ponente. El pliego deberá ser entregado en Secretaría por lo menos una hora antes de la fijada para la audiencia, en sobre cerrado, al que se le pondrá el cargo agregara a los autos, y no haciéndolo así el ponente, sólo podrá formular verbalmente las posiciones en la audiencia, si compareciere el absolvente. Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiere dejado el pliego, y compareciere el citado, perderá el derecho de exigirlas en esa instancia. Pero si el pliego fue presentando en tiempo oportuno, la audiencia

deberá realizarse aunque no se encontrare presente el ponente. 17.- Concepto: Se denomina pliego de posiciones al escrito en el cual consignan las posiciones que una parte pone a la otra en juicio. El conjunto de aserciones que el ponente presenta para que sean respondidas por el absolvente. Las posiciones son cada una de las proposiciones afirmativas que formula la parte que propone la prueba de absolución (ponente) a fin de obtener de la contraria (absolvente) una respuesta afirmativa o negativa sobre las mismas. 18.- Reserva del Pliego: El pliego será reservado por el absolvente hasta el día de la audiencia. Podrá hacerlo en sobre cerrado, a los efectos de que no se conozca su contenido. Deberá ser entregado en secretaria con por lo menos 1 hora de anticipación de la fijada para la realización de la respectiva audiencia. Se le pondrá cargo y se lo agregará al expediente para su apertura en el acto de la audiencia. Debe ir firmado por el representante convencional o patrocinante. Puede ser ampliado verbalmente en el acto de la audiencia. 19.- Posiciones verbales: Si el ponente no presentare el pliego en la forma descripta, sólo podrá formular verbalmente las posiciones en la audiencia, si compareciere el absolvente. Si no comparece el absolvente a la audiencia se frustra la prueba. La presentación del pliego de posiciones por escrito es conveniente por dos razones: a) para que la propia incomparecencia no implique decaimiento del derecho de producir la prueba y b) para que si no comparece el absolvente pueda ser tenido por confeso. 20.- Inasistencia del Ponente: El ponente pierde el derecho de exigir la prueba de absolución de posiciones en la instancia cuando no comparece a la audiencia sin justa causa y no ha dejado el pliego de posiciones en secretaria y si compareciere el absolvente. Si el ponente dejo el pliego en la forma prevenida en la norma su presencia no es imprescindible y el acto debe llevarse a cabo con la presencia del absolvente. No podrán ser materia de posiciones 1- los hechos respectos de los cuales la ley no ita este medio de prueba, o cuando incidieren sobre derechos que el confesante no pudiere comprometer, renunciar o transigir válidamente; 2- los hechos respecto de los cuales el absolvente se halle amparado por el secreto profesional; 3- los hechos cuya investigación esté prohibida por la ley; y 4- los hechos que se opusieren a las constancias de instrumentos públicos agregados al expediente y no erguidos de falsos. Art. 285. 22.-Prohibición legal: En los juicios de divorcio vincular, de separación de cuerpos, de amparo o derechos indisponibles porque no se los puede comprometer, los que versan sobre relaciones de familia o que interesen al orden público y las buenas costumbres, son supuestos de excepción en los que se considera inisible la confesión 23.- Secreto Profesional: Es el que resulta del deber inherente a la función que desempeña la persona que le impone el deber de no hacer conocer a otros las circunstancias relativas al conocimiento de ciertos hechos que por su índole no deben ser difundidos. 24.- investigación prohibida por la ley: La investigación de la maternidad no se itirá cuando te a por objeto atribuir un hijo a tila mujer casada, salvo que éste hubiera nacido antes del matrimonio. 25.- Instrumentos Públicos: Los agregados a autos y no argüidos de falsos, prevalecen sobre a confesión. 26.- Forma de las posiciones. Las posiciones serán claras y concretas, no versarán más que sobre un hecho; serán redactadas en lo que permita una contestación afirmativa o negativa y deberán referirse a puntos controvertidos relativos a la actuación del absolvente, o a hechos que el confesante tiene la obligación de conocer. Art. 286 27.- Reglas: a.- Las posiciones deben redactarse en forma afirmativa, o asertiva y ser claras y concreta; no o susceptibles de interpretarse en distintos sentidos.b.- Las posiciones deben versar sobre hechos y no sobre cuestiones de derecho, opiniones o puntos de vistas del absolvente. Deben ser relativas a la actuación del absolvente o que tiene obligación de conocer. c.- No versarán más que sobre u hecho el que constituye una afirmación o confesión para el ponente sobre la existencia de ese hecho, y que requiere del absolvente que lo ita. d.- Deben hallarse redactadas en forma tal que permita una contestación afirmativa o negativa. Por ej.: Posición: diga cómo es verdad y le consta. Respuesta: Si; o no, no es verdad. e.- Deben ser referidas a puntos, es decir, no reconocidos o itidos por la otra parte. 28.- Reconocimiento del ponente: Cada posición que el ponente formule al absolvente, constituyente para él un reconocimiento de hechos al cual se refiere la posición. 29.- Forma de las contestaciones. El absolvente responderá por sí mismo de palabra y en presencia de la contraparte, si asistiere, sin valerse de consejos ni de borradores pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o lo aconsejen circunstancias especiales. No se suspenderá el acto por falta de dichos elementos. Si el absolvente se negase a contestar o contestare en forma evasiva, podrá ser tenido por confeso en la sentencia, en los términos de los artículos 302, primera parte 287

30.- Reglas: 1. La absolución de posiciones por su carácter es un acto procesal personal del absolvente, quien debe responder por sí mismo de palabra las posiciones que se le dirijan 2. El absolvente debe responder en forma afirmativa o negativa, reconociendo o negando el hecho sobre el que versa la posición sin perjuicio de dar explicaciones que desee agregar a modo de aclaración 3. Las respuestas deben ser espontáneas, sin valerse de consejos ni de borradores, salvo que el juez le permita por circunstancias especiales la consulta de anotaciones o apuntes en la forma prevenida en la norma. 4. El ponente no tiene el deber de comparecer, le basta con o dejar el pliego en la oportunidad legal.31.- Negativa a contestar. Contestaciones evasivas: En estos casos se debe reiterar la posición bajo apercibimiento, pudiendo el absolvente ser tenido por confeso, de conformidad con las demás pruebas rendidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La confesión así obtenida podrá ser susceptible de desvirtuarse mediante la prueba en contrario que el absolvente pueda producir. 32.- Posición Impertinente. Si la parte estimare impertinente una posición podrá negarse a contestarla, en la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar lo juzgan procedente. De ello sólo dejará constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidentes o recurso alguno.- 288. Se consideran impertinentes las posiciones que ya han sido contestadas o que se halla defectuosamente redactadas o no se relacionan a hechos personales o a la actuación personal del absolvente, o no se refieren a hechos controvertidos en el o juicio. 33.- Negativa del absolvente: Este puede negarse a contestar una posición que estima pertinente debiendo él o su Abogado manifestar las razones en que fundan la impertinencia de la posición y por lo tanto la negativa a contestarla, a fin de que el Juez en la sentencia decida la cuestión. 34.- Prohibición de deducir Incidentes: En la audiencia no cabe la promoción de incidentes de oposición sobre la procedencia o no de una posición cuestionada, o recurso alguno. La pertinencia o no de una posición el Juez debe resolver en la sentencia. 35.- Posiciones ampliatorias. Una vez contestadas las posiciones del pliego, y las ampliatorias en su caso, por si o por medio de apoderado, las partes podrán hacerse las preguntas y observaciones que juzguen convenientes, con autorización y por intermedio del juez. Este podrá también interrogarlas de oficio sobre todas las circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad." 289. Posiciones ampliatorias: El ponente, una vez que el absolvente haya terminado de responder al pliego de ¬posiciones presentado, puede formular verbalmente las posiciones ampliatorias. Preguntas recíprocas: Las partes por sí o por apoderados pueden hacerse preguntas reciprocas y observaciones con autorización y por intermedio del juez 36.- Forma del acta: Las declaraciones serán extendidas por el Secretario a medida que se presten, conservando en cuanto sea posible el lenguaje en que se hubieren declarado. Terminado el acto el Juez las hará leer y preguntará a las partes si tienen algo que agregar o salvar. Deberá consignarse, cuando ocurra, la circunstancia de que alguna de ellas no hubiere querido o no pudiere firmar. 290. 37.- Obligatoriedad: La documentación de la audiencia se realza mediante acta que debe labrar el Secretario, no es necesario cuando no comparece el absolvente sin causa justificada y el ponente deja el pliego de la oportunidad requerida por la ley. Basta la constancia del Secretario y el pedido formulado por eso para que se tenga al absolvente por confeso. 38.- Contenido: En el acta el Secretario debe dejar constancia del lugar y fecha del acto, datos personales del absolvente, nombres y apellidos del ponente si asistiere y de los abogados comparecientes. Las respuestas a las posiciones, haciéndolas correlacionar, los apercibimientos, las negativas a responder las Preguntas impertinentes y las razones en que se fundan; las posiciones ampliatorias si hubiere, las preguntas y respuestas reciprocas y las preguntas dirigidas por el Juez a las partes y sus respuestas; las agregaciones, rectificaciones y la firma del Juez, el Secretario, el ponente, el absolvente y los Abogados, dejando constancia de todo cuanto ocurra y de la circunstancia de que alguno no quisiere o no pudiere firmar sin que ello obste a la validez del acto 39.- Inasistencia del Absolvente. Carga del Absolvente. El citado a absolver posiciones puede justificar su inasistencia a la audiencia de absolución de posiciones mediante el pertinente certificado médico. En este caso el juez debe suspender la audiencia. Será carga del absolvente solicitar y obtener fijación de nueva audiencia para absolver posiciones, la cual podrá celebrarse en el juzgado o en el lugar donde se hallare el impedido, hasta antes de la providencia que ordene la entrega de los autos para alegar, sin necesidad de otro trámite. 40.- Ficta Confessio. Dictamen Médico: Si el absolvente no cumpliese con la carga mencionada se producirá la "ficta confessio" o confesión tácita, y el juez tendrá por confeso al absolvente en la sentencia. Dictamen Médico: la persistencia de la enfermedad y la imposibilidad de declarar para evitar la Confesión ficta

o tácita debe ser justificada con la presentación de un dictamen médico fundado, expedido bajo juramento, por una junta de 3 médicos. 41.- Impugnación del dictamen de la junta médica. Si el ponente impugnare el dictamen de la junta, el incidente se recibirá a prueba y este trámite suspenderá los efectos de la providencia que ordenare la entrega de los autos para alegar. Comprobada la falsedad del dictamen impugnado, el juez remitirá los antecedentes al juzgado del crimen, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los médicos. El juez al sentenciar podrá tener por confeso al absolvente. Art. 292 42.- Efectos de la declaración de falsedad: Produce los siguientes: remisión de los antecedentes a la Fiscalía. Posibilidad de reclamar daños y perjuicios contra los médicos por la acción pertinente eh el fuero civil. Facultad del Juez para considerar Confeso al absolvente. Peticionar que el absolvente sea declarado litigante de mala fe. 43.- Otros motivos de inasistencia: El C contempla los siguientes supuestos: a) Absolvente domiciliado dentro de la circunscripción judicial del juzgado: tiene la carga de comparecer personalmente a absolver posiciones ante el juez de la causa. b) litigante domiciliado fuera de la sede del Juzgado. Supuestos legales: Absolvente domiciliado en otra circunscripción judicial: Debe concurrir ante el juez o tribunal de igual clase de dicha circunscripción, para lo cual se debe librar el correspondiente oficio comisivo. Absolvente domiciliado fuera de la República: a elección del ponente, podrá: 1. Designar apoderado con facultades suficientes para absolver ante el juez de la causa. 2. Absolver personalmente ante el juez de su domicilio en el extranjero por vía de exhorto. Si el absolvente lo prefiriese, podrá comparecer personalmente ante el juez de la causa. 44.- Confesión extrajudicial. La confesión extrajudicial podrá acreditarse por los medios de prueba establecidos en la ley, con exclusión de la prueba testimonial, salvo que hubiera principio de prueba por escrito. Art. 295 45.- Concepto: Es la que se produce fuera del proceso, pero cuya existencia puede ser invocada en él como un hecho, que corno tal debe ser objeto de prueba. El lugar en que se presta la confesión es el que determina su carácter judicial o extrajudicial. Incluso la confesión prestada ante Juez incompetente es judicial, y extrajudicial la que se hace a cualquier persona que no ejerce la función jurisdiccional en un proceso concreto, aunque sea funcionario público. 46.- Requisitos: para su validez son requeridos los mismos que para la judicial: Capacidad, objeto y voluntad 47.- Forma: Debe ser siempre expresa, no cabe la ficta confessío extrajudicial. Puede ser verbal o escrita y constar en instrumento público o privado. 48.- Efectos: Difieren según las circunstancias: a) Confesión hecha a la parte: Escrita: el instrumento público o privado en que conste para lograr eficacia probatoria debe revestir las condiciones que impongan las leyes de fondo de acuerdo a su naturaleza. Verbal: puede versar sobre hechos (que pueden probarse por todos los medios de prueba, incluso testigos) Contratos (cuando tengan por objeto una cantidad mayor a 10 jornales deben ser por escrito y no puede ser probados por testigos) Confesión hecha a un tercero: constituye una simple presunción que debe ser corroborada por otros pedidos de prueba 49.- Alcance de la Confesión. En caso de duda la confesión deberá interpretarse en favor de quien la hace…. Art. 296. 50.- Regla General: Fundada en el carácter restrictivo de la confesión, la norma establece la regla general de que en la, duda, la confesión debe interpretarse a favor de quien la hace. 51.- Indivisibilidad. .... La confesión es indivisible, salvo cuando. 1- el confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o fuesen independientes unos de otros, 2- las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fuesen inverosímiles o contrarias a una presunción legal que no ite prueba en contra; y 3-las modalidades del caso hicieren procedente la divisibilidad." 296 la indivisibilidad significa que sólo puede invocarse la declaración del confesante en su totalidad, vale decir ''o puede utilizarse lo favorable y rechazarse lo desfavorable. La confesión es divisible cuando puede invocarse como prueba el reconocimiento que en ella se hace de un hecho, sin tomar en consideración las circunstancias que el confesante aduzca en su favor para modificar o restringir sus efectos. Las excepciones son. Hechos impeditivos, modificativos o extintivos, que deben ser probados por quien los invoca Hechos independientes, separables del hecho reconocido por el confesante. Inverosimilitud, cuando el hecho resulta físicamente imposible o fuere contrario a un hecho notorio, Contradicción con una presunción legal. Cuando la modalidad del caso lo permita, se otorga la facultad al Juez de dividir la confesión cuando exista razón justificada para ello. 52.- irrevocabilidad. La confesión judicial, espontánea o provocada, expresa o ficta, es irrevocable, salvo prueba de error, dolo o violencia 297

53.- Concepto: La revocación o retracción de la confesión tiene lugar cuando el confesante pretende desvirtuar los efectos de su declaración mediante la prueba de la existencia de alguna de las causas previstas en la Ley. 54.- Causas que autorizan la revocación. Las causas que autorizan la revocación son aquellos que se refieren a los juicios de la voluntad y que como tales afectan la validez de todo acto jurídico. Error de hecho no será válida la declaración de voluntad cuando el error recayere sobre: La naturaleza del acto. La persona con quien se formo la relación jurídica, o a la cual ella se refiere. La causa principal del acto o la cualidad que verosímilmente se tuvo en mira como esencial, según la práctica de los negocios. El objeto en el caso de haberse indicado un bien diverso o de distinta especie, en diferente cantidad. Extensión o suma, u otro hecho que no sea aquel que se quiso designar. Acción dolosa: Cualquier artificio o maquinación que se utilice para conseguir la ejecución de un acto. Fuerza o temor: Hacen también revocable la confesión el empleo de fuerza irresistible, intimidación al agente causándole temor fundado de sufrir cualquier mal inminente o grave en su persona. 55.- Conducta Procesal. Principio de Moralidad. La conducta omisa, evasiva, o maliciosa del citado a absolver posiciones, constituirá fuente de convicción judicial. Art. 300. La norma está fundada en el principio de moralidad, que debe primar en el proceso y en cuya virtud toda conducta debe tener su sanción. 56.- Absolución de posiciones por oficio Podrán absolver posiciones por oficio cuando esta prueba fuera procedente, las personas que, conforme con el artículo 341, no están obligadas a comparecer a declarar como testigos, 301. Excepciones a la obligación de comparecer. Exceptuase de la obligación de comparecer a prestar declaración al Presidente de la República, a los del Congreso, a los de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Ministros del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas, de los tribunales de Apelación y jueces de primera instancia, al Fiscal General del Estado, a los prelados y a los Jefes de las Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de General o jerarquía equivalente. Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, su elección, dentro del plazo que fije el juez, debiendo entenderse que no excederá de diez días si no se lo hubiere indicado expresamente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio, conforme lo dispuesto en el artículo 339. 1era parte 341. 57.- Principio de Igualdad. Los funcionarios públicos en general, cualquiera fuere su rango o jerarquía, no se hallan exentos de la carga de comparecer personalmente a absolver posiciones en aquellos procesos en que sean parte directa; una interpretación contraria atentaría contra el principio de igualdad de las partes en el proceso fundado en la Constitución que manifiesta: Todos los habitantes de la república son iguales en dignidad y derechos. No se iten discriminaciones. El litigante en un pleito debe hallarse en un mismo pie de igualdad con su contraparte , fuere quien fuere, máxime si se trata de una diligencia como la confesión, que por su naturaleza y carácter debe ser prestada personalmente ante el juez sin valerse de consejos ni de borradores" por lo que no se concibe en opinión del Dr. Casco Pagano (la cual comparto) que estas personas citadas en el 341 puedan contestar sus posiciones desde sus domicilios o despachos, asesorados sin ninguna duda por terceros, violando el carácter personal de la absolución de posiciones. 58.- Valor de la Confesión. La confesión judicial expresa o ficta, y la extrajudicial, serán apreciadas por el juez juntamente con las primeras pruebas, y de acuerdo con los principios de la sana crítica. La confesión espontánea que resultase de los escritos respectivos de demanda o contestación, y que también podrá prestarse en cualquier estado del juicio, hará plena prueba. Art. 302. 59.- Regla General: La norma establece como regla general que: La fuerza probatoria de la confesión será apreciada por el juez conjuntamente con las demás pruebas y de acuerdo con los principios de la sana crítica, sea ella judicial o expresa o ficta o extrajudicial. 60.- Plena Prueba: La confesión espontánea que resulte de los escritos de demanda y contestación y que también podrá prestarse en cualquier estado de la causa, hará plena prueba. Vale decir, tendrá el varar de una prueba tasada o legal. LECCIÓN VI PRUEBA DOCUMENTAL Concepto. Caga procesal. Documentos e instrumentos. Importancia. Clases de documentos: Por el contenido. Por la función. Por los sujetos: División. Instrumentos públicos: Caracteres fundamentales. Enumeración (Art. 375 Código Civil).Fuerza probatoria: Con relación a los elementos externos del instrumento. Con relación al contenido del instrumento. Instrumentos privados: Concepto. Firma. Doble ejemplar. Autenticidad. Fecha. Exhibición de documentos: Regla General. Fundamento. Facultad del juez. Documentos en poder de una de las partes: Fundamento. Negativa a presentar: efectos. Alcance del aforismo “Nemo tenetur edere contra se”. Documentos en poder de terceros: Intimación. Oposición: efectos. Autenticidad de documentos: Regla. Carga. Reconocimiento por terceros. Redargución de falsedad: Oportunidad para deducirla. Vías. Documentos públicos o privados. Cotejo: Concepto. Procedimiento. Impugnación de actuaciones judiciales (Art. 313 C).

Régimen de las cartas y otras pruebas escritas (Art. 410 Código Civil y siguientes). Libros de comercio y libros de las sociedades civiles. Lección VII 1- Prueba Documental Podrá presentarse como prueba toda clase de documentos, tales como fotografías, radiografías, películas cinematográficas, diagrama, calcos y grabaciones fonográficas. 2- Concepto: Documento en sentido general, es toda representación material destinada e idónea para reproducir una determinada manifestación del pensamiento. La enumeración de documentos que realiza el Art 303 es simplemente ejemplificativa, siendo itidas en juicio, como prueba, toda clase de documentos. 3- Carga Procesal: el C impone a las partes a la carga de acompañar, con la demanda, la prueba documental que tuviere en su poder, si no la tuviere a disposición debe individualizarla indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o persona en cuyo poder se encuentre. Esta regla general se aplica a la contestación de la demanda, la reconvención y su contestación, la oposición de excepciones, la deducción de incidentes, el proceso de conocimiento sumario. 4- Documentos e instrumentos: el documento es el género, puede ser material o literal; el instrumento es la especie, es el documento literal o escritura destinado a dejar constancia de una manifestación de voluntad que produce efectos jurídicos. 5- Clases de documentos, a) Por el contenido: pueden ser: Declarativos: comportan una declaración de la persona, a su vez pueden ser: Dispositivos: Cuando en virtud de la declaración formulada se constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas (contrato, pagaré, laudo arbitral, resolución istrativa etc.). Informativos: Cuando sólo dejan constancia de una situación de hecho. (Asientos en los libros de los comerciantes, fichas medicas)." Representativos: Cuando no contienen ninguna declaración. (Planos, fotografías). b) Por la función Constitutivos (de los actos jurídicos): Cuando la Ley exige como requisito formal indispensable para la validez del acto jurídico. Su incumplimiento trae aparejada la nulidad del acto; Por ej. Las donaciones de inmuebles, etc., deben hacerse por escritura pública bajo pena de nulidad. Probatorios: Se sirven para constatar la existencia de un acto jurídico respectó del cual la Ley no exige forma determinada. Se utilizan como medios de prueba del acto, sin excluir los demás de prueba. Por los sujetos: Se dividen en instrumentos públicos y privados. 6.- Instrumentos públicos: Son aquellos que han sido otorgados o autorizado por los funcionario: públicos o depositarios del la fe pública dentro de los límites de su competencia (territorial y material) y de acuerdo con las formas prescriptas por la Ley. 7.- Caracteres fundamentales: Los caracteres fundamentales de los instrumentos públicos son: Autenticidad: Es la calidad o atributo del documento que tiene autor cierto en razón de las circunstancias que concurren en él y que lo hacen indubitable. II.- Fecha Cierta: Resulta y es consecuencia de las manifestaciones del otorgante y no necesita ser probada. 8- Fuerza probatoria: Con relación a los elementos externos del instrumento o aspecto extrínseco: Tiene presunción de autenticidad, es decir, que emana de la persona que lo autoriza o que es reproducción exacta del original. 'Su autenticidad se puede impugnar por la adulteración o falsedad material del instrumento mediante la redargución de falsedad material, o mediante el cotejo o confrontación con el original, si es copia.Con relación al contenido del instrumento (aspecto Intrínseco): Se impugna la falsedad mediante la redargución de falsedad (ideológica) a fin de desvirtuar las distintas enunciaciones que contiene el instrumento. Estas enunciaciones pueden ser: Las que se refieren a hechos cumplidos o que han ocurrido en presencia del otorga te, (escribano público) por Ej.: fecha y lugar del instrumento. Comparecencia de las partes. Hacen plena prueba entre las partes y terceros. Su eficacia probatoria solo puede ser destruida mediante la redargución de falsedad. Manifestaciones de las partes en presencia del otorgante: su exactitud o sinceridad no está garantizada por el otorgante quien desconoce la verdad o falsedad que las mismas encierran. Se refiere a los hechos relatados por el otorgante. Se denominan cláusulas dispositivas y entre las parte solo pueden ser desvirtuadas por el contradocumento. Entre terceros se ite todo tipo de pruebas. 9- Instrumentos privados. Concepto: Son los elaborados por las partes, sin intervención de funcionarios públicos o notarios (contratos) no requieren forma determinada y pueden redactarse en cualquier idioma. 10- Firma: Tiene por objeto individualizar a su autor y constituye una condición esencial para su validez. No puede ser reemplazada ni por iníciales ni por signos la impresión digital puesta en un instrumento no es suficiente para acreditar por sí sola, de un modo fehaciente, la voluntad del que la ha estampado. 11- Doble Ejemplar: Los instrumentos privados que contengan convenciones bilaterales deben redactarse en tantos ejemplares como partes haya con interés distinto. Se subsana la omisión si se produce alguna de las circunstancias señaladas en el CC. Los instrumentos privados carecen de autenticidad y de fecha cierta.

12.- Autenticidad: La autenticidad de un instrumento privado se obtiene mediante el reconocimiento de la firma por su autor, que puede ser voluntario o tácito, o la comprobación judicial en caso de negación, mediante el cotejo. 13- Fecha: Los instrumentos privados aunque estén reconocidos no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha cierta será de dichas personas: I- la de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si allí quedare archivado; II- la de su autenticidad o certificación por un escribano; III- la de su trascripción en cualquier registro público; y IV.- la del fallecimiento o la imposibilidad física permanente para escribir de la parte que lo firmó, o de la que lo extendió o del que firmó. 14- Exhibición de documentos. Las partes y los terceros en cuyo poder se encuentran documentos esenciales para la solución del litigio, estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallan los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos, sin sustanciací6n alguna, dentro del plazo que señalare." 304. 15- Reglas Generales: La norma establece una regla de carácter general a la cual se hallan sometidas las partes y los terceros: la obligación de exhibir o de la de indicar el lugar en que se encuentren, los documentos que se consideran esenciales para la solución del litigio.16.- Fundamentos: La obligación que consagra el precepto procesal se fundamenta en el deber de auxiliar al Juez y en el respecto que se debe guardar a los principios de lealtad, probidad y buena fe.17.- Facultad del Juez El juez se halla facultado para: ordenar su exhibición sin substanciación alguna; vale decir, sin correr traslado; Señalar el plazo para que, el tenedor del documento lo presente al Juzgado, o lo exhiba en el lugar donde se encuentra si fuere difícil traslado, o si el no lo tuviere que indique el lugar: archivo o protocolo donde se encuentren. 18- Documentos en poder de una de las partes Si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Si se negare a presentarlo y se probare la existencia del mismo en su poder, se tendrá por exacta la copia que hubiera presentado el que solicitó la exhibición original, o se tendrá como cierta la afirmación que hubiere hecho sobre su contenido. Si por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil que el documento se encuentra en su poder, así cómo su contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra. 305 19- Fundamento: Cuando el documento que fuere esencial para la solución del litigio se halla en poder de una de las partes, la norma - fundada en los Principios de buena fe y lealtad procesal - faculta al Juez para que intime su presentación en el plazo que determine. 20.- Negativa a presentar. Efectos: Si la parte se negare a presentar el documento, pueden producirse las siguientes situaciones: Si la parte que solicitó la exhibición del original presentó la copia del mismo y se probare la existencia del documento en poder del requerido, se tendrá por exacta la copia presentada o se tendrá por .exacta fa afirmación que hubiere hecho de su contenido. Si de los otros elementos de juicio resultare verosímil que el documento se encuentra en poder del requerido, así como su contenido, constituirá una presunción en su contra 21- Alcances del Aforismo Nemo Tenetur edere contra se: Traducido debe entenderse en el sentido de que nadie tendría al deber de cumplir una actividad que tenga por resultado producir prueba a favor de la contraria, la exhibición de la prueba documental con relación a las partes estaría limitada por la garantía constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo salvo, documentos comunes o exhibición de los libros de comercio. 22.- Documento en poder de terceros. Si el documento de que deba servirse el litigante se encontrare en poder de tercero, se le intimará que lo presente. Si así lo hiciere, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle un perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento, salvo disposición en contrario de leyes especiales, artículo 306. 23.- Intimación: Si el documento que reviste la condición de esencial para la solución del pleito se hallare en poder de un tercero, se procederá intimando su presentación fijándose un plazo al efecto. La norma se funda en el deber de auxiliar al juez y a la justicia. 24.-Oposición. Efecto: El tercero podrá oponerse si concurren los siguientes requisitos: El documento es de exclusiva propiedad del tercero, o si la exhibición pudiera causarle perjuicio, salvo disposición de leyes especiales, 25.- Régimen de las cartas y otras pruebas escritas. El Código Civil en los Art, 410 al 415, establece el

régimen relativo a las cartas y otras pruebas escritas. Hace la siguiente distinción: 26.- Cartas dirigidas a una persona; (Art. 411 CC) pueden ser presentadas en juicio por el destinatario en juicio siempre que sea un medio de demostración en el litigio donde esté interesado. 27- Cartas dirigidas a terceros: pueden ser presentadas en juicio con su asentimiento en el juicio que no es parte del destinatario. La negativa del destinatario a autorizar su uso constituye imposibilidad insalvable para su empleo, aunque, la carta sea confidencial el tenedor no necesita el asentimiento: Cuando el contenido de la carta es: común a él. Cuando la tuviese por haberla entregado el destinatario, puede también invocarla un litigante cuando en otro juicio se hubiere presentado por el destinatario a un tercero (Art. 411 CC). 28.- Valor probatorio de las cartas: El valor probatorio de las cartas no depende de la observancia de forma alguna Pueden ser itidas, según las circunstancias, aunque no estén firmadas, si son manuscritas, o sí sólo están suscriptas con signos o iníciales, Las cartas dirigidas a terceros, aunque se refieran a obligaciones, no serán consideradas como instrumentos privados sujetos a las prescripciones de este Código, y su mérito se juzgará conforme a lo dispuesto en los presentes artículos, dispone el Art. 412.:" 29- Telegramas: Salvo disposición de las leyes especiales sobre medios de comunicación, los telegramas solo tendrán el valor de instrumentos privados cuando el original existente en la oficina en que se despachó contuviese la firma del remitente; se presume que la copia entregada al destinatario es conforme al original (Ar1. 414 CC) 30- Fotocopias de instrumentos privados: las fotocopias de instrumentos privados obrantes en los expedientes judiciales y istrativos o en el protocolo de un escribano, en su caso, serán consideradas como fiel y exacta reproducción de los originales (Art, 415 CC), 31.- libros o registros domésticos de no comerciantes: No constituyen prueba a su favor. Prueba contra ellos: cuando enuncian expresamente un pago recibido; cuando contienen la mención expresa de que la anotación se ha hecho para suplir la falta de un título en favor de quien se indica como acreedor. El que quiera aprovecharse 'de los mismos habrá de aceptarlos íntegramente incluso en la parte que les perjudique (Art. 413), 32- Autenticidad de Documentos. Los documentos presentados en juicio por una de las partes y atribuidos a la otra se tienen por auténticos salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a titulo universal o singular, los sucesores podrán limitarse a manifestar que la ignoran si la firma, la letra o el contenido, son no o auténticos. Los documentos privados emanados de terceros que no son partes en el juicio, ni causantes de las mismas, deberán ser reconocidos mediante la forma establecida por la prueba testifical, en cuyo caso no regirá la limitación del artículo. 33- Reglas: La disposición contiene una regla de carácter general en virtud de la cual se tienen por auténticos, salvo impugnación y prueba en contrario - los documentos presentados en juicio por una de las partes y que sean atribuidos a la otra. 34.- Carga Procesal. Sanción Legal: La parte tiene la carga de reconocer o negar en forma expresa y categórica la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyen y la recepción o no de las car1as, telegramas e instrumentos a él dirigidos. Dichos documentos se tendrán por reconocidos o recibidos, según el caso, si la parte se limita a guardar silencio, a contestar evasivamente o la negativa es general. La sanción se produce en forma automática por ministerio de la ley, salvo las excepción es establecidas por ley. 35.- Excepción: la regla tiene su excepción, cuando: I- son documentos privados atribuidos al causante a titulo universal o singular, en cuyo caso los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la letra, la firma o el contenido son o no auténticos. II,- se trata de defensor en ejercicio de una función pública. Todas ellos podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. 36- Reconocimiento por terceros: Cuando se trate del reconocimiento judicial de documentos privados emanados de terceros q le no son partes en el proceso ni sus causantes, aquellos deberán ser ofrecidos corno testigos, siendo citados en la misma forma y modo que los testigos, con excepción de lo dispuesto por el Art. 318 del C, sobre el número de testigos que pueden ofrecerse. 37.- Redargución de Falsedad. La impugnación de los documentos públicos o privados acompañados con los escritos de demanda, reconvención o contestación, en su caso, deberá deducirse dentro del plazo para contestar .el "traslado respectivo, y tramitará; juntamente con el principal. Los presentados de conformidad con el artículo 221 deberán ser objetos de impugnación dentro del plazo de, finca días de conocido el documento, y ella tramitar por vía principal o incidental, a elección del impugnante. En cualquier caso, la impugnación será resuelta en la sentencia definitiva. La parte que cuestione el documento deberá especificar, con la mayor precisión posible, los fundamentos de la impugnación. Art. 308.

38.- Oportunidad para deducirla: La norma establece la oportunidad para impugnar por falsedad material o ideológica los documentos presentados en el proceso ya sea con el escrito de demanda;" en la contestación; de los presentados en la reconvención, dentro del plazo para contestar dicho traslado, Si son documentos posteriores o desconocidos presentados después de contestada la demanda: la impugnación deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días de notificada la vista de los mismos. Si son documentos acompañados con excepciones previas o incidentes deberá deducirse la implementación dentro del plazo de contestación del traslado: 6 días para la excepción y 5 días para los incidentes. Los plazos respectivos son perentorios y una vez vencidos se considera preclusa la oportunidad para deducir la impugnación. 39- Vías: Se podrá optar por la vía principal de la acción, pudiendo ser a su vez Civil (Acción declarativa) que busca anular, invalidar los efectos del documento, mediante la declaración de falsedad Penal. Intenta el castigo de los responsables II. La segunda es la vía del incidente: dentro del proceso la impugnación se efectúa con la deducción el incidente que tiene las siguientes características: Se tramita por cuerda separada, Como condición de isibilidad el escrito de deducción debe contener el ofrecimiento de pruebas a fin de demostrar la falsedad del instrumento. No pueden ser ofrecidos como testigos los que fueron del instrumento atacado dé nulidad. El agente publico que formalizo el instrumento redargüido de falso es parte del procedimiento incidental. La cuestión se resuelve recién en la sentencia definitiva. 40.- Substanciación: Cualquiera sea la vía elegida, no interrumpirá el curso del principal y la cuestión será decidida en la sentencia definitiva que se pronuncie en el proceso principal. 41.- Falsedad de documentos públicos: La falsedad de un documentos público puede ser: Material se refiere al elemento extrínseco del acto, el documento es falso o adulterado, por ejemplo: un documento que no fue otorgado por el funcionario público o notario pero aparece suscribiéndolo, o se adulteró con agregado, modificaciones etc. Intelectual o ideología ocurre cuando el instrumento tiene formas regulares pero las enunciaciones que contienen no son sinceras, por ejemplo: cuando el oficial como realizados por el o cumplidos en su presencia hechos, faltando a la verdad. 42- Falsedad de documentos privados Solo puede ser material, por adulteración del documento en su exterior, alterándose su texto con modificaciones, supresiones o agregados. 43.- Cotejo. Si el requerido negare la firma o la letra en su caso, que se le atribuye, o manifestare no conocer la que se atribuya a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento por medio de prueba pericial caligráfica, sin perjuicio de los demás medios de prueba, siempre que la parte interesada lo pidiere. 309. 44.- Concepto: La- prueba por cotejo consiste en la demostración de la autenticidad de la firma o la letra de una persona, mediante su comparación con otra reconocida como auténtica. La voz cotejo tiene dos acepciones: para referirse, a la confrontación de la copia con la matriz del instrumento público y para designar la prueba caligráfica. 45.-Reconocimiento: el requerido para reconocer un documento puede adoptar una de las siguientes actitudes: negar la firma o letra que se le atribuye. Manifestar que no conoce la que se atribuye a otra apersona. En este último supuesto deberá el interesarlo proceder de la siguiente manera; proponer al perito que ha de efectuar la diligencia, quien debe - en dicho mismo escrito... aceptar el cargo para el que fue propuesto bajo juramento o promesa de decir verdad y suscribirlo .. Indicar los puntos de la pericia. Señalar los documentos que propone para el cotejo de la letra o firma. La contraparte tiene el mismo derecho. 46.- Prueba: el cotejo o comprobación de autenticidad se realizará siempre que la parte interesada lo pidiere por medio de la prueba pericial caligráfica, sin perjuicio de los demás medios de prueba. 47.- Efecto: el valor del instrumento reconocido o declarado debidamente reconocido es idéntico al del instrumento público entre los que lo han suscripto y sus sucesores. 48.- Procedimiento Documentos para el cotejo. Además de los requisitos previstos en el artículo 344, el impugnante que ofreciere la prueba pericial caligráfica, deberá indicar los documentos que propone para el cotejo de letra o firma. La otra parte podrá hacer igual proposición en la oportunidad de contestar el traslado establecido en el artículo

345. Si no hubiere acuerdo en cuanto a los documentos, el juez ordenará que se practique el cotejo con los instrumentos públicos, o instrumentos privados reconocidos en juicio, que señalare, y dispondrá las medidas necesarias para que los peritos puedan examinarlos. Art. 310. Ofrecimiento. Al ofrecer la prueba pericial el interesado deberá: a) indicar la especialización que mande tener los peritos; b) imponer peritos, haciendo constar la aceptación del cargo y juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito; y c) proponer los puntos de la pericia. Art. 344. Traslado. Del escrito a que se refiere el artículo anterior, se correrá traslado por tres días a otra parte. Esta, al contestarlo, deberá manifestar si se adhiere o se pone a la prueba, o que no tiene interés en ella. Art. 345. Vale decir que en el escrito en el que se deduce la impugnación, el interesado debe ofrecer la prueba pericial caligráfica y en consecuencia deberá: proponer al perito, quien debe en el mismo escrito aceptar el cargo para el que fue propuesto, bajo juramento o promesa de decir verdad; indicar los puntos de la pericia; señalar los documentos que propone para el cotejo (los Indubitados). La contraparte, en virtud del principio de igualdad, tiene el mismo derecho que podrá ejercerlo al contestar el traslado. 49- Impugnación de actuaciones judiciales. La impugnación de actuaciones judiciales, integrantes de los autos, se hará por vía del incidente de nulidad. 313. La redargución de falsedad es el medio idóneo para impugnar la validez o eficacia de los documentos producidos fuera del juicio. La impugnación de las actuaciones judiciales integrantes de autos y producidas en el proceso y para el proceso debe hacerse por vía del incidente de nulidad. Lección VII PRUEBA TESTIMONIAL CONCEPTO: La prueba testimonial es la que se lleva a cabo mediante las declaraciones de personas físicas, denominados testigos, distintas de las partes y del órgano judicial. Reviste el carácter de tal el “Acto procesal mediante el cual una persona informa al magistrado lo que sabe sobre determinados hechos”. Todo ciudadano puede ser llamado a prestar declaración testifical, salvo excepciones expresas de la ley en razón a la edad, el estado, o circunstancias personales propias o vinculadas a la causa. OBJETO: La prueba debe recaer sobre todo tipo de hechos siempre que los mismos sean isibles y pertinentes conforme a la regla general en materia probatoria contenida en el Art. 247 del C. Art. 247 C – “Pertinencia y isibilidad de la prueba: Sólo deberán producirse pruebas sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Las que se refieran a hechos no articulados serán desechadas en la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto respecto de los hechos nuevos alegados. No serán itidas pruebas que fueren prohibidas por la ley, manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias; si lo hubieren sido, no serán consideradas en la sentencia”. PRUEBA DE LOS HECHOS Y DE LOS CONTRATOS: HECHOS: La cuestión del objeto se vincula con la materia que será la sustancia de la declaración, en el caso, con los concretos hechos acerca de los cuales podrá declarar el testigo. En primer lugar debe tratarse de acontecimientos pasados o pretéritos, acaecidos con anterioridad al acto mismo aunque pueden subsistir o no en el momento de la declaración. Como principio general se sostiene, que el objeto del testimonio lo constituyen los hechos que han caído bajo el dominio de los sentidos, memoria y lenguaje del testigo. Pero hay quienes sostienen, que el testimonio solo puede comprender hechos directamente percibidos por el testigo. Y otros consideran que el objeto del testimonio son los hechos conocidos por el testigo por sus sentidos, o los que este ha deducido de sus percepciones y los por él realizados. Pueden ser objeto de este tipo de prueba: 1.- Hechos que hayan sido percibidos directamente por el testigo. El testigo puede ser examinado sobre sus propias observaciones respecto de los hechos que relata los cuales valen –dice Chiovenda - como hechos subjetivos, esto es, personales suyos, no como expresión de lo que objetivamente debe estimarse como consecuencia de determinados hechos, según las enseñanzas de una ciencia o de un arte, lo cual es misión propia del perito.

2.- Hechos que el testigo haya cumplido personalmente. 3.- El testigo de referencia que es aquel que declara sobre hechos que ha oído relatar a otras personas y que, por lo tanto, él no los conoció directamente. Aunque se discute su valor, es importante para acreditar hechos lejanos en el tiempo o que se vinculan a cuestiones íntimas o reservadas, que por lo general están fuera del alcance de las partes directamente involucradas, sobre todo cuando concurre con otros elementos de convicción. CONTRATOS: La prueba de los contratos se halla regulad en el Código Civil (Arts. 703 al 707), el cual establece que los mismos se probaran de acuerdo a las leyes procesales, si no tuvieren una forma prescripta por dicho Código Civil. 1. Los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados si no revistieren la forma prescripta, a no ser que: a) Hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley. Se juzgará que hay imposibilidad de obtener o de presentar prueba escrita del contrato, cuando hubiese sido celebrado en circunstancias imprevistas en que hubiese sido imposible formularlo por escrito. b) Hubiese un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado. Se considerará principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y que haga verosímil el hecho litigioso. c) Cuando una de las partes hubiere recibido alguna prestación y se negare a cumplir el contrato. En los casos señalados precedentemente son isibles todos los medios de prueba y, por supuesto, la testifical. 2. El Art. 706 del CC establece: “Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de diez jornales mínimos establecidos para la capital deben hacerse por escrito y no podrán ser probados por testigos”. No es isible para: a) Probar la existencia o las modificaciones del contrato y b) Probar un error material o interpretar el contrato. Si es procedente la prueba testifical cuando se trata de probar que una de las partes ha recibido alguna prestación y se ha negado a cumplir el contrato. Ejemplo: Prestación de servicios o de obra. TESTIGO Concepto: Es toda persona física, que da testimonio de una cosa. Distinta de las partes, quien es llamada por el juez a declarar sobre hechos que presencio o adquirió directo y verdadero conocimiento de las mismas. Los testigos son terceros respectos de los sujetos del juicio, personas que carecen de toda vinculación procesal con las partes, o con el proceso en trámite. Las personas jurídicas no pueden oficiar de testigos, por cuanto carecen de órganos de percepción para captar hechos. CONDICIONES a) Capacidad: El Art. 314 del C, establece: “Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo la excepciones establecidas por la ley”. Para ser propuesto como testigo deberá tratarse de una persona física mayor de 14 años, esto es, menores que al momento de declarar tengan cumplida esa edad mínima. Ahora bien, lo que la ley exige es que el menor cuente con la edad de 14 años al tiempo de ser propuesto como testigo, y no que haya tenido tal edad al momento en que percibió o conoció los hechos por los que se lo llama a declarar, aunque la valoración quedara en este sentido y de igual modo sujeta al criterio que se “haya formado el juez acerca del grado de madurez intelectual alcanzado por el testigo”, sin duda que por aplicación de los principios de la sana crítica. b) Extraneidad: Debe tratarse de personas distintas de las partes y del órgano judicial. Por eso para Chiovenda el testigo es la “persona, distinta de los sujetos procesales, a quien se llama para

exponer al juez las observaciones propias de hechos ocurridos de importancia para el proceso”. No pueden ser testigos las partes, sin embargo, una de ellas puede ofrecer como testigo a uno de sus litisconsortes. Para Palacio, en lo que atañe al litisconsorte, el consorte no podría ser testigo desde que en ese concreto proceso es parte, sin embargo sostiene que en ciertos supuestos podría darse la nota de extraneidad que torne isible su declaración, así para probar un hecho propio, por oposición a uno común de ambos litisconsortes. Morello enseña también que “se ite la declaración testimonial del litisconsorte, cuando está referida a hechos propios de otro litisconsorte que lo propone y a condición de que se encuentre asegurada la imparcialidad de sus declaraciones”. c) Citación Judicial: Acto por el cual un juez o tribunal ordena la comparecencia de una persona, sea parte, testigo o perito, o cualquier otro tercero, para realizar o presenciar una diligencia que afecte a un proceso. Toda persona tendrá obligación de concurrir a la citación judicial. De lo dicho precedentemente se desprende, que la calidad de testigo se adquiere a partir de la providencia judicial que dispone su citación para el proceso. d) Conocimiento: El juez podrá ordenar la citación de oficio de las personas propuestas por las partes en los escritos de constitución del proceso o cuando, según resultare de otras pruebas producidas, o que tuvieren conocimiento de hechos que pudiesen gravitar en la decisión de la causa. CLASIFICACION: A) Hábiles: Cualquier persona física, mayor de catorce años, que no se halle inhabilitada podrá ser testigo. La calidad de testigo se adquiere a partir de la providencia judicial que dispone su citación para el proceso. B) Inhábiles: El código permite la declaración como testigo de cualquier persona física excepto de los menores de 14 años, o de aquellos que por enfermedad física o psíquica en el tiempo al cual deba referirse su declaración sean incapaces de percibir el hecho a probar, y de los que por enfermedad de igual naturaleza, al tiempo de la declaración, sean incapaces de comunicar sus percepciones. La edad insuficiente al momento de declarar produce la nulidad de la prueba. C) Sospechosos y excluidos: El Art.315 prescribe “No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea recta de las partes, ni el cónyuge aunque estuviere separado legalmente, salvo si se tratase de reconocimiento de firmas, o de disposiciones especiales de otras leyes”. La exclusión contenida en la norma solo abarca a parientes consanguíneos y afines en línea directa de las partes, y no a los “colaterales”, por ejemplo, hermanos, tíos y sobrinos. Disposiciones especiales de otras leyes no iten las pruebas testimoniales para acreditar el nacimiento, el matrimonio y la defunción de las personas. El cónyuge podrá ser propuesto al solo efecto del “reconocimiento de firmas” lo que cabe del mismo modo con relación a los parientes excluidos. Existen por otra parte, personas que no pueden ser testigos en ciertos procesos: Así los testigos de un instrumento y el oficial público que lo extendió, en tanto se pretenda declarar en contra del contenido del mismo. Los testigos excluidos, pueden sub-clasificarse: Según que la ley prohíba que sean citados a declarar: a) En cualquier juicio; se hallan comprendidos en los mismos las personas menores de 14 (catorce años). b) En contra o a favor de ciertas personas; los contemplados en el artículo precedentemente examinado. c) Respecto de determinados actos; se hallan comprendidos los testigos de un instrumento público, que no pueden ser llamados a declarar en tanto su testimonio tenga por objeto contradecir, variar o alterar el contenido del instrumento. DEBER DE COMPARECER: El Ordenamiento jurídico procesal civil actual, se inscribe dentro del sistema

regido por el principio dispositivo procesal, a raíz del cual el proceso aparece estructurado en torno a una serie de cargas procesales establecidas a manera de imperativos impuestos a partir de la lesión del propio interés del sujeto, al cual pesan frente a su inobservancia. La carga es entonces un imperativo procesal impuesto con relación a los sujetos procesales, para que estos, estimulados y confiados en su propio interés, colaboren en y para la más rápida y eficaz resolución de los conflictos que se llevan a los tribunales. Cuando se debe contar con el conocimiento que ciertos terceros pueden tener con relación a los hechos u objeto de la litis, el Ordenamiento drásticamente desplaza la noción del interés para reemplazarlo para del deber o la obligación. El Art. 314 del C, establece: “Toda persona mayor de 14 años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo la excepciones establecidas por la ley”. Es que el tercero no interviene en el proceso en razón de un interés propio, pues por lo general su resultado le es absolutamente indiferente, y su colaboración en la realización del servicio de justicia se estructura a partir del posible empleo de la coacción, en miras del bienestar de la comunidad que necesita librarse de los conflictos que se le presentan. SANCIÓN: La Ley impone la colaboración de terceros, y entre estos la intervención de los testigos, instituyéndola como un verdadero deber procesal, común y connatural a la condición de habitante del territorio, hasta el punto que ante su inobservancia se autoriza el uso de la fuerza pública para traerlos además de la imposición de sanciones de carácter penal y procesal en vista a su incomparecencia sin causa justificada. El deber de comparecer, es una carga pública impuesta a todos los habitantes salvo que la ley lo exima, si el testigo faltare sin causa justificada a la primera audiencia que el juzgado le haya fijado se la hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa que variará entre el importe de tres y veinte días de salario mínimo legal (Art. 319 in fine C – “…se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa, que variará entre el importe de tres y veinte días de salario mínimo legal”). EXCEPCIONES Art. 341 del C dispone: “Excepciones a la obligación de comparecer: Exceptúanse de la obligación de comparecer a prestar declaración al Presidente de la República, a los del Congreso, a los de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Ministros del Poder Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas, de los Tribunales de Apelación y Jueces de Primera Instancia, al Fiscal General del Estado, a los Prelados y a los Jefes de la Fuerzas Armadas en servicio activo con el grado de General o jerarquía equivalente. Dichos testigos declararan por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad, a su elección, dentro del plazo que fije el Juez, debiendo entenderse que no excederá de diez días si no se lo hubiere indicado expresamente. La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 339, primera parte”. La norma establece una de las excepciones del deber de comparecer que tienen los habitantes. Las personas exceptuadas al deber de comparecer lo están en razón del cargo, el que debe estar efectivamente ejerciendo. Se encuentra fundada en la índole de las funciones que ejercen dichas personas por el cargo que ocupan, el cual no podría ser abandonado sin menoscabo de los intereses superiores de la comunidad. Lógicamente, no están comprendidos en la excepción legal quienes ya no lo desempeñan. La enumeración legal de las excepciones a comparecer en juicio es taxativa. La norma incluye Instituciones que han desaparecido como seria el Consejo de Estado y no contempla a otras actuales como la Vice Presidencia de la República u otras de igual o menor jerarquía como el Intendente, etc. DEBER DE DECLARAR: El testigo no se encuentra sujeto sólo a un deber de comparecer, si no también, y como “carga pública” al de declarar acerca de lo que sepa de los hechos que interesan a la litis, salvo las excepciones mentadas por la ley. EXCEPCIONES: Art. 330 del C: “Negativa a responder - El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: a) Si la

respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o comprometiere su honor; y b) Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, o similar”. Liminarmente es necesario destacar que el testigo comprendido en cualquiera de las hipótesis contenidas en la norma no se encuentra eximido de su deber de comparecer, sino solo del de declarar, y esto con relación al concreto hecho que pueda abarcarlas, por lo que su inasistencia en la audiencia podrá dar lugar a las sanciones civiles y penales que correspondieren. En el supuesto analizado en el inc. a), si la respuesta lo perjudicará, el testigo podrá rehusarse a responder, al respecto la Constitución dispone: “Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida de hecho, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive”. El testigo deberá dar al Juez las explicaciones necesarias en forma reservada, en las que funde su negativa, entendiendo por ellas las relaciones que entrelazan el hecho preguntado, su posible respuesta, y su directa vinculación con los mencionados efectos. Lo que en realidad se protege aquí es la persona del testigo frente a su posible enjuiciamiento penal en virtud de una declaración judicial rendida con plenos efectos probatorios, garantía que en modo alguno se ve comprometida cuando informalmente aquél debe aclarar por qué la pregunta podría conducir a aquel resultado, particularmente cuando nada de ello quedará en actas ni tiene ni podrá tener valor de prueba. De la misma manera, o con mayor razón aún, cabe destacar que lo que la ley tutela es el honor del testigo frente al dilema de tener que declarar y exponerse a un descrédito, valor que en absoluto se ve interesado o afectado cuando con la misma reserva que la mencionada ut supra se le reclama la explicación de la relación que se sostiene entre aquel valor y la pregunta propuesta. No debe perderse de vista que en cualquier caso el testigo podría rehusarse a responder si es que a pesar de la explicaciones dadas, el Juez insiste en que se formulen las preguntas, claro que con las consecuencias que correspondan. SECRETO PROFESIONAL: En algunos casos la guarda del secreto profesional no constituye sencillamente una facultad del testigo, sino un deber del mismo al cual se encuentra civil, penal y disciplinariamente atado. El secreto profesional es consecuencia del deber inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de hacer saber a otras las circunstancias relativas a las cuestiones en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundidas. El secreto profesional en la mayoría de los casos incluye la obligación de no declarar y la sanción consiguiente en caso de hacerlo se encuentra expresamente establecido en nuestro Cód. Penal en su Art. 315, castiga con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, al funcionario que revelara un secreto que le haya sido confiado o hubiera adquirido en razón de su cargo. El mismo artículo define el secreto; entendido como hechos, objetos o conocimientos, que sean accesibles solo a un número limitado de personas y que por ley o en base a una ley no deban comunicarse a terceros. Además de la sanción penal, el testigo es responsable en lo civil del resarcimiento del daño y perjuicio ocasionado por causa de la revelación del secreto que se encuentra establecido en los Arts. 281 y 285 inc. “b” de C.El testigo que se ampara en el secreto profesional no se halla, por ello, eximido del deber de comparecer a la audiencia a la que fuera citado. FALSO TESTIMONIO: Como hemos visto precedentemente el deber de declarar es una carga pública impuesta al testigo citado por el Juzgado, pero a ello se le suma el hecho que debe hacerlo con veracidad (decir la verdad y nada más que la verdad). El testigo tiene pues obligación de declarar y de hacerlo bajo juramento o promesa de decir verdad que constituye la traducción laica, en miras de asegurar la sinceridad y veracidad de sus declaraciones, por lo que la negativa a prestar uno u otro importaría negativa de declarar, con las consecuencias penales que ello apareja. La falta de veracidad, es decir, el falso testimonio, está sancionado por el Código Penal en el Título V, Capítulo

I, Hechos punibles contra la prueba testimonial (Arts. 242 al 245 ). “Artículo 242.- Testimonio falso: 1. El que formulara un testimonio falso ante un tribunal u otro ente facultado para recibir testimonio jurado o su equivalente, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años. 2. El que actuara culposamente respecto a la falsedad de su testimonio, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa”. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA: El Art. 317 del C dice: “Ofrecimiento - Cuando las partes pretendan producir pruebas de testigos, deberán presentar una lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión, estado civil y domicilio. Si por las circunstancias del caso, a la parte le fuere imposible conocer alguno de estos datos, bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado sin dilaciones y sea posible su citación. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban declarar los testigos”. OPORTUNIDAD: La prueba testimonial deberá ser ofrecida dentro del plazo de diez días del periodo probatorio en el proceso de conocimiento ordinario (Art 253, 2ª p. C). • En el proceso de conocimiento sumario, en los juicios de menor cuantía, desalojo, ejecutivo, en las excepciones previas, e incidentes, debe ofrecerse con el escrito de promoción demandas y sus contestaciones. • En el juicio de amparo promovido contra un particular la prueba que no sea documental deberá ser ofrecida en la audiencia prevenida en el Art. 573 C. • En el diligenciamiento de pruebas anticipadas (Art. 270 inc. c) C). • Como medida para mejor proveer dispuesta de oficio por el juez (Art. 18 inc. e) y 337 del C). FORMA: La parte que ofrezca la prueba deberá presentar una lista de los testigos con los datos necesarios para su individualización. Si algunos datos no pudieran conocerse, bastará que se indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado. La exigencia legal tiene por objeto evitar sustituciones de testigos y facilitar la fiscalización de la parte contraria. INTERROGATORIO: El interrogatorio es el conjunto de preguntas que la parte formula al testigo por intermedio del juez. La parte tiene las siguientes opciones: a) Acompañar e Incluir en el interrogatorio con el escrito de ofrecimiento. b) Incluir el interrogatorio en el escrito de ofrecimiento. c) Reservar el cuestionario hasta el momento de la audiencia, salvo que sean testigos que deban declarar fuera de la jurisdicción del juzgado (Art. 338 del C). NÚMERO: SISTEMA DEL CÓDIGO: Art. 318 C – “Número de testigos: En el proceso de conocimiento ordinario cada parte podrá ofrecer hasta diez testigos como máximo, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor número. Esta limitación no regirá para las citaciones de reconocimiento de firma. También podrán las partes proponer, subsidiariamente, hasta tres testigos para reemplazar a quienes no pudieren declarar por causa de muerte, incapacidad, o ausencia. Si el juez hubiere ampliado el número, podrán ofrecer hasta 5 más”. El sistema que el Código adopta es el de establecer un número máximo de testigos, dependiendo de la naturaleza del proceso o cuestión. • Proceso de conocimiento ordinario: Se permiten hasta diez testigos por cada parte.  Testigos subsidiarios: Cada parte podrá ofrecer subsidiariamente hasta tres testigos, para remplazar a aquellos que no hayan podido declarar por muerte, incapacidad o ausencia.  Ampliación del número de testigos: Cuando la complejidad o cantidad de hechos que se necesitan probar justifique el ofrecimiento de un mayor número de testigos, deberá la parte solicitarlo en forma expresa y

fundada. El número de testigos en este caso podrá llegar hasta cinco más. • Proceso de conocimiento sumario: Los testigos no podrán exceder de cinco por cada parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el 318 C, dispone el Art. 683, inc. e) del C. • Juicios de menor cuantía: Podrán ser ofrecidos hasta cinco testigos por cada parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Art. 318. (Art. 686, inc. “f” C). • Juicio de amparo: El número de testigos ofrecidos no podrá exceder de tres por cada parte (Art. 574 C). • Juicio ejecutivo: Solamente serán itidos hasta siete testigos por cada parte (Art. 468, 2° p. 1° p. C). • Incidentes: No se itirán más de cuatro testigos por cada parte (Art. 187, 2° p. C). • Recusación: No podrán ofrecer más de cuatro testigos cada uno (Art. 32 C). • Desalojo: Cada parte solo podrá ofrecer hasta cuatro testigos (Art. 626, 2ª p. C). • Interdictos: No podrán ser más de cuatro por cada parte (Art.643, in fine C) • Niñez y Adolescencia: Las partes podrán proponer hasta tres testigos, incluso familiares (Art. 176 Ley 1.680/01). El número de testigos cuyo ofrecimiento se permite en un juicio es un aspecto de política procesal. El legislador debe tener en cuenta al fijar el número máximo de testigos los Principios de la defensa en juicio y de economía procesal, no debiendo pecar ni por exceso ni por defecto. RECONOCIMIENTO DE FIRMAS: Art.318 C: “Número de testigos - …Esta limitación no regirá para las citaciones de reconocimiento de firma”. La limitación referida al número de testigos permitidos por la ley no rige para los que son citados exclusivamente para reconocer firmas. Kielmanovich, comparte la tesis relativa a que no debería computarse como integrado el número de testigos permitidos por la ley a los que son citados exclusivamente para reconocer sus firmas, o al menos considera que con relación a ellos debería siempre concederse la ampliación que se solicite, sin perjuicio de considerar a este medio como prueba autónoma. En este sentido se ha resuelto que la mentada limitación no tiene vigencia en lo que se refiere a terceros citados para reconocimiento de firmas. Y ello porque, en tal caso, la prueba de que se trata, en rigor técnico, no reviste exclusivamente el carácter de testimonial. DESISTIMIENTO: Con relación a este punto el Art. 316 del C dispone: “Oposición: Sin perjuicio de la facultad del juez de desestimar de oficio y sin substanciación alguna el ofrecimiento de la prueba testimonial que no fuere isible, o de testigos cuya declaración no procediere por disposición de la ley, las partes podrán formular oposiciones, en el caso que el juez la haya itido y si indebidamente hubiere ordenado su producción”. El juez tiene la facultad de rechazar de oficio y sin substanciación el ofrecimiento de la prueba testimonial que no reúna los requisitos de isibilidad. OPOSICIÓN: La parte interesada podrá, a su vez, formular su oposición al diligenciamiento de la prueba en el caso de que el juez haya itido y ordenado su producción. La oposición procede en los siguientes casos: a) Cuando la prueba testimonial no fuere isible de conformidad a la regla general establecida en el Art. 247, 2° p del C. b) Cuando la declaración no procediere por disposición expresa de la ley. Ejemplos: Art. 172 del CC y 21 de la Ley 45/91. Oportunidad: En el supuesto de existir prohibición legal la oposición podrá formularse hasta el momento de la respectiva audiencia, porque en este caso el vicio no es subsanable por el consentimiento expreso o tácito de la parte contraria. RECEPCIÓN DE LA PRUEBA: Respecto de este punto el Art. 319 C dispone: “Audiencia: Si la prueba testimonial fuere isible, el juez mandará recibirla en la audiencia pública, que señalará para el examen de todos los testigos, en el mismo día…”. FORMA DE LA CITACIÓN: Art. 321 C.- “Forma de la citación: La citación a los testigos se efectuará por

cédula. Esta deberá diligenciarse con dos días de anticipación por lo menos, y en ella se transcribirá la parte del artículo 319, que se refiere a la obligación de comparecer y su sanción”. La resolución judicial que dispone la citación de los testigos a las audiencias será notificada a los mismos por cédula, en el domicilio denunciado. La cédula deberá transcribir el Art. 319 del C en la parte que contiene la advertencia de que si no comparece a la primera audiencia sin causa justificada se le hará comparecer a la segunda por la fuerza pública y se le impondrá una multa. La cédula deberá ser diligenciada con por lo menos un intervalo de dos días entre el día de la notificación y el día de la respectiva audiencia. La falta de cumplimiento de este requisito será legitima causal de excusación del testigo (Art. 323, inc. b) C). Las partes se notificaran por automática los días señalados en la ley (Art. 131 C). CARGA DE LA CITACIÓN: La persona ofrecida como testigo adquiere tal cualidad procesal una vez dispuesta su citación por el órgano jurisdiccional, recaudo que la habilita a declarar aún cuando no se encontrara formalmente notificada por los medios que la ley señala. Art. 322 C - “Carga de la citación: Si el escrito de ofrecimiento de prueba la parte no hubiere solicitado que el testigo sea citado por el juzgado, se entenderá que ha asumido la carga de hacerle comparecer a la audiencia. En éste caso, si el testigo no concurriere sin justa causa, a pedido de parte o de oficio y sin substanciación alguna, se tendrá por desistido al oferente”. La parte que pretende que el testigo sea citado por el juzgado debe así solicitarlo en el escrito de ofrecimiento de la prueba. Cuando no haya efectuado el pedido señalado, la parte asume la carga de hacer comparecer al testigo en la audiencia. A pedido de parte o de oficio y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida de la prueba a la parte que asumió la carga de la citación no habiendo el testigo comparecido, salvo justa causa de incomparecencia. AUDIENCIAS: El Art. 319 C dispone: “Si la prueba testimonial fuere isible, el juez mandará recibirla en audiencia pública que señalará para el examen de todos los testigos, en el mismo día. Cuando el número de testigos ofrecidos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuales testigos depondrán en cada una de ellas, de conformidad con la regla establecida en el Art. 326. El juzgado preverá una audiencia supletoria con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas, o que no se realizaren por causas no imputables a los testigos. Al citarlo se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que si faltaré a la primera sin causa justificada, se lo hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa, que variará entre el importe de tres y veinte días de salario mínimo legal”. Fracasada la segunda audiencia por causa no imputable a la parte interesada en la prueba, ésta podrá obtener una nueva audiencia si lo solicitaré dentro del 5 día a contar desde el día siguiente de la audiencia frustrada. Si no lo hiciere se lo tendrá por desistida de dicha prueba. La notificación al testigo se efectúa por cédula en el domicilio denunciado (Art. 321 PC). Las partes se notifican por automática los días señalados en la ley (Art. 131 PC). SISTEMA DEL CÓDIGO: La norma establece como sistema para la producción de la prueba testifical, la fijación simultanea de dos audiencias: una principal y otra supletoria, que se rige por las reglas de los Arts. 153 al 155 del C. Audiencia Principal: Cuando la prueba es isible, el juez señalará una audiencia para el examen de todos los testigos ofrecidos en un mismo día. Audiencias Principales Sucesivas: Cuando el número de testigos ofrecidos por las partes permitiere suponer la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren necesarias en días seguidos, determinando cuales testigos depondrán en cada una de ellas. La norma

persigue hacer efectivos los Principios de concentración de la prueba (Art. 252 C) y economía procesal, a fin de que el juez pueda recordar lo declarado e indague para obtener la verdad real, con lo cual la prueba testimonial efectivamente beneficiará a la justicia. Audiencia Supletoria: Es la fijada por el juez en la misma resolución en que señaló la audiencia principal, pero con carácter de segunda citación, al solo efecto de que declaren los testigos que no hubiesen comparecido a la audiencia principal o cuando esta no haya podido llevarse a cabo por causas ajenas al testigo. CADUCIDAD DE LA PRUEBA - CONDICIONES: Art. 320 C – “Caducidad de la Prueba: A pedido de parte y sin substanciación alguna, se tendrá por desistido a quien propuso el testigo si: 1.- No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiere comparecido por esa razón. 2.- No habiendo comparecido aquel a la primera audiencia sin invocar causa justificada, no requiriere oportunamente las medidas de compulsión necesaria. 3.- Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte, ésta no solicitare nueva audiencia dentro del quinto día”. Para que se opere la caducidad de la prueba testifical la norma solo precisa que la parte lo solicite, debiendo pronunciarse la resolución sin sustanciación alguna. Siendo así no corresponde la deducción y tramitación de incidente alguno. El Artículo consagra en sus tres incisos los casos concretos en que se producirá la caducidad de la prueba. Para que opere la caducidad de la prueba testifical la norma sólo precisa que la parte lo solicite, debiendo pronunciarse la resolución sin substanciación a la contraria. Siendo así, no corresponde la deducción y tramitación de incidente alguno. Otras causas de caducidad: Otras hipótesis de caducidad de la prueba testifical son las contempladas en los artículos Art. 322 del C, referente a la carga de la citación: “A pedido de parte o de oficio y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida de la prueba a la parte que asumió la carga de la citación no habiendo el testigo comparecido, salvo justa causa de incomparecencia”. En igual sentido el Art. 325 del C dispone: “Incomparecencia y falta de interrogatorio: Cuando la parte que ofreció el testigo no concurriere a la audiencia por sí o por apoderado, y no hubiere dejado interrogatorio, se le tendrá por desistido de la prueba, sin substanciación alguna”. En la doctrina y la jurisprudencia nacionales se acepta sin reservas que el desistimiento del testigo no requiere la conformidad de la parte contraria ni la del juez, en tanto no hubiese comenzado la declaración, pues en tal caso la misma se adquiere ya para el proceso. La caducidad de la prueba podrá ser declarada de oficio o a petición de parte, sirviendo de suficiente elemento probatorio el acta que tuvo que labrarse con motivo de la frustrada diligencia. JURAMENTO O PROMESA DE DECIR VERDAD: Art. 327 C – “Juramento o promesa de decir verdad: Antes de declarar, los testigos prestaran juramento o prometerán decir la verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas”. El juramento del testigo es un requisito que se exige desde antiguo, como una condición más tendiente a la veracidad de la declaración. El Código de Procedimiento derogado también previa el juramento previo, habiéndose agregado en el actual ordenamiento la posibilidad de formular promesa de decir verdad, para aquellos que no tengan convicciones religiosas. Kielmanovich considera que, la omisión del juramento o promesa de decir verdad no anula la prueba, sin perjuicio de que obliga al juez a extremar su valoración con arreglo a las reglas de la sana crítica. Es que, como dice Arazi, “el juramento o promesa de decir verdad no es un requisito para la validez del testimonio, sino una cuestión que hace a su eficacia...”. Como ya se ha señalado anteriormente el falso testimonio se halla tipificado como delito. El Código Penal establece al respecto en su Art. 242. “Testimonio Falso”. Por su parte el Art. 244 del Cód. Penal, legisla acerca de retractación que se produce cuando el autor rectifica su testimonio o declaración en tiempo oportuno. INTERROGATORIO PRELIMINAR (GENERALES DE LA LEY): Art. 328 C – Interrogatorio preliminar:

“Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados: a) por su nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y domicilio; b) si es pariente por consanguinidad, adopción o afinidad de alguna de las partes; c) si tiene interés directo o indirecto en el pleito; d) si es amigo intimo o enemigo de alguna de las partes; y e) si es dependiente acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con ellos. Aunque las circunstancias individuales declaradas por el testigo no coincidieren totalmente con los datos que la parte hubiere indicado al proponerlo, se recibirá su declaración si indudablemente fuere la misma persona, y por las circunstancias del caso, la contraria no hubiere podido ser sido inducida en error”. El interrogatorio preliminar, al que se refiere la norma se denomina comúnmente “generales de la ley”, por contener las mismas preguntas que son formuladas a todos los testigos en todos los juicios, a diferencia de las particulares que son las que en forma concreta se pregunta en cada proceso a cada testigo. El cuestionario conocido como “generales de la ley”, es el tendiente a identificar al testigo y a determinar las relaciones que pudiesen entrelazarlo con alguna de las partes y con el resultado del proceso, para así excluirlo excepcionalmente, o para someter su declaración a un juicio más estricto o benigno en cuanto a su atendibilidad y eficacia. Las generales de la ley tienen por objeto: a) Individualizar al testigo: De tal suerte que sea la misma persona que fue ofrecida y citada a testimoniar. b) Determinar el valor del testimonio: Al suministrar al juez los elementos para apreciar la prueba, de conformidad a las reglas de la sana crítica. FORMAS DE LAS PREGUNTAS: Llámese interrogatorio al conjunto de preguntas que la parte formula al testigo por intermedio del juez, y que esté debe responder en el acto de la audiencia, señalada con el objeto de recibir su declaración. Art. 329 C. “Forma de las preguntas: Las preguntas no versarán más que sobre un hecho; serán claras y concretas, no se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta, o sean ofensivas y vejatorias. No podrán contener referencias de carácter técnico, salvo que fueren dirigidas a personas especializadas…”. En realidad, lo que señala el Código es que cada pregunta no podrá contener más que una sola interrogación, antes que un solo hecho. Las preguntas, deben formularse en forma interrogativa o indagatoria; a diferencia de la absolución de posiciones en que deben realizarse en forma asertivas; v.gr. diga el testigo como sabe (o como le consta). El artículo exige que las preguntas sean “claras y concretas”, vinculadas con los hechos principales o secundarios alegados como causa o fundamentos de la pretensión, defensa o excepción. El juez no formulará y el testigo no está obligado a responder las preguntas redactadas en forma afirmativa. Preguntas sugestivas: son las que de algún modo sugieren la respuesta que debe dar el testigo, a quien de esta manera, sólo le restará asentir o negar. El testigo puede oponerse a contestar estas preguntas. Preguntas ofensivas: el testigo puede negarse a responder este tipo de preguntas ya que la carga pública que tiene de declarar no alcanza para cubrir ofensas. Los testigos podrán ser ampliamente preguntados por las partes. El que le ofreció como testigo y su contraparte podrán preguntar al testigo sobre cualquier hecho controvertido en el juicio. Está facultad le corresponde también al juez. FORMAS DE LAS RESPUESTAS: Art.331 C. “El testigo contestará sin valerse de notas o apuntes, a

menos que por la índole de las preguntas se le autorizare. En este caso, se dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante lectura. Deberá siempre dar razón de sus dichos expresando la forma que tuvo conocimiento de los hechos si no lo hiciere, el juez la exigirá”. Las respuestas deben ser dadas personalmente por el testigo en forma espontánea y directa, sin valerse de notas o apuntes. Debe ser categórica y concreta, sin perjuicio de que el testigo pueda extenderse sobre aspectos vinculados directamente con el hecho objeto de la interrogación. Tampoco debe consultar a la parte, a su abogado ni a ninguna otra persona sobre sus respuestas. La razón de sus dichos: si el juez no conociese el motivo en que el testigo funda su declaración, o sean las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conoció el hecho sobre el cual depone, carecería de un elemento fundamental para valorar el testimonio, pues ello le permitirá establecer si se trata de un testigo presencial o de referencia, si su testimonio importa sólo una opinión o es en realidad la relación de un hecho visto u oído. PREGUNTAS AMPLIATORIAS: Art. 329 – “Forma de las preguntas: …Las partes podrán formular preguntas ampliatorias por intermedio del juez, una vez concluido el interrogatorio. Será aplicable, en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 289”. Los testigos podrán ser ampliamente preguntados por las partes. El que lo ofreció como testigo y su contraparte podrán preguntar al testigo sobre cualquier hecho controvertido en el juicio. Esta facultad le corresponde también al juez. Las partes podrán formularse recíprocamente las preguntas que estimen pertinentes y dar las explicaciones que según el caso consideren necesarias. Kielmanovich considera que las “preguntas recíprocas” que en este dispositivo se autorizan no se limitan a las cuestiones que integran la declaración del testigo, sino que se extienden sobre lo que las partes estimaren conveniente con sujeción a los hechos que pueden constituir el objeto o tema de la prueba. NEGATIVA A RESPONDER: Art. 330 C – “Negativa a responder: El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: a) si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o comprometiere su honor; y b) si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, o similar. La obligación de declarar es una carga pública que afecta a las personas, pero no tiene un carácter absoluto, es decir ite ciertas excepciones como: 1) en el supuesto analizado la respuesta lo perjudicará y nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo. (Art.18 CN.); 2) el secreto profesional es consecuencia inherente a la función que ejercen ciertas personas a quienes se impone la omisión de hacer saber a otras las cuestiones relativas en que intervienen y que por su naturaleza no deben ser difundidas, restricción impuesta en el Cód. Penal Art. 315. El testigo que se ampara en el secreto profesional no se halla, por ello, eximido del deber de comparecer a la audiencia a la que fuera citado. PERMANENCIA: Art. 332 del C – “Permanencia: Después que prestaren su declaración, los testigos permanecerán en la sede del juzgado hasta que concluya la audiencia, salvo que el juez dispusiere lo contrario”. La norma tiene un doble propósito: 1) Hacer posible la prueba de oficio por el Juez (Art. 337.2ª. p. C). 2) Disponer el careo entre los testigos y las partes (Art. 333 C). Como arbitrio destinado a evitar que se comuniquen con los testigos que aún no hubiesen declarado, y de facilitar el eventual careo en caso de mediar contradicciones.

Si por cualquier circunstancia, empero, algún testigo hubiere presenciado la declaración de otro, ello no obsta para que a su vez preste declaración, sin perjuicio de la facultad del juez para apreciar en su oportunidad la fuerza probatoria de ese testimonio en función de dicha circunstancia. CAREO: Art. 333 C. “Se podrá decretar el careo entre testigos o entre estos y las partes. Si el careo fuere difícil por residir los testigos o las partes en diferentes lugares, el juez podrá disponer nuevas declaraciones, de acuerdo con el interrogatorioque él formule”. Careo: Consiste en la declaración simultánea de dos testigos que ya han sido examinados y que han declarado diversamente sobre los mismos hechos, y tienen por objeto, a través de la discusión, lograr el esclarecimiento de la verdad. A través del careo, se trata de confrontar o enfrentar a dos testigos, o a un testigo, con una de las partes, para aclarar alguna respuesta o para demostrar o disipar la contradicción o discordancia de las declaraciones. El artículo sub examine autoriza no sólo el careo entre testigos, sino también entre estos y las partes frente a aquellos casos en los que se adviertan contradicciones entre las declaraciones testimoniales y las declaraciones de los litigantes en su absolución de posiciones. Corresponde señalar, asimismo, que el careo constituye una medida cuya realización depende del arbitrio del juez, quien puede o no decretarla aunque medie pedido de parte. En cualquier caso el juez formulará el interrogatorio. SUSPENCIÓN DE LA AUDIENCIA: Art.335 C. “Cuando no puedan examinarse todos los testigos el día señalado, se suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes, sin necesidad de nueva citación, expresándolo así en el acta que se extienda”. En la hipótesis que contempla el artículo señalado con anterioridad, no se exige que el juez habilite tácitamente tiempo inhábil, basta que advierta que no podrán examinarse todos los testigos el día señalado para que suspenda el acto para continuarlo, no al día siguiente hábil, sino en los siguientes, de acuerdo a la actividad del tribunal. Notificación: En cuanto a la citación, no corresponde una nueva citación por cédula ya que los testigos, quedarán notificados al firmar el acta en la que se establecerá el nuevo día y hora de audiencia. RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES: Art. 336 C. “Si el reconocimiento de algún sitio contribuyere a la eficacia del testimonio podrá hacerse en él el examen de los testigos”. Esta diligencia puede decretarse a petición de parte o de oficio, pues su objeto es aclarar tanto las preguntas como las contestaciones; de ella se labrará acta haciendo constar aquellas circunstancias del lugar que se refieran al testimonio. TESTIGOS DOMICILIADOS FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZGADO: Art. 338 C. “En el escrito de ofrecimiento de prueba, la parte que hubiera presentado testigo que deban declarar fuera del lugar del juicio, acompañará el interrogatorio e indicará los nombres de los profesionales autorizados para intervenir en el diligenciamiento de la prueba, quienes podrán sustituir la autorización”. En el caso se debe acompañar el interrogatorio al escrito en que se ofrece la prueba testimonial, no podrá reservarse por las partes hasta el momento de la audiencia en que deban declarar los testigos. La diligencia se cumplirá mediante oficio si el domicilio del testigo se encuentra dentro de la República o exhorto si se halla en el extranjero. (Art. 128 al 130 PC). Art. 339 C. “En el caso del artículo anterior, el interrogatorio quedará a disposición de la parte contraria, la que podrá, dentro del tercero día proponer preguntas. El juez podrá eliminar las notoriamente improcedentes, y agregar aquellas que considere convenientes. La contraparte también podrá designar representante que deba intervenir en el diligenciamiento de la prueba,

asiéndose constar la designación en el oficio o exhorto. En el acto de la declaración, las personas autorizadas podrán ampliar el interrogatorio”. Cuando se trata del diligenciamiento de la prueba testimonial para la declaración de testigos domiciliados fuera de la circunscripción judicial del juzgado de la causa, el oferente debe acompañar con el ofrecimiento –como requisito de isibilidad- el interrogatorio el cual estará abierto y deberá quedar a disposición de la parte contraria. Art. 340 C – “Audiencia para testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado: Las partes podrán pedir que se cite ante el juez de la causa a los testigos ofrecidos por cualquiera de ellas y domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado, ofreciendo satisfacer los gastos correspondientes. Si no se hubiere depositado en secretaría el importe del pasaje de ida y vuelta para el traslado del testigo, más el viático que se estableciere, dentro del segundo día, el juez librará el oficio correspondiente para la declaración del testigo”. La norma configura una excepción a la regla de que el testigo debe declarar ante el juez de su domicilio. Se produce cuando se cumplen todos los requisitos: a) pedido de parte; b) pago de todos los gastos del testigo citado, y c) Depósito del total de la suma establecida en la secretaría del juzgado. Tal declaración se realizará ante el juez que se comisionare. Si así no lo hiciere la parte que formulo la solicitud dentro del segundo día de la providencia que itió el pedido, el juez librará, sin más trámite, el oficio o exhorto correspondiente para la declaración del testigo ante el juez del domicilio. En el supuesto del 1º párrafo del artículo, la parte podrá reservar el interrogatorio hasta el momento de la audiencia respectiva. PRUEBA DE OFICIO: Art. 337 C. “El juez podrá disponer de oficio la declaración de testigos mencionados por las partes en los escritos de constitución del proceso. Asimismo, podrá ordenar que sean examinados nuevamente los ya interrogados, para proceder al careo o aclarar sus declaraciones”. La norma confiere al juez amplias facultades a fin de obtener es esclarecimiento de los hechos y así lograr que pueda llegarse a la verdad real. En virtud del poder que le confiere el Artículo el juez podrá citar para declarar a las personas que habiendo sido mencionadas por las partes en los escritos de demanda, contestación, reconvención y su responde, por un motivo u otro no prestaron declaración. Testigos no comprendidos: las personas que fueron ofrecidas como testigos no se hallan comprendidas en el precepto; tampoco las que ya prestaron declaración, a quienes sólo cabe citarlos para obtener aclaraciones o para el careo; y las que no pudieron declarar, por haberse producido la caducidad de la prueba. FALSO TESTIMONIO U OTROS DELITOS: Art. 334 C.- “Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad, u otro delito, el juez, en auto podrá decretar la detención de los presuntos culpables, remitiéndolos a disposición del juez competente, con copia de lo actuado”. El juez en Auto fundado tiene la facultad de decretar la inmediata detención del testigo o de otro presunto culpable, cuando las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad u otro delito. Como lo señala la norma, el juez debe decretar la detención respecto al testigo o de los presuntos culpables. Se entiende, naturalmente, que la facultad judicial a que se refiere el artículo sólo puede ejercerse respecto de los testigos presentes; en caso contrario, el juez debe limitarse a remitir los antecedentes a la justicia penal. En cuanto al concepto de otro delito, la misma puede consistir en la negativa a prestar declaración, es decir cuando este callare o negare la verdad. IDONEIDAD DE LOS TESTIGOS: Art. 342 C. “Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y probar, por vía de incidente, acerca de la idoneidad de los testigos. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de sus declaraciones”.

Enseña Couture que “es la regla de la sana crítica la que obliga al juez a examinar los testigos considerando, junto con sus otros múltiple elementos de juicio, el error que es propio e inherente a la declaración testimonial”. Frente a cada testigo deben ser examinados el origen y los medios de la declaración para extraer de ellos los necesarios juicios de valor. El error es connatural a la declaración, pero ello no quita a esta su autoridad. Leves contradicciones han sido aceptadas muchas veces por la jurisprudencia, como un mérito y no como defecto de la prueba. No obstante, requieren un examen de la idiosincrasia de cada testigo, de su moralidad, de su inteligencia, de su penetración, etc.; indispensables antes de toda valoración”. El Art. 342 derogó las normas que regulaban el sistema de tachas de testigos, así como su clasificación en tachas absolutas y relativas, concediendo al juez amplias facultades para valorar conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones testimoniales. REGLA GENERAL: Todas las declaraciones en principio pueden ser ilustrativas del criterio del juez, pudiendo las partes alegar y probar, por vía del incidente dentro del plazo de prueba, todas aquellas circunstancias personales, morales, o intelectuales referidas al testigo que puedan hacer desaparecer o disminuir la fe en el testimonio del declarante. IMPUGNACIÓN: Es el acto de combatir, contradecir o refutar, una actuación judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). En este supuesto se refiere a la impugnación por falta de idoneidad del testigo dando lugar a la formación de un incidente. La alegación y prueba de la falta de idoneidad se tramita por vía incidente. Los incidentes que no suspenden la prosecución del proceso deben substanciarse por pieza o cuerda separada, para ello, deberá formarse un expediente o legajo anexo al principal (Art. 182 C). El fundamento por el cual el incidente no suspende la tramitación del proceso principal, es con el fin de evitar que se constituya en un medio fácil y abusivo para obstaculizar u obstruir el curso normal del mismo. El juez resolverá el incidente en oportunidad de dictar sentencia. APRECIACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL: El juez deberá apreciar las declaraciones de los testigos, en oportunidad de dictar sentencia definitiva según las reglas de la sana crítica, disposición concordante con el Art. 269 del C. La sana crítica se halla fundada en la lógica y en la experiencia y no es sinónimo de arbitrariedad. Siendo así, el juez al valorar la prueba testimonial deberá: 1) Apreciarla teniendo en cuenta las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de las declaraciones. 2) Tener en cuenta la personalidad el testigo, así sea, su moral, temperamento, carácter y conducta. 3) Considerar el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrieron los hechos y la fecha de la declaración. 4) Tener en consideración si el testigo es de concepto y no de hechos. 5) Fijarse si el testigo conoce por si los hechos referidos o por referencia. 6) Ver si se trata de un testigo técnico (no perito) el que presencio los hechos que por su naturaleza requieren conocimientos especiales. 7) Tener en consideración las condiciones de tiempo, lugar, iluminación, etc., en los que se produjo la percepción de los hechos. 8) Tener en cuenta el modo en que se formularon las preguntas: interrogativas, afirmativas o sugestiva; y sus respuestas. 9) Tener en cuenta la existencia de contradicciones sobre hechos de importancia para la decisión. Los factores que influyen sobre la eficacia del testimonio pueden referirse a: a) Percepción Imperfecta: cuando no pudo ser exacta o requerían de conocimientos técnicos. b) Declaración Deficiente: cuando no se da la razón de sus dichos, no es convincente o se contradice. c) Parcialidad: respuestas que parecen el recitado de una lección aprendida, cuando narra hechos que las circunstancias revelan que no pudo conocerlos. TESTIGO ÚNICO: En el Deuteronomio excluía al testigo único, de acuerdo con la regla testis unus, testis nullus, que se erigió sobre la base de la absoluta exclusión del testigo único.

En la etapa de la extraordinaria cognitio, se mantuvo desde entonces, reproduciéndose a su vez en el Derecho Canónico e incluso en las Leyes de las Partidas, continuando en la mayoría de las leyes procesales hasta entrado el siglo XIX. Actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que aquella máxima es inaplicable, y que la declaración de un testigo único no debe ser desechada. La apreciación de la prueba deberá ser más estricta y tener en cuenta la calidad del testigo, sin perjuicio de la valoración que se efectúe de la prueba, y la aplicación de las reglas de la sana crítica para fundar una sentencia si merece fe el testimonio; “el valor esta dado por la calidad, vale más un buen testigo que varios mediocres”. EFICACIA: El testigo único debe ser analizado con rigor, porque a pesar de que la máxima testis unus, testis nullus, no tiene acogida en nuestro derecho, al menos con la severidad que emana de dichos términos. No obstante ello, debe valorarse el testimonio único con la mayor precisión y rigor crítico, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo. La condición de testigo único no descalifica por ese solo hecho el testimonio. Su eficacia radica en el carácter de “necesario” y en la indudable posibilidad con que contó de acceder al efectivo conocimiento del hecho. NULIDAD DE LA PRUEBA: La ausencia de requisitos esenciales en el diligenciamiento de la prueba produce la nulidad de las declaraciones, Ej.: testigo sin la edad mínima al momento de declarar; falta de citación a la parte contraria; no haber el testigo prestado juramento o promesa de decir verdad; no haberse efectuado el interrogatorio preliminar y no haber dado el testigo la razón de sus dichos. Debe recordarse no obstante que en materia procesal la nulidad es siempre relativa y debe ser interpretada con alcance restrictivo, por los graves efectos que produce la declaración de las mismas. Lección VIII 1- Prueba pericial. Concepto La prueba pericial es la producida por peritos, cuando la comprobación de un hecho controvertido requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, extraños al saber jurídico del juez. La importancia de la prueba pericial radica en que muchas veces existen hechos que escapan al conocimiento del juez, y a través de esta figura encuentra el auxilio necesario para la apreciación exacta de los hechos controvertidos que se presentan en los diversos procesos. 2- Perito. Concepto Es la persona idónea cuya opinión es requerida cuando el juzgador no puede apreciar los hechos por sus propios medios. 3- Diferencia con el testigo: En el perito lo que vale es su opinión fundada en la especialidad del cocimiento objetivo de los hechos que ha percibido. En el testigo lo que se tiene en cuenta es el relato: objetivo de los hechos que ha percibido. 4- Objeto: La pericia tiene por objeto, hechos. El dictamen pericial puede versar sobre: a) La opinión o juicio del perito acerca del hecho mismo examinado o de sus causas o efectos (falsedad de un documento, causas de un siniestro). b) La comprobación de un hecho que requiera una actividad técnica particular (dimensión de un terreno). 5- Clases: La prueba pericial puede ser voluntaria o necesaria. a) Voluntaria: Cuando se lleva a cabo a petición de cualquiera de las partes o de Oficio por el Juez. b) Necesaria: Existe cierto JUICIOS en los que la pericia se halla Impuesta por la ley (mensura, declaración de insania). 6- Ofrecimiento. Al ofrecer fa prueba pericial el interesado deberá: a) indicar la especialización que han de tener los peritos:

b) proponer peritos, haciendo constar la aceptación de cargo juramento o promesa de decir verdad. A este efecto, el perito propuesto suscribirá también el escrito; y c) Proponer los puntos de la pericia". 344. 7- Oportunidad (del ofrecimiento): En el proceso de conocimiento ordinario, deberá ser ofrecida por escrito, dentro de los 10 días de haber quedado firme la providencia que decretó a apertura de la causa a prueba 8- Requisito: El escrito de ofrecimiento contendrá: a) La proposición del perito, con los datos necesarios para su individualización, domicilio y, la especialización que posee. b) Los puntos de la pericia, es decir, las cuestiones que serán sometidas al dictamen pericial, c) La aceptación del cargo, el juramento o promesa de decir verdad y la firma, todo lo cual será hecho por el perito propuesto en el escrito de ofrecimiento. Con relación al juramento COJ, dispone: "Producido el nombramiento y aceptado el cargo, los peritos prestarán juramento de desempeñarlo bien y fielmente, dentro del término que la ley le señale" 9- Traslado "Del escrito a que se refiere el artículo anterior (escrito de Ofrecimiento), se correrá traslado por 3 días a la otra parte. Esta al contestarlo, deberá manifestar sí se adhiere o se opone él la prueba, o que no tiene interés en ella”. (Art.345). 10- Caso de adhesión o de oposición: Si la otro parle se adhiere él la prueba deberá; I- Manifestar su conformidad con el perito propuesto por la contraria, o proponer otro; y II- Proponer otros puntos que deban constituir también objeto de la prueba, si conviniera a su derecho, y objetar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció. En este caso se correrá traslado a la contraparte por 3 días, para que se pronuncie sobre los puntos propuestos, y, en su caso, manifieste su conformidad, con el perito ofrecido por la defensa. Si se opone, al contestar el traslado expondrá las razones de su oposición. (Art. 346). En el caso de que se oponga al contestar el traslado a la prueba pericial ofrecida por la contraparte, deben expresarse las razones o motivos en los que funda su actitud (ofrecimiento extemporáneo, prueban inisible o referida a hechos no controvertidos, superflua o meramente dilatoria, etc.). 11- Resolución: Contenido: Dentro de tercero día de contestado el traslado, o de transcurrido el plazo hacerlo el juez dictará resolución, y si considerase isible la prueba deberá: a) designar perito único, si hubiere conformidad en las partes b) nombrar a los ofrecidos por ellas y designar un tercero de oficio, si no la hubiere; c) aprobar los puntos de la pericia pudiendo agregar otros; y d) señalar el plazo dentro del cual deberán expedirse los peritos. Si no lo hiciere, se entenderá que es de 20 días, el cual correrá independientemente el plazo ordinario de prueba”. Art. 348 12- Falta de interés. Si en la oportunidad prevista en el artículo 345, la otra parte, manifestar o que no tiene interés en la prueba, o no contestare el traslado, el juez tendrá como perito único al ofrecido. Art. 349. Esta designación seria inapelable, y los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien solicitó la prueba, salvo que sea necesaria para la solución del pleito. 13- Disposición oficiosa de la prueba. Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer, de oficio, la prueba pericial. En este caso designaran uno o tres peritos, atendiendo a la importancia de la cuestión. Art. 350. 14- Idoneidad. Si la profesión estuviere reglamentada, los peritos deberán tener títulos habilitantes en la ciencia, arte industria o actividad técnica especializada a que se refieran las cuestiones acerca de las cuales deban expedirse. Podrá también proponerse como perito a una persona jurídica o entidad especializada. En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con titulo, podrá ser nombrado cualquier persona idónea. (Art. 351). 15- Concepto: Es la suficiencia o aptitud de una persona para desempeñar una función, arte u oficio. 16- Carácter: El poseer conocimientos especiales es un requisito legal y es la esencia de la prueba pericial. 17- Personas, jurídicas o Entidades especializadas: No es imprescindible que el perito sea una persona física, la norma permite proponer como perito a una

persona jurídica o entidad especializada. 18- Profesión Reglamentada: Si la profesión del perito se halla reglamentada, los peritos deberán tener título habilitante y hallarse matriculados ante la CSJ. Ésta, para conceder la matricula exige las siguientes condiciones: título profesional, mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta. La CSJ puede casar la matricula en los mismos casos y por los mismos procedimientos establecidos por el C para los Abogados y Procuradores. 19- Profesión no reglamentada: Cuando así fuere, o cuando en el lugar del proceso no hubiere perito con título, podrá ser nombrado como tal una persona idónea o “práctica”; vale decir, experimentada en la ciencia, arte, Industria o actividad técnica relacionada a la materia sobre la que debe versar la• pericia. 20- Recusación. Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados por justa causa, hasta 3 días después de notificado el nombramiento, debiendo ofrecerse las pruebas en el mismo escrito de recusación. Los ofrecidos por las partes, solo serán recusables por causas sobrevinientes a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad. Son causas de recusación las previstas respecto de los jueces, y además la falta de título o la falta de idoneidad en la materia de que se trate, en el supuesto del artículo anterior. Art. 352. Las causas son, además de la falta de título y/o idoneidad, las siguientes: Es causa de excusación la circunstancia de hallarse comprendido el juez, o su cónyuge con cualquiera de las partes, sus mandantes o letrados, en alguna de las siguientes relaciones: a) parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, o del segundo por afinidad; b) Interés, incluidos os parientes en mismo grado, en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad, salvo que la sociedad fuera anónima, c) pleito pendiente, comprendidos dichos parientes; d) ser acreedor, deudor o fiador; e) ser, o haber sido, denunciante o acusador, o denunciado o acusado ante los tribunales; f) haber sido defensor, o haber emitido opinión o dictamen, o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado; g) haber recibido el juez, su cónyuge, sus padres o sus hijos, beneficio de importancia de alguna de las panes, antes o después de empezado el pleito, presentes, dádivas o favores, aunque sean de poco valor, h) ser o haber sido tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela; i) amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia de trato; j) enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos. 21- Oportunidad: Los peritos nombrados de oficio podrán ser recusados hasta 3 días de notificado al nombramiento. Los propuestos por las partes, solo serán recusables por causas sobreviviente a la elección o cuya existencia se hubiere conocido con posterioridad, en razón de que si existieran causa , anteriores ya conocidas por las partes, bastará con oponerse en ocasión de contestar el traslado. Cabe aclarar que los peritos nombrados de oficio podrán también ser recusados por causas sobrevinientes conocidas con posterioridad a la designación aunque haya vencido el plazo de 3 días fijado al afecto, dado que el perito parcial con su actuación incorrecta puede afectar profundamente la eficacia de la prueba. 22- Traslado: Del escrito de ofrecimiento de la pericia por 3 días, dentro de los cuales y debe contestarse el mismo recusando a los peritos ofrecidos por la contraria, por las causas estipuladas por la ley. 23- Pruebas: Deben ser ofrecidas con el escrito de recusación 24- Resolución de la recusación Si la recusación fuere contra dicha, el juez resolverá el incidente sin recurso alguno. Esta circunstancia podrá ser considerada por el Tribunal de Apelación al apreciar la prueba. Art. 353. El Juez puede rechazar in limine la recusación manifiestamente infundada, en caso contrario debe correr traslado al perito recusado y a la contraria, al perito por cédula en el domicilio denunciado en el escrito de ofrecimiento o en el fijado a aceptar el cargo si fue nombrado de oficio. En caso que el perito ita la causal de recusación se lo reemplazará. En caso de que el perito guarde silencio, la parte contraria podrá itir o contradecir la recusación; pero si el perito ite o contradice la recusación, no puede manifestar nada al respecto. 25- Reemplazo. "En caso de ser itida la recusación, se procederá a reemplazar al perito o los peritos recusados, en la

forma establecida para el nombramiento". Art. 354 (si fue de oficio u ofrecido por las partes, se debe hacer igual el nombramiento del reemplazante). 26- Remoción. Será removido el perito que rehúsa dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. En estos casos o cuando renunciare sin motivo atendible, el juez nombrará otro en su lugar de oficio, y condenará a aquél a pagar los gatos de las diligencias frustradas. También podrá ser condenado al pago de daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas lo reclamaren. El reemplazado no tendrá derecho él percibir honorario. La negligencia de uno de los peritos no excusaré a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y presentar el dictamen dentro del plazo que fijare el juez. Art. 355. 27- Causas: (de la remoción) Pueden ser: Rehúsa dar su dictamen. No presenta el dictamen en el tiempo oportuno. Renuncia sin motivo atendible. 28- Efectos: Producida la remoción. El juez nombrará de oficio otro perito en reemplazo del removido y lo condenará a este a pagar los gastos de las diligencias frustradas. La ejecución se hará por el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias. Las partes podrán solicitar al Juez de la Causa que también condene al perito a pagar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado. - El perito reemplazado no tendrá derecho a percibir honorarios. 29- Forma de realizar diligencia Los peritos podrán practicar la diligencia por separado. Podrá también el juez ordenar, a petición de parte que los peritos actúen unidos, siempre que las circunstancias del caso lo aconsejen. Cuando la prueba deba practicarse en un solo acto, las partes y sus letrados podrán asistir a él y hacer las observaciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos pasen a deliberar. 356. 30- Dictamen: Concepto El dictamen es la opinión fundada que el perito emite acerca de la cuestión sometida a su parecer. Debe ser un documento claro, sencillo y científico. Su objeto es ilustrar el criterio del juez, de allí que la forma en que se halle redactado debe ser idónea para obtener dicho resultado y no servir para oscurecer la cuestión. 31- Contenido: El dictamen debe contener las operaciones técnicas efectuadas y la opinión fundada en principios científicos, acerca de las conclusiones a que arribaron los peritos. Debe estar dirigido al juez, pudiendo los peritos que tengan opiniones concordantes hacerlo en un sólo escrito. La opinión de los peritos disidentes deberá constar por separado, aunque también pueden hacerlo en el mismo escrito a continuación en capítulo aparte, salvo que se trate del dictamen verbal. Las partes, a su costa, podrán solicitar y obtener copias del dictamen pericial. 32- Forma: El dictamen se presentará por escrito, con copias para, las partes, a su costa. Contendrá las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los funden su opinión. Los peritos que concordaren podrán presentarlo en un único texto. Los otros lo harán por separado, aunque lo redactaren en el mismo documento. Art. 358. 33- Dictamen inmediato. Cuando el objeto de la diligencia fuere de tal naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente, podrán dar su dictamen por escrito o en audiencia, en cuyo caso informará uno de ello si existiere unanimidad. Art. 357. En la audiencia los peritos practicarán el examen conjuntamente y del mismo modo emitirán su dictamen, informando uno de ellos en caso de existir unanimidad dando explicaciones que las partes pudieran formular. De todo lo acontecido en el acto se debe labrar acta, que será firmada por el Juez, el secretario, los, peritos las partes y sus Abogados, si quisieren hacerlo. 34- Traslados a las partes: El dictamen de los peritos se hará saber a las partes y el medio para ellos es el correspondiente traslado del informe pericial, que debe ordenar el juez una vez presentado y agregado el informe al expediente. La notificación se produce por automática. 35- Explicaciones y ampliaciones: El dictamen se hará saber a las partes, y a solicitud de cualquiera de ellas, formulada dentro del plazo de cinco días el juez podrá ordenar que los peritos den las explicaciones o hagan las ampliaciones que se consideren convenientes, en audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso. La audiencia podrá celebrarse hasta antes del llamamiento de autos.

El perito que no compareciere a la audiencia: o no presentare el informe ampliatorio o complementario dentro del plazo, perderá su derecho a percibir honorarios, total o parcialmente. 359. Las partes dentro del plazo para contestar el traslado, que es de 5 días, podrán solicitar al Juez que disponga que los peritos den las explicaciones o hagan las ampliaciones que consideren convenientes, las que podrán efectuarse por escrito o en una audiencia, debiendo establecerse el plazo o fijar día y hora de la audiencia, en su caso. 36- Impugnación del Dictamen: Las partes, dentro del plazo señalado en la norma (5 días), podrán también impugnar la prueba pericial por: vicios ocurridos en la producción; Por cuestiones vinculadas al contenido del dictamen. La falta de impugnación no es óbice para que los alegatos las partes expongan dichas circunstancias a fin de que sean apreciadas por el Juez en oportunidad de valorar la prueba 37- Sanción: Se sanciona al perito con la pérdida total o parcial, conforme al criterio del Juez, del derecho a percibir sus honorarios cuando no realice el informe complementario dentro del plazo o no concurra a al audiencia fijada al efecto. Si fueren varios, las negligencias de uno de los peritos no excusarán a los otros. Si actúan como testigos calificados, se aplica la pena del testigo falso y su condición es agravante. Si actúan como peritos (jueces científicos) se considera prevaricato y se aplica la mitad de la pena establecida para los jueces que es de 2 a 36 meses de penitenciaría e inhabilitación especial de 2 a 4 años. Si es por precio o promesa remuneratoria se impondrá el máximo de la pena (Código Penal). 38- Fuerza probatoria del dictamen pericial La fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos. La conformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se funden y las demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrezca. Art. 360. 39- informes científicos o Técnicos. A petición de parte o de oficio, el juez podrá solicitar informes a academias, institutos o entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial re quiera operaciones o conocimientos de alta especialización. A pedido de las entidades privadas se fijarán los honorarios que les correspondan percibir. Art. 362. 40- Gastos y Honorarios Si alguna de las partes, al contestar el traslado a que se refiere el Art. 345, hubiere manifestado no tener interés en la pericia, absteniéndose por tal razón de participar en ella, los gastos y honorarios de los peritos serán a cargo de quien la solicitó, excepto cuando aquélla hubiere sido necesaria para la solución del pleito, circunstancia ésta que se señalará en la sentencia. Art. 363. La regla general es que los gastos y honorarios de la prueba pericial en el proceso son a cargo de quien la solicitó. La parte que no se mostró interesada- en la prueba y se abstuvo de participar en ella por no proponer peritos, ni puntos de pericia, ni pidió explicaciones a los mismos, está exenta de abonar gastos y honorarios; salvo que la realización de la diligencia hubiera sido necesaria para la solución del pleito, en razón de que el Juez haya utilizado como argumento para fundar la sentencia y así haya sido señalada por el mismo al resolver. Lección IX Reproducciones y exámenes. Contenido de la prueba 1- Reproducciones y exámenes. Contenido de la prueba El Juez podrá disponer a pedido de parte o de oficio, ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otras, de objetos, documentos, lugares o sonidos. Podrá igualmente ordenar la reconstrucción de los hechos y los exámenes científicos necesarios para su mejor esclarecimiento. Se aplicarán, en cuanto fuere pertinente, las disposiciones relativas a la prueba pericial o a la de reconocimiento judicial". 364 2- Facultad del Juez y de las Partes: Tienen la facultad para producir el diligenciamiento de todas las medidas que se mencionan en el artículo y que puedan servir para el esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos. 3- Alcance: La ejecución de planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas u otros (grabaciones videos, etc.) de objetos, documentos, lugares o sonidos; abarca un amplio espectro de operaciones técnicas que el juez o las partes pueden encomendar realizar a la persona o entidad que sea

idónea para ejecutar la diligencia de que se trate. 4- Importancia: Los exámenes científicos adquieren una extraordinaria, relevancia por las posibilidades que de ellos pueden emerger para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, dado el constante e indeterminado avance de la ciencia y la tecnología. Su utilización podrá resultar en muchos casos, incluso más eficaz que los tradicionales medios de prueba. 5- Régimen Legal: Se hallan sometidas al régimen general de las pruebas y al control y fiscalización de las partes. Pueden ser preconstituidas unilateralmente por las partes, en cuyo caso son validas, pero debe ser más estricta su valoración. La segunda parte del artículo establece, que cuando fuere pertinente (vale decir, no siempre y necesariamente) se aplicarán para el diligenciamiento de los medios señalados las disposiciones relativas a la prueba pericial o al reconocimiento judicial. 6- Resistencia de las partes: Si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior, fuere menester la colaboración material de una de las partes, y ésta se negare a suministrar, el juez le intimará a la que preste. Si a pesar de ello mantuviere su resistencia, el juez dispondrá se deje sin efecto la diligencia pidiendo considerar la negativa infundada a colaborar en la prueba, como una presunción en su contra, la que obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso. 7- Presunción Jurídica (Legal): Cuando se necesite la colaboración material de una de las partes para el encarecimiento de la prueba y esta se niega injustificadamente, el juez no podrá forzarla u obligarla a ello. No podrá intimarla, pudiendo considerar la negativa infundada a colaborar como una presunción en su contra que, obviamente, podrá ser desvirtuada por las demás pruebas rendidas en el proceso. 8- Gastos de la diligencia: Los gastos de la diligencia serán de cuenta del que la ha pedido, o a cargo de ambas partes si hubiere ordenada de oficio. Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos y honorarios de la diligencia tenga el derecho a reclamar su reintegro" 366. 9- Regla General: En el caso de los gastos y honorarios que puedan demandar la realización de las diligencias, la regla es que éstos son a cargo del que las solicitó, sea una o ambas partes. 10- Derecho de Repetición: Lo expresado es sin perjuicio de que la parte que hubiere abonado los gastos tenga el derecho de reclamar su reintegro a la parte a quien en definitiva se repongan las costas en el proceso 11- Reconocimiento judicial: El Juez podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, el reconocimiento de lugares o cosas. Al decretar la medida determinará su objeto así como el lugar, fecha y hora en que se realizará. 367. 12- Concepto: Consiste en comprobación personal por el juez, de la existencia y caracteres de una cosa o hecho en forma directa. Es un medio de prueba cuya realización es potestativa del juez, que podrá decretar de oficio o a pedido de parte. 13- Diligencia: Si las partes lo solicitan el juez podrá ordenar su realización en forma inmediata o reservarla hasta antes de dictar sentencia, en razón de que será la oportunidad de valorar si es o no necesaria su realización. También podrá ordenarla como “medida de mejor proveer”. El Juez al ordenar la prueba deberá determinar el objeto de la misma, así como también el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la diligencia, a fin de que las partes puedan participar en la misma y efectuar en pertinente control. Si el órgano judicial es colegiado, sus deberán concurrir en pleno a la diligencia a fin de que cada uno forme su opinión personal de acuerdo al C, los jueces, podrán trasladarse a cualquier punto de la República en que tenga lugar la diligencia, extendiendo el límite legal de su competencia en razón del territorio. 14.- Importancia. La prueba tiene como finalidad formar la convicción del juez. Siendo así, su experiencia personal constituye el medio más idóneo al eliminar cualquier intermediario y realizar en forma directa la apreciación de los hechos o cosas. A su vez, adquiere utilidad para valorar o desmeritar otros medios de prueba.

15- Procedimiento: Asistencia al reconocimiento. "El juez podrá ordenar a petición de parte o de oficio, que personas expertas asistan al acto de reconocimiento, las cuales podrán formular verbal mente sus observaciones. Cumplido el procedimiento se levantará acta en que conste la realización de la diligencia, las observaciones hechas y los detalles de la misma. Si el juez lo estimare oportunos dejará constancia de sus aplicaciones personales" 368. Las partes podrán concurrir acompañadas de sus abogados para participar y controlar la prueba. 16.- Acta: Se debe labrar un acta de todo lo referente a la diligencia. 17. Reconocimiento de personas “El juez podrá disponer también el reconocimiento de personas, con el objeto de comprobar la existencia de un signo exterior y visible. Tal reconocimiento se hará sin ninguna violencia física o moral, debiendo el juez tomar disposiciones necesarias para el efecto. En caso de negativa infundada de la parte a colaborar con la prueba, regirá lo dispuesto en el Art. 365". (Presunción en contra).369. 18.- lnspectio Corporis: La noma -se refiere al reconocimiento que puede tener lugar en la persona de una de las partes. El reconocimiento se halla condicionado: a) La comprobación de la existencia de un signo exterior y visible en el cuerpo de la persona. b) La aceptación por parte del requerido. No podrá ejercerse ninguna clase de violencia física o moral, en razón de las claras disposiciones constitucionales acerca de la garantía y protección de la dignidad, la intimidad y la personalidad humana. 19.- Negativa a colaborar. En caso de negativa a colaborar con la prueba, se intimará a la parte remisa, y si a pesar de ello se mantuviere la negativa infundada, el juez dejará sin efecto la medida, previa intimación y constituirá una presunción en su contra. 20.- Interpretación restringida: La interpretación en el presente caso tiene carácter restringido, en razón de la materia sobre la que aquí recae la prueba: el cuerpo mismo de la persona, atributo principalísimo de su personalidad, que por ningún motivo y de ninguna manera puede ser menoscabada, humillada ni degradada. 21.- Condición indispensable: Diferente es el supuesto en que el reconocimiento o el examen médico sea indispensable por la naturaleza del controvertido, lo cual estará a cargo del juez determinar, (examen del presunto demente o sordo mudo que no sabe darse entender por lenguaje especializado, estimación de las lesiones corporales sufridas en un accidente, reconocimiento de la filiación extra matrimonial (ADN), etc.). 22.- Gastos de la diligencia: Serán por cuenta del que la ha pedido, sin perjuicio del derecho a reclamarlo integro a la condenada en costas; o a cargo de ambas partes si hubiere sido de oficio. 23.- Prueba de informes. Los jueces podrán, de oficio o a petición de parte, requerir informes a las oficinas públicas, escribanos con registro o entidades privadas. 371. 24- Concepto: La prueba de informes es aquella en virtud de la cual se allegan al proceso datos provenientes obrantes en la documentación, archivos o registros de oficinas públicas escribanos con registro o entidades privadas. 25- Objetivo: La prueba de informes no debe estar dirigida para realizar averiguaciones, sino para constatar u obtener datos anteriores al juicio. 26- El pedido de informe: Se diligencia mediante oficio librado por el juez, con constancia en la copia del recibo del mismo por el destinatario, con indicación de la hora, fecha y persona que recibió y cargo que ocupa. Si es una oficina pública se debe presentar en mesa de entradas. 27- Valor: Los informes de las oficinas públicas son instrumentos públicos, pueden constituir testimonios de instrumentos obrantes en la istración publica, expedidos por funcionarios públicos dentro de su competencia y en ejercicio de sus atribuciones. El grado de valor de las los informes provenientes de las entidades privadas será apreciado de acuerdo con el prestigio, la probidad y la importancia que las mismas posean: bancos y entidades financieras, Universidades, Asociaciones científicas, gremiales, culturales, etc.

28- Materia de los informes Los informes deberán versar sobre hechos concretos, claramente individualizados en el proceso, relativo a actos o hecho que resultaren de los requisitos contables, documentación o archivo del informante. Así mismo, podrá requerirse a la oficina pública, la remisión de expedientes, testimonios o certificados, relacionados con el juicio. Cuando requerimiento fuere procedente, el informe o remisión de los documentos solicitados solo podrá ser negado si existiere justa causa o por razón de reserva o secreto circunstancia que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio” 372. 29- Preexistencia: El informe debe referirse a elementos probatorios ya existentes, que refieren o transmitan datos o hechos registrados y conservados en la contabilidad, archivo o documentación del informante. Además deben ser concretos y claramente individualizados; es decir, no ambiguos, oscuros o vagos. 30- Expedientes istrativos: Los expedientes istrativos, testimonios o certificados obrantes en las oficinas públicas y relacionadas con el juicio pueden invocarse como prueba y solicitarse que sean remitidos al proceso. Su valor probatorio dependerá de si en los mismos tuvieron o no intervención quienes en el proceso ostentan la calidad de partes con la cuestión debatida en el proceso y su relación con la cuestión debatido en el proceso. Si el expediente se encuentra terminado podrá solicitarse su remisión "ad efectum videndi“ (a la vista). Si se halla en trámite solo cabría pedir testimonio de las piezas pertinentes. 31- Negativa a rendir informe: El único motivo que excusara el suministro del informe o la remisión de los documentos solicitados será la existencia de justa causa de reserva, lo cual deberá comunicarse al juzgado dentro del plazo de cinco días de recibo el informe. La sanción en caso de incumplimiento será la de desacato típificada en el Art. 160 inc. 3° del C. Penal. 32- Substitución de otro medio probatorio. No será isible el pedido de informe, que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por la ley o la naturaleza de los hechos controvertidos". 373. 33- Carácter: La prueba de informes por su carácter es supletoria, sucedánea, subsidiaria de los otros medios probatorios. No será isible si manifiestamente con su diligenciamiento se pretendiere sustituir este medio de prueba, con el propósito de cubrir o subsanar la negligencia de la parte. Sólo es isible en los casos en que no sea posible, por circunstancias especiales, otras pruebas que sean susceptibles de un mayor y más eficaz control por las partes y el órgano judicial testimonia, pericial, documental, etc.), lo cual no obsta a su configuración como un auténtico y autónomo medio de prueba. 34- Contestación. Plazo “El pedido de informe o la remisión del expediente deberé ser cumplido dentro del plazo máximo de 10 días, salvo que providencia que lo ordenase hubiere fijado otro plazo, en razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales". Art. 374. 35- Retardo: El retardo injustificado importará desacato. 36- Supuestos: Son: I- que se niegue el recibir el oficio; II- que no conteste o lo haga extemporáneamente; III- que conteste en forma evasiva o insuficiente, luego de haberse solicitado la reiteración del mismo para su debida aclaración o justificación. 37- Reembolso de los gastos "Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso podrán solicitar el reembolso de los gastos que han debido efectuar para producir el informe cuyo monto será fijado por el juez, previa vista a las partes y a cargo del oferente de la prueba. En este caso, el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente separado. Art. 376 38- Caducidad “Si vencido el plazo fijado para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esa prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, sí dentro de 5º día no solicitare la reiteración del oficio". Art. 377. La caducidad de la prueba de informes se producirá en forma automática “ministerio legis” sin necesidad de pedido ni sustanciación. 39- Impugnación por falsedad

“Sin perjuicio de la otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que deban referirse, en caso de impugnación por falsedad, se requerirá la exhibición de los asientos contables o de los documentos y antecedentes en que se fundare la contestación.”. Art. 378 El plazo que tiene la parte contraria de formular peticiones para que los informes sean completos y ajustados a los hechos a que han de referirse es de 3 días de ejecutoriada la resolución que ordenes su diligenciamiento. Si el informe fuera impugnado por falsedad material o ideológica (intelectual) la parte podrá solicitar y el Juez podrá disponer de oficio la exhibición de los asientos contables, documentos, etc que sirvieron de base y en los que fundó el informe impugnado. La falsedad ideológica o intelectual consiste en redactar un documento autentico en su aspecto externo, pero que es total o parcialmente falso en su contenido. La falsedad material se relaciona con el aspecto exterior del documento. 40- Presunción: Es la consecuencia que se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos. Supone una doble operación mental inductiva y deductiva, porque por la primera nos vamos de los hechos a un principio general y por la segunda aplicamos este principio general a los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias éstos se comportarán de la misma manera. 41- Indicio: Llamase indicio a todo rastro, vestigio, huella circunstancia y, en general, todo hecho conocido o debidamente comprobado, susceptible de llevamos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido. Tanto pueden pertenecer al mundo físico como al de la conducta humana (así una persona que huye suministra un indicio porque ésa es la reacción normal en el delincuente). La misma actitud que asume una parte en el proceso civil puede constituir un antecedente que decide la opinión del juez. Tales circunstancias no tienen por si valor alguno, porque su destino no es suministrar una prueba, pero relacionadas unas con otras adquieren caracteres relevantes. Esas relaciones se descubren mediante una operación mental que va de lo particular a lo general y luego de lo general a lo particular. Por consiguiente indicio y presunción son dos conceptos independientes, pero que se complementan. Un hecho, una cosa, una actitud, se transforman en indicios en cuanto indican la existencia de otro hecho del que es atributo. Presunción es la operación mental en la que, por aplicación de esa relación, puede llegarse al conocimiento de ese hecho. 42- Presunciones Judiciales: Son las que el juez establece por el examen de los indicios, según su ciencia y conciencia vale decir sin sujeción a ningún criterio legal. Sin embargo, los peligros que esta prueba entraña han hecho que en algunos códigos se establezcan determinadas condiciones para acordarles fuerza probatoria, pero no con el propósito de condicionar las facultades del juez en la apreciación de los indicios, sino de suministrarle un criterio de valoración pues en general se ite que esa apreciación se hará de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 43- Presunciones legales: En algunos casos el legislador sustituye al juez y hace el razonamiento estableciendo una presunción. La presunción legal no es otra cosa, en efecto, que un mandato legislativo . En el cual se ordena tener por establecido un hecho, siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente. Por ejemplo: la experiencia enseña que el hijo no está en el seno materno menos de 180 días ni más de 300, y en base a ello, la ley dispone que él hijo nacido después de los 180 días de celebrado el matrimonio, o dentro de los 300 días siguientes a su disolución, se presume concebido durante el matrimonio. La virtud de la mujer es la regla y el vicio la excepción, por lo cual la ley presume que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio tienen por padre al marido. 44- Efectos. Carga de la prueba. Las personas a quien beneficie la presunción legal no necesitan probar el hecho sobre el cual la presunción recae. Se tiene por existente el hecho presumida siempre que se halle acreditado el hecho que es su antecedente (acreditado el matrimonio, la ley presume que los hijos son matrimoniales). Lección 10 Conclusión de la causa para definitiva 1.- Trámites posteriores a la apertura de la causa a prueba: Estos incluyen todos los pasos posteriores a la etapa probatoria, que consisten en: I- La agregación de los cuadernos de prueba al expediente principal

II- La oportunidad procesal para que las partes aleguen sobre el mérito de la prueba producida. Luego, el juez llamará “Autos para Sentencia”. 2.- Agregación de las pruebas “Si se hubiese producido pruebas, el juez, sin necesidad de gestión alguna de los interesados o sin sustanciarla si se hiciere, ordenará en una sola providencia que se agreguen al expediente los cuadernos de prueba con el certificado del secretario sobre las que se hubieren producido. Cumplido este trámite, el secretario entregará el expediente a los letrados, por su orden y por el plazo de 6 días él cada uno, sin necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad, para que presenten, si lo creyeren conveniente, un escrito alegando sobre el mérito de la prueba. Se considerará como una sola parte a quienes actúen bajo representación común. El plazo para presentar alegatos es individual. El representante podrá pedir que se lo mantenga en reserva hasta que todas las partes hayan presentado el suyo”. (Art. 379) Vencido el plazo de prueba, la norma exige que el juez y el secretario obren de oficio, por su propia y personal iniciativa. El secretario redactará un informe sobre las pruebas que se hubiesen producido y el juez dictará una providencia, disponiendo la agregación de los cuadernos de prueba de las partes y el informe respectivo del secretario al expediente principal. 3.- Suspensión del Plazo para alegar. Podrán las partes pedir la suspensión del plazo para alegar, en cuyo caso se estar dispuesto en el Art. 257. Del pedido de suspensión se dará traslado a la contraria por el plazo de 3 días. (Art. 380) 4.- Requisito: La parte que hubiere demostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas podrá solicitar la suspensión del plazo para alegar, por un plazo máximo de 20 días en el proceso de conocimiento ordinario y de 10 días en los procesos especiales e incidentes. 5.- Oportunidad: El incidente de suspensión del plazo para alegar deberá ser deducido por el interesado en el plazo de 3 días de notificada la providencia que declaró cerrado el período de pruebas. Dicha resolución se notifica por automática. 6.- Trámite: Del pedido de suspensión, el juez correrá traslado a la contraparte por el plazo de 3 días perentorios e improrrogables, para después dictar la resolución correspondiente. 7.- Apelación: La resolución que se dicté será apelable, el recurso debe otorgarse en relación y con efecto suspensivo. 8.- Remisión: La parte que hubiese mostrado diligencia en el ofrecimiento y producción de sus pruebas, podrá solicitar dentro de tercero día de notificada la providencia que declaró cerrado de prueba, la suspensión de la etapa procesal siguiente, por un plazo máximo de veinte días en el proceso de conocimiento ordinario y de diez días en los procesos especiales e incidente, a fin de producir las pruebas pendientes". (Art. 267) 9.- Juicios de menor cuantía: En estos juicios no Procede la suspensión del plazo para alegar, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 686 inc. i) C. 10.- Alegatos: Cumplido el trámite de agregación de las pruebas con el informe del secretario éste entregará el expediente a los letrados sin necesidad de petición escrita y bajo la responsabilidad de los mismos por su orden y por el plazo de seis días para que si lo creyeran conveniente presenten su escrito de alegatos. 11.- Concepto: Se denomina alegato al escrito de conclusión en el que el actor y el demandado exponen las razones de hecho y de derecho en que fundan sus respectivas pretensiones. En los alegatos se debe expresar los hechos relevantes, comentar la prueba producida, luego efectuar la estimación y alcance de las normas jurídicas aplicables al caso. 12.- Contenido: Debe ser un escrito lógico y claro que debe contener: I- La recapitulación o síntesis metódica y sucinta de lo actuado. II- El análisis de los hechos en que se fundan las pretensiones, vinculados a las pruebas y haciendo la valoración del merito fáctico y Jurídico de los que se ha probado (meritar las propias pruebas), a la vez que se pone de resalto las deficiencias de las pruebas del contrario para acreditar el hecho invocado como fundamento de su derecho (demeritar las pruebas del contrario). 13.- Consecuencia de su no presentación: La falta de presentación de alegato por la parte (la norma dice "si lo creyere conveniente") no tiene sanción, el

perjuicio consiste en el menoscabo en la defensa de su derecho. 14.- Carácter: No obstante el carácter potestativo del alegato, el mismo puede constituir una pieza importante en el proceso escrito, en razón de que el juez podrá encontrar una inestimable colaboración del Abogado, porque mediante la exposición razonada y metódica de los hechos, prueba y derecho aplicable, se podrá facilitar la correcta y justa decisión de la causa. 15.- Notificación: La providencia que dicta el juez ordenando la agregación de los cuadernos de prueba con el informe del secretario al expediente principal y dispone entrega de los autos a las partes para alegar, se notifica por automática y queda ejecutoriada a los 3 días. 16.- Plazo (para presentar alegato); El plazo para presentar el alegato es individual, vale decir, corre en forma particular para cada una de las partes de modo independiente. El plazo es de 6 días perentorios e improrrogables para cada parte debiendo el secretario entregar el expediente a los letrados por su orden, vale decir, primero al actor y luego al demandado. Comienza a correr desde la ejecutoriedad de la providencia que ordena la entrega del expediente a las partes para alegar y siempre que el expediente se encuentre en condiciones de ser retirado de secretaría. Para el demandado el término comienza efectivamente a correr desde que el expediente se encuentra en secretaría a su disposición. Si el actor no lo devolvió habiendo vencido el plazo que tenía para hacerla, el demandado debe intimar su devolución y solicitar mientras tanto la suspensión del plazo. Si existen más de dos litigantes con derecho a alegar se suman tantos plazos de 6 días como litigantes haya. 17.- Juicios de menor cuantia: En estos juicios el plazo para la presentación del alegato es de tres días, siendo individual y aplicándose las reglas aquí expresadas. 18.- Procesos de conocimiento sumario: En estos procesos no procede la presentación de alegatos. 19.- Cuestiones de Puro Derecho: “Con los escritos de replica y duplica, en las cuestiones de puro derecho quedará conclusa la causa para definitiva. También quedará conclusa en el caso del art. 245”. (Conformidad de partes). (Art. 381) 20.- Tramite: En las cuestiones de puro derecho o cuando por conformidad de las partes se prescinde de abrir la causa a prueba el juez deberá conferir traslado a las partes por su orden por el plazo de dicho días a fin de que el actor presente su escrito de réplica, y el demandado el de duplica, quedando con ello conclusa la causa para definitiva. 21.- Plazo: El plazo de 5 días para presentar los escritos mencionados de réplica y duplica es individual, perentorio e improrrogable. 22.- Carácter: La presentación de los escritos de réplica y duplica es facultativa. No existe sanción alguna prevista para el caso de que no se los presente, salvo el menoscabo del derecho a la defensa. 23.- Llamamiento de "'autos para sentencia" o para definitiva: “Sustanciado el pleito como de puro derecho o transcurrido el plazo fijado en el Art. 379, el secretario, si petición de parle, pondrá el expediente a despacho, agregando los alegatos, si se hubieren presentado. El juez, acto continuo, llamará “autos para sentencia”. (Art. 382) La presentación de los alegatos es facultativa, como también lo es la presentación de los escritos de duplica y réplica en las cuestiones de puro derecho. El plazo de presentación de los escritos mencionados, es perentorio e improrrogable por lo que vencido, el secretario, sin necesidad de petición alguna, deberá agregar los alegatos y poner el expediente a despacho. 24.- Notificación: La providencia "Autos para sentencia" se notifica por automática. 25.- Efectos (del llamamiento de autos): "Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión, y no podrán presentarse más escritos producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere en el uso de sus facultades ordenatorias". (Art. 383) Firme la providencia la providencia que llamó autos para sentencia: I.- Queda cerrada toda discusión, no pudiendo presentarse escritos ni producirse pruebas. II.- No se podrán deducir nulidades de procedimiento. El llamamiento de autos firme importa la convalidación de las eventuales nulidades que se pudieron haber producido en el curso de la instancia. III- El juez puede disponer diligencias de prueba “para mejor proveer” en uso de sus facultades instructorias.

IV Comienza a correr el plazo que tiene el juez para dictar sentencia. 26.- Plazo para dictar sentencia: El Juez tiene 40 días desde que el llamamiento de autos para sentencia quedé firme (3 días después de dictada la providencia de autos", que se notifica por automática). El plazo para el tribunal es de 30 días. La sentencia definitiva deberá ajustarse a lo dispuesto por esto lay y será dictada en un plazo establecido por ella, contado desde que quede firme la providencia de autos. Sí se ordenare prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su cumplimiento“. (Art. 384) En la sentencia se resume la función jurisdiccional y por ella se justifica el proceso, pues en éste y mediante la sentencia se hace efectivo el mantenimiento del orden jurídico. El Artículo establece que la sentencia definitiva, como el acto procesal de la mayor importancia, lógicamente debe ajustarse a lo dispuesto en la Constitución y en este código. 27.- Medidas para mejor proveer: El segundo párrafo del precepto (art. 383 efectos...) considera la hipótesis de que el juez haya ordenado el diligenciamiento de prueba como medida para mejor proveer. En este caso no se computarán los días que requieran su cumplimiento, debiendo ser descontados del plazo de 40 días que tiene el juez para dictar sentencia definitiva en 1º instancia. Dicho plazo quedará suspendido mientras dure el dure el diligenciamiento de las medidas para mejor proveer. 28.- Notificación de la sentencia: “La sentencia será notificada de oficio dentro del tercer día". (Art. 385) Notificación de oficio: La sentencia, por ser el acto procesal de mayor trascendencia e importancia, al resumirse en el acto del poder jurisdiccional del Estado, debe ser de oficio notificada a las partes dentro del plazo de tercero día de su pronunciamiento. La notificación se efectiviza por medio de cédula a las partes en su domicilio constituido. Lección 12 Otros modos de terminación de los procesos 1.- División. Los modos de terminación de los procesos pueden ser divididas en: legislados y no legislados. 2.- Legislados: El modo ordinario de extinguirse el proceso es lo Sentencio, pero además de ello existe otros legislados en la ley que conducen al mismo resultado, aunque sus efectos pueden ser distintos. El allanamiento, la conciliación y la transacción: ponen fin al proceso, impidiendo su anterior renovación. El Desistimiento: en algunos casos tiene el mismo efecto que los anteriores, y en otro posibilita la, nueva promoción de la misma pretensión en otro proceso posterior. La Caducidad de la instancia: Producida por el transcurso del tiempo y la inactividad de las partes, no impide un nuevo proceso que tenga por objeto la misma pretensión. Otro supuesto legislado es el que se halla legislado en la Ley de Divorcio Vincular de Matrimonio al preceptuar que la reconciliación de los esposos pone término al juicio. 3.- No legislados: Un modo no legislado de terminación del proceso es el que la doctrina llama "Sustracción de la materia", que acontece cuando la materia justiciable llevada ante el Poder Judicial para su conocimiento y decisión desaparece por razones ajenas a la voluntad de las partes. También a desaparición de una persona que es parte hace desaparecer la razón del proceso (cuando en la declaración de insania, la persona fallece) 4- DESISTIMIENTO. Formas del desistimiento. Puede desistirse de la acción o de la instancia. Toda expresión desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. 165. 5.- Concepto: El desistimiento en general consiste en la renuncia del derecho a realizar un acto jurídico. 6.- Forma: El desistimiento, por la importancia que reviste, exige (y a fin de evitar toda duda acerca de su alcance) que su contenido sea manifestado expresamente. El CC dispone que la renuncia general de las leyes no produce efecto alguno, pero podrán renunciarse los derechos conferidos por ellas, con tal que solo miren el interés individual y que no esté prohibida su renuncia

7- Desistimiento de la acción “En cualquier estado de la causa el actor puede desistir de la acción que ha promovido. Este desistimiento impide renovar el futuro el mismo proceso e implica la renuncia al derecho respectivo. El juez se limitará a examinar si el desistimiento procede por la naturaleza del derecho en litigio, y él dar por terminado el proceso en caso afirmativo. Para desistir de la acción no es necesaria la conformidad de la parte contraria

8- Concepto: El desistimiento de la acción es el acto realizado por el actor, en cuya virtud manifiesta expresamente su voluntad de renunciar al derecho material invocado por él en el proceso. 9- Efectos antes y después de contestada la demanda: (completar) El desistimiento de la acción, llamado también del derecho, impide renovar en el futuro el mismo proceso. No necesita la conformidad de la parte contraria, porque no siendo viable ejercer de nuevo la misma pretensión en otro proceso, ésta no tendría interés en oponerse al mismo. Pronunciada la sentencia el juez mandará archivar los autos. 10.- Facultad del Juez: El desistimiento de la acción no obliga necesariamente al Juez a pronunciarlo, lo cual ocurrirá cundo se refiera a derechos indisponibles o se encuentre interesado el orden público o el peticionarte carece de facultad para desistir. 11- Costas: Cuando el desistimiento es de la acción, las costas corren a cargo del actor. 12.- Desistimiento de la instancia. El desistimiento de la instancia puede formularse en cualquier grado del proceso. El desistimiento de la primera instancia pone las cosas en el estado que tenían antes de la demanda y no impide renovar el proceso en otra oportunidad. El desistimiento de la segunda o tercera instancia significa la renuncia al recurso interpuesto y deja firme la sentencia impugnada. No puede desistirse de la primera instancia después de notificada la demanda, sin la conformidad de la parte contraria expresada por escrito. 13.- Concepto: El desistimiento de la Instancia es el acto realizado por el actor mediante el cual expresa su voluntad de poner fin a la instancia. Consiste solamente en el abandono de la instancia sin afectar el derecho material que el actor puede volver a invocar en un proceso posterior salvo que se haya operado la prescripción. 14- Efectos jurídicos antes y despúes de contestada la demanda: Requisito: Requiere la conformidad de la contraria cuando se ha producido después de la notificación, de la demanda, porque desde ése momento el demandado queda vinculado del proceso y podría tener interés en que el conflicto se decida como había quedado trabada la relación procesal, por los errores que pudo haber cometido el actor, porque le convenga que exista cosa juzgada sobre litigio. 15- Desistimiento producido después de contestada la demanda: Si el actor desiste después de notificada la demanda, se debe correr traslado al demandado, quien será notificado por Cédula. El demandado, al contestar el traslado, podrá: expresar su conformidad: si el demandado expresa su conformidad con el desistimiento de la instancia formulado por el actor, esta se extingue. Si se produce en la 1ra instancia se ordena el archivo del expediente y las cosas quedan en el estado que tenían antes de la demanda. Si se produce en la segunda o en la tercera instancia, queda firme la sentencia impugnada, porque implica la renuncia al recurso interpuesto. Oponerse: si demandado se opone, el desistimiento carece de eficacia, debiendo proseguirse los trámites normales del proceso. 16.- Poder Especial: Para desistir de la acción o de la instancia se requiere poder especial, o la conformidad del mandante

expresada en el escrito respectivo. El representante convencional del actor debe contar con Poder o clausula especial para poder formular el desistimiento, sin distinguir que el mismo sea de la acción o de la instancia, ya que el acto comporta una renuncia, salvo que el mandante manifieste su conformidad en forma expresa en el escrito de desistimiento. 17.- Costas: La resolución que el Juez dicte haciendo lugar la desistimiento debe imponer las costas del juicio al actor

18.-ALLANAMIENTO. El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia. El juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuara el proceso según su estado. Si el allanamiento fuere parcial, el proceso continuará respecto de la pretensión controvertida. Regirá para el allanamiento lo dispuesto en el artículo anterior. 19- Concepto: El allanamiento consiste en la declaración de voluntad que formula el demandado, en virtud del cual se aviene o conforma con la pretensión del actor deducida en la demanda. El allanamiento importa el reconocimiento del derecho material invocado en la demanda y consecuentemente la renuncia a oponerse a la pretensión del actor. 20- Clases: Puede ser de dos clases: Total; se aviene o confirma a todas las pretensiones del actor deducidas en la demanda. Parcial: en el caso de que existan en el proceso acumulación de pretensiones y el demandado se allane a algunas y se oponga a otras; en este caso el proceso continuará respecto de las pretensiones controvertidas. Allanamiento Expreso y Tácito: 20- Efectos. Facultad del Juez para rechazar el allanamiento: El principal es el de extinguir el proceso en el que se formula el allanamiento, no obstante, no exime al Juez del deber de dictar sentencia conforme a derecho, y si estuviere comprometido el orden público carecerá de efectos y el proceso continuará según su estado, todo lo cual es razonable porque el juez no puede prescindir del orden jurídico vigente acogiendo un acto que carezca de fundamento jurídico, o que verse sobre derechos in disponibles o se trate de un proceso simulado o fraudulento.

22-Costas: Las costas en el allanamiento deben ser soportadas por el demandado salvo en las siguientes Circunstancias: "No se impondrán costas al vencido: cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones del adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiere incurrido en mora, por que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación y b) cuando se allanare dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos e instrumentos tardíamente presentados. Para que proceda la exención de costas, el allanamiento debe ser incondicionado, oportuno, total y efectivamente. Cuando de los antecedentes del proceso resultare que el demandado no ha dado motivo a la interposición de fa demanda y se allanare dentro del plazo para contestarla , el actor será condenado en costas". 198. 23.- Poder o clausula especial: Lo necesita el representante para el allanamiento, igual que en el desistimiento. 24- TRANSACCIÓN Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio con la presentación del convenio o suscripción del acta ante el juez. Este se limitara a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción. Si estuvieren cumplidos, la homologará; en caso contrario, la rechazara y el proceso continuará su curso". 171. 25.- Concepto:

La transacción es un modo de terminación del proceso por el cual las partes, mediante concesiones reciprocas, se avienen a poner fin al litigio o lo previenen. El CC dice: “Por el contrario de transacción las partes, mediante concesiones reciprocas, ponen fin a un litigio o lo previenen. Por medio de ella se pueden crear, modificar o extinguir, además, relaciones jurídicas diversas de las que fueron objeto del litigio o motivo de la controversia". 1495. 26- Formas: Son dos los modos por los que puede tener la transacción en el proceso I- por la presentación del convenio respectivo al Juez de la causa. II- por la suscripción ante el Juez, en la correspondiente audiencia, del acta que contenga la transacción. El juez se debe limitar a comprobar si se han cumplido con los requisitos exigidos por la Ley, en cuyo caso dictará resolución homologatoria. 27- Procedencia: Son requisitos para su procedencia. I- La capacidad de las partes. II- la suficiencia de las facultades de los representantes o apoderados. III- La disponibilidad de los derechos a los que se refiere la transacción. 28.- Facultad del Juez: Sí se trata de cuestiones que no pueden ser objeto de transacción (relaciones de familia, cosas que no pueden ser objetos de los contratos o que interesen al orden público y las buenas costumbres), el Juez rechazará la transacción y el proceso continuará su curso. 28. Efectos: La transacción produce los siguientes efectos. I- Extingue los derechos y obligaciones que las partes hubieren renunciado. II- Extingue el proceso promovido a raíz del derecho litigioso III- Autoriza la oposición de la excepción previa correspondiente. IV- La resolución que la ite tiene para las partes y sus sucesores la autoridad de cosa juzgada. 30.- Poder especial: Requiere de poder o cláusula especial para efectuarse en nombre de otro. 31.- Ejecución; El Juez competente para el cumplimiento de la transacción homologada es el del juicio donde ella se producto, siendo el proceso aplicable el de la ejecución de sentencia. 32.- Costas: Las costas en la transacción serán soportadas en el orden causado, si no existiere acuerdo entre las partes sobre su imposición 33.- CONCILIACIÓN Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez, y homologados por éste, tendrán autoridad de cosa juzgada Se procederá a su cumplimiento en la forma establecida para el trámite de ¬ejecución de sentencia. Siendo parcial el acuerdo, se lo ejecutara en lo pertinente, continuando el proceso en cuanto a las pretensiones pendientes. 170. 34.- Concepto: La conciliación es el acuerdo o avenencia producido en el proceso, en virtud del cual las parres ponen fin al conflicto que motivó el pleito. Formas: isibilidad: Facultad del Juez: Efectos: 35.- Cosa Juzgada: El acuerdo celebrado entre las partes ante el Juez, en la audiencia convocada al efecto ya la que deben concurrir personalmente y si lo desean acampanados de sus representantes. convencionales, una vez homologado tendrá fuerza de Cosa Juzgada.

Poder especial: 36.- Ejecución: Para asegurar el cumplimiento de lo acordado, el precepto permite la utilización del trámite estatuido para la ejecución de sentencias. 37- Costas: Las costas en la conciliación serán impuestas en el orden causado, salvo convenio de partes al respecto.

28.- Clases: La conciliación puede ser: Total: en cuyo caso el proceso termina Parcial: el acuerdo conciliritorio se ejecutara en lo pertinente, debiendo continuarse a el proceso en relación a las pretensiones pendientes que no integraron el acuerdo conciliatorio. 39.-lniciativa: La iniciativa para obtener la conciliación podrá proceder no solo de las partes sino también del juez: cual deberá, sobre todo en las cuestiones de familia, propender al arreglo amistoso de las controversias.

40- CADUCIDAD DE LA INSTANCIA "Se operará la caducidad de fa instancia en lada clase de Juicio cuando no se instare su curso dentro del plazo de seis meses. Dicho plazo será el fijado por las leyes generales para la prescripción de la acción, si éste fuere menor. El impulso del procedimiento por uno de los litis consortes beneficia a los restantes. 172.41- Concepto: La caducidad de la instancia es un modo de terminación del proceso producido por la inactividad de las partes durante el plazo señalado por la Ley. Se denomina instancia a cada una de las etapas o grados del proceso. Al conjunto de actos procesales que se suceden desde la iniciación del JUICIO, la deducción de un Incidente o la Interposición de un recurso, hasta la resolución que se pronuncia sobres los mismos. Impulso procesal: Se entiende por tal a toda actividad de las partes o del juez tendiente a hacer avanzar el proceso el fin del que se vayan cumpliendo las diferentes etapas que lo integran para poder negar a la resolución final. 42- Denominación: El C adopta la denominación de "Caducidad" en substitución de la "Perención de instancia" utilizada en la ley anterior. 43.- Fundamento: El instituto de la caducidad de la instancia se funda en la presunción de abandono de la instancia producida por la inactividad procesal y en la necesidad de evitar la prolongación indefinida de los juicios. 44,- Procedencia: Los extremos necesarios que deben reunirse para que la caducidad de instancia sea procedente son IExistencia de una instancia principal. II- Inactividad procesal absoluta o idónea III- Transcurso del plazo fijado en la ley" 45.- Plazo: El plazo para que la caducidad de la instancia se produzca es de 6 meses. Sin embargo, se podrá producir también en el plazo correspondiente a la prescripción de la acción: cuando el mismo fuere menor al plazo de 6 meses señalado en la ley procesal. En el amparo el plazo de caducidad es de 60 días hábiles contados el partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegitima. En el procedimiento establecido para lo contencioso istrativo rige un plazo de caducidad de 3 meses, al igual de que el proceso laboral. 46- Litisconsorcio: La norma contempla el caso del litisconsorcio, y se funda en el principio de que la existencia de partes múltiples no altera la unidad de !a relación procesal, que no puede dividirse en base al numero de sujetos que actúan en una misma posición procesal. La indivisibilidad de la instancia rige cualquiera sea la clase de litisconsorcio: voluntario o necesario y de la naturaleza del derecho invocado (obligaciones solidarias o simplemente mancomunadas, divisibles o indivisibles) Los actos de impulso procesal llevados a cabo por uno

cualesquiera de los litisconsortes tienen la virtualidad de interrumpir para todos el curso de la caducidad. 47- Procesos en los que se opera: Como regla general, la caducidad se opera en toda clase de juicios, ordinarios, ejecutivos y sumarios, de menor cuantía, etc., así como en los incidentes que en ellos se deduzcan con excepción de la ejecución o incumplimiento de sentencia, sucesorio, proceso voluntario y cuando los estuvieran pendientes de resolución y la demora fuere imputable al Juez o tribunal. 48- Responsabilidad Profesional: Los Abogados y procuradores que dejan caducar la instancia son responsables ante sus clientes por los daños y perjuicios ocasionados, si ello implica la prescripción de la acción, En cualquier caso son responsables de las costas. 49.- Computo de plazo: ''El plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación de juez o tribunal que tuviere por objeto impulsar el ro descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado por disposición judicial, y asimismo, si el expediente hubiere sido remitido a la vista por petición de un juez o tribunal, 173. 50.- Partes: Para las partes, el "dies a quo" comienza desde a promoción de la demanda. no siendo necesaria su notificación; la contestación; la oposición de excepciones previas; el ofrecimiento de prueba, etc. 51- Resoluciones: En cuanto a las resoluciones judiciales la caducidad se opera desde el pronunciamiento de las mismas 52- Recursos: Con relación a ellos, la caducidad de la instancia empieza a correr desde su interposición, el recurrente corresponde urgir y, en su caso, interponer el recurso de queja pro retardo de justicia. Si el recurso fuere concedido, desde dicho momento queda abierta la instancia superior y, consecuentemente, comienza a correr el plazo de caducidad de la misma, aunque el expediente permanezca en la instancia inferior. 53- Actos Interruptivos de la Caducidad. La inactividad en el proceso debe ser continuada durante todo el plazo fijado en la ley, siendo así las peticiones formuladas por las partes, las resoluciones o actuaciones del órgano judicial que" resulten adecuadas para impulsar el desarrollo del proceso, antes que expire al plazo fijado por Ley, tendrán como efecto la interrupción de la caducidad y determinara el inicio de un nuevo plazo. No configuran actos interruptivos, por carecer de idoneidad para producir la caducidad, las peticiones ineficaces o extemporáneas (pedido de desglose de un poder, constitución de un nuevo domicilio, renuncia al patrocinio letrado, pedido de regulación de honorarios por parte de un perito, etc), 54- Carácter: La caducidad se opera de derecho, por el transcurso del tiempo y la inactividad de 1as partes. No podrá cubrirse con diligencias o actos procesales con posterioridad al vencimiento del plazo, ni por acuerdo de las partes", 174. Operar de derecho significa que se produce sin petición de parte ni declaración del Juez. Rige desde el mismo momento en que se produjo y no podrá ser convalidada por, la actuación posterior de las partes 55- Efecto: La caducidad producida de derecho hace que se retrotraiga al mismo día del vencimiento del plazo, independientemente de la voluntad de las partes y por el sólo transcurrido del tiempo. Surte pleno efecto desde el momento mismo en que se operó y aunque las partes continúen el trámite del juicio, lo actuado no purga y por ende será nulo, debiendo cargas las consecuencias de su propia negligencia. 56- Declaración Judicial: La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte por el juez o tribunal. Es obligación del secretario en cuya oficina radiquen los autos, dar cuenta al juez o tribunal respectivo que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 172" (6 meses). 175. No obstante que la caducidad opera de pleno derecho, requiere que la misma sea declarada por el Juez, Una vez declarada judicialmente, la misma adquiere carácter de

orden público y no puede ser convalidada por la realización de actos procesales posteriores, cualesquiera que sean. ni por acuerdo de las partes. 57.- Obligación del Secretario: La norma le impone la de dar cuenta, avisar al Juez o tribunal de que ha transcurrido el plazo de ley, a los efectos de que se dicte la resolución pertinente. 58.- Improcedencia. "No se producirá la caducidad: a) en los procedimientos de ejecución o cumplimiento de sentencia; b) en los procesos sucesorios y en general. en los voluntarios salvo que en ellos se suscitaren controversias y c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictadarla fuere imputable al juez o tribunal. 176. Casos en los que no procede la caducidad: d) Procedimiento de ejecución (ordinarios) o cumplimiento ejecutivos de sentencia fundado en el hecho de que la instancia se extingue a raíz de adquirir carácter firme la sentencia definitiva. II. Procesos sucesorios y voluntarios para que la caducidad se pueda producir es necesario que exista instancia, una litis sometida a la decisión judicial; por lo tanto no se produce en los procedimientos de jurisdicción voluntaria como las sucesiones, mensuras, deslindes, etc, a menos que se conviertan en contenciosos. III- Procesos pendientes de resolución: si el proceso estuviere pendiente del dictado de alguna resolución y la demora fuere imputable al Juez o Tribunal, cualquiera sea la clase de resolución que corresponda, no correrá el plazo de caducidad. A la parte incumbe urgir el dictado de la resolución y en caso negativo interponer el recurso de queja por retardo de justicia. 59- Contra quien se opera? La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviese la libre istración de sus bienes, sin perjuicio de la responsabilidad es y representantes. 177. 60-. Regla general: La caducidad se opera contra el Estado, sea que actúe como persona de derecho publico en privado, sus diversas reparticiones centralizadas (Ministerios) y descentralizadas, auto mas autárquicas de economía mixta (Ande, Antelco, Corposana, B, etc.), las Municipalidades, Universidades. También se produce contra los menores de edad y cualquier otra persona que no tuviese la libre istración de sus bienes. 61- Responsabilidad.: La caducidad producida es sin perjuicio de la responsabilidad de los es y representantes por cuya negligencia se operó, cuando ello tenga como consecuencia un perjuicio. No Será necesaria la existencia de dolo, es decir, incumplimiento deliberado, basta la culpa o negligencia para que se produzca la responsabilidad, regulada por las leyes generales. 62- Apelabilidad. A la resolución sobre la caducidad será apelable, en tercera instancia será susceptible de reposición. 178. en tercera instancia, al no ser viable la apelación, el medio de obtener la revisión será el recurso de reposición. 63- Costas A los efectos de la imposición de costas en el juicio, se distingue que la caducidad se haya producido en 1º instancia, en cuyo caso son a cargo del actor. Si la caducidad se opera en 2º o 3º Instancia, el recurrente será el obligado a su pago. En materia de incidente se aplica el principio de que son a cargo del que lo dedujo y lo dejó caducar. 64- Efectos: La caducidad produce diferentes efectos de acuerdo con la instancia en la cual se haya operado: a) Caducidad producida en primera instancia: no extingue la acción, que podrá ser ejercida en otro nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, que podrán hacerse valer en aquél. b) Caducidad operada en 2º o 3º Instancia: otorga la cualidad de cosa juzgada a la sentencia objeto de recurso. El plazo de caducidad comienza a correr desde la fecha de la interposición del recurso. e) Caducidad de la instancia principal: comprende los incidentes de la misma y la reconvención. Pero la caducidad de la reconvención o de los incidentes no afectan al proceso principal. d) Caducidad del Incidente de Caducidad: no tiene implicancia alguna, en razón de que en nuestro proceso la caducidad se opera de derecho. e) Pruebas: Utilización: las pruebas producidas en el procesa en que se operó la caducidad pueden utilizarse

sin restricciones en el nuevo proceso, atendiendo al principio de economía procesal y al distingo que se hace entre actos de procedimiento y actos en el procedimiento. La caducidad extingue los primeros, pero NO los segundos. LECCIÓN XIII RECURSOS Concepto: El recurso es el medio de impugnación de una resolución judicial, para obtener su revisión por el Juez que la dictó o por otro superior en jerarquía. Es el modo de fiscalizar la justicia de lo resuelto.

Fundamento: El fundamento de los recursos se halla en el anhelo de justicia, la cual se podrá obtener con mayor seguridad a través de un nuevo examen de la causa.

Efecto: La consecuencia inicial de la interposición de un recurso es impedir que la resolución produzca sus efectos normales.

Reglas generales: 1. Declaración expresa de voluntad, que se exteriorice en forma: a) escrita (mediante la presentación del correspondiente escrito de interposición); b) oral (en una audiencia). 2. La facultad de interponer recursos corresponde a: a) Las partes y sus representantes necesarios o voluntarios; b) Los representantes del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa pública y Pupilar. 3. La resolución no haber quedado firme, así sea una sentencia (porque adquirió la cualidad de cosa juzgada), Resolución (porque se habrá producido la preclusión). 4. Existencia de un interés jurídicamente protegido: el interés se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución produjo en el recurrente. De ordinario consiste en la disconformidad entre lo peticionado y lo resuelto. El interés en este caso, es la medida del recurso. 5. Competencia del órgano: el órgano ante el cual se interpone el recurso debe ser competente para concederlo y el que efectúa la revisión para resolverlo. 6. El recurso debe ser jurídicamente posible. 7. Interponer en el plazo fijado en la ley, el cual es: individual, perentorio e improrrogable.

Recursos establecidos en nuestra legislación. a) Recurso de Aclaratoria. b) Recurso de Reposición. c) Recurso de Apelación. d) Recurso de nulidad. e) Recurso de Queja. a. Recurso denegado. b. Retardo de justicia.

RECURSOS DE ACLARATORIA Concepto: Remedio que se concede a las partes para obtener que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane las deficiencias materiales o conceptuales que contenga, o la integre de conformidad a las

peticiones oportunamente formuladas.

Naturaleza jurídica: En cuanto a la naturaleza jurídica, se discute si el recurso de aclaratoria es un recurso o remedio procesal. Al mismo tiempo, fijar su verdadero campo de aplicación, en el sentido de que su aplicación está o no reducida a la sentencia definitiva o por el contrario es extensible también a otro tipo de resolución: 1. Es un remedio, en cuanto se logra corregir o subsanar los errores, a diferencia del recurso, que pretende modificar o anular la resolución. 2. En lo relativo a su campo de aplicación, la gran mayoría de los doctrinarios aprueban la aplicación de la aclaratoria de toda clase de resolución judicial. Sin embargo, es importante mencionar que si bien la aclaratoria se halla considerada como recurso, pues se encuentra prevista dentro del capítulo referente a los Recursos, es obvio que la ubicación legal no altera la naturaleza de la institución. Además, cabe agregar que si bien su regulación sigue a la disposición contenida en el Art. 386 del C.P.C. que se refiere al efecto del pronunciamiento de la sentencia, el recurso de aclaratoria cabe también contra las providencias simples y sentencias interlocutorias.

Objeto: I.- Corregir errores materiales: se incurre en error material cuando se altera la posición que las partes tienen en el proceso (confundir actor con demandado); o se equivoca en sus datos personales; o se producen errores aritméticos, etc. El error material podrá ser subsanado de oficio por el Juez, incluso en la etapa de ejecución o cumplimiento de sentencia. II.- Aclarar expresiones oscuras: lo cual se puede producir por deficiencias o imprecisiones de carácter idiomático en el lenguaje empleado, que dificulten entender razonablemente lo resuelto III.- Suplir omisiones: referidas a las pretensiones alegadas y controvertidas, cualquiera sea el carácter de las mismas: principales o rias. Ej.: imposición de costas, pago de intereses, etc.

Prohibición: La normativa señalada precedentemente, establece en relación al alcance del recurso de aclaratoria, que en ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión.

Plazos para pedir y resolver: El Art. 388 del C establece que la aclaratoria deberá pedirse dentro de tercero día de notificada la resolución, y deberá resolverse, sin sustanciación alguna, en el plazo de tres días.

¿Su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos? El Art. 388 in fine del C.P.C. establece que su interposición suspende el plazo para deducir otros recursos.

Integración de la aclaratoria con la resolución principal: El pronunciamiento que el juez o Tribunal dicta con motivo de la interposición del recurso de aclaratoria forma parte de la resolución que fue su objeto. Siendo así, la aclaratoria no produce efectos procesales autónomos o diferentes del fallo principal del cual forma parte integrante y del que no puede ser separado por ningún motivo

Forma de la notificación: El Art. 389 del C.P.C. establece que la notificación de la aclaratoria se hará en la forma prevista para la resolución aclarada, a la cual se integra.

RECURSO DE REPOSICIÓN

Concepto: El recurso de reposición o revocatoria constituye el remedio procesal tendiente a que el mismo juez o tribunal que dictó una resolución subsane, "por contrario imperio", los agravios que aquélla haya inferido a alguna de las partes.

Procedencia: a. Providencias de mero trámite: que son aquellas dictadas sin substanciación y que sólo tienen al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. b. Los autos interlocutorios que no causen gravamen irreparable: Los autos interlocutorios son los que se dictan durante el curso del proceso previa substanciación. Causan gravamen irreparable aquellos cuyos perjuicios no podrán ser enmendados o reparados en la sentencia definitiva.

Revocación de oficio: Los jueces y tribunales se hallan, a su vez, facultados para revocar de oficio sus propias resoluciones, siempre que las mismas aún no hayan sido notificadas a las partes.

Plazo para deducir: El Art. 391 del C.P.C. establece que se interpondrá el recurso dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, y el escrito en que se lo deduzca consignará sus fundamentos, so pena de tenerlo por no presentado.

Forma: En cuanto a la forma, en el mismo escrito en que se deduce el recurso, se consignarán los fundamentos del mismo. Se debe tener por no presentado el recurso si el recurrente se limita sólo a decir que interpone el recurso, sin formular los agravios concretos ni dar razón que justifique la revocación de la resolución que impugna. Si el recurso se interpone en una audiencia se lo deducirá en forma verbal en el mismo acto. Plazo dentro del cual debe ser resuelto: El art. 392 del C.P.C. establece que el juez o tribunal resolverá sin sustanciación alguna en el plazo de cinco días, y su resolución causará ejecutoria.

Procedimiento en audiencia: El Art. 393 del C.P.C. establece que cuando el recurso de reposición fuere deducido en audiencia, deberá fundarse verbalmente, y resolverse en la misma. En cuanto a la resolución, el juez, sin substanciación alguna, deberá dictar resolución en la misma audiencia en la que se interpuso el recurso y su resolución causará ejecutoria, vale decir, contra la misma no podrán deducirse otros recursos.

Reposición y apelación en subsidio: El Art. 394 del C.P.C. establece que podrá interponerse la apelación en subsidio, juntamente con el recurso de reposición, para el caso que éste fuese denegado por entender el juez o tribunal que la reposición no es la vía procesal adecuada. Forma: La norma concede al recurrente la facultad de interponer conjuntamente y en forma subsidiaria – para el caso que el juez o Tribunal consideren que la reposición no es la vía procesal adecuada- los recursos de reposición y apelación.

Fundamento: La disposición se funda en el Principio de Eventualidad, en cuya virtud se deducen conjuntamente ambos recursos, en forma subsidiaria, para el evento de que si se considera inisible la reposición se opere la vigencia de la apelación.

Apelación de agravios futuros: En cuanto a la apelación de agravios futuros, la interposición del recurso de

reposición y apelación en subsidio, no debe confundirse con la apelación de agravios futuros, lo cual es improcedente. Ejemplo: si se interpone el recurso de apelación al deducirse un incidente para que se le otorgue en el supuesto de que se dicte una resolución adversa.

RECURSO DE QUEJA La queja –expresa Duarte Pedro- es la figura procesal de carácter ria porque su existencia depende (en nuestro país) de la denegatoria en la concesión del recurso, además, por retardo de justicia del juzgador. Se denomina también recurso directo, en razón de que se interpone directamente ante el Tribunal, quien se aboca únicamente al estudio de la concesión o rechazo del reclamo, sin estudiar el mérito de la causa ni el contenido del recurso.

Queja por recurso denegado:

Concepto: El recurso de queja por recurso denegado es el que se interpone contra la resolución judicial que no hace lugar al recurso deducido, a fin de que el superior declare la procedencia de éste y asuma el conocimiento de la cuestión. Denominación: La denominación adoptada por nuestro Código Procesal Civil es la de “Queja por recurso denegado” en razón de que se hace extensivo a todos los recursos, a diferencia de que en principio se limitó a la denegatoria del recurso de apelación, motivo por el cual fue conocido con la denominación de “queja por apelación denegada”.

Alcance: La queja por recurso denegado tiene por objeto solamente que el Tribunal controle la decisión del juez, en lo referente a la isibilidad del recurso denegado, porque no entra a analizar el fondo del recurso, es decir, si es o no correcta la decisión del juez que posteriormente es impugnada.

Presupuestos. 1. Plazo: El Art. 410 del C dispone que el plazo para interponer la queja será de cinco días. Se entiende que el cómputo del plazo para deducir la queja por recurso denegado debe realizarse a partir de la notificación de la resolución recurrida en forma automática o por cédula. 2. Se deberá individualizar: a. La constancia de la fecha de notificación de la resolución recurrida. b. La fecha que se interpuso la apelación. c. La fecha en que quedó notificada la denegatoria del recurso 3. El escrito debe reunir los requisitos de forma exigible a los escritos de iniciación como ser: la individualización de los sujetos y el expediente, consignado el nombre y el domicilio procesal y real. Cuando la queja fuera deducida por un representante de la parte debe acompañar el poder habilitante. También debe expresar claramente los fundamentos por lo que el quejoso sostiene la ilegitimidad de la denegación del recurso. 4. El recurrente deberá acompañar copia de la resolución recurrida y de las actuaciones pertinentes.

Trámite: Se halla establecido en el Art. 411 del C el cual dispone que presentada la queja en forma, el tribunal decidirá dentro de tercero día, sin sustanciación alguna, si el recurso ha sido bien o mal denegado. En caso necesario podrá traer los autos a la vista.

Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente, en la forma establecida en este Código. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes.

Resolución: El Tribunal donde radicó la queja puede acoger o rechazar el recurso de queja. El citado Art. 411 del C dispone: “…Si hiciere lugar a la queja, se ordenará tramitar el recurso correspondiente, en la forma establecida en este Código. En caso contrario, se dispondrá la devolución de los antecedentes”. Efectos: Mientras no se concede la queja, no se suspende la tramitación del proceso. Si se concede la queja, el juez no podrá continuar conociendo en la materia decidida que fuera objeto del recurso interpuesto.

Queja por retardo de justicia Concepto: El recurso de queja por retardo de justicia se interpone cuando el juez o tribunal ha omitido dictar resolución una vez vencido los plazos fijados por la ley, con el objeto de que el superior lo emplace para que lo haga y, eventualmente, le aplique las sanciones correspondientes. Sistema del Código: El sistema elaborado por el Código Procesal Civil es el siguiente: 1. Pedir pronto despacho, por cualquiera de los interesados en el proceso, en especial, por el apoderado para quien constituye una obligación, en los términos de la norma. 2. Reiterar el pedido, dentro de los diez días siguientes del primer pedido, en caso de no obtener pronunciamiento. 3. Recurrir ante el superior, interponiendo el recurso de queja por retardo de justicia, si dentro de los veinte días siguientes a la reiteración del pedido el juez o tribunal no dictó resolución.

Sanciones al profesional: Las sanciones previstas en el artículo serán aplicadas al apoderado, vale decir, recaen sobre el abogado. Ellas son: 1. Multa: cuando se omita el primer urgimiento, se aplicará una multa equivalente a diez días del salario mínimo legal. 2. Suspensión de tres meses: cuando se omitiere el segundo urgimiento, se aplicará una suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión. 3. Suspensión de seis meses: cuando se omita deducir el recurso de queja, en el plazo señalado, se sancionará con una suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión.

Control: La segunda parte de la norma establece que el control del cumplimiento de este deber lo realizará la Corte Suprema de Justicia mediante el informe a que se refiere el Art. 197 del C.O.J, en virtud del cual los jueces y tribunales deben referir a la Corte Suprema de Justicia los fallos pendientes con indicación de la carátula de los respectivos juicios. Sin embargo, cuando la Corte Suprema de Justicia sea el Tribunal moroso no se aplican las normas legales del artículo sub-examine.

Crítica: El Prof. Casco Pagano critica sosteniendo que el C.P.C. ha elaborado un sistema cuyo funcionamiento no ha dado resultado práctico alguno, siendo absolutamente ineficaz hasta ahora para obtener el fin perseguido. Paradójicamente, las graves sanciones previstas en la norma como es el caso de la suspensión en el ejercicio de la profesión, de la cual viven él y su familia, caen sobre el abogado, cuando que los jueces y tribunales morosos – únicos causantes y responsables directos y principales- son los que deberían ser sancionados por el incumplimiento de sus deberes legales.

Presentación ante el superior: El Art. 413 del C establece que al recurrir en queja el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común. La disposición no menciona la cantidad de urgimientos, debiendo ser dos como mínimo en cumplimiento de la primera parte del artículo anterior.

Pedido de informe: El Art. 414 del C.P.C establece que presentada la queja, el superior recabará informe al inferior, quién deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impida dictar resolución.

Emplazamiento: El Art. 415 del C.P.C. dispone que no mediando justa causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de diez días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva.

Justa causa: La apreciación de la existencia de justa causa invocada por el a-quo queda librada al criterio del superior. Este deberá apreciarla con carácter restrictivo, dado el tremendo disvalor que la morosidad judicial supone al atentar directamente contra el ideal de justicia pronta y barata, porque como es sabido, la justicia que llega tarde no es justicia.

Fijación de plazo: El superior fijará el plazo dentro del cual el inferior deberá fallar, dependiendo de: 1. Que no exista justa causa: El superior mandará que el inferior dicte resolución en el plazo de diez días que se computa desde la comunicación respectiva. 2. Que la justa causa invocada consista en recargo de trabajo: el superior deberá fijar el plazo, dentro del cual dictará resolución

Sanción al juez o tribunal: El Art. 416 establece como sanción que en caso que el juez o tribunal no diere cumplimiento a la orden, se comunicará a la Corte Suprema de Justicia a los efectos previstos en el artículo 199 del Código de Organización Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN Concepto: El Dr. Duarte Pedro señala que el vocablo casar, en el derecho procesal, significa anular o dejar sin efecto un acto o documento. Por recurso de casación debe entenderse como un medio de impugnación que es utilizado contra resoluciones judiciales, que la ley concede a las partes para impugnar cuando existe error de derecho, de fondo o de forma en las Sentencias definitivas e interlocutorias con fuerza de definitivas con la finalidad de asegurar el respeto del derecho y aplicación uniforme de la ley. Órgano competente: La Constitución Nacional atribuye competencia para conocer y resolver el recurso de casación, en la forma y medida que establezca la ley, a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, cabe señalar que en el ámbito procesal civil, actualmente no existe una legislación vigente acerca de la regulación del recurso de casación, aunque se puede hacer referencia a la Ley Nº 159/93, la cual se halla vetada. Por medio de la referida ley, se pretende incorporar el mencionado recurso al Código Procesal Civil, y enuncia cuál es el objeto del recurso de casación y a su vez las resoluciones contra las cuales procede y los requisitos para su isibilidad. Atribuye competencia para conocer y resolver el recurso de casación a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. LECCIÓN 14 1- Recurso de Apelación. El recurso de apelación ES DE ISIÓN RELATIVA. No procede contra toda resolución dictada en juicio. Sólo corresponde otorgarlo en contra de la sentencia definitiva y de las resoluciones que decidan incidentes o causen gravamen irreparable. El art. 395 define qué se entiende por la resolución que causa gravamen irreparable, sentando que se comprende por tal el daño que no puede ser corregido o reparado por la sentencia definitiva. Siendo la apelación un medio de impugnación interpuesto ante un tribunal de alzada para cuestionar la resolución del inferior, obedece al principio de la doble instancia, (contrariamente a los recursos de aclaratoria

y reposición –que se deciden por el mismo juez que dictó la resolución recurrida-), presupone en la organización judicial un tribunal superior con potestad para confirmar, modificar o revocar, en parte o en su totalidad, el fallo del juez de grado inferior. | 2- Concepto: El recurso de apelación es el medio en virtud del cual el litigante que se siente perjudicado por una resolución que considera injusta reclama del superior Jerárquico su modificación o revocación. 3- Objeto: El recurso de apelación tiene por objeto obtener la reparación de los agravios producidos las resoluciones consideradas injustas: I.- Por haberse erróneamente aplicado una ley inaplicable haberse aplicado mal o dejado de aplicar la ley que correspondía (error in iure). II.- Por haberse errado la apreciación de los hechos o la valoración de la prueba (error in iudicando). 4- Finalidad: Con la apelación se pretende verificar, sobre la base de la resolución impugnada, el acierto el error en que se incurrió en la instancia inferior, no con el fin de renovar o reiterar los actos procesa producidos en la instancia en que se dictó la resolución, sino para comparar la resolución con los hechos y el derecho alegados y probados en dicha instancia a los efectos de decidir en la instancia superior si los mismos han sido correctamente valorados en la resolución recurrida. 5- Procedencia: El recurso de apelación solo se otorgará de I- Las sentencias definitivas: Que son aquellas que deciden, sobre el mérito de la causa y que ponen fin a la instancia. II - Las resoluciones que deciden incidentes (autos interlocutorios) o que causen gravamen irreparable (autos interlocutorios y previdencias) constituye gravamen irreparable el que no puede ser reparado o enmendado por la sentencia definitiva. El agravio debe ser actual en relación al tiempo y al contenido de la resolución, no corresponde interposición de apelaciones contra futuras resoluciones. 6- interés: Para impugnar es preciso tener interés, el cual está determinado por el vencimiento. El vencimiento determina la lesión o agravio. Contra las resoluciones cabe el recurso de apelación por el solo hecho de ser desfavorables, en ello se encuentra ínsito el agravio. 7- Apelación Total o Parcial: Puede apelarse el todo o sólo la parte de la resolución que produce el agravio, en este último supuesto la parte que no es objeto de recurso queda consentida. 8- Desistimiento: El desistimiento del recurso de apelación puede ser: Expreso: cuando existe una manifestación de voluntad exteriorizada en dicho sentido Tácito: cuando no se lo funda ante el "a quem” o se lo hace indebidamente o cuando se produce la caducidad de la instancia superior. 9.- Renuncia: Es factible renunciar anticipadamente a la facultad de apelar, pues forma parte del derecho a la jurisdicción que tienen todas las personas, el que puede y debe ser ejercido en su mayor amplitud. Siendo así, la revisión de una sentencia injusta es de la esencia del principio de la defensa enjuicio que es y debe ser irrenunciable. 10- Plazo: El plazo para apelar será de 5 días para la SD y de 3 días para las otras resoluciones (autos interlocutorios y providencias), ampliables en razón de la distancia. (396) 11- Computo. El plazo comienza a correr y se computa desde el día siguiente de haberse producido la notificación de la resolución que se pretende impugnar. 12- Caracteres del plazo: Reúne los siguientes: Es perentorio e improrrogable para las partes y para el Ministerio Publico: Fiscal, de la

Defensa Pública o Pupilar. Es individual: Corre en forma independiente para cada una de las partes, incluso en el supuesto de litisconsorcio. 13- Forma de Interposición: El recurso podrá deducirse: I.- Por escrito, dentro del plazo fijado en la ley (5 días para las sentencias y 3 días para otras resoluciones) II.- Verbalmente: en el acto de la notificación, o cual deberá hacer costar el notificador en forma escrita. 14- Configuración: La interposición consiste en la sola deducción ante el Juez que dictó la resolución, sin que se manifieste otra cosa. No debe estar fundada, si ello se infringe se devolverá el escrito, previa anotación que el secretario pondrá en el expediente con indicación de la fecha de la interposición (397). La fundamentación se realiza ante superior jerárquico, a través de la expresión de agravios, que determina el tema decidendum de la alzada. 15- Formas: La interposición de recursos puede hacerse por escrito, dentro del plazo de ley, o verbalmente en el acto de la notificación, lo cual debo hacer constar el notificador. 16- Juicio de Amparo: En el mismo la apelación debe interponerse y fundarse por escritos dentro del segundo día de notificada la resolución ante el mismo juez que dictó. 17- Justicia electoral: En el fuero electoral la interposición de los recursos será fundada, caso contrario serán declarados desiertos y las resoluciones quedarán firmes. 18- Apelación de Sentencias: La regla general en la apelación de las sentencias definitivas indica que se otorga libremente y con efecto suspensivo. Excepciones: - Cuando el apelante solicita que se le conceda el recurso en relación (porque el apelante puede optar por lo menos) - Cuando la ley dispone que el recurso debe concederse sin efecto suspensivo (Ej.: sentencia de amparo, que acogen medidas de urgencia (art. 581); o medidas cautelares (art. 694). 19- Apelación de autos interlocutorios y de providencias: La regla general es que se conceden en relación y con efectos suspensivo. Excepción. El recurso se otorgará sin efecto suspensivo sólo en tos casos en que la ley así lo disponga. 20- Modos de concesión del Recurso: Libremente: la cuestión resuelta por el inferior se discute nuevamente por las partes ante el superior, cabe la posibilidad de producir prueba respecto de la misma con ciertas restricciones y se pueden alegar hechos nuevos. En relación: no puedan alegarse hechos nuevos, ni agregarse documentos, ni abrirse a prueba, el superior resuelve teniendo en cuenta únicamente las actuaciones producidas en la instancia anterior, salvo las diligencias instructorias a que está autorizado el órgano judicial. 21- Efectos. Con efecto suspensivo: Consiste en que mientras se resuelve el recurso, la resolución no se ejecuta, suspendiéndose las facultades del juez “a quo" quien no podrá continuar con las actuaciones sobre la posición objeto del recurso bajo pena de nulidad. Sin efecto suspensivo: Significa que no obstante la interposición del recurso la resolución impugnada produce sus efectos normales, mientras se resuelve la cuestión por el superior. 22- Modificación de la forma de concesión o efecto. Si cualquiera de las partes pretendiera que el recurso ha sido mal concedido, en cuanto a la forma o su efecto podrá solicitar, dentro del día siguiente, que el juez rectifique el error. La resolución será dictada sin trámite alguno. Esta norma regirá sin perjuicio de la facultad otorgada al tribunal superior. 399.

23- Facultad del Apelante. Cuando el apelante considere que el recurso ha sido mal concedido, en cuanto a la forma o efecto, podrá: En la instancia en que interpuso el recurso: Solicitar su modificación al juez que lo concedió, dentro del día siguiente mediante la interposición del respectivo recurso de reposición, debiendo el "a quo" resolver la cuestión sin trámite alguno. En la instancia superior: Solicitar al "a quem" que lo modifique. El hecho de haber efectuado el pedido ante el "a quo" sin que éste lo ita no obsta al nuevo pedido que se puede formular al superior con motivo de la remisión de los autos a su consideración. 24- Facultad del Tribunal: El tribunal superior, de oficio o a petición de parte, puede examinar la forma de concesión de los recursos. 25- Carácter de la resolución que otorga o deniega la apelación: Reviste el carácter de una providencia, porque solo tiende al desarrollo del proceso. Debe dictarse dentro de los 3 días desde la interposición del recurso o inmediatamente si se realizó en audiencia o reviste carácter urgente. 26- Apelación do Condenas rias. Cuando la Sentencia definitiva recaída en proceso de conocimiento ordinario fuero apelada únicamente en lo relativo a condenaciones rias (intereses, daño moral, daño emergente), el recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo". 401. 27- Forma y efecto del recurso. Cuando el objeto del recurso esté referido exclusivamente a la parte de la sentencia definitiva, recaída en proceso de conocimiento ordinario o sumario, relativa a las condenaciones rias por ej: intereses, daños y perjuicios, etc, el recurso de apelación se concederá en relación (en cuanto a su forma) y con efecto suspensivo (referido al cumplimiento de la sentencia).(Art. 401) 28- Costas: Cuando la apelación de la sentencia se refiere a las costas del proceso, el recurso se concede en relación y sin efecto suspensivo en cuanto al principal. 29- Remisión Del Expediente. "El expediente o las actuaciones se remitirán al Tribunal dentro de tercero día de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, mediante constancia y bajo responsabilidad del Secretario. En el caso del Art.399, dicho plazo se contará desde que el Juez dictó Resolución. Si el Tribunal tuviese su asiento en distinta localidad, remitirá fotocopia autenticada del expediente, por correo, dentro del mismo plazo o lo entregará al recurrente bajo recibo para su presentación en la Secretaría respectiva en el plazo que fijé el juez o Tribunal". 402. Plazo el secretario del Juzgado o Tribunal, con su intervención y responsabilidad, tiene a su cargo la remisión del expediente o las actuaciones al superior, dentro de tercero día de concedido el recurso o de formada la pieza separada o de dictada la resolución que modifica la forma de concesión o efecto del recurso, en su caso. Si el Tribunal tuviese su asiento en distinta localidad, el secretario podrá remitir por correo fotocopia autenticada del expediente dentro del mismo plazo señalado precedentemente y entregar el expediente al recurrente, bajo recibo y responsabilidad para que éste lo presente a la secretaría respectiva, en el plazo que fijará el juez o tribunal. Este plazo no puede quedar supeditado a la voluntad de ninguna de las partes, sino de acuerdo al plazo que fije el juez. (Art.402) 30- Procedencia de la apelación ante la Corte Suprema. "El recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia se concederá contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación que revoque o modifique la de primera instancia. En este último caso será materia de recurso sólo lo que hubiere sido objeto de modificación y dentro del límite de lo modificado. Contra las sentencias recaídas en los procesos ejecutivos, posesorios y, en general, en aquellos que iten un juicio posterior, no se da este recurso. Procederá también contra las resoluciones originarias del Tribunal de Apelación que causen gravamen irreparable o decidan incidente". 403.

31- Plazo. Forma. Inisibilidad. El plazo es perentorio e improrrogable, de 5 días para sentencias definitivas y 3 días para las otras resoluciones. La forma de interponer el recurso será: por escrito y verbalmente. El recurso de apelación ante la CSJ NO procede contra las sentencias recaídas en los juicios ejecutivos, posesorios, de menor cuantia y en general en aquellos que iten un juicio posterior: proceso ejecutivo, de ejecución de sentencia, interdictos, mensura, deslinde, etc. Recurso de Nulidad. El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben en las leyes. 404. 1- Concepto: El recurso de nulidad es el medio por el cual el litigante perjudicado impugna la validez de una resolución judicial dictada en violación de las formas señaladas en la ley. El recurso de apelación se encuentra comprendido en el de nulidad, de suerte que si el tribunal de alzada declara la nulidad de una resolución, deberá resolver también sobre el fondo, aún cuando no se hubiere deducido apelación (Art. 406). 3- Objeto: Tiene por objeto reparar los defectos de las resoluciones judiciales que contienen vicios producidos por la inobservancia o apartamiento de las formas o solemnidades que prescriben las leyes. (Error in procedendo) 4- Sistema del código en materia de nulidades. La isibilidad del recurso de nulidad se encuentra limitada a las impugnaciones referidas única y exclusivamente a los vicios procesales que afectan a una resolución judicial en sí misma. Los defectos anteriores a las resoluciones surgidos en el procedimiento deben ser reclamados y subsanados por medio del incidente de nulidad autorizado y establecido para la impugnación de los vicios en las actuaciones judiciales integrantes de autos, debiendo deducirse en la instancia donde el vicio se hubiere producido. Cuando las actuaciones judiciales sean declaradas nulas, quedarán también invalidadas las resoluciones que sean su consecuencia. 5- Procedencia: Las causas en que se debe fundar el recurso de nulidad están limitadas al incumplimiento de los requisitos que condicionan la validez de las resoluciones judiciales, es decir, dictadas con violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes: I- I. resoluciones no fundadas en la Constitución y en las leyes, conforme a la Jerarquía de las formas vigentes y al principio de congruencia II- II- Pronunciamiento sobre cuestiones no planteadas o articuladas extemporáneamente III- III- Omisión del lugar y fecha IV- IV- Falta de firma del Juez o del secretario. Los vicios del procedimiento, deben ser anulados por vía del incidente de nulidad de actuaciones en la misma instancia en que se produjeran. 6- Carácter: En razón de que la declaración de nulidad es siempre de carácter restrictiva requiriéndose la existencia de una irregularidad grave. Trascedente y que cause perjuicio a la parte que lo invoca, la misma. NO procede cuando los vicios invocados son susceptibles de repararse mediante el recurso de apelación. 7- Opción: El error en la designación de las partes o calidades que invisten, o la omisión en el pronunciamiento dan lugar a las vías opcionales del recurso de aclaratoria o el de nulidad. (Ej. Cuando la sentencia no se pronuncia sobre una determinada pretensión, se podrá pedir la aclaratoria o en su caso recurrir de nulidad por incongruente conforme al art. 15 inc. b) del C.). 8- Formas de Interponerlo: La interposición del recurso de nulidad podrá hacerse de las siguientes formas: a) Independientemente (como recurso autónomo, que no necesita la interposición de otro para que proceda); b) Conjuntamente: es decir con el recurso de apelación, y c) Separadamente, del recurso de apelación: es decir en escritos separados 9- Autonomía:

El recurso de nulidad se podrá interponer en forma autónoma, sin que necesaria y obligatoriamente se deba también interponer el recurso de apelación. 10- Recurso de nulidad y da apelación: Sí se interpone el recurso de apelación se considera implícito en él recurso de nulidad. Esto no excluye la carga procesal que tiene el recurrente que fundar el recurso de nulidad, señalando o los defectos de la resolución impugnada para que no se produzca la deserción del mismo. Por eso es de buena práctica fundamentar los recurso de apelación y el de nulidad en forma separada (en el mismo escrito) pero en forma diferenciada. 11- Plazo: Es de 5 días para las SD y de 3 días para las demás resoluciones. 12- Resolución sobre el fondo. "El Tribunal que declare la nulidad de una resolución, resolverá también sobre el fondo, aun cuando no se hubiere deducido apelación". 406. 13- Atribución del tribunal: Se le concede la potestad de declarar la nulidad de la resolución y al mismo tiempo decidir sobre el fondo del asunto, concentrando en un mismo acto el dictado del juicio negativo y el pronunciamiento del juicio positivo. 14- Objeto del recurso de nulidad: Su objeto inmediato es rescindir, casar o anular una sentencia por su forma o contenido o por los actos que le han precedido; su objeto mediato y útil y que lo justifica es obtener que no se violen las garantías de la defensa, que no se produzcan resoluciones injustas. 15- Casos en que es innecesario pronunciarla: Cuando el Tribunal pueda decidir a favor de la parte a quien aprovecha la nulidad no la pronunciará". 407. La norma es una consecuencia de la vigencia de los Principio de economía procesal y de razonabilidad, en cuya virtud el tribunal no pronunciará la nulidad cuando pueda decidir el fondo la cuestión a favor de quien aprovecha la nulidad. Cuando los agravios del recurrente encuentran suficiente satisfacción con la revocación de la sentencia apelada, haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto, no procede declarar su nulidad. 16.- Costas. "En los casos en que se declare la nulidad de una resolución, las costas serán total o parcialmente a cargo del juez, si el vicio le fuera imputable, sin necesidad de petición de parte, salvo que la otra parte se hubiese opuesto a la declaración de nulidad, en cuyo caso cargará con las costas. a) Imposición al juez: Cuando el vicio le fuere, imputable al órgano judicial se aplicarán de oficio al juez o tribunal, quedando librado al arbitrio del superior su imposición total o solo parcial de acuerdo a la gravedad del caso. b) Imposición a la Parte: Cuando la parte contraria se opuso a la declaración de nulidad y esta fue resuelta por la nulidad del fallo, se le imponen las costas de acuerdo con las reglas generales de la materia. Por eso es conveniente evaluar al contestar los agravios de la nulidad, si el fallo adolece de algún vicio insanable que conlleva su nulidad, en tal caso convendría allanarse a la nulidad a fin de evitar la imposición de las costas a nuestra parte. 1 - Acción Autónoma de Nulidad. “Las resoluciones judiciales no hacen cosa juzgada respecto de los terceros a quienes perjudiquen. En caso de indefensión, ellos dispondrán de la acción autónoma de nulidad, cuando la excepción de falsedad de la ejecutora o la de inhabilidad de título fuere insuficiente para reparar los agravios que aquellas resoluciones pudiesen haberles ocasionado”. 409 Concepto: Es aquella acción de la que disponen los terceros perjudicados por las resoluciones judiciales, cuando la excepción de falsedad de la ejecutoria o la de inhabilidad de título no fuesen capaces para reparar los perjuicios sufridos o gravámenes material o moral que la resolución judicial les cause, no haciendo cosa juzgada respecto de ellos. Requisitos: a) Que los accionantes sean terceros perjudicados por resoluciones judiciales; b) Que en el juicio en que se dictó la resolución se hayan hallado en estado de indefensión, y c) Que la excepción de falsedad de la ejecutoria o la de inhabilidad de título no fuesen suficientes para

remediar los agravios que las resoluciones judiciales pudieren haberles causado. El carácter fundamental de la Cosa juzgada es que sea inmutable e irreversible en otro juicio posterior. Se sustenta en la Seguridad Jurídica. Sin seguridad no hay justicia. La cátedra sostiene que las sentencias dictadas que son injustas por provenir de un proceso fraudulento, en el que se han violado las reglas del debido proceso, pueden ser objeto de revisión, aún después de haber quedado firmes, toda vez que el fraude procesal sea demostrado, tanto por aquellos terceros perjudicados, como por alguna de las partes que en definitiva por no haber tenido conocimiento de la existencia de dicho proceso aparezca a su vez como un verdadero tercero ajeno a la tramitación de la litis o juicio, y en el cual haya sobrevenido una sentencia írrita o fraudulenta en su contra. Esto así, por cuanto que es posible que a la parte no interviniente en el proceso se le impida hacer valer los recursos ordinarios (nulidad y apelación en su caso), por haber quedado firme (en forma aparente) la sentencia recaída en el juicio. 2- Cosa Juzgada, seguridad y Justicia La cosa juzgada como cualidad de la sentencia consiste en la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación y no puede ser revisada en otro proceso posterior. Para su validez debe ser el resultado de un proceso válido, es decir, del debido proceso. De la seguridad debe nacer la realización plena de los principios que dan garantía al proceso. Puede darse que un tercero a quien jurídicamente no alcance la sentencia, se vea perjudicado por ella. A ese tercero no, le está permitido apelar las resoluciones dictadas pero el perjuicio es evidente cuando existe, por ejemplo, colusión entre su deudor y supuestos acreedores. En estos casos extraordinarios de dolo, fraude o colusión, corresponde una acción revocatoria autónoma que destruya los efectos de la sentencia que de cosa juzgada solo tienen el nombre. El valor seguridad debe, en ciertos casos, ceder y subordinarse al supremo valor justicia, sin el cual no es posible la paz y la libertad. 3 - Legitimación. La cosa juzgada, en principio, no puede afectar a los terceros que no intervinieron en el proceso. La norma consagra la facultad para que un tercero, que no ha intervenido ni participado en un proceso cuyas consecuencias le son perjudiciales, pueda impugnar mediante la vía procesal, creadora de una nueva instancia, denominada acción autónoma de nulidad, cuando las excepciones de falsedad de la ejecutoria la de inhabilidad de titulo fueren insuficientes para reparar los agravios que las resoluciones judiciales pudieran haberle ocasionado. 4 - isibilidad: En caso de indefensión - que es el presupuesto previsto como requisito de isibilidad por la norma - el tercero no necesita previamente haber opuesto sin éxito las excepciones de falsedad de la ejecutoria o de inhabilidad de titulo. Al no haber sido parte en el proceso difícilmente la sentencia será ejecutada contra él. Siendo así, podrá promover la acción autónoma de nulidad en forma directa y sin otro requisito que justificar su estado de indefensión. 5- Vía Procesal: La vía será el proceso de conocimiento ordinario, cuyas reglas son aplicables en las contiendas judiciales que no tengan establecido un procedimiento especial. 6- Competencia: El Juzgado competente será, por razones de conexidad, aquél en el cual radica el proceso cuya nulidad se pretenda No obstante, la sala civil y comercial de la CSJ ha dispuesto en 1.998 y 1.999, que es competente el juzgado de turno. 7- Pretensiones subsidiarias: La acción podrá ser promovida en forma conjunta con otras pretensiones subordinarías, las cuales serán itidas en el supuesto de que se declare la nulidad reclamada por la demanda principal. 8. Prescribe la acción autónoma de nulidad?: El código nada señala al respecto. A estar por el art. 658 inc. a) del CC., dicha acción sería imprescriptible por cuanto que la norma dispone: “No prescriben: a) la acción de impugnación de los actos nulos…”. (No debe soslayarse que el proceso en general es un conjunto de actos jurídicos procesales, que puede ser calificado de acto nulo). LECCIÓN 15 PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

Facultad del Tribunal para examinar la forma de concesión del recurso: Regla general. Art. 417 – “Facultad para examinar la forma de concesión del recurso: El tribunal superior no se encuentra obligado por la forma en que se hubiere otorgado el recurso y puede, de oficio o a petición de parte, modificarla conforme a derecho”. La norma transcripta consagra la regla procesal vigente en la materia según la cual el tribunal superior no se halla obligado por la forma en que hubiese sido otorgado el recurso por el inferior (Art. 399 C). Siendo así, el superior está facultado, para de oficio o a petición de parte, modificar conforme a derecho, la forma en que fue concedido el recurso. El Tribunal de Apelación, antes de entrar a considerar las pretensiones de los litigantes, debe examinar si el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno; el principio de preclusión procesal es de orden público y no puede ser soslayado, ni ser objeto de conformidad de las partes para dejarlo sin efecto, porque ello conspiraría contra la economía procesal, ya que las causas se eternizarían, lo que iría en desmedro de la istración de Justicia. La providencia que dicta el tribunal (“Autos” o “Exprese agravios el recurrente”) queda firme a los 3 días. El pedido de modificación del recurso se resuelve sin sustanciación.

Casos. Recurso concedido en relación: En este supuesto, cuando el recurrente crea que ha debido otorgársele el recurso libremente podrá solicitar, antes de quedar firma la providencia de autos, que así se declare, fijándose el plazo pertinente para expresar agravios. Recurso otorgado libremente: Antes de quedar firme la providencia que manda expresar agravios, el recurrente que entiende que debió habérsele concedido el recurso en relación solicitará al tribunal que así lo disponga y dicte la providencia “Autos”. Recurso otorgado con efecto suspensivo: Si el recurrente considera que el recurso procede sin efecto suspensivo, podrá pedir que así se declare mandando se devuelvan los autos al inferior a fin de que se cumpla la resolución recurrida y se esté a lo dispuesto en el Art. 400 del C. Recurso otorgado sin efecto suspensivo: En este caso, el recurrente solicitará que el superior disponga la suspensión del cumplimiento de la resolución y se remita al superior el expediente o los testimonios correspondientes, según el caso (Art. 400 C). Pluralidad de apelantes. Art. 418 – “Pluralidad de apelantes: Si distintas partes hubieran apelado de la misma resolución, sus recursos se substanciaran por separado”. Finalidad: El precepto está dirigido a mantener el buen orden de los procesos y lograr la mayor claridad posible en la sustanciación de los recursos ante el superior. Por ello dispone la sustanciación de los recursos por separado en la hipótesis de que fueren varios los apelantes de una misma resolución.

Forma de la fundamentación: Función. Art. 419 - “Forma de fundamentación: El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso”. La fundamentación del recurso debe consistir en una crítica razonada y concreta de los de la fundamentos de la resolución recurrida, exponiendo los motivos por los que considera que la misma es injusta o está viciada y demostrando los errores que incurrió el a-quo, en la apreciación de los hechos y de la prueba y en la

interpretación y aplicación del derecho. Los agravios deben exponerse en forma concreta y suficiente evitando las generalidades y remisiones a otros escritos. Su función consiste en mantener el alcance concreto del recurso y fijar el contenido del reexamen que deberá efectuar el superior. El escrito debe guardar relación y ser proporcionado a la complejidad e importancia del asunto. Debe ser efectivo para demostrar al “a-quen” el error en que incurrió el inferior, sin necesidades de recurrir a expresiones altisonantes y huecas, extensas citas, peroratas e injurias al juez.

Deserción del recurso: La segunda parte de la norma consagra la deserción del recurso, que podrá producirse por: 1. No haberse presentado el escrito de fundamentación en el plazo señalado en la ley, de acuerdo con la forma en que se concedió el recurso: libremente (18 días) o en relación (5 días). 2. No haberse fundado el recurso, en los términos señalados en la primera parte del artículo comentado.

Poderes del Tribunal: Regla general. Art. 420 – “Poderes del Tribunal: El tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113. No obstante, deberá resolver sobre los intereses, daños y perjuicios, u otras cuestiones rias derivadas de las sentencias de primera instancia”. La norma consagra la regla –coherente con la naturaleza jurídica que tiene el recurso en nuestro proceso civilen cuya virtud no constituye un nuevo juicio (novum iudicium), sino un reexamen circunscripto al conocimiento de las cuestiones que fueron oportunamente sometidas a la decisión del inferior y comprendidas en los agravios expresados por el recurrente. En virtud de la apelación se “devuelve” al superior la plenitud de la jurisdicción y este se encuentra frente al proceso en la misma posición que el inferior con los mismos derechos y los mismos deberes. Siendo así, puede examinar la pretensión y la oposición, analizar nuevamente la prueba, itir o rechazar defensas, examinar cuestiones no consideradas por el inferior, y declarar nulidades de oficio, cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva y en los demás casos en que la ley lo prescriba (Art. 113 C).

Alcance y límites de los poderes del Tribunal. 1. El a-quen se halla limitado por el contenido de las cuestiones propuestas por las partes en sus respectivos escritos de demanda y su contestación y eventualmente a los hechos nuevos que pudieron haberse alegados en primera y segunda instancia encuadrados dentro del objeto o la causa de la pretensión. 2. El superior se encuentra circunscripto a aquello que es materia de recurso siendo así no puede exceder los limites que el propio recurrente estableció en el recurso, decidiendo sobre cuestiones que aunque hayan sido resueltas en la instancia anterior en contra del recurrente éste las ha excluido en forma expresa o implícita. 3. El superior se halla facultado por razones de economía procesal para resolver ciertas cuestiones aunque las mismas no hayan sido objeto de pronunciamiento en la instancia superior. i. Cuando al declarar la nulidad de la resolución se pronuncia sobre el fondo del asunto aun cuando no se haya deducido apelación (Art. 406 C). ii. Cuando decide sobre cuestiones rias derivadas de sentencia de primera instancia y comprendidas en los términos de la pretensión y oposición, v.g.: intereses daños y perjuicios. iii. Cuando la resolución omite decidir alguna cuestión oportunamente articuladas por las partes aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicite con motivo de expresar agravios conforme al principio de razonabilidad (Art. 387).

4. El superior no se halla limitado por lo que ha resuelto el inferior en su sentencia. 5. El superior carece de facultad para modificar la resolución en perjuicio del recurrente, agravándose su situación en sentido cualitativo o cuantitativo, salvo que exista el correspondiente recurso interpuesto por la parte contraria. El principio de la reforma en perjuicio es en cierto modo un principio negativo, COUTURE, consistente fundamentalmente en una prohibición, no es posible reformar la sentencia apelada en perjuicio del único apelante. Los aforismos “Tantum apellatum cuantum devolutum” y “reformatio in peius”. El aforismo “Tantum apellatum quantum devolutum”, que reposa en el principio de congruencia, significa que el órgano revisor (Ad quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. Esto es, a decir de Loutayf Ranea, que el tribunal de segunda instancia sólo puede conocer y decidir aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente, en consecuencia, no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso; y más aún, puntualiza Ramos Méndez el Superior no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido objeto del recurso. De acuerdo a estas definiciones, en doctrina se ha establecido tres clases de incongruencia: 1) incongruencia ultra petita, 2) incongruencia extra petita y 3) incongruencia citra petita. La primera surge cuando el Juez concede a la parte más de lo pedido, la segunda incongruencia se da cuando el Juez concede una pretensión diferente a la pedida por la parte y la incongruencia citra petita se produce cuando el Juez deja de pronunciarse sobre alguna o algunas de las pretensiones de la parte. El principio de prohibición de la reformatio in peius implica el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación de la otra parte (el apelado). Este principio, recogido por el Art. 420 del C, prohíbe al Tribunal Ad quem pronunciarse en perjuicio del apelante y a lo sumo se limitará a no amparar su pretensión quedando su situación invariada. Ello se justifica, porque siendo la pretensión impugnativa diferente a la pretensión principal (objeto de la demanda), donde el apelante realiza una actividad para tratar de mejorar su situación frente a un pronunciamiento que le causó agravio, sería ilógico que su propia impugnación altere la decisión en su contra máxime si la otra parte la consintió.

Mayoría e integración. Art. 421 – “Mayoría e Integración: Las resoluciones del tribunal serán pronunciadas por mayoría absoluta de votos, en los casos de impedimentos, excusación, recusación o ausencia, el presidente del tribunal procederá a integrarlo automáticamente en el siguiente orden, presidente, vicepresidente, vocal de la sala que le sigue en el orden de turno. Designado un miembro de la otra sala, no podrá serlo nuevamente, antes que lo fueren los otros del mismo tribunal. Si no pudiere lograrse la integración con del tribunal respectivo, se hará con los del Tribunal de apelación de menores, en lo laboral, o en lo criminal, en ese orden, por el mismo procedimiento. Si aun así no se obtuviere la integración, se nombrará a jueces de primera instancia del mismo fuero, o de los fueros mencionados por orden de turno, y, en su caso, por abogados de conformidad con lo dispuesto por el COJ…”. La norma establece que las resoluciones de los órganos judiciales colegiados deben ser dictadas por mayoría absoluta de votos, entendiéndose por tal aquella que no puede ser superada por la suma total de las demás minorías por reunir más de la mitad del total de los votos. En los supuestos de impedimento, recusación, excusación o ausencia de cualquiera de los integrantes de un tribunal, éste deberá integrarse con el número de jueces necesarios, a cuyo efecto el Artículo transcripto determina la forma y orden en que corresponde proceder. Disidencia y discordia.

Art. 421 – “…En caso de discordia se usará igual procedimiento, previa exclusión por sorteo del miembro del tribunal que será sustituido”. El segundo párrafo de la norma se refiere al caso de discordia, que se produce cuando todos los integrantes del tribunal tienen opiniones distintas, diferentes a las de los otros. Ej. Si son 3 cada uno opina en sentido diferente, consecuentemente habrá 3 opiniones distintas. En esta hipótesis se sortea quien de los integrantes será excluido, procediéndose luego en la forma prevista para la integración del juez substituido. Estudio de los expedientes. Art. 422 – “Estudio de los expedientes. Los del tribunal se instruirán personalmente de los expedientes antes, de celebrar acuerdo para dictar resolución”. La norma impone a cada integrante del órgano judicial colegiado el deber de interiorizarse y estudiar, en forma individual y personal, los expedientes que radican ante sus tribunales a los efectos de poder celebrar el correspondiente acuerdo. Los acuerdos son reuniones privadas en las que los jueces integrantes de un tribunal, una vez instruidos acerca del juicio que corresponde, discuten las cuestiones sometidas a su decisión a fin de dictar resolución. En la realidad ocurre que los votos son emitidos con anterioridad y por escrito a la reunión conjunta.

Forma de las resoluciones: Firma. Art. 423 – “Forma de las resoluciones - Las providencias serán dictadas y firmadas por el presidente del tribunal. Los autos interlocutorios serán dictados por el tribunal y firmados por todos sus . No será necesario que cada uno de ellos exprese su opinión, pudiendo estar redactada la resolución en forma impersonal. La sentencia definitiva será dictada por el tribunal y firmadas por todos sus . Contendrán necesariamente la opinión de cada uno de ellos, o su adhesión a la de otro. La votación de las cuestiones de hecho y de derecho, empezará por la del miembro que resulte del sorteo que al efecto debe practicarse. En caso de disidencia la misma deberá constar en la resolución”. Providencias: Irán firmadas solamente por el Presidente del Tribunal. Autos Interlocutorios y Sentencias Definitivas: Estarán firmadas por todos los del Tribunal.

Contenido: Las sentencias definitivas de segunda y tercera instancia deberán contener, en lo pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el Art. 159 del C (Art. 160 C). Providencias: Serán dictadas por el Presidente del Tribunal. Autos interlocutorios: Serán dictados por el Tribunal. No es necesario que cada uno de los exprese su opinión y pueden estar redactadas de manera impersonal. Sentencias: Las dictará el tribunal y contendrán necesariamente la opinión fundada de cada uno de sus integrantes o su adhesión a la opinión de otro juez. Se requiere el voto individual de cada juez que integra el tribunal, quien debe emitir su opinión fundada acerca de las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a su decisión. Redacción de un Acuerdo y Sentencia.

PROCEDIMIENTO EN LA APELACIÓN CONCEDIDA “LIBREMENTE” Expresión de agravios. Art. 424 – “Expresión de agravios: Cuando el recurso se hubiere concedido libremente, en el mismo día en que

los autos llegaren al tribunal, el secretario dará cuenta de ello al presidente y este ordenará que el recurrente exprese agravios dentro de 18 días. Del escrito de expresión de agravios se dará traslado por igual plazo al apelado”. Notificación: La providencia se notificara por cédula (Art. 133 inc. “k”) y el escrito de expresión de agravios debe presentarse dentro de 18 días contados desde el día siguiente al de la notificación respectiva.

Plazo: El plazo es individual si fuesen varios los recurrentes corre en forma independiente para cada uno de ellos, la misma regla se aplica para el caso del litisconsorcio.

Traslado: Del escrito de expresión de agravios presentado por el apelante se dará traslado al apelado a cuyo efecto aquel deberá acompañar las copias correspondientes (Art. 107 C). La providencia que ordena el traslado se notifica por cédula y el apelado tiene 18 días para contestar.

Deserción del recurso: Casos en que procede. Art. 425 – “Deserción del recurso: Si el recurrente no expresare agravios en el plazo establecido, la resolución impugnada quedará firme para él, sin necesidad de petición ni declaración judicial alguna, debiendo ordenar de oficio el tribunal, la devolución del expediente a primera instancia”. La deserción del recurso se produce, de acuerdo al precepto, cuando el recurrente no presenta el escrito de expresión de agravios dentro del plazo de 18 días contados desde el día siguiente a aquél en que fue notificado de la providencia que lo ordenaba. Efecto: Producida la deserción la resolución impugnada queda firme adquiriendo autoridad de cosa juzgada para el apelante, en forma automática “ministerio legis”. Siendo así, el expediente de oficio debe devolverse a la instancia anterior, si se trata de un solo apelante.

Falta de contestación de la expresión de agravios. Art. 426 – “Falta de contestación de la expresión de agravios: Si el recurrido no contestare el escrito de agravios dentro del plazo señalado, no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá se curso”. El recurrido debe contestar el traslado de la expresión de agravios presentada por el recurrente dentro del plazo de 18 días de haber sido notificado de la providencia respectiva. Si el recurrido no lo contesta, no podrá hacerlo en adelante y la instancia seguirá su curso, en razón de que el plazo es perentorio. El decaimiento del derecho que dejó de ejercer el recurrido se produce de pleno derecho sin necesidad de petición ni substanciación alguna.

Llamamiento de Autos para Sentencia. Art. 427 – “Llamamiento de autos para sentencia: Presentados los escritos de expresión de agravios y su contestación, o vencido el plazo para está, se llamará autos para sentencia”. Una vez substanciada la causa con la presentación de los escritos respectivos de expresión de agravios y su contestación, en los plazos fijados por la ley o vencidos que fueran, en su caso, el Tribunal llamará autos para sentencia. La providencia de autos para sentencia se notificará por automática los días señalados por la ley.

Medida para mejor proveer: Desde el llamamiento de autos queda cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni producirse pruebas, salvo las que el Tribunal dispusiere para “mejor proveer” en uso de sus facultades instructorias (Art. 383 C). Sentencia – plazo: El tribunal deberá dictar sentencia dentro del plazo de 60 días fijados en la ley (Art. 162, inc. “c” C), la cual deberá notificarse de oficio dentro de tercero día (Art. 385 C). Tratándose de juicios sumarios el plazo para sentenciar será de 30 días.

Agregación de documentos: Art. 428 – “Agregación de documentos: Con los escritos mencionados, o a más tardar antes de notificarse la providencia de autos, podrán las partes presentar documentos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. De los que el apelado presente, se dará traslado a la contraría, por el plazo de cinco días”.

Oportunidad: 1. Con los respectivos escritos de expresión de agravios y su contestación. Acompañando las respectivas copias (Art. 107 C). 2. Antes de notificarse la providencia de autos. Después de contestada la expresión de agravios podrán hacerlo el apelante y el apelado, con sus copias, debiendo darse traslado de los presentados por el apelado a la parte contraria por el plazo de 5 días.

Clases de documentos. 1. Documentos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia: Los cuales deberán acompañarse con los escritos de expresión de agravios y su contestación, porque el interesado ya tenía conocimiento de ellos. 2. Documentos de fecha anterior: Si afirma el presentante no haber tenido antes conocimiento de ellos.

Traslado: El mismo se cumple con el propósito de que la contraparte reconozca o niegue la autenticidad de los documentos o presente documentos de descargo o formule lo que considere pertinente para enervar su eficacia o indicar su impertinencia o improcedencia. La providencia que ordena el traslado de los documentos se notifica en forma automática, salvo que el tribunal disponga su notificación por cédula.

Absolución de posiciones. Art. 429 – “Absolución de posiciones: Las partes podrán pedir absolución de posiciones sobre hechos que no hubieren sido objeto de esa prueba en la instancia inferior, en la oportunidad de presentar sus respectivos escritos de expresión de agravios o su contestación. Para ello no será necesario que se abra la causa a prueba”. La prueba deberá versar exclusivamente sobre hechos que no hubieren sido objeto de esta prueba en la instancia inferior y para su diligenciamiento no es preciso que se abra la causa a prueba.

Ofrecimiento: Cada parte puede solicitar que su contraria absuelva posiciones en oportunidad de presentar sus respectivos escritos de expresión de agravios y su contestación.

Producción y contenido: La prueba sólo podrá producirse una sola vez en segunda instancia (Art. 278 C). Deberá versar exclusivamente sobre hechos que no hubieron sido objeto de prueba en la instancia inferior y para su diligenciamiento no es preciso que se abra la causa a prueba.

Reglas: En relación a la prueba de absolución de posiciones se aplica las mismas reglas prescriptas en los Arts. 276 y sgtes. del C para la primera instancia.

Apertura de la causa a prueba - Casos en que procede: Art. 430 – “Apertura de la causa a prueba. En los escritos de expresión de agravios y su contestación podrán pedir las partes que se abra la causa a prueba, en los siguientes casos: 1. si se alegare algún hecho nuevo conducente al pleito, que hubiese ocurrido o llegado a conocimiento de las partes después de la oportunidad prevista en el Art. 250; (después de seis días de notificada la providencia de apertura a prueba); 2. si por motivos no imputables al solicitante, no se hubiera practicado en primera instancia la prueba por él ofrecida”. Hechos nuevos: cuando se alegue algún hecho nuevo conducente al pleito que no haya sido conocido o se haya producido después de la contestación de la demanda o reconvención, y siempre que no haya podido se aducido dentro de los seis días posteriores a la apertura a prueba. Dice Alsina que no debe confundirse hecho nuevo con la causa nueva; el primero sirve para probar el derecho en tanto que la segunda constituye el fundamento de una pretensión y podrá en todo caso autorizar una nueva demanda, que debe promoverse por separado. Prueba no practicada en primera instancia: las pruebas ofrecidas oportunamente que no haya sido posible su diligenciamiento por motivos no imputables al interesado en su realización. La razón de la norma se encuentra en tratar de evitar un perjuicio a quien no tiene la culpa. El declarado rebelde que hubiera comparecido en juicio después de vencido el plazo para el ofrecimiento de prueba y haya recurrido la sentencia de primera instancia, está facultado para solicitar la apertura a prueba en segunda instancia, siempre que concurran las condiciones establecidas para ello. El mismo derecho les asiste a los causantes citados de evicción.

Medios probatorios y sus formalidades: Disposiciones aplicables. Art. 431 – “Medios probatorios y sus formalidades: El plazo de prueba no podrá exceder de 20 días. En cuanto a los medios probatorios, formalidades con que han de recibirse, alegatos y conclusión de la causa, regirán las mismas disposiciones establecidas para la primera instancia, con las modificaciones siguientes: a. en todos los actos de prueba que deban practicarse ante el tribunal, llevará la palabra el Presidente, pero los demás podrán tener la intervención que estimen oportuna; y b. cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la sede del tribunal, se procederá en la forma dispuesta en el art. 153 inciso a)”.

Recusación: Las partes podrán hacer también uso del derecho de recusar con expresión o sin expresión de causa.

Plazo probatorio: El plazo de prueba no podrá exceder de 20 días y en todos los actos de prueba que se practiquen ante el tribunal llevará la palabra el presidente pudiendo intervenir los demás integrantes cuando lo creyeren oportuno. Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practicarse fuera de la sede del tribunal se llevará a cabo con la asistencia del Presidente del mismo o del miembro que el designe.

PROCEDIMIENTO EN LA APELACIÓN CONCEDIDA “EN RELACIÓN” Llamamiento de Autos. Art. 432 – “Llamamiento de autos: Cuando el recurso se hubiera concedido en relación, se llamará a autos inmediatamente, pasando el expediente a la secretaría. No podrán alegarse hechos nuevos, agregarse documentos, pedirse absolución de posiciones, ni abrirse la causa a prueba, debiendo el tribunal para fallar, tener en cuenta únicamente las actuaciones producidas en primera instancia, salvo lo dispuesto en el artículo 18”. Cuando el recurso fuere concedido en relación el Presidente del Tribunal deberá dictar la providencia de “Autos”, la cual se notificara por cédula.

Substanciación: El procedimiento en segunda instancia en esta hipótesis, es mucho más sencillo que cuando el recurso se otorga libremente, porque no se pueden alegar hechos nuevos, ni agregarse documentos, ni pedirse absolución de posiciones, ni abrirse la causa a prueba. El Tribunal deberá dictar resolución teniendo en cuenta únicamente las actuaciones producidas en primera instancia, salvo que considere necesario ordenar “medidas para mejor proveer” en uso de sus facultades que le concede el Art. 18 del C.

Expresión de agravios: Art 433 – “Expresión de agravios: Dentro de cinco días de notificada la providencia de autos, el apelante deberá presentar un escrito sintetizando los fundamentos del recurso. Si no lo hiciere, declarado desierto éste, la resolución apelada quedará firme y se ordenará la devolución de los autos. Del escrito de fundamentación se dará traslado a la otra parte por el plazo de cinco días”.

Plazo: El recurrente dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente de que fuera notificado por cédula de la providencia de Autos, deberá presentar su escrito de fundamentación del recurso interpuesto.

Contenido: El escrito de expresión de agravios deberá contener un análisis razonado, con una exposición de los motivos que se alegan para considerar la resolución injusta o viciada (Art. 419 C).

Traslado: Del escrito que contenga la fundamentación de la expresión de agravios se corre traslado al recurrido, para que la conteste. La notificación de la providencia que confirió el traslado se notifica por cédula (Art. 133, inc. “k” C), debiendo acompañar la copia correspondiente del escrito mencionado (Art. 107 C).

Deserción del recurso: El plazo para la presentación del escrito es perentorio por lo que si no se presenta la expresión de agravios se declarará desierto el recurso y la resolución apelada quedará firme para el apelante, debiendo ordenarse la devolución de los autos a la instancia inferior, si sólo él hubiere recurrido (Art. 425 C).

Recusación: Es procedente la recusación con expresión o sin expresión de cualquiera de los del tribunal.

Falta de contestación. Art. 434 – “Falta de contestación: Si el recurrido no contestare el traslado dentro del plazo señalado, seguirá su curso la instancia”.

Plazo: El recurrido dentro del perentorio e improrrogable plazo de 5 días deberá contestar el traslado corrídole.

Efecto: Si no contesta el traslado en el plazo señalado no podrá hacerlo después y la instancia seguirá su curso, de acuerdo con la regla de perentoriedad de los plazos procesales para las partes establecida en el Art. 145 del C y el Principio de preclusión.

PROCEDIMIENTO EN TERCERA INSTANCIA Art. 435 – “Remisión: Son aplicables al procedimiento de tercera instancia, las disposiciones del Capítulo I, Sección I, de este Título”. Art. 436 – “Constitución de domicilio: Si el tribunal cuya resolución es impugnada, fuere de alguna de las circunscripciones judiciales del interior, el recurrente deberá constituir domicilio en la capital en el acto de recurrir, y la otra parte dentro del quinto día de concedido el recurso. La parte que no cumpliere con lo impuesto por este artículo quedará notificada por ministerio de ley”.

Expresión de agravios. Art. 437 – “Expresión de agravios: Cuando la Corte Suprema de Justicia conociere en grado de apelación, recibido el expediente, se dictará la providencia de autos. En ningún caso se itirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos. Dentro de nueve días de notificada la providencia de autos, si se tratare de sentencia definitiva, y de cinco días, si fuese auto interlocutorio, el apelante deberá presentar un escrito sintetizando los fundamentos del recurso. Si no lo hiciere, la resolución quedará firme para él y, declarado desierto el recurso, se ordenará la devolución de los autos. Del escrito de fundamentación se dará traslado a la otra parte por el mismo plazo de nueve o cinco días, según el caso”.

El recurrente debe presentar un escrito, denominado memorial, que contengan los motivos y fundamentos que sirven para que la corte pueda rectificar los errores en que incurrió el a-quo. El plazo para la presentación de ese memorial dependerá de: 1.- Si es una S.D. nueve días. 2.- Si se trata de un A.I. cinco días. Del escrito de fundamentación del recurso que deberá ser presentado con su copia, se corre traslado al apelado para que lo conteste dentro del respectivo plazo, de nuevo cinco días según se trate.

Llamamiento de Autos: Recibido el expediente en grado de apelación, la Corte dictará la providencia de autos, resolución que significa que en ningún caso se itirá la apertura a prueba en esa instancia, como tampoco la alegación de hechos nuevos. Con dicha providencia se manifiesta y notifica que agregados los escritos de fundamentación del recurso y de contestación del recurrido, el expediente se pone al despacho para dictar la respectiva resolución. Notificación: La providencia “autos” se notifica por cédula.

Memorial: El recurrente debe presentar un escrito, denominado memorial, que contenga los motivos y fundamentos que sirvan para que la Corte pueda rectificar los errores en que incurrió el inferior.

Plazo: El plazo para la presentación del memorial dependerá: 1. Si es una sentencia definitiva: Nueve días. 2. Si se trata de un auto interlocutorio: Cinco días.

Traslado: Del escrito de fundamentación del recurso, que deberá ser presentado con su copia (Art. 107 C), se corre traslado al apelado para que lo conteste dentro del respectivo plazo de 9 o 5 días, según se trate de sentencia definitiva o auto interlocutorio.

Deserción del recurso: Si el recurrente no presentare el escrito fundando el recurso dentro del plazo legal, se declarará desierto, quedando firme la resolución para el recurrente la resolución. La Corte, seguidamente, ordenará la devolución de los autos si sólo él hubiere apelado.

Falta de contestación. Art. 438 – “Falta de contestación: Si el recurrido no contestare el traslado dentro del plazo señalado, seguirá su curso la instancia”. La providencia que ordena el traslado del memorial se notifica por cédula. La contestación del traslado del memorial habrá de producirse dentro de 9 días, si se trata de sentencia definitiva, o de 5 días, si fuese auto interlocutorio.

Efecto: Si no lo contesta en el plazo señalado no lo podrá hacer después porque el mismo es perentorio (Art. 145 C) y la instancia seguirá su curso, conforme al Principio de preclusión. LECCION 16 PROCESO DE EJECUCIÓN. GENERALIDADES. Las sentencias, en general, son declarativas de derechos, no obstante su eficacia puede variar de acuerdo con el contenido de esa declaración. A veces, la declaración es suficiente para satisfacer el interés de la parte sin que sea necesaria ninguna actividad posterior, v.g las sentencias meramente declarativas. Otras veces como ocurre en las sentencias constitutivas, la nueva situación jurídica que de ellas surge, produce sus efectos hacia el futuro, siendo meramente declarativas con respecto al pasado. Siendo así, las sentencias declarativas y las constitutivas, no son susceptibles de ejecución, en razón de que la parte vencida nada debe hacer o dar en favor de la parte vencedora, salvo las costas en el supuesto de que hayan sido impuestas. Las sentencia de condena por su parte, imponen una obligación a cargo del vencido, sin cuyo cumplimiento no queda satisfecho el interés del actor. Consiguientemente, si el vencido no cumpla voluntariamente la prestación impuesta en la sentencia, el vencedor tiene la facultad de volver a requerir la intervención del Estado para obtener la satisfacción de su interés. Por ello cuando el proceso de conocimiento resulta insuficiente para el restablecimiento del orden jurídico, el Estado pone a disposición del vencedor un procedimiento sumario, y subsidiariamente, el auxilio de la fuerza pública. En el proceso de conocimiento el juez declara el derecho mediante una sentencia en juicio contradictorio; el de ejecución hace efectiva la sanción contenida en la norma; en el primero desarrolla una actividad puramente lógica, en tanto que en el segundo ejercita una función ejecutiva.

CONCEPTO El proceso de ejecución es un proceso autónomo que tiene sus propios principios y normas, de acuerdo con su contenido especifico Es un medio para la realización del derecho, con carácter definitivo en la ejecución de la sentencia, y con carácter provisional en la ejecución de los títulos extrajudiciales. Siendo así, el proceso de ejecución es la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional, a instancia del acreedor, para el cumplimiento de la obligación declarada en la sentencia de condena u obrante en un instrumento auténtico o debidamente autenticado, en las casos en que el obligado no la satisface voluntariamente. SISTEMA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Conforme al sistema seguido por nuestro C.P.C., el proceso de ejecución puede basarse en: a) Un titulo ejecutivo judicial: que es el que resulta de una declaración contenida en una sentencia

condenatoria. b) un titulo ejecutivo extrajudicial: que surge de un instrumento (convencional o istrativo), en virtud de cual persona adeude una obligación exigible. Cuando la obligación a cargo del deudor se halla reconocida por éste en un instrumento auténtico o declarado auténtico por el órgano judicial, la ley le atribuye provisionalmente los efectos de una sentencia judicial en razón de que, el reconocimiento se presume realizado en condiciones legales por lo que no es necesaria la declaración judicial, permitiéndose, en consecuencia, la ejecución forzada. Cualquiera sea el origen judicial o extrajudicial del título que se ejecuta, no procede oponer excepciones relacionadas con la legitimidad de la causa de la obligación, permitiendo al deudor demostrar en otro juicio la inexistencia de la misma. JUICIO EJECUTIVO. CONCEPTO Es el que se promueve fundado en un titulo que trae aparejada la ejecución con el objeto de satisfacer el interés de un acreedor de una suma de dinero liquida y exigible. El documento que sirve de base para promover el juicio, debe contener una obligación de origen extrajudicial, que puede ser convencional o istrativo. CARACTERES: 1.- Es un proceso especial, con carácter sumario y defensas limitadas, en el que la sentencia que se dicta solo tiene eficacia de cosa juzgada formal. 2.- Tiene por objeto la ejecución de un crédito que la ley presume existente, en razón de las características particulares del documento en que se basa la pretensión del actor. 3.- En el juicio ejecutivo, no se persigue la declaración de la existencia o inexistencia de un derecho substancia. 4.- El juicio ejecutivo, tal como se encuentra legislado en el C, no constituye una ejecución pura, en razón de que tiene una etapa de conocimiento en la que el deudor puede atacar la ineficacia del titulo mediante la oposición de excepciones itidas por la ley. ESTRUCTURA: Se estructura básicamente en tres etapas: a) La preparación de la ejecución, la intimación y el embargo, en su caso. Esta etapa comienza con la preparación de la vía ejecutiva, cuando se ejecuta un título que necesita ser completado. El juez comprueba el cumplimento de los extremos necesarios para disponer la intimación de pago, y, en su caso, el embargo de sus bienes El deudor podrá, en este periodo, cuestionar la cantidad o el monto de lo embargado. b) La citación al deudor para oponer excepciones, la oposición de las mismas, la prueba y la sentencia: en esta etapa comienza el juicio ejecutivo propiamente dicho, en razón de que el ejecutado interviene directamente en el a partir de la citación para oponer excepciones. El juez procede con conocimiento sumario y su sentencia no hace cosa juzgada material solo formal, en consecuencia, puede reverse en un proceso de conocimiento ordinario por cualesquiera de las partes. e) El cumplimiento de la sentencia: en esta última etapa se procede al cumplimiento de lo resuelto, siguiéndose el procedimiento que corresponde de acuerdo con la naturaleza de los bienes embargados (muebles o inmuebles), a fin de que el acreedor se haga cobro con el producto de la subasta de los mismos. FUNDAMENTO DE LA BREVEDAD. El carácter especial de este proceso deriva de la circunstancia de hallarse sometido a trámites específicos, distintos a los del proceso ordinario. Su sumariedad está dada por la circunstancia de que, en tanto el conocimiento del juez debe eventualmente circunscribirse al examen de un número limitado de defensas, el juicio ejecutivo carece de aptitud para el examen y solución total del conflicto, y la sentencia que en él se dicta sólo produce, en principio, eficacia de cosa juzgada en sentido formal. Y es, finalmente, un proceso de ejecución por cuanto: a) su objeto no consiste en obtener un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en lograr la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba. b) a diferencia de lo que ocurre, en general, con las pretensiones de conocimiento, el efecto inmediato de la

pretensión ejecutiva consiste en un acto conminatorio (intimación de pago) y en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor (embargo).

PROCEDENCIA. Art. 439: "Podrá procederse ejecutiva mente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se demanda por obligación exigible de dar cantidad liquida de dinero. Requisitos Los requisitos a los que se halla subordinada la posibilidad de utilizar la vía del juicio ejecutivo y que debe inexcusablemente reunir un título para que traiga aparejada ejecución, vale decir para constituir un título ejecutivo, son: I- Obligación exigible: supone, a su vez, la concurrencia de dos requisitos: a) Plazo vencido: la obligaciones que carecen de fecha de vencimiento no son exigibles y, por consiguiente, no dan lugar a la acción ejecutiva, salvo lo dispuesto en el CC para la letra de cambio art. 1299 CC y el pagaré a la orden art. 1536 CC. b) Obligación no sujeta a condición: la condición puede ser suspensiva o resultaría. En la primera, mientras no se cumpla la condición la obligación no es exigible. En la segunda, una vez cumplida la condición, la obligación se considera como si nunca ha existido. II- Cantidad líquida de dinero: hay cantidad líquida cuando lo que se debe esta expresado en el título. La cantidad es liquida cuando no es posible determinar su monto sin una previa liquidación. La obligación debe ser de dar suma de dinero De allí que el contenido no se extiende a obligaciones de dar cosas, valores o incluso otorgar escritura publica. La ausencia de cualesquiera de las condiciones mencionadas obligación de dar suma de dinero, liquida y exigible, hace inhábil el título ejecutivo. Requisitos Generales: Obviamente, para promover la acción ejecutiva deben concurrir también los requisito necesarios para la constitución de la relación procesal válida: a) Capacidad de las partes; b) competencia del juez; c) las formalidades prescriptas para la demanda. Legitimación Procesal: La legitimación procesal en el juicio ejecutivo debe resultar del titulo ejecutivo. La ejecución sólo puede iniciarse por el titular de la acción (legitimatio ad causam activa) y contra el deudor de la misma (legitimatio ad causam pasiva). Del título mismo deben surgir, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación, o de quienes los representen aunque otros sean los verdaderos titulares de la relación jurídica, por que tal circunstancia, no se puede alegar en el juicio ejecutivo, sino en el procedimiento de conocimiento ordinario posterior. Opción por el proceso de conocimiento. Art. 440: "En los casos que por este Código correspondiere el proceso de ejecución, el actor podrá optar por el de conocimiento ordinario" El motivo del mismo es que no se lesiona el interés público ni se viola la defensa en juicio, y la ventaja radica en que en el proceso ordinario la defensa puede ser más ampliamente ejercida en razón de las mayores posibilidades que en él existen para alegar y probar. Deuda parcialmente líquida: Art. 441: Si del título ejecutivo resultare una deuda de cantidad líquida y otra que fuere ilíquida oidrá procederse ejecutivamente respecto de la primera. Deuda Líquida: Existe deuda de cantidad líquida cuando el monto de la obligación se encuentre expresado en el título de la obligación. Cuando de acuerdo con las constancias del documento mismo, el monto de la obligación puede ser fijado fácilmente, mediante una sencilla operación aritmética. Deuda ilíquida: Es ilíquida cuando de las constancias del documento no es posible establecer su monto sin que previamente

se efectúe una liquidación. Deuda parcialmente líquida: Cuando el actor posea un título ejecutivo en el que conste una deuda en parte liquida y en parte ilíquida, podrá ejecutar la cantidad líquida, sin esperar a que se liquide la otra. Inapelabilidad. Art. 442: “Serán inapelables las resoluciones que recayeren en el juicio ejecutivo, desde su preparación hasta su terminación, salvo la sentencia de remate, y el auto que decide sobre la liquidación". Resoluciones apelables. La norma no comprende a aquellas que causan gravamen irreparable, es decir las que no pueden ser reparadas en el juicio ordinario posterior o que resuelven una cuestión ajena al trámite del juicio ejecutivo. Son apelables, en general, las providencias cautelares porque la misma, dado su peculiar carácter se hallan reguladas por un régimen propio de apelabilidad. También cuando la medida cautelar haya sido decretada sin haberse cumplido con los presupuestos genérico necesarios para su otorgamiento, así como la relación que sea consecuencia de un incidente de modificación de una medida cautelar. TITULO EJECUTIVO. Concepto El título ejecutivo consiste en la calidad o carácter que la ley le atribuye a determinados documentos en los que consta una obligación que permite al acreedor ejercer su derecho por vía ejecutiva. Constituye un presupuesto del juicio ejecutivo la existencia de un titulo ejecutivo que reúna los requisitos que por la ley son necesarios para tener fuerza ejecutiva. La fuerza ejecutiva del título puede prevenir de: 1) la ley. 2) la voluntad de los contratantes: siempre que la ley no lo prohíba, no implique desnaturalizar el juicio ejecutivo y reúna las condiciones previstas en la ley para que traiga aparejada ejecución. TÍTULOS COMPLETOS: Los títulos que traen aparejada ejecución, de conformidad con el artículo 439, son los siguientes: el instrumento Público; el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviere autenticada por escribano con intervención del obligado y registrada en el libro respectivo; el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles; la confesión de deuda liquida y exigible prestada ante juez competente; la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido para la preparación de la acción ejecutiva; la letra de cambio, factura informada, vale o pagaré y el cheque rechazado por el Banco girado, protestados" de conformidad con la ley, cuando correspondiere, o, en su defecto, reconocidos en juicio; la póliza de fletamento, el conocimiento, carta de porte o documento análogo, y, en su caso, el recibo de las mercaderías a embarque; los demás títulos que tengan por las leyes fuerza ejecutiva, y a los cuales no se haya señalado un procedimiento especial. los Créditos por expensas comunes. Son estos los títulos completos, suficientes por si mismos para proceder ejecutivamente. TÍTULOS QUE REQUIEREN SER COMPLETADOS Existen también los que requieren ser completados mediante el cumplimiento de formalidades previas, sin las cuales no adquieren el carácter de titulas ejecutivos. Preparación de la Acción Ejecutiva Frente a los títulos denominados completos existen otros que requieren ser completados mediante el cumplimiento de formalidades previas sin las cuales no adquieren el carácter de títulos ejecutivos. A este tipo de documentos se refiere precisamente la preparación de la acción ejecutiva. Art. 443: Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente. a) que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traen aparejada ejecución; b) que en caso de cobro de alquileres o arrendamientos el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negare ser inquilino y su condición de tal no pudiere justificarse en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva; Pero si en el proceso de conocimiento ordinario se probara el carácter de tal, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, no inferior al treinta por ciento del monto de la deuda; c) que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacer el pago, si el acto constitutivo de la obligación no lo designare. El juez dará traslado y resolverá sin más trámite, atendiendo a las circunstancias del caso, d) que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la obligación fuere condicional;

e) que el presunto deudor reconozca hallarse cumplido las obligaciones pactadas en su favor, cuando el título consistiere en un contrato bilateral, f) que, en caso de cobro de sueldos no comprendidos en la legislación laboral, el empleador reconozca facilidad de empleado del actor, tiempo do servicios prestados por éste, el sueldo convenido y exhiba el último recibo. Reconocimiento de documentos privados: Se debe reconocer: la firma atribuida al deudor, con lo que queda reconocido el instrumento. La obligación que se atribuye al deudor, que se produce cuando se cita directamente al deudor para que reconozca la obligación aunque él no haya sido el que suscribió el documento. El reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del documento. Su fuerza ejecutiva se encuentra subordinada al reconocimiento de la firma. Lo cual se obtiene mediante las diligencias preparatorias, o a la certificación de aquélla, hecha por escribano, siempre que se haya efectuado con intervención del obligado y que la certificación esté registrada en el protocolo. Cobro de alquileres o arrendamientos: Tratándose de un crédito proveniente de alquileres o arrendamientos, para preparar la vía ejecutiva es necesario acreditar: La existencia del contrato: sí consta en instrumento público o privado con la correspondiente certificación notarial, bastará que se lo acompañe su consta en instrumento privado sin certificación notarial, se debe solicitar su reconocimiento. La citación se hará con el doble propósito de que manifieste su carácter de locatario o arrendatario y exhiba el último recibo. El monto adeudado: para lo cual se exigirá que se exhiba el último recibo. Si el intimando no lo presenta se procederá a la ejecución por el importe que el acreedor haya solicitado, siempre que se haya justificado la calidad de locatario o arrendatario. La competencia: es competente el Juez del lugar donde se halle situado el mueble o inmueble. La competencia por razón de la cuantía se determina por el monto de la demanda. Fiador: si éste es el principal pagador Es decir, solidario, debe citarse previamente al locatario o arrendatario para que manifieste si lo es o no y exhiba el último recibo para acreditar el monto de la deuda, a fin de poder ejecutarse al fiador. Obligación sin plazo: Una de las condiciones inexcusables para que pueda procederse ejecutivamente es que el plazo de la obligación se halle vencido, por lo que si esta carece de plazo deberá ser fijada por el juez. Se dará traslado al deudor quien debe contestar en el plazo de 5 días resolviendo luego el Juez sin más tramites. La obligación debe constar en un titulo ejecutivo. Si no lo fuere, la solicitud de fijación de plazo debe tramitarse por juicio sumario. Obligación condicional: Constituye un presupuesto de la acción ejecutiva que la obligación no se halle sujeta a condición. Corresponde en ésta hipótesis citar al demandado para que comparezca, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia o falta de respuesta categórica se tendrá por reconocido el cumplimiento de la condición. Si el compareciente negare que se haya cumplido la condición, el acreedor podrá hacer valer su derecho en el proceso ordinario. Contrato Bilateral. Es el que engendra obligaciones recíprocas. Ej.: compraventa, permuta, locación. En esta clase de contrato una de las partes puede exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la otra, si ella justifica haber cumplido la suya u ofreciere cumplir1a. El actor debe solicitar que se cite al presunto deudor a que comparezca a reconocer el cumplimiento por el actor de las obligaciones pactadas a su favor. Si el citado niega que el actor ha cumplido las obligaciones a su cargo, no procederá la vía ejecutiva. En este caso el acreedor podrá promover el correspondiente proceso ordinario, en el cual deberá justificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, caso contrario el demandado podrá oponerlas, denominadas “exceptio non adimpleti contractus”. Si el citado negare maliciosamente el cumplimento de las obligaciones pactadas a su favor y, posteriormente, en el proceso ordinario, se justificase su cumplimiento corresponde que sea considerado litigante de mala fe, siendo pasible de sanciones previstas en la ley. Sueldos. Deben ser sueldos no comprendidos en la legislación laboral, en razón de que ésta prevé el fuero laboral. Se

refiere a casos de prestación de servicios en los que no se de al condición de subordinación jurídica, en razón de que el empleado no se halla bajo la dependencia del empleador ni cumple horario de trabajo. El actor debe solicitar al Juez que el empleador sea citado para que reconozca: a).- la calidad de empleado del actor; b).- el tiempo de servicios prestados por el actor alas órdenes del empleador; c).- el sueldo o remuneración convenida; d).- la exhibición del último recibo En caso de negativa del citado, el juicio ejecutivo no podrá Iniciarse. Pero el actor podrá iniciar el correspondiente proceso ordinario. FORMA DE LA CITACIÓN. Art. 444: El deudor será citado para el acto del reconocimiento del documento, o para la confesión de los hechos preparatorios de la vía ejecutiva, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso. Si no compareciere ni excusa re su incomparecencia con justa causa, o si compareciendo se negare a declarar o no contestare categóricamente, se hará efectivo el apercibimiento, sin perjuicio de las excepciones que pudieren oponerse en su oportunidad. En el caso del inciso a) del artículo anterior, si la demanda se dirige contra los herederos, éstos podrán limitarse a declarar que ignoran la firma y tratándose del inciso b) que no tienen conocimiento de los hechos, a menos que se trate de fincas ocupadas por ellos mismos. Notificación. Por cédula: la citación será notificadas por cédula en el domicilio real del accionado si se halla dentro de la jurisdicción del juzgado. Deberá cumplirse con las exigencias previstas para el traslado de la demanda, acompañándose copias de la presentación y de los documentos. No es válida la notificación que se realiza en el domicilio especial constituido en Instrumento privado, sin perjuicio de que una vez reconocido el documento o declarado reconocido judicialmente, las notificaciones posteriores se efectúen en el domicilio especial establecido en el mismo. Notificación por edictos. Es isible en el supuesto de desconocerse el domicilio real del accionante. Oficio o exhorto: si el accionado se halla domiciliado fuera de la jurisdicción del juzgado paro dentro de la república, será por oficio, si es fuera de la república será por exhorto. Citación. Debe efectuarse bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia injustificada se tendrá por reconocida la firma o la obligación, en su caso. La comparecencia es un acto personal del accionado, debiendo concurrir personalmente al juzgado. Si es una sociedad se acreditará la representación legal de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, sean o no los comparecientes los que suscribieron el documento. La citación puede hacerse de 2 modos: a).- Fijando un plazo: de ordinario de 3 días para que accionado concurra dentro de él a reconocer o negar la firma o la obligación que se le atribuye o a confesar o negar los hechos, en su caso. b).- Señalando una audiencia para que en el día y hora señalados comparezca el accionado. Efectos de la incomparecencia. Si el citado no comparece o no excusa su incomparecencia con justa causa, o si comparece y se niega a declarar, o no contesta categóricamente como consecuencia del apercibimiento decretado y hecho efectivo, quedará reconocido el documento o los hechos confesados, y preparada la vía ejecutiva. Citación a los sucesores. En el caso de ser citados los sucesores del causante a titulo universal o singular, éstos podrán limitarse a manifestar que ignoran si la firma, letra o contenido atribuidos al causante son o no auténticos. Si se trata de locatarios, podrán manifestar que desconocen los hechos, salvo que sea ocupantes de los inmuebles. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA. Art. 445: Reconocida la firma del instrumento, queda preparada la acción ejecutiva, aunque se negare su contenido. El hecho del reconocimiento de la firma es, sin perjuicio, de que en caso de desconocerse su contenido por alegarse falsedad o inhabilidad pueda el demandado, en su oportunidad, oponer la excepción correspondiente en la etapa de citación para oponer excepciones.

DESCONOCIMIENTO DE LA FIRMA. Art. 446: "Si la firma fuere negada, el juez a pedido de parte, previo dictamen de uno o tres peritos designados de oficio, según el monto del juicio, declarará que la firma es auténtica. Si lo fuere, se procederá ejecutivamente y se impondrá al ejecutado una multa a favor de la otra parte equivalente al30 % del monto, de la deuda". Objeto La norma se fundamenta en el principio de moralidad y persigue un doble objetivo: a).- En relación al deudor constituye el medio para impedir que de mala fe éste desconozca la firma que se atribuye en razón de que ello será inútil y perjudicial. b).- Para el actor constituye un modo de evitar que de mala fe éste trate de preparar la vía ejecutiva con un crédito inexistente. Prueba pericial caligráfica: A pedido de parte procederá la pericial caligráfica, a fin de que 1 o 3 peritos según el monto del juicio, designados de oficio por el juez, dictaminen acerca de la autenticidad de la firma atribuida al demandado. Efectos. a).- Si la firma es declarada auténtica quedará expedita la vía ejecutiva y se impondrá al ejecutado una multa a favor de la otra parte equivalente al 30% del monto de la deuda. b).- Si la firma no es auténtica no procederá la ejecución, debiendo el juez considerar y evaluar la conducta del actor a los efectos de la declaración de mala fe y ejercicio abusivo del derecho por su parte. CADUCIDAD DE LAS MEDIDAS PREPARATORIAS. Art. 447: Las medidas preparatorias de juicio ejecutivo caducarán si no se deduce la demanda dentro de 20 días de concluida, sin necesidad de notificación alguna”. Carácter: La caducidad se produce ministerio legis, en forma automática, sin que sea necesario pedido de parte ni declaración judicial. Plazo: El plazo legal es perentorio e improrrogable, comienza a correr desde que haya concluido la medida preparatoria de que se trate, lo cual dependerá de la forma en que la misma se haya llevado a cabo. En el cómputo del plazo no se cuenta los días inhábiles. Lección 17 Título Ejecutivo Podrá procederse ejecutivamente siempre que en virtud de un titulo que traiga aparejada ejecución, se demande por obligación exigible de dar cantidad líquida de dinero. (art. 439) 1- Concepto. El titulo ejecutivo consiste en la calidad o carácter que la ley la atribuye a determinados documentos en los que consta una obligación que permite al acreedor ejercer su derecho por vía ejecutiva. Constituye un presupuesto del juicio ejecutivo la existencia de un titulo ejecutivo que reúna los requisitos que por la ley son necesarios para tener fuerza ejecutiva. 2- Fuentes de la fuerza ejecutiva del título. La fuerza ejecutiva del título puede provenir de: 1) la ley. 2) la voluntad de los contratantes, siempre que la ley no lo prohíba, no implique desnaturalizar el juicio ejecutivo y reúna las condiciones previstas en la ley para que traiga aparejada ejecución. 3- Requisitos especiales: Los requisitos especiales son: 1) Obligación exigible: lo que supone a su vez la concurrencia de dos requisitos: a) Plazo vencido: las obligaciones que carecen de fecha de vencimiento no son exigibles y, por consiguiente, no dan lugar a la acción ejecutiva. Salvo lo dispuesto por el Código Civil para la letra de cambio (art. 1299) y el pagaré a la orden (art. 1536) b) Cantidad liquida de dinero: hay cantidad líquida cuando lo que se debe está expresado en el título. La

cantidad es ilíquida cuando no es posible establecer su monto sin una previa liquidación. La obligación debe ser de dar suma de dinero, de allí que el contenido no se extiende a obligaciones de dar cosas, valores o. incluso, otorgar escritura pública. La ejecución por obligación de dar cosa cierta mueble se halla específicamente regulada en los Arts. 511 al 518 del C. La ausencia de cualesquiera de las condiciones mencionadas obligaciones de dar suma de dinero, líquida y exigible, hace inhábil al título ejecutivo. Requisitos generales: Son requisitos necesarios para la constitución de una relación procesal válida: a) Capacidad de las partes. b) Competencia del juez. c) Las formalidades prescriptas para la demanda, que son las establecidas en el Art. 215 y concordantes del C. No es necesario relatar los hechos, en razón de que rige la prohibición de discutir la causa de la obligación (art. 465 C). Es suficiente la referencia al título ejecutivo, debiendo acompañarse dicho título, el cual debe bastarse a sí mismo. Legitimación procesal: La legitimación procesal en el juicio ejecutivo debe resultar del título ejecutivo. La ejecución sólo puede iniciarse por el titular de la obligación (legitimatio ad causam activa) y contra el deudor de la misma (legitimatio ad causam pasiva). Del título mismo deben surgir el sujeto activo y el sujeto pasivo de la obligación, o de quienes los representen, aunque otros sean los verdaderos titulares de la relación jurídica, porque tal circunstancia no se puede alegar en el juicio ejecutivo, sino en el proceso de conocimiento ordinario. Obligaciones en moneda extranjera: “las deudas pecuniarias se extinguen por el pago hecho en el signo monetario que tenga curso legal y fuerza cancelatoria a la fecha de su vencimiento y por su valor nominal. Las obligaciones y el pago en monedas distintas se rigen por leyes especiales” (Art. 474 CC). El art. 1° de la Ley N° 434/94 establece: “Los actos jurídicos, las obligaciones y los contratos son válidos y serán exigibles en la moneda pactada” (en igual sentido se establece en la Ley N° 489/95 Orgánica del B) Prohibición de investigar la causa de la obligación: Fundamento: El art. 465 del C establece. “De la causa de la obligación. No podrá investigarse la causa de la obligación en el juicio ejecutivo”. Este precepto establece la prohibición de investigar la causa de la obligación en el juicio ejecutivo, lo cual excluye la posibilidad de que, por cualquier modo o medio, pueda introducirse la discusión de la causa de la obligación en el proceso ejecutivo. Fundamento: La prohibición se funda en las siguientes razones. a) Por dicho medio se desnaturalizaría el juicio ejecutivo, b) El material probatorio, necesario para acreditar los hechos, requiere un alcance superior en tiempo y medios que colisionaría con el carácter sumario de la ejecución. c) La sentencia que se dicta en el juicio ejecutivo sólo hace cosa juzgada formal, lo cual permite un proceso de conocimiento ordinario posterior. El título ejecutivo debe reunir además los siguientes requisitos: a) suficiencia: es decir todos los elementos necesarios para que proceda la vía ejecutiva. Deben ser suficientes en sí mismos (bastarse a sí mismos). La relación jurídica obligacional debe surgir del documento y su fuerza ejecutiva debe estar contenida en él y no provenir de otros elementos de juicio que puedan aportarse con posterioridad. b) Integración: el título debe estar completo e integrado antes de la citación a oponer excepciones. 4- Enumeración: El art. 448 establece: “Los títulos que traen aparejada ejecución, de conformidad con el artículo 439, son los siguientes: a) el instrumento público, b) el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviere autenticada por escribano con intervención del obligado y registrada en el libro respectivo; c) el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles, d) la confesión de deuda liquida y exigible prestada ante juez competente; e) la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido para la preparación de la acción ejecutiva, f) la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré y el cheque rechazado por el Banco girado, protestados de conformidad con la ley, cuando correspondiere, o, en su defecto, reconocidos en juicio; g) la póliza de fletamento, el conocimiento, carta de porte o documento análogo, y, en su caso, el recibo de las mercaderías a embarque;

h) los demás títulos que tengan por las leyes fuerza ejecutiva, y a los cuales no se haya señalado un procedimiento especial”. Desarrollo: El precepto procesal realiza una enumeración de los títulos ejecutivos, vale decir de aquellos que traen aparejada ejecución de acuerdo al C. La enumeración no es taxativa, integrándose con la remisión que realiza la propia norma a las leyes substanciales en el inciso h). 5- Instrumentos Públicos. (inciso a) Los instrumentos públicos se hallan enumerados en el arto 375 de CC. EL instrumento público hace fe en juicio hasta que sea redargüido de falso. (arts. 308C y 383 CC) 6- Instrumentos Privados. (inciso b). La norma prevé dos posibles situaciones: I.- instrumento privado suscripto por el obligado y reconocido judicialmente, en la forma prevista en la ley (Arts. 443, inc. a) y 444 al 446 del C). II.- instrumento privado cuya firma estuviere autenticada por el escribano. En este caso deberá estar la firma registrada en el libro respectivo que al efecto deben llevar los escribanos públicos ( Arts. 152 a 154 del COJ) y la autenticación debe obrar en el documento que se pretende ejecutar. Créditos por Alquileres o Arrendamientos de Inmuebles. (inciso c): Deberá primero citarse al demandado en la forma y con los efectos estudiados en el Art 443 C. Inc. b) numeral 2.2.. En el que en caso de cobro de alquileres o arrendamientos, el demandado será citado para manifieste previamente si es locatario o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negare ser inquilino y su condición de tal no pudiere justificarse en forma indubitada, no procederá la vía ejecutiva. Confesión de deuda. (inciso d) La confesión requerida solo podrá ser de deuda liquida y exigible, prestada ante juez competente. En este supuesto el título se completará con la pertinente diligencia preparatoria, para lo cual se deberá citar al presunto deudor, de acuerdo con las reglas previstas para la absolución de posiciones (art. 77 y sgtes. Del C). La confesión ruede ser expresa o tacita, por lo que la incomparecencia del citado, o sus respuestas evasivas autorizan él tener por reconocida la deuda. 9- Cuenta aprobada o reconocida. (inciso e)) El título debe completarse mediante el cumplimiento de la diligencia preparatoria, para la cual se citará al presunto deudor a comparezca bajo apercibimiento a fin de que reconozca, apruebe o niegue, en su caso, la cuenta presentada por el actor. Si el citado desconoce expresamente la cuenta queda clausurada la vía ejecutiva; en este caso, el actor podrá hacer valer su derecho en el respectivo proceso de conocimiento ordinario. Títulos de crédito. (inciso f) El titulo de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se menciona. El art. 375 inc e) del CC califica como instrumento público a "cualquier título de crédito emitido con arreglo a la ley respectiva." Por el gobierno de la República. Clasificación: Los títulos de crédito pueden ser: a) títulos de contenido crediticio: son los que llevan incorporado un derecho de crédito. Por ej.: letras de cambio, pagarés, cheques. Éstos su vez pueden ser: b) Títulos de representación: cuando el titulo representación las mercaderías en el mencionadas, atribuyendo al tenedor del título un derecho sobres ellas. Siendo así, son títulos valores en virtud de los cuales una persona acredita la recepción de ciertas mercaderías o bienes y se compromete a devolverlos al tenedor legítimo. Los títulos de contenido crediticio: Letra de cambio: El portador de una letra de cambio debidamente protestada por falta de pago, tiene acción ejecutiva por el importe del capital y rios (art. 1359 del CC). Consecuentemente, el portador de una letra de cambio protestada, o con la cláusula "sin protesto" puede iniciar directamente la acción ejecutiva, si necesidad de que el deudor sea citado a reconocer su firma, sin perjuicio, claro está, de que oportunamente pueda oponer la correspondiente excepción. (El protesto de las letras de cambio debe ser hecho por escritura pública, debiendo dejarse constancia del protesto en el mismo título, bajo la firma del escribano (Art. 1362 CC). 13- Factura conformada: Esta figura aún no se halla regulada en la ley, no obstante le son aplicable las disposiciones del CC referentes a los títulos de crédito (arts. 1507 al 1534).

14- Pagaré: El pagaré a la orden se halla legislado en tan solo 4 artículos del CC, en uno de los cuales dispone que le son aplicables en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones referentes a las letras de cambio. El C se refiere al “vale o pagaré”, en nuestra legislación civil no se encuentra legislada la figura del “vale”, si la del pagaré a la orden. Pagaré hipotecario: La figura del pagaré hipotecario se encuentra legislada en el CC en el arto 2371. El pagaré hipotecario es el título de crédito garantizado con hipoteca, con anotación registral y notarial, en virtud del cual el librador se obliga a pagar una suma de dinero al tenedor legitimo a su vencimiento. Es un título de crédito de crédito y como tal participa de su naturaleza jurídica, cuyas notas resaltantes están dadas por los caracteres de necesidad, literalidad, autonomía y abstracción. Reúnen ciertos requisitos esenciales: La inscripción en el registro, con la correspondiente certificación puesta en el titulo por el Registrado. La referencia a los mismos en la Escritura Pública en que se formaliza la hipoteca. La intervención del Escribano Publico en el documento cartular. La omisión de estos requisitos hacen que los mismos pierdan su condición de tales y queden reducido a simples pagares a la orden. Cheque: El cheque constituye un titulo ejecutivo cuando se halla protestado o contenga la comprobación equivalente al protesto. El protesto tiene como única función dejar constancia fehaciente de la falta de cumplimiento de la obligación. Por medio del protesto no se obtiene el reconocimiento de la firma, ni se convierte el instrumento privado en público. La comprobación, equivalente al protesto, a la que se refiere la ley, cumple la misma e idéntica función jurídica deja constancia de la falta de cumplimiento de la obligación vale decir, que el cheque no ha sido pagado. El Art. 1742 del C.C. establece: “el portador puede ejercer la acción de regreso contra los endosantes el librador y los otros obligados, si el cheque presentado en tiempo útil no fuese pagado siempre que la negativa del pago se acredite. 1.- por protesto 2.- por declaración del girado escrita sobre el cheque con indicación del lugar y del día de la presentación o bien por declaración de una cámara de compensación, en la que conste que el cheque no ha sido pagado a pesar de habérselo transmitido en tiempo útil. El portador conserva sus derechos contra el librador aunque el cheque no haya sido presentado oportunamente, o no se haya formalizado protesto, o la comprobación equivalente. Si después de transcurrido el plazo para la presentación la disponibilidad de la suma llegare a faltar por hechos del girado el portador pedrera sus derechos en todo o limitadamente a la parte de la suma que llegare a faltar.” El protesto o comprobación equivalente debe hacerse antes de la expiración del plazo de presentación. Si esta tiene lugar el último día del plazo el protesto o la comprobación equivalente puede hacerse el primer día hábil siguiente. El cheque debidamente protestado tiene fuerza ejecutiva por el capital y sus rios. El protesto tiene como única función dejar constancia fehaciente de la falta de cumplimiento de la obligación. Por medio del protesto no se tiene el reconocimiento de la firma ni se convierte el instrumento privado en público. Siendo así efectuada la presentación oportuna del cheque, la constancia de su rechazo por parte del banco siempre que no fuera por no coincidir la firma del librador con las obrantes en los registros de la institución, surte los efecto del protesto y queda abierta la vía ejecutiva para iniciar el correspondiente juicio, sin necesidad de tener que citar al deudor para el reconocimiento de la firma. Títulos de representación: (inc g) Cuando el título representa a las mercaderías en él mencionadas, atribuyendo al tenedor de los mismos un derecho sobre ellas; y pueden ser: a) Títulos representativos do transporte (póliza de fletamento, conocimiento, carta de porte, etc.). b) Títulos representativos de depósito y prenda: son el certificado de depósito y el Warrant. Póliza de fletamento, Conocimiento, Carta de porte o documento análogo y, en su caso, el Recibo de las mercaderías a embarque. En virtud del precepto procesal los titulas de crédito representativos de transporte, son títulos ejecutivo y como tales, confieren a su tenedor la posibilidad de ejercer la acción ejecutiva directa. Otros títulos: (inc h), Se refiere a todo otro título que en virtud de la ley tengan fuerza ejecutiva. Créditos por expensas comunes.

Créditos por expensas comunes: Constituirá título ejecutivo el crédito por expensas comunes de edificios sujetos al régimen de la propiedad por pisos o departamentos. Con el escrito en que se promueva la ejecución deberán acompañarse certificado de deuda que reúnan los requisitos exigidos por el reglamento de copropiedad, Sí éste no lo hubiere previsto, deberá agregarse copia protocolizada de las actas de las reuniones del consorcio, celebradas de conformidad con el reglamento, en las que se ordenaron o aprobaron las expensas. Asimismo, se acompañara constancia de la deuda líquida y exigible del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el o quien haga sus veces". 449. 19- Concepto. Se denominan expensas comunes a todas la erogaciones que en forma proporcional los copropietarios están obligados a abonar, con motivo de la utilización y conservación de los bienes comunes. El art. 449 del C confiere el carácter de título ejecutivo al crédito proveniente de las expensas comunes debidas por los copropietarios de inmuebles sujetos al régimen de la propiedad por piso y departamentos. 20- Requisitos Debe distinguirse cuando el Reglamento de copropiedad previene que podrá procederse ejecutivamente con los certificados que reúnen los requisitos en el reglamento de copropiedad y cuando no lo hace, I- ¬Cuando en el reglamento de copropiedad se contemple la posibilidad de proceder ejecutivamente contra los deudores morosos, deberá acompañarse el mismo con el certificado de deuda que se reclama el título que se ejecuta. II.- Si el reglamento de copropiedad no hubiese previsto la circunstancia señalada, habrá de acompañarse: a) copia protocolizada de los actos de reuniones de consorcio. b) certificado o constancia de la deuda, líquida y exigible y del plazo concedido a los copropietarios para abonarla, expedida por el o quien haga sus veces 21- Mandamiento de intimación de pago y embargo. El mandamiento de intimación de pago y embargo será en entregado en el día por el secretario al oficial de justicia, y contendrá siempre la facultad de allanar domicilio la autorización para solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso necesario. EI oficial de justicia dentro de los 3 días requerirá el pago al deudor. Si éste no lo hiciere en el acto, el oficial de justicia procederá a embargar bienes suficientes, para cubrir la cantidad fijada en el mandamiento, debiendo evitar, bajo pena de responsabilidad personal, excederse en el monto de los bienes embargados. El oficial de justicia dejará al intimado copia del mandamiento, dará además, estricto cumplimiento a lo dispuesto por los incisos b), e) y d) del articulo 17 del código de Organización Judicial. (art. 451). 22- Concepto El mandamiento es la orden que juez emite para asegurar el cumplimiento de una resolución judicial o la eficacia de un acto procesal. El mandamiento de intimación de pago y embargo es la orden escrita del juez al oficial de justicia, para que intime al deudor el pago de la suma de dinero reclamada por el ejecutante, que obra en el título que se ejecuta, y la que el juez fijó provisionalmente para cubrir los gastos de justicia (costas), o que en su defecto dé a embargo bienes suficientes para cubrir las cantidades señaladas. 23- Carácter. El mandamiento y el acta que labra el oficial de justicia constituyen instrumentos públicos y no necesitan estar refrendados por notario público ni testigos. 24- Lugar del Diligenciamiento. El mandamiento debe diligenciarse en el domicilio del deudor, el cual podrá ser: el constituido para el cumplimiento de la obligación; el real o el constituido en el juicio, o el que el ejecutante haya denunciado. Debe ser diligenciado en días y horas hábiles, salvo que el Juez habilite los inhábiles cuando medie justa causa, debiendo constar en el acta que se redacta el lugar, fecha y hora en que se lo practicó. Facultades del Oficial de Justicia. Éste deberá requerir el pago al deudor dentro de los 3 días de haberle sido entregado el mandamiento. Si el deudor no pagare en el acto el requerimiento o no se hallare presente, el oficial de justicia procederá a embargar bienes suficientes para cubrir la cantidad total fijada en el mandamiento, el embargo que se efectúa en defecto del pago total en el acto de la intimación, se practicará incluso si el deudor no se hallare presente. El mandamiento debe contener también la facultad para allanar domicilio del deudor si hubiere resistencia y solicitar el auxilio de la fuerza pública en caso necesario.

Efectos de la intimación de pago. La intimación de pago produce los siguientes efectos: I- evita la prosecución del juicio cuando el deudor paga, aunque las costas son a cargo del deudor desde el momento de la intimación. II- constituye en mora al deudor, cuando por la ley o por la naturaleza del título no se hubiera ya producido. III- convierte en ejecutivo el embargo preventivo que se hubiera trabado con anterioridad. IV- importa el requerimiento para que el deudor en él plazo de cinco días constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la secretaria del juzgado. V- su omisión produce la nulidad del proceso, porque afecta el derecho constitucional de la defensa enjuicio, siendo irrenunciable. Deberes del Oficial de Justicia. Tiene los siguientes: I- diligenciar a la mayor brevedad posible, en el orden que reciba, los mandamientos expedidos por los jueces, observando estrictamente las disposiciones de las leyes procesales. II- requerir el pago del deudor en el plazo señalado de 3 días III- embargar los bienes del deudor cuando éste no haya pagado, evitando excederse en el monto de lo embargado bajo pena de responsabilidad personal IV.- dejar copia del mandamiento al intimado V.- devolver debidamente diligenciado el mandamiento dentro de los 3 días desde la fecha en que puso término a la diligencia, de no ser así será pasible de sanción por la CSJ. VI.- depositar en el día en establecimiento bancario las sumas de dinero recibidas y designar las personas de responsabilidad como depositarias de los bienes sobre los cuales versa su mandato. VII.- comunicar a los registros públicos correspondientes, dentro del plazo de 24 horas los embargos de bienes registrables para su debida inscripción, exigiendo el correspondiente documento probatorio. Bienes en poder de terceros. Si se embargasen bienes existentes en poder de terceros o créditos del ejecutado, se notificará el embargo en el día personalmente o por cédula, a los tenedores de los bienes o a los que deban hacer el pago. 452. Notificación. Objeto. La norma dispone que se notifique personalmente o por cédula en el día, a los tenedores de los bienes del ejecutado o a aquellos que deban realizar los pagos, a los efectos de que conozcan la medida judicial y se abstengan de realizar cualquier acto que afecte, a los bienes o créditos del ejecutado en detrimento del ejecutante. Derecho de retención. Se halla legislado en el CC, que dice que el obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados ella, o con motivo de daños causados por dicha cosa. Bienes Inembargables. "Serán aplicables las normas establecidas sobre bienes inembargables e inhibición general establecidas en el Titulo de las medidas cautelares". (art. 453). Bien de familia. El precepto procesal que se remite a lo dispuesto sobre la materia en el Art. 719 de C, tiene fundamento constitucional, en razón de que la Constitución Nacional establece: “Del Bien de Familia: se reconoce como institución de interés social el bien de familia, cuyo régimen sea determinado por ley. El mismo será constituido por la vivienda o el fundo familiar, y por sus muebles y elementos de trabajos, los cuales serán inembargables. “(Art. 59 CN). La institución del bien de familia se halla regulada en el CC y la ley 1/92 de reforma del mismo, estableciendo como beneficiarios al propietario constituyente, su esposa, los descendientes menores de edad hasta la mayoridad. Pueden constituirlo cualquiera de los cónyuges sobre bienes de su exclusiva propiedad, los cónyuges de común acuerdo sobre bienes comunes. El padre o la madre separados de bienes judicialmente en beneficio de los hijos de la segunda unión. El padre o la madre solteros o viudos sobre los bienes propios. Cualquier persona dentro de los límites en que pueda disponer de sus bienes por testamento o donación.(ver más en Casco Pagano Página 854, Tomo II)

Orden de la traba. El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. Cuando el embargo haya de trabarse en bienes muebles pertenecientes a establecimientos industriales, fábricas o cualquier otra instalación que los necesite para su funcionamiento, no podrán retirarse del lugar donde se hallen, ni distraerse del destino que tengan. El acreedor tendrá, sin embargo, el derecho de proponer un interventor que vigile la conservación de los bienes embargados. Si se temiesen degradaciones en los bienes, el juez podrá, previa comprobación del estado y uso de los mismos designar otro depositario". Alcance. La norma se inspira en el principio de humanización del proceso, por ello el embargo no puede producir perjuicios innecesarios al ejecutado, ni afectar bienes distintos si con uno de ellos es suficiente; se debe limitar a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. Bienes muebles pertenecientes a empresas. Cuando el embargo recaiga sobre muebles, su traba no debe impedir ni obstaculizar la marcha de los Establecimientos industriales o comercial o cualquier instalación a cuales pertenecen y que sean necesarios para su funcionamiento. En este caso, no podrán retirarse del lugar en que se hallaren ni se los podrá distraer del destino que tengan, pudiendo nombrarse a pedido del ejecutante, un interventor que vigile la conservación de los mismos. "Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o " materias primas necesarias para el funcionamiento de establecimientos da mercaderías o industriales o afines, el juez podrá autorizar, sin otro trámite, la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de comercialización o fabricación”. 699. Depositario Provisional Los bienes embargados quedarán bajo custodia de un depositario provisional designado por el oficial de justicia, que será: I- el deudor: cuando los bienes estuviesen en su poder, salvo cuando ello sea inconveniente en cuyo caso se nombrará un tercero, II- el tercero: "Bienes en poder de terceros: Si se embargasen bienes existentes en poder de terceros o créditos del ejecutado, se notificará el embargo en el día personalmente o por cédula, a los tenedores de los bienes o a los que deban hacer el pago. 452. Venta anticipada. Se regula en la norma la hipótesis de que fuese costosa o difícil la conservación o exista peligro de pérdida o desvalorización de los bienes embargados, estableciendo que el depositario o cualquiera de las partes, ponga el hecho a conocimiento del juez, quien a pedido de parte y previa vista a la otra por un plazo breve que fijará según la urgencia del caso, podrá ordenar la venta en la forma más conveniente, abreviando los trámites y habilitando día y horas inhábiles. Embargo de bienes Inmuebles o bienes registrables. Sin perjuicio de la intimación de pago, si el embargo hubiere de hacerse efectivo en inmuebles o bienes registrables bastará su anotación en el Registro, en la forma y con los efectos previstos por la ley. Los oficios serán librados dentro del segundo día de la providencia que ordenare el embargo". 456. La norma establece el modo en que debe practicarse el embargo cuando la medida recae sobre bienes inmuebles o registrables, bastando, en casos, su él anotación en el Registro, en la forma y con los efectos previstos en la ley. El embargo de los bienes registrables, entre los cuales obviamente; se encuentran los inmuebles, se efectiviza mediante oficio judicial en el que se ordena la medida. A los fines de la anotación del embargo decretado en el Registro correspondiente el oficio respectivo, que contenga la individualización del bien de que se trate, se librará dentro del segundo día de la providencia que ordene el embargo. Anotación del embargo en el Registro. Forma. Cuando la medida recae sobre este tipo de bienes basta la anotación en el registro. La forma de efectivizar el embargo de bienes es mediante oficio en el que se ordena la medida. A los fines de la anotación del embargo decretado en el registro correspondiente el oficio respectivo, el oficio respectivo que contenga la individualización del bien de que se trate, se librará dentro de segundo día de la providencia que ordene el embargo. Obligación de entregar los bienes embargados. El depositario es responsable de la guarda y restitución de la cosa depositada. Tiene la obligación de entregar

los bienes bajo su guarda, dentro del segundo día de haber sido intimado judicialmente. La intimación debe ser notificada por cédula o personalmente. Costas. Regla General. La norma establece la regla en cuya virtud las costas deben ser abonadas por el deudor. Aunque éste pagare en el acto de la intimación judicial; serán a su cargo las costas del juicio. Pago antes de la intimación: Las costas serán a cargo del deudor, incluso si el pago se hubiera realizado entes de la intimación cuando: I- el deudor hubiera incurrido en mora, en supuesto de obligaciones a plazo; II – se hayan ejecutado documentos protestados. Citación para oponer excepciones La citación para oponer excepciones constituye un trámite irrenunciable del proceso ejecutivo. En ese momento comienza propiamente la ejecución y el demandado puede ejercer su derecho de defenderse. No obstante cabe aclarar que el demandado asume el papel de parte en el juicio ejecutivo en cualquiera de las siguientes situaciones: a) Antes de la citación para oponer excepciones, si el demandado compareció para participar de alguna diligencia preparatoria, o para solicitar el levantamiento, reducción o substitución del embargo. Sí compareció en los supuestos mencionados, y no ejerció la facultad de recusar sin expresión de causa, no podrá hacerlo después. b) Antes de la notificación de la citación para oponer excepciones, si se presentó de manera espontánea y dándose por citado opuso excepciones. e) A partir de la notificación de la citación para oponer excepciones. De acuerdo al régimen estatuido por el precepto procesal, la citación para oponer excepciones es un acto independiente de la intimación de pagó. Notificación. La notificación de la citación para oponer excepciones deberá ser practicada por cédula en el domicilio del demandado. Copias. El notificador deberá acompañar copias de la cédula de notificación, del escrito de iniciación del juicio y de los documentos presentados por el ejecutante, las que dejará en poder del ejecutado con motivo de la notificación, haciendo constar en acta, en la que mencionará también el lugar, fecha y hora y demás circunstancias de la diligencia. Oposición de excepción: El ejecutado podrá oponer las excepciones previstas en el Art. 462 de C, dentro del plazo de 5 días. El plazo comienza a correr desde el día siguiente al de la notificación, teniendo el carácter de perentorios e improrrogables. Las excepciones, si fuesen varias, deberán ser opuestas y fundadas en un solo escrito, (principio de eventualidad). Las excepciones que no hayan sido opuestas en la forma prescripta por la ley, no podrán deducirse después. Requerimiento para que el deudor constituya domicilio: La norma dispone que la intimación de pago que debe efectuar el oficial de justicia o la notificación que se realice de la intimación de pago y el embargo, importará el requerimiento para que el deudor, dentro del plazo de 5 días constituya domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la secretaría del Juzgado, donde se tendrán por notificadas todas las resoluciones que se dicten en el juicio, en forma automática. (art, 460 ult. Párrafo) Tramites Irrenunciables Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para exponer excepciones y la sentencia, (Art. 461 C y 16 de la CN). Se contempla los 3 actos procesales que la ley considera irrenunciables, sin que las partes o el juez puedan disponer nada al respecto, en razón de que constituyen la propia estructura del juicio ejecutivo: la intimación de de pago, la citación para oponer excepciones y la sentencia. Excepciones isibles. Art. 462 C: “Son excepciones isibles en el juicio ejecutivo, las siguientes:

a) Incompetencia, debiendo en su caso procederse en la forma establecida en el artículo 231; b) falta de personería en el ejecutante, o, en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio, o de representación suficiente; c) litis pendencia; d) falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución. La primera sólo para fundarse en la falsedad material, o adulteración del documento; la segunda en la falta de acción o en no ser el documento de aquellos que traen aparejada ejecución; e) prescripción; f) pago documentado, total o parcial, g) compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva; h) quita, espera, remisión, novación y transacción; y i) cosa juzgada". 462. El precepto establece las excepciones que el ejecutado puede oponer al progreso de la ejecución. El juez cede desestimar sin substanciación alguna las excepciones que no fueren autorizadas por la ley o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta y pronunciar en ese mismo acto la sentencia de remate. Las mismas pueden ser: Dilatorias: incompetencia, falta de personería, litispendencia, inhabilidad de título fundada en la inexigibilidad de la obligación y espera. Perentorias: falsedad o inhabilidad de título, cuando esta última se funda en la inexistencia de un título ejecutivo o de suma líquida de dinero, falta de acción, prescripción, pago, compensación, quita, remisión, novación, transacción y cosa juzgada. Incompetencia: La excepción de incompetencia se rige por las reglas generales vigentes en la materia ellos Arts. 224 inc. a), 231 y 232 del C. Declaración de oficio: La incompetencia puede ser declarada de oficio por el juez en las siguientes oportunidades: I- en las diligencias preparatorias; (art. 443 y sites. Del C) II. cuando examina el instrumento con que se deduce la acción; (art. 450) y III- en la sentencia, si no se opusieron excepciones (Art. 450 5º. Párrafo). Subsistencia del embargo: En la hipótesis de haberse declarado la incompetencia el embargo trabado subsistirá, con carácter preventivo, por el plazo de 15 días contados desde que la resolución quede firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución ante el juez competente. (art. 464) Falta de Personaría: Como en la excepción homónima prevista en el proceso de conocimiento ordinario, sólo puede fundarse en la falta de capacidad civil de las partes, o en la falta o insuficiencia de representación. Litispendencia: En el proceso ejecutivo la excepción de litispendencia sólo puede fundarse en la existencia de otro juicio ejecutivo entre las mismas partes y en virtud del mismo título. Demanda ordinaria de pago por consignación: La excepción a la regla mencionada se produce cuando la excepción se funda en un proceso ordinario de consignación promovido por el deudor contra el ejecutante, en cuyo caso debe el juez examinar las constancias del mismo a fin de comprobar su seriedad o si solo se trata de una argucia para pretender frustrar la ejecución. Procedencia: La procedencia de la excepción de litispendencia fundada en la existencia de un proceso ordinario de consignación está supeditada a la concurrencia de los siguientes requisitos: I.- La demanda de pago por consignación debió haber sido notificada con anterioridad a la intimación de pago del juicio ejecutivo. II.- La suma consignada por el deudor en la demanda ordinaria y la suma reclamada en el proceso ejecutivo por el acreedor deben ser idénticas, o en su defecto debe ser mayor la consignada en el proceso ordinario. Efecto: Si el juez del proceso ejecutivo considera isible la excepción, debe suspender la ejecución hasta tanto el juez del proceso de conocimiento ordinario dicte sentencia.

Falsedad: Esta sólo puede referirse a la falsedad extrínseca del título, fundada en la falsedad de la forma o en la adulteración material del documento. Constituye un requisito para que proceda la excepción de falsedad que se haya negado la existencia de la deuda y la autenticidad del documento. Las excepciones de falsedad o de inhabilidad de título no puede fundarse en el abuso de la firma en blanco ni en la existencia de vicios del consentimiento, pues tales circunstancias importan no sólo desvirtuar la naturaleza sumaria del juicio ejecutivo, sino también entrar a discutir la legitimidad de la causa de la obligación, contrariando la prohibición establecida en el art. 465 del C. Inhabilidad. Procedencia La excepción de inhabilidad se refiere al carácter del título, es decir a las condiciones indispensables que debe reunir para que tenga fuerza ejecutiva de acuerdo con la ley. Procedencia: el titulo es inhábil cuando no figura en la enumeración de los arts. 448 y 449 del C; no contiene una obligación exigible de dar cantidad líquida de dinero (art. 439); quien lo ejecuta no es titular de la obligación o se lo ejecuta contra quien no es el deudor. La excepción de inhabili8dad de título es improcedente si no se desconoce la deuda, salvo que se funde en la falta de exigibilidad de la obligación por no haberse cumplido el plazo o condición. Prescripción. Son válidas aquí, en lo pertinente en razón de que en juicio ejecutivo las excepciones no son de previo y especial pronunciamiento, las consideraciones de orden general vertidas con motivo del análisis de la excepción homónima en el proceso de conocimiento ordinario. (Art. 663 CC) Pago. El pago para su procedencia debe estar documentado en un instrumento, pudiendo ser total o sólo parcial. El pago para su procedencia debe estar documentado en un instrumento, pudiendo ser total o sólo parcial. En la hipótesis de pago parcial, probado este la ejecución sólo continúa por el saldo de la deuda. El instrumento donde conste el pago debe acompañar por el ejecutado, siendo aplicable el Art. 219 del C. En él debe constar, en forma clara e inequívoca, la imputación a la obligación que se ejecuta, es decir debe haber relación precisa entre el crédito reclamado y el pago efectuado. 7.1.-Recibo: La forma común y corriente de constatar el pago es mediante el otorgamiento de un recibo. El recibo designará el valor y la especie de la deuda pagada, el nombre del deudor, o el del que pagó por el deudor, el tiempo y lugar de pago, con la firma del acreedor, o de su representante. (Art. 571 C). El acreedor que reciba el pago debe librar recibo y hacer anotación de dicho pago sobre el título, si éste no se restituye al deudor. Los gastos del pago son cargo del deudor. (Art. 570 CC). Si el acreedor pretende haber perdido su título, el deudor que paga le puede obligar a otorgarle una declaración auténtica, en la cual haga constar la anulación del título y la extinción de la deuda (Art. 572 CC). Cuando el pago sea de cuotas periódicas, el recibo de la última establece, hasta la prueba en contrario, la presunción de estar pagadas las anteriores. (Art. 573 CC). El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos (Art. 574 CC). Cuando por naturaleza de la obligación el pago requiera la intervención del acreedor, se probará en la forma establecida para los contratos. (Art. 569 CC). Compensación: "La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen, por derecho propio y recíprocamente, la calidad de deudor y de acreedor de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, expeditas, de plazo vencido, y si fuesen condicionales, se halle cumplida la condición. Opuesta la compensación, extinguirá con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir, sin que ello obste la impugnación del acreedor, si concurren las circunstancias requeridas por la ley. La compensación de un crédito prescripto puede ser invocada, si el crédito no estaba extinguido por la prescripción al tiempo en que ambas deudas comenzaron a coexistir". 615 CC. El CC establece en sus arts 615 al 622 la regulación legal de este medio de extinción de las obligaciones, la excepción de compensación puede fundarse en un crédito posterior al título o anterior a él, en razón del carácter independiente que poseen los créditos compensables. Procedencia: En el proceso de ejecución para su procedencia, la compensación debe reunir las características de constituir

un crédito líquido que resulte de un documento que tenga fuerza ejecutiva. Efectos: Si el crédito que se compensa es menor, la compensación se produce hasta el monto del crédito ejecutado, prosiguiéndose la ejecución por el saldo no compensado. Si fuese mayor o igual, se rechazará la ejecución, pudiendo el ejecutado en el primer supuesto reclamar el excedente de su crédito en otro juicio dado que no procede la reconvención en el proceso ejecutivo. Quita: Es la remisión o renuncia que el acreedor hace de una parte de la deuda. Procedencia: la quita para que sea procedente debe resulta de las actuaciones del juicio o de documento proveniente del acreedor en el que la renuncia efectuada, sea clara, concreta y relacionada con la obligación que se ejecuta. Espera: Consiste en un nuevo plazo otorgado por el acreedor al deudor para el cumplimiento de la obligación. Procedencia: la espera, a unilateral o resultado de un convenio, debe surgir en forma inequívoca, sin que pueda dar lugar a interpretaciones o dudas. Remisión: Es la renuncia de una obligación creditoria, se halla legislada en el CC en los arts. 610 al 614 a cuyas disposiciones es preciso remitirse. Art. 610.- La obligación se extingue cuando el acreedor conviene en remitir gratuitamente la deuda. La remisión puede ser expresa o tácita. La aceptación del deudor hace irrevocable la remisión. 611.- La remisión de la deuda no está sujeta a forma alguna, salvo que el crédito o sus derechos rios constaren en escritura pública En este caso la remisión, para que pueda ser opuesta a tercero, deberá hacerse en la misma forma e inscribirse en el Registro Público correspondiente. 612.- La entrega del instrumento original que justifica el crédito, realizada voluntariamente por el acreedor al deudor constituye prueba de liberación. Siempre que dicho título se halle en poder del obligado, se presume que el acreedor lo entregó voluntariamente. 613. - La renuncia del acreedor a las garantías de la obligación no hace presumir la remisión de la deuda. 614.- La remisión hecha al deudor principal libera a los fiadores, pero la que se ha concedido a éstos no aprovecha al deudor principal. La remisión acordada a uno de los fiadores no libera a los otros más que en cuanto a la parte del fiador liberado. Sin embargo, si los otros fiadores han consentido la liberación, quedan ellos obligados por la totalidad. Novación: Se produce cuando el acreedor y el deudor dan por extinguida una obligación pendiente sustituyéndola por una nueva (arts. 602 al 609 CC). Las obligaciones pueden extinguirse por novación. La voluntad de novar no se presume. Transacción: La excepción de transacción aquí analizada es similar a su homónima contemplada en el art 224 del C.inc. g) pago, transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción. Cuando pudieren resolverse como de puro derecho. Cosa Juzgada: Es una cualidad de la sentencia firme por la cual es inmutable e impugnable en cuanto a las cuestiones que decide Se halla prevista en el art. 224 inc. f) del C. Para que la excepción sea procedente es necesario que la pretensión (acción) actual y la pretensión (acción) juzgada sean idénticas por concurrir las tres identidades: sujetos, objeto y causa. En el sentido mencionado guarda semejanza con la litispendencia, pero se diferencian en que aquélla supone un proceso terminado y ésta un proceso en trámite.

Excepción de nulidad. Podrá también el ejecutado, por vía eje excepción, alegar la nulidad de la ejecución. Únicamente podrá fundarse ella en: a) no haberse observado las prescripciones para la intimación de pago y para la citación para oponer excepciones, siempre que en el acto de pedir la declaración de nulidad, el ejecutado depositare la suma fijada

en el mandamiento u opusiere excepciones; y b) incumplimiento de las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva, siempre que el ejecutado desconozca la obligación, niegue la autenticidad de la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición". 463. 30- Plazo: La nulidad en el proceso ejecutivo podrá ser opuesta como excepción. El plazo para deducir excepción de nulidad es de 5 días siguientes a la notificación de la citación a oponer excepciones, siendo perentorio e improrrogable (art. 460 y 466 C). 31- Procedencia: La nulidad prevista en el art. 463 es la del dolo-procedimiento, referida a las formas procesales, pero no la del instrumento con que se promueve la acción. Para que la excepción de nulidad sea procedente el excepcionante deberá justificara las siguientes causales: I.- No haberse observado las ¬prescripciones para la intimación de pago y para la citación para oponer excepciones, como condición de isibilidad de la excepción. En tal caso deberá el excepcionante depositar la suma fijada en el mandamiento para justificar el interés jurídico al justificar con dicho depósito la seriedad de su pretensión, al oponer la excepción. II- No haberse, cumplido las normas establecidas para la preparación de la vía ejecutiva. En tal caso el excepcionante deberá demostrar la irregularidad en que se incurrió y el perjuicio que ello le haya causado. Deberá asimismo desconocer la obligación o desconocer la autenticidad de la firma o el carácter de locatario o el cumplimiento de la condición. Subsistencia del embargo. "Sí se anulare el procedimiento ejecutivo o se declarare la incompetencia, el embargo trabado se mantendrá, con carácter preventivo, durante quince días contados desde que la resolución quede firme. Se producirá la CADUCIDAD AUTOMÁTICA si dentro de ese plazo no se reiniciare o prosiguiere la ejecución". 464. La disposición se aplica también a las medidas cautelares de inhibición general de enajenar y gravar bienes. Caducidad: De la medida cautelar mencionada se produce en forma automática una vez cumplido el plazo, sin necesidad que medie solicitud y sin substanciación alguna. Causa de la obligación. Prohibición legal. No podrá investigarse la causa de la obligación en el juicio ejecutivo. 465. El precepto establece de manera incontrovertible la prohibición de investigar la causa de la obligación en el juicio ejecutivo, excluyendo la posibilidad de que por cualquier modo o prueba pueda introducirse la discusión de la causa de la obligación. Fundamento: Se halla en las siguientes razones: Por dicho medio se desnaturalizaría el juicio ejecutivo. El material probatorio necesario para acreditar los hechos requiere un alcance superior de medios y tiempo, que colisionara con el carácter sumario del juicio ejecutivo. La sentencia que se dicta en juicio ejecutivo solo hace cosa juzgada formal, lo que permite el proceso de conocimiento ordinario posterior. Jurisprudencia: La Jurisprudencia de nuestros tribunales, en forma reiterada y uniforme, ha concluido que en el juicio ejecutivo no es isible la discusión de la causa de la obligación. Tramite de las excepciones "Excepciones improcedentes. El juez desestimará sin sustanciación alguna las excepciones que no fueren de las autorizadas por la ley, o que no se hubieren opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les hubiere dado. En ese mismo acto dictará sentencia de remate. Si se hallaren cumplidos los requisitos pertinentes, dará traslado de las excepciones al ejecutante por cinco días, quien al contestar ofrecerá la prueba de que intente valerse. No se hará declaración especial previa acerca de la isibilidad o inisibilidad de las excepciones. 466. Rechazo "In Limine":

El juez desestimará, sin substanciación alguna, las excepciones opuestas cuando considere: a) que las excepciones no sean las autorizadas por la ley; b) que no se hubiese opuesto en forma clara y concreta; c) que fueran opuestas fuera del plazo legal de cinco días, es decir, en forma extemporánea. De producirse alguna de las causales mencionadas, el juez deberá seguidamente dictar sentencia de remate ordenando llevar adelante la ejecución. Dicha resolución es apelable. Traslado: Cuando el juez considera que el excepcionante cumplió los requisitos pertinentes para la oposición de las excepciones, dará traslado de las mismas al ejecutante. El traslado al ejecutante deberá ser por el plazo de cinco días, perentorios e improrrogables. EL TRASLADO SE NOTIFICA EN FORMA AUTOMATICA (Art. 131 del C), salvo que el Juzgado disponga la notificación por cédula de dicho traslado. (Hay que estar atento a ello siempre para evitar sorpresas) Improcedencia de la apertura a prueba: La norma contempla los tres supuestos en que no procede la apertura de la causa a prueba en el trámite de las excepciones. En estos casos el juez deberá pronunciar sentencia en el plazo de diez días, contados desde que fue contestado el traslado o desde que haya vencido el plazo para hacerlo. Casos: Pueden ser: a) Excepciones de puro derecho: se considera de puro derecho cuando: I.- El ejecutante ite los hechos y discute el alcance o sentido de las normas jurídicas aplicables invocadas por el excepcionante. II. ¬La prueba ofrecida es manifiestamente improcedente, superflua o meramente dilatoria. b) Constancias de expedientes: cuando la prueba se funda exclusivamente en la documental agregada a autos. c) Cuando no se hubiera ofrecido prueba: por ninguna de las partes. Notificación: La resolución que declara la cuestión de puro derecho o la que considera innecesaria la apertura de la causa a prueba, se notifican por cédula o personalmente. La decisión del juez cuando la excepción se hubiere tramitado como de puro derecho, será apelable (art. 472, inc. c) del C; y se concederá en relación y con efecto suspensivo, conforme al art. 472 inc. 2º.. 43- Apertura a prueba. Procedencia. (art. 468) Las excepciones deben abrirse a prueba cuando cualesquiera de las partes hayan ofrecido pruebas, que no consista en las constancias del expediente, referidas a los hechos controvertidos y conducentes. Le corresponde al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones, lo cual es una consecuencia lógica de la regla general que rige la carga de la prueba. Plazo: Al juez le corresponde fijar, dentro de su razonable arbitrio el plazo común de prueba, dentro del margen legal que no podrá exceder de 15 días. Notificación: La apertura a prueba debe notificarse por cédula o personalmente 8art. 133 inc. b) y 2º. C). Cada parte podrá presentar solamente hasta siete testigos. No se concederá plazo extraordinario. Expediente en secretaria. Objeto: Producidas las pruebas, el expediente se pone en secretaria durante 2 días con el objeto de que las partes puedan solicitar la agregación de las pruebas que se hubieran omitido agregar o el diligenciamiento de las pruebas que no se hayan practicado por causas que no le sean imputables. No permite que se presenten alegatos sobre el mérito de las pruebas producidas en el proceso ejecutivo. Examen de las pruebas. Sentencia: El juez dictará sentencia dentro de 10 días contados a partir del vencimiento del plazo en que el expediente se puso en secretaria para el examen de las pruebas, sin otra substanciación ni llamamiento de autos. Sentencia de Remate. Contenido. "La sentencia de remate solo podrá resolver: a) La nulidad del procedimiento; b) el rechazo de la ejecución; c) llevar adelante en todo o en parte. 470. Estructura: La estructura de la sentencia de remate que se dicta en el proceso ejecutivos, depende de que el ejecutado

haya opuesto o no excepciones. Si se opusieren excepciones: En esta hipótesis la sentencia deberá reunir los requisitos establecidos en el art. 158 del C para los Autos Interlocutorios (pero lo que se dicta es una SENTENCIA) en consecuencia deberá contener: 1. los fundamentos: el juez deberá invocar las normas principios jurídicos que son aplicables al caso. 2. la decisión expresa, positiva y precisa respecto de las cuestiones planteadas: el juez analizará la pretensión y el título que se ejecuta, las razones alegadas las partes en su escrito de oposición de excepciones y contestación; y la valoración de la prueba producida, en su caso. 3. el pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios. Si no se opusiesen excepciones: La sentencia de remate no requiere fundamentación ni otras formalidades especiales. Basta que mande llevar adelante la ejecución en todo o en parte y cantidad que corresponda pagar al ejecutante. Plazo: No es necesario que la sentencia fije un plazo para el pago, pues la misma es de inmediato cumplimiento. Mala fe y abuso del derecho: La sentencia de remate puede también establecer, cuando corresponda, las sanciones para los casos de mala fe o ejercicio abusivo de los derechos. (Art. 51 al 56 del C) Cosa Juzgada Formal: La declaración que el juez formula en la sentencia de remate tiene efecto provisional, porque se pronuncia en virtud de un conocimiento sumario. Siendo así, produce los efectos de la cosa juzgada formal y en consecuencia, autoriza el proceso de conocimiento ordinario posterior a los efectos de obtener su rescisión y modificación. Juicio Posterior. "Cualquiera fuere la sentencia que recayere en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrá promover el juicio de conocimiento ordinario que corresponda, dentro del plazo de sesenta días, contados desde la notificación de la sentencia firme de remate. 471 . Facultad de las partes: El proceso ejecutivo por su estructura y función no es el medio adecuado para el tratamiento exhaustivo de la controversia, además, la sentencia de remate sólo hace cosa juzgada en sentido formal. Por ello la ley concede a las partes (ejecutante y ejecutado) la posibilidad de revisar o reexaminar las cuestiones decididas en las sentencias de remate. Alcance de la revisión: No existe unidad de criterio, ni en doctrina, ni en jurisprudencia. Se trata de saber, si en el juicio ordinario posterior dicha revisión puede ser plena, o si por el contrario debe limitarse a los puntos no controvertido en el juicio ejecutivo; o él aquellos que, controvertidos, no pudieron debatirse total y eficazmente por brevedad de los plazos, omisión de las partes, errores de la defensa, etc. En nuestro derecho, al no haber hecho la ley distingos en el proceso de conocimiento ordinario posterior no pueden existir limitaciones a la revisión de todas las cuestiones tendientes a obtener la modificación del sentido del pronunciamiento dictado en el proceso ejecutivo. Plazo: En el juicio posterior debe iniciarse dentro del Plazo de 60 días contados de la notificación de la sentencia firme de remate, solamente se cuentan los días hábiles. Juez Competente: Es competente para entender en el proceso de conocimiento ordinario es el juez del ejecutivo por razón de conexidad, economía procesal y practicidad. Efectos de la sentencia dictada en el juicio posterior: La sentencia que se dicte en el proceso de conocimiento ordinario posterior hará cosa juzgada material y sus efectos dependerán de que haya sido favorable al ejecutante o al ejecutado: Si acoge la pretensión del ejecutante: El ejecutado será condenado al pago del capital e intereses reclamados, pudiendo, además, existir condena referida a la mala fe o al ejercicio abusivo del derecho en los casos que así correspondan. Si es favorable al ejecutado: le deberá ser restituida por el ejecutante la suma percibida por éste en el juicio ejecutivo. Si a su contenido original acumuló el ejecutado una pretensión resarcitoria de daños y perjuicios, la sentencia dispondrá, a su vez, la indemnización correspondiente.

Apelación (de la sentencia de remate). Casos en que procede: 1.- cuando la sentencia fue dictada como consecuencia del rechazo "in limine" de las excepciones deducidas, porque el juez las consideró no autorizadas por la ley o no opuestas en forma clara y concreta o en forma extemporánea (art. 466). II.- cuando se hubiese opuesto excepciones e intentado probarlas. Se entiende que se intentó probar la excepción cuando no sólo se ofreció la prueba sino que, además, se practicaron diligencias tendientes a su producción. III.- cuando las excepciones se hubieren tramitado como de puro derecho. El recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo. Plazo: El recurso de apelación debe interponerse dentro de 5 días, contados desde el día siguiente de la notificación de la sentencia de remate. El plazo es perentorio e improrrogable. Notificación: La notificación es la sentencia de remate se practica personalmente o por cédula. Inconstitucionalidad: No procede en el juicio ejecutivo, en razón de que los agravios ocasionados por la sentencia de remate pueden ser reparados en el juicio ordinario posterior (art. 471). Caución. "El ejecutante deberá prestar fianza en los términos del artículo 1457 del Código Civil, a pedido del ejecutado que opuso excepciones, a las resultas del juicio ordinario que éste pudiere promover". 473 .. Alcance: La norma sólo se refiere al ejecutado que opuso excepciones, pero comprende a su vez el supuesto en que la controversia haya sido declarada como de puro derecho. Fianza. La fianza puede ser convencional o legal. Cuando sea impuesta por la ley, el fiador debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la obligación principal, y ser abonado, por tener bienes raíces conocidos, o por gozar en el lugar de un crédito indisputable de fortuna. Los jueces pueden itir en vez de ellas prendas o hipotecas suficientes. Cuando es Real: se deben otorgar sobre títulos valores o bienes muebles o inmuebles suficientes para asegurar la restitución de lo percibido por el ejecutante. Cancelación. La caución quedará cancelada de pleno derecho si el ejecutado no promueve el proceso de conocimiento ordinario dentro del plazo procesal de 60 días, contados de la notificación de la sentencia firme de remate. Costas: Regla General. "Las costas del juicio ejecutivo serán a cargo de la parte vencida, con excepción de las correspondientes a las pretensiones de la otra parte que hubiesen sido desestimadas Si se hubiese declarado procedente la excepción de pago parcial al ejecutado se le impondrán las costas correspondientes al monto itido en la sentencia. 474. La norma es consecuente con la regla general que las impone a la parte vencida. Exoneración: De acuerdo con el in fine del primer párrafo del arto 474 del C.P.C. se exceptúa de la condena en costas, aquella que corresponda a cualquier pretensión de la contraria que fuere desestimada. Vencimiento Reciproco: Constituye un supuesto de vencimiento recíproco contemplado en el segundo párrafo del art. 414 del C.P.C., cuando se declaró procedente el pago parcial. En este caso, las costas se aplican recíprocamente en forma compensada y proporcional al éxito obtenido por cada una de ¬las partes. La regla del vencimiento recíproco rige en todos los supuesto en que las partes no obtienen el triunfo total de su pretensión u oposición, resultando ambas parcial y recíprocamente vencedoras y vencidas. LECCIÓN XVIII CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA: El cumplimiento de la sentencia de remate constituye la tercera etapa del Juicio Ejecutivo. Se inicia una vez que la sentencia de remate se halle firme por estar consentida o ejecutoriada. Constituye una ejecución pura, dado que no cabe la oposición de excepciones fundada en hechos posteriores a la sentencia de remate. El

trámite a seguir varía de acuerdo a la naturaleza de los bienes embargados, al sólo efecto de obtener la realización de los mismos para que con su producido se satisfaga el crédito del ejecutante. Dinero embargado: Liquidación: El Código Procesal Civil en su Art. 475 establece que “Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia, el acreedor practicará la liquidación del capital, intereses y costas, de la que se dará traslado al ejecutado. Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare”. El ejecutante deberá presentar la liquidación dentro del plazo de 5 días desde que quedó firme la sentencia de remate. Si no lo presentare el ejecutante dentro de dicho plazo podrá hacerla el ejecutado.

Traslado: De la liquidación presentada se correrá traslado a la otra parte, notificándose personalmente o por cédula. (Art. 133, inc. h) y 2º p. C). Si se objetare la liquidación será tramitado como incidente. La resolución que el juez dicte será apelable en el plazo de tres días (Arts. 442 y 396 C). La Resolución queda notifica por automática (Art. 133 C), salvo que el juez disponga la notificación por cédula (Art. 133, inc. ll) C), que es lo razonable y recomendable en este caso.

Recibo de honorarios: Aprobada la liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare. El juez no dará tramite a la ejecución y cumplimiento de sentencia ni dispondrá o autorizará la extracción o transferencia de fondos el levantamiento de medidas cautelares o otras similares, si no cuando el pedido se acompañase el recibo de pago de los honorarios del abogado o procurador de la parte vencedora o del que haya solicitado la medida. El abogado procurador acreedor de esos honorarios podrá consentir que el juez provea la solicitud sin el cumplimiento de esta exigencia. (Art. 7 ley 1376/88). SUBASTA DE MUEBLES O SEMOVIENTES – Art. 476 C: Forma de la subasta (inc. a): El Remate de los bienes muebles o semovientes se efectuará sin base de venta. Lo que significa la exclusión de cualquier tasación previa. El Juez al designar rematador se ajustará a la lista de la matricula debiendo seguir el orden con que se figurasen en dicha lista, hasta completarla y así sucesivamente. Todo remate deberá efectuarse, bajo pena de nulidad en horas de la tarde, en la secretaria del Juzgado en que indiquen los autos o en el lugar establecido para el efecto en los Tribunales. Al mismo asistirá el secretario, quien certificará el informe del rematador. Los martilleros cobrarán sobre el monto de la adjudicación, el 2% por propiedades raíces y el 4% por muebles y semovientes.

Denuncia sobre existencia de prendas o embargos (inc. b): En la resolución que dispone la venta se requerirá el deudor para que, dentro del plazo de 5 días, manifieste si los bienes están prendados o embargados. En el primer caso, aquél deberá indicar, el nombre y domicilio del acreedor y el monto del crédito; en el segundo el juzgado, secretaría y carátula de expediente. El silencio o las respuestas evasivas del ejecutado le hacen posible de las sanciones correspondientes a la mala fe procesal, y, en su caso a las establecidas en el Código Penal.

Secuestro (inc. c): Se podrá ordenar el secuestro de las cosas para ser entregadas al martillero a los efectos de su exhibición y venta. El secuestro deberá ser ordenado cuando el depositario no lo ponga a disposición dentro del segundo día de haber sido intimado Judicialmente.

La medida deberá ser solicitada por el ejecutante y practicada por un oficial de justicia comisionado para el efecto. Al recibir los bienes muebles el martillero deberá dejar constancia de lo que recibe, de quién lo hace, el estado en que se encuentra y fecha.

Informes (inc. d): Se requerirá informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes, a los registros pertinentes cuando se tratase de muebles registrables. V.g.: Automotores, embarcaciones, aviones.

Comunicaciones y citaciones (inc. e): Se comunicará a los Jueces embargantes la providencia que decrete la venta, y se citará a los acreedores prendarios con anticipación no menor de 5 días al del remate, para que tomen la intervención a que tengan derecho.

Avisos: El remate de los bienes muebles o semovientes deberá ser dado a conocer mediante la publicación de avisos en un diario de gran circulación de la República.

Publicación: El Art. 477 del C expresa: El remate se anunciará por avisos que se publicarán por tres días, con anticipación de cinco días a la fecha del remate, en un diario de gran circulación, en la forma indicada en el Art. 142. En los avisos se individualizarán las cosas a subastar, se indicará, en su caso, la cantidad, el estado, y el lugar; el día, mes, y hora de la subasta, el juzgado y secretaría donde tramita el proceso; el número del expediente y el nombre de las partes. Por motivos fundados se podrá solicitar al juez que se reduzcan el número de las publicaciones.

Plazo: Se practicarán los avisos por 3 días con anticipación de 5 días a la fecha del remate conteniendo las mismas enunciaciones de las cédulas de notificación. Los avisos podrán publicarse cualquier día de la semana incluidos los domingos y feriados.

Contenido: En los avisos se deberá: - Individualizar las cosas a subastar, haciendo constar la cantidad, clase y estado de los bienes. - Indicar el lugar y fecha donde se realizara la subasta. - Señalar el juzgado y secretaría donde tramita el proceso y el número del expediente, para que los interesados puedan interiorizarse del trámite del expediente. - Hacer constar el nombre de las partes. Además, el aviso contendrá: el anuncio de que el remate es sin base de venta; la obligación, a cargo del comprador, de abonar el precio al contado y la comisión debida al rematador. (Arts. 476, inc. a) 1ra p.; 487 C y 164 COJ). Entrega de los bienes: Establece el C en su Art. 479: “Pagado el precio total de los bienes y aprobado el remate, el martillero entregará al comprador los bienes adquiridos. El martillero deberá depositar el importe dentro de las 24 horas en el banco en que se hacen los depósitos judiciales”.

Requisitos: El martillero entregará los bienes subastados al comprador, cuando se cumplieron las siguientes condiciones: 1° Pago total del precio de los bienes (debe establecerse en el acto mismo de la subasta). 2º Aprobación de remate de los bienes subastados (con posterioridad al trámite, el Juez lo hará mediante el de

un A.I.).

SUBASTA DE INMUEBLES: Designación de martillero: El juez designara al martillero que tendrá a su carga la subasta en la forma establecida en el Código de Organización Judicial, cuyo Art. 162, dispone: “Los Jueces al designar rematadores para realizar subastas, se ajustaran a la lista de la matrícula, debiendo seguir el orden con que figurasen en dicha lista hasta completarla, y así sucesivamente. La Corte Suprema de Justicia reglamentará el procedimiento para dicha designación”. Informes: El Juez deberá librar oficio a la Dirección General de los Registros Públicos, a fin de recabar informe acerca de las condiciones de dominio, gravámenes y embargos que reconozcan los inmuebles a subastar. Copias de títulos: Se intimará al ejecutado para que en el plazo de tres días perentorios presente al juzgado los testimonios de los títulos de propiedad de los inmuebles a ser subastados, bajo apercibimiento de que, si no lo hiciere, se sacara de los registros copias de ellos a su costa. Citación a los acreedores hipotecarios: El Art. 2402 del Código Civil dispone: “La Hipoteca se extinguirá también cuando el inmueble fuese enajenado en remate judicial, con citación de los acreedores hipotecarios, toda vez que aprobada la subasta, el adjudicatario consignare judicialmente el precio de venta. El privilegio subsistirá sobre este”.

Comunicación a los jueces embargantes: Una interpretación lógica y analógica de la norma permite sostener que en el supuesto de que el inmueble a subastar se halle embargado se deberá comunicar la providencia que decreta la orden de venta del inmueble al juez embargante (Art. 476, inc. e) C), a los efectos de que el oficio se agréguela expediente en el que se decretó el embargo para que el embargante se notifique del mismo. Además se deberá notificar a los embargantes con la inclusión de sus datos en el aviso de remate respectivo que se publique. Base de venta: El Art. 481 del Código Procesal Civil dice al respecto: “Cuando se subastaren bienes inmuebles, se fijará como base la valuación fiscal, que se justificará con las correspondientes boletas de pago del impuesto inmobiliario o, en su defecto, por medio del informe de la oficina respectiva, salvo disposiciones de leyes especiales”.

Valuación fiscal: La valuación fiscal del inmueble a subastar sirve, en general, de base de venta, la cual debe figurar en los avisos de remate que se publiquen. Dicha base de venta se determina de una de estas dos maneras: 1. Con la boleta de pago del impuesto inmobiliario que se adjuntara a los autos; 2. Con el certificado que emite la oficina pública que tiene a su cargo las valuaciones fiscales de los inmuebles, para lo cual se remitirá el correspondiente oficio solicitando el informe.

Disposiciones especiales: Cuando en alguna ley especial se establezca la base de venta que deben tener los inmuebles a ser rematados en las subastas judiciales se deberá recurrir a sus disposiciones. La ley 417/73 General de Bancos y otras Entidades Financieras dispone en el Art. 73: “En las obligaciones hipotecarias o prendarias a favor de los bancos y otras entidades financieras se podrá proceder a la venta judicial del inmueble hipotecado, o los bienes prendados, en conjunto o divididos en lotes, sirviendo de base, si las partes no hubieran fijado precio en las escritura, el valor de la deuda, incluyendo intereses y gastos, sin necesidad de avalúos por peritos, y siempre que no fuesen inferior al valor fiscal cuando hubieren. En el caso de no haber postor en el primer remate se realizara una nueva subasta con retasa de un 25% o su adjudicación al acreedor por las dos terceras partes”.

Avisos – Publicación: El Código Procesal Civil, en su Art. 484 dice: “El remate se anunciará por avisos que se publicarán durante cinco días consecutivos, con anticipación de ocho días a la fecha del remate, en un diario de gran circulación. Si se tratare de un inmueble de escaso valor, el juez podrá reducir el número de publicaciones”. Las publicaciones podrán efectuarse cualquier día de la semana incluso los inhábiles, domingos y feriados.

Contenido de los avisos: Los avisos de remate de los bienes inmuebles deberán contener: 1. Individualización y condiciones del inmueble; en los avisos deberá hacerse constar: a. Número de finca o cuenta corriente catastral o padrón en su caso del inmueble o inmuebles a subastar. b. La localidad y el nombre actual de las calles, si se tratare de inmuebles urbanos en los rurales el pueblo localidad, paraje o compañía donde estuvieran ubicados. c. La superficie o los linderos. d. Si el inmueble o inmuebles se halla ocupado. 2. Condiciones de la subasta: se debe indicar la base de venta, el monto de la seña, la comisión y gasto de secretaria y si se trata de subasta sucesiva. (Art. 482 C). 3. Datos de la subasta: se señalara el lugar, día, mes y año de la subasta. El juzgado y secretaría donde radica el juicio y el número de expediente. 4. Nombres de las partes: se debe individualizar al actor al demandado y al propietario del inmueble en su caso, además contener la citación correspondiente a los acreedores hipotecarios y embargantes haciendo constar sus nombres. 5. Examen de los títulos: indicación del lugar y horario dentro del cual los interesados podrán examinar los títulos de propiedad. 6. Expensas comunes: cuando se trate de inmuebles sometidos al régimen de propiedad por pisos o departamentos se debe precisar el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes y la deuda total por este concepto. Falta de postores - Opciones del ejecutante: El Art. 486 del Código Procesal Civil dice: “Si no se realizare el primer remate por falta de postores, quedará al arbitrio del ejecutante pedir: a) Un nuevo remate, previa reducción de la base de la subasta en un 25 %; o b) Que se le adjudiquen los bienes por las dos terceras partes de dicha base. Si, no obstante la reducción a que se refiere el inciso primero, no se presentaren postores a la segunda subasta, se ordenará la venta sin base”. Obligación del comprador: El Código Procesal Civil en su Art. 487 dispone: “Los licitadores deberán entregar a los martilleros en el acto de la compra, su comisión, los gastos del remate y el 10% en concepto de seña, que será depositada a la orden del juez, dentro del día siguiente, en el banco en que se hacen los depósitos judiciales”. El que resulte adjudicado en el remate judicial deberá al martillero en el acto de la compra de la subasta la suma de dinero que resulte de los siguientes conceptos: 1. Comisión del rematador: la comisión del martillero se halla fijado en el 2% en el caso de propiedades raíces, y en el 4% cuando fueren muebles y semovientes (Art. 163 COJ). 2. Gastos del remate: Los gastos del remate están conformados por: a. El importe de las publicaciones. b. El establecido en la Acordada Nº 20 de fecha 5 de noviembre de 1984, correspondiente a cuatro jornales mínimos como retribución a favor del actuario en cuya secretaría y presencia se llevó a cabo la subasta. 3. Seña: La seña es del diez por ciento (10%) del precio de venta, salvo que el ejecutante por mayor valor se adjudique, en cuyo caso no deberá abonar la misma dado el monto de su crédito. 4. De acuerdo con el Art. 490 del C; constituyen a su vez obligaciones del comprador: - Constituir domicilio en el lugar del asiento del juzgado. - Depositar en el Banco oficial el saldo del precio de lo subastado dentro del plazo de cinco días de aprobado el remate.

Forma de pago: El adquirente del bien, o bienes, subastado debe efectuar el pago en el acto de la compra, en

dinero efectivo, abonando el importe correspondiente a los conceptos señalados en la norma. El rematador puede aceptar cheques, u otro medio de pago, siendo en este caso responsable de dicho importe. (Art. 49, inc. f) Ley 1034/83).

Depósito: El martillero está obligado a depositarlas sumas percibidas dentro del siguiente día hábil en una cuenta al nombre del juicio y a la orden del juzgado respectivo, abierta en el Banco Central del Paraguay.

Informe del rematador: Los martilleros deberán rendir cuentas del remate dentro de los tres días de realizado. Si así no lo hicieren, sin justa causa, se les impondrá una multa que no podrá exceder de la mitad de la comisión (Art. 489).

Contenido: El informe contendrá las circunstancias producidas durante la realización del acto, tales como: lugar y fecha de la realización, individualización del juicio en el que se ordenó la subasta, lectura del aviso de remate, constancia de la publicación acompañando los ejemplares que correspondan y el recibo del diario, las adjudicaciones realizadas con: individualización del inmueble (Número de Finca, Cta. Cte. Catastral o Padrón, Distrito y Superficie), datos del comprador y monto del precio de venta y los pagos efectuados por el comprador: seña, comisión y gastos de publicación y secretaria. Además, deberá acompañar el recibo del depósito efectuado en el Banco oficial. Postor remiso - Nuevo remate: El Art. 495 del Código Procesal Civil establece: “Cuando por culpa del postor a quien se hubiese adjudicado los bienes, la venta no se formalizare, se ordenará un nuevo remate en los términos del artículo 486. El postor será responsable de la disminución del precio que se produjere en la segunda subasta, de los interese acrecidos y de las costas causadas con ese motivo. Perderá, además, la suma entregada como seña. El cobro del importe que resultare tramitará, previa liquidación, por el procedimiento de ejecución de sentencia”.

Responsabilidad: El postor a quien se adjudicaron los bienes y que no cumplió la obligación mencionada anteriormente será responsable de: 1- La disminución del precio de venta que se produjere en la segunda subasta. 2- Los intereses acrecidos que deben liquidarse sobre el precio total de compra, porque los mismos, en el lapso que media entre el momento en que debió depositar y aquel en que se deposítale monto obtenido en el segundo remate, no deben cargarse al ejecutado. 3- Las costas causadas con motivo del nuevo remate que por su culpa se debe efectuar. 4- La seña que entregó cuyo importe pierde, pasando a integrar el precio de venta. Perfeccionamiento de la venta: El Art. 496 del Código Procesal Civil: “Después de aprobado el remate, la venta judicial sólo quedará perfeccionada una vez pagado el precio, salvo el derecho que se acuerda en la segunda parte del artículo 490”.

Requisitos: Para que quede perfeccionada la venta judicial de inmuebles en remate público se requiere: 1. la aprobación del remate: mediante el dictado por el juez de la resolución judicial pertinente que debe hallarse firme. 2. el pago del precio: a través del depósito correspondiente. Nulidad de la subasta: Dispone el Art. 497 del Código Procesal Civil: “La nulidad de la subasta podrá plantearse hasta cinco días después de realizada. Del pedido se conferirá traslado por igual plazo a las partes, al martillero y al adjudicatario”. Reglas generales: La subasta judicial de bienes es un acto procesal y como tal se halla regida por las disposiciones que sobre las nulidades procesales se hallan previstas en los artículos 111 al 117 C. Las

principales reglas a ser tenidas en cuenta son: 1- Existencia de un vicio que se refiera a un requisito formal o material indispensable para que el acto logre su finalidad (Art. 111 C). 2- Que el vicio no pueda imputarse a quien pretende la declaración de la nulidad (Art. 112 C) 3- Que la nulidad no se halle subsanada por confirmación expresa o tácita (Art. 114 C) 4- Existencia de interés jurídico en la declaración de nulidad, porque no existe la nulidad por la nulidad misma, es decir, debe haber habido un perjuicio (Art. 112 C) 5- La declaración de nulidad no importa la de los actos precedentes ni la de los posteriores que no dependan de él ni sean su consecuencia (Art. 115 C). 6- La interpretación de los motivos de la nulidad debe ser restrictiva. Plazo – Traslado: El plazo que establece la norma es de cinco días a partir de la fecha de la subasta, no computándose el día de realización del acto (Art. 147, 1er p. 2ª p C). Del pedido de nulidad debe correrse traslado a las partes, al martillero y al adjudicatario. La notificación se practica por cédula (Art. 185, 2ª p. C)

Legitimación: La nulidad de la subasta puede ser solicitada por cualquiera que acredite un interés jurídico, en la declaración de nulidad, Ej. Partes, terceros, terceristas, etc. La resolución que se dicte en el incidente de nulidad es apelable, porque la cuestión decidida no puede ser objeto del posterior proceso de conocimiento ordinario. El recurso se otorga en relación y con efecto suspensivo. Desocupación del inmueble: El Art. 498 del Código Procesal Civil: “Procederá el desalojo si el ocupante fuere el ejecutado, pero sólo después que se hubiere pagado el precio. El mandamiento será expedido por el mismo juez de la ejecución, que fijará discrecionalmente un plazo que no podrá exceder de quince días para su desocupación, bajo apercibimiento de lanzamiento”.

Condiciones: La norma prevé dos condiciones para que pueda tener lugar el desalojo del inmueble subastado: 1. que el ocupante sea el ejecutado y no un tercero (inquilino, usufructuario, poseedor, etc.) el concepto de ejecutado abarca los de su familia y sus dependientes y empleados. 2. que el adjudicatario haya abonado íntegramente el precio de venta. Mandamiento de desahucio: El juez, a los efectos del desalojo, deberá librar el mandamiento respectivo y comisionar para su diligenciamiento a un oficial de justicia con facultades legales, cuando el ejecutado ocupante no hubiere cumplido la intimación que le fuera efectuada. Desistimiento de la compra: El Art. 500 del Código Procesal Civil establece: “Si por cualquier circunstancia no pudiese ser dada la posesión al comprador en el plazo de treinta días, éste tendrá el derecho a desistir de la compra y retirar el precio”. Liquidación, pago y fianza: Art. 501 Código Procesal Civil: “Cuando el ejecutante no presentare la liquidación del capital, intereses y costas en el plazo de cinco días, contados desde que se pago el precio, o desde la aprobación del remate, en su caso, podrá hacerlo el ejecutado. El juez resolverá, previo traslado a la otra parte. Aprobada la liquidación, se dispondrá el pago al acreedor, si el ejecutado lo pidiera, el ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital e intereses. Dicha fianza quedará cancelada, sin que se requiera declaración expresa, si el deudor no promoviese el proceso de conocimiento ordinario dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que aquella se otorgó”. Liquidación: El ejecutante debe presentar la liquidación en el plazo de cinco días, contados desde que se pagó el precio o desde que se aprobó el remate, o desde que quede firme la sentencia de remate, en el caso de que lo embargado fuere dinero.

El ejecutado podrá presentar la liquidación cuando no lo haga el ejecutante en el plazo fijado.

Contenido: La liquidación contendrá capital, intereses, y los gastos. 1. Capital: Será el que resulte de la sentencia de remate, dictada en el juicio ejecutivo. 2. Intereses: Comprende los devengados hasta que los fondos se encuentren disponibles; es decir, hasta la fecha en que se pudo efectuar la extracción. 3. Gastos: Comprende tasa judicial; honorarios del oficial de justicia, comisión del rematador, gastos de publicación de avisos de remate; copias de títulos; honorarios del escribano; depósito de bienes, en su caso; impuesto y gastos de escrituración etc.

Traslado: De la liquidación presentada se dará traslado a la parte contraria notificándosele por cédula. (Art. 133, inc. h) y 2da p. C). Las objeciones a la liquidación presentada se tramitaran como incidentes. La resolución que decida sobre la liquidación será apelable. El recurso se otorgará en relación y con efecto suspensivo. Una vez firme la resolución se dispondrá el pago al acreedor.

Fianza: El ejecutante deberá prestar fianza para percibir el capital e intereses, si el ejecutado lo pidiere. La clase y monto de la fianza queda a criterio del juez siempre que sea suficiente para garantizar el reembolso de la cantidad percibida por el ejecutante. La fianza tiene por objeto asegurar el resultado del proceso de conocimiento que pueda promover el ejecutado dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha en que se otorgo la fianza. La cancelación de la fianza se produce de forma automática si el ejecutado no promovió el pertinente juicio en el plazo señalado. La cancelación de la fianza no impide que el ejecutado inicie el proceso de conocimiento ordinario posterior, fundado en el enriquecimiento sin causa y el pago de lo indebido, el cual constituye un supuesto de prescripción decenal. Preferencia: El Art. 502 del Código Procesal Civil dispone: “Mientras el ejecutante no esté totalmente pagado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otros destinos, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación”. En primer lugar se encuentra las costas de la ejecución, por tratarse de los gastos de justicia hechos para la realización del bien y la distribución del precio en el interés común de los acreedores. Tienen privilegio sobre la generalidad de los bienes muebles o inmuebles del deudor. Los acreedores con créditos privilegiados o embargos anteriores deberán deducir tercería de mejor derecho.

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Procedencia ( Art. 503): “Procederá la ejecución hipotecaria cuando el título ejecutivo esté garantizado con hipoteca. Se aplicarán a éste tipo de ejecución las disposiciones establecidas en el título anterior, en cuanto no resulten modificadas en el presente”.

Hipoteca: Por el derecho real de hipoteca se grava un inmueble determinado que continua en poder del constituyente en garantía de un crédito cierto en dinero.

Hipoteca cambiaria: Conceptos. La hipoteca común responde a la seguridad de un crédito cierto en dinero. La hipoteca cambiara consiste en esta misma hipoteca otorgada en garantía de un crédito documentado en pagares, letras de cambios u otros títulos de créditos cuya naturaleza lo permita concediéndosele al acreedor de este modo, la posibilidad de hacer circular dicho crédito. El objeto de la hipoteca cambiaría es la obligación abstracta documentada en el título de crédito.

Pagarés hipotecarios: Es el título de crédito garantizado con hipoteca, con la anotación registral y notarial en virtud del cual el librador se obliga a pagar una suma de dinero al tenedor legitimado a su vencimiento. Son pagarés que gozan del respalde de una garantía hipotecaria para seguridad del crédito que ellos representan. El Art. 2371 del C.C. expresa: “La obligación hipotecaria podrá fraccionarse y documentarse en pagares endosables, asiéndolo constar el escribano en la escritura y en los documentos que deberán ser también registrados así como sus endosos. El acreedor sólo podrá ejecutar su crédito, asiendo valer sus pagares que tendrán fuerza ejecutiva. La cancelación del gravamen procederá cuando se cancelen todos los documentos emitidos. La transmisión de los pagarés endosables estará sujeta a las responsabilidades y efectos del endoso que este código establece”. Excepciones isibles (Art. 504): “En la ejecución hipotecaría podrán oponerse las excepciones autorizadas por los incisos a), b), c), d), e) e i) del artículo 462. Además podrá oponer el deudor las del pago total o parcial, quita, espera, remisión y transacción, que sólo podrán probarse por instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán presentarse en sus originales, o copia autenticada, al oponerlas. No procediéndose así, se desechará el escrito de excepciones, y se dictará la sentencia de remate. Dentro del plazo para oponer excepciones podrá invocarse también por los terceros, la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos que determinan las leyes de fondo”. 1. Incompetencia; 2. Falta de personería en el ejecutante o su representante por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente; 3. Litispendencia; 4. Falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución, la primera sólo podrá fundarse en la falsedad material o en la adulteración del documento la segunda en la falta de acción o no ser el documento de aquellos que traen aparejada ejecución; 5. Prescripción; 6. Cosa Juzgada; 7. Pago total o parcial; Quita; Espera; Remisión y transacción.

EXCEPCIÓN DE NULIDAD: Aunque no se halle enumerada la misma es isible cuando existan irregularidades procesales que afectan al derecho de defensa. Caducidad de la inscripción hipotecaria: Dentro del plazo para oponer excepciones podrán invocar la caducidad de la inscripción hipotecaria, con los efectos de las leyes de fondo. La hipoteca termina por el transcurso del plazo de veinte años contados desde el día de la inscripción aunque se hubiere convenido un plazo mayor. La caducidad de la inscripción sólo puede invocarse por terceros porque las partes contratantes, sus herederos y los demás que han intervenido en el acto no podrán prevalerse de la falta de inscripción o defecto de inscripción de la hipoteca, considerándose registrada respecto de ellos, la hipoteca constituida por escritura pública Art. 2379 C.C. Efectos: La caducidad de la inscripción no configura una verdadera excepción, no perjudica el título ni repercute en el trámite del juicio. Sólo beneficia a los terceros acreedores hipotecarios o embargantes anteriores que pueden hacer valer su derecho de preferencia sobre el precio de venta del inmueble cuando les

correspondiera. INFORME SOBRE CONDICIONES DEL BIEN HIPOTECADO (Art. 505): “En la resolución que ordenare la intimación de pago y la citación de remate, se dispondrá la anotación del embargo sobre el bien hipotecado y el libramiento de oficio al Registro Público correspondiente para que informe: 1. Sobre las medidas cautelares y gravámenes que afecten al bien hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios; y 2. Sobre las transferencias que de aquél se hubieren realizado desde la fecha, de constitución de la hipoteca, y nombre y domicilio de los adquirentes”. El embargo podrá efectuarse mediante oficio librado por el juez o por medio de mandamiento de embargo ejecutivo que diligenciara el oficial de justicia comisionado al efecto. Tercero poseedor (Art. 506): “Si del informe a que se refiere el artículo anterior o por denuncia del deudor, resultare que éste transfirió el bien hipotecado, dictada la sentencia de remate, se intimará al adquirente para que dentro del plazo de 5 días pague la deuda o haga abandono del bien. En éste caso se observarán las reglas establecidas en el C.C. sobre los efectos de la hipoteca en relación con los terceros poseedores. Art 2.384 del C.C.: “Cuando el inmueble hipotecado estuviere en todo o en parte en poder de terceros constituyentes o adquirentes, debe el acreedor, antes de pedir a éstos el pago de la deuda, intimar judicialmente al deudor, con los intereses exigibles. Si éste no pagare en el acto, podrá el acreedor exigir a los terceros poseedores el pago de la deuda, o el abandono del inmueble hipotecado”. Concepto: Se denomina tercero poseedor al que adquiera a titulo singular la propiedad del bien hipotecado sin asumir la deuda, o sin la aceptación de ese acto por el acreedor. Tienen carácter de tercero poseedor: a) El propietario que ha dado en garantía de la deuda de un tercero un inmueble de su propiedad sin constituirse en fiador. b) El que adquiere el inmueble por actos entre vivos a título oneroso o gratuito. c) El legatario del inmueble. No son terceros poseedores: a) los herederos del deudor del bien hipotecado. b) El tercero que posee el inmueble a titulo de usufructuario, , arrendatario, inquilino, etc. c) No obstante sus derechos podrán ser opuestos al ejecutante si han sido constituidos con anterioridad a la hipoteca. d) Los poseedores que adquirieron el inmueble por boleto de compra-venta.

Derecho de persecución: El acreedor cuyo crédito se halle garantizado por hipoteca tiene el derecho de perseguir el bien hipotecado de manos de quien lo tenga, para obtener el cobro de su crédito. No obstante la constitución de la hipoteca el deudor dueño del bien puede enajenarlo pero su transmisión se produce con las cargas que lo gravan. El tercer poseedor es un tercero ajeno a la relación creditoria pero no es ajeno a la hipotecaria, en razón de que él adquirió la propiedad del bien con el derecho real rio de hipoteca constituido en seguridad de un crédito. De allí que si el deudor no paga la deuda al acreedor que le haya intimado judicialmente el pago podrá exigir a los tercero poseedores el pago de la deuda o el abandono del inmueble, art. 2384 del C.C. Así dictada la sentencia de remate se intimará al tercero poseedor para que dentro del plazo de cinco días pague la deuda o haga abandono del bien hipotecado.

Dicha intimación se practicará por cédula dirigida al tercero poseedor y bajo apercibimiento de seguirse contra él también la ejecución. Esto es así aunque el precepto no lo disponga porque resulta lógico que así sea desde que el tercero poseedor puede excepcionar la ejecución del inmueble, alegando la no existencia o la extinción del derecho hipotecario, como también la nulidad de la toma de razón o la inexigibilidad de la deuda, art. 2386 del C.C. El tercero poseedor podrá a su vez oponer al progreso de la ejecución todas las excepciones previstas en la ley procesal prevista en la ley hipotecaria.

Prelación de la ejecución: ART 507. Cuando hubiere bienes dados en hipoteca se procederá contra ellos antes que contra ningún otro, y el embargo se limitará a los mismos. Sólo si realizados éstos quedare un saldo impago, se procederá contra otros bienes del deudor. Se funda el precepto en razones de humanización del proceso y de razonabilidad.

EJECUCIÓN PRENDARIA Procedencia: Art.508. Procederá la ejecución prendaria cuando el título ejecutivo esté garantizado con prenda. Se aplicarán a éste tipo de ejecuciones las disposiciones establecidas en el título 1 de éste libro en cuanto no resulten modificadas en el presente. La prenda convencional podrá ser constituida por un deudor o un tercero esté no quedará en este caso personalmente obligado, pero responderá por la evicción. La prenda es una garantía de carácter rio. Su existencia y validez depende de la obligación principal.

Prenda: Concepto: La prenda es el derecho real por el cual el deudor entrega un bien mueble a su acreedor en seguridad y garantía de un crédito. Clases: La ejecución prendaria puede constituirse en: -La ejecución de prenda con registro. -La ejecución de prenda común. -La acción prendaria es personal en consecuencia rige el art. 17 del COJ.

Prenda con registro: Concepto: La prenda con registro es la que se constituye para asegurar el pago de una suma de dinero. O el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones, sobre ganado máquinas, frutos, vehículo, automotores, etc. Quedando las cosas prendadas en poder del deudor que se constituye en depositario regular. PRENDA CON REGISTRO: Art 509. En la ejecución de prenda con registro sólo procederán las excepciones enumerada en el art 504, y 563. Art 504: Sólo podrán oponerse las excepciones de los incisos 1º.- Incompetencia, 2º.- Falta de personería en el ejecutante o sus representantes por carecer de capacidad para estar en juicio o de representación suficiente. 3º Litispendencia, 4º Falsedad e inhabilidad del título con que se pide la ejecución, 5º Prescripción. 6º Cosa juzgada.

La prenda con registro se constituye mediante un contrato que entre las partes produce efectos desde su celebración; y con respecto a terceros desde su inscripción en el registro. Los bienes prendados gozan del privilegio especial extendiéndose a los importes de las indemnizaciones y el precio. En cuanto a la competencia territorial la acción se promoverá ante el juzgado del domicilio del deudor o el de la situación de la cosa prendada. No obstante si en el contrato de prenda se pacto la prórroga de la competencia ella prima sobre lo prescripto en la norma precedentemente mencionada. La quiebra, convocación, de acreedores o el trámite del juicio sucesorio del deudor, no ejercerán fuero de atracción sobre el juicio ejecutivo prendario. En las ejecuciones prendarias de bienes que obligatoriamente deben registrarse el juez pedirá previamente informe al registro de créditos prendarios sobre la existencia de gravámenes en caso de existir se citará al acreedor antes de ordenar la subasta. En la hipótesis de que simultáneamente con el contrato de prenda con registro el deudor haya suscripto los pagare que señala el art. 2339 del C.C. (pagares prendarios) el acreedor sólo podrá ejecutar su crédito asiendo valer sus pagares, de lo contrario el titulo será hábil los pagarés prendarios deben estar inscriptos en los registros prendarios. La obligación prendaria podrá fraccionarse documentándose en pagarés endosables, asiéndolo constar en el contrato y en cada documento e inscribiendosé tantos los pagarés como sus endosos en el Registro Prendario. El acreedor sólo podrá ejecutar su crédito asiendo valer su pagaré. La inscripción conserva el privilegio del acreedor prendario por tres años contados desde la fecha en que se hubiera efectuado; pero la prenda no cancelada podrá prorrogarse por tres años mas a simple petición del acreedor formulada con anterioridad al vencimiento de aquél plazo. Si los bienes prendados fuesen máquinas la inscripción ampara los derechos del acreedor por el plazo de cinco años renovables por otro periodo igual. Los derechos emergentes de la inscripción caduca por el mero vencimiento del plazo. No obstante, la falta o defecto de la inscripción del contrato de prenda no hace perder al deudor su calidad de tal. • En caso de venta de los bienes prendados, sea por mutuo convenio o por ejecución judicial, el producto de ella será liquidado en el orden y con las preferencias siguientes: - Pago de los gastos de justicia; - Pago de istración y conservación de los bienes prendados, incluso salarios desde la fecha del contrato hasta la venta; - Pago de impuestos fiscales y municipales que graven los bienes prendados; - Pago de arrendamientos del campo donde pastaron los animales, si el deudor no fuere propietario del mismo. Si el arrendamiento se hubiese estipulado pagadero en especie el locador tendrá derecho a que le sea pagado su crédito en esa forma; - Pago de capital e interés adeudado al acreedor prendario; - Pago de los salarios sueldos y gastos de recolección, trilla y desgranado u otro semejantes que se adeuden con anterioridad al contrato, siempre que estos créditos gocen de privilegios según las disposiciones de este código.

PRENDA COMÚN Art 510. En la ejecución de la prenda sólo serán oponibles las excepciones que se mencionan en el art 504 1º párrafo y 463. Serán aplicables en lo pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución hipotecaría y la ejecución de prenda con registro.-La ejecución judicial de las prendas constituidas sobre bienes muebles cuyo valor exceda La ejecución judicial de las prendas constituidas sobre bienes muebles cuyo valor exceda de diez jornales mínimos está impuesta por la ley. En efecto el art. 2303 del C.C. dispone: “no efectuando el deudor el pago de la obligación y de sus rios podrá el acreedor pedir la venta en remate público de la cosa dada en prenda. El juez deberá oír previamente al deudor y al tercero propietario, en el caso de que la prenda se hubiera constituido por este. Si el valor de la cosa no excediere de diez jornales mínimos legales establecidos podrá el juez autorizar la venta en privado. El acreedor podrá adquirir la cosa prendada por la compra en remate, o en venta privada autorizada o por adjudicación judicial, en caso de no existir postores”.

La caducidad de las inscripciones se producirán en forma automática a los diez años de su presentación si antes no fueren reinscriptos no podrán darse en prenda créditos que no consten en un titulo por escrito ni sean cesibles Cuando la prenda consistiere en un crédito el acreedor prendario no podrá solicitar su venta , ni adjudicación. Sólo podrá exigir el cumplimiento de la obligación.

EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE DAR COSA CIERTA MUEBLE

Procedencia: ART 511. Podrá demandarse ejecutivamente el cumplimiento de una obligación de dar cosa cierta mueble, individualizada en el título, cuando su entrega no se hiciere en el lugar y tiempo estipulado. Si la prestación tiene por objeto cosas individualmente determinadas, comprende todos los rios de ella al tiempo de constituirse la deuda, aunque no hubiesen sido mencionados en el titulo. Los frutos percibidos ante de la entrega pertenecen al deudor y los pendientes al acreedor.

Requisitos: ART 512. Podrá prepararse la acción cuando el documento en que consta la obligación fuese privado, pidiendo el reconocimiento de firma. Regirán en tal caso las disposiciones pertinentes del juicio ejecutivo. El titulo en que consta la obligación de dar cosa cierta mueble puede ser público o privado. Si fuere público, el actor deberá solicitar que se libre el mandamiento de secuestro correspondiente. Si fuere privado, se deberá previamente preparar la acción mediante el reconocimiento de la firma u obligación atribuida al deudor. A este efecto se lo citará para que dentro del plazo o en la audiencia, que señale el juez comparezca a reconocer la firma o la obligación, bajo apercibimiento de tenerse por reconocida la firma o la obligación, en su caso.

Secuestro: ART. 513. El juez examinará el título de la obligación y, si a su criterio correspondiere, dispondrá el secuestro de la cosa. Si el juez encuentra que la petición es procedente dispondrá el secuestro de la cosa, a cuyo efecto deberá librar el correspondiente libramiento y comisionar a un oficial de justicia para su correspondiente

diligenciamiento. La orden deberá contener la facultad para allanar domicilio y solicitar el auxilio de la fuerza pública si fuere menester, así como el desapoderamiento del deudor de la cosa cierta mueble reclamada en juicio. PRÁCTICAMIENTO DEL SECUESTRO: ART. 514. El acreedor deberá concurrir personalmente o por medio de apoderado al acto de secuestro. Si el deudor se allanare al pago, el acreedor deberá recibir la cosa, cuando estuviere de acuerdo en que se trata de la debida. En éste caso se dará por concluido el juicio. El oficial de justicia puede efectuar el secuestro en cualquier lugar en que se encuentre la cosa reclamada sea o no el domicilio del deudor. Las costas del juicio serán a cargo del deudor, aun en el caso de que se allane al pago y entregue la cosa debida al deudor.

Designación del perito: ART 515. Si el acreedor alegare que la cosa que se pretende entregar no es la debida e indicare otra, el juez podrá ordenar el secuestro de ambas, si la alegación apareciere verosímil, y dispondrá el examen pericial, por un perito designado de oficio, el cual se pronunciará en el plazo de 6 días de aceptado el cargo. Presentado el dictamen, el juez resolverá dentro de los diez días siguientes sobre la validez del pago. Si no se tratare de la cosa debida, y ésta no pudiere ser hallada, decidirá también conforme a lo dispuesto en los artículos 517, último párrafo y 518.

Citación para oponer excepciones: Procedencia: Art. 516. Si el deudor hiciere oposición en el acto del secuestro, o no se encontraré presente en el mismo, será citado para deducir excepciones, sin perjuicio de que aquél se lleve a cabo. Serán oponibles las itidas en el juicio ejecutivo, siguiéndose el trámite previsto para el mismo. Las excepciones se opondrán dentro de cinco días en un sólo escrito y conjuntamente se acompañará la prueba documental y se ofrecerán las demás pruebas, debiendo seguirse el trámite dispuesto para las misma. Aunque el deudor se haya opuesto a la pretensión del acreedor o no se encontrare presente en el acto del secuestro la orden judicial que dispone el secuestro deberá ser cumplida por el oficial de justicia.

Sentencia - Contenido: ART 517. Además de la decisión sobre las excepciones opuestas, en su caso, el juez dispondrá, cuando correspondiere: 1.- La nulidad del procedimiento; 2.-No hacer lugar a la ejecución; o 3.-Hacer lugar a ella, si se tratare de la cosa debida, disponiendo su entrega al acreedor. Si no fuese posible la entrega de la cosa debida, condenará al deudor a pagar su precio, previa valuación que se hará por perito designado de oficio en la misma sentencia, debiendo expedirse aquél dentro de los 6 días de aceptado el cargo.

Fijación de precio y remate: Art 518. El juzgado dictará resolución en el plazo de 10 días de presentado el dictamen, fijando definitivamente el precio de la cosa. Una vez firme ésta resolución, el juez decretará, sin más trámite, embargo ejecutivo sobre bienes suficientes del deudor y ordenará la subasta pública de los mismos, siguiéndose lo dispuesto para el juicio ejecutivo. Reclamación de daños y perjuicios: La reclamación y determinación de los daños y perjuicios, en su caso, deberán hacerse por la vía del proceso de conocimiento ordinario. LECCIÓN 19 Ejecución de Sentencias de Tribunales Paraguayos Toda sentencia es declarativa, no obstante su eficacia varía de acuerdo con el contenido de la declaración. En

las sentencias declarativas y en las constitutivas la declaración es suficiente para satisfacer el interés de la parte. Dichas sentencias no se ejecutan en razón de que la parte vencida nada debe dar o hacer a favor del vencedor, salvo las costas en su caso. Las sentencias de condena conlleva una obligación a cargo de la parte vencida. Siendo así, el interés del vencedor no queda satisfecho hasta lograr el cumplimiento de la obligación. Si el vencido no cumple voluntariamente la prestación debida puede el vencedor volver a peticionar al órgano jurisdiccional la prestación para obtener del deudor la satisfacción de la obligación debida. Por ello son susceptible de ejecución las sentencias de condena, es decir, aquellas que contienen el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Sentencias susceptibles de ejecución. Ejecución de laudos arbitrales Art. 519: “Consentida, firme y ejecutoriada la sentencia judicial o arbitral y vencida el plazo fijado para su cumplimiento. Procederá su ejecución, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en este Capitulo”. Resoluciones ejecutables: Sentencia Firme, Consentida y Ejecutoriada. Conceptos. Sentencia Firme: la sentencia es firme cuando no ite recurso, adquiere autoridad de cosa juzgada y no puede ser modificada posteriormente. Sentencia Consentida: la sentencia está consentida cuando las partes después de notificadas dejan vencer los plazos sin Interponer recursos, o cuando habiéndolos interpuestos han sido declarados desiertos o cuando se ha producido la caducidad de la instancia. Sentencia Ejecutoriada: la sentencia queda ejecutoriada cuando es confirmada por el superior si la resolución era condenatoria, o cuando es revocada si era absolutoria. En algunos supuestos específicamente establecidos por el Código ciertas sentencias se ejecutan, no obstante haberse interpuesto contra ellas algún recurso (Medidas precautorias, alimentos y litis expensas). Plazo vencido: El segundo presupuesto para la viabilidad de la ejecución consiste en que el plazo fijado por la sentencia para su cumplimiento se encuentre vencido. Si la sentencia no ha fijado plazo para su cumplimiento es susceptible de ejecución tan pronto como quede firme. Instancia de parte: Constituye una consecuencia del Principio dispositivo que inspira el Código Procesal Civil y configura el tercer presupuesto para que proceda la ejecución de la sentencia. Aplicación a otros títulos ejecutables Art. 520: "Las disposiciones de este. Capítulo serán aplicables también: a) a la ejecución de transacciones o acuerdos homologados judicialmente; b) a la ejecución de multas procesales; c) al cobro de honorarios regulados en concepto de costas".

Transacción o Acuerdo Homologado: Los acuerdos homologados y el convenio o acta de transacción homologado judicialmente, adquieren eficacia de cosa juzgada siendo ejecutables por el y trámite de la ejecución de sentencias (Arts. 170 y 171 C.P.C.) Multas Procesales: La legitimación para promover la ejecución de las multas impuestas por los tribunales dependerá de que hayan sido o no establecidas en beneficio de la contraria. Si fueran a favor de ésta la ejecución le corresponde al beneficiario. Ej. En el supuesto de desconocimiento de la firma por el demandado, que posteriormente es tenida por auténtica. En el otro supuesto, la ejecución estará a cargo de los agentes fiscales, quienes deberán iniciarla dentro de los 30 días de notificada la resolución firme que las impuso. (Art 43 C.P.C.) Honorarios: Se refiere a los honorarios regulados en concepto de costas, pudiendo el profesional dirigirse contra la parte

condenada o contra su cliente. Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los 10 días de ejecutoriada la resolución o de la providencia de cúmplase, en su caso. Los honorarios no cuestionados por trabajos extrajudiciales, luego de de diez días de intimado su pago. No satisfechos en éste plazo, generarán a favor del profesional intereses equivalentes a la tasa máxima activa aplicada por el BNF para sus operaciones comerciales. Competencia: Art. 521: "Será competente para la ejecución del Juez de la causa. El interesado podrá recurrir ante el de otra competencia territorial si así conviniere en razón del objeto de la ejecución. En la ejecución de honorarios será competente el Juez que entendió en la regulación, o el de la causa en que se originaron los honorarios, o Juez en lo Civil y Comercial del lugar del domicilio, en su caso." Ejecución ante el juez de la causa. Es conveniente que el Juez de la causa sea el de la ejecución de sentencia, en razón del conocimiento directo que tiene de todos los antecedentes de la cuestión. La ejecución, consecuentemente se promoverá ante el Juez que intervino en el proceso principal, aunque no esté de turno. Ejecución ante de otra competencia territorial. Si por el objeto de la ejecución conviniere, el interesado podrá ocurrir ante un Juez de otra competencia territorial. Se funda en razones prácticas y en que la sentencia es un título ejecutivo que consta en un instrumento público con eficacia de cosa juzgada, cuyos erectos jurídicos no pueden ser desconocidos por ningún Juez, siendo así, puede ser ejecutada fuera de la circunscripción territorial en que fue dictada. Ejecución de honorarios: En la ejecución de honorarios profesionales será competente, dependiendo de las circunstancias del caso: a.- El .Juez que entendió en la regulación de los honorarios profesionales. Si se trata de honorarios regulados por trabajos profesionales realizados ante la CSJ, en una inconstitucionalidad promovida por vía de acción contra un acto normativo, será competente para la ejecución del Juez de la primera instancia en lo Civil y Comercial de turno. b.- El Juez de la causa donde se originaron los honorarios, v.g.: El Juez que entendió en el Juicio en el cual se originó una acción de Inconstitucionalidad resuelta por la Corte Suprema de Justicia. c.- El Juez en lo Civil y Comercial del lugar del domicilio del ejecutado, v.g.: El Juez del domicilio del obligado al pago de honorarios devengados en un Juicio arbitral. En todos los procesos el Juez de Oficio debe regular los honorarios al dictar resolución definitiva, procederá de igual modo, en las cuestiones incidentales. Ejecución de laudos: En la ejecución del laudo y demás resoluciones que requieran ejecución será competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno de la circunscripción judicial que corresponde a la sede arbitral (Art. 812 e.p.c.).

Cantidad liquida o liquidación firme. Art. 522: "Si la sentencia condenare al pago de cantidad líquida y determinada o hubiere liquidación aprobada y firme, a instancia de parte se procederá al embargo de bienes, de conformidad con las normas establecidas para el Juicio Ejecutivo. Se entenderá que hay condena el pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de liquidación, aún cuando no estuviera expresado numéricamente. Si la sentencia condenare a una misma parte al pago de una cantidad liquida y otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la segunda". Sentencia que contiene cantidad líquida e ilíquida: Se concede la facultad al interesado de ejecutar contra la vencida el importe por la cantidad liquida, sin esperar que se liquide la cantidad liquida que también contiene la sentencia. Liquidación. Art. 523: "Cuando la sentencia condenare al pago de cantidad ilíquida y el vencedor no hubiere presentado la liquidación, dentro de diez días contados desde que aquélla fuere ejecutable, podrá hacerla el vencido. En ambos casos se procederá de conformidad con la base que en la sentencia se hubiere fijado. Presentada la ¬liquidación se correrá traslado a la otra parte por cinco días”.

Presentación por el vencedor; plazo: En primer término puede hacerlo el vencedor, pero si éste no lo presenta dentro del plazo señalado que es de 10 días perentorios e improrrogables a partir de que la sentencia fuera ejecutable, esto es, desde que quedo firme, consentida o ejecutoriada, o desde que venció el plazo en su caso, podrá hacerla el vencido, aplicándose las mismas reglas mencionadas. Traslado El traslado de la liquidación presentada se efectúa por 5 días y se notifica personalmente o por cédula a la contraria. Conformidad con la liquidación. Art. 524: Expresada la conformidad por el deudor o transcurrido el plazo sin que se hubiere contestado el traslado, se procederá a la ejecución por la suma que resultare, en la forma prescripta por el artículo 522. Si mediare impugnación se aplicarán les normas establecidas para los incidentes en este código. Impugnación Si cualquiera de las partes manifiesta disconformidad con la liquidación presentada por la contraria, se aplicarán las normas establecidas en los Arts. 180 y sgtes. Del C.P.C. referidas a los incidentes. Citación de venta. Art. 525: "Trabado el embargo se citará al deudor para la venta de los bienes embargados, haciéndole saber que si dentro de tres días no opusiere excepción legítima, se llevará adelante la ejecución". Objeto La citación de venta tiene por objeto dar al ejecutado la oportunidad para que oponga las excepciones que autoriza el Art. 526 del C.P.C., y de éste modo ejercer su derecho a la defensa. Plazo. Notificación: La citación se notificará por cédula al ejecutado con la prevención que si dentro de 3 días no opusiere excepción legítima, se llevará adelante la ejecución. Embargo El embargo es un trámite esencial en la ejecución de sentencia, porque el procedimiento se halla precisamente dirigido a obtener la venta en subasta de los bienes del ejecutado. Excepciones isibles: Art. 526: Solo serán isibles las siguientes excepciones: a) Falsedad de la ejecutoria; b) Prescripción decenal de la ejecutoria; c) Falsedad o inhabilidad de titulo; d) Pago; y e) Quita, espera, remisión. isibilidad: Sólo se iten las excepciones fundadas en hechos sobrevinientes a su pronunciamiento, en razón de que los anteriores y los posibles vicios de la sentencia se hallan excluidos de toda discusión, como consecuencia de la autoridad de cosa juzgada que en propia de la misma. Las excepciones isibles pueden dividirse en enumeradas en el precepto y no enumeradas. Excepciones enumeradas. Falsedad de la ejecutoria: Fundada en la falsedad material o adulteración de la sentencia o de su copia, o de la firma del Juez o el secretario que la suscriben. Prescripción decenal de la ejecutoria: La prescripción de la ejecutoria, esto es del derecho que nace con motivo de la sentencia, y no el derecho declarado por la sentencia, es de diez años, por tratarse de una acción personal, derivada del derecho reconocido por sentencia firme, aunque por sí mismo estuviere sujeto a un plazo más corto. El plazo se computa desde que la sentencia queda firme. Falsedad o inhabilidad de título: La falsedad o inhabilidad del título debe referirse a la adulteración o falsedad material del titulo que se ejecuta o de la firma de quien lo suscribe. La falsedad material queda configurada

cuando el título es total o parcialmente falso o cuando es verdadero pero ha sufrido alguna adulteración. La inhabilidad de título se producirá en los supuestos en que la sentencia o el laudo carezcan de fuerza ejecutiva, porque: la sentencia que se ejecuta no se halle firme, consentida o ejecutoriada; o no se halle vencido el plazo fijado para su cumplimiento; o cuando proceda la falta de acción. Pago: Debe ser documentado y total, además debe efectuarse con posterioridad al dictado de la sentencia. Quita, Espera o remisión: Estas excepciones deben ser acreditadas, para su isibilidad por medio de instrumentos que se acompañen conjuntamente con la excepción opuesta. Excepciones. No Enumeradas. También son isibles, aunque no mencionen en el precepto procesal, las siguientes: Incompetencia: La sentencia debe ejecutarse ante Juez competente, tal lo que se desprende del Art. 521 del C.P.C., lo cual constituye un presupuesto de validez del proceso. Falta de personería: En la ejecución de sentencia se producirá la falta de personería cuando el ejecutante haya perdido la capacidad procesal (capacidad civil para estar en Juicio) por un hecho sobreviniente o cuando el poder con que actúa el nuevo representante sea insuficiente. Compensación: Cuando resulte de un crédito líquido y exigible y se halle documentada. Se la puede también considerar implícita en la de pago y consecuentemente oponerse como tal. Nulidad: Cuando se funda en irregularidades procesales que afecten el Principio de la defensa en Juicio.Traslado: De las excepciones opuestas y de sus copias se corre traslado al ejecutante por el plazo de 3 días, notificándosele en forma automática. Caducidad: No se produce la caducidad de la instancia en el procedimiento de ejecución de sentencia. Inexistencia de la Obligación: En la ejecución de sentencia no se ite al ejecutado ninguna "densa que se funde en la inexistencia de fa obligación, en razón de que se opone a ello la autoridad de cosa juzgada. Rechazo "in limine" de las excepciones. Art. 527: Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o laudo. Se probarán por las constancias del Juicio o por documentos que se acompañarán al deducir la excepción, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañaren los documentos, el Juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible. El juez podrá abrir a prueba la excepción o la oposición del ejecutante, por un plazo máximo de diez días. " El Juez deberá rechazar las excepciones opuesto cuando: 1. No se hallen fundadas en hechos posteriores a la sentencia o laudo. 2. No se acompañaren documentos en que se funde la excepción con la oposición de la misma. Apertura a prueba: El Juez podrá abrir a la prueba la excepción o la oposición del ejecutante por un plazo máximo de 10 días. El plazo es común. Además el Juez esta facultado a ordenar medidas para mejor proveer. Resolución. Art. 528: “No habiéndose deducido excepción dentro del plazo legal, se mandará continuar la ejecución sin recurso alguno. Si se la hubiere deducido el juez, previo traslado al ejecutante por tres días, mandará continuar la ejecución, o, si declarare precedente la excepción, rechazará aquella y levantará el embargo”. La resolución que el Juez dicte como consecuencia de la ejecución de la sentencia no tiene efecto declarativo y no requiere formas especificas salvo, por supuesto, la fundamentación, deberá limitarse a mandar que se lleva adelante la ejecución o rechazar la ejecución y el levantamiento del embargo. Costas: De acuerdo a la regla general, se imponen al ejecutado. Recursos. Art. 529: "La resolución que recayera será apelable en los términos del Art. 472" Art. 472: "La sentencia (de remate) será apelable. a) cuando se tratare del caso previsto en el artículo 466, párrafo primero; b) cuando se hubieren opuesto excepciones e intentado probarlas; y c) cuando las excepciones se hubieron tramitado como de puro derecho. El recurso se concederá en relación y con efecto

suspensivo". Forma y efecto de la concesión: La apelación se concederá, cuando corresponda, en relación y con efecto suspensivo. Cumplimiento. Art. 530: "Consentida. firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor". Remisión: Una vez firme, consentida o ejecutoriada, la sentencia se procederá a la venta en subasta pública de los bienes embargados, según la respectiva naturaleza de los bienes, hasta hacerse pago al acreedor de su crédito, de acuerdo con las reglas establecidas pare el cumplimiento de la sentencia de remate en los Arts. 476 al 502 del C.P.C. Ley 1.493/2000. Esta ley modifica los articulas 530, 716 Y 117 del C El que no interesa en el punto es el 530, que modificado se transcribe a continuación "Consentida, firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor. Si la sentencia condenare al pago de una suma de dinero Liquida y exigible al Estado, a las entidades autárquicas o autónomas, él los gobiernos departamentales o Municipales, se hará saber su monto al Ministerio de hacienda o a las gobernaciones o municipalidades para su inclusión en los respectivos presupuestos". Liquidación en casos especiales: Art. 531: “Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas o de lenta y difícil justificación, o requirieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de uno o tres peritos, según la importancia del asunto, designados de oficio por el juez, que establecerá el plazo dentro del cual deberán dictaminar.”

EJECUCIÓN Y EFICACIA DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES EXTRANJEROS Art. 532: Las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros tendrá fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. Cuando no hubiere tratados, serán ejecutables si concurren los siguientes requisitos: a) que la sentencia, con autoridad de cosa juzgada en el Estado en que fue pronunciada, emane de tribunal competente en el orden internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble, si éste ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero; b) que no se halle pendiente ante un tribunal paraguayo una litis por el mismo objeto y entre las mismas partes; c) que la parte condenada, domiciliada en la República, hubiere sido legalmente citada y representada en el juicio, o declarada rebelde conforme a la ley del país donde se sustanció el proceso; d) que la obligación que hubiere constituido el objeto del juicio sea válida según nuestras leyes; e) que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público interno; e) que la sentencia reúna los requisitos necesarios para se considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada, y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional; y g) que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada con anterioridad o simultáneamente, por un tribunal paraguayo. Procedencia: Los Estados, fundados en razones de reciprocidad, seguridad jurídica y fomento de las relaciones internacionales, reconocen la validez de las sentencias dictadas en un país extranjero y permiten, reunidas ciertas condiciones, su ejecución dentro de su territorio. Existencia de tratados: El primer párrafo del precepto procesal se refiere al supuesto de que exista un Tratado celebrado por el Paraguay con el país del cual proviene la sentencia que se pretende ejecutar. En este caso habrá que comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el respectivo Tratado con el objeto de ajustarse a

sus disposiciones. Competencia. Recaudos. Art. 533: "La ejecución de la sentencia dictada por un Tribunal extranjero se pedirá ante el Juez de Primera Instancia de Turno que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido, así como los testimonios de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada, y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.” Competencia: En la ejecución de la sentencia o el laudo extranjeros será competente el Juez Primera Instancia de turno, que corresponda según las reglas generales en materia de competencia establecidas en el Código Procesal Civil y el en Código de Organización Judicial. Recaudos: El pedido de ejecución debe ir acompañado del testimonio legalizado y traducido, en su caso, de la sentencia y de las actuaciones que acrediten que la misma ha quedado ejecutoriada, además del cumplimiento de los demás requisitos señalados en el Art. 532 del C si no resultan de la misma sentencia. Exequatur Art. 534: "Antes de resolver, el Juez correrá traslado a la persona condenada en el fallo, por el plazo de seis días, debiendo notificársele por cédula y al Ministerio Fiscal, por igual plazo. En caso de oposición, se aplicarán las normas de los incidentes. Si se dispusiere la ejecución solicitada, ésta se tramitará conforme a las disposiciones del Capítulo 1, de éste Titulo”. Concepto: El exequátur consiste en la homologación o aprobación de una sentencia extranjera con el objeto de poder ser ejecutada en la República. El Juez debe otorgar el exequátur a la sentencia o al laudo arbitral pronunciados en el extranjero, a los efectos de su conversión en títulos ejecutorios, que posibilite su ejecución en el República. Traslado: Del pedido de ejecución el Juez dará traslado, con copias, a la parte condenada en la sentencia o laudo y al Ministerio Fiscal. El plazo para contestar el traslado es de 6 días perentorios e improrrogables, debiendo notificarse por cédula a la persona contra quien se pretende dirigir la ejecución. Oposición: La oposición deberá fundarse exclusivamente en la circunstancia de que la sentencia reúne o no los requisitos exigidos en el Tratado respectivo o en el Art. 532 del C.P.C., para poder ser ejecutada en la República. Ejecución: En el supuesto de que el juez resuelva procedente la ejecución de la sentencia o laudo extranjero, se seguirá el trámite para la ejecución de sentencias de tribunales paraguayos. Eficacia de la sentencia extranjera. Art. 535: “Cuando en juicio se invocare la autoridad de una sentencia extranjera, ésta sólo tendrá eficacia si reúne los requisitos del artículo 532” Medidas cautelares, Art. 537: "Los Jueces paraguayos darán cumplimiento a las medidas cautelares que les fueren solicitadas por Jueces extranjeros, siempre que tales medidas fueren procedentes conforme al derecho paraguayo y el peticionante diere contracautela del articulo 693; inciso c)". Procedencia: Los requisitos que deben llenarse para que proceda el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por Jueces extranjeros son: 1. Que sean procedentes conforme al derecho paraguayo, para lo cual habrá de recurrirse a lo establecido por las leyes, en cada caso, v.g.: Embargo preventivo (Arts 707 al 709 del C.P.C.) inhabilidad general e enajenar y gravar bienes (Art. 718); separación de bienes (Art. 211 CC); etc. 2. Que el peticionante otorgue contracautela, a fin de responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar si lo hubiese pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la requiera por la naturaleza de la medida solicitada (Art. 693, inc. c) del C.P.C.).

3. Como requisito de carácter general se requerirá, además, que la resolución donde conste sea formalmente valida y se encuentre legalizada y traducida en su caso (Arts. 105, in fine y 129, inc. a). Ley 619/95: En la VII reunión del Consejo del Mercosur realizada en Ouro Preto, Brasil, se suscribió el Protocolo de medidas cautelares, aprobado por ley 619/95. En el mismo se establece: "El cumplimiento de una medida cautelar por la autoridad jurisdiccional requerida no implicará el compromiso de reconocimiento o ejecución de la sentencia definitiva extranjera pronunciada en el proceso principal. El juez o tribunal a quien se solicitare el cumplimiento de una sentencia extranjera podrá disponer las medidas cautelares que garanticen la ejecución, de conformidad con sus leyes".

LAUDOS ARBITRALES Art. 44: Nomas aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. “Los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el país, de conformidad con los tratados ratificados por la República del Paraguay sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. En el caso de que más de un tratado internacional sea aplicable, salvo acuerdo en contrario entre las partes, se aplicará el más favorable a la parte que solicite el reconocimiento y ejecución de un convenio y laudo arbitral. En defecto de la aplicabilidad de cualquier tratado o convención internacional, los laudos extranjeros serán reconocidos y ejecutados en la República de conformidad a las normas de la presente ley y las disposiciones específicas de este capítulo.” Art. 45: Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. “Un laudo arbitral, cualquiera sea el Estado en el cual se haya dictado, será reconocido como vinculante y, tras la presentación de una petición por escrito al órgano judicial competente, será ejecutado de conformidad a las disposiciones del presente capítulo. Será competente, a opción de la parte que pide el reconocimiento y ejecución del laudo, el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de turno del domicilio de la persona contra quien se intente ejecutar el laudo, o en su defecto el de la ubicación de los bienes. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia debidamente certificada del mismo, y el original del acuerdo de arbitraje a que se refiere el Art. 10 o copia debidamente certificada del mismo. Si el laudo o el acuerdo no estuvieran redactados en español, la parte que lo invoca deberá presentar una traducción oficial a este idioma por u traductor oficial.” Lección 20 INCONSTITUCIONALIDAD

Concepto La institucionalidad, en términos generales es el vicio o defecto de que adolece una norma jurídica o una resolución judicial, cuando han sido dictadas en contra de los preceptos de la Constitución. Supremacía de la Constitución. El Principio de la supremacía de la Constitución, está consagrado en nuestro derecho. La ley suprema de la República es la Constitución (Art. 137, 1° p., ler p. de la C.N.). Se encuentra fundado en que la Constitución se halla sancionada y promulgada por el pueblo paraguayo con el objeto de asegurar los valores supremos de la humanidad: la libertad, la igualdad y la justicia, para lo cual se erige en la Ley suprema de la República y establece, entre otros, que carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella (Preámbulo y Art. 137 C.N.). Competencia: El órgano competente para declarar la inconstitucionalidad en forma exclusiva y excluyente es la Corte Suprema de Justicia. Así lo dispone la ley fundamental. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad cuando se trate de una ley o de una resolución judicial: La Constitución declara: Carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en la Constitución (Art. 137). La declaración de inconstitucionalidad produce diferentes efectos según se trate de una ley o de una resolución judicial. Referida una ley el efecto es la inaplicabilidad de esa ley al caso concreto. La declaración de inconstitucionalidad no significa derogación de la norma impugnada, sólo inaplicabilidad de la misma, es decir, la ley sigue siendo ley para todos aquellos que no la impugnaron, salvo para quien lo hizo. No produce efectos "erga omnes" sólo "inter partes"

La decisión de la Corte Suprema de. Justicia acerca de la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales, sean sentencias definitivas, autos interlocutorios, o providencias, importará la declaración de nulidad de las mismas. En consecuencia, la Corte deberá devolver la causa (reenvió) al Juez o Tribunal que le sigue en orden de turno al que dictó la resolución declarada inconstitucional, para que sea nuevamente juzgada. Causales de lnconstitucionalidad: De acuerdo con Mendonca las mismas pueden ser: Referidas a la ley: I- Inconstitucionalidad formal: por Incompetencia del órgano que elaboró la ley. Por Violación de las formalidades prescriptas para la elaboración de la ley. II.- Inconstitucionalidad material: se produce cuando la ley viola normas o principios consagrados en la Constitución. Referidas a la sentencia: Por Incompetencia del órgano judicial que pronuncia la inconstitucionalidad, sólo la C.S.J. puede hacerlo. Porque el órgano judicial aplica una ley inconstitucional (indirecta) o el pronunciamiento del mismo es inconstitucional (directa). Referidas Al Proceso: Por la Violación del principio del debido proceso, lo que equivale a decir que hubo sólo apariencias de proceso; v.g Violación de los principios de bilateralidad e igualdad o defensa en juicio. Vías Procesales: Acción: El procedimiento podrá iniciarse ante la Sala Constitucional de la C.S.J. Excepción: Podrá iniciarse en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte. Declaración en abstracto: La C.S.J. sólo podrá declarar la inconstitucionalidad de una ley, en los casos concretos y contenciosos. No le está permitido expedirse en abstracto sobre la inconstitucionalidad de la ley. lnterés Legítimo: Además debe existir un interés en obtener la declaración por parte del afectado, de modo a tutelar efectivamente un derecho. No existe la declaración en abstracto, en el sólo beneficio de la ley. Reglas: Son las siguientes: I.- los errores o vicios procesales no son subsanables por vía de la inconstitucionalidad, salvo que se hubiere afectado del derecho a la defensa en juicio. II.- la inconstitucionalidad no resulta hábil para subsanar el error indicando, salvo que el error de juicio se hubiera cometido como consecuencia de la aplicación de una ley inconstitucional o se hubiere consagrado una conclusión inconstitucional. III.- tampoco es le medio para reabrir la discusión de cuestiones debatidas y resueltas en instancias inferiores. IV.- no ha sido creada por la ley para habilitar una tercera instancia en la discusión de las causas. V." la eficacia de la cosa juzgada permanece inalterable, salvo que la sentencia sea inconstitucional por violar ella misma la constitución o por haber actuado una ley inconstitucional. Inconstitucionalidad de las sentencias arbitrarias: En sentido general, la sentencia es arbitraria, cuando se encuentra fundada solamente en la voluntad o en el mero capricho del juzgador, es decir, cuando no se halla fundada o contiene una absurda apreciación de los hechos o de la prueba. La doctrina de la sentencia arbitraria y la posibilidad de su impugnación deviene directamente de la Constitución, que manda que toda sentencia este fundada en la Constitución y en la Ley. Para Carrió, algunas de las causales de arbitrariedad son: Resolver cuestiones no planteadas u omitir las oportunamente propuestas. Aplicar preceptos derogados o aún no vigentes. Prescinden de pruebas decisivas o invocan pruebas inexistentes. Son auto contradictorias. Pretenden dejar sin efecto decisiones anteriores firmes. Jurisprudencia: La CSJ ha aceptado y utilizado firmemente la doctrina de la sentencia arbitraria expresando algunos de los fallos: la sentencia es arbitraria cuando contienen contradicciones, no examina las pruebas fundamentales, se aparta de los hechos o contradice la ley; pero no cuando el juez se equivoca en la apreciación de los hechos y la sentencia contiene fundamentos suficientes. Corresponde descalificar aquellas sentencias fundadas en afirmaciones dogmáticas, sobre hechos o el derecho, que reflejan solo y exclusivamente la voluntad o capricho del Juez. (ver más en Casco Pagano, página 1002, Tomo II) Ejercicio abusivo de los derechos: Lo ejerce la parte que en un mismo proceso haya promovido 2 o más impugnaciones de inconstitucionalidad, rechazadas con costas. Honorarios: La acción de inconstitucionalidad será regulada en un 10% del contenido Patrimonial en litigio o del provecho económico obtenido. Si la acción no es susceptible de apreciación económica, los honorarios no pueden ser menores a 200 jornales.

EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. OPORTUNIDAD. Lo excepción de inconstitucionalidad deberá ser opuesta por el demandado o el reconvenido al contestar la demanda o la reconvención, si estimare que éstas se fundan en alguna ley u otro instrumento normativo violatorio de alguna norma, derecho, garantía, obligación o principio consagrado por la Constitución También deberá ser opuesta por el actor, o el reconviniente en el plazo de nueve días, cuando estimare que la contestación de la demanda o la reconvención se funda en una ley u otro acto normativo constitucional por las mismas razones. Este plazo se computará desde la notificación de la providencia que tiene por contestada la demanda o la reconvención. 538. Plazo para promover la excepción de inconstitucionalidad: En relación al demandado o reconvenido: Deberá oponer la excepción al contestar la demanda o reconvención, es decir, en el plazo de 18 días. El plazo es perentorio e improrrogable. En relación al actor o reconviniente: Podrán deducirla en el plazo de 9 días, a ser contados desde el día siguiente al de la notificación de la providencia que tiene por contestada le demanda o reconvención. El plazo es perentorio e improrrogable Facultad del Juez: Se les faculta a que, aún sin requerimiento de parte, puedan remitir el expediente a la CSJ, ejecutoriada la providencia de autos, siempre que a su juicio una ley, decreto u otra disposición normativa pueda ser contraria a las reglas constitucionales. Preclusión: Si las partes no han procedido en la forma dispuesta se producirá la preclusión. Ello ocasionará la pérdida del derecho de hacerlo posteriormente y el interesado tampoco podrá promover luego la acción de inconstitucionalidad para impugnar la resolución que dicte el Juez. Formación del expediente. Traslado de la excepción y remisión a la Corte: Promovida la excepción el Juez dispondrá la formación de expediente separado el cual estará integrado con las compulsas de las actuaciones cumplidas hasta el momento de la oposición inclusive, y dará traslado a la otra parte y al Fiscal General del Estado, en este orden, por el plazo da nueve días respectivamente. Contestados los traslados o vencidos los plazos para hacerlo, el juez remitirá sin más tramite dicho expediente a la CSJ. 539. La formación del expediente separado es a efecto de su remisión a la Corte, pues la excepción no suspende el trámite del principal que continúa hasta llegar a la Corte. Traslado: De la excepción y los documentos acompañados, el Juez dará traslado con coplas a la otra parte y el Fiscal General del Estado, para que tengan oportunidad de contestar y dictaminar. Notificación: El traslado se notificará a la otra parte por cédula. El Fiscal general quedará notificado el día siguiente de la recepción del expediente en su despacho. Plazo: Se corre traslado por nueve días perentorios e improrrogables. Se computa desde el día siguiente de la notificación de la providencia respectiva. Remisión a la Corte: Contestando traslados o vencido el plazo para hacerla el Juez, sin otro trámite, remitirá el expediente a la C.S.J. para que la misma dicte resolución decidiendo la cuestión Constitucional. Allanamiento. Aún cuando la contraparte se allanare a la excepción, el incidente seguirá su curso. Al resolver la Corte Suprema de Justicia impondrá los costas en el orden causado" 540. Sustanciación: La norma, con toda lógica, manda que producida una cuestión constitucional en un proceso, la Corte deba emitir pronunciamiento sobre la misma, aun en el supuesto de que la contraparte se hubiera allanado a la excepción de inconstitucionalidad opuesta, por ello dice "el incidente seguiré su cursos", vale decir, que cumplidos los recaudos se deberá remitir a la Corte sus efectos. Desistimiento. "En cualquier estado de la tramitación del incidente, el excepcionante podrá desistir del mismo. Si el desistimiento se produjere en Primera instancia, el Juez dictará resolución poniendo fin al incidente y ordenando su archivo, sin perjuicio de la facultad que le confiere el Art. 18, inciso a), de éste Código. Si se produjere ante la Corte Suprema de Justicia, ésta podrá hacer uso de su facultad de declarar de oficio la inconstitucionalidad. Las costas siempre aplicadas al que desiste, salvo que fuese declarada de oficio la

inconstitucionalidad, caso en que serán impuestas en el orden causado. Cuando la excepción hubiese sido opuesta por el Agente Fiscal, podrá desistir de ella el Fiscal General del Estado al corrérsele traslado de la misma. 541 .. Fundamento: Del desistimiento en cualquier estado de la tramitación, en razón de que la promoción del Incidente se basa en un derecho disponible conferido por la ley con miras al interés individual, cuya renuncia no está prohibida. Desistimiento en 1º Instancia: Requiere que quien lo formule cuente con poder o cláusula especial o la conformidad del mandante expresada en el escrito respectivo Porque importa una renuncia a la acción (derecho) y no sólo a la instancia (procedimiento), no requiere la conformidad de las demás partes. Declaración de oficio: Cuando el desistimiento se produce ante la Corte, ésta de oficio puede declarar la inconstitucionalidad. Costas: Serán impuestas a la parte que desistió, siempre que la contraria haya contestado la excepción. Forma. Contenido. "La Corte Suprema de Justicia dictará resolución bajo la forma de sentencia definitiva (pone fin a la cuestión), dentro de los 30 días de recibido el expediente. Si hiciere lugar a la excepción declarará la inconstitucionalidad de la ley o del instrumento normativo e que se tratare, y su consecuente inaplicabilidad del caso concreto. Cuando se tratare de interpretación de clausula constitucional, la Corte establecerá su alcance y sentido", 542. Alcance: El pronunciamiento de la Corte que declara la inconstitucionalidad no tiene alcance de derogar la ley, sólo está limitada a tornarla inaplicable en la cuestión sometida a decisión. Plazo: El que tiene la CSJ para emitir decisión es de 30 días desde que el expediente fuera recibido, este plazo es perentorio. Interpretación de cláusula inconstitucional: El órgano judicial (Juez o Tribunal) a los efectos de su aplicación, puede necesitar interpretar la norma constitucional para establecer su sentido y alcance. Cuando de ello se trata se estará ante una cuestión constitucional sobre la que única y exclusivamente tiene competencia la Corte Suprema de Justicia. A los Jueces y Tribunales les esta vedado establecer el alcance y sentido de las normas constitucionales. A ellos les corresponde aplicar la Constitución, no interpretaría, lo cual s610 puede hacerlo la Corte Suprema de Justicia. Efecto de la excepción. "La interposición de la excepción no suspenderá el curso del proceso principal, que llegará hasta el estado de sentencia". 543. Trámite del proceso principal: La deducción de la excepción no produce efecto suspensivo sobre el trámite del principal, el que sigue su curso hasta llegar al estado de sentencia. Es así porque la oposición de la excepción tiene carácter preventivo, destinada a evitar la aplicación de la ley impugnada por inconstitucional. La excepción se substancia por pieza separada del principal. Actuación del Juez: Ante el que se opuso la excepción de inconstitucionalidad: debe limitarse a ordenar los traslados previstos por la ley, y una vez contestados o vencidos los plazos para hacerla, remitir sin más trámite el expediente a la Corte. Desistimiento. Allanamiento. "Resuelta la excepción y notificación de la sentencia la parte perdidosa podrá desistir, dentro del plazo de cinco días, de la demanda o reconvención, o allanarse a ella, total o parcialmente, según el caso. Este plazo se computará a partir de la notificación de la providencia del "cúmplase" No se requerirá para ello conformidad de la contraparte ni se aplicarán las costas del juicio" 514. (las costas se aplican en el orden causado). Plazo: Para formulario será de 5 días desde el día siguiente a la notificación de la providencia de "cumplase" dictada por el órgano judicial donde radica el proceso principal la notificación se realiza por cédula o personalmente. Costas en el principal: Las leyes tienen la presunción de legitimidad, por ello la parte que fundó su demanda en una ley determinado no puede saber a priori si ella será declarada luego inconstitucional. La parte que ha actuado conforme a la ley ha ejercido un derecho que no puede producirse ningún perjuicio en razón de la declaración de inconstitucionalidad. Siendo así las costas del juicio se aplican en el orden causado. Oportunidad para oponer excepción en 2a y en 3a Instancia. "En Segunda o Tercera Instancia el recurrido deberá promover la excepción al contestar la fundamentación del

recurso, basado en las causas previstas en el artículo 538. El recurrente deberá hacerio en el plazo de tres días, cuando estimare que en la contestación se haya incurrido en dichas causas. A los efectos del cómputo de este plazo, el Tribunal dispondrá que se notifique la contestación del recurso. Opuesta la excepción, regirán, en lo pertinente, las reglas previstas en los artículos precedentes" 545. isibilidad: La excepción de inconstitucionalidad puede ser opuesta en cualquier instancia dentro de un proceso, vale decir tanto en 1° como en 2° instancia. El recurrido: Debe oponerla al contestar la fundamentación del recurso interpuesto, con motivo del traslado que del mismo corresponde corrérsele. El Recurrente: En el plazo de 3 días cuando se creyere con derecho a hacerla, por estimar que en la contestación se incurrió en las causas previstas para ello. Oportunidad para oponerla en los juicios especiales. ''En los Juicios Especiales de cualquier naturaleza, el accionado deberá oponer la excepción al contestar la demanda, o ejercer el acto procesal equivalente a la misma (se opondrá en el escrito de contestación y deberá estar fundada). El accionante deberá promoverla en el plazo de tres días, desde la notificación de la providencia que [tenga por contestada la demanda o por ejercido el acto procesal equivalente". 516. Supremacía de la Constitución: La impugnación de inconstitucionalidad procede en cualquier clase de proceso. El carácter do norma fundamental de la república que posee la Constitución, hace que sea jurídicamente intolerable itir la actuación de cualquier ley que no respete la supremacía en el ordenamiento constitucional. El accionado: Debe oponer la excepción al contestar la demanda o ejercer el acto procesal equivalente a la misma. El accionista: Debe oponerla en el plazo de 3 días desde el día siguiente Oportunidad para oponer Excepción en los Incidentes. "El interesado deberá oponer la excepción al contestar el incidente; el incidentista deberá hacerlo en el plazo de tres días de notificada la contestación. La promoción de la excepción en los incidentes no impedirá que prosiga el curso del Principal, Sólo se suspenderá el pronunciamiento de la sentencia definitiva si se tratare de incidente que afecte el fondo y tenga reconocido carácter suspensivo. En los demás casos, el Juez o Tribunal podrá dictar sentencia definitiva, aunque la Corte no hubiese resuelto la excepción". 547. isibilidad: El precepto autoriza que la excepción de inconstitucionalidad puede ser opuesta en los incidentes, de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución, El incidentado: Debe oponerla al contestar el incidente, en un mismo escrito que debe hallarse fundado, El incidentista: En la misma forma que el anterior, en el plazo de 3 días de notificada la contestación, Efectos: No impide que prosiga el curso del juicio principal tampoco impide que se dicte sentencia definitiva, aunque la corte no se hubiera pronunciado sobre la cuestión constitucional promovida en la excepción, salvo que se trate de un incidente que afecte el fondo de la cuestión principal y tenga reconocido carácter suspensivo Partes: Son partes en la excepción de inconstitucionalidad aquél que la opone, el otro litigante y el Fiscal General del Estado. 58- Notificación. "La interposición de la excepción deberá ser siempre notificada por cedula a la otra parte y al Fiscal General del Estado en la forma prevista por éste Código, salvo el caso de los juicios o actuaciones orales, en que se tendrá por notificada a la contraparte en el acto de la audiencia. 548. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LEYES "Toda persona lesionada en sus legitimas derechos por leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, resoluciones u otros actos istrativos que infrinjan en su aplicación, los principios o normas de la Constitución, tendrá facultad de promover ante la Corte Suprema de Justicia, la acción de Inconstitucionalidad en el modo establecido por las disposiciones de este Capítulo". 550. Demanda de Inconstitucionalidad: La norma consagra la facultad que asiste a la persona lesionada en sus legítimos derechos, d e reclamar, mediante el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad como demanda introductoria de un proceso

autónomo, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas resoluciones y otros actos istrativos, que en su aplicación violen los principios y normas constitucionales. Interés jurídico: El ejercicio de la acción de inconstitucionalidad requiere que quien lo intente tenga un interés en su declaración, por sentirse lesionado como consecuencia de la aplicación de una ley en su acepción amplia, que infrinja principios o normas de rango constitucional. Órgano competente: La inconstitucionalidad por vía de acción debe promoverse ante la CSJ, que en la materia ejerce su competencia en forma exclusiva y originaria. Imprescriptibilidad de la acción. "La acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible sea que la ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, afecte derechos patrimoniales, tenga carácter institucional o vulnere garantías individuales. Cuando el acto normativo tenga carácter particular, por afectar solamente derechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribirá a los seis meses, contados a partir de su conocimiento por el interesado" 551. Regla General: El precepto consagra que la acción de inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general es imprescriptible. La prescripción de la acción no se produce porque resulta ilógico pretender que por el sólo transcurso del tiempo una ley Inconstitucional pueda transformarse en constitucional. Excepción: Se halla en que cuando el acto normativo tiene carácter particular, por afectar derechos de personas expresamente individualizadas, la acción prescribe a los seis meses, vg.: Persona afectada por una ley de expropiación considerada inconstitucional. Demanda: Requisitos de isibilidad. "Al presentar su escrito de demanda a la Corte Suprema de Justicia, el actor mencionará claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, un su caso, la disposición inconstitucional. Citará además, la norma, derecho, exención, garantía o principio que sostenga haberse infringido, fundando en términos claros y concretos la petición……………” 552. Rechazo "In Limine" "En todos los casos la Corte Suprema de Justicia examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisito. En caso contrario, desestimará sin más trámites la acción" 552. Cuestiones no justiciables: Son aquellas que no pueden ser llevadas ante el PJ para su consideración, porque la pretensión carece en absoluto de contenido Jurídico La CSJ no dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestione:; o casos no justiciables, autorizando el rechazo in limine de la acción promovida. Efectos de la demanda. "La interposición de la demanda no suspende los efectos de la Ley, decreto, reglamento, acto normativo o disposición impugnada, salvo cuando la Corte Suprema así lo dispusiere, a petición de parte, porque su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. Dicha resolución se dictará de inmediata y sin sustanciación En los mismos términos podrá conceder medidas cautelares, de acuerdo con las disposiciones de éste Código". 553. Regla General: La promoción de la demanda no suspende los efectos de la ley o disposición impugnada, porque se presumen legítimas mientras no exista una concreta declaración de inconstitucionalidad. Excepción a la Regla: La CSJ esta facultada para suspender los efectos de la ley o disposición atacada de inconstitucionalidad, mientras dure la sustanciación de la demanda. Será necesario para ello petición de parte, fundada en que su cumplimiento podría ocasionar al reclamante un perjuicio irreparable. La resolución que suspenda provisionalmente los efectos de la ley impugnada se dictará de inmediato y sin sustanciación. Medidas Cautelares: A pedido de parte, la C.S.J., podrá decretarlas silo creyere conveniente, para Elvitar perjuicios y asegurar los derechos. La providencia que lo ordena se debe notificar por cédula. Procedimiento "La Corte Suprema de Justicia sustanciará la demanda oyendo al Fiscal General del Estado, cuando se trate de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se oirá además, en su caso, a los representantes legales de las Municipalidades o corporaciones: o a los funcionarios que ejerzan la autoridad pública de la cual provenga el acto normativo, citándolos y emplazándolos en el asiento de sus funciones, para que la contesten dentro del plazo de 18 días Si hubiere cuestiones de hecho que requieran ser aclaradas o

aprobadas, la Corte ordenará las diligencias para mejor proveer que sean necesarias. La Corte pronunciará su fallo bajo la forma de Acuerdo y Sentencia Definitiva, en el plazo de 30 días". 554. Partes: En la acción de inconstitucionalidad promovida contra una ley (lato sensu) son partes: 1. El Fiscal General del Estado, cuando se trate de actos provenientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 2. Representantes legales de las Municipalidades o corporaciones o los funcionarios que ejerzan la autoridad pública, de la cual, provenga el acto normativo violatorio de la Constitución. 3. El Procurador General de la República, cuando el Poder Ejecutivo le instruya. Substanciación: La Corte Suprema citara y emplazará a la parte demandada para que conteste la demanda dentro del plazo 18 días. Diligencias para mejor proveer: La Corte las ordenará de oficio o a petición de parte cuando hubiere cuestiones de hecho que requieran ser aclaradas o probadas. Sentencia: Forma El pronunciamiento de la Corte que decida el caso tendrá la forma de Acuerdo y Sentencia Definitiva. Debe estar firmado por todos los Integrantes y contener la opinión de cada uno de ellos o su adhesión a la del otro o su disidencia, comenzando por la del Ministro que resulte preopinante en el sorteo. Plazo: El plazo para dictarlo es de 30 días, comienza a correr a partir del llamamiento de autos para que la sentencia quede firme. Efectos inter partes. "La sentencia de la CSJ sólo tendrá efecto para el caso concreto. En consecuencia, se hiciere lugar a la inconstitucionalidad, deberá ordenar a quien corresponda, a petición de parte, que se abstenga de aplicar en lo sucesivo, al favorecido por la declaración de inconstitucionalidad, la norma jurídica de que se trate". 555. Fundamento: La declaración de inconstitucionalidad no sería derogatoria de la ley impugnada, porque ello violaría el principio de independencia de poderes del Estado, consagrado en la Constitución. Consecuentemente la inconstitucionalidad produce el efecto de volver inaplicable la ley de que se trate sólo en relación al beneficiario y en el caso concreto. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES. "La acción procederá contra resoluciones de los Jueces o Tribunales cuando: a) Por si mismas sean violatorias de la Constitución; o b) Se funden en una ley, decreto, reglamento u otro acto normativo de autoridad, contrarios a la Constitución en los términos del artículo 550". :356. Modos: La inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales pueden producirse de los siguientes modos: A) Indirecto. B) Directo. Inconstitucionalidad directa: Cuando la resolución judicial es en si misma inconstitucional por violar alguna norma o principio de rango constitucional Inconstitucionalidad indirecta: Cuando la resolución se funda o aplica una ley contraria a la Constitución. Requisitos de isibilidad: "Al presentar su escrito de demanda el actor constituirá domicilio e individualizará claramente la resolución impugnada, así como el Juicio en que hubiese recaído. Citará además la norma, derecho" exención, garantía o principio constitucional que sostenga haberse infringido fundando en términos claros y concretos su petición. El plazo para deducir la acción será de 9 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución impugnada, sin perjuicio de la ampliación por razón de la distancia. En todos los casos la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. Caso contrario desestimará sin más trámite la acción". 557. Rechazo in límine: En todos los casos, la Corte examinará previamente si se hallan satisfechos estos requisitos. En caso contrario, desestimará sin más trámite la acción El escrito mediante el cual se promueve la acción debe contener una adecuada fundamentación y términos claros y concretos, de manera que se baste asimismo. Además deberá contener los requisitos establecidos en el Art. 215 del C.P.C. Trámite: Plazo: Es de 9 días para promover la impugnación de inconstitucionalidad, desde el día siguiente de la notificación de

la resolución tenida por inconstitucional. Compulsas. Presentada la demanda, la Corte dispondrá que se traiga a la vista el principal y ordenará que se saquen compulsas del mismo, disponiendo la devolución de aquél para su prosecución, salvo que se trate de sentencia definitiva o de resoluciones con fuerza de talo recaída en un incidente de los que suspenden el juicio. Del escrito de demanda correrá traslado a la otra parte por el plazo de nueve días, y de los presentados por las partes se dará traslado por igual plazo al Fiscal General del Estado. Con los escritos de referencia, o transcurridos los plazos para presentarlos, quedará conclusa la causa para definitiva. Se observarán además, en lo pertinente, lo dispuesto por este Código para la demanda y su contestación. 558. Traslados: Del escrito de demanda se correrá traslado a la otra parte por el plazo de 9 día, y de los presentarlos por las partes se dará traslado por igual plazo al Fiscal General del Estado. Conclusión de la causa para definitiva: Con los escritos de referencia o transcurridos los plazos para presentarlos, quedará conclusa la causa definitiva. Efectos de la demanda: La interposición de la demanda tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva o de interlocutoria con fuerza de tal. En los demás casos no tendrá ese efecto salvo que, a petición de parte, la Corte Suprema así lo dispusiere para evitar gravámenes Irreparables”. 559. Sentencias definitivas y resoluciones con fuerza de tales. La impugnación de inconstitucionalidad de las mismas tendrá efecto suspensivo, vale decir, no se cumplen ínterin se resuelva la inconstitucionalidad. El efecto suspensivo se produce en forma automática, sin necesidad de petición de parte. Se dispone por simple providencia que se dictará al efecto e irá firmada por el Presidente de la Corte. Otras Resoluciones: Las demás resoluciones que no sean de las mencionadas en el numeral anterior, deberán cumplirse mientras dure la substanciación de la impugnación de inconstitucionalidad deducida contra las mismas. Salvo que la parte interesada solicite que no se cumplan, fundando la petición en que ello ocasionaría un perjuicio (gravamen) irreparable, en cuyo caso la Corte así lo dispondrá cuando correspondiera. Forma y contenido de la sentencia: Acuerdo y Sentencia. "La Corte Suprema pronunciará su fallo en la forma (Acuerdo y Sentencia) y en el plazo previstos en el articulo 554. Si hiciera lugar a la inconstitucionalidad, declarará nula la resolución impugnada, mandando devolver la causa al Juez o Tribunal que le siga en orden de turno al que dictó la resolución para que sea nuevamente juzgada. Las costas sólo se impondrán al Juez o Tribunal en el caso previsto en el articulo 408. El juez o Tribunal a quien fuere remitida la causa, podrá resolvería, si correspondiera, aplicando una norma jurídica diferente a la declarada inconstitucional" 560 Plazo: Deberá dictar la sentencia en el plazo de 30 días, computados desde que el llamamiento de auto quede firme. Reenvío: La Corte Suprema, cuando haga lugar a la inconstitucionalidad declarará nula la resolución impugnada, privándola en consecuencia de toda validez. Hecho esto, la CSJ mandará devolver la causa al Juez o Tribunal que le sigue en orden de turno al que dictó la resolución declarada inconstitucional, para que pronuncie una nueva sentencia, substitutiva de la anulada, que resuelva la cuestión, a fin de que no se produzca la absolución de la instancia. El Juez o Tribunal, a quien fuera remitida la causa deberá juzgarla de nuevo, aplicando si fuere el caso (inconstitucionalidad indirecta) una norma jurídica diferente a la declarada inconstitucional por la Corte. Costas: En los casos en que se declare nula una resolución, las costas serán total o parcialmente a cargo del Juez o tribunal si el vicio le fuere imputable, sin necesidad de petición de parte, salvo que la otra parte si hubiere opuesto a la declaración de nulidad, en cuyo caso cargará con las costas. Interposición previa de recursos ordinarios. En el caso previsto en el inciso a) del artículo 556, la acción de inconstitucionalidad solo podrá deducirse cuando se hubieron agotado los recursos ordinarios. El plazo para interponer/a, se computan a partir de la notificación de la resolución que causa estado" 561. El plazo es de 9 días. Los recursos ordinarios son los recursos de apelación y nulidad, los que primero deben agotarse, y en caso necesario plantear la acción inconstitucional (vía extraordinaria). Imposibilidad de interponer la acción si no se hubiese deducido la excepción. "Si no se hubiese opuesto la excepción de inconstitucionalidad en la oportunidad establecida por el artículo

538 y el Juez o Tribunal resolviese la cuestión aplicando la ley invocada por la contraparte, no podrá impugnarse la resolución por vía de acción de inconstitucionalidad". 562. Estos es así porque se operó respecto a ella la preclusión procesal. Efecto: Si el interesado no opuso la excepción de inconstitucionalidad en las oportunidades previstas en la ley y la cuestión fuere resuelta aplicando el juez o tribunal la norma invocada por la contraparte que no fue impugnada por inconstitucional mediante la deducción de la pertinente excepción, la parte afectada no podrá impugnar la resolución por vía de la acción de inconstitucionalidad, por haberse operado para ella la preclusión procesal. Declaración de Oficio: "Cuando correspondiere, la Corte Suprema de Justicia declarará de oficio la inconstitucionalidad de resoluciones, en los procesos que le fueron sometidos en virtud de la ley, cualquiera sea su naturaleza". 563. Control Constitucional: La CSJ tiene a su cargo la función de mantener incólume el Principio de la supremacía de la Constitución (Art. 137 C.N.) Es el órgano competente y especifico para ejercer la defensa de la Constitución (Art. 260 C.N.). Inimpugnabilidad de las resoluciones de la CSJ . No serán atacables por la vía de la acción de inconstitucionalidad las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia. “ 564. Sus pronunciamientos son definitivos respecto de las materias por ella tratadas y resueltas. LECCIÓN 21 JUICIO DE AMPARO

Concepto: La acción de amparo es una garantía constitucional otorgada para hacer efectivo los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en la Ley, cuando los mismos se consideren lesionados gravemente o en peligro inminente de serlo y que, debido a la urgencia del caso, no puedan remediarse por vía ordinaria.Antecedentes: Antecedentes normativos y jurisprudenciales. Antecedentes normativos: La Constitución de 1940 elevó al rango constitucional la garantía del hábeas corpus estableciendo en el art. 26: ...Queda garantizado a todos los habitantes el recurso del hábeas corpus... Existía por tanto, en la legislación nacional un remedio apto para proteger la libertad física, pero no ocurría lo mismo con los otros derechos que carecían de un medio de protección eficaz para salvaguardarlos o restaurarlos en forma rápida ante los ataques de que fueran objeto. El jurista Víctor B. Riquelme en su anteproyecto de Código Procesal Penal previó dicho remedio, consagrando en el Libro V, Título II, Capítulo VI, el recurso de amparo como un 'remedio procesal breve y enérgico cuya finalidad es hacer cesar toda violación o exceso de poder que lesione los derechos y garantías individuales que consagra la Constitución Nacional' (ver art. 640). Ante la inexistencia de una norma legal que consagrara el amparo, la Corte Suprema de Justicia negaba dicho remedio. Como ejemplo tenemos el A.I. Nº 719 del 26 de octubre de 1965. En 1967 se reunió la Convención Nacional Constituyente en la que fueron presentados cuatro proyectos constitucionales por los partidos políticos intervinientes, previéndose en todos ellos el amparo judicial. Finalmente el amparo fue tratado en el art. 77 de la Constitución de 1967 estableciendo que: Toda persona que por un acto u omisión ilegítimo, de autoridad o de un particular, se crea lesionada o en peligro inminente de serlo, de modo grave, en un derecho o garantía que consagre esta Constitución, o la ley, y que por la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá recurrir ante cualquier Juez de Primera Instancia a reclamar amparo. El procedimiento será breve, sumario, gratuito, y de acción pública, y el Juez tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. La ley reglamentará el procedimiento. En el año 1972, se dictó la Ley Nº 340 que reglamenta el amparo. En la Constitución vigente, la de 1992, el amparo es consagrado en el artículo 134, del Capítulo XII De las garantías constitucionales, y su manejo procesal está dado en el Código Procesal Civil en el Título II, Del juicio de amparo, artículo 565 al 588.

Antecedentes jurisprudenciales: En la Argentina hasta 1957 no estaba itido en derecho un proceso amparístico. Reiteradamente, los jueces negaban pretensiones de esta índole, fundándose en que, ante la ausencia de leyes procesales específicas, no les correspondía crear vías ni procedimientos no previstos. Pero en el año citado la Corte, en el caso “Siri”, dejó de lado esta tendencia jurisprudencial e hizo lugar a un pedido de tutela de la libertad de expresión lesionada por acto de autoridad pública. En el año 1958, la Corte dictó un fallo en el caso “Kot”, que amplió el amparo al habilitarlo para atacar actos de particulares, pero a la vez restringió la novedosa garantía al establecer distintos requisitos de procedencia: arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, carácter subsidiario del amparo. La jurisprudencia posterior continuó los lineamientos del caso Kot, conceptuando al amparo como una vía excepcional, hasta que en 1966 se dictó la ley 16.986 que por primera vez reguló expresamente el amparo contra actos de autoridad pública. En nuestro País acogiendo los antecedentes jurisprudencias de la Rca. Argentina, la acción de amparo fue incluida como una garantía en la Constitución de 1.967. Carácter: Es una garantía constitucional concebida con carácter excepcional, se la otorga sólo cuando se reúnen las condiciones básicas de: gravedad y urgencia. El Amparo es una garantía porque constituye un medio otorgado para hacer valer un derecho. El Amparo es una acción introductoria de un proceso autónomo, como lo es también en nuestro derecho la acción de inconstitucionalidad. Procedencia (Art. 565 C): “La acción de amparo procederá en los casos previstos en el artículo 77 (actual 134) de la Constitución Nacional…”. El Art. 77 mencionado en la norma se refiere a la Constitución de 1967, correspondiente al Art. 134 de la constitución de 1992 actualmente vigente. Art. 134 C.N.: El artículo constitucional establece: “Toda persona que por un acto u omisión, manifiestamente ilegítimo, de una autoridad o de un particular, se considere lesionada gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía, o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Si se trata de una cuestión electoral, o relativa a organizaciones políticas será competente la justicia electoral. El amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el amparo no causaran estado”.Requisitos: 1. Acción u omisión: La acción de amparo procede cuando la violación de los derechos y garantías consagrados en la constitución o en las leyes, sea consecuencia de una acción u omisión. Se entiende por acción el efecto de hacer algo que se exterioriza mediante la realización de una actividad determinada. La omisión, consiste en abstenerse, en dejar de hacer una cosa. El juez en esta última hipótesis y cuando se trata de omisión ilegítima de las autoridades no podrá suplir la decisión omitida, dictando actos istrativos y subrogándose en las funciones específicas del funcionario o autoridad. Cuando la omisión proviene de particulares se les podrá imponer una obligación de hacer. La acción u omisión debe tener entidad suficiente como para lesionar de manera grave, un derecho o una garantía constitucional o legal.2. Manifiesta: La acción o la omisión deben ser manifiestamente ilegítimas. Manifiesta equivale a decir evidente, clara patente, visible a primera vista, al primer examen de manera que no requieran investigación ni se preste a dudas o sea oponible.3. Ilegitimo: El acto (positivo o negativo) es ilegal cuando es contrario a la ley es ilegal. Es ilegitimo cuando es contrario a los derechos fundamentales del hombre, a la justicia, a la igualdad, la libertad. Es un concepto más amplio que la legalidad.4. Autoridad o particular: La acción de amparo se otorga contra actos de una autoridad o de un particular. La importancia de la distinción radica en la necesidad de agotar las denominadas vías previas cuando se trata de

un acto de autoridad, lo que no es necesario en un acto particular. La autoridad a la que se refiere es la persona u órgano que desempeña sus funciones dentro del amplio mundo de las actividades de alguno de los poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y no el judicial.5. Lesión: El acto ilegitimo debe haber producido un daño, es decir, un perjuicio, perdida, agravio, lesión, detrimento o menoscabo producido a una persona determinada física o jurídica. Si el daño es irreparable; vale decir, cuando no pueda restablecerse el derecho violado y reponerse las cosas al estado en que se encontraban, el amparo no procederá por falta de objeto útil. En este caso al agraviado le resta promover las acciones resarcitorias. 6. Gravedad: La lesión que produce el acto debe ser grave, es decir, importante, grande, de mucha entidad. La apreciación de la gravedad o no del acto (acción u omisión) corresponderá al criterioso y razonable arbitrio judicial. 7. Peligro inminente: Incluso en los casos en que el acto aún no se haya producido, pueden existir situaciones en que el temor, la intranquilidad, el desasosiego que produce sea tal que autorice la promoción del amparo a fin de evitar la inminencia del daño. El amparo tiene aquí una función preventiva. Procede cuando se tiene la certidumbre de que el acto lesivo se va a producir, en razón de que la amenaza ya se produjo.8. Derechos o garantías: Los derechos o garantías violados, consagrados en la constitución o en la ley, deben ser incontestables, indiscutibles porque sin lugar a dudas, deben emanar de la constitución o la ley. El amparo tiene por finalidad reparar o evitar en forma urgente la lesión de un derecho o garantía consagrado en la constitución o en la ley. No constituye su objeto sancionar un nuevo derecho, sino ejecutar un derecho o garantía cuyo cumplimiento corresponde en forma clara e indiscutible. 9. Urgencia: La urgencia, como requisito que hace viable el amparo, consiste en la condición actual o inminente del daño, que no ite demora en su solución. Siendo así, torna ineludible la promoción de la acción excepcional del amparo.10. Ausencia de la vía ordinaria: el amparo es una garantía que funciona de manera excepcional, extraordinaria, cuando en el ordenamiento jurídico no existe otro medio ordinario para obtener la protección del derecho lesionado o en peligro inminente de serlo, o que de existir la urgencia del caso lo torne ineficaz. En doctrina, se distinguen las vías previas y paralelas, cuya existencia impediría la procedencia del amparo.a. Vías previas: son los procedimientos istrativos, los cuales de existir legalmente, deben ser agotados antes de promoverse el amparo.b. Vías paralelas o concurrentes a las judiciales: son los procesos ordinarios o especiales, siempre que sean idóneos para la eficaz protección del derecho o garantía constitucional. Por medio del amparo no se puede sustituir a los jueces naturales de la causa.11. Procedimiento sumario: El procedimiento, manda la constitución, será breve, sumario y gratuito. Sobre dichas bases constitucionales el C regula el proceso de amparo con las características de: brevedad en los plazos, inisibilidad de recusaciones, excepciones e incidentes; restricción del debate; limitación material probatorio y gratuidad. 12. Acción popular: Puede ser ejercida por cualquier persona –no solo el lesionado o el perjudicado- con el objeto de asegurar derechos o garantías constitucionales o legales cuya vigencia interesa a toda la sociedad.Casos en que no procede (Art. 565, 2ª p., C): “La acción de amparo no procederá: a) contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales; b) cuando se trate de restricción a la libertad individual en que corresponda la interposición del habeas corpus; c) cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público o desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado”.

Pacto de San José de Costa Rica: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida con el nombre de Pacto de San José de Costa Rica, dispone: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”. El Paraguay ha suscripto y ratificado la citada Convención que integra el derecho positivo nacional.Juez competente (Art. 566 C): “Será competente para conocer en toda acción de amparo cualquier juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítima tuviere o pudiere

tener efectos. Cuando un mismo acto, omisión o amenaza afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las demandas el magistrado que hubiere prevenido, disponiéndose, en su caso, la acumulación de autos”. Cualquier juez de primera instancia, sin distinción de fuero o turno, con jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegitimo tuviere o pudiere tener efectos, tendrá competencia originaria para entender en la demanda de amparo. Ningún magistrado judicial con competencia podrá negarse a entender en la acciones o recursos de Inconstitucionalidad, Amparo, Habeas corpus, Habeas data.Desplazamiento de la competencia: Se puede dar el caso de desplazamiento de la competencia por conexidad, cuando un mismo acto afecte el derecho de varias personas, siendo competente entonces el juez que hubiere prevenido, es decir el primero que entendió el asunto. Si correspondiere, se procederá, de oficio o a petición de parte a la acumulación de los procesos de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 121 y sgtes. De C.La misma solución cabe cuando el acto lesivo produce sus efectos en distintos lugares que correspondan a distintas circunscripciones judiciales, pudiendo radicarse la acción ante cualquier juez de primera instancia del lugar donde se producen los efectos. MESA DE ENTRADA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: La Corte Suprema de Justicia por Resolución N° 478 de fecha 16 de octubre de 1998 reglamentó la Acordada N° 83 del 4 de mayo de 1998, por la cual se creó la Mesa de Entrada de Garantías Constitucionales, la que tiene como finalidad realizar el sorteo y distribución informáticos de los juicios de amparo, hábeas corpus y hábeas data, conforme a un sistema informático denominado “sistema de distribución de expedientes de garantías constitucionales”. Deducción de la acción (Art. 567 C): “La acción de amparo será deducida por el titular del derecho lesionado o en peligro inminente de serlo o por quien demuestre ser su representante, bastando para ello una simple carta poder o un telegrama colacionado. Cuando el afectado se viera imposibilitado de peticionar por sí o apoderado, podrá hacerlo en su nombre un tercero, sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder si actuare con dolo. En todos los casos la acción será deducida dentro los sesenta días hábiles a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítimo”.

Acción popular: La Constitución estatuye que el amparo es una acción popular, consecuentemente puede ser promovida por cualquier persona, con el objeto de asegurar la eficacia de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en la ley cuya vigencia interesa a la colectividad toda. Cualquier persona, de las señaladas en el Art. 568 del C, perjudicada o en peligro de serlo por el acto ilegítimo puede actuar por sí o a través de representante, legal o convencional, según el caso, peticionando Amparo. También podrá hacerlo un tercero, en nombre del interesado, cuando éste se viera en la imposibilidad de hacerlo por sí o por apoderado.-

Plazo: El segundo párrafo del precepto establece un plazo de 60 días hábiles, que se computa a partir de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítimo, o desde la fecha en que el interesado haya tomado conocimiento de la resolución firme y definitiva correspondiente que agotó la instancia previa istrativa.La caducidad del derecho de promover la acción una vez transcurrido el plazo legal, se funda en la incongruencia existente entre el carácter urgente de la medida y la conducta negligente del interesado, cuya inacción, por el plazo que señala el precepto, hace presumir la ausencia de lesión irreparable y la posibilidad de recurrir a otras vías legales para reclamar sus derechos.

Asunto pendiente: Las personas que deducen o promueven la acción de amparo están obligadas a declarar en su primer escrito bajo juramento, que no existen en los tribunales ningún asunto pendiente de resolución y que

pudieren tener relación con el objeto del Amparo (Art. 1°, Acordada N° 6 del 18 de Agosto de 1969). Están obligados igualmente, en los casos que exista juicio o asunto pendiente, a consignar en el primer escrito la secretaria, archivo u oficina en los que radique o se encuentren depositado o archivado dicho o juicio o asunto (Art. 2°).Legitimación activa: Enumeración (Art. 568 C): “Se hallan legitimados para peticionar amparo: a) las personas físicas o jurídicas; b) los partidos políticos con personería reconocida por el organismo electoral competente; c) las entidades con personería gremial o profesional; y d) las sociedades o asociaciones que, sin investir el carácter de personas jurídicas, justificaren, mediante exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien común”. Forma y contenido de la demanda (Art. 569 C): “La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá: a) el nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante; b) el nombre, apellido y domicilio real o legal de la persona cuya acción, omisión o amenaza origina el amparo. En su caso, el juez, ante la imposibilidad de que se cumpla con este requisito, arbitrará las medidas necesarias para establecer la relación procesal; c) la relación de los hechos, actos, omisiones o amenazas que ha producido o están en vía de producir la lesión de derechos cuyo amparo se pretende; y d) las peticiones que se formulan. Con el escrito de demanda el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga o la individualizará, si no se encontrare en su poder, con indicación del archivo, protocolo o persona en cuyo poder se encuentra”. La norma transcripta exige que la acción de amparo sea deducida por escrito con las formalidades que de manera general se exigen a las demandas en el Art. 215 del C. Rechazo “in limine” (Art. 570 C): “El juez que reciba la demanda de amparo debe enterarse de ella inmediatamente y, si la encontrare de notoria improcedencia, la rechazará y ordenará su archivo. Esta resolución será apelable en los términos del artículo 581. En el caso de omitirse alguno de los recaudos establecidos en el artículo precedente, el juez dispondrá, de oficio, que el demandante los complete a los efectos de su sustanciación”. Medidas de urgencia (Art. 571 C): “En cualquier estado de la instancia el juez podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, medidas de no innovar, si hubiere principio de ejecución o inminencia de lesión grave. Deberá disponer la suspensión del acto impugnado, ordenar la realización del acto omitido o decretar otras medidas cautelares que juzgue convenientes, cuando a su juicio aparezca evidente la violación de un derecho o garantía y la lesión pudiere resultar irreparable. En cualquiera de dichos casos los trámites deberán proseguir hasta dictarse sentencia. El juez podrá exigir medidas de contracautela. El pedido de medidas de urgencia deberá resolverse el mismo día de su presentación”.

Medidas cautelares: En el amparo, más que en ningún otro proceso, se requiere el dictado de medidas cautelares oportunas. Las mismas deben ser resueltas y ordenadas el mismo día de la promoción del Amparo, a pedido de parte o de oficio, dadas las notas características del mismo: Urgencia y Gravedad.El otorgamiento o no de una contracautela queda librado al criterio del juez.

Facultad de juez: El juez, podrá decretar cualquier medida cautelar que juzgue conveniente para el objeto pretendido, pudiendo o no exigir contracautela. Podrá, el Juez, a su vez, con carácter cautelar y sin que signifique juzgamiento de la causa, la cual deberá continuar tramitándose, disponer de la suspensión del acto impugnado o la realización del omitido.-

Medidas de no innovar: Estas significan básicamente, prohibición de alterar la situación de hecho o de derecho existente, y serán dictadas si hubiere principio de ejecución o inminencia de lesión grave.-

Procedimiento: Órgano o agente de la istración pública (Art. 572 C): Informe. “Cuando la demanda fuere formalmente procedente y se tratare de acto, omisión o amenaza de órgano o agente de la istración pública, el juez requerirá de éste un informe circunstanciado acerca de los antecedentes de las medidas impugnadas y sus fundamentos, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de tres días. En casos excepcionales este plazo podrá ser ampliado por el juez, prudencialmente, en consideración a la distancia y a los medios de comunicación”.

Pedido de informe: Cuando el sujeto pasivo es un órgano o agente de la istración pública, el juez deberá requerir de este un informe, en atención al Principio de Bilateralidad que exige audiencia previa en todo proceso, a fin de que se pueda exteriorizar el ejercicio del derecho a la legítima defensa.-

Notificación: La providencia del juez que ordena el informe se debe notificar por cédula, con copia de la demanda y de los documentos agregados en su caso.Contenido del informe: El informe deberá ser circunstanciado, vale decir, deberá contener la relación de los hechos, los antecedentes y la fundamentación jurídica de que se trate. El informe previsto en la norma equivale al acto de contestación a la demanda, debiendo el mismo reunir, en lo pertinente, los requisitos de fondo y forma exigidos para la misma en la ley procesal (Art. 235 C). Plazo: El plazo para la presentación del informe es de 3 días perentorios e improrrogables (Art. 145 C). Excepcionalmente podrá ser ampliado por el juez en atención a la distancia y a los medios de comunicación.

Efecto de la no presentación del informe: La presentación del informe constituye una carga procesal, por lo que su falta no produce ningún efecto, salvo la natural merma en la defensa. Si hubiere pruebas que producir, la misma será diligenciada y, posteriormente, quedarán los autos en estado de sentencia (Art. 575 in fine y 576 C).Particular (Art. 573 C): Traslado: “Si el acto, omisión o amenaza ilegítimo fuere atribuido a un particular, el juez citará a éste y al actor a una audiencia a celebrarse dentro de tercer día, a la que deberán comparecer por sí o por apoderados. En dicha audiencia el particular contestará la demanda y ofrecerá su prueba de descargo, y el actor las que no sean documentales. Al contestar la demanda o evacuar el informe, deberá cumplirse, en lo relativo a la prueba, la carga impuesta por el artículo 569”. Providencia: Cuando el acto lesivo, fuere atribuido a un particular, el juez dictará una providencia en la que dispondrá: 1. el traslado de la demanda de amparo, y 2. la fijación de una audiencia a celebrarse dentro del tercer día.-

Notificación: El demandado será notificado por cédula en su domicilio real de la providencia que ordena el traslado, debiendo acompañarse copias de la demanda y de los documentos presentados.-

Audiencia: Al accionado se lo citará a comparecer a la audiencia fijada, a los efectos de que en esa oportunidad conteste la demanda y ofrezca la prueba de que intente valerse. Deberá acudir también el actor,

quien podrá ofrecer sus pruebas, salvo las documentales. Podrá el demandado contestar en esa oportunidad la demanda en forma verbal o escrita.Incomparecencia: Del actor o del demandado (Art. 575. C): “Si el actor no compareciere a la audiencia, por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor, si la hubiere, y quedarán los autos en estado de sentencia”. Prueba (Art.574 C): “Contestada la demanda o el informe se producirá la prueba ofrecida por las partes, a cuyo efecto el juez adoptará las providencias necesarias. La prueba será diligenciada dentro de los tres días de ofrecida. El número de testigos propuestos no podrá exceder de tres por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa, cualesquiera fueren sus domicilios, sin perjuicio de que el juez los pueda hacer comparecer por la fuerza pública. No se itirá la prueba confesoria”.

Diligenciamiento: La prueba ofrecida por las partes en sus escritos respectivos o en la audiencia, en su caso, deberá ser producida dentro de los 3 días de su ofrecimiento. Son isibles todos los medios de pruebas, salvo la absolución de posiciones, las que deberán diligenciarse atendiendo siempre el carácter urgente del amparo.-

Testigos: Los testigos que pueden ofrecer cada parte no podrán exceder de tres, siendo carga del que los ofrece hacerlos comparecer, cualquiera fuera la ubicación en que se encuentren situados sus domicilio, y sin perjuicio de que el juez, en su caso, los haga comparecer por la fuerza pública.-

Absolución de posiciones: El artículo declara inisible en el proceso de Amparo la prueba confesoria. Lo que en realidad se prohíbe es la absolución de posiciones, pero no la confesión, que podría producirse con motivo de la evacuación del informe o de la contestación de la demanda en la audiencia respectiva.-

Prueba de oficio: El juez podrá ordenar de oficio la producción de prueba destinada al esclarecimiento del derecho de los litigantes, de acuerdo con las facultades que le otorga el Art. 18 del C.Habilitación de días y horas inhábiles (Art. 585 C): “Durante la sustanciación del juicio y la ejecución de la sentencia, quedarán habilitados por imperio de la ley días y horas inhábiles. Las partes deberán comparecer diariamente a secretaría a notificarse por nota de las resoluciones, en días y horas hábiles. Sólo la notificación de la demanda y de la sentencia que acoja o desestime el amparo se hará en los domicilios denunciados o constituidos, por cédula o por telegrama colacionado”. El precepto transcripto, teniendo en cuenta la naturaleza del instituto del amparo y su finalidad como garantía constitucional, dispone que todos los días y horas son hábiles por imperio de la ley para la sustanciación del juicio y para la ejecución de la sentencia dictada.

Notificación - Regla general: Las partes tienen la carga procesal de notificarse diariamente en días y horas hábiles en la secretaria en donde radica el expediente de las resoluciones que se dicten en el juicio. Las partes quedan notificadas de las resoluciones que se dicten en el proceso de amparo, haya o no comparecido a la secretaría, debiendo dejarse “nota” o constancia en el libro respectivo de la circunstancia de que el expediente no se encuentra a disposición de la parte en la secretaría para que no se produzca la notificación automática. Las resoluciones que se dicten los días inhábiles, quedarán notificadas el siguiente día hábil, de acuerdo con la regla general y el Principio de Razonabilidad.-

Notificación por cédula o telegrama colacionado: Se notificarán a las partes, por cédula o telegrama

colacionado, en los domicilios denunciados o constituidos, solamente la demanda y la sentencia.Retardo de justicia (Art. 577 C): “Si dentro del plazo establecido el juez no dictare sentencia, cualquiera de las partes podrá denunciar este hecho a la Corte Suprema de Justicia, la cual dispondrá que, sin otro trámite, se pasen los autos al Juez que sigue en el orden de turno para que dicte sentencia, y aplicará al infractor la medida disciplinaria correspondiente”.-

Denuncia a la Corte: La finalidad del instituto del Amparo hace que sea fundamental la rápida decisión de la causa, por ello cuando el juez demorase el pronunciamiento, cualquiera de las partes podrá denunciar este hecho a la Corte Suprema de Justicia.-

Remisión de la causa: La Corte, recibida la denuncia, de inmediato y sin otro trámite, dispondrá, mediante el libramiento del oficio correspondiente que el juez de la causa pase los autos al juez que sigue en el orden de turno. Del mismo modo, deberá aplicar al juez remiso las medidas disciplinarias pertinentes de acuerdo con el Art. 233 del COJ.Limitaciones y facultades (Art. 586 C): “En este juicio no podrán articularse cuestiones previas o de competencia, excepciones ni incidentes. El juez, a petición de parte o de oficio, subsanará todos los vicios o irregularidades del procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de este juicio, la vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación del mismo, el juez o tribunal interviniente podrá ordenar allanamientos y solicitar el auxilio de la fuerza pública. En este juicio no procede la recusación, sin perjuicio del deber de excusación que tienen los jueces, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de este Código”. Sentencia - Plazo (Art. 576 C): “Contestada la demanda o evacuado el informe, en su caso, o vencido el plazo para hacerlo, y producida la prueba, el juez dictará sentencia dentro de segundo día, concediendo o denegando el amparo. Si no existiere prueba que diligenciar, el juez dictará sentencia dentro de segundo día de contestada la demanda o de recibido el informe, o de vencidos los plazos respectivos”. La disposición establece el plazo de 2 días para que el juez pronuncie sentencia. La razón de la brevedad del plazo para resolver radica en la urgencia que requiere y debe primar en la solución del amparo. La sentencia que el juez pronuncia deberá conceder o denegar la petición de amparo, conteniendo lo señalado en el Art. 578 del C. Requisitos. Contenido (Art.578 C): “La sentencia que conceda el amparo deberá contener: a) la designación de la autoridad, ente o persona contra cuyo acto, omisión o amenaza se concede el amparo; b) la determinación precisa de lo que debe hacerse o no hacerse; y c) la orden para el cumplimiento inmediato de lo resuelto. Al efecto del cumplimiento de la sentencia el juez librará los oficios o mandamientos correspondientes”. Efecto “inter partes” (Art.579 C): “La sentencia recaída hará cosa juzgada respecto al amparo, dejando subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las partes para la defensa de sus derechos, con independencia del amparo”. La sentencia que se dicta en el juicio de amparo solo produce efecto “inter partes” y no “erga omnes”.

Cosa juzgada formal: La sentencia, de acuerdo con la norma procesal transcripta, tiene eficacia de cosa juzgada sólo respecto al amparo. La cuestión objeto del amparo que quedó resuelta en la sentencia o negó la

pretensión no podrá volver a ser planteada en otro juicio de amparo. Siendo así, las partes cualquiera haya sido la decisión del juzgador, tienen la facultad de promover las acciones que pudieren corresponder para la defensa de los derechos en el proceso que corresponda.Recurso de apelación (Art.581 C): “Contra la sentencia de primera instancia que acoge o deniega el amparo, así como en los casos de los artículos 570 y 571 procederá el recurso de apelación, el que será concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo o se haga lugar a las medidas de urgencia. El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo día de notificadas las resoluciones mencionadas. El juez correrá traslado del mismo a la otra parte, la que deberá contestar dentro del plazo de dos días. Inmediatamente el juez elevará el expediente al Tribunal de Apelación competente. De este recurso conocerá el Tribunal de Apelación del fuero correspondiente al juez que dictó la resolución; el mismo deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de un plazo no mayor de tres días, la que causará ejecutoria”.

Procedencia: El recurso de apelación en el proceso de amparo procede: a) contra la sentencia que concede o deniega la pretensión del amparo (Art. 570 y 580 C). b) contra la resolución que rechaza in limine la pretensión de amparo y ordena al archivo del expediente (Art. 570 C). c) contra la providencia que a petición de parte o de oficio decrete medidas de urgencia u otras medidas cautelares (Art. 571 C).-

Plazo: El recurso de apelación debe interponerse dentro del segundo día de notificada la resolución correspondiente, debiendo tenerse presente que por imperio de la ley se encuentran habilitados los días y horas inhábiles (Art. 585 C). Debe señalarse que los plazos para las partes son perentorios e improrrogables.-

Forma: El recurso de apelación deberá ser interpuesto y fundado por escrito en el mismo acto, lo cual constituye una excepción a la regla vigente a nuestro ordenamiento procesal que previene que el recurso de apelación debe interponerse en la instancia en que se dictó la resolución agraviante (a quo) y fundarse ante el superior que reexaminará la cuestión (a quem).-

Substanciación: Del escrito de interposición de la apelación, que debe ser fundado, el juez correrá traslado a la otra parte quien tiene dos días de plazo para contestarlo. La notificación de la providencia que ordena el traslado se practicará por cédula o personalmente. Vencidos estos plazos, el juez elevará inmediatamente el expediente al tribunal de apelación del fuero correspondiente al juez que dictó la resolución. El tribunal competente dictará, sin más trámites, resolución en un plazo no mayor a 3 días, dicha resolución causará ejecutoria y tendrá eficacia de cosa juzgada solo en relación al Amparo.-

Efectos: a) Sin efecto suspensivo: cuando se haya apelado la sentencia que concedió el Amparo o la resolución que decretó las medidas de urgencia o cautelares, el juez concederá el recurso sin efecto suspensivo. b) Con efecto suspensivo: cuando la sentencia haya denegado el Amparo o la resolución no haya hecho lugar al pedido de medidas de urgencia o cautelares, el recurso se concederá con efecto suspensivo.Declaración de inconstitucionalidad (Art. 582): “El Juez podrá pronunciar expresamente la inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos u otros actos normativos de autoridad, cuando ello fuere necesario para la concesión del amparo. La apelación, en este caso, será resuelta por la Corte Suprema de Justicia”.

En virtud del Art. 582 del C el Juez de primera instancia, ante quien se promovía la acción de amparo podía declarar expresamente la inconstitucionalidad de la ley, cuando fuere necesaria para que el amparo cumpla su finalidad. Lo mencionado constituía una excepción al principio de que el control de la constitucionalidad de las leyes radica exclusivamente en la Corte Suprema de Justicia.

Régimen de la Ley 600/95: Esta ley modificó el régimen establecido en el Art. 582 del C disponiendo que el juez del amparo una vez constatada la demanda, debe elevar, en el día, los antecedentes a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que en la mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad si ella surgiere en forma manifiesta. El proceso de amparo, no obstante, la remisión de los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, debe seguir sustanciándose hasta llegar al estado de sentencia, en espera de la resolución que vaya a dictar la Corte. Cumplimiento de la sentencia (Art. 583 C): “El órgano o agente de la istración pública a quien se dirija el mandamiento, deberá cumplirlo sin que pueda oponer excusa alguna ni ampararse en la obediencia jerárquica. Si por cualquier circunstancia el mandamiento no pudiera diligenciarse con la autoridad a quien está dirigido, se entenderá con su reemplazante y, a falta de éste, con su superior jerárquico. Cuando se tratare de particular, bastará notificarle por el medio más rápido en el domicilio donde fue citado y notificado de la demanda; sin perjuicio de las medidas que para un mejor cumplimiento de la sentencia disponga el juez”. Remisión de los antecedentes al juez del crimen (Art. 584 C): “En los casos en que el órgano, agente de la istración pública o particular requerido demorare maliciosamente, de manera ostensible o encubierta, negare o en alguna forma obstaculizarse la sustanciación del amparo, el juez pasará los antecedentes al juez del crimen que corresponda, a los fines previstos en el Código Penal”. Con el objeto de garantizar la finalidad perseguida por la institución, la norma previene la remisión de los antecedentes a la justicia penal, a los efectos de la aplicación de la sanción que pudiera corresponder, de acuerdo con el Código Penal, en los casos en que el sujeto pasivo, órgano o agente de la istración pública o el particular requerido: a) Demore maliciosamente, de manera ostensible o encubierta; b) Negare; o, c) Obstaculizare, la sustanciación del amparo en cualquiera de sus etapas. Costas (Art. 587 C): “Sin perjuicio del principio consagrado en el artículo 192, no habrá condena en costas si antes de vencido el plazo para la contestación de la demanda o del informe a que se refieren los artículos 572 y 573, cesara el acto, la omisión o la amenaza en que se fundó el amparo. Si el vencido fuera autoridad, serán responsables solidariamente el agente de la istración pública y el órgano a que él pertenece”. La norma sigue el principio general que rige la materia y que se halla consagrado en el Art. 192 del C, en cuya virtud las costas se imponen a la parte vencida, fundado en el hecho objetivo de la derrota. Exención de Tributos (Art. 588 C): “Las actuaciones del amparo están exentas del pago del impuesto de papel sellado, estampillas y de todo otro impuesto o tasa”. La constitución ordena que el proceso de amparo sea gratuito. Consecuentemente con ello el Artículo transcripto exime de pago de cualquier impuesto o tasa de la naturaleza que fuere, que grave o pueda gravar la promoción, substanciación y ejecución del Amparo. LECCIÓN 22

LECCIÓN 22 Disolución de la Comunidad Concepto. La comunidad conyugal es una institución peculiar, constituida por los bienes de los cónyuges, afectada al mantenimiento del hogar, sobre la base de la unidad familiar, la igualdad y el bienestar de sus , cuya representación y istración es ejercida por ambos cónyuges en forma conjunta o indistinta. Partes Son partes en el juicio de disolución y liquidación de la sociedad conyugal ambos cónyuges. No lo es el Ministerio Público por lo que no le corresponde darle intervención. Contenido de la petición: Art. 613: “Cualquiera de los cónyuges, o ambos de conformidad, podrán pedir, sin expresión de causa la disolución y liquidación de la comunidad conyugal.” Art. Modificado por la Ley N° 1 /92 (en la parte que dispone que la disolución de la sociedad conyugal puede ser solicitada sin expresion de causa a pedido de cualquiera de los conyuges). La petición individual debe estar fundada en unas de las causales previstas en la Ley modificatoria del C. Forma: El pedido deberá formularse por escrito, cumpliendo las reglas establecidas para la demanda. Competencia: Será competente para conocer en el juicio de disolución y liquidación de la sociedad conyugal el juez del último domicilio conyugal. Efectos: Art. 213 C.C.: “Los efectos de la disolución de la comunidad se producirán entre los cónyuges desde el día de la resolución que la declare y respecto de terceros desde que ésta haya sido inscripta.” Resolución inmediata Art. 614: “Presentando el pedido, el juez, sin mas trámite: a) Decretará la disolución de la comunidad. b) dispondrá la facción de inventario y tasación de los bienes, si se solicitare, procediéndose de acuerdo con lo dispuesto para la sucesión por causa de muerte. En el inventario no se incluirán el lecho, las ropas y los objetos de uso personal de los cónyuges y de sus hijos, y; c) ordenará la publicación de edictos, convocando a todos los que tengan créditos o derechos que reclamar contra la comunidad, para que, en el plazo perentorio de treinta días, comparezcan a ejercer sus acciones, bajo apercibimiento de no poder hacerlo en adelante, sino contra los bienes propios del deudor. Los edictos se publicarán durante quince días en un diario de gran circulación. Esta resolución será notificada al otro cónyuge en la forma prevista en el articulo 133 y siguientes y se inscribirá en el registro respectivo para que produzca efectos contra terceros". Contenido: El Juez dictará una resolución en la dispondrá: I.- La disolución de la comunidad conyugal formada por los cónyuges, desde que se decreta la disolución de la comunidad no podrá innovarse el estado de los bienes de ella. II- El inventario y tasación de los bienes que forman la comunidad, si hay solicitud al respecto, se procederá igual que en la sucesión por causa de muerte, los cónyuges pueden obviar este inventario, presentando motu propio una lista de los mismos con sus respectivas evaluaciones. III- La publicación de edictos, deberá ser durante 5 días en un diario de gran circulación de la República, este plazo es perentorio y continúo computándose los días hábiles. Inscripción: La resolución que dicte el juez seguidamente a la promoción de la demanda cuando no fuere con representación conjunta, será notificada por cédula al otro cónyuge en su domicilio y se inscribirá en la Dirección General de los Registros Públicos, Registros de los Derechos Patrimoniales en las relaciones de familia y en el registros de inmuebles. Oposición Art. 615: “Dentro del plazo de seis días, el otro cónyuge podrá oponerse a la liquidación de todos o determinados bienes, fundado en que la misma es intempestiva o perjudicial. El juez podrá en tal caso postergar, estableciendo un plazo prudencial, la liquidación de todos o algunos de los bienes. La oposición se sustanciará por el trámite de los incidentes.” Plazo: La demanda de disolución de la comunidad conyugal deberá notificarse por cédula al otro cónyuge, quien

dentro del plazo de seis días perentorios e improrrogables, contados desde el siguiente a aquel en que se practicó la diligencia, podrá oponerse a la liquidación de todos o de determinados bienes. Incidente: La oposición se deducirá como un incidente y se substanciará como tal. El incidente deberá fundarse en que la liquidación solicitada es intempestiva o perjudicial, es decir, que no es conveniente ni oportuno el momento para llevarla a cabo, en razón de que ello ocasionaría perjuicios a la comunidad. Presentación de los acreedores. Art. 616: "De los pedidos de reconocimiento de crédito o derechos que se hagan en virtud de lo dispuesto por el articulo 614, inciso c), se dará traslado a los cónyuges por el plazo de seis días. La oposición obligará al acreedor a promover la acción correspondiente". Pedidos de reconocimiento Los pedidos de reconocimiento de créditos o derechos formulados por los acreedores de la comunidad conyugal deben dirigirse contra ambos cónyuges y se presentarán dentro del plazo de 30 días a partir del día siguiente de la publicación del último edicto. El plazo es civil, por consiguiente se cuentan los días inhábiles. Traslado: De los pedidos presentados se dará traslado a ambos cónyuges por el plazo de 6 días perentorios e improrrogables, para que estos manifiesten su conformidad o disconformidad con el pedido de reconocimiento de los créditos o derechos formulados por los acreedores. Oposición: Si cualquiera de los cónyuges se opusiere al pedido de reconocimiento formulado por el tercero, el juez deberá rechazarlo. En este caso el interesado podrá promover la acción que corresponde mediante una demanda autónoma introductoria de instancia, a los efectos de hacer valer su crédito o derecho. Medidas cautelares. . Art. 617: “El juez podrá decretar, a pedido de parte, medidas cautelares, y designar provisional a cualquiera de los cónyuges o un tercero. Si se decretaren medidas precautorias, no se exigirá contracautela". Partición y adjudicación. Art. 618: "En la etapa de liquidación de la comunidad, se procederá a abonar las deudas y a la partición y adjudicación de los bienes, que se regirán, en lo pertinente, por las normas de la ley de fondo y, supletoriamente, por las del juicio sucesorio” Unión de Hecho. Art. 619: "El procedimiento regulado en el presente Título, será aplicable en el caso de unión de hecho que reúna los requisitos establecidos por el Código Civil, previa y debidamente reconocida por sentencia judicial". Concepto: La unión de hecho constituida entre un varón y una mujer que voluntariamente hacen vida en común, en forma estable, pública y singular, teniendo ambos la edad mínima para contraer matrimonio y no estando afectados por impedimentos dirimentes producirá efectos jurídicos conforme a la presente ley. Efecto: Art. 84 C.C.: En la unión que reúna las características del artículo citado precedentemente y que tuviere por lo menos 4 años consecutivos de duración, se crea entre los concubinos una comunidad de gananciales, que podrá disolverse en vida por ambos o por causa de muerte; debiendo en los dos casos distribuirse los gananciales entre los concubinas, o entre el sobreviviente y los herederos del otro, por mitades.” Art. 85: “Cuando de la unión expresada hubieren nacido hijos comunes el plazo de duración se considerará cumplido en la fecha del nacimiento del primer hijo.” Sentencia: La unión de hecho o concubinato deberá estar previa y debidamente reconocida por sentencia judicial, para que sea isible la demanda de disolución. La demanda por reconocimiento de unión de hecho o concubinato podrá ser promovida por cualquiera de los concubinos cuando su unión reúna los extremos señalados en los artículos 83 y 84 de la ley 1/32. Inscripción: Art. 86: “Después de 10 años de unión de hecho o concubinaria bajo las condiciones expresadas, podrán los concubinos mediante declaración conjunta formulada ante el encargado del Registro Público del Estado civil inscribir su unión, la que quedará equiparada a un matrimonio legal, incluso a los efectos hereditarios y los hijos comunes se consideran matrimoniales. Si uno de los concubinos solicita la inscripción de la unión, el juez citará al otro concubino y luego de escuchar las alegaciones de ambas partes decidirá en forma breve y sumaria.” Fuero de atracción: Art. 620: "El juicio sobre disolución de la comunidad conyugal tendrá fuero de atracción pasivo respecto de los juicios ya promovidos o que deban promoverse contra la comunidad o contra cualquiera de los cónyuges".

Separación de cuerpos por mutuo consentimiento. Art. 603: "Los esposos podrán pedir, conjunta o separadamente, y sin expresión de causa, al juez del último domicilio conyugal, la separación de cuerpos reguladas en los artículos 167, 169 y 169 del Código Civil. Sin perjuicio de otras cuestiones de interés para los cónyuges, podrán acordar: a) el derecho de cualquiera de ellos a recibir alimentos; y b) la carga de las costas". Concepto: La palabra divorcio deriva del latin divortium que significa, separación de personas o cosas que están juntas. Divorcio. Clases Existen 2 clases de divorcio: “Ad Thorum”, que consiste en la simple separación de cuerpos, no disuelve el vínculo matrimonial ni autoriza a contraer nuevas nupcias. “Ad Vinculum”, que es absoluto, disuelve el vínculo matrimonial, pudiendo los divorciados contraer nuevas nupcias y engendrar hijos matrimoniales. Se halla regulado por la ley 45/91. Partes: Son partes en el juicio de separación de cuerpos por mutuo consentimiento los cónyuges, no lo es el ministerio público. Competencia Será competente para entender en la separación de cuerpos el Juez del último domicilio conyugal. Se considera así al lugar en que por acuerdo entre los cónyuges estos hacen vida en común y en el que ambos gozan de autoridad propia y consideraciones iguales. Contenido de la petición: Los esposos podrán pedir en forma conjunta o separada, y sin expresión de causa al juez que dicte resolución teniéndolos por separados de cuerpos. Además podrán incluir en la demanda otras cuestiones de interés para los mismos, pudiendo acordar consecuentemente: a) el régimen de alimentos y b) las cargas de las costas del juicio promovido. Reglas Aplicables: La petición tendrá, en lo pertinente, la forma de la demanda, debiendo presentarse por escrito y cumplir los demás requisitos generales que hagan a la cuestión. Procedencia: Es un requisito necesario de la pretensión de separación de cuerpos por mutuo consentimiento, que hayan transcurrido cuando menos dos años de vida marital, es decir, sólo procederá cuando los cónyuges acrediten que el matrimonio se celebró dos años antes del inicio del juicio respectivo. (Art. 167, in fine del C.C.). En el caso de menores emancipados por el matrimonio la acción procederá solo después de dos años de cumplida la mayoridad de ambos esposos. Representación: Art. 604: “El mismo profesional podrá representar o patrocinar a ambos cónyuges". Requisitos: Art. 605: “La presentación será acompañada de las partidas o certificados auténticos de matrimonio y nacimiento de los cónyuges para justificar los requisitos previstos por el artículo 167 del Código Civil, debiéndose declarar la existencia de hijos menores, si los hubiere.” Procedimiento. Art. 606: “Si estuvieron cumplidos los requisitos del artículo anterior, el juez señalará audiencias separadas a los cónyuges, las que se celebrarán dentro del plazo no menor de treinta días ni mayor de sesenta, a contar de la fecha de la presentación. La citación se hará bajo apercibimiento de que si cualquiera de ellos dejare de concurrir sin justa causa, se lo tendrá por retractado.” Audiencias: La norma transcripta concuerda con el contenido del art. 168 del código civil al disponer que el juez señalará audiencias para cada uno de los cónyuges a los efectos de escuchar en forma separada a los mismo. Durante las mismas el juez deberá procurar que los peticionantes pongan término a sus diferencias mediante avenimiento amigable . Plazo: Las audiencias se celebrarán dentro de un plazo no menor de treinta días ni mayor de sesenta a contar de la fecha de iniciación del juicio. Citación:

La citación deberá efectuarse por cédula o personalmente en los domicilios constituidos o denunciados, bajo apercibimiento expreso de que si cualquiera de ellos no concurriere sin justa causa, se lo tendrá por retractado y por consiguiente el juicio se finiquitará y se ordenará el archivo del expediente. Objeto: Tiene por objeto obtener directamente por el juez (De acuerdo con el principio de inmediación) de parte de los interesados la declaración expresa de su voluntad de separarse o de no separarse. Comparecencia. Audiencia Art. 608: “La audiencia será notificada a los cónyuges personalmente o por cédula. Los cónyuges deberán comparecer personalmente a las respectivas audiencias, de las que se extenderá acta consignando a confirmación o no de su voluntad de separarse.” Sentencia: Art. 610: "Mediando retractación, expresa o tácita, se rechazará el pedido, ordenándose el archivo de las actuaciones. Existiendo acuerdo, el juez lo homologará, disponiendo la separación de cuerpos por mutuo consentimiento, que producirá efectos desde la fecha de la resolución". Retractación: La retractación es la acción de revocar un acto voluntariamente cumplido, con el objeto de destruir sus efectos. La retractación puede ser: 1- Expresa 2- Tacita, corno consecuencia de la incomparecencia a las audiencias señaladas, sin haber justificado la instancia. En caso de retracción el juez deberá rechazar el pedido y el archivamiento de autos. Acuerdo: Si los esposos confirman su voluntad de separarse en las audiencias respectivas, el juez dictará sentencia homologando el acuerdo a que hayan arribado declarando la separación de cuerpos, la que producirá sus efectos a partir de que la decisión quede firme. Hijos Menores. Art. 611: “Existiendo hijos menores, se remitirá copia autenticada de la sentencia al juzgado Tutelar de menores de Turno o al que entiende en el proceso si este se hubiere iniciado.” Costas: Art. 612: “Salvo convención en contrario, las costas serán impuestas en el orden causado.”

Alimentos y Litis Expensas Art. 597: El que pide alimentos deberá, en un mismo escrito: a) acreditar el título en cuya virtud los solicita; b) justificar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos; y c) acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga a su derecho, de acuerdo con dispuesto en el articulo 219". Fundamento: Por razones de humanidad y solidaridad familiar, la ley establece que, en determinadas circunstancias, se pueda obligar legalmente a ciertas personas a suministrar a otras determinadas personas los recursos necesarios para atender las necesidades básicas y elementales de la vida. Concepto: Lo obligación de prestar alimento tiene por finalidad obtener de quien los posee los recursos mínimos necesarios para hacer frente a los requerimientos impostergables de ciertas personas que se encuentran en una situación de desamparo. Nace del parentesco y debe comprender lo necesario para proveer: alimentación, habitación, vestido, y salud al desamparado. Sujetos Obligados: Según el Código Civil: Están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos en el orden que sigue: a) los cónyuges, b) los padres y los hijos, c) los hermanos d) los abuelos y en su defecto, los ascendientes más próximos y e) los suegros, el yerno y la nuera. Los descendientes la deberán antes que los descendientes. La obligación se establecerá según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas hereditarias. Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos, y los del mismo grado en partes iguales. Les corresponde, asimismo, entablar las acciones y hacer valer las defensas judiciales de su representado. Carácter:

El procedimiento es de carácter especial, informativo, breve y sumarísimo. El crédito que se acuerde tiene carácter provisional, pudiéndose promover un incidente dentro del proceso en que fuero solicitados, a los efectos de discutir la modificación o cesación del mismo. Art. 262 C.C.: La obligación de alimentos no puede ser objeto de compensación no transacción. El derecho a reclamarlos es irrenunciable e incesible y la pensión alimentaria no puede ser gravada ni embargada. Formas de prestarlos: El que debe suministrar los alimentos puede hacerlo mediante una pensión alimentaria o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a los alimentos. El juez decidirá cuando estime conveniente itir o no esta última forma de prestarlo. Recaudos: El que pide la obtención de un crédito deberá en un solo escrito acreditar los extremos exigidos por la ley, que son: a) acreditar el titulo en cuya virtud los solicita; b) justificar, siquiera aproximadamente, el caudal de quien deba suministrarlos; y c) acompañar toda la documentación que tuviere en su poder y que haga a su derecho. El Titulo: Es la causa o razón en cuya virtud se los solicita, que comprende: El vínculo: existente entre el obligado y el solicitante, siendo a cargo de éste último suministrar la prueba de su existencia, mediante la correspondiente documentación que deberá acompañar al realizar la petición. La necesidad: de quien los solicita. La prueba, puede consistir en al declaración sumaria de dos testigos. El caudal: los bienes o recursos con que cuenta el obligado, que hace que pueda contribuir a suministrar los alimentos pedidos. La prueba: el peticionante deberá acompañar toda la documentación que tuviere en su poder e individualizar la que no tuviere y ofrecer las demás pruebas de que intente valerse, a fin de acreditar los extremos exigidos en la ley. Prueba: Art. 598: “El primer requisito del artículo anterior podrá probarse por medio de los documentos legales respectivos o por la absolución de posiciones del demandado. El segundo podrá justificarse por toda clase de prueba.” Juez Competente: Será competente el Juez del domicilio del demandado en razón del carácter personal de la acción. Si se lo pide en el juicio de divorcio será el Juez de dicho juicio, por razones de conexidad. Sentencia. Art. 599: “Si estimare procedente la petición, el juez dictará sentencia de inmediato, fijando la cantidad que considere equitativa y mandando que se la abone por mes adelantado, desde la fecha de interposición de la demanda". Oportunidad: La sentencia que concede el crédito por alimentos, cuando fuere procedente el pedido, será dictada de inmediato, pudiendo serlo: a) Después de la presentación del escrito en que se los solicita, el cual debe contener la prueba que acredite “prima facie” la verosimilitud de derecho del solicitante y su estado de necesidad. b) Luego de practicada la prueba ofrecida por el solicitante. Contenido: La sentencia determinara la cantidad de dinero que estará obligado el demandado. La cuota o quantum se calcula, por lo general, atendiendo al patrimonio del alimentante y a la condición social del alimentado. Carácter: La sentencia no hace cosa juzgada, en razón de que en el juicio de alimentos el demandado no es parte propiamente ni se iten defensas. El monto que el alimentante debe abonar tiene carácter provisional pudiendo solicitarse su modificación o cesación por la vía del incidente respectivo. Inicio de la obligación de prestarlos: Los alimentos se abonaran desde la fecha de la promoción de la demanda, debiendo pagarse por mensualidades adelantadas. Embargo: Es procedente, al efecto de hacer efectiva la obligación, el embargo de bienes del deudor, y su posterior venta por el trámite de la ejecución de sentencias. Apelación. Art. 600: "Contra la sentencia definitiva procederá el recurso de apelación, que será concedido sin efecto suspensivo, si hiciere lugar a los alimentos, en cuyo caso se reservará en el juzgado testimonio de la sentencia, para su ejecución, remitiéndose inmediatamente las actuaciones al superior" Forma y Efectos

Se concede libremente y en cuanto a los efectos: a) Concesión sin efecto suspensivo: si la sentencia acordarse alimentos y fuere apelada, el recurso se otorgará sin efecto suspensivo, es decir, se cumple lo resuelto, ínterin se substancia y resuelve el recurso interpuesto. b) Concesión con efecto suspensivo: si la sentencia denegara la prestación de alimentos el recurso se concede con efecto suspensivo. Modificación o cesación de los alimentos Art. 601: “Toda petición de aumento, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se sustanciará por las normas de los incidentes, en el proceso que fueron solicitados. Este trámite no suspenderá la percepción de las cuotas ya fijados.” Litis expensas. Art. 602: “La reclamación sobre litis expensas se sustanciará de acuerdo con las normas de este título.” Concepto: Es la obligación de dar suma de dinero que tiene el obligado a prestar alimentos a favor del beneficiario de los mismos, para sufragar los gastos de un juicio concreto o de varios, en que este sea o vaya ser parte. Carácter: La fijación del crédito es provisional, en consecuencia puede ser modificada de acuerdo por, ¬las circunstancias. Sujetos Obligados: La obligación pesa sobre los que están obligados recíprocamente a prestarse alimentos.

Beneficio de litigar sin gastos. Art. 589: "Los que carecieren de recursos podrán solicitar, aún estando en trámite el proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos. Cuando se solicitare el beneficio para contestar una demanda, se le expedirá al peticionario un certificado de la solicitud, que bastará para que le represente el defensor de Pobres, sin perjuicio de lo que se resuelva posteriormente. En caso de denegarse el beneficio, cesará inmediatamente la intervención del Defensor, siendo válidas, no obstante, las actuaciones practicadas". Concepto: Es un medio previsto en la ley, mediante el cual el Estado ocurre en auxilio de la persona que carece de los recursos necesarios para satisfacer los gastos ocasionados en un juicio, a fin de que esta situación no sea obstáculo para el ejercicio de la defensa en juicio garantizada en el Constitución Nacional. Objeto: El litigante carente de recursos ruede solicitar que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos tanto para promover la demanda o para defenderse de la promovida en su contra. Certificado: Cuando se solicite el beneficio para contestar una demanda, el juzgado expedirá sin más trámites, un certificado de la solicitud, el que será suficiente para obtener la representación en juicio del Defensor de Pobres. El certificado expedido en dichas condiciones tiene validez provisional, vale decir, sin perjuicio de lo que el juez resuelva posteriormente. Intervención Fiscal: De conformidad al Art. 65, inc. d) COJ el agente fiscal en lo civil y comercial debe intervenir en las declaraciones de ¬pobreza. Juez competente. Art. 509: “Será juez competente para conceder el beneficio de litigar sin gastos, aquel ante quien se va a tramitar o se tramita el proceso". Requisitos de la solicitud. Art. 591: La solicitud contendrá: a) la mención de los hechos en que se fundase, de la necesidad de defender o reclamar judicialmente derechos propios, del cónyuge o de hijos menores, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se deba intervenir, y de la persona con quien se ha de litigar; y b) el ofrecimiento de la información sumaria de dos testigos, por lo menos, tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos. Deberán acompañarse los interrogatorios a tenor de los cuales depondrán

los testigos. El litigante contrario, o que haya de serlo, podrá fiscalizar la prueba, a cuyo efecto será debidamente citado". Resolución Art. 592: Producida la prueba el juez pronunciara resolución, acordando el beneficio o denegándolo. La resolución será apelable, en el primer caso, sin efecto suspensivo. No obstará a la concesión del beneficio la circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para preocuparse su subsistencia, cualquiera fuese el origen de sus recursos". Contenido: Producida la prueba, la cual, si no se limita a la Información sumaria de testigos, deberá diligenciarse en la mayor brevedad, el juez dictara resolución que se limitara a otorgar o denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado. Carácter Provisional. Impugnación. Art. 593: "La resolución que acordare o denegare el beneficio no causará estado. Si fuere denegatoria, el interesado podrá ofrecer otras pruebas, y solicitar una nueva resolución. La que lo concediere, podrá ser dejada sin efecto a requerimiento de parte interesada, cuando se demostrare que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho al beneficio. La impugnación se sustanciará por el trámite de los incidentes". Defensa del Beneficiario. Art. 595: “La representación y defensa del beneficiario será asumida por el defensor oficial, salvo que aquel deseare hacerse patrocinar o representar por abogado de la matrícula. En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera podrá hacerse por acta labrada ante el secretario El juez competente deberá hacerla saber al beneficiario la posibilidad de esta elección. Los abogados inscriptos en la matrícula podrán exigir el pago de sus honorarios al adversario condenado en costas y a su cliente en el caso y con la limitación señalada en el artículo anterior. El ejercicio de la defensa será obligatorio para los profesionales, hasta tres veces en cada año judicial. El control pertinente será llevado por la Corte Suprema de Justicia". Opción: El juez competente deberá hacerle saber al beneficiario la posibilidad que tiene de poder optar, para que ejerzan su representación y defensa: El defensor oficial: Que en este caso será el representante del Ministerio de la Defensa Pública, en razón de que la defensa de los declarados pobres, ausentes e incapaces será ejercida por el defensor de pobres, ausentes e incapaces mayores de edad y por los procuradores que establezca el Presupuesto General de la Nación. Un abogado de la matrícula: El mandato que se confiera al profesional podrá hacerse por acta labrada ante el secretario en donde va a radicar o radica el juicio en el que el beneficiario intervendrá. Honorarios profesionales: El abogado defensor del beneficiario, podrá exigir el pago de los honorarios que le correspondan por su actuación en el juicio representando a éste, al adversario, cuando fuere condenado en costas y a su cliente, cuando éste mejore de fortuna, salvo que venciere en el juicio y perciba valores, en cuyo caso abonará los gastos y honorarios hasta los valores que reciba. Carga Pública: Los abogados matriculados tienen la carga pública de ejercer la defensa de los beneficiarios de la declaración judicial de litigar sin gastos hasta tres veces en cada año judicial, cuyo control será llevado por la Corte Suprema de Justicia. En otro orden, pero con el alcance mencionado, véase el Art. 201 del COJ. Lección 23 Desalojo 1- Concepto: Es el juicio que tiene por objeto recuperar el uso y goce de un inmueble ocupado por quien carece de titulo, mediante el desahucio por orden judicial, para entregarlo a quien tiene derecho a él. 2- Procedencia: La pretensión de desalojo procede: I- En la hipótesis de que exista una relación jurídica entre las partes en virtud de la cual el demandando está obligado resistir el inmueble al actor. II- En el supuesto de que sin existir relación jurídica entre las partes el demandado es un ocupante que no ejerce la posesión del inmueble. 3- Objeto: La demanda de desalojo persigue únicamente el cumplimiento Judicial de la obligación de restituir el bien Inmueble. No se discute el derecho de propiedad o de posesión que pueden atribuirse a las pautas.

4- Poseedor del inmueble: El desalojo es inisible contra el ocupante que acredite, mediante pruebas, "prima facie" su calidad de poseedor del inmueble objeto de la demanda de desalojo. Sin perjuicio de que el actor pueda hacer valer su eventual mejor derecho mediante otras vías como las posesorias o interdictos. 5- Legitimación Activa: Pueden promover juicio de desalojo: 1.- El propietario o locador, fundado en su titulo, II.- El locatario principal fundado en su contrato de locación, cuando este lo autorice a subarrendar o dar en comodato o ceder. III.- El usufructuario, quien según el C.C. tiene derecho a darlo en arriendo o a ceder el ejercicio del usufructo IV.- El , toda vez que no fuera habitador, puede alquilar el fundo V- El comodatario, que puede conceder a un tercero el goce del bien siempre con el consentimiento del comodante VI.- El poseedor que posee animo domini que no es el propietario puede demandar desalojo al ocupante precario del inmueble. 6- Legitimación Pasiva: La demanda del de desalojo procederá contra I.- El locatario, quien esta obligado a restituir la cosa una vez terminado la locación II.- El sub-locatario la pretensión puede venir del locador o del locatario principal indistintamente III.- El ocupante precario este concepto comprende: al tenedor proceso: Que es aquel que goza ó ha gozado del derecho de ocupar gratuitamente un inmueble sin fijación de plazo y como consecuencia de un acto de liberalidad o tolerancia del propietario. Al intruso, que es aquel que sin pretender la posesión, se introduce en un inmueble sin derecho y contra la voluntad del propietario o poseedor. 7- Competencia: La acción de desalojo es personal. Tiene por objeto una prestación de ese carácter: exigir al demandado el cumplimento de la obligación de restituir el bien. Si existe contrato. Será el juzgado o tribunal convenido por las partes. A falta de convenio, será el juez del lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, a falta de este a elección del demandante. Si no existe contrato. El juez del domicilio del demandado. 8- Fuero de atracción: Sucesión El Juez que entiende en la sucesión, en caso del fallecimiento del demandado Quiebra: El Juez de la quiebra, continuará el sindico los juicios por o en contra. Disolución de la comunidad conyugal: Solo tiene fuero de atracción pasivo respecto de los juicios ya promovidos o que deban promoverse contra la comunidad o contra cualquiera de los cónyuges. Juicios contra el Estado: El juez del lugar en que tenga su domicilio legal el representante del Estado. 9- Demanda: "Al deducir la demanda deberá acompañarse la prueba documental, en los términos del artículo 219, y ofrecer todas las pruebas que se pretenda hacer valer. Al contestarla se cumplirán iguales requisitos y se articularán todas las defensa. De la contestación de la demanda se dará traslado al actor para que, dentro del plazo de seis días, pueda ampliar su prueba respecto de los nuevos hechos que alegare el demandado. En mismo plazo deberá contestar las excepciones que se hubieren opuesto y ofrecer la prueba respectiva". 624. 10- Forma: La demanda de desalojo se promoverá por escrito, debiendo ajustarse a las reglas de carácter general que estable el C.P.C. Se deberá presentar copias de la demanda y de los documentos que se 3compaílen. El actor deberá acompañar la prueba documental que tuviere en su poder o si no la tuviere individualizarla. 11- Inscripción del Contrato: El COJ disponer que en el en registro de inmuebles se deben anotar los contratos de locación. Si éste consta en un instrumento privado las firmas de las partes a los efectos de su inscripción deben estar autenticadas por escribano publico. 13- Apercibimiento. "El traslado de la demanda se correrá con apercibimiento de que si no se la contestare se tendrán por ciertos los hechos expuestos en ella y se dictará sentencia sin más trámite". 622. 14- Traslado: Del escrito de demanda y de los documentos que se acompañen, se correrá traslado al demandado por el plazo de 6 días, improrrogables y perentorios. La notificación se hará por cédula en el domicilio del demandado. Se hará bajo apercibimiento expreso de que si no se contestare en el plazo de 6 días se tendrán

por ciertos los hechos expuestos por el actor. 15- Contestación de la demanda: La demanda debe articular en ella todas las defensas o excepciones que tuviere y ofrecerla prueba correspondiente, las que serán resueltas en la sentencia definitiva. 16- Efecto de la falta de contestación: Al considerarse el silencio del demandado como isión de los hechos alegados por el actor, no resulta exigible la carga de la prueba y por consiguiente, la sentencia será dictada sin más tramite. Esto significa que el juez deba inexorablemente pronunciarse a favor del actor. 17- Sub-inquilinos y ocupantes precarios. El actor y el demandado deberán manifestar, al promover y contestar la demanda, respectivamente, si en el inmueble existen sub-inquilinos u ocupantes precarios. Si los hubiere, el juez, de oficio, les dará conocimiento por cédula de la demanda entablada, dentro del plazo de tres días, a fin de que puedan mostrarse partes en el juicio y que la sentencia tenga efecto contra ellos". 623. 18- Objeto: La norma persigue una doble finalidad I- Que todos los ocupantes del, inmueble puedan mostrarse como partes en el juicio para ejercer los derechos que le competen y II- Que la sentencia tenga efecto de cosa juzgada en relación a todos los ocupantes del inmueble. 19- Notificación: El Juez de oficio notificara por cédula la demanda al sub-inquilino u ocupante precario, corriendo traslado de la misma por el plazo de 3 días perentorios e improrrogables. 20- Apertura a prueba: Si existieren hechos controvertidos, el juez dictará, dentro del día siguiente, el auto de apertura de la causa a prueba por un plazo maximo de 15 días y proveerá la ofrecida por las partes. No se itirá el plazo extraordinario. Vencido el plazo de prueba y agregadas a los autos las producidas, quedará conclusa la causa para definitiva, lo mismo que si se reconocieren los hechos o no se articulare prueba, debiendo el juez dictar sentencia dentro del plazo de 10 días. Si la demanda se fundare en la falta de pago de dos o más mensualidades, o en el vencimiento del plazo convenido, no se itirá más prueba que la confesión de parte, el recibo de Pago de los alquileres, o el documento que justifique el no vencimiento del plazo. 625. El Juez abrirá la causa a prueba de acuerdo con el Principio de celeridad, dentro del día siguiente de la contestación de la demanda, cuando existan hechos controvertidos que probar y las partes hayan ofrecido, la prueba respectiva a demás de la documental que pudiera existir. 21- Plazo: El plazo máximo será de 15 días. Plazo común perentorio e improrrogable. Se notifica por cédula a las partes. Dentro del plazo el juez ordenará el practicamiento de la prueba ofrecida por las partes. No es isible el plazo extraordinario. 22- Prueba: Son isibles todos los medios de prueba con las siguientes limitaciones: Testificales: Cada parte solamente podrá proponer a 4 testigos. Pericial: El juez designará de oficio perito único, cuando ello fuere pertinente. Informes: La sentencia podrá dictarse prescindiendo de ellas cuando no fuere esencial para la decisión de la causa. 23- Excepciones: Todas las excepciones se opondrán conjuntamente al contestar la demanda y serán resueltas en la sentencia definitiva. Cada parte podrá presentar solamente hasta cuatro testigos. Si fuere pertinente la prueba pericial, el juez designará perito Único de oficio. No se itirá la presentación de alegatos. Si quedare pendiente sólo, total o parcialmente, la prueba de informe, y ésta no fue re esencial, se dictará sentencia, prescindiendo de ella, sin perjuicio de que sea considerada en segunda instancia, si fuere agregada cuando se encontrare la causa en alzada". 626. 24- Oportunidad:

Las excepciones de pueda valerse el demandado deben ser opuesta todas en forma conjunta al contestar la demanda, en el plazo de 6 días. Deberá también ofrecer la prueba respectiva, Las excepciones opuestas, sean previas o medios de defensa, serán resueltas en la sentencia definitiva. 25- Alegatos: Dado el carácter sumario del proceso no corresponde y está vedada la presentación de alegatos. 26- Sentencia: La sentencia que el juez pronuncie en el proceso de desalojo tiene eficacia de cosa juzgada sólo en relación a la obligación de restituir el bien. Por lo que no produce pre-juzgamiento, consecuentemente no tendrá eficacia contra los derechos de posesión o dominio que eventualmente pueden ser materia de otros juicios. 27- Efectos de la sentencia frente a terceros: El desalojo se hará efectivo contra cualquier ocupante posterior a la incoación del juicio si el actor al promoverlo hubiere pedido a) que se inscriba como litigioso el predio objeto del juicio (anotación de Iitls). La anotación deberá publicarse durante 3 días por edictos, en un periódico de gran circulación (edicto). b) que el Juez, o el secretario comisionado para el efecto, practique el reconocimiento del predio, dejando constancia de sus ocupantes (reconocimiento judicial). Estas diligencias deben efectuarse dentro del plazo de 8 días desde la promoción de la demanda. 28- Contrato de locación sin plazo y contrato de plazo vencido "En los contratos de locación sin plazo pactado, se dará para el desalojo el que acuerda fa ley de fondo. Vencido ese plazo, se decretará el lanzamiento inmediato por medio de fa fuerza pública". 627. El Código Civil expresa: a) Sí fuere casa o predio, después de 40 dias Si el precio se hubiere fijado por días, después de siete días; b) Si fuere un predio rústico donde exista un establecimiento agrícola, después de un año, e) Si fuere una suerte de tierra en que no exista establecimiento comercial, industrial o agrícola después de meses. "Si existiere contrato de locación de plazo vencido o se hubiere rescindido por falta de pago de alquiler o se tratare de un ocupante precario, obligado a restituir, se decretará el lanzamiento en la misma forma pudiendo el juez, en tales casos, según las circunstancias acordar un plazo que no podrá exceder de diez días". 628. 29- Apelación. "La Única resolución apelable será la sentencia definitiva en recurso se concederá en relación y con efecto suspensivo. El tribunal deberá dictar sentencia dentro del plazo de 15 días". 629. Esto se debe al carácter sumario del juicio. 30- Forma y efecto del recurso: El recurso deberá concederse 1- En relación: Consecuentemente, no podrán alegarse hechos nuevos, agregarse documentos ni abrirse a prueba debiéndose tener únicamente en cuenta las actuaciones producidas en primera instancia, salvo la prueba de informe que no pudo ser agregada en el plazo probatorio. 2- Con efecto suspensivo: Mientras se sustancie y resuelva el recurso, la sentencia no podrá ejecutarse debiendo el juez en la misma providencia que conceda el recurso, disponer la remisión del expediente al superior 31- lanzamiento. El lanzamiento se verificará sin perjuicio de las acciones que por cualquier concepto el demandado pudiere ser valer en juicio distinto contra el demandante, pero si aquél hubiere obtenido la retención en el juicio correspondiente, el lanzamiento no tendrá lugar, salvo que el demandante garantice su pago con caución suficiente a criterio del juez. No será isible la caución juratoria". 630, 32- Condiciones: Las condiciones requeridas son: I.- Resolución judicial que lo ordene. II.-. Que el plazo señalado en dicha resolución se encuentre vencido. De hecho, se hace efectivo mediante la intervención de un oficial de justicia comisionado al efecto. 33- Ejecución de la Sentencia: La sentencia de desalojo se ejecuta mediante el lanzamiento o desahucio, que consiste en la acción de expeler del inmueble al locatario sub-locatario u ocupante precario que lo ocupa.

34- Derecho de retención: Es la facultad que le corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón de esa misma cosa. El que la invoque deberá mencionar el derecho que le asiste y justificar el gasto efectuado o el dallo sufrido. Produce el efecto de suspender el lanzamiento del bien ocupado si es promovido por el demandado. No obstante el actor podrá obtener la desocupación siempre que garantice el pago del crédito, otorgando caución suficiente que será apreciada por el juez. La garantía podrá ser personal o real, no se acepta la juratoria 35- Condena de futuro "La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo convenido para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia que ordena la desocupación deberá cumplirse una vez vencido aquel. Las costas serán a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse a la demanda, cumpliere con su obligación de desocupar el bien o devolverlo en lo forma convenida". 634. 36- Interdictos Las acciones posesorias legisladas en el código Civil se tramitaran con sujeción a la norma establecidas en el presente título pala retener o reintegrar la posesión". 635 Estas acciones se fundan en una razón de orden público evitar que las personas se hagan justicia por manos propias. Tienen por objeto impedir que se perturbe o prive al poseedor del goce o posesión de bien. Estas acciones se conceden al poseedor del bien. La sustanciación de las acciones posesorias legisladas en el C. Civil se realiza por el trámite previsto pata los interdictos en el C.P.C. de acuerdo con la naturaleza de la pretensión que se demande. Requisitos de isibilidad: Para que la posesión de lugar a las acciones posesorias, debe ser publica (no debe ser clandestina es decir, furtiva, oculta o disimulada) e equivoca (debe ser clara, ni prestarse a equívocos o ambigüedades). 37- Concepto: Constituye un juicio especial y sumario que tiene por objeto otorgar una tutela urgente cuando por vías de hecho, simplemente comprobables, se despoja o se perturba la posesión o tenencia de un bien. Tienen legitimación activa tanto el poseedor como el tenedor. 38- Legitimación activa: Los interdictos amparan el hecho de la posesión actual, por cuya razón pueden ser deducidos por quien funda su tenencia en un titulo, como por el simple tenedor. 39- Competencia: Son acciones reales, por ello es competente el juez del lugar de situación del inmueble. Cuando se ejerzan sobre cosas muebles será competente el juez del lugar donde se hallen o del domicilio del demandado, a elección del actor. 40- Caducidad. Los Interdictos de retener, de recobrar y de obra nueva no podrán promoverse después de transcurrido un año de producidos los hechos en que se fundaren. La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte. 41- Interdicto de adquirir: No configura en realidad un interdicto sino solo un procedimiento para adquirir la posesión jurídica, por lo que no corresponde al tenedor. 42- Procedencia: Para que proceda el interdicto de adquirir se requerirá a) que se presente título suficiente para adquirir la posesión con arreglo a derecho, y b) que nadie tenga título de dueño o usufructuario, o posea los bienes cuya posesión se pida". 640. 43- Carácter: El interdicto de adquirir tiene los caracteres de un proceso voluntario, porque el interesado en adquirir la posesión no promueve propiamente una pretensión dirigida contra un tercero, sino más bien requiere un actuar de la jurisdicción 44- Examen previo:

El juez examinara el titulo en que se funda la acción y requerirá informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes del bien. Si los hallare suficientes y el bien no estuviese poseído otorgará la posesión sin perjuicio de mejor derecho. 45- Informes: El juez requerirá informe sobre las condiciones de dominio y gravámenes del bien, librando al efecto oficio a la dirección general de los registros públicos 46- Sentencia: La que se pronuncio otorgando la posesión en peticionante será otorgada sin perjuicio de mejor derecho, así no podrá ejecutarse contra quien ocupe en carácter de dueño, usufructuario o poseedor, y no impide la promoción del proceso posterior en el que se discutan y decidan las pretensiones posesorias o dominiales. 47- Interdicto de retener: Se otorga para impedir la tentativa de despojo por actos materiales. Su objeto: conseguir protección para amparar y conservar la posesión con arreglo a derecho. 48- Procedencia: Para que proceda el Interdicto de retener se requerirá. a) que quien lo intentare se encuentre en la é3ctual posesión de un bien, mueble o inmueble; y b) que se haya tratado de inquietarlo en ella, por actos materiales que se expresarán en la demanda". 642. 49- Audiencia: Deducida la demanda el juez fijará audiencia con intervalo de 3 días, al actor y al que éste pretenda que lo perturba en la posesión. En dicha audiencia el juez oirá a las partes, recibirá los documentos y demás pruebas que se presenten, extendiéndose acta, en la que se harán constar los alegatos y las pruebas producidas. Los testigos no podrán ser más de 4 por cada parte. 50- Prueba: La prueba sólo podrá versar sobre el hecho de la posesión invocada por el actor, la verdad o falsedad de los actos de perturbación atribuidos demandado y la fecha en que éstos se produjeron". 644. Son isibles todos los medios de prueba que deberán ser recibidos en la misma audiencia. No se podrán ofrecer más de 4 testigos por cada parte. 51- Acta: El secretario labrará acta conforme a C en la se hará contar los alegatos que podrán presentar las partes sobre el merito de las pruebas que se hubieren producido, las pruebas diligenciadas y cuanto hubiere ocurrido en la audiencia. Será firmada por el juez, el secretario y los comparecientes que quisieran hacerlo, se dejará constancia cuando no quieran o no puedan hacerlo. 52- Sentencia: "El juez pronunciará sentencia en el plazo de diez días, contados desde la realización de la audiencia, limitándose a amparar en su posesión al que así lo hubiere solicitado, o a declarar que no ha de lugar al interdicto. La sentencia será apelable en relación. El Tribunal deberá fallar en el plazo de quince días". 645. 53- Interdicto de recobrar. "Para que proceda el interdicto de recobrar se requerirá: a) a quien lo intente, o su causante, hubiere tenido la posesión actual de un bien mueble o inmueble; y b) que hubiera sido despojado total o parcialmente del bien, con violencia y clandestinidad". 646. Es el que se promueve para obtener la recuperación de un bien del cual se sido total o parcialmente despejado con violencia o clandestinidad. La demanda se dirigirá contra el denunciado, sus sucesores, con participes o beneficiarios del despojo y se procederá a oír a las partes en la misma forma que en el interdicto de retener. 54- Posesión: Está legitimidad para promoverlo el que hubiere tenido la posesión actual. Este concepto comprende al poseedor con posesión jurídica, al momentáneo y al mero tenedor de un bien mueble o inmueble. 55- Desapoderamiento:

El despojo o privación ilegitima debe haberse consumado con violencia, clandestinidad o abuso de confianza, es decir cualquier medio ilegitimo. 56- Legitimación pasiva: La demanda debe dirigirse en primer termino contra el autor material del acto ilegitimo, sin importar que haya actuado en carácter de representante de otro en cumplimiento de órdenes recibidas. Podrá deducirse también contar los sucesores universales o particulares de mala fe del causante. 57- Audiencia: Son válidas las consideraciones del numeral 49, porque la norma remite a lo dispuesto en el 643 del interdicto de retener. 58- Prueba: "Solo se itirán pruebas que tuvieron por objeto demostrar el hecho de la posesión invocada, así como el despejo". 640. 59- Restitución del bien: "Cuando el derecho invocado fuere verosímil y pudieren derivar perjuicios si no se decrete la restitución inmediata del bien, el juez podrá ordenarla, previa caución que prestará el reclamante para responder por los daños que pudiere irrogar la medida". 649. 60- Modificación y ampliación de la demanda. "Si durante el curso del interdicto de retener se produjere el desalojo del demandante, la acción proseguirá como interdicto de recobrar, sin necesidad de retrotraer el procedimiento. Cuando llegara a conocimiento del demandante la existencia de otros sucesores, copartícipes o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier estado del juicio. Con ampliación se tramitará en expediente separado, pero las pruebas producidas por el demandante se considerarán comunes a todos. Sustanciados los expedientes, el juez ordenará su acumulación al primero y dictará una sola sentencia". 650. 61- Sentencia. "El juez pronunciará sentencia en el plazo y forma previstos en el articulo 645, desestimando el interdicto o mandato restituir la posesión del bien despojado. La sentencia será recurrible en los términos de dicho artículos. 651. 62- Efecto da la sentencia: "La sentencia que hiciere lugar al interdicto podrá ejecutarse contra quien quiera que se encuentre en posesión del bien, siempre que ésta hubiere comenzado después de iniciado el juicio y se hubiere cumplido lo dispuesto en el artículo 632". 652 63- Interdicto de obra nueva: Cuando se hubiere comenzado una obra que afectare a un inmueble, su poseedor podrá promover el interdicto de obra nueva. La acción se dirigirá contra el dueño de la obra y si fue re desconocido, contra el director o encargado de ella". 653, 64- Concepto: Consiste en el juicio especial y breve que puede promover el que se ve afectado en la posesión o tenencia de un bien inmueble, como consecuencia de la ejecución de una obra nueva, cuya suspensión, mientras dura la sustanciación y posterior destrucción, se solicita. 65- Objeto: La pretensión se dirige a obtener una sentencia judicial que orden la destrucción de la obra nueva, a fin de dejar las cosas en el estado en que se encontraban antes de la ejecución de la misma. 66.- Legitimación de la obra: La acción debe dirigirse contra el propietario, pero cuando no se lo conozca la demanda puede ser promovida contra el director o encargado de la obra; el que para desvincularse de la acción debe denunciar el nombre y domicilio del propietario, a los efectos de su citación al proceso. 67- Suspensión de la obra:

"Presentada la demanda, el juez decretará provisionalmente la suspensión de la obra, e imprimirá al juicio el trámite previsto para los interdictos de retener o recobrar, según los casos". 645. 68- Sentencia. "La sentencia que itiere la demanda dispondrá la suspensión definitiva de la obra, o, en su caso, su destrucción y la restitución de las cosas al estado anterior, a costa del vencido". 655. 69- Mensura. Quien promoviere el procedimiento de mensura, deberá a) acompañar el título de propiedad del inmueble, b) indicar el nombre, apellido y domicilio de los colindantes actuales, o manifestar que los ignora; y c) designar el topógrafo que ha de practicar la operación, con fijación de su domicilio El juez desestimará de oficio y sin sustanciación previa la solicitud que no contuviere los requisitos establecidos" 656 70.- Concepto: La mensura es la operación técnica consistente en la ubicación del titulo de propiedad de un inmueble sobre el terreno, determinando sus medidas y obteniendo un plano que constituye la representación gráfica del mismo. 71.- Clases: Privada: Es la efectuada por el interesado sin intervención del Órgano judicial 72.- Mensura Judicial: Es la que se lleva a cabo con un agrimensor de acuerdo con las previsiones del C. De acuerdo con la función que le pueda corresponder puede ser: a) Proceso voluntario: Consiste en una petición que se formula ante el juez competente, sin contenido conflictivo y sin que afecte eventuales derechos de dominio o de posesión. b) Medio de Prueba su realización es necesaria en el juicio de deslinde. 73- Requisitos de la solicitud: La mensura es una demanda introductiva de un proceso autónomo, no obstante la norma enumera los requisitos que se deben cumplir. Titulo: El peticionante debe acompañar el título de propiedad del inmueble a ser mensurado, porque solo es concedida al propietario que puede exhibir su titulo. Colindantes: Se deben suministrar los datos personales de los colindantes, para que puedan ser citados a manifestar que se ignora. Topógrafo: Se propondrá la designación de un perito topógrafo que tendrá a su cargo la diligencia técnica a fin de que pueda ser nombrado por el juez. . Presentada la solicitud con los requisitos, el juez deberá: a) Disponer que se practique la mensura por el perito designado, b) que se publiquen en un diario los edictos por tres días citando a quienes pueden tener interés en la mensura, con anticipación de 10 días por lo menos, los edictos expresarán la situación del Inmueble, el nombre del solicitante, el juzgado y secretaría y el lugar día y hora en que se dará comienzo a la operación, c) comisionar al juez de paz que corresponda, sin perjuicio de que lo puedan realizar el mismo. Aceptado el cargo, el topógrafo deberá: a) citar por circular a los propietarios actuales de los linderos Los citados deberán notificarse firmando tal circular. El topógrafo dejará constancia en el acta de cualquier negativa a hacerlo, si alguno de los terrenos fuese fiscal o municipal se citará también a la Autoridad istrativa que corresponda (I.B.R. o Municipilidad, b) cursar aviso al peticionante con las más enunciaciones de la circular. El perito iniciará la mensura cumplidos con los requisitos mencionados anteriormente en el día, hora y lugar señalados con asistencia de los interesados o sus representantes. Cuando por razones climáticas o mal Estado del terreno no fuere posible comenzar la mensura, el perito y los interesados podrán convenir nueva

fecha si no se realizarse por ausencia del perito, es el juzgado quien fijara nueva fecha se realizarán las mismas diligencias (edictos, citaciones o avisos) todo debe constar en acta. La oposición que se pudieren interponer no impedirá su realización ni la colocación de mojones. Cuando la mensura no pudiere terminarse en el día proseguirá en el más próximo posible. Se deberá dejar constancia de lo realizado y de la fecha de continuación en acta. Los interesados podrán a) Concurrir al acto de la mensura acompañados por peritos de su elección (pero correrá con los gastos) b) Formular las reclamaciones a que se creyeren con derecho, fundándose en los títulos de propiedad. Terminada la censura, el juez comisionado levantará acta en donde se consignará circunstancialmente el desarrollo de las diligencias firmando también el perito y los interesados. El perito presentará ante juez comisionado un informe técnico sobre las operaciones cumplidas, con copia con duplicado del plano que deberá confeccionar. El juez remitirá los antecedentes y recabará informe de la oficina competente (es el Dpto. de Agrimensura y Geodesia dependiente del M.O.P.C.). Este deberá, dentro de los 30 días, reunir al juez un informe acerca del valor de la operación efectuada. Cuando la oficina topográfica no observare la mensura y no existiere oposición de linderos, el juez la aprobará. Si hubiere observaciones u oposiciones que se fundaren en cuestiones meramente técnicas se dará traslado a los interesados por el plazo que fije el juez, así como al perito. Contestados los traslados o vencido el plazo para hacerla, el juez resolverá aprobando o rechazando la mensura y ordenando las rectificaciones pertinentes si fuere posible (arts. 657 al 667). 74- Competencia: Es competente el juez de donde está situado el inmueble. Se funda en razones prácticas. 75- Sentencia: La que se dicte en el Juicio de mensura no tiene eficacia de cosa juzgada ni reconoce derechos Son instrumentos públicos las diligencias y planos de mensuras aprobados por el juez. Es decir que no causa estado y es sin perjuicio de mejor derecho. No afecta los derechos de dominio y posesión del inmueble que pudieran tener los propietarios colindantes. 76- Carácter: La mensura no afectará los derechos que los propietarios pudieren tener al dominio o a la posesión del inmueble. La resolución quise el juez dictan en el Juicio voluntario de mensura no causará estado y es sin perjuicio de mejor derecho. 77- Deslinde "El que promueve juicio de deslindo deberá deducir la demanda de acuerdo con el articulo 215 y presentar los títulos que acrediten su derecho real, indicando el nombre y domicilio de los propietarios linderos. El juez correrá traslado de la demanda a los propietarios linderos fijará audiencias a las partes, la que deberá celebrarse dentro de los quince días siguientes Si hubiera algún terreno fiscal o municipal contiguo, se notificará también la autoridad istrativa que corresponda'" 669 78- Concepto: Consiste en la operación técnica por la cual se establece la línea divisoria entre dos inmuebles contiguos, cuyos límites se encuentran confundidos 79- Diferencia con la reivindicación: I.- Cuando los límites de dos heredades se encuentran confundidos corresponden promover la acción de deslinde, a los efectos de establecer los límites reales de los terrenos. II.- Cuando se cuestiona la propiedad de un terreno porque las partes se la atribuyen mutuamente, corresponde deducir la acción de reivindicación, a los efectos de determinar quien tiene derecho a la propiedad controvertida. 80- Deslinde Convencional: El C. Civil autoriza el deslinde convencional mediante convenio suscripto y sometido por partes con la mensura debidamente practicada bajo pena de nulidad a la aprobación del juez competente y para su homologación. 81- Competencia: Por ser de naturaleza real, debe promoverse ante el juez del lugar donde se hallen situados bienes siguiendo las reglas establecidas en el COJ.

82- Demanda: Forma E1 que promueve el juicio de deslinde deberá presentar su escrito de demanda, cumpliendo con las exigencias del arto 215 del C.P.C., con indicación del nombre y domicilio de los propietarios linderos deberá acompañar los títulos que acrediten su derecho real. El juez correrá traslado a los propietarios linderos y fijará audiencias a las partes, a celebrarse dentro de los 15 días. El deslinde es técnicamente un juicio en razón de que el demandado puede contradecir la pretensión del actor. 83- Presupuestos: La acción de deslinde tiene por antecedente indispensable la contigüidad y confusión de dos predios rústicos. Ella no se da para dividir los predios urbanos. 84- Traslado: La providencia que dicte el juez deberá conferir traslado de la demanda y de los documentos le se acompañen, para lo cual el actor debió presentar las respectivas copias. El traslado se notificará por cédula, en el domicilio real del demandado. Si hubiere un terreno fiscal o municipal, se ratificará al B. R. o al Intendente. 85- Audiencia: En la providencia respectiva, el juez deberá señalar día y hora de audiencia, dentro de los días siguientes a los efectos de que los demandados presenten los últimos que acreditan su derecho real, las partes designen un topógrafo para que practique la operación correspondiente. Si no se pusiesen de acuerdo lo nombrará el juez La audiencia será la oportunidad para que se conteste la demanda. Designado el perito, este procederá con sujeción a lo dispuesto en el capitulo de mensura. 86- Sentencia: Efectos. Tendrá efecto de cosa juzgada entre las partes consecuentemente, podrá ejecutarse desalojando al colindante vecino de su ocupación La sentencia constituirá titulo de propiedad entre las partes y sus sucesores, si fue inscripta en el registro de inmuebles. LECCIÓN 24 PROCESO DE CONOCIMIENTO SUMARIO “Art. 683.- Condiciones y trámites. En los casos que la ley remita al proceso sumario la solución de un conflicto, o que por la naturaleza de la cuestión resultare evidente que deba tramitarse de ese modo, y siempre que no se halle previsto un procedimiento especial, se aplicarán las reglas del proceso de conocimiento ordinario, con las siguientes modificaciones; a) el plazo para contestar la demanda o la reconvención será de nueve días y el plazo de prueba no excederá de veinte días; b) será isible la reconvención, si se cumplieren los requisitos establecidos por el artículo 238, incisos a y b; c) al deducir la demanda deberá acompañarse la prueba documental, en los términos del artículo 219 y ofrecerse las demás pruebas; d) no procederá el plazo extraordinario de prueba ni la presentación de alegatos; e) los testigos no podrán exceder de cinco por cada parte, sin perjuicio de la regla establecida por el artículo 318. f) las excepciones dilatorias se opondrán conjuntamente con la contestación de la demanda, pero serán resueltas con carácter previo; y g) el plazo para dictar será de veinte o treinta días, y para dictar autos interlocutorios, de cinco o diez días, según se trate de juez o tribunal”. Concepto: El proceso de conocimiento sumario es aquel en que por la naturaleza de la cuestión o porque la ley substancial lo indica debe tramitarse de manera más breve y rápida que el proceso de conocimiento ordinario, sin que ello sea óbice para un exhaustivo y total conocimiento de la causa y que la sentencia que se dicte tenga eficacia de cosa juzgada material. Estructura: La estructura del proceso de conocimiento sumario es semejante a la del proceso de conocimiento ordinario con las siguientes variantes: a) Reducción de los actos. v.g.: no son isibles el plazo extraordinario de prueba, ni la presentación de

alegatos. b) Abreviación de los plazos. v.g.: 9 días para contestar la demanda, 20 o 30 días para dictar sentencia ya sea en primera o segunda instancia, etc. c) Limitación del número de testigos que pueden ser ofrecidos por cada parte, salvo petición expresa y debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un número mayor o se trate de reconocimiento de firmas. Carácter: El proceso de conocimiento sumario es un proceso rápido, de conocimiento exhaustivo y completo, de acuerdo con la naturaleza de la materia controvertida, que es decidida de manera definitiva. Aplicación: Se substanciarán por las reglas del proceso de conocimiento sumario: 1) Las controversias que la ley substancial o procesal indiquen. Ejemplos: rendición de cuentas (Art. 673 C); división de cosas comunes (Art. 680 C); responsabilidad del beneficiario de medidas cautelares (Arts. 700 y 702 C); acción de nulidad las patentes de invención (Art. 26 Ley 773/25). 2) Las controversias que por su naturaleza resulte evidente que deban tramitarse por éste modo, siempre que no existiere para ello un procedimiento especial, situación en la que el Juez, de acuerdo a su prudente arbitrio, decidirá previamente la isibilidad de la substanciación de la causa por el trámite de este procedimiento. Remisión: En la substanciación del procedimiento de conocimiento sumario se aplicarán las reglas establecidas para el proceso de conocimiento ordinario, con las modificaciones señaladas más arriba, por lo que para un estudio acabado de este procedimiento remitámonos a dichas reglas. JUICIOS DE MENOR CUANTÍA Art. 684: Denominación: “Modificase la denominación de Justicia de Paz Letrada por la de “Justicia Letrada en lo Civil y Comercial”. Las cuestiones de su competencia tramitarán por los procedimientos que se regulan en este Titulo y las disposiciones del presente Código en cuanto fuesen aplicables”. Naturaleza: Los juicios de menor cuantía participan de la naturaleza sumaria y abreviada que caracteriza a los procesos de conocimiento sumario. En estos juicios al igual que en el de conocimiento ordinario, el conocimiento que el juez adquiere de la causa es pleno y la sentencia hace cosa juzgada material.

Fundamento: Por razones de celeridad, del monto y la naturaleza de las cuestiones debatidas, la ley procesal estableció un procedimiento abreviado y rápido para la solución definitiva de éstos tipos de conflicto. Denominación: El libro II del COJ instituyó el llamado Procedimiento en la "Justicia de Paz Letrada” el que en virtud del Art. 684 pasa a denominarse “Justicia Letrada en lo Civil y Comercial”.

Crítica: El Prof. Hernán Casco Pagano sostiene al respecto de la Justicia de Paz Letrada, que como categoría especial de proceso no se justifica. La proliferación de tipos procesales no ayuda en nada al ideal de justicia pronta y barata. Esta modificación introducida a la estructura prevista en el COJ, no convirtió este proceso ni en breve ni en sumario. Al contrario, las causas substanciadas ante los jueces letrados duran igual que las tramitadas ante los de primera instancia. Lo acertado para el Prof. Casco Pagano, hubiera sido la nueva regulación del procedimiento ante la Justicia de Paz, adecuándolo a las necesidades de la época, o la inclusión de los juicios de menor cuantía entre aquellos que deban tramitarse por el proceso de conocimiento sumario.

Competencia - Art. 685 C: Por razón del territorio: "La competencia territorial se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 42 del Código de Organización Judicial…”. Art. 42 COJ: “Créase la Justicia de Paz Letrada en lo Civil, Comercial y Laboral de la Capital de la República y

las Capitales de los Departamentos, la que será istrada por los Magistrados y Funcionarios que establece el Código… Los Jueces Letrados en lo Civil y Comercial de la Capital tendrán competencia dentro de los límites de ella y del Departamento de Central y los de las Capitales Departamentales en todo el Departamento…”. Por la materia: “…los jueces serán competentes para conocer y decidir en todos los asuntos civiles y comerciales y en todos los casos de informaciones sumarias de testigos, a excepción de aquellas que deban plantearse con motivo de juicios que no fueren de su competencia. Son incompetentes para entender en los juicios de convocación de acreedores y quiebras, los relativos a la posesión y propiedad de inmuebles, salvo aquellos que se planteen con motivo de una tercería de dominio, los juicios laborales, de amparo, las cuestiones vinculadas al derecho de familia y los juicios sucesorios”. Por el valor o cuantía: “…Por razón de la cuantía, los jueces serán competentes para conocer y decidir en todos aquellos litigios cuyo valor oscila entre la cantidad de 60 y 300 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República. La Corte Suprema de Justicia podrá modificar por acordada esta cuantía, atendiendo a los indicadores económicos”. El jornal es una clase de remuneración diaria establecida en el Código Laboral. El Poder Ejecutivo fija el jornal mínimo legal, el mismo no es definitivo, pudiendo sufrir variaciones de acuerdo con el aumento del costo de vida y otras circunstancias económicas.

Trámite en el proceso de conocimiento: Reglas aplicables (Art. 686 C.PC): El proceso de conocimiento en los asuntos de menor cuantía se rige por las reglas del proceso de conocimiento ordinario, con las siguientes modificaciones: 1. El plazo para contestar la demanda o la reconvención es de 6 días. Con la demanda y la reconvención deberá acompañarse la prueba documental, en los términos del Art. 219 y ofrecerse todas las demás; 2. Las excepciones dilatorias se opondrán con la contestación de la demanda y, previo traslado, serán resueltas en la definitiva, como primer punto de la misma; 3. Si la cuestión fuere de puro derecho, el juez dictará sentencia en el plazo de 10 días, 4. En caso de haber hechos controvertidos el juez dispondrá la producción de las pruebas ofrecidas y itidas, en una audiencia que se llevará a cabo dentro de los 20 días de recibida la causa a prueba. Dicha audiencia se llevará a cabo con la parte que compareciere, por si o por apoderado. En el mismo auto el juez ordenará las citaciones y diligencias que fueren pertinentes. Si estas fueren desestimadas, procederán los recursos de apelación y nulidad, que serán concedidos sin efecto suspensivo; 5. En el acto de la audiencia el Juez intentará avenir a las partes, si se encontraren presentes. Si hubiera acuerdo, el mismo será homologado en el plazo de 2 días, con fuerza de sentencia. En caso contrario, se continuará con el procedimiento establecido; 6. Los testigos no podrán exceder de 5 por cada parte, sin perjuicio de la regla del Art. 318; 7. Los incidentes que se plantearen durante la audiencia de prueba serán resueltos en la misma o dentro del día siguiente hábil. No se dará trámite a los recursos de apelación y nulidad que fueren interpuestos contra las resoluciones dictadas por el Juez durante la audiencia, pero se dejará constancia de los mismos a fin de que sean considerados en oportunidad de tratarse la apelación de la sentencia definitiva. Si el tribunal de apelación estimare que el pedido de la pare fuere procedente, revocará el auto y recibirá la prueba antes de dictar sentencia: No siendo posible producir todas las pruebas en la audiencia respectiva, el Juez la prorrogará para el día siguiente hábil ya sucesivamente hasta que hayan sido producidas íntegramente sin necesidad de o a citación que la que se hará en ese acto; Concluida la audiencia, las partes podrán presentar sus alegatos en el plazo individual de 3 días. No procederá la suspensión del plazo para alegar El Juez, acto continuo, llamará a autos para sentencia, la que deberá ser dictada en el plazo de 15 días. Trámite en los incidentes (Art. 687 C): “En los incidentes planteados fuera de la audiencia de prueba, los que deberán ser contestados en el plazo de 3 días, se procederá en la forma establecida en el artículo anterior, con excepción de lo previsto en los incs. a), b), c), e) y f). La audiencia de prueba se fijará dentro de los 10 días de contestada la incidencia, los testigos de cada parte no podrán exceder de 3 y no habrá alegatos. En todos los casos los incidentes serán en el plazo de 5 días”.

Proceso de ejecución - Reglas aplicables (Art. 688 C): “En los procesos de ejecución se aplicarán las normas contenidas en el Libro III de este Código en lo que fuere pertinente, salvo lo previsto para el trámite de las excepciones, que se regirán por el procedimiento establecido en el Art. 687 para los incidentes”. Juicio de desalojo (Art. 689 C): “El juicio de desalojo, que será procedente contra locatarios, sub-locatarios y ocupantes precarios y se regirá por las siguientes disposiciones: a) la demanda se presentará por escrito y de ella se correrá traslado al demandado por seis días, bajo apercibimiento de que si dejare de contestarla se fallará la causa sin más trámite, de acuerdo con lo expuesto por el actor; b) el actor y el demandado, al promover y contestar la demanda, respectivamente, deberán ofrecer toda la prueba, acompañando la instrumental, en los términos del artículo 219 y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 623 de este Código; c) si hubieren hechos controvertidos el juez señalará una audiencia dentro de los diez días de contestada la demanda, a fin de producir la prueba ofrecida y dispondrá, en el mismo auto, las citaciones y diligencias que fueren pertinentes. La audiencia se llevará a cabo con la parte que compareciere por sí o por apoderado; d) concluida la audiencia el juez llamará autos para sentencia y dictará el fallo en el plazo de diez días; y e) serán aplicables en este juicio las disposiciones contenidas en los artículos 626 al 634 de este Código”. Procedimiento en segunda instancia (Art. 690 C): "El procedimiento en segunda instancia se regirá conforme a las siguientes reglas: a) si la sentencia fuere apelada, se elevará el expediente al Tribunal de Apelación en el plazo de dos días. Dentro del plazo de tres días, contados desde la notificación de la providencia de autos, el apelante presentará su escrito de memorial, del que se correrá traslado a la otra parte por igual plazo. Si el recurrente no presentare la memoria en el término de ley se declarará desierto el recurso y se dispondrá la devolución de los autos al juez de la causa; b) si la sentencia recurrida hubiere recaído en un juicio o incidente en el cual se hubiere interpuesto el recurso de apelación durante la audiencia de prueba, el Tribunal deberá revisar la resolución dictada por el juez en la misma y si estimare que el pedido de la parte era procedente, revocará el auto, recibirá la prueba y posteriormente dictará la sentencia definitiva; c) el tribunal deberá dictar la resolución dentro del plazo de 8 días. En todos los casos la resolución del Tribunal causará ejecutoria". Efecto de la resolución de segunda instancia: La resolución que dicte el tribunal de apelación en todos los casos causará ejecutoria, adquiriendo, consecuentemente, autoridad de cosa juzgada. RENDICIÓN DE CUENTAS Concepto: La rendición de cuentas es la obligación de hacer que contrae la persona que efectúa actos de istración o gestión por cuenta o interés ajeno, por lo que debe presentar un estado detallado y documentado de los ingresos y egresos producidos durante su actuación con la determinación del saldo resultante. Legitimación pasiva: Toda persona que gestione o istre bienes o negocios total o parcialmente ajenos, que suponga el manejo de bienes o fondos que no son propios, tienen la obligación de rendir cuentas, salvo que la ley o el que tiene derecho a exigirla lo haya eximido de hacerlo. Ej.: El tutor, el curador, el mandatario, etc. Competencia: La obligación de rendir cuentas es personal, por lo que se le aplican las reglas del Art. 17 del COJ. Para determinar la cuantía del juicio deber tenerse en cuenta el valor de los bienes comprendidos en la istración o gestión. Etapas del juicio: El proceso de rendición de cuenta comprende dos etapas: 1. La comprobación de las existencia o no de la obligación de rendir cuentas, y 2. La presentación, justificación e impugnación, en su caso, de las cuentas, que concluye con la aprobación y

determinación del saldo, en su caso. Trámite (Art. 673 C): “La demanda por obligación de rendir cuenta tramitará por el proceso de conocimiento sumario, a menos que se dedujese con otras pretensiones que deben de tramitarse por el de conocimiento ordinario. El traslado de la demanda se hace bajo apercibimiento de que si el demandado no la contestare, se tendrá por itida la obligación de rendir cuenta”. Plazo de la rendición de cuentas (Art. 674 C): “Una vez firme la sentencia que condena a rendir cuenta, o cuando la obligación de rendirlas resultare de instrumento público o privado reconocido, o haya sido itida por el obligado al ser requerido por diligencia preparatoria, el juez fijará un plazo prudencial para la rendición de cuentas, atendiendo a la naturaleza y complejidad de la cuestión”. Plazo para la impugnación (Art. 675 C): “Presentada la rendición de cuentas, el juez la pondrá de manifiesto en secretaría por el plazo máximo de diez días, a fin de que el interesado la acepte o la impugne. Si la impugnare, deberá indicar, precisamente, las partidas que cuestiona, acompañando los documentos que tuviere en su poder y siguiéndose el trámite de los incidentes, salvo lo dispuesto en la última parte del artículo 677. Si la aceptare o no la impugnare dentro del plazo, el juez dictará la resolución pertinente, y si no se hubiere hecho depósito del saldo deudor, quedará expedito el procedimiento de ejecución de sentencia”.

Substanciación: La demanda por obligación de rendir cuentas se tramita por las reglas prevenidas para el proceso de conocimiento sumario. La demanda tendrá por objeto establecer la obligación judicial de rendir cuentas, por ello en el escrito respectivo el actor habrá de expresar claramente dicha finalidad. Cuando en la demanda se dedujeran otras pretensiones de las que deriva la obligación de rendir cuentas, el trámite será del proceso de conocimiento ordinario.

Apercibimiento: El traslado de la demanda al demandado se conferirá bajo apercibimiento de que si no la contestare en el plazo de 9 días perentorios e improrrogables, se tendrá por itida la obligación de rendir cuentas. Presentación por el interesado (Art. 676 C): “Si dentro del plazo establecido por el juez el obligado no presentare la rendición de cuentas, podrá presentarla el interesado. De ella se correrá traslado a la otra parte por el plazo de seis días, bajo apercibimiento de tenerla por reconocida. Si el demandado la impugnare, se seguirá el trámite de los incidentes, cargando aquel, en cualquier caso, con las costas”. Documentación (Art. 677 C): “Con el escrito de rendición de cuentas deberá acompañar la documentación correspondiente…”.

Requisitos: El escrito de rendición de cuentas deberá reunir los siguientes extremos: 1. Debe ir acompañado de la documentación que acredite y justifique las partidas correspondientes. Las cuentas, en efecto, deber estas respaldadas con los comprobantes respectivos. 2. Debe ser claro y explicativo, detallándose las gestiones y actos efectuados. Justificación de partidas (Art. 677 C): “…El juez podrá tener como justificadas las partidas respecto de las cuales no se acostumbrase pedir recibo, si fuesen razonables y verosímiles”. La segunda parte del artículo examinado, confiere al juez la facultad de eximir al obligado de presentar recibos

o documentos justificativos cuando sea verosímil y razonable entender que por la naturaleza del pago sea corriente no exigirlos, lo cual quedará librado a la prudente apreciación judicial. Saldos reconocidos (Art. 678 C): “El actor podrá reclamar el pago de los saldos reconocidos por el demandado, sin esperar la resolución definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se entienda que las ha aceptado. El pedido se sustanciará por las normas de la ejecución de sentencia”.

Demanda por aprobación de cuentas (Art. 679 C): "El obligado a rendir cuentas podrá demandar la aprobación de las que presentare. De la demanda, a la que deberá acompañarse boleta de depósito por el importe del saldo deudor, se dará traslado al interesado por el plazo de nueve días bajo apercibimiento de ser tenido por conforme si no las impugnara al contestar, o si dejare de contestar. Se aplicarán en lo pertinente, el procedimiento establecido en los artículos anteriores de este Título".

DIVISIÓN DE COSAS COMUNES Concepto: La división de cosas comunes o condominio consiste en la facultad que tiene el condómino de obtener la transformación de su parte indivisa en otra determinada y concreta. División judicial: Se da en los supuestos en que exista un conflicto entre los condóminos que no permitan la división convencional del bien o cuando existan menores o incapaces interesados. Etapas del juicio: El juicio tiene dos etapas:  La primera, en la que se decide la cuestión referida a la procedencia de la división y de la forma de llevarla a cabo, en su caso.  La segunda, tiene por objeto hacer efectiva la división por medio de la partición en especie o, de no ser posible, con la subasta pública. Substanciación: Art. 680 Trámite: “La demanda por división de cosas comunes se substanciará y resolverá conforme a las reglas del proceso de conocimiento sumario. La sentencia deberá contener, además de los requisitos generales, decisión expresa sobre la forma de la división, de acuerdo con la naturaleza de las cosas". Audiencia (Art. 681 C): Ejecutoriada la sentencia, se convocará a una audiencia para el nombramiento de un tasador partidor, o un martillero, según corresponda, aplicándose las disposiciones relativas a la división de herencia, o al juicio ejecutivo, en su caso. Todos los copropietarios deben ser citados a ella.

División extrajudicial: "Si se pidiere la aprobación de una división de bienes hecha extrajudicialmente el juez, previas las ratificaciones que correspondieren, y las citaciones necesarias, en su caso, resolverá aprobándola o rechazándola, sin recurso alguno". Hipótesis: 1. La división convencional no requiere aprobación judicial para su validez, cuando es pactada entre personas mayores y capaces, debiendo los interesados formalizarla por escritura pública. 2. Las partes pueden solicitar la aprobación judicial de una división extrajudicial cuando ello interese a la protección de sus derechos o se encuentran involucrados bienes de menores o incapaces, en cuyo caso se impone legalmente, bajo pena de nulidad. Sentencia: La sentencia que el juez dicte resolverá aprobar o rechazar la división extrajudicial, no ite recurso alguno, teniendo eficacia de cosa juzgada.

JUECES DE PAZ

Su origen: Su origen se halla en la razón de legislar juicios o procedimientos caracterizados por la celeridad, que por el monto y la naturaleza de las cuestiones debatidas, requieren un procedimiento abreviado y rápido, con conocimiento pleno de las causas y con resoluciones que hagan cosa juzgada material, para su solución definitiva. Art. 56 COJ: "Habrá Jueces de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral y en lo Criminal en cada una de las Parroquias de la Capital, y en las ciudades y demás poblaciones del interior. Se designará Jueces de Paz Suplentes, en las poblaciones donde exista un solo Juez de Paz. Los Jueces de Paz en la Capital tendrán competencia en su Parroquia y los del interior en el distrito del asiento del Juzgado, salvo disposición en contrario de la ley". Ley 963/82. Que Modifica al Código de Organización Judicial. Funciones que les atribuyen nuestras leyes: Art. 57 COJ: “Los Juzgados de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral conocerán: a) de los asuntos civiles, comerciales o laborales en los cuales el valor del litigio no exceda del equivalente de sesenta jornales mínimo legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, con exclusión de los que se refieran al estado civil de las personas, al derecho de la familia, convocación y quiebras, y acciones reales y posesorias sobre inmuebles, y sucesiones; b) de las demandas por desalojo, por rescisión de contratos de locación que sólo se funden en la falta de pago de alquileres y de las reconvencionales, siempre que en todos estos casos no se exceda de la cuantía atribuida a su competencia: y, c) de las reconvenciones que se encuadren dentro de los límites de su competencia”. Procedimiento ante la justicia de paz: Ley de Procedimientos para la Justicia de paz – promulgada el 14 de noviembre de 1898.Art. 1°: “El procedimiento ante la Justicia de Paz de la República será verbal, debiendo los Jueces regirse por las disposiciones de esta Ley y resolver a verdad sabida y buena fe guardada”. Art. 4°: “La Justicia de Paz es esencialmente amigable y conciliatoria y los Jueces propenderán en todos los casos con sus consejos a evitar los litigios, o a terminarlos por medio de transacciones entre las partes”. De las apelaciones y el procedimiento a que da margen este recurso* De los otros recursos que pueden interponerse y substanciación de los mismos* Resoluciones irrecurribles* *Se adjunta fotocopia de la Ley de Procedimientos para la Justicia de Paz. LECCION 25 MEDIDAS CAUTELARES Concepto: Son aquellas medidas que el Juez dispone para impedir que el presunto deudor realice actos de disposición o de istración que disminuyan su responsabilidad patrimonial y convierta en ilusorio el resultado del juicio. Objeto: Las medidas cautelares tienen el objeto de asegurar la eficacia, el resultado práctico de la resolución judicial que se vaya a dictar en el juicio. Responden a la necesidad de adelantar la tutela del derecho. Fundamento: Pueden sobrevenir hechos que por cualquier circunstancia puedan hacer disminuir la responsabilidad patrimonial del deudor y ocasionar un perjuicio irreparable al que tenía razón para litigar, lo cual no condice con el propósito de justicia. La demora que implica la tramitación de un proceso no debería causar perjuicios al que tuvo que recurrir a él para tutelar sus derechos, de allí que la ley le provea de los medios necesarios para prevenirlos. Medidas cautelares innominadas: Aún en ausencia de una norma expresa, el órgano judicial tiene facultad de otorgar medidas cautelares que no se hallen específicamente previstas en la Ley, a los efectos de prevenir la frustración de los derechos de las

partes, y evitar que sus decisiones resulten eventualmente ineficaces o inocuas. Competencia: El juez que debe conocer y decidir en el juicio principal (Art. 18 COJ ). Prejuzgamiento: El otorgamiento de una medida cautelar, cualquiera fuere, no significa prejuzgamiento sobre el fondo de la causa. Mala fé: Reputase litigante de mala fe a quien provoque o consienta el diligenciamiento de medidas cautelares decretadas a su pedido en forma evidentemente innecesaria o excesiva y no adopte en tiempo oportuno medidas eficaces para evitarlo. (Art. 52 inc. b) C.P.C.) Oportunidad: Art. 691: “Las medidas cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la Ley resultare que esta deba entablarse previamente” Antes de la promoción de la demanda: El solicitante debe deducir la pretensión cautelar por escrito ante el juez competente, acreditar la personería, denunciar y constituir los domicilios real y procesal, expresar el derecho que se pretende asegurar, mencionar la disposición legal en que se funda, ofrecer la prueba y cumplir con los presupuestos genéricos necesarios para su isibilidad señalados en el Art. 693 del C.P.C.. Tratándose de obligaciones exigibles, el peticionante deberá promover la demanda dentro de los diez días siguientes al de la traba, de lo contrario se producirá la caducidad de pleno derecho de la medida cautelar dispuesta. (Art. 700 C.P.C.). Conjuntamente con la demanda: La medida cautelar puede solicitarse en forma conjunta con la demanda principal. La norma analizada no lo dice, pero la conclusión resulta absolutamente lógica. El peticionante obviamente, deberá cumplir con los requisitos señalados en el art. 693 del C.P.C. Después de promovida la demanda: La medida cautelar puede también ser solicitada después de promovida la demanda, durante el curso del juicio principal, debiendo el pedido reunir los extremos prevenidos en el Art. 693 del C.P.C. como presupuestos genéricos de isibilidad. Facultades del juez: Art. 692: ''El juez, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia y naturaleza del derecho que se intentare proteger". Es juez podrá: a) Disponer el diligenciamiento de una medida cautelar distinta a la solicitada por el interesado. b) Limitar el alcance con que se peticiona la medida cautelar. Presupuestos genéricos de las medidas cautelares: Art. 693: “Quien solicite una medida cautelar deberá, según la naturaleza de ella: a) Acreditar "prima facie" la verosimilitud, del derecho que se invoca; b) Acreditar el peligro de pérdida o frustración de su derecho la urgencia de la adopción de la medida, según las circunstancias del caso; y c) Otorgar contracautela para responder de todas las costas y de los daños y perjuicios que pudiere ocasionar si la hubiese pedido sin derecho, salvo aquellos casos en que no se la requiera por la naturaleza de la medida solicitada. Verosimilitud del derecho: (fumus boni iuris) La ley requiere que se acredite prima facie que el derecho de quien solicita la medida cautelar es verosímil, creíble, aparentemente cierto. Este presupuesto hace al fundamento por el cual se concede la medida cautelar. Verosimilitud no es sinónimo de certeza, verosímil significa que el derecho que se invoca tiene apariencia de verdadero, que existe la posibilidad de que efectivamente exista. En algunos supuestos la verosimilitud del derecho de la parte se halla presumida por la ley. Peligro en la demora: En él radica el interés jurídico del que solicita la medida cautelar. Es la razón de la existencia de las medidas cautelares. Se producirá en los casos siguientes: a) Cuando exista peligro de que la tutela jurídica definitiva contenida en la sentencia llegue demasiado tarde, de suerte que en la práctica no sea posible hacerla efectiva. b) Cuando la urgencia de la adopción de la medida sea necesaria para evitar la inminencia de un perjuicio irreparable, que no pueda ser prevenido por otros medios procesales. Contracautela: El peticionante de la medida cautelar debe garantizar a la otra parte las costas y el resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que pueda ocasionarle la medida solicitada sin derecho o con abuso del

derecho. El otorgamiento de la contracautela es una condición de cumplimiento necesario para que el juez decrete la medida cautelar. La determinación del monto y clase de garantía queda librada al prudente arbitrio judicial. Se funda en el Principio de igualdad, en razón de que las medidas cautelares se dictan “inaudita pars”, es decir, en ausencia de contradicción, sin ser escuchada la parte contra la cual se disponen. Cumplimiento y apelación de las resoluciones Art. 694: “Ordenada una medida cautelar, se la cumplirá sin mas trámite, y sin necesidad de conocimiento de la parte contraria, la que en todos los casos será notificada personalmente o por cédula dentro de los tres días del cumplimiento de la misma. Las resoluciones que concedan medidas cautelares serán apelables sin efecto suspensivo. Las que hagan cesar medidas cautelares, lo serán también, pero con efecto suspensivo". Resolución Las medidas cautelares se pronuncian sin audiencia de la parte afectada “inaudita pars”, es decir, sin que la misma sea escuchada y pueda ejercer el derecho de contradecir, en razón del carácter de urgencia con que se dictan y cumplen. Notificación: Deben notificarse por cédula o personalmente las resoluciones que hacen saber medidas cautelares, la que debe practicarse dentro de los tres días del cumplimiento de la misma. La falta de notificación sí sola no es causal de nulidad de la medida cautelar. Recurso: Las resoluciones que concedan o denieguen o hagan cesar medidas cautelares son recurribles mediante la vía de la apelación. El recurso se concederá en el primer supuesto, sin efecto suspensivo, es decir, se las cumple interin se sustancia y resuelve el recurso; y, en el segundo y tercer supuesto, con efecto suspensivo. Auxilio de la fuerza pública y allanamiento: Art. 695: “En el mandamiento que el Juez expida para asegurar el cumplimiento de una medida cautelar, se autorizará a los funcionarios encargados de ejecutarlo a pedir auxilio a la fuerza pública y allanar domicilio en caso de resistencia.” Con el objeto que se puedan cumplir efectivamente las medidas cautelares dispuestas, la norma acuerda al juez el poder de autorizar a los funcionarios o personas encargadas de ejecutarlas el solicitar auxilio de la fuerza pública, en este caso de la policía y allanar domicilio, en caso de resistencia. Modificación: Ampliación, mejora y sustitución: Art. 696: El que solicitó la medida podrá pedir la ampliación, mejora y la sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ella no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. Ampliación: se refiere al monto por el que se dispuso la medida. Mejora: consisten en el aumento de los bienes cautelados sin que implique aumento del monto. Sustitución: significa el cambio de una medida por otra que la reemplaza o en el cambio de los bienes embargados por otros bines que puedan cumplir mejor su función. Carácter provisional: Art. 697: “Las medidas cautelares subsistirán mientras duren las circunstancias que las determinaron. En cualquier momento en que éstas cesaren se podrá requerir su levantamiento.” Su vigencia es transitoria en razón de que dependen del proceso principal al cual sirven de garantía. La existencia de la medida cautelar se halla vinculada al pronunciamiento de la resolución o sentencia que se vaya a dictar en el proceso. Cuando adquiere autoridad de cosa juzgada la decisión sobre el fondo de la cuestión queda extinguida la eficacia de la medida cautelar. Sustitución o reducción. Art. 698: "En cualquier momento el afectado podrá pedir la reducción o sustitución de una medida cautelar por otra, cuando la decretada fuere excesiva o vejatoria. Podrá también dar garantía suficiente para evitar alguna de las medidas cautelares reguladas por este Código o para obtener su inmediato levantamiento. Dicha garantía consistirá en fianza, prenda, hipoteca u otra seguridad equivalente". Reducción: Significa la disminución del monto por el que fue decretada la medida o la liberación de alguno de los bienes sobre los que ha recaído. Substitución: quiere decir cambio, reemplazo por otra medida o por otros bienes, cuando la decretada no sirva para cumplir su cometido o fuere vejatoria. Establecimientos industriales o comerciales: Art. 699: “Cuando la medida se trabare sobre bienes muebles, mercaderías o materias primas necesarias para el funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales o afines, el Juez podrá autorizar, sin otro trámite, la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de comercialización o fabricación”. Interés general: Resulta del todo razonable y lógico sostener que el diligenciamiento de las medidas cautelares no debe afectar

en forma innecesaria o indebida, la actividad de las empresas dedicadas a la producción o comercialización de bienes, en razón de que su preservación y funcionamiento se vinculan al interés general por constituir fuentes de trabajo y producción. Promoción de la demanda. Caducidad. Art. 700: “Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si, tratándose de obligación exigible, no se interpusiere la demanda dentro de los diez días siguientes al de su traba. Las costas y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quine hubiese obtenido la medida, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa”. Condiciones: Las condiciones señaladas en la norma para que opere la caducidad son: a) Obligación exigible: debe tratarse de una condición exigible, es decir, expedita, por no estar sujeta a plazo o condición. b) Vencimiento del plazo: la demanda no debió interponerse dentro de los diez días siguientes al de la traba. Sanción: La responsabilidad por los daños y perjuicios y la imposición de las costas, se producen por la sola circunstancia de haberse operado la caducidad de la medida cautelar, en razón de que la no promoción de la demanda en el plazo legal, permite suponer que la misma tuvo por objeto un fin meramente intimidatorio o vejatorio y significó, consecuentemente, el ejercicio abusivo de un derecho. Responsabilidad: Art. 702: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 700, cuando se dispusiere levantar una medida cautelar por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley otorga para obtenerla, la resolución lo condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo hubiere solicitado. La determinación del monto de éstos se sustanciará por el trámite del proceso de conocimiento sumario". Buena fe y ejercicio regular de los derechos: Los derechos deben ejercerse de buena fe, principio vigente en nuestro ordenamiento Jurídico. Las medidas cautelares se decretan por cuenta y riesgo de la parte que las solicitó, pudiendo ocasionar perjuicios patrimoniales directos no resarcibles mediante la condena en costas. El que las pidió sin derecho o con abuso de derecho debe resarcir los daños y perjuicios que pudo haber ocasionado. Para que la indemnización sea procedente no será necesario acreditar la conducta ilícita del beneficiado con la medida cautelar, bastará que la medida haya sido levantada por cualquier motivo que demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho que la ley le otorga. Medida cautelar decretada por juez incompetente: Art. 703: ''Los jueces deberán excusarse de oficio de decretar medidas precautorias en asuntos en que el conocimiento de la causa no fuere de su competencia, pero en caso de que no lo hicieren, serán válidas, siempre que hubiesen sido dictadas con arreglo a las disposiciones de este Código, y sin que esto importe prórroga de su competencia para entender en el juicio que deba iniciarse en adelante”. Caducidad: Art. 701: “Las medidas cautelares registrables se extinguirán de pleno derecho a los cinco años de la fecha de su anotación en el registro respectivo, salvo que a petición de parte se reinscriba antes del vencimiento del plazo, por orden del juzgado que entendió en el proceso”. Las inscripciones de las medidas cautelares en la Dirección General de los Registros Públicos caducan de pleno derecho, es decir, ipso jure, en forma automática, a los cinco años, contados a partir de la fecha de su anotación en el registro respectivo. Contracautela . Art. 704: “La clase y monto de la caución a que se refiere el artículo 693 inciso c), como condición para decretar la medida precautoria, será graduada prudentemente por el juez o tribunal, teniendo en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso. Podrá ser prestada por el interesado o por tercero". Concepto: Constituye la garantía que otorga el peticionante de la medida cautelar a la parte afectada por las costas, daños y perjuicios que pudiesen causarle en el caso de que esta fuese solicitada sin derecho o con abuso de derecho. Finalidad: La contracautela tiene por objeto garantizar al afectado el resarcimiento de los daños y perjuicios y las costas ocasionadas en el supuesto de que el interesado hubiese solicitado y obtenido sin derecho o con abuso del derecho una medida cautelar. Clases: podrán ser de dos clases

Reales: Como las hipotecas, las prendas, dinero, depósitos judicial de títulos, etc. Personales: Como el aval y la fianza, pudiendo esta última ser legal o convencional. Arbitrio Judicial: El Juez para establecer la contracautela deberá tener en consideración la naturaleza de la medida cautelar solicitada, la mayor o menor verosimilitud del derecho invocado y las particularidades y circunstancias del caso concreto. Ella no se hará ni exagerada ni exigua, sino razonable. Exención: No se exigirá caución si quien obtuvo al medida fuere: a) El Estado, una de sus reparticiones, una municipalidad o persona reconocidamente abonada, conforme a lo dispuesto por el código civil o leyes especiales; o b) Persona que actuare con beneficio de litigar sin gastos, o eximida de la obligación por este Código. Mejora. Art. 706: "En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución, probando sumariamente que es insuficiente. El juez resolverá, previo traslado a la otra parte". Flexibilidad: El afectado por una medida cautelar, cuando las condiciones y circunstancias que se tuvieron en cuenta para decretar la contracautela han variado, puede pedir al juez la modificación de la misma, la cual podrá consistir en la mejora o sustitución de la otorgada con anterioridad. Incidente: El pedido se substanciará por la vía del incidente. No se resuelve "inaudita pars". El traslado se notifica personalmente o por cédula a la contraparte.