La Transición 5j2m32

«Como el personaje célebre de Lampedusa, el régimen ha comprendido que “es preciso que algunas cosas cambien para que todo siga como está”. Ha perdido dramatismo pero ha ganado astucia.»

EDUARDO GALEANO, «El reino de las contradicciones. España: de la guerra civil al referéndum», Cuadernos de Ruedo ibérico, Núm. 10, 1967, p. 34

Prólogo La crítica de la Transición en las páginas de Ruedo ibérico[1]

Introducción

Un reciente ensayo sobre la Ley de Amnistía de 1977 de una becaria de la Universidad de Zaragoza (María García Yeregui) escrito con el coraje propio de una magnífica nueva generación de historiadores contemporáneos, sostiene que durante la Transición en España no se debatió fuerte y abiertamente sobre los crímenes franquistas. El debate sólo ha empezado ya entrado el siglo XXI gracias a los historiadores. Apenas se habló entonces acerca de la violencia política ejercida durante la dictadura y la guerra civil en términos de violaciones de los derechos humanos. La evidencia del silencio la encuentra en el análisis de los contenidos del diario El País y de la revista Triunfo. No usa ni hay razón para que use ni parece haber leído los Cuadernos de Ruedo ibérico cuya difusión era relativamente escasa. ¿Fuimos la excepción que confirma la regla? ¿Cómo lograron callar voces como las nuestras? La denuncia y el debate político de tales crímenes contra los derechos humanos habría sido cortada por la Ley de Amnistía de octubre de 1977, que amnistiaba (art. 2f) los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas (tales como el no perder la vida y vivir en libertad). Y así fue, ni en la política parlamentaria ni en la prensa y la televisión se debatió abierta y ampliamente sobre los crímenes franquistas, ni durante el gobierno de UCD hasta 1982, ni en el período socialista de 1982 a 1996, ni en el gobierno de Aznar del Partido Popular (cuyo presidente es Manuel Fraga, ex ministro de Franco) hasta 2004. Se empezó por fin a despertar la memoria histórica en el ámbito parlamentario con el gobierno de Zapatero, por presión de los historiadores y de los «nietos» de quienes habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes y con los intentos muchas veces frustrados de revisar retrospectivamente la legalidad de las sentencias de muerte de los consejos de guerra franquistas. No hubo tampoco en España una Comisión de la

Verdad como en Sudáfrica o en Perú. Llamaba la atención en Argentina o en Chile que la justicia española pudiera arrinconar y hasta juzgar a militares y torturadores de esos países y por el contrario no hiciera nada contra los franquistas. La Transición no logró pacificar los ánimos en el País Vasco. A partir de 1982, el gobierno socialista se implicó en operaciones ilegales contra ETA, como lo había hecho la UCD. La prensa de derecha y el PP usaron los GAL para erigirse paradójicamente en defensores de los derechos humanos contra el PSOE aunque se sabía que UCD había estado implicada en similares actividades. Con los socialistas con la inocencia prontamente perdida y a la defensiva, no era momento de pensar en abrir el tema de los crímenes franquistas y de derogar o cambiar la Ley de Amnistía de 1977. Con el gobierno de Aznar, entre 1996 y 2004, era incluso más difícil esa derogación. Con el gobierno de Zapatero, pudiera haberse considerado la posibilidad de discutirla pero los propios socialistas no querían hacerlo. Si el PP se refuerza en las elecciones de 2012, se alejará más esta posibilidad, diga lo que diga el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uno puede preguntarse si es todavía posible que el caso Garzón pueda desembocar a través de la justicia europea en una reconsideración de la (pretendida) amnistía de los crímenes franquistas de 1977. La organización Human Rights Watch explicó en un comunicado el 18 de marzo de 2010 que Garzón era investigado penalmente por prevaricación, al intentar indagar presuntas detenciones ilegales y desapariciones ocurridas entre 1936 y 1951, mientras que los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país (1936-1939) y la dictadura del General Franco (1939-1975), invocando la Ley de Amnistía de 1977. De hecho, a Garzón se le acusó por la justicia española de haberse saltado expresamente la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 pues él quería investigar (en el auto que dio el 16 de octubre de 2008) si Franco y el resto de los jefes militares y colaboradores que se rebelaron contra la República habían ideado un plan de exterminio sistemático de sus oponentes. El pésimo ejemplo español de la Transición permitiendo la auto-amnistía de criminales al servicio de una larga dictadura podía servir pour encourager les autres. Por suerte éste no fue el caso en Argentina gracias a una ironía de la historia, es decir, la guerra de 1982 de la señora Thatcher en las Malvinas derrotando a los militares argentinos, y gracias a las protestas de las ciudadanas y ciudadanos. En Chile la Transición ha sido más a la española pero no

totalmente. Irónicamente otra vez, la diferencia chilena se dio en parte por la intervención del juez Garzón con su auto de detención contra Pinochet en Londres que causó gran irritación a Thatcher, que iraba la política económica neoliberal de Pinochet.

Treinta años no es nada

José María Benegas, político socialista protagonista del debate sobre la Ley de Amnistía de 1977, la describió acertadamente (11/11/2007) como una ley de punto final. Como exigía la nueva situación política, se había amnistiado a los presos del franquismo ofreciendo a cambio el olvido jurídico de los crímenes franquistas (http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2007/761 /761benegas.html). Entre el recuerdo de los Pactos de la Moncloa y la conmemoración de los veinticinco años de la victoria del PSOE en octubre de 1982, el treinta aniversario de la Ley de Amnistía ha pasado casi desapercibido. Me correspondió el honor de representar al Grupo Socialista en el pleno del Congreso de los Diputados que aprobó la ley. Era la primera vez que intervenía en el hemiciclo. Fue una sesión solemne. La amnistía fue una de las más queridas y sentidas reivindicaciones de la izquierda. No podíamos empezar una nueva etapa democrática con juicios del pasado pendientes, gente en la cárcel y todavía miles de personas viviendo en el exilio político. Como todo en aquel entonces, la Ley de Amnistía fue producto de un pacto en el que los vencidos de la guerra civil y perseguidos durante cuarenta años nuevamente tuvimos que guardarnos nuestros sentimientos y demostrar generosidad política para poder avanzar en el proceso democrático. Lo digo porque la Ley de Amnistía de octubre de 1977 fue una ley de punto final en virtud de la cual nada de lo ocurrido entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 podría ser objeto de reclamación, como ya he explicado recientemente en estas páginas. Es decir, renunciamos a revisar el pasado y exigir las responsabilidades generadas durante cuarenta años de dictadura. Vean que los diputados socialistas y comunistas se guardaron sus sentimientos y también, supuestamente, los de millones de familiares de víctimas del

franquismo. Estuvieron a buen recaudo durante décadas, antes y después de la Transición. Ahora bien, sostengamos con el juez Garzón que la española Ley de Amnistía de 1977 no comprende imprescriptibles delitos contra los derechos humanos reconocidos internacionalmente tales como desapariciones y secuestro de niños. Podría también pensarse que, no ya los asesinados desaparecidos en la guerra y posguerra (como García Lorca) sino también los asesinados con paradero (como Lluís Companys), fueron víctimas de crímenes contra la humanidad que de ninguna manera podían ser amparados por la Ley de Aministía de 1977. Si éste fuera el caso, ¿cómo se explica entonces que en 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 ningún fiscal y ningún juez español iniciaran causas por crímenes franquistas? ¿Habrá que pensar que estaban prevaricando? ¿Cómo es posible que haya habido que esperar al juez Garzón en 2008, cuando el propio juez Garzón actuaba en Chile y Argentina desde antes? Y si no era Garzón, ¿por qué no actuaron en 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 fiscales democráticos y de larga trayectoria antifranquista como por ejemplo Jiménez Villarejo? Eso no tiene una contestación, pienso yo, de técnica jurídica ni de circunstancias personales, sino sociológica y política. El miedo perduraba aunque disminuía. Además la interpretación oficial de la Transición en términos de una reconciliación que había liberado a los presos políticos franquistas y que excluía elucidar judicialmente los crímenes franquistas era casi unánime en el arco parlamentario (y de ello se hace eco el diputado Benegas) predominando también en los medios de difusión masiva. Antes de 1975, Gabriel Jackson había aventurado cifras sobre los muertos de la represión franquista durante y después de la guerra similares a las que ahora se manejan (y muy distintas de las de Hugh Thomas). Un historiador del régimen, Salas Larrazábal, publicó un balance mucho más favorable para los franquistas que el de Jackson (yo logré publicar una temeraria carta contra los inventos de Salas Larrazábal en la revista Destino en 1975). Desde 1977 hasta el 2007 hubo durante 30 años investigación histórica en España que mejoró enormemente la que había podido hacerse antes sobre los crímenes del franquismo pero no hubo intentos de juicio contra los franquistas por delitos contra derechos humanos. Porque la verdad es que los franquistas habían sido amnistiados en 1977 (según creían y creen aún la gran mayoría de parlamentarios y el aparato judicial) con el beneplácito de Partido Comunista, el Partido Socialista, el PNB y CiU. En el Parlamento en 1977 sólo expresó una queja desde la izquierda contra la Ley de Amnistía el diputado Francisco Letamendía, autor prolífico de libros sobre la historia de Euskadi en Ruedo ibérico, autor también de «El NO vasco a la Reforma» en esos años de la Transición, amigo mío y de la editorial Ruedo

ibérico a la cual había aportado con Miguel Castells Arteche (y con el pseudónimo Kepa Salaberri) un excelente libro sobre el Proceso de Burgos de 1970 en el cual él había sido el más joven abogado. Los colectivos de nietos de las víctimas del franquismo pueden comparar la Transición española con la argentina «donde (como ha escrito Diego Barcalá, 1/11/2009, ‹www.publico.es›) las leyes de punto final fueron derogadas para que los responsables de la tortura política desfilen ante los tribunales democráticos». No ha sido fácil. Uruguay ha estado oscilando entre el ejemplo español y el argentino. Guatemala ha seguido el ejemplo español.

Los Cuadernos de Ruedo ibérico

Con José Manuel Naredo y con quien fue el alma de las Ediciones Ruedo ibérico de París, José Martínez Guerricabeitia (que era veinte años mayor que nosotros, nacido en Villar del Arzobispo, Valencia, en 1921), tomamos la entonces atascada revista Cuadernos de Ruedo ibérico con brío en 1974, y editamos desde el número 43-45 hasta el número final, el 63-66 en 1979 publicado ya en Barcelona (dedicado íntegramente al ecologismo y a criticar la energía nuclear). Los Cuadernos de Ruedo ibérico habían empezado en 1964-1965 con apoyo de Jorge Semprún y de Fernando Claudín, que habían sido expulsados del Partido Comunista, y en ellos y en sus suplementos escribieron jóvenes estudiantes y profesionales como Manuel Castells, Joaquín Leguina, Juan Muñoz García y muchos otros. Varios fueron a parar al PSOE, otros como Naredo y yo nos mantuvimos independientes durante y después de la Transición. Un aislamiento doloroso, con amistades desgarradas o perdidas con personas que a veces, ahora, ya han muerto haciendo imposible una conversación pausada sobre quién tenía más razón. Cuando el PSOE triunfó en 1982 parecía hacerse realidad por un bello momento el verso de Salvador Espriu, només uns dits joves si encara són nets, guariran les plagues de l’estesa pell, solamente unos dedos jóvenes, todavía limpios, podrán curar las llagas de la extendida piel de toro de España. Pero los ministros del PSOE habían tragado ya todos los sapos de la Transición excluyente, se habían desmoralizado ya antes de ser ministros, habían optado por la continuidad y no

supieron resolver el contencioso pendiente en el País Vasco porque se habían subordinado mentalmente con la amnistía a la versión que convenía a los franquistas. La Transición no fue un ejemplo de «a enemigo que huye, puente de plata» sino, al contrario, «si no puedes ganar a tu enemigo (ni lo intentas), júntate con él», a expensas de los excluidos especialmente en Euskadi. El final de los gobiernos de Felipe González (que hicieron algunas cosas muy buenas como meter a España en la Unión Europea) fue una mezcla de tragedia y de zarzuela. La tragedia de los GAL (cuyos actos no han sido aún juzgados en su totalidad) y la corrupción al estilo de la ladrona directora del Boletín Oficial del Estado y del jefe de la Guardia Civil fugado a Bangkok. En un artículo enviado a CRI y que no se publicó, Joaquín Leguina nos había recomendado a los que quedábamos en Ruedo ibérico en 1977 que nos metiéramos en el PSOE, pero ¿cuántas dimisiones tendríamos en la cuenta (a ejemplo de Ignacio Sotelo) si le hubiéramos hecho caso? Tal vez quien más artículos escribió en Cuadernos de Ruedo ibérico fue Luciano Rincón, que vivía en Bilbao y que estuvo preso varios años por su labor para la editorial. Juan Goytisolo llevó desde el principio hasta el final la asesoría literaria, publicando él mismo varios ensayos. Mi primer artículo, sobre la agricultura andaluza, fue en el 1967, en el número 13-14, se llamaba «El Reparto». El economista J. M Vegara (que estaba en París, más tarde concejal en Barcelona con el Partido Socialista de Cataluña, amigo muy cercano de Pasqual Maragall, ambos autores con pseudónimo en Ruedo ibérico), me llevó en julio de 1968 a La Habana donde yo investigaba historia agraria, el primer ejemplar de La estabilidad del latifundismo escrito entre 1963 y 1967 entre Oxford y Córdoba. En Andalucía hablé con anarquistas sobrevivientes, escuché de escondidas Radio España Independiente en algún cortijo y entendí cómo el poder del franquismo se basaba en la memoria de una gran matanza, en la represión continuada y en un gran miedo. Recuerdo otro artículo mío en Ruedo ibérico (y en Marcha, de Uruguay) de 1970 con el título: «España: el miedo empieza a desaparecer». Muy prematuro. El joven Naredo por su parte tomó su primer café con Pepe Martínez cuando a los 22 años visitó París en el verano de 1963, para acudir a una reunión de estudiantes comunistas que tuvo lugar en Arrás (tras esta reunión fue expulsado del Partido Comunista por sus desavenencias con la dirección de Santiago Carrillo). Ese primer o de Naredo se afirmó al residir en París durante

1966-1967 para hacer un curso de posgrado sobre las Cuentas Nacionales y las técnicas de la planificación sa, completado con un stage en el INSEE. A raíz de ello coordinó la publicación en los Cuadernos de Ruedo ibérico, y en sus voluminosos suplementos, de documentados ensayos de un grupo de «jóvenes economistas» madrileños (en un principio compuesto por Juan Muñoz García, Arturo Cabello, Santiago Roldán, que venían trabajando junto con Naredo, en una columna semanal de la revista Triunfo firmada como «Arturo López Muñoz»). La relación de Naredo con Ruedo ibérico se afianzó todavía más durante su segunda estancia en París entre 1970-1973 trabajando en la OCDE y estrechando su colaboración escondida con los Cuadernos de Ruedo ibérico y con la propia empresa editorial. Con motivo de la muerte de Jorge Semprún, un antiguo amigo de Ruedo ibérico, Isaac Diaz Pardo le pidió un artículo a Naredo que se publicó en Xornal de Galicia el 15 de junio del 2011 y que vale la pena citar ampliamente. Ahí se ve claramente el cambio de rumbo que hubo entre la primera y la última época de los Cuadernos de Ruedo ibérico, pero siempre bajo la batuta de Pepe Martínez. “… conocí personalmente a Jorge Semprún y a Fernando Claudín en unas jornadas clandestinas de reflexión de estudiantes comunistas con la dirección del PCE… durante el verano de 1963. Recuerdo que Jorge y Fernando mostraban un talante bastante más abierto… Tras su expulsión del partido, la editorial Ruedo ibérico, con su director José Martínez a la cabeza, los acogió con espíritu hospitalario, ayudándoles a superar ese episodio de sus vidas. Jorge Semprún pasó a ser socio de la editorial Ruedo ibérico y redactor-jefe de la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico durante toda su primera época (19651973) codo a codo con José Martínez, alma tanto de la editorial como de la revista. Fernando Claudín, más desvalido que Jorge —que era ya entonces escritor e intelectual bien reconocido en Francia— recibió de la editorial trabajo como traductor (sobre todo de las obras de Trotsky, del ruso) y anticipos como autor de un importante volumen, prologado por Jorge Semprún, sobre «La crisis del movimiento comunista» (Ruedo ibérico, 1970, 680 pp.) para paliar su precaria situación económica, tras perder los privilegios de la nomenclatura del PCE. Ambos estrecharon vínculos de amistad y de colaboración con José Martínez y con muchas de las personas vinculadas a la editorial y a la revista, que no cabe enumerar aquí. Simplemente quiero constatar que mantengo buen recuerdo de esa relación… esas relaciones de amistad y colaboración existieron, pero

también se desvanecieron después, con la diáspora de la izquierda antifranquista vinculada a Ruedo ibérico y con la desaparición de la editorial, víctima de esa transición excluyente de los críticos del sistema de poder oligárquico imperante, que se reconvirtió «sin traumas» bajo la nueva cobertura democrática que le facilitó esa izquierda contemporizadora con el poder, capitaneada por el PSOE. Jorge Semprún y Fernando Claudín formaron parte de esa diáspora y el PSOE de Felipe González les ofreció sendos puestos al sol en el nuevo régimen democrático que pasaron a ocupar, al frente del Ministerio de Cultura y de la Fundación Pablo Iglesias, respectivamente, hipotecando sus anteriores estatus de librepensadores, su posible mordiente crítica y hasta sus amigos…” En el nacimiento de la nueva época de la revista en 1974, Naredo y yo éramos ya pues viejos conocidos de Ruedo ibérico, habíamos comido muchos platos de pasta cocinados y servidos por Marianne Brüll, factótum de Ruedo ibérico, en el 27 de la rue de Sommerard cerca de la sede de la rue Latran, un rite de age para los más iniciados. (Marianne Brüll mantiene ahora la página ‹www.ruedoiberico.org›). No éramos unos recién llegados, éramos amigos de Pepe Martínez y jóvenes estudiosos. Pero él sabía mucho más. Había hecho la guerra, había estado en la cárcel y en el exilio, sabía fabricar libros, vivía en París desde 1947. Pierre Vilar decía de él que era «anarco-marxista». Él, con Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramón Viladás, Vicente Girbau y Elena Romo había fundado las Éditions Ruedo ibérico en París el año 1961. En 2011 caen dos aniversarios que podrían celebrarse en el Colegio de España de París, pues Pepe Martínez murió hace 25 años en Madrid el 12 de marzo de 1986, el día del referéndum de la OTAN. Costaba olvidar que la OTAN había albergado a Salazar. Pepe Martínez murió en el silencio y soledad impuestos por el consenso de la Transición. Él decía una frase: la guerra efectivamente había acabado pero le iba a suceder una larga época de «guerra» sobre la historia de la guerra y del franquismo. Entre 1974 y 1978 publicamos diversos ensayos contra la Transición. Una selección se publica en BackList compilada por el historiador Xavier Diez. Hay artículos de esos años escritos a tres o cuatro manos, con Alfonso Colodrón, con Alberto Hernando, con Naredo y Pepe Martínez. Pusimos mucha atención en las muchas huelgas del posfranquismo. Había una tradición en Ruedo ibérico de crítica al dominio del PC sobre Comisiones Obreras. José Antonio Díaz y Santiago López Petit habían publicado dos libros en Ruedo ibérico, uno sobre La

izquierda autoritaria en Cataluña y otro que se llamaba Comisiones Obreras: entre el fraude y la esperanza. El Pacto de la Moncloa no hubiera sido posible sin ese dominio del PC sobre Comisiones Obreras. Explicamos en CRI en 1976 y 1977 cómo eran los primeros gobiernos de la monarquía (en artículos con Naredo y con Juan Muñoz, autor de El poder de la banca en España, título muy actual, y más tarde vicepresidente del Congreso de los Diputados), la creciente presencia de banqueros, empresarios y de políticos que venían de la ACNP (en sustitución del Opus Dei, como quien dice), los que iban a ser protagonistas de la Transición como Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Oscar Alzaga, Leopoldo Calvo Sotelo. Nos irritó mucho el silencio deliberado con que se acogió el libro que publicó Ruedo ibérico sobre la Asociación Católica Nacional de Propagandistas en 1974 porque es importante para entender el franquismo (Herrera Oria, Martin Artajo, Castiella, Silva Muñoz) y el posfranquismo. El más notable artículo en CRI en esos años ocupó todo el número 54 (nov.-dic. 1976) redactado casi al cien por ciento por Naredo, y se llamó «Por una Oposición que se oponga». Años más tarde lo reeditó con nostalgia el editor Jorge Herralde en Anagrama en Barcelona. Es un libro que hay que leer para entender la posición de Ruedo ibérico contra la Transición. Yo escribí un artículo más corto de parecido argumento en enero de 1976, que se llamó «La oposición política: grandes rebajas». Recuerdo que fue en enero porque de ahí vino la idea de las rebajas. Y también escribí antes, ya en 1975 en vida de Franco, una serie de artículos con el título «Contra la Reconciliación», título estridente que llamaba infructuosamente a un debate que el Partido Comunista no quería sostener ni permitir. Uno de esos artículos criticaba a Juan Linz, su noción del franquismo como un régimen autoritario de pluralismo limitado. También criticamos con toda la fuerza posible el Pacto de la Moncloa en 1977, y asimismo el artículo 8 de la Constitución (que el general Armada estuvo por esgrimir en febrero de 1981 y que el PNB a veces ha propuesto eliminar). Había otras revistas de orientación parecida pero más ligeras, Bicicleta, Ajoblanco, El Viejo Topo, que a partir de 1975 se publicaron en el interior. Vender libros y revistas de Ruedo ibérico fue ilegal hasta 1977. La Transición se hizo a marcha lenta, con control desde arriba, con represión. Se han contado los muertos. Algunos han hablado de una Transición sangrienta. Fue además una Transición excluyente. La violencia vino de los aparatos del Estado y de su entorno, y de ETA y otros grupos que fueron o se sintieron excluidos. En

Ruedo ibérico tuvimos miedo de abrir una librería en Barcelona o peor en Madrid cuando proliferaban «guerrilleros de Cristo Rey» y similares. En octubre de 1975 la librería de París en la rue de Latran había sido dañada por un bombazo. Ruedo ibérico había coeditado el libro de la Operación Ogro publicado por Mugalde en Hendaya sobre el atentado a Carrero Blanco en diciembre de 1973. Nunca se supo quién había puesto la bomba en el local de Ruedo ibérico y a cuenta de quién, seguramente policías españoles quienes, como he escrito otras veces, habrán servido a la monarquía constitucional tan profesionalmente como a la dictadura y estarán ya jubilados.

Los nombres de las calles

Uno puede obsesionarse con la memoria histórica. Recuerdo haber visitado la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander hace diez años, poco tiempo después de que su rector, el ex ministro Ernest Lluch, muy amigo mío en la Universidad de Barcelona cuando teníamos veinte años, falleciera en un atentado cruel y particularmente absurdo de ETA. Recuerdo que hace diez años una avenida principal de Santander se llamaba Camilo Alonso Vega, tal vez se llama así aún. Un capitán general franquista, ministro del Interior con Franco, un criminal político de primer orden. Pensaba en Ernest Lluch, que debía ver ese nombre cada vez que iba al aeropuerto o de compras. Tal vez le hayan cambiado el nombre a esta calle. Es posible que la memoria de muchos de los héroes criminales del franquismo sea erradicada de las calles. Si la Transición en España se hubiera hecho a impulsos de la «resistencia» antifranquista, esos nombres hubieran caído ya, como ha ocurrido en Cataluña y en Euskadi casi totalmente. Muchas estatuas de Franco han sido retiradas en un proceso que ha durado treinta años. No hubo en España una entrada popular masiva en la «resistencia» en las postrimerías del franquismo, un anhelo general, repentino y oportunista de derribar estatuas y cambiar los nombres de las calles como en Italia y en Francia en 1945. Tal vez lo impidió el miedo. Se mantiene casi 40 años después el monumento mortuorio a Franco en Cuelgamuros que el propio Franco hizo construir con trabajo forzado. De allí escapó Nicolás Sánchez-Albornoz (más tarde, historiador prestigioso y cofundador de Ruedo ibérico). En Cuelgamuros

está el túmulo de Franco, una atracción turística vecina a El Escorial. Se debate actualmente cómo neutralizar simbólicamente ese monumento. Es posible que se convierta con su carga pro-franquista en un elemento aceptado del paisaje y de la historia como les ocurrió hace tiempo a los vecinos del Generalísimo en El Escorial, a quien nadie les puede hacer el equivalente a un proceso penal retrospectivo aunque alguno se lo mereciera. Si el franquismo perduró en el callejero es porque la Transición fue consensuada. Cuando protesto, me dicen que es una extravagancia irritarse por los nombres de las calles. Sería inimaginable una calle del General Weyler en La Habana pero hay muchas calles del General Weyler en España y en sus islas, aunque los historiadores saben que fue responsable de la política de «reconcentración» y de decenas de miles de víctimas en la guerra de Cuba y de otras atrocidades en Filipinas. En España, eso se olvidó a nivel popular incluso por los descendientes de quienes criticaron a Weyler, eso está ya muy lejos y además siempre hubo partidarios de luchar hasta el último hombre y la última peseta en las casi últimas colonias. ¿Hay mociones en los ayuntamientos españoles para cambiar el nombre de las calles General Weyler? ¿No se produce un similar olvido en muchos países coloniales? ¿Pasará lo mismo con el gran monumento a Franco para mala pedagogía de las generaciones futuras?

¿Quién amnistiará al amnistiador?

No recuerdo en qué momento de indignación y de desespero a finales de 1975, al ver cómo se escapaba la Transición, escribí en Barcelona (y por eso el artículo está firmado sólo con iniciales) el texto que pregunta: ¿quién amnistiará a los amnistiadores? Está recogida en la presente antología de Xavier Diez. Estoy contento de haberlo escrito y publicado entonces, aunque podría haber estado mejor argumentado. El artículo está en CRI 46-48, junio-diciembre 1975. Copio un párrafo. Pero lo que resulta realmente curioso es que la izquierda, o la llamada izquierda. no está discutiendo si va a exigir responsabilidades políticas a los franquistas o si les va a perdonar ya de entrada sin una investigación previa y detallada de la represión desde 1936 hasta ahora, sino que la izquierda está

reclamando que los franquistas le den una amnistía ¡a la propia izquierda! Realmente, el colmo. La izquierda solicita perdón y clemencia en vez de denunciar la ilegitimidad de los poderes actuantes, y en vez de insistir en la cantidad de muertos que Franco y los franquistas han producido, ante la complacida aquiescencia de obispos y generales y del borbónico sucesor de quien no se recuerda que, por ejemplo, intercediera cuando Puig Antich fue asesinado ni que denunciara la brutalidad policial cuando, poco tiempo después de ser nombrado sucesor, varios obreros fueron asesinados en Granada, El Ferrol y otros lugares… Así pues, eso de pedir amnistía no es sólo desmovilizador sino que es un poco ridículo. En todo caso, a la vez que se pide amnistía, habría que discutir si se amnistiará a los eventuales amnistiadores. Los CRI son de fácil . Hay una excelente edición facsímil publicada en Valencia. Nosotros no participamos entonces ni ahora del entusiasmo por la Transición, al contrario. Queda probado por tanto que no todo el mundo participó del consenso de la reconciliación nacional y de la autoamnistía. Sería interesante hacer un inventario de esas críticas. La autoamnistía que se preparaba fue criticada por José Bergamín en enero de 1976 en lenguaje algo críptico en las páginas de Sábado Gráfico en Madrid. Treinta años después, Ricard Vinyes (investigador de los niños desaparecidos en el franquismo) escribía en El País (25/10/2007) que él se contaba entre «quienes consideramos la Ley 46/1977 como lo que realmente es: un éxito indudable del antifranquismo y a la vez un punto final, una autoamnistía de los responsables de tantos crímenes» mientras que el notable historiador Francisco Espinosa, recordando la pléyade de jóvenes historiadores que, como él mismo, con poco apoyo oficial cuantificaron la represión franquista sobre todo en las regiones meridionales de España, escribía en la revista Archipiélago («Reflexiones en torno al fenómeno revisionista», n. 72, 2006 p. 120), en su crítica a Santos Juliá en Hispania Nova («De saturaciones y olvidos: Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar», n. 7, 2007) y en su libro Contra el olvido: Historia y memoria de la guerra civil (Crítica, Barcelona, 2006) que el auténtico espíritu de la Transición había sido el pacto de silencio, la impunidad de la autoamnistía de 1977 y las políticas del olvido. La verdad es que en Ruedo ibérico en 1975 ya advertimos que eso iba a ocurrir. Pero en tantísimos años ni a mí ni a Naredo, aunque (entre los dos) somos bien conocidos internacionalmente en campos como la economía ecológica, la historia agraria y la historia ambiental, la ecología política, la economía agraria, la política hidráulica, la contabilidad macroeconómica, las burbujas

inmobiliarias y la ecología urbana, casi nadie nos ha preguntado nada sobre la Transición. Dimos abiertamente nuestra opinión en un excelente documental de Paco Ríos y Mariona Roca para la televisión española sobre Ruedo ibérico (que está en la web), pero al coloquio en televisión cuando se presentó este documental invitaron a Santos Juliá y a Joaquín Leguina (ambos ex autores de CRI y ambos del PSOE) y no a nosotros. En su vida desde 1961 hasta 1981, Ruedo ibérico publicó unos 150 libros además de los Cuadernos y sus suplementos. En esos años 1974-1979 Ruedo ibérico publicó varios libros de actualidad y unos cuantos clásicos: el Gernika de Southworth, El eco de los pasos, que es el título de las memorias de García Oliver, la Extremadura Saqueada, un libro muy original de geografía regional ecológica de Naredo, Mario Gaviria y Juan Serna fruto de la campaña contra la central nuclear de Valdecaballeros. Yo fui contratado como catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1975-1976 y en 1977 publiqué en Londres Haciendas, Plantations and Collective Farms (Cuba and Peru). Naredo y yo estudiábamos en los años setenta muy intensamente temas de energética agrícola, él publicó estudios importantes sobre la agricultura española y juntos publicamos en 1979 un artículo sobre la contabilidad energética de Podolinsky y la reacción de Engels y Marx. Éstos eran temas que nos apasionaban y apasionan, y que han ayudado al nacimiento internacional de la economía ecológica. Con este autobombo, quiero decir que no éramos ni somos especialistas en la Transición. No somos politólogos de oficio sino de afición. Sería sin embargo frívolo y falso decir que la Transición era meramente nuestro hobby; al contrario, era nuestra angustia. Debíamos decir algo, protestar, sabíamos que las «teorías» del PC sobre el franquismo como el dominio de una camarilla franquista aliada de una oligarquía latifundista y financiera contra la cual se enfrentaría una democrática alianza de la clase obrera y la burguesía industrial, eran verdaderas tonterías. Ruedo ibérico había publicado muchos libros de anarquistas españoles y también de autores que venían del POUM. Estábamos muy distanciados del Partido Comunista (y viceversa). No compartimos para nada el entusiasmo de los diputados del PC por la Ley de Amnistía de 1977. El PC español se había separado de la Unión Soviética solamente en 1968, con la invasión de Checoslovaquia, no protestó contra la invasión de Hungría en 1956. Pepe Martínez no era de ese mundo en absoluto. En esos años de la Transición excluyente, con el empuje de Pepe Martínez y en medio de los apuros económicos de los traslados y las deudas de Ruedo ibérico, tomamos una posición muy clara «Contra la Transición». Éste es el título de la

colección de artículos de CRI preparada por Xavier Diez. Pedíamos entonces una oposición que se oponga. Ésa era también la opinión de otras personas y otros grupos como los que se han dedicado después con perseverancia a hacer listas con «todos los nombres» de los asesinados y desaparecidos en 1936 y años sucesivos. Los de la CGT en Andalucía a veces citan mi artículo de 1975, ¿quién amnistiará al amnistiador? Sin embargo, como escribe acertada y honestamente la joven historiadora Maria García Yeregui, no hubo un gran debate abierto durante la Transición sobre los crímenes franquistas. La prensa más democrática (como El País y Triunfo) no se escandalizó por la autoamnistía, al contrario. ¿Cómo fueron acalladas las voces que pedían un debate?

Vergüenza internacional

La dictadura franquista desapareció y en España hay desde 1977 una monarquía parlamentaria. Pero la impunidad de los franquistas quedó atada y bien atada. En un artículo en El País del 3 de marzo de 2010 el fiscal y demócrata José M. Mena afirmaba que por fin, treinta años después, ya entrado el siglo XXI, Garzón intentó investigar los crímenes del franquismo. Pero el cazador (a quien nadie puede acusar de madrugar demasiado) ha sido cazado, ha sido procesado porque se supone que debe conocer, siendo juez, las leyes vigentes y sin embargo deja de lado la Ley de Amnistía de 1977 que (como argumentó el fiscal Javier Zaragoza el 17 de octubre de 2008) impide exigir responsabilidades criminales por unos hechos que «deben considerarse amnistiados en virtud de la ley de 15 de Octubre de 1977 aprobada por un Parlamento democrático en pleno proceso de Transición». El fiscal Mena asegura que había y hay base jurídica nacional e internacional suficiente para que esa investigación judicial general de los crímenes franquistas sea posible, y para considerar que Garzón ha sido competente para llevarla a cabo en el cargo que tenía en la Audiencia Nacional antes de ser apartado de ella. Me pregunto entonces por qué el propio fiscal Mena no tomó la iniciativa de presentar denuncias hace décadas ni tampoco algún otro fiscal del reino. Esto aparte, comprobamos que a Garzón no se le permitió completar la investigación judicial de los crímenes franquistas. Y, en conclusión, escribía Mena, «para vergüenza internacional de todos nosotros, se le cambia de investigador a

investigado, de juez a acusado». Ahora bien, ¿quiénes son esos «nosotros», quiénes son ustedes que sienten vergüenza internacional? En Argentina o en Chile hay gente normal que pregunta cómo es posible que Garzón y otros jueces españoles procesaran y llevaran a la cárcel o causaran graves incomodidades a políticos criminales o torturadores de esos países y, sin embargo, los jueces españoles no hayan procesado a los autores de los crímenes franquistas. Conocemos la historia de esos crímenes gracias al trabajo esforzado de muchos historiadores. Pero no hubo investigación judicial ni procesamientos porque hubo en la práctica el equivalente a una Ley de Punto Final dictada en 1977. En 1975-1976, tras la muerte de Franco y llegada de la Transición, el Partido Comunista continuaba presionando por la reconciliación nacional como desde años atrás, con Carrillo al frente. El PSOE, que apenas existía en la época, se apuntó encantado, lo mismo que los mayores partidos catalanes y vascos. Eso se reflejó en la composición de la comisión que redactó la Constitución, desde Fraga (ex ministro del criminal Franco) hasta Solé-Tura, del PSUC (el partido comunista catalán). Hubo famosos símbolos sociales de la reconciliación como el beso cortesano de Carrillo en la mano de la reina. La Transición fue excluyente. Aisló a la izquierda libertaria y a la izquierda marxista que no se acomodó en el PSOE, se quiso quebrar y finalmente se quebró el movimiento independentista vasco. Todo un éxito. La Ley de Amnistía fue como un chiste: los que habían matado sin sufrir ningún castigo y sin perder ni una de las antiguas pesetas de su patrimonio con la muerte de Franco, se daban el lujo de amnistiar a los que habían perdido la guerra y habían perdido la paz de los cementerios durante treinta y cinco años, y de paso se amnistiaban ellos mismos. Los que protestamos (fuimos bastantes) no tuvimos audiencia en los medios. Bien natural, nosotros éramos excluidos de la Transición. El Partido Comunista y el (nuevo) Partido Socialista fueron actores principales en esta Transición excluyente, argumentando pro domo sua que los poderes fácticos (el Ejército) no permitían ir más allá. Tras los años del gobierno de Zapatero no hay en los mayores partidos parlamentarios entusiasmo por reavivar la memoria histórica y menos aún por derogar o enmendar la Ley de Amnistía de 1977. Tal vez la nueva generación que protesta en las plazas en mayo de 2011 cambiará esto, pero no es improbable que el próximo gobierno español en 2012 sea del PP y el presidente honorario de este partido es Manuel Fraga.

Los artículos y dictámenes, las tesis doctorales que se escriban diciendo que la Ley de Amnistía debe ser derogada o cambiada o que no hace falta ni tan sólo hacer esto porque ab initio no podía cubrir los crímenes franquistas contra la humanidad que no prescriben, tendrán mérito, pero la realidad parece indicar que nadie será nunca procesado ni tan siquiera investigado judicialmente (por lo menos en España) por crímenes realizados en el franquismo hasta 1975. Diez años más, y la cosa ya quedará clara definitivamente. Al juez Garzón le frenaron en seco. Tal vez él salga absuelto pero su causa está probablemente perdida. Cabe la hipótesis que el Tribunal Supremo español u otro tribunal en posterior apelación, diga que la Ley de Amnistía (que es un fruto de la política de Reconciliación Nacional) no puede impedir sin embargo la investigación de los crímenes franquistas y le dé la razón al juez Garzón. Eso sería muy saludable. El gobierno socialista de Zapatero, tal vez avergonzado como dice Mena y como lo podría estar el propio Mena si era de los partidarios de la Reconciliación Nacional, tras treinta y cinco años de retraso les dio a veces medallitas a las hijas e hijos de los represaliados (como ocurrió con los militares antifranquistas de la UMD, excluidos de la amnistía de 1977). Espero que a nadie de los que quedemos de la editorial Ruedo ibérico se le ocurra ir a Madrid a recoger una medallita a la libertad de expresión que nunca le ofrecieron a Pepe Martínez. Eso suponiendo que nos la quieran dar, tantos años de silencio después. Si ustedes sienten vergüenza, se la aguantan. Era previsible. Fue previsto, explicado y advertido.

JOAN MARTÍNEZ ALIER

PRIMERA PARTE Introducción

I. ¿Cómo se construyó el relato oficial de la Transición?

Tradicionalmente, todas las sociedades tratan de crear relatos justificativos de un determinado orden, la reivindicación del pasado para legitimar el presente. Es el caso del mito de la resistencia sa o italiana durante la segunda guerra mundial, la revolución de los claveles portuguesa o los padres fundadores de Estados Unidos. La monarquía constitucional española actual no es una excepción. Desde la evidencia de la disolución del franquismo, los grupos que han ocupado el espacio central del régimen actual se preocuparon por crear su propio relato. Quienes pilotaron la Transición, trataron desde el primer momento de generar un discurso justificativo que permitiera obtener la legitimación del nuevo orden resultante Durante la década de los setenta, entre las postrimerías del franquismo y el limbo predemocrático (la historia oficial determina el inicio de la democracia a partir de las elecciones del 15 de junio de 1977) solía repetirse el tópico que la historia la escriben los vencedores. Éste era un debate muy adecuado al momento, pues la Transición, que fue resultado no de una correlación de fuerzas sino de debilidades al decir de Manolo Vázquez Montalbán,[2] también fue de una confrontación de memorias, de imaginarios, y por supuesto, también de relatos. Pero, ciertamente, y a pesar del miedo mutuo entre franquistas y oposición, la mayoría de la sociedad de entonces podía diferenciar sin lugar a dudas entre vencedores y vencidos. Cuarenta años de propaganda y monopolio informativo despegado totalmente de la verdad, a la vez que elevadas dosis de prepotencia e impunidad, escenificaban muy claramente que el poder imponía a diario su propia visión del pasado que era imposible tomar en serio. En cierta manera, y en buena parte de la literatura ensayística del momento, y en un tiempo, los setenta, en que podían publicarse con vigilancia, límites y cuentagotas, visiones alternativas a la que se ofrecía desde las escuelas, institutos y universidades, no se trataba de denunciar que eran los vencedores quienes escribían la historia, sino que éstos se habían apoderado de la «historia oficial». Una historia oficial de esencias patrias y conspiraciones judeomasónicas, de «nacionales» y «rojos», de buenos y malos. Algo que hedía a la preguerra mundial de 1939-1945. Una antigualla.

Los sectores más realistas del viejo régimen eran conscientes de la necesidad de un «aggiornamento», una puesta al día a todos los niveles, incluido el intelectual, que legitimara la base de su poder. Uno de los requisitos consistía en tratar de ofrecer una versión convincente y de apariencia imparcial para hacer presentable al régimen y a su posible recambio. Desde las instituciones estatales se realizó un esfuerzo decidido, sin escatimar recursos, por construir un relato veraz, de apariencia rigurosa, que buscaba respetabilidad internacional, y una cierta capacidad de atracción hacia los sectores políticos más maleables con el fin de incorporarlos al proyecto de una democracia controlada. Es en este contexto que deberíamos incluir a varios protagonistas políticos e intelectuales que inician su carrera durante el régimen de Franco y que se hallarán en la primera línea de los cambios políticos que nos llevarán hasta el estado constitucional actual. Nombres propios como Manuel Fraga Iribarne (Vilalba, 1922), ministro franquista de Información y Turismo (1962-1969) y de Gobernación durante los limbos democráticos (1975-1976) y líder del conservadurismo español (1977-1989), dedicado varios años a lavar la cara del régimen, desde la inequívoca vindicación de la dictadura. O Ricardo de la Cierva (Madrid, 1926), político próximo al anterior, que ocupó diversos cargos políticos en el franquismo relacionados con la censura, y que puede considerarse como el más conspicuo protagonista del franquismo historiográfico. O el militar e historiador Ramón Salas Larrazábal (Burgos, 1916 – Salamanca, 1993), cuya condición de oficial y afecto al régimen permitían el a fuentes y documentación vetado a cualquier otro académico. Precisamente el a fuentes, o mejor dicho, la imposibilidad de acceder a ellas, marcaba una cierta obsesión por los poderes políticos para mantener el monopolio del discurso historiográfico. Todavía hoy resulta complicado para cualquier investigador consultar documentación comprometida y relacionada con el franquismo, especialmente si ésta resulta de carácter militar o policial. O existen excesivos obstáculos para exhumar las numerosas fosas de la guerra. No ha habido en España una Comisión de la Verdad como en Sudáfrica o en Perú. Los historiadores locales, muchas veces profesores de instituto, son los que han intentado contar los muertos. El largo período de gobierno socialista, de 1982 a 1996, nada hizo por ayudar a restablecer la verdad. Esta obsesión por controlar la información llegó incluso a episodios absurdos como la negativa del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, de Salamanca, a devolver los documentos incautados ilegalmente a instituciones y particulares, que todavía se mantiene. Pero también hubo un deliberado (y exitoso) intento por destruir

cualquier papel que pudiera poner en entredicho la versión oficial de la historia, como sucedió con la quema y destrucción sistemática y deliberada de los archivos provinciales del partido único, en 1977. A todo ello, debemos sumar que el estado español, democrático y constitucional, es de los que más trabas pone a la hora de desclasificar papeles oficiales para dejarlos a la libre consulta pública, una legislación que guarda celosamente los nombres de los artífices de la represión, o unos jueces que a menudo han intimidado con sentencias disuasorias a quienes pretendían establecer la verdad sobre episodios turbios.[3] Esto resulta especialmente grave cuando se trata de investigar sobre los oscuros años de la Transición, lo que comporta numerosas incógnitas en episodios históricos importantes como la guerra sucia contra el nacionalismo vasco, las operaciones contra el movimiento libertario, la trama civil del intento de golpe de estado de 1981, las víctimas de las fuerzas del orden, o las circunstancias que rodearon la dimisión de Suárez, entre otras cosas. Cómo se explicará la historia del franquismo y de la Transición en las escuelas dentro de diez, veinte años es un tema todavía abierto. El procesamiento social del pasado, la Vergangensheitsbewaltigung alemana que explotó en 1968, está en parte pendiente en España.

Periodismo del panegírico

A medida que se concretaba el período histórico que ya se describía como Transición, se elaboraba su relato justificativo. Éste se vehiculaba entonces a través de los medios de comunicación. El monopolio informativo televisivo inicial de Televisión Española, hasta finales de los ochenta, permitía un control, no siempre discreto, de las instituciones gubernamentales sobre el discurso sobre la historia reciente. La aparición posterior de las cadenas privadas no mejoró las cosas, puesto que los medios resultaban más estrechamente controlados por grupos financieros de sombrío pasado político y abiertamente partidarios de determinadas fuerzas políticas. Únicamente las televisiones autonómicas como las del País Vasco o Cataluña permitían a veces una óptica crecientemente crítica respecto de la Transición, sobre todo a medida que el sistema político evidenciaba sus contradicciones. Aun así, esta perspectiva mediática contradictoria respecto al examen del franquismo y la Transición resulta muy

indicativa de las percepciones diferenciadas de éxito y fracaso del proyecto, en función de las consecuencias del presente.[4] Lo cierto es que, como sucede con la historia inmediata, es el mundo del periodismo la fuerza de choque, quien primero se enfrenta a los hechos. Y suelen ser los aniversarios y conmemoraciones los primeros puntos de encuentro entre la inmediatez analítica de periodistas y la investigación más sistemática de los historiadores. La evolución de la percepción sobre los acontecimientos a lo largo del tiempo resulta un buen indicador de cómo los resultados finales, en cuanto a cumplimiento de expectativas, se han ido satisfaciendo o no. Y es de destacar que en los aniversarios redondos de la muerte de Franco (1985, 1995, 2005) el triunfalismo inicial ha ido degradándose a lo largo de los años. Pero, precisamente las dos primeras décadas de conmemoraciones fueron las que acabaron fijando lo que podríamos denominar como «El Mito» de la Transición. Podríamos citar algunos ejemplos. En 1985 el barcelonés «El Periódico de Cataluña», aprovechó el décimo aniversario de la muerte de Franco para regalar un libro a sus lectores compuesto por diversas crónicas, entrevistas a protagonistas, testimonios y cronologías, con abundante material gráfico, compuesto por decenas de intervenciones, casi exclusivamente periodísticas. Su título, bien significativo, Desatado y bien desatado,[5] juega con la conocida expresión de Franco en su discurso navideño de 1969, en el que expresaba su voluntad de blindar el régimen ante la incertidumbre del futuro. El volumen, como tantos otros textos de otros medios, especialmente vinculados a socialistas o grupos próximos a la antigua UCD, resultaba un panegírico de los protagonistas de la Transición, de la «responsabilidad» de los partidos, y de la «madurez» del pueblo español, que permitía alejar los fantasmas de la guerra civil y acabar con el tópico que los españoles eran incapaces de convivir pacíficamente. El contexto del momento, en el cual el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, disponía de hegemonía territorial, pero también desde un deseo explícito de olvidar el pasado y una praxis de amnesia absoluta, no resultaba precisamente propicio para abordar la incómoda cuestión de los cadáveres en el armario, custodiados por un estado intacto en su aparato represivo. Las recientes claudicaciones como oposición ante los poderes fácticos, a fin de poder ser itidos en el juego transitivo, no contribuían a realizar reflexiones rigurosas sobre el proceso histórico. Por otra parte, la campaña electoral que permitió la victoria inapelable de Felipe González, en octubre de 1982, se fundamentaba en el futuro, con su lema electoral «por el cambio» y un spot publicitario consistente en mirar horizontes a través de

ventanas.[6] Mirar hacia el futuro, obviando el pasado, parecía querer comunicar la fuerza que gobernó ininterrumpidamente cuatro legislaturas. Diez años más tarde, en el contexto del último año de poder socialista, con diversos escándalos acechando la presidencia, un creciente descrédito de la política, y el retorno de algunos viejos problemas (desigualdades sociales, debilidad del espíritu democrático, tensiones interterritoriales), nuevos productos conmemorativos se publicaron. Pero esta vez, periodistas e historiadores empezaban a compartir papel. Uno de los más significativos fue el editado por el periódico El País, entonces el de mayor tirada e influencia, publicado por entregas bajo el título —esta vez más aséptico— Memoria de la Transición y posteriormente editado como libro.[7] Siguiendo también fórmulas corales y colectivas (entrevistas, cuadros estadísticos, material gráfico, crónica rosa o análisis histórico) el volumen (que omitía expresamente cualquier referencia a los análisis críticos de Ruedo ibérico de 1975-1979) sirvió para lo que diversos historiadores hacía pocos años venían construyendo: un relato más o menos oficial y optimista sobre la Transición como la mejor de las soluciones políticas. Pero quizá esta versión del pasado se popularizó sobre todo gracias a una periodista, Victoria Prego (Madrid, 1948), mediante su monumental serie (más de doce horas de grabaciones y entrevistas) La Transición, emitida por Televisión Española entre julio y octubre de 1995. Con un trabajo riguroso, y desde un punto de vista aparentemente imparcial, la periodista madrileña, que ya durante los setenta ejercía como periodista televisiva de informativos, puede considerarse que elabora la versión de la historia oficial más completa, cuidada, y quizá la de mayor influencia entre la opinión pública.

La historia oficial

A pesar de que con posterioridad se elaborarían otros productos audiovisuales de desigual calidad e interés (desde documentales hasta «telemovies» sobre Suárez, el Rey, el 23F), la fórmula Prego quedó establecida con una cierta claridad. Pero ésta no se produjo por generación espontánea. Ni siquiera a partir del «oficio» que, técnicamente, caracterizaba a la antigua reportera. Más bien se debió al trabajo intenso de diversos historiadores profesionales, vinculados a la

universidad, pero también a los protagonistas, grupos y partidos que protagonizaron las transformaciones políticas de los setenta. Se trata de personajes como Javier Tusell (Barcelona, 1945-2005), miembro de la UCD, ocupando cargos relevantes en la istración, u otros próximos a los protagonistas del proceso como Antonio Elorza (Madrid, 1943), próximo al Partido Comunista en el final del franquismo, o Santos Juliá (Ferrol, 1940), quien había escrito alguna vez en Ruedo ibérico pero con decidido camino hacia la órbita socialista y del diario El País, o el liberal Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945), todos ellos con cierta proyección académica y facilidades para desplegarla en los medios de difusión.

El mito

Esta combinación de periodistas e historiadores es la que acaba determinando las bases del discurso histórico sobre la Transición, a partir de unos escasos puntos, que resumidamente podrían ser:

La Transición modélica. Se trata de un proceso que se revela como modelo exportable por la presunta exquisitez de sus métodos. En este sentido, buena parte de los propagandistas del sistema actual consideran unas pautas imitables para aquellos estados que provienen de regímenes autoritarios y anhelan un cambio hacia estructuras democráticas sin riesgos involucionistas o estallidos de violencia revolucionaria o reaccionaria. Creció una industria académica sobre «transiciones a la española». Por fin España daba a la ciencia política algo más que caciquismos, guerrillas, juntas y pronunciamientos. Durante los años ochenta y noventa, la diplomacia española trató de presentar su experiencia como arquetipo a seguir tras las dictaduras latinoamericanas, la caída de los regímenes comunistas o la Suráfrica del Apartheid. Pero en la mayoría de estos países, y a diferencia de lo sucedido en España, acabaron imponiendo políticas de memoria, a veces mediante procesos judiciales hacia los responsables de la violación de los derechos humanos o suspendiendo las leyes de punto final.[8] Protagonismo de élites comprometidas. La Transición se asoció

indefectiblemente a personajes. Nombres propios. Se comienza por el jefe del Estado, el Rey, cuyo al poder se produjo mediante la franquista Ley de Sucesión (1947 y 1969), promulgada con la intención de asegurar la continuidad del régimen. Este culto a las personalidades continúa con Adolfo Suárez, como artífice de los cambios necesarios, Gutiérrez Mellado, como jefe del espionaje militar y buen domador de militares, Manuel Fraga, en el papel de «civilizador» de los sectores políticos más conservadores y padre del Partido Popular, Santiago Carrillo, como ejemplo de la responsabilidad de la oposición que se hacía perdonar su pasado estalinista, Martín Villa, antiguo falangista y actual directivo de multinacional pasando por el Ministerio del Interior, o Felipe González, Alfonso Guerra, Jordi Pujol y algunos otros. Se presenta su actuación como «modélica», «madura», «sacrificada». Se ensalza el papel de cada uno con una cierta intención de magnificar a determinadas figuras, y suelen aparecer pública y periódicamente en las conmemoraciones de la Constitución. Asimismo, aunque con un rango inferior, también se destaca el papel en el proceso de las cúpulas de determinados partidos, sindicatos, asociaciones empresariales (Ferrer Salat), jerarquía eclesiástica (el Cardenal Tarancón), jerarquía olímpica (Samaranch) o incluso a las fuerzas más comprometidas con la dictadura como los cuerpos de seguridad y el ejército y la Guardia Civil. Pacífica. Ante el fantasma de la guerra civil y el recuerdo reciente de la represión, buena parte de los relatores de la historia y publicistas del momento expresan sus temores ante un violento estallido de venganza y represalias. A todo ello, el miedo continúa actuando como agente desmovilizador, mientras se mantiene la creencia enraizada en la opinión pública española (y promovida desde los ambientes académicos y comunicacionales) sobre una presunta incapacidad española para ejercer la democracia o realizar cambios significativos en el equilibrio de poderes sin recurrir a la violencia. En este sentido, y a partir del argumento según el cual el cambio político no ha desembocado en una nueva guerra civil, periodistas e historiadores tratan de destacar el «carácter pacífico» de la Transición. Cooptación e integración de la oposición. Otro de los temores expresados por los protagonistas y observadores coetáneos es el de la probable fractura del país. A partir de otro viejo demonio familiar, el de las dos Españas que dividiría al Estado a lo largo de la contemporaneidad, se ensalza como hecho positivo la «responsabilidad» de la oposición, a la cual se trata de integrar en las instituciones del Estado y en el sistema político. De la misma manera, se neutraliza el posible peligro de enfrentamiento a partir de procesos de

cooptación de las cúpulas opositoras en sus más variados ámbitos (oficialización de sindicatos, captación de líderes vecinales hacia la política municipal, integración de intelectuales disidentes en el establishment académico y cultural,…). Todo ello con el fin de exhibir una imagen de Transición ordenada. Consenso. La versión oficial considera que los cambios políticos que culminan con la democracia actual son acordados y asumidos por la totalidad de los actores, a pesar de intereses y trayectorias contrapuestas. El «antiguo régimen» y la oposición establecen un híbrido entre los anhelos rupturistas de unos y los deseos reformistas de otros, en lo que acaba denominándose —no sin un cierto aspecto de oxímoron— ruptura pactada. En este sentido, el bien común, es decir, el intento por no resucitar los espectros de la guerra civil, se anteponen a los intereses de cada grupo. Con el fin de llegar a este resultado, todas las fuerzas políticas y sociales acuerdan buscar los puntos comunes, la centralidad, las renuncias a los programas máximos, y la aceptación de mínimos denominadores. Reconciliación. De acuerdo con esta lógica en que las referencias a un pasado trágico abundan en el discurso político, y sacando a colación el trágico recuerdo de la guerra civil (sin detenerse en excesivos detalles) se presenta la Transición como un intento por reconciliar a las dos Españas, silenciando el resentimiento de la derrotada y poniendo el acento en la necesidad de no volver a repetir la historia. Discursos políticos de reformistas y opositores (entre ellos un Partido Comunista de España que desde mediados de los cincuenta comulga con esta tesis), además de medios de comunicación, dan cobertura a este declarado objetivo político.

A partir de estas bases se va construyendo conscientemente el mito fundacional de la Transición, sobre el cual se sustenta el actual régimen político de monarquía constitucional, estado «social» de derecho, con derecho a la autonomía de sus territorios y con voluntad democrática. Pero se trata de una Transición, como veremos, construida con materiales poco firmes y elementos arquitectónicos que no parecen disponer de la calidad con la que los publicistas trataron de seducir al conjunto de los españoles. Según el psiquiatra y psicoanalista Daniel Wildlöcher, todo «mito fundacional»

es una estructura simbólica que tiene la función de dar sentido y explicarla a las instituciones existentes remitiendo a los tiempos originales.[9] La definición sirve a la perfección para tratar a la Transición como esta «estructura simbólica» que da sentido al presente. De la misma manera que se describía al período de 1973-1982 como «tiempos decisivos», también se otorgaba consideración a sus protagonistas como «padres de la patria». Los cambios, transformaciones y momentos críticos de esos años que vivimos peligrosamente, adquirían condición de pruebas que deben afrontar los protagonistas para conseguir sus objetivos. Lisa y llanamente, se trata de la típica estructura narrativa de los cuentos infantiles, que sirven para anclar procesos complejos en el inconsciente colectivo. El relato de la Transición, por tanto, venía a justificar el orden vigente.

La erosión de la «leyenda rosa» de la Transición

Pero la historia oficial ha sido cuestionada estos últimos años. Si bien el mito fue asentándose a lo largo de la década de los ochenta, durante la hegemonía incontestada del PSOE, diversas circunstancias han ido poniendo en entredicho los pilares sobre los cuales se asienta el discurso optimista. Los últimos años del gobierno de Felipe González, marcado por escándalos de diversa naturaleza y por el asedio de una oposición encabezada por Aznar y una generación más joven, no participante en el proceso o haciéndolo desde segunda fila, implicó un desmarque de los sectores más conservadores. Los herederos del «franquismo sociológico», alrededor de un refundado Partido Popular (1989) capaz de aglutinar a los más variados sectores del conservadurismo nacionalista español, empezaron a poner en duda varios de los principios puestos, negro sobre blanco, en el texto constitucional: las tendencias neoliberales frente a la retórica de «estado social de derecho» o criterios de economía mixta; el nacionalismo español frente a la «España plurinacional»; la imposición de la autoridad frente al principio de consenso; la virulencia verbal frente al deseo de reconciliación; la venganza contra el separatismo vasco que había quedado fuera de la Transición frente al principio de concordia de «todos los españoles». De hecho, el período que Manuel Vázquez Montalbán definió como «Aznarato» supuso una ruptura de facto, por la derecha, del relato benevolente de la Transición consensuada. Pero precisamente esta actitud de romper la baraja también suscitó reacciones

contrarias. O quizá permitió que emergieran las voces silenciadas de los disidentes del proceso. En unos casos, determinadas actitudes potenciaron respuestas airadas. Uno de los puntos de inflexión, por ejemplo, fue, en 1995, la negativa del Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, conocido como el de Salamanca, a devolver cajas incautadas por el ejército nacional con la intención de desarrollar una amplia política de represión, con documentos de la Generalitat de Cataluña. Un hecho acompañado de manifestaciones que, en boca del escritor franquista Gonzalo Torrente Ballester, desempolvaban el recuerdo de la guerra en su reivindicación del «derecho de conquista», implicaron el inicio de un profundo distanciamiento entre Cataluña y España. Pero también alentó el deseo de buena parte de la España vencida a tratar de indagar en un pasado ocultado a la opinión pública (pero que, paradójicamente, resultaba bien conocido de una nueva y numerosa generación de historiadores). Si en los años ochenta, desde el dominio del tándem político González-Guerra (ambos sevillanos que conocían a la perfección las extensas fosas comunes que dejó el franquismo en su región), se decretó tácitamente una amnesia sobre el pasado de la guerra civil, el franquismo y la transición, en los noventa, montado sobre este olvido, el franquismo sociológico volvió a exhibirse sin complejos. Pero desde finales del siglo pasado, y muy especialmente, a partir de los primeros años de la centuria presente, ha surgido un público, a menudo conformado por las terceras generaciones de la España republicana, que a pesar de su desconocimiento de la historia, parece haber perdido el miedo y está dispuesto a saber y conocer. Esta indagación sobre el pasado oculto implica el cuestionamiento del presente insatisfactorio. En primer lugar, y a partir de nuevos medios poco controlados por el poder — internet, asociaciones y boletines de represaliados y sus descendientes— las voces disidentes y silenciadas durante los primeros años de la democracia hallaron más espacio de expresión, y mayor audiencia. En cierta manera, y éste es un dicho repetido a menudo, los nietos deseaban conocer lo que sucedió a los abuelos, ante el silencio temeroso de los padres. Estas nuevas circunstancias, generadas entre el creciente descrédito de la política oficial, indujeron a la reaparición de debates de finales de los setenta, como el deseo de mayor conocimiento sobre la guerra y la represión, una angustiada contabilidad de muertos y desaparecidos, listas con «todos los nombres», así como un mayor cuestionamiento de la ley de Amnistía de 1977, concebida como una ley de punto final similar a la promulgada por los dictadores sudamericanos antes de abandonar el poder. Precisamente, la evolución de los regímenes políticos de

Argentina, Uruguay, Sudáfrica o Alemania del Este, en los que las fiscalías investigaban los crímenes realizados durante la dictadura, y que en algunos casos implicaban el procesamiento de responsables de violaciones de los derechos humanos, también evidenciaban la fragilidad del discurso de la reconciliación. Otra circunstancia no menos importante que acompañó al deseo de conocer, y en cierta manera, de reparar, fue la incorporación de una nueva generación de historiadores, con formación universitaria y mayor rigor y profesionalidad que en el pasado, y menores conexiones políticas que sus antecesores. El encuentro entre familias de damnificados, investigadores semiprofesionales, y en algunos casos, apoyo institucional por parte de determinadas comunidades autónomas (especialmente Andalucía, Extremadura, País Vasco y Cataluña) sacaron a relucir los cadáveres en el armario del franquismo y la Transición. Precisamente Cataluña, junto con el País Vasco, ha destacado en esta labor investigativa y divulgativa. En Andalucía, ha sido la sociedad civil más que el gobierno regional quien ha apoyado la investigación. En Cataluña, con unos medios de comunicación públicos eficientes y profesionales, desde mediados de los ochenta, algunos reportajes han expuesto la violencia apocalíptica del viejo régimen, con algunos impactantes reportajes entre los que destacan los de Montserrat Armengou o Ricard Belis como «Les fosses del silenci» y muy especialmente «Els nens perduts del franquisme», [10] sobre el secuestro de niños por parte de los beneficiarios de la dictadura, y que dispuso de grandes audiencias en su emisión en prime-time. En una dinámica que podríamos calificar de «bola de nieve», periodistas de investigación, en simbiosis con historiadores académicos, también analizaron sin tapujos el propio proceso transitivo a partir de otros documentales de gran transcendencia mediática como «Les víctimes de la Transició» o «Dies de Transició»[11] en que contradice, por ejemplo, el presunto carácter pacífico de esta fase de la historia española. Los medios de comunicación audiovisuales, en cierta manera, no hacían otra cosa que reflejar los debates que se venían produciendo en el mundo académico e intelectual. Si bien no existía una gran producción historiográfica o ensayística cuestionando la Transición hasta mediados de los noventa, a partir de entonces, y sobre todo a partir de la primera década del presente siglo, las novedades editoriales que cuestionan la historia oficial han ido publicándose con una intensidad mayor. Eso sí, con un mayor peso en los ámbitos geográficos —la periferia no castellana de la Península— que podríamos denominar como «perdedores de la guerra civil» que en la España de matriz castellana, en la que a

menudo surge una cierta literatura «revisionista» con trabajos de periodistas del estilo Pío Moa o César Vidal que retoman la historia conspirativa que caracterizó el discurso historiográfico franquista. Lo cierto es que, desde los ámbitos académicos y culturales prestigiosos actuales, cuesta cada vez más hallar defensores del «mito fundacional» de la Transición. Más allá de que buena parte de lo que se escribe y difunde disponga de mayor o menor rigor, lo cierto es que esta situación responde a un cuestionamiento del statu quo presente. La Transición, parafraseando a Gabriel García Márquez, «no tiene quien le escriba bien». Y ello se debe a las grandes frustraciones del presente. Al fin y al cabo, empieza a desarrollarse un consenso historiográfico, por lo menos entre una amplia capa de la sociedad española, en la que se atribuye a la Transición algunos éxitos (la entrada en Europa, la ausencia de amenazas de golpe militar) pero se constata un cuádruple fracaso: una democracia de baja calidad, desigualdades sociales insostenibles, desencaje territorial y una economía basada en la especulación y corrupción inmobiliaria y en el poder de la banca. La guerra del franquismo fue contra la democracia, para asegurar la desigualdad social, y para impedir la libertad de los territorios hispánicos de seguir sus caminos propios. Y la recuperación democrática no ha servido para resolver esos problemas. El resultado es que podemos considerar que se ha producido un «desplome» de la Transición como relato. Quizá estemos asistiendo a una quiebra del mito. Y ello implica un contrarrelato que, si bien ya estaba presente mientras se construía la historia oficial, ahora parece disponer de mayor audiencia, y está entrando, en cierta manera, en el imaginario colectivo de una porción importante de la sociedad española.

El «contrarrelato» lampedusiano

La cita inicial de este volumen, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, que fue durante largos años residente en Cataluña, hace referencia al Il Gattopardo, una novela publicada póstumamente por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, sobre la cual Luchino Visconti realizó una espléndida película, y que describe la capacidad de adaptación de la vieja aristocracia siciliana a los cambios

revolucionarios de la unificación de Italia. En su diálogo culminante, el protagonista, el viejo y cínico Príncipe Salina afirma que «todo debe cambiar para que nada cambie». Y es precisamente esta frase la que utilizan politólogos e historiadores para compararla con los resultados de las transformaciones políticas derivadas del período transitorio. Simboliza la capacidad del «estado profundo»,[12] de los grupos de poder fácticos que se beneficiaron del resultado de la guerra civil y del franquismo, para mantener su estatus y su capacidad de poder e influencia en la sociedad, en detrimento, claro está, de los sectores sociales que vivieron bajo la opresión del viejo régimen. Es por ello que podríamos definir a los contrarrelatos de la Transición como «lampedusianos». Precisamente el historiador Bernat Muniesa es uno de los autores más destacados que cuestionan esta «leyenda rosa» de la Transición. Muniesa, quien colaboró con Ruedo ibérico y que mantuvo amistad y largas conversaciones con Pepe Martínez, el creador de la editorial y la revista de Ruedo ibérico, tituló una de las obras de esta tendencia como Dictadura y Transición. La España Lampedusiana,[13] uno de los textos más influyentes entre los jóvenes historiadores que se dedican a investigar el período. Otros autores, ensayistas y escritores confluyen con esta versión «transaccional» del cambio político que origina el orden actual. Sin ser exhaustivo, son los trabajos de Vicenç Navarro, Andreu Mayayo, Eduard Pons Prades, Suso del Toro o documentalistas como la citada Dolors Genovès, Montserrat Armengou, Ricard Belis, Paco Ríos o Joaquim Jordà. Todos ellos tienen como puntos comunes su condición periférica. Periférica en cuanto a geografía —provienen de territorios en los que la visión crítica de la Transición predomina en el debate público—, pero también en cuanto a periferia académica, cultural (muchos pertenecen al ámbito lingüístico no castellano) e institucional. Para exponerlo de una manera más explícita, a partir del momento en el cual el centro político ya no puede imponer su monopolio discursivo, y a medida que la periferia es capaz de crear sus propios canales, la visión optimista de la Transición se desvanece. Este discurso crítico podría parecer nuevo, pero como demuestra la trayectoria de Ruedo ibérico ya estaba presente hace más de treinta años. Se fundamenta en una serie de ideas fuerza que contradicen las premisas de la historia oficial:

No es Transición, sino transacción. Ciertamente, y como señalan los

historiadores y periodistas que construyen el relato positivo, la democracia llega mediante pactos entre élites, pero a partir de una «correlación de debilidades» (de nuevo, recurriendo a la expresión de Vázquez Montalbán) en la cual la oposición dispone de una escasa capacidad de influencia en la toma de decisiones. Dadas estas circunstancias, se produce una «traición de las élites» en la que los grupos de poder y de oposición pactan el mantenimiento íntegro del statu quo franquista a cambio de la participación institucional de los opositores dispuestos a transigir con el franquismo y a exonerar de toda responsabilidad a los franquistas. Una transacción de poder, pero a un precio elevado para tan escaso beneficio. Lluís Maria Xirinachs, quien fue elegido senador en 1977 y conocía al detalle los entresijos políticos del sistema, escribió más tarde un libro de escasa circulación donde expone este punto de vista.[14] Desmovilización y usurpación de la soberanía popular. De acuerdo con la premisa anterior, la principal baza de la oposición que pacta con el régimen es la capacidad de ocupar el espacio público desde la protesta, la huelga y la desobediencia. Pero la transacción impone que los grandes partidos y sindicatos que pactan desmovilicen a ciudadanos y trabajadores. Además, y contrariamente a las tendencias asamblearias y a la espontaneidad del momento, capaz de poner en jaque a las fuerzas del Estado, las élites se abrogan el derecho a la representación popular. Eso se concretó en los Pactos de la Moncloa de 1977, impuestos desde los líderes a las bases de Comisiones Obreras, organización que se había convertido en el mayor sindicato en la clandestinidad. Todo ello explica el déficit democrático actual, en los partidos y en los sindicatos (que viven del Estado), y por tanto la aparente despolitización de la sociedad española. Se trató de una Transición violenta. Contrariamente a la propaganda oficial, el proceso histórico que culminó con la instauración de una democracia formal de corte occidental, se caracterizó por la violencia cotidiana. Diversos investigadores han cifrado en cerca de seiscientos los muertos en actos de violencia política, buena parte de ellos por la propia represión gubernamental, en casos como el asesinato indiscriminado de trabajadores en Vitoria, en 1976, manifestantes muertos en cargas policiales, el uso de paramilitares en actividades de terror, guerra sucia o incluso episodios sin aclarar de terrorismo político. En cierta manera, esta presencia cotidiana de la muerte y la represión se produce para, como sucedía con los años más crudos del franquismo, mantener el orden y propiciar la sumisión a partir del factor miedo. Además, como indican los investigadores, buena parte de estos crímenes, a pesar de no

poder acogerse a la Ley de Amnistía de 1977, no siempre han sido juzgados, o sus responsables, encarcelados. Se fundamentó en la exclusión de la disidencia. El pacto entre franquistas y oposición se realizó en un espacio en el que se reservaba el derecho de isión. Aquellos que estaban dispuestos a no aceptar los desiguales acuerdos que exoneraban al franquismo a cambio de un estrecho margen de participación en los primeros años de la democracia, quedaban fuera. Y las reglas implicaban no tocar ninguno de los tres pilares del franquismo. Nada de democracia directa; nada de tocar los privilegios económicos y sociales de las minorías dirigentes; nada de cuestionar la sacrosanta unidad de España. La posibilidad de reforma agraria fue simbólicamente excluida por el espectacular matrimonio de conveniencia de la Duquesa de Alba y Jesús Aguirre (un ex cura y editor, de la izquierda socialista). Así, fueron marginados aquellos políticos que se negaban a armar la democracia a partir de maquinarias autoritarias de partidos. Personajes poco dispuestos a renunciar a sus principios, como el citado Lluís Maria Xirinachs, fueron arrinconados, e incluso perseguidos judicialmente. O sindicatos, como la CNT, que no aceptaron ni los Pactos de la Moncloa, ni el sistema vertical de representación, fueron víctimas de operaciones de guerra sucia. O grupos abiertamente independentistas, que tuvieron impedida la legalización (ERC no pudo presentarse a las primeras elecciones democráticas) o fueron perseguidos desde las cloacas del estado (mediante episodios turbios del Batallón Vasco-Español o los posteriores GAL). Se mantuvieron los privilegios franquistas. El trasfondo de la partida de póquer entre régimen y oposición, entre reformistas y demócratas dispuestos a claudicar, giraba alrededor de un único objetivo: que los grupos sociales que provocaron la guerra civil para beneficiarse de la dictadura, preservaran su poder e influencia con la democracia. La gran banca, la patronal, la aristocracia financiero-especulativa, el alto funcionariado, el ejército, la Iglesia católica… todos estos grupos blindaron su posición en el incierto panorama del futuro, gracias a los diversos pactos oficiales y extraoficiales. El resultado parece obvio. Ni un solo general, ni un solo funcionario fue apartado de su puesto. La enriquecida familia Franco no perdió ni una de las antiguas pesetas. Las desigualdades sociales, el extraordinario poder de la banca, la irreductible posición pública del catolicismo en una sociedad profundamente secularizada no se entiende sin el franquismo y su continuación democrática. Se trató de una imposición. A pesar de la literatura hagiográfica, poder y

oposición mantuvieron una partida en las que el Estado profundo disponía de las cartas marcadas y la oposición no hacía otra cosa que faroles. Habiendo aceptado la «reconciliación», renunciando a juzgar los crímenes contra la humanidad, desmovilizando las calles, desautorizando a los grupos que actuaban contundentemente contra el aparato del Estado, los demócratas no hicieron otra cosa que exhibir su impotencia. En plena guerra fría, y ante una coyuntura internacional en la que los países del área mediterránea democratizaban sus regímenes, un franquismo sin Franco debía lavar su cara ante la sociedad española y el concierto internacional. Pero lo hacía desde un dominio absoluto de la fuerza, el poder y los medios. No hubo amnistía, sino Ley de Punto Final. Contrariamente al mensaje de la propaganda reivindicativa de la Transición como modelo español exportable para acceder a la democracia, ésta se fundamentó en la exoneración de toda responsabilidad moral y penal del régimen, sus actores, inspiradores y beneficiarios. La tan anhelada amnistía se convirtió en una Ley de Punto Final que decretó la impunidad de la España Nacional, y puso al mismo nivel a víctimas y verdugos. Para obviar las contradicciones, los poderes públicos, aparatos de partidos y medios de comunicación, impulsaron una amnesia colectiva para sortear un pasado incómodo. Años después, las iniciativas de recuperación de la memoria histórica han chocado con esta ley, la 46/1977 de 15 de octubre, para impedir esclarecer responsabilidades, o con una actitud hostil hacia las víctimas del régimen y sus descendientes a la hora de buscar información sobre sucesos o reclamar compensaciones. En este sentido, España, de acuerdo con el efectivo eslogan turístico formulado por el ministro Fraga, sigue siendo diferente.

No es ningún secreto que la revisión del pasado tiene bastante que ver con la distinta mirada con la que la sociedad española contempla el presente. Los resultados de la Transición, con sus luces y sombras, obligan a analizar con ojos más críticos la historia. A medida que pasa el tiempo y se detectan mayores contradicciones y debilidades en la democracia actual, mayor resulta el número de personas que cuestionan la versión oficial, sus mitos y personajes. Desde hace una década, y desde la periferia geográfica española, pero también gracias al trabajo de un mayor número de historiadores, la versión panegírica de la Transición ha ido perdiendo adeptos, que van ganando quienes establecen una perspectiva lampedusiana.

Pero lo que hoy parece una novedad, un signo del tiempo, de acuerdo con la actualidad, en realidad posee una larga historia. Ruedo ibérico, en el mismo momento y lugar en la que intelectuales orgánicos biselaban la «leyenda rosa» de nuestro pasado protodemocrático, exponían las paradojas y contradicciones que, tres y cuatro décadas después, aparecen como la versión de una historia que nunca fue muy bien explicada.

XAVIER DIEZ

II. Cuadernos de Ruedo ibérico ante la transición lampedusiana. Exilio, disidencia y la construcción del relato «radicalmente libre»

La editorial Ruedo ibérico fue el resultado del compromiso de un colectivo de jóvenes exiliados españoles en París. En 1961, desde sensibilidades políticas diferentes, Elena Romo, Nicolás Sánchez-Albornoz, Ramon Viladàs, Vicente Girbau y José Martínez Guerricabeitia decidieron que su arma de combate contra el franquismo serían las ideas. Y estaban dispuestos a facilitar su génesis, desarrollo y expansión desde el trabajo editorial. Tratando, para ello, de derrotar a la dictadura en su sentido más amplio. El colectivo editor, y aquellos que se les sumaron en la travesía de lo que Albert Forment define como «La epopeya de Ruedo ibérico», pretendía explicar lo que el franquismo silenciaba y publicar los manuscritos que las trágicas circunstancias de España obligaban a mantener en los cajones. Pero, como a menudo ha repetido Marianne Brüll, un pilar polivalente de la aventura editorial, lo que sucedía era que los cajones estaban vacíos. La presión del totalitarismo hispánico hacía irrespirable el aire peninsular, haciendo de España un yermo intelectual, sembrado de muertos y exiliados. Y solamente desde el exilio era posible expresarse con toda libertad. Y únicamente desde la clandestinidad podían circular las ideas de la disidencia. Uno de los principales problemas del heterogéneo exilio español era su fractura interna, su gregarismo grupuscular y sectarismo. Tras la traumática guerra civil, y el conflicto abierto de la guerra fría, los colectivos de exiliados españoles parecían excesivamente concentrados en sus disputas internas y unos proyectos políticos que los alejaban cada vez más de la realidad del interior. Estas circunstancias, que en un principio no parecían propicias para promover una iniciativa editorial, se convirtieron, paradójicamente, en una ventaja. La pluralidad del núcleo editor, y el hecho que la mayor parte de los componentes habían huido de España ya con la cruda experiencia de la dictadura sobre sus espaldas les singularizaba respecto del resto de los expatriados españoles de París. Además, su voluntad de centrarse en el público español (a la vez que sus os, ya fuera con hispanistas reconocidos o con disidentes del interior)

hacía de Ruedo un proyecto diferente que suscitó amplio interés entre la resistencia política y cultural, y una tenaz persecución por parte de los jerarcas del régimen. Tras los primeros libros editados, el núcleo editor disponía de algunos manuscritos muy valiosos, ensayos de gran profundidad, pero cuya corta extensión hacía inviable su publicación como libro independiente. Es así como, a partir de 1962-1963, José Martínez Guerricabeitia empieza a plantearse la necesidad de crear una revista en la cual publicar aquellas ideas que, por sus características, podían quedar fuera del circuito intelectual, pero cuyo valor intrínseco les hacía merecedores de difusión. Además, el ejemplo de otras muchas revistas de pensamiento en el ámbito cultural francés, germano y anglosajón, estimulaba a los amigos de Ruedo a establecer su propia revista. Martinez leía regularmente Esprit y Les Temps Modernes como muchos años atrás su familia había leído la revista anarquista Estudios. Quería una publicación periódica de gran ambición y prestigio, radicalmente libre y rigurosa como rezaba la presentación del primer número, plataforma de discusión y punto de encuentro plural entre el exilio e interior, de acuerdo con las ambiciones intelectuales más íntimas del editor valenciano. Hacia marzo de 1965, y estimulado por los disidentes expulsados del Partido Comunista Español, Jorge Semprún y Fernando Claudín, «Pepe» Martínez consigue publicar el primer número de Cuadernos de Ruedo ibérico. Seguirán varias decenas hasta concluir la singladura catorce años después, ya desde Barcelona, con un último número, en 1979 (sobre ecologismo y de crítica a la energía nuclear), entre la indiferencia de las nuevas autoridades democráticas (constituidas mediante la convergencia entre franquistas y opositores) y acuciado por problemas de liquidez monetaria. Más allá de la influencia y prestigio acumulado durante la década y media de disidencia, Cuadernos de Ruedo ibérico tuvo la virtud de reunir a unos jóvenes «Ruedos», escritores, estudiantes diversos que, proviniendo del interior, aparecían por París como doctorandos, investigadores, o simplemente atraídos por la efervescencia cultural que promovían las iniciativas de la marca «Ruedo ibérico». Así pasarán por la redacción nombres con proyección posterior, como Juan Goytisolo, José Manuel Naredo, Joan Martínez Alier, Salvador Giner, Manuel Castells, Joaquín Leguina, Pasqual Maragall y tantos otros, dispuestos a configurar una lectura de la sociedad y de la cultura españolas alejadas de la historia oficial, pero sin caer en las (di)visiones sectarias de los diversos grupos

del exilio. Algunos pertenecieron brevemente al FLP (o grupos similares en Cataluña o el País Vasco), otros no. Ninguno se dedicó a tiempo total a Ruedo ibérico, colaboraban ocasionalmente, mientras escribían tesis, trabajaban en universidades o en la istración pública. Pero todos alentados por hallar una tribuna donde expresarse libremente y sin ninguna otra cortapisa que la de la calidad. Así, desde el exterior, pero bien conectados con la España real, desde Cuadernos se analiza e interpreta la realidad con un gran rigor, pero desde la más absoluta y contundente oposición a la dictadura, y, lo que resulta todavía más peligroso, desde la pluralidad de sensibilidades antifranquistas. Esto es precisamente lo que otorga claridad a sus análisis, prestigio a su imagen pública, y clarividencia ante el proceso de transformaciones políticas de la España de los setenta. Y ello sucederá muy especialmente a partir de 1973, cuando el atentado de ETA contra Carrero Blanco evidencia las incertidumbres planteadas tras la desaparición física de Franco y acelera la Transición. El régimen, ante la muerte del dictador, iba a dar violentos coletazos, terribles penas de muerte en 1974 y 1975, con el miedo reinando hasta el final. Ni los ministros del gobierno ni los jueces militares que firmaron esas sentencias, tuvieron el más mínimo problema con la justicia una vez llegada la democracia. Aunque Cuadernos de Ruedo ibérico publicó a lo largo de su existencia ensayos literarios de gran valor, y cuidó muchísimo la obra gráfica, en este libro hemos recogido solamente una selección de artículos políticos y económicos muy directamente relevantes para analizar la Transición. Esta preocupación por el desarrollo del cambio político, con las diferentes maniobras desde el interior del régimen y la oposición, capta la atención de Ruedo ibérico, muy especialmente desde el número 43-45, de enero a junio de 1975. Tras un período en el que la revista realiza un cierto giro crítico con el capitalismo, a partir de ese momento, y con amplia presencia de Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, Alfonso Colodrón o Luciano Rincón se profundiza esta vía. A pesar de que algunos análisis, como veremos, ya exponían la situación previa, especialmente a partir de la estructura de poder del régimen, será a partir de entonces cuando, se puede decir, Cuadernos realiza un análisis en directo de los cambios. Un análisis, por otra parte, sin deudas ni hipotecas políticas, desde la total independencia y una creciente soledad. Entre 1975 y su último número, el 63-65 de mayo-diciembre de 1979, los ensayos sobre las transformaciones lampedusianas que experimenta nuestro país, concentran la mayor parte de las intervenciones que se dedican a analizar la cuestión y a cuestionar la mayoría de los análisis superficiales

elaborados desde cada una de las familias políticas de la izquierda. Todo ello desde una perspectiva plural, pero de acuerdo con los principios que caracterizan la «marca Ruedo», desde el rigor y la libertad intelectual. Claro está, los artículos y ensayos que entran en España clandestinamente no suscitan precisamente simpatía en el poder, pero tampoco entre la oposición «oficial». Aunque en los inicios de Ruedo ibérico participaron algunos militantes del Partido Comunista, más tarde el PCE nunca apoyó o elogió a la editorial ni a su revista. Como si no existiera. Ruedo ibérico, por otro lado, publicó varios libros importantes de militantes del POUM y de autores anarquistas, levantando de nuevo las ampollas de mayo de 1937 en aras de dar a conocer las verdades de los doblemente vencidos. En las aguas turbulentas de la Transición, y sin ningún flotador de partido, los diversos y escarmentados autores de Cuadernos de Ruedo ibérico se dedicaron a exponer las contradicciones del relato oficial que se construye a cuatro manos (entre reformistas que anticipan el posfranquismo y opositores que se oponen poco). Entre 1970 y 1976 se agudizan las tensiones en España, al crecer las huelgas que se producen en las zonas industriales de todo el país, al aumentar la represión y los continuos estados de excepción en Euskadi (desde donde escribían para Ruedo ibérico Luciano Rincón, Miguel Castells y Francisco Letamendía). El poder franquista, muy especialmente Manuel Fraga Iribarne y su subordinado Ricardo de la Cierva, redoblan la represión contra editores, colaboradores y libreros vinculados a Ruedo ibérico. Los principales grupos de oposición van creando poco a poco y sin fisuras un cordón sanitario contra la revista. Un cordón que se irá estrechando a medida que la oposición vaya integrándose en el sistema y que perdurará en el tiempo, cuando ya el PSOE disponga de mayorías absolutas a lo largo de la década de los ochenta. Se silencia el papel de Ruedo ibérico, y de acuerdo con algunos testimonios de viejos colaboradores, se producen dificultades laborales y académicas para aquellos que, a diferencia de antiguos del equipo de redacción como Joaquín Leguina,[15] no se integraron en la disciplina socialista ni en ninguna otra. En esta situación, y en el momento en que una cierta normalización democrática se extiende frágilmente por el Estado, la revista se traslada de París a Barcelona, hacia 1978. El propio Pepe Martínez tardó más de un año desde la muerte de Franco en conseguir un pasaporte español. Regresó, como muchos, con más temor que entusiasmo. La revista en sus últimos números se define más

políticamente y da un giro decidido hacia lo libertario. Martínez Guerricabeitia, «Pepe» como le conocen todos, vuelve hacia sus orígenes libertarios y al tiempo que pierde viejos amigos, se rodea de jóvenes intelectuales vinculados más o menos a una CNT que pasa con suma rapidez de un renacimiento público a una agria descomposición, con episodios de guerra sucia incluidos como el caso «Scala».[16] Todo ello, unido a la visión poco condescendiente con las súbitas conversiones de la izquierda parlamentaria, explica el arrinconamiento de Pepe Martínez y de Ruedo ibérico por la cultura oficial. Así, nos hallamos ante la cruel paradoja que Ruedo, uno de los proyectos que con mejor calidad y rigor luchó contra el totalitarismo franquista, acabara, en cierta manera, como víctima de una España democrática. El archivo de Ruedo ibérico no tiene pretendiente en España, aunque por suerte acaba en buenas manos en el Instituto de Historia Social de Amsterdam. Como colofón y metáfora, el editor y anima mater Pepe Martínez es hallado muerto en su domicilio madrileño el 12 de marzo de 1986, el día del referéndum de la OTAN en el que la mayoría de votantes, empujados por el gobierno socialista, optan por incorporar plenamente a España al bloque capitalista. Para Ruedo ibérico, cómo olvidarlo, la organización transatlántica había acogido al Portugal de Salazar y a la Grecia de los coroneles. El día del entierro de Pepe Martínez, en presencia de Fernando Claudín, de Pascual Maragall y todo un elenco de amigos, el entonces ministro de cultura, Javier Solana, envió una corona de flores. Demasiado tarde. Algunos amigos agarraron la corona y la echaron a la calle. Al carrer, como le gustaba decir a Pepe en valenciano. Así pues, Cuadernos, sus editores, redactores y colaboradores, habían construido un contramito de la España democrática con independencia de los partidos. Dejan en evidencia las contradicciones de la historia oficial que se va improvisando a medida que se precipitan los acontecimientos. Y, mediante sus acertados análisis, van anticipándose a varios de los problemas que estallan en los últimos años. ¿Por qué? Básicamente, por sus dos principios expuestos tantas veces: radicalmente libres y radicalmente rigurosos. La independencia política y el esfuerzo por el trabajo bien hecho, la argumentación precisa y la condición de alta divulgación realizada, ya sea por colaboradores con gran pedigrí académico, ya sea, como sucede con Martínez Guerricabeitia, por su tradición libertaria en su adolescencia y juventud, su vinculación a la cultura anarquista de la época, su extensa formación autodidacta y también universitaria en París, sus conocimientos bibliográficos, y sus amplios os con el mundo intelectual francés y con españoles del exilio y del interior.

¿Cuál es el discurso de Cuadernos sobre la Transición ya anteriormente a 1977? Fundamentalmente, el mismo que en la actualidad empieza a dominar no en la prensa y en las televisiones pero sí en amplios ámbitos intelectuales, políticos y académicos, y expuesto en el capítulo anterior; No fue transición, sino transacción; desmovilización y suplantación popular; se trató de un proceso violento; se excluyó a la disidencia; se mantuvieron privilegios franquistas; se trató de una imposición; se fundó desde una ley de punto final. Resumidamente, se trató de una Transición lampedusiana. En Ruedo ibérico este discurso se elaboró hace más de tres décadas, aunque muchos ignoren este hecho. Nuestra obligación, por tanto, es reivindicar el papel de la revista y sus artífices en esta historia inconclusa. En esta reedición de textos de la emblemática revista, vuelven a ver la luz una veintena de artículos que son testimonios vivos y en directo, de lo que estaba sucediendo en España en aquellos momentos. Pero no se trataba de una mirada superficial, sino apuntando hacia la profundidad de los hechos, procesos y protagonistas. Es por ello que hoy es necesario volver a darlos a conocer. La selección realizada ha tenido como criterio el interés y trascendencia de los argumentos expuestos. No se han corregido los textos, no han sido afeitados para que sean hoy más legibles, no se ha rebajado lo que quizás puede sonar ahora como excesiva estridencia. Han sido divididos en una introducción y cinco divisiones temáticas. La primera hace referencia a los antecedentes, la segunda a los condicionantes políticos y sociales de la Transición, la tercera a los actores políticos, la cuarta a las características de los regímenes del franquismo y la democracia posterior, y la última trata de resaltar las continuidades entre ambos. Finalmente, es de recibo exponer que este libro no existiría si no fuera por la brillante e incisiva testarudez de Marianne Brüll. Conocí a Marianne hace más de diez años, y desde entonces, esta mujer de energía inagotable no ha cesado en sus esfuerzos para que España sea consciente de lo mucho que debe a aquel colectivo de exiliados dispuestos a jugárselo todo para construir un país libre y digno. Fue Marianne quien propuso este libro y quien me ha dejado entrar en el interior del maravilloso edificio que constituye la revista más prestigiosa del exilio. Durante estos últimos meses ha conseguido contagiarme su entusiasmo. Por otra parte, Joan Martínez Alier, autor de la mayor parte de textos de esta compilación, y con casi tanta energía como mi amiga suiza, me ha ayudado, ofrecido informaciones valiosísimas, leído el texto y ofrecido sugerencias inteligentes y aconsejado con precisión a la hora de encarar un libro nada fácil, aparte de facilitarme buenos os. En un sentido muy similar, otro antiguo

colaborador y copropietario de Ruedo ibérico, Alfonso Colodrón, también ha contribuido a ofrecer luz a varias de mis dudas, así como José Manuel Naredo y Santiago López Petit, antiguos y entusiastas colaboradores de la revista. Por otra parte, Daniel Cladera ha actuado como debe hacerlo todo editor, dando libertad, estimulando y apoyando un trabajo que requiere o humano a la vez que soledad. Como siempre, mi colega Enric Pujol me ha ofrecido su apoyo, amistad, consejo y larga experiencia como historiador y editor de ensayo sobre una época que conoce tan bien. Mis colegas y alumnos de Historia PolíticoSocial de la Facultat de Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull también han resultado ser un apoyo y estímulo valiosísimo, formulando preguntas que todos deberíamos plantearnos aunque solamente ellos y ellas realizan sin miedo. Pero, por supuesto, Carme y Emma son quienes merecen mis mayores agradecimientos por la paciencia demostrada ante alguien capaz de obsesionarse con una historia. Con una buena historia…

XAVIER DIEZ

SEGUNDA PARTE Artículos de Cuadernos de Ruedo ibérico

INTRODUCCIÓN

Contra la reconciliación

El primero de los textos que reproducimos, Contra la Reconciliación, abre la recopilación por su capacidad de resumir el espíritu de Ruedo ibérico ante los cambios de todo orden que se avecinan. Los editores de la revista, residentes mayoritariamente en París, a diferencia del primer exilio, están mucho mejor conectados con el interior que las diversas familias políticas, de manera que su mayor información permite un mucho mejor análisis. Además, su formación tanto académica como autodidacta implica una comprensión global y detallada de lo que sucede, lo que se traduce en esta extraña capacidad profética sobre el futuro que los caracteriza. El autor del primer texto, Joan Martínez Alier (Barcelona, 1939), expresa a la perfección esta combinación entre formación rigurosa y olfato político. Aparte de ser uno de los entonces jóvenes intelectuales ligados más estrechamente al núcleo duro de Cuadernos de Ruedo ibérico, también se caracterizaba por ser uno de los académicos que más trabajo de campo había realizado, así como campo, literalmente, había pisado. De hecho, su tesis doctoral sobre el latifundismo español[17] le había permitido conocer a fondo a personas y situaciones que implicaban un conocimiento profundo de la España real, especialmente del campesinado andaluz, lo que contrastaba con la mayoría de intelectuales de la época. Su carrera profesional posterior, como especialista en historia agraria de América latina, y más tarde como uno de los fundadores internacionales de la Economía Ecológica y catedrático de Economía e Historia Económica en la Universitat Autònoma de Barcelona, le ha llevado a ser un prestigioso analista. Sus enfoques escasamente complacientes con el poder le han comportado, en cambio, pocos reconocimientos públicos en España. Contra la reconciliación debe considerarse como una réplica a la consigna que, en los albores de los tiempos transitivos, lanza el PCE en el exilio. En junio de 1956, el PCE diseña su política de «Reconciliación Nacional» con la intención de atraerse el máximo número de sectores sociales y políticos. Es un momento en el que empiezan a consolidarse diversos núcleos de oposición interior,

mientras que la dirección del PCUS soviético, bajo la dirección de Khrushov, preconiza una estrategia de mayor moderación en el contexto de la guerra fría (pero que contrasta a la vez con la invasión de Hungría). El Partido Comunista Español, que poco a poco va escorándose hacia lo que sería la tendencia eurocomunista con Santiago Carrillo al frente, trata de sumar esfuerzos y liderar la oposición al franquismo. La política de «reconciliación» representa, pues, una baza para poder integrarse en el sistema aunque sea desde una óptica de realismo (u oportunismo) político en el momento en el que el franquismo dé paso a un nuevo régimen, manteniendo el mismo estado. La «reconciliación nacional» promete dar una salida fácil al franquismo, olvidando sus crímenes. El texto de Martínez Alier critica la exhortación del PCE a esta reconciliación, aunque esta llamada podría hacerse extensible a todos los sectores de la oposición. Parte de la idea que los comunistas realizan un análisis equivocado sobre la situación española. El autor rebate la concepción del PCE según la cual la dictadura es contemplada como un régimen limitado a sectores socioeconómicos muy concretos. Al contrario, el franquismo posee muchos más apoyos de lo que difunden los publicistas marxistas ligados al partido. Pero quizá la idea más clarividente del breve texto es muy simple: la reconciliación es el germen de la perversión de un nuevo régimen contaminado por la violencia del anterior. Martínez Alier, en el fondo, nos está advirtiendo de los riesgos de una democracia sin ruptura antes de que se planteara el dilema «reforma o ruptura». Que es lo que puede inferirse de los gestos del propio Partido Comunista, el cual precisamente se presenta como el más radical opositor.

Contra la reconciliación

De cuando en cuando, durante los últimos meses, estimulado por los sucesos políticos en España o por la lectura de algún libro sobre ese soleado país, he escrito ensayos y críticas en tono no siempre muy académico. La existencia de Ediciones Ruedo ibérico ha sido un estímulo adicional para escribirlos, al tener seguridad que encontrarían un editor español fuera del alcance de la censura y al saber por tanto que no tenía por qué autocensurarme. He reunido aquí varios de ellos. Debo confesar un cierto temor (en cuanto a mi reputación profesional) a que se asocie en España mi nombre con estos escritos políticos más que con mis trabajos universitarios. Les he puesto el título general «Contra la reconciliación». El Partido comunista, cuando exhorta a la reconciliación, parte del análisis equivocado de que el régimen de Franco ha sido una dictadura de una «camarilla» o de una oligarquía terrateniente y financiera, tesis que, como se verá, yo considero errónea. Pero ahora no es sólo el Partido comunista quien quiere reconciliarse. También la Iglesia lo quiere y pronto hasta el ejército va a quererlo. Cuando uno oye ahora a la Iglesia española hablar de reconciliación no puede evitarse un escalofrío. A los condenados por la Inquisición, ¿no se les llamaba «reconciliados»? Después de casi cuarenta años de padecer bajo el dominio de ese régimen, de esa Iglesia y de ese ejército, ahora encima nos piden que nos reconciliemos con los propios asesinos o con los cómplices de la represión, con personas como Areilza, o Ruiz Giménez, o Fraga (miembro del gabinete que asesinó a Grimau), o Pío Cabanillas (miembro del gabinete que asesinó a Puig Antich).

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1974

Carrero Blanco

Autor: Cattolica.

Ilustración aparecida en España Hoy.

I. ANTECEDENTES

En esta sección reproducimos dos textos en los que se describe el marco político, social y especialmente económico en los que va a desarrollarse la Transición. Son textos extensos, que poseen la intención de informar sobre los diferentes factores que van a influir en la correlación de fuerzas entre poder y oposición, pero sobre todo se trata de documentos profundos que desmienten el simplismo con el que los diferentes grupos del exilio o del interior analizan la realidad. En cierta manera, tanto el rigor expositivo como analítico representan la «marca Ruedo ibérico» que, desde el exterior, cuenta con agudos analistas del interior que además, en el momento de redacción son jóvenes promesas sin vinculaciones políticas incondicionales.

Algunos aspectos de la coyuntura económica española

El primero de los textos, «Algunos aspectos de la coyuntura económica española», aparecido en el primer número de Cuadernos de Ruedo ibérico, publicado en 1965 es firmado con el pseudónimo Manuel Martínez, pero su autoría corresponde a Santiago Roldán López (Ávila, 1938-Madrid, 1997). Roldán, en esos momentos joven economista, siguió una exitosa trayectoria académica posterior. Como su gran amigo Juan Muñoz García, como el también economista (y demógrafo) Joaquín Leguina, abandonó la línea de Ruedo ibérico (y de José Manuel Naredo, que era un joven maestro de todos ellos) e ingresó en el partido socialista durante la Transición. Doctor en ciencias económicas y catedrático de Estructura e Instituciones Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid, fue vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat Autònoma de Barcelona entre 1977 y 1979, especialista en economía española, colaborador en revistas como Triunfo y Cuadernos para el diálogo, miembro fundador del Partit dels Socialistes de Catalunya y, desde 1983, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Colaboró estrechamente con Pasqual Maragall en los Juegos Olímpicos de Barcelona, e incluso hay una estatua suya en la Villa Olímpica, de

Úrculo. Trabajó después para el grupo Prisa en la órbita del diario El País, y recibió la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil. El artículo es uno de los primeros en abordar las transformaciones económicas en España a raíz del Plan de Estabilización de 1959 (la entrada española en la senda del capitalismo liberal, el paso de la autarquía a la integración en la economía capitalista convencional), así como los factores que inciden en la dinámica económica española como la emigración rural, el crecimiento del sector industrial y la expansión del consumo. El autor anticipa que el plan de estabilidad, que conduce hacia el desarrollo económico, propiciará algunos choques con las estructuras franquistas de lo que denomina «capitalismo monopolista de Estado», es decir, la tradición intervencionista, el sindicato vertical, y determinadas y arraigadas tendencias hacia el proteccionismo económico y el dirigismo social. Ello no obstará para que los poderes fácticos apoyen el cambio, aceptando una democracia liberal «burguesa» (según el término usual del marxismo coetáneo). Pero también considera que la liberalización política solamente podrá llegar lejos en función de la presión popular. En estas circunstancias, el sector agrario es el que más tiene que perder, como sucede ante toda profundización capitalista. El efecto más espectacular es la aceleración de la emigración rural y el desarraigo de millones de antiguos campesinos. Sobre ello, el autor trata de desmentir algunas de las vulgarizaciones marxistas que se vienen publicando sobre la cuestión. Entre otros aspectos, Roldán constata la conciencia campesina de su decadencia económica, y su principal consecuencia; el abandono de reivindicaciones del estilo «la tierra para quien la trabaja». Más bien considera que es la mentalidad campesina, tendiendo hacia modelos urbanos y la sociedad de consumo, la que se transforma. Se aborda también la cuestión del alza del coste de la vida, derivada en cierta manera de las medidas del Plan de Estabilización. Pero más allá de aspectos coyunturales, el economista señala una tendencia histórica que nos lleva hacia una deriva inflacionaria endémica que caracteriza a la economía española, y que tiene que ver con la desigual influencia de los grupos sociales beneficiarios del fenómeno, así como la escasa fuerza de los afectados para resistirse a ello. En este contexto, el Estado no actúa como árbitro neutro, sino que únicamente toma medidas cuando la situación pudiera desbordarse y supusiera un peligro de

desórdenes. La situación descrita por Roldán, cuatro décadas después, y a pesar de la actual Unión Monetaria, sigue repitiéndose en la economía española (una inflación endémica y superior a la productividad, los salarios y el entorno europeo) porque tampoco han variado de manera significativa los equilibrios del poder económico, ni los sectores que se benefician de inflar el valor monetario de determinados bienes. Ejemplos señalados por Roldán son el precio de la vivienda, que favorece a propietarios, financieros y especuladores, o las tarifas de los servicios públicos, los cuales, a pesar de estar formalmente privatizados, continúan representando, en la práctica, un monopolio con ilustres y franquistas apellidos en los consejos de istración de determinadas grandes empresas. En este sentido Roldán destaca también la escasa credibilidad de las cifras franquistas del Instituto Nacional de Estadística y la especulación inmobiliaria, que, vista la evolución posterior, debería considerarse como una tradición secular española. Otro de los aspectos señalados es el de la baja productividad en el trabajo, acompañado de una baja remuneración, y quizá compensado con lo que contemporáneamente se denominó pluriempleo. Hablando de la década de los sesenta ello supone una paradoja (o no) teniendo en cuenta que se describe una época de intenso crecimiento económico (el llamado «milagro» español, exagerado por los publicistas del régimen), tanto a nivel peninsular como europeo. Y esta situación de crecimiento económico, más inflación, más bajos salarios, es únicamente corregida mediante la presión de los conflictos laborales. A pesar de todo ello, el autor considera innegable que se ha producido un espectacular crecimiento económico provocado, por una parte, por el Plan de Desarrollo, pero por otra, por los efectos benéficos de la planificación industrial del momento, de un carácter flexible. No debemos sorprendernos. La planificación económica es un instrumento de desarrollo aplicado con éxito de manera coetánea en economías industriales prósperas y próximas como la sa y la italiana. Esta expansión contrasta, no obstante, con la contracción agrícola señalada, y sobre todo, con el débil consumo interno. Este estilo de desarrollo y planificación es criticado por el autor a partir de los trabajos de investigación de Ramón Tamames (Madrid, 1933), un joven y prestigioso economista crítico próximo, en aquel entonces, al partido comunista. Tamames expone las limitaciones de una planificación sin una verdadera participación obrera. El sindicato vertical está formado por «funcionarios» del Movimiento y por patronos, altos funcionarios del corporativismo franquista o,

una vez más, la gran banca, omnipresente en los resortes de decisión del franquismo. Es necesario recordar que en los citados planes de desarrollo en Francia o Italia, lo normal era contar con la participación de sindicatos representativos y con industriales al cargo de empresas reales. No está de más, sin embargo, recordar la persistencia de «funcionarios» del Movimiento entre los órganos de representación patronal como José María Cuevas en la CEOE entre 1984-2007, claro ejemplo de continuidades respecto del pasado. Precisamente por ello, y por los errores cometidos por una istración incompetente en términos económicos, las previsiones desarrollistas hubieran acertado más bien poco. Roldán pone de relieve un mayor dinamismo en los sectores menos ligados a los poderes fácticos, mayor estancamiento en los sectores bajo control estatal y excesiva actividad en los más especulativos (con el llamativo caso de la vivienda). Pero la principal conclusión expuesta es que la etapa de expansión económica derivada del Plan de Estabilización es que ello conduce hacia una acentuación de los desequilibrios. Para Santiago Roldán, el desarrollo experimentado a partir de los sesenta debido al exceso de poder de los grupos económicos privilegiados, tiende al desequilibrio, a los beneficios asimétricos y, por tanto, hacia las tensiones sociales bajo la fórmula de crecientes protestas obreras. Además, aquellos sectores más ligados al régimen, a pesar de la «liberalización» continúan obteniendo cuantiosos beneficios de los cambios a pesar de su patente incompetencia económica, porque, como sugiere el economista, el poder de los vencedores de la guerra civil vampiriza a la economía. Un ejemplo recurrente es el de la especulación inmobiliaria, con numerosos pequeños propietarios, ligados al régimen, y a menudo beneficiarios del saqueo de las propiedades de los republicanos, un verdadero grupo social que cobra sus privilegios desde la fórmula de una legislación favorable que llega hasta nuestros días, y a costa de un derecho reconocido por la propia constitución.

La nueva España

El segundo de los artículos, «La nueva España», publicado en el número 27 de la revista en 1970 es firmado por Ricard Soler, pseudónimo bajo el cual se ocultan

los verdaderos nombres de Santiago Udina y Regina Tayà, jóvenes economistas catalanes. Este artículo fue publicado también en inglés en la New Left Review. [18] Conectando con el artículo anterior, los autores señalan los cambios experimentados por la sociedad española desde la guerra civil hasta finales de los sesenta. Propone una periodización (de 1939 hasta el Plan de Estabilización, y de 1959 en adelante, coincidente con buena parte de la historiografía sobre el franquismo) en la que de un proceso de estancamiento se pasa a un crecimiento acelerado y asimétrico. Esta expansión económica desata las tensiones entre dos sectores de la clase dominante: un grupo «oligárquico», ligado a la tecnocracia, partidaria del liberalismo económico clásico, y un grupo «burocrático» ligado al Movimiento, proclive al intervencionismo. Precisamente este intervencionismo es el que define la primera etapa, desde el fin de la guerra hasta el aparcamiento de la autarquía. Ésta se basa en alza de precios, contracción dramática de salarios, favores fiscales a la industria, éxodo rural y engorde del sector más improductivo de los servicios. Se trata de una política económica en que beneficiarios y perjudicados se corresponden con exactitud a las categorías de vencedores y vencidos de la guerra. O lo que es lo mismo, la economía franquista puede considerarse como la continuación de la guerra por otros medios. Saqueo por parte de unos, expolio para los demás. El intervencionismo, por tanto, representa una economía tramposa, con unos precios agrícolas e industriales que aumentan siempre muy por encima de los salarios y productividad, que se aprovechan de un mercado cautivo y que, por tanto, implican una gran acumulación (o apropiación) de capital de unos pocos en un contexto de penuria económica. Como es de suponer, en estas circunstancias el Estado funciona como un instrumento al servicio de la clase capitalista, verdaderamente privilegiada en el sentido que su contribución fiscal es escasa o nula, lo que empuja a la Hacienda Pública hacia una política inflacionaria que implica el recurrente recurso al endeudamiento. No hay que ser muy sagaz para darse cuenta que este mecanismo perverso tiene a la gran banca como principal beneficiaria, mientras que son los asalariados los principales perjudicados. A su vez, durante este primer período, el sector terciario ve incrementado su volumen a partir de una «burocracia parásita» que, aun suponiendo una cuarta

parte de la población activa, acapara cerca de la mitad de la renta nacional. Este grupo de clases medias, leales al régimen, representarán, además, el verdadero mercado del cual están excluidos trabajadores agrícolas e industriales. A destacar el papel de la banca, la cual, tras un irregular proceso de concentración hasta formar los «cinco grandes» (sin citarlos, se trata del Hispano-Americano, Español de Crédito, Central, Vizcaya y Bilbao) acaban acaparando buena parte de los negocios y siendo los principales beneficiarios del régimen, aparte de consolidar un extraordinario poder. La banca actúa, en la práctica, como un monopolio protegido de la competencia, gracias en buena medida a la intervención estatal y a la corrupción. En esta situación, las ganancias no fueron destinadas a la reinversión, sino a la mucho más lucrativa especulación. La conclusión de este período es que en estos años el capital monopolístico de los ganadores de 1939 se expande y consolida en detrimento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría. A continuación, Udina-Tayà realizan un fino análisis político que sigue al económico. Destaca el carácter de clase de la guerra civil y el alineamiento de las clases dominantes con Franco, a partir de una conjunción de intereses. El Movimiento sustituye a una desacreditada política de una clase media, sentimentalmente republicana, pero socialmente egocéntrica. Como señalan los autores, nos hallamos, pues, ante una «dictadura de clase» más eficiente que el antiguo sistema político de Restauración (1876-1923). ¿Cuáles son los sectores que constituyen la oligarquía franquista? El primero, el ejército, que ocupa buena parte de la istración y cargos de representación en la maquinaria estatal, además de disponer de privilegios diversos. Está conformado por pequeña burguesía y una estrecha clase media, con escasa presencia de catalanes y vascos. El segundo, la Iglesia, como contrapeso al falangismo y sus veleidades socializantes, conformada con sectores sociales equivalentes al de la milicia, y que posee el cuasi-monopolio cultural y educativo. El tercero, una burguesía constituida por los ganadores de la guerra con la doble función de controlar al proletariado y proporcionar consumidores, aparte de constituir la base ideológica del régimen en lo que será el franquismo sociológico. Finalmente, la propia figura de Franco, caracterizado como árbitro ante los diferentes sectores e intereses, como garantía de estabilidad de esta propia dictadura de clase. En toda esta situación destaca la exclusión de las burguesías vasca y catalana, quienes ocasionalmente han recurrido al Estado para garantizar sus propios intereses frente a los de las clases trabajadoras.

El segundo período analizado (1959 hasta la fecha de redacción del artículo) es el impulsado por el Plan de Estabilización, el cual potencia las transformaciones profundas del Estado. Está motivado por el colapso económico y el peligro de movilizaciones políticas derivadas de la penuria generalizada. Los sectores económicos más liberales ganan terreno a los «intervencionistas»; los intereses industriales, al resto. Se desarrolla como una terapia de choque que comporta congelación salarial y provoca una ola emigratoria al extranjero. Pasado un breve lapso de tiempo se transforma poco a poco el modelo productivo: incremento de salarios, entrada de divisas por el turismo y las remesas de los emigrantes, reconversión industrial, «destrucción creativa» (en términos del economista Joseph Schumpeter), éxodo rural, expansión del sector terciario derivado del crecimiento urbano y el turismo, devaluaciones competitivas y desequilibrios estructurales. A todo esto se añaden transformaciones políticas significativas, entre las cuales destaca el nuevo dominio de la tecnocracia. Tras ella, el papel destacado del Opus Dei, que pasa a controlar los ministerios económicos. Esto afecta también al equilibrio de los diversos grupos de poder, con un ejército, también, donde hace mella el «espíritu de profesionalidad» mientras disminuye la tendencia al intervencionismo político del pasado. La nueva situación comporta el desplazamiento progresivo hacia los márgenes de la Falange. Las transformaciones económicas derivadas del Plan de Estabilización, aparte de una cierta pérdida de peso de los sectores intervencionistas, también comporta la ascensión de nuevos sectores medios «de cuello blanco» que pueden sentirse identificados con la «Nueva España» opusdeísta, fundamentada en el capitalismo liberal, y que se prolongará entre las élites económicas e intelectuales del régimen actual. En cierta manera, el Plan de Estabilización, al ensanchar las clases medias, también contribuye a que el franquismo, desde bases más suaves, vaya ganando adeptos. Esto también explica una visión amable y dulcificada del franquismo por parte de porciones significativas de la sociedad española actual. Y, a su vez, supone un éxito póstumo del opusdeísmo franquista, como ya señalaban los editores de Ruedo Ibérico por la atención prestada a esta secta religiosa, que se traduce en varios artículos y libros, muchos de ellos perseguidos con saña por las autoridades.[19] En cierta manera, uno de los hechos que empujaron al régimen a la liberalización económica fue la constatación que los sectores burgueses afines empezaban a

tomar o con la oposición. El llamado «contubernio de Munich» (1962) es el ejemplo más conocido, pero el desmarque de algunas personalidades como Joaquín Ruiz Jiménez o Dionisio Ridruejo resultan el indicativo que el franquismo nacional-católico pierde apoyos. La evolución de la sociedad y la economía europea y el soporte de Estados Unidos también forzaban al régimen a ofrecer una cara menos fascista en sus formas y lenguaje. La gestión del Opus Dei promovió la evolución del régimen en una dirección según la cual el capitalismo podía sentirse cómodo sin necesidad de arriesgarse a pensar en un recambio político. Aunque, claro está, la clase trabajadora continuaba sintiéndose excluida. A continuación, Udina-Tayà exponen la reorganización sindical espontánea desde la base de Comisiones Obreras. Describe los procesos organizativos sindicales desde finales de los cincuenta a partir de la conocida estrategia de infiltración en el Sindicato Vertical. Constatan los autores que las agitaciones laborales en este contexto, devienen rápidamente en disidencia política, aunque esta conclusión, algo exagerada de acuerdo con el alcance real de las protestas, debía tener que ver con el hecho que este artículo fue concebido para su publicación en inglés en el New Left Review. La última parte del artículo está dedicada a analizar la situación de los diferentes partidos políticos de oposición. Destaca, en primer lugar, un PSOE que actúa como una fuerza «socialdemócrata ortodoxa», equivalente a los partidos homólogos europeos, pero sin relevancia, protagonismo o un proyecto político definido. También destaca su escaso o nulo papel en el interior de España. En contraste, el PCE aparece como el partido más vigoroso, activo y bien organizado, con un programa más coherente. Pero Udina-Tayà señalan que precisamente esta última virtud representa, a la vez, su gran defecto. Un excesivo dogmatismo leninista le impide, en opinión de los autores, comprender la situación política y social española, lo que representa una hipoteca que, como fatalmente comprobarán los comunistas una década después, deberá pagar muy cara. Udina-Tayà piensan, acertadamente, que los comunistas ortodoxos no comprenden de manera adecuada la lógica del franquismo por las rigideces analíticas desde las cuales lo observan. Así, el PCE contempla el proceso de liberalización económica como un síntoma de debilidad, mientras que, como sugieren los autores, resulta una fórmula para reforzar el régimen y ensanchar socialmente su apoyo. A la hora de seguir analizando el resto de grupos políticos, quizá los autores no

toman excesivamente en consideración a los partidos nacionalistas periféricos (como el PNV o el FNC), o los perciben como partidos elitistas, mientras que observa la oposición moderada, de inspiración católica y surgida en el interior del régimen como un primer intento de allanar una futura alianza con la oposición para generar una salida no rupturista al franquismo. Siguiendo con el interesante análisis sociológico, Santiago Udina y Regina Tayà, consideran que si bien las clases medias se acomodaban a un régimen autoritario, aunque más flexible, la clase trabajadora se convertía en la más firme oposición al sistema. A pesar de ello, ni PSOE ni PCE pudieron o quisieron aproximarse de forma creíble al potencial revolucionario de la clase obrera. A todo ello, el movimiento estudiantil, con procedentes de los grupos sociales medios, empezaron a alejarse de la oposición tradicional para formar parte de los cuadros del movimiento obrero organizado y vinculado a grupúsculos marxistas de diferente naturaleza y con un sentido de radicalidad revolucionaria (que a lo largo de la Transición se irían disolviendo como azucarillos). En este sentido, los autores parecen confundir deseo con realidad, un hecho, por otra parte, compartido con la mayoría de la disidencia antifranquista. A pesar de ello, los autores perciben con bastante antelación que el fin del franquismo no solamente no implicará el fin del «poder burgués», sino que lo reforzará. Ante ello, proponen una oposición con un gran acento anticapitalista, para lo cual es necesario aprovechar tanto a los grupos medios emergentes a partir de un tímido proceso de movilidad social ascendente, como de los damnificados por el nuevo orden de cosas.

Algunos aspectos de la coyuntura económica española

Hoy que el «tema económico» está al orden del día —y aparece reflejado en las páginas de cualquier publicación con datos y series estadísticas al alcance de todo el mundo—, un conjunto de fenómenos llaman la atención de todo espectador objetivo. Aunque es evidente que con unos datos exclusivamente coyunturales no se puede pretender explicar toda la evolución, las interrelaciones y la dinámica de la economía española, creemos que una revisión de esos datos coyunturales, enlazados sistemáticamente en un conjunto económico más amplio, puede ofrecer algunas conclusiones interesantes. Se trata de describir un sistema económico como el español, sobre el que se emiten los más diversos juicios de valor, sin pretender establecer «dogmas» de ninguna clase. Solamente pretendemos abrir una discusión en la que es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Para ello recogeremos algunos aspectos parciales de la economía española, sin reducirnos al campo estricto de la coyuntura. Seleccionaremos elementos libremente y recurriremos a la coyuntura cuando nos parezca necesario hacerlo para explicar un determinado fenómeno. Durante el año 1964, la economía española ha seguido la tendencia expansiva que viene presentándose en forma continua a partir del año 1961. El Plan de Estabilización fue un verdadero éxito para el capitalismo español, pese a las previsiones de quienes profetizaban la catástrofe económica. La práctica ha demostrado cuán alejados de la realidad estaban los análisis de tales profetas. El Plan de Estabilización colocó los cimientos, las bases sobre las cuales —a través de una serie de medidas legales complementarias— la economía española se ha adaptado a un nuevo marco de desarrollo estrictamente capitalista. El Estado ha definido y controlado ampliamente una política monetaria y fiscal que ha venido ofreciendo mayor seguridad al capital y protegiendo con creces sus servicios. Lo que no ha sido establecido por la Ley, lo ha impuesto el desarrollo de las fuerzas productivas y la consiguiente presión ejercida por la lucha de la clase obrera. El hecho es que la economía española está transformándose a pasos agigantados. De una economía autárquica sui géneris —«de invernadero», como se ha dicho — se ha convertido en una economía cuyos problemas y fenómenos típicos entran, casi en su totalidad, en el cuadro de una economía de capitalismo

monopolista de Estado típico de la Europa Occidental, salvando naturalmente las distancias en cuanto se refiere a grado de desarrollo. La mayoría de los fenómenos coyunturales que vienen repitiéndose en los últimos tres años, se mueven dentro de la esfera típica de los países que abandonan progresivamente el arcaísmo del desarrollo por unas vías de crecimiento muy amplias. El desarrollo capitalista español a partir de 1961 — fenómeno que la prensa burguesa europea no olvida de señalar— es un hecho real, que sólo puede ser negado por quienes se empeñan en un análisis carente de toda objetividad y que sólo puede ser motivado por la necesidad de justificar una política al margen de todo criterio científico. Diversos fenómenos, que hay que cerrar los ojos para no ver, son exponente de este desarrollo capitalista: la intensidad de la emigración rural que está conmoviendo profundamente incluso las zonas más estáticas del país (dinámica económica que descarga su peso despiadado sobre las masas campesinas, como sucede en todo desarrollo capitalista); crecimientos continuos e importantes en la producción de bienes de equipo; importaciones de bienes de capital, con aumentos anuales que se sitúan entre el 25 y 40 %; cambios continuos y favorables en la estructura del consumo; crecimientos superiores al 6 % en el Producto Nacional Bruto y en la Renta Nacional, mantenidos desde 1961, etc. Ante esta situación, las limitaciones y errores de la política económica del gobierno, pese a que existen, no pueden frenar el actual desarrollo capitalista. Pero si en breve plazo, las instituciones del régimen, el sistema de gobierno o los sindicatos verticales crean demasiados conflictos al capital monopolista, éste no vacilará en apartarlos porque sabe perfectamente que el sistema de capitalismo monopolista de Estado —cuando éste ha logrado impulsar al país hasta un cierto nivel de desarrollo— puede soportar ciertas formas de democracia burguesa, y que, para realizar los más fabulosos negocios, las formas políticas fascistas han dejado de serle absolutamente indispensables. Naturalmente que el capital monopolista es, por esencia, antidemocrático y no pasará a formas políticas de democracia burguesa más que bajo la presión de las fuerzas progresivas de la sociedad, particularmente de la clase obrera. Es lo que está sucediendo en España.

La agricultura y el desarrollo económico

La agricultura española está sufriendo el terrible impacto del desarrollo de la economía en su conjunto. Está viviendo en plena crisis de transformaciones y cambios, cuyas tensiones contradictorias, propias de todo desarrollo capitalista, se agravan por momentos. La tendencia ascendente de los costes agrícolas — expresión de toda la dinámica socioeconómica del momento actual— recorta cada vez más los beneficios que se venían obteniendo. El desarrollo industrial intensifica la vida urbana y el agricultor que vive de una explotación pequeña o mediana se siente indefenso ante su propia suerte. El campo español está sufriendo un auténtico cambio de estructuras. Lo que no han logrado muchos decenios con proyectos de «decreto reformista», lo está consiguiendo el capital «a trancas y barrancas». La agricultura —como sucede en cualquier proceso de desarrollo capitalista— está financiando el fuerte desarrollo industrial. El agricultor paga fuertes sumas por tractores, máquinas agrícolas y abonos químicos, mientras los precios de venta de sus productos siguen un ritmo muy inferior al alza de su coste de producción. El campesino huye a la ciudad para evadirse de las terribles condiciones de vida a que se ve obligado en el campo. De esta forma se está produciendo en España el proceso característico de cualquier tipo de desarrollo: crecimiento de la población activa en la industria y el comercio a costa de la población agrícola. Cuando este fenómeno adquiere el carácter pronunciado que estamos viviendo, quiere decir que la sociedad en su conjunto está saliendo del «inmovilismo» y de las «ataduras tradicionales» para entrar en el camino de los cambios estructurales, presupuesto indispensable para todo desarrollo. En España, no hace falta decirlo, estos cambios se están realizando bajo la dirección del capital monopolista. He aquí algunas cifras reveladoras:

Población activa en la agricultura

Años 1940 1950 1960 1961

% de descenso 0,6 1,2 1,5 1,7

1962 1963

2,2 3,4

Emigración interna Período 1950-60 1.044.000 personas Período 1961-64 940.000 personas

Descenso de la población agrícola

Años 1950 1960 1963

% de población 48 41 37

Una ligera observación de estas cifras es suficiente para hacerse una idea del fenómeno en toda su magnitud. Sólo en los últimos años 1961-1964, la emigración ha adquirido un volumen similar al de todo el decenio anterior. El proceso, efectivamente, se acelera. Tanto más si se tiene en cuenta que el porcentaje de población activa en el campo es, sin duda, inferior al señalado, puesto que las cifras oficiales no recogen la emigración clandestina que está diezmando la agricultura de numerosos brazos. Si esta emigración pudiese estimarse, la aceleración del fenómeno sería mucho más espectacular. No es difícil extraer conclusiones de este cuadro: es evidente que el desarrollo industrial y los cambios estructurales se están haciendo patentes en numerosas zonas del país. Es evidente también que este proceso va acompañado de numerosos desequilibrios, de sobresaltos inflacionistas y de fuertes alzas del «coste de la vida», pero todos estos fenómenos —como el de la absorción por las ciudades de la población agraria— son típicos de todo proceso de desarrollo capitalista que una y mil veces se ha producido con características idénticas en épocas y países diferentes. Todo este proceso va acompañado en el sector agrícola de la «ruina de los pequeños campesinos», de elevaciones y descensos de la producción total, de diversos fenómenos de especulación, de excesos de producción en determinados sectores y de total insuficiencia en otros. Se trata, en una palabra, de la total supeditación de las necesidades del campo a las de la industria y a su creciente desarrollo. Pero la ruina de los pequeños productores y campesinos, en una sociedad en la que la economía mercantil y el capitalismo están en progreso, no autoriza en forma alguna a sacar la conclusión de que hay un insuficiente desarrollo del mercado que hace «incapaz» al capitalismo español para realizarse. Precisamente consideramos que, para definir con claridad «el momento actual» de la economía española, es de gran importancia la discusión teórica en torno a la pieza clave de toda economía capitalista: el mercado. Suele decirse, por ejemplo, que el mercado interior español se reduce a causa de la despoblación y ruina campesina, y que como no hay un desarrollo del mercado exterior, la acumulación resulta imposible y nuestro capitalismo se encuentra en un callejón sin salida. Pero la categoría económica de mercado es mucho más compleja que

lo que propone dicha presentación esquemática, y en España no constituye ni mucho menos una «barrera» contra la que se estrellen todos los intentos de desarrollo por la vía capitalista monopolista. La «ruina» de los pequeños productores agrícolas consiste en la pérdida de sus medios de producción: tierra, instrumentos de trabajo, etc. Y hay quien afirma que tal pérdida «reduce el poder de compra de la población», «reduce el mercado interior para el capitalismo». Es sorprendente que apreciaciones de este tipo se presenten como planteamientos marxistas cuando ya Lenin explicó que «semejante concepción es absolutamente errónea y su persistencia en ciertas publicaciones económicas no se sabría explicar más que por prejuicios románticos del populismo...», «porque cuanto mayor es la ruina del campesino y más obligado está a recurrir a la venta de su fuerza de trabajo, más grande es la parte de sus medios de subsistencia que debe procurarse en el mercado».[20] En el mismo sentido, véase el análisis de Marx en El Capital[21] sobre el proceso de desarrollo de la agricultura. Sin embargo, estas consideraciones se olvidan una y otra vez y en diversas publicaciones siguen repitiéndose «machaconamente» los mismos errores. Así, al juzgar la política franquista, se afirma categóricamente que «la disminución del poder adquisitivo del campo impedirá el desarrollo industrial» y determinará esa «estrechez del mercado» en la que tanto se insiste, y, sobre esta base, se propone como solución al problema general del campo «el mantenimiento y fortalecimiento de la propiedad campesina», y además se añade, con evidente ligereza, que «al país le interesa no la rápida liquidación de miles de explotaciones campesinas, sino su progresivo fortalecimiento, en espera de que el futuro desarrollo de la economía, permita abordar esta cuestión sobre otras bases». Pero ¿cómo es posible que se pretenda conseguir un futuro desarrollo con el «mantenimiento y fortalecimiento» de un régimen de propiedad totalmente incompatible con cualquier tipo de desarrollo? Una tasa de crecimiento relativamente modesta, ya supondría —dada nuestra situación actual — una fuerte disminución de la población campesina, sea cual fuere el sistema económico imperante. En otras ocasiones, con más luces, se alude a la concentración de la tierra, pero entonces se pretende que ésta se realice «quedando los municipios más equilibrados, con una distribución agraria más racional, mediante la constitución del mayor número de explotaciones familiares modestas, pero rentables». Mayor número, familiares, modestas, rentables... No se crea que estas citas son únicas, se trata de concepciones que se repiten continuamente y se publican con extraña habilidad. Es evidente que sus autores se imaginan que la producción capitalista

está dirigida al consumo y no a la acumulación. Se diría que no han comprendido nada sobre la realización de la plusvalía en una economía capitalista. Será necesario que una y mil veces repitamos que la «ruina de los pequeños campesinos», por dolorosa que sea —nadie se hace ilusiones sobre el humanismo de la vía de desarrollo monopolista— no restringe el mercado sino que lo amplía, haciendo depender de su mecanismo a una parte cada vez mayor de la población del país. El «mercado» se amplía precisamente porque el «autoconsumo» disminuye, y, sin ninguna duda, no constituye ninguna «losa de plomo» que frene y obstaculice el desarrollo industrial. La propiedad parcelaria modesta —es Marx quien lo dice— excluye por su propia naturaleza el desarrollo de las fuerzas productivas porque los medios de producción se reparten en forma «antieconómica». El desarrollo capitalista traslada al campesino de un sector heredado de formas arcaicas a otro sector más diferenciado, donde las leyes de la dinámica económica determinan un progreso evidente de su situación. Pero aún queda por señalar un aspecto más importante que deriva del hecho de que todos estos planteamientos estratégicos, basados en erróneas concepciones teóricas, determinan consignas y expedientes tácticos que están muy lejos de lo que exige la realidad. Por ejemplo, se repite sin descanso una frase clásica: «la tierra para quien la trabaja». Creemos que hoy día conviene, modestamente, recapacitar sobre ella. Es evidente que la principal misión de una consigna de este tipo es su carácter movilizador. Pero ¿cuál es su operatividad si tenemos en cuenta que en España existen entre 2 y 2,5 millones de «campesinospropietarios» que son considerados «pobres» por la Hacienda Pública, hasta el punto de eximirles del impuesto rural? Evidentemente estos millones de campesinos y el gran número de obreros agrícolas jóvenes que conocen la emigración, y con ello la ciudad, no pueden encontrar un gran contenido movilizador en una consigna que sólo puede resultar operativa en relación con muy determinados sectores. El hecho es que después de los años que esa consigna se está agitando, no parece que haya ejercido influencia apreciable en el movimiento campesino. Se diría que extensos sectores del mismo se muestran impermeables a ella. El profesor Tamames ya aludía a este fenómeno en la 2.a edición de su Estructura económica de España... Según parece están sucediendo cambios profundos en la actitud mental de los campesinos. Hoy, los obreros agrícolas piensan en la emigración a las ciudades, y los que desean seguir viviendo del trabajo del campo lo que quieren son mejores salarios, mejores viviendas, seguros sociales, escuelas y un futuro para sus hijos. Hoy ya no ven la

fórmula salvadora en el reparto, por la simple parcelación de los latifundios, porque su propia experiencia les enseña que en la era de la mecanización de la agricultura, la explotación rural familiar en las zonas de secano no puede servir de base a ningún nivel de vida envidiable. Aunque carecemos de una encuesta lo suficientemente demostrativa, algunas encuestas parciales creemos que permiten aventurar que, hoy día, este fenómeno se está generalizando rápidamente. Y no es de extrañar; estos cambios en la conciencia reflejan precisamente las transformaciones estructurales a las que aludíamos antes. Creemos que uno de los problemas más importantes a los que debe dedicarse el intelectual español es a la investigación de este fenómeno hasta sus últimas consecuencias. Hay nuevos planteamientos, nuevas reivindicaciones que están latentes en la realidad agraria española y que exigen su formulación inmediata. El paso de la población del campo a la ciudad es una necesidad objetiva de cualquier forma de desarrollo y, en este proceso, aparecen y se van a desarrollar nuevas reivindicaciones históricamente exigibles entre las masas campesinas.

Coste de vida y salarios

Uno de los hechos que más notablemente han afectado la economía española a lo largo del año 1964 ha sido el alza del «coste de la vida». Tanto este índice como el índice general de precios han experimentado un crecimiento importante a partir de junio de 1964:

Índice de precios al por mayor (base: 1955 = 100) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

% variación 1963 163,4 166,5 170,2 170,2 169,0 162,4

1964 165,0 166,1 164,1 168,0 164,0 164,2

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Índice medio

160,2 159,7 160,6 160,9 161,4 164,0

167,5 169,1 170,1 173,7 175,9 168,0

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística.)

Índice del coste de la vida (base: 1958 = 100) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Índice medio

% variación 1963 124,4 125,4 127,8 127,7 128,4 126,1 127,4 128,7 128,4 128,8 130,4 127,6

1964 130,7 130,8 131,2 131,7 132,0 133,8 136,7 138,8 140,2 142,5 145,8 135,8

Respecto a 196

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística.)

El primer escalón del alza del «coste de la vida» ha coincidido con estos dos hechos fundamentales: a) la promulgación de la ley de Reforma Tributaria, b) el impacto de la oleada turística que se acentúa durante el mes de junio y repercute bruscamente sobre la economía española. Pero aun cuando estos dos fenómenos han coincidido y han puesto el índice en movimiento al alza, el proceso no puede explicarse exclusivamente —como pretenden muchas publicaciones— por estos dos fenómenos socioeconómicos. Como es sabido, toda elevación de precios tiene su punto de partida en un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Todo proceso de desarrollo capitalista se realiza a través de contradicciones y de desequilibrios entre la oferta y la demanda que llevan en sí mismos el germen inflacionario. Se trata de una tendencia permanente generada por el propio crecimiento económico y por las tensiones y desequilibrios inherentes al sistema. Por eso el índice general del «coste de la vida» evoluciona, en los últimos años, a través de una serie de contracciones seguidas de saltos que se repiten con una «extraña periodicidad». Como es bien sabido todo proceso inflacionista resulta ser un negocio fabuloso para determinados y muy reducidos sectores de la población. En 1957, cuando gran parte de la población soportaba una política de «hambre racionada», esos sectores acumulaban cuantiosas fortunas, necesarias para el siguiente período de desarrollo económico. A fines de 1962, se consolidó un alza del 10 %, a costa de grandes sacrificios de la población. Entre el mes de junio y el mes de noviembre del año pasado ha sido impuesto un «nuevo aumento» que ha resultado ser superior al anterior. Se diría que estos fenómenos de alza se producen irremediablemente, provocados por el gran capital, con las mismas víctimas y, aproximadamente, con los mismos beneficiarios. Pero todo ello no tiene nada de extraño. Esta disminución del poder adquisitivo, que se provoca y consolida periódicamente, es un proceso normal en toda economía capitalista. Las necesidades de la acumulación, para entrar en un nuevo período expansivo, son las que en última instancia desbordan el fenómeno.

Es claro que los llamados «ministerios económicos» no son ajenos a esta situación. Esos ministerios poseen los medios apropiados para detener el proceso, pero no los utilizan hasta que su agudización presenta un peligro para el capital, hasta que el desarrollo de ese proceso, como un arma de dos filos, amenaza con volverse contra sus propios «iniciadores». Entonces se dictan ciertas medidas de «sabor estabilizador» que conocen bien todos los expertos. Esas medidas, aplicadas con un método riguroso y una técnica ejemplar, caen sobre el tapete de la economía espantando con éxito los demonios inflacionistas... Pero el alza del «coste de la vida», con todas sus consecuencias, ya se ha generalizado y ha quedado implantada en todo el país. Ha cumplido su principal misión: la acumulación de capital.[22] El índice general del «coste de la vida» no se ha movido por igual en todos los sectores:

Índice del coste de la vida en 1964 (base: 1958 = 100)

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov. Variación total

Alimentación Índice 131,0 129,3 129,7 130,3 129,3 132,2 137,3 139,6 141,7 145,5 148,7 12,8

Vestido % –0,6 –1,3 0,3 0,5 –0,8 2,2 3,9 1,7 1,5 2,7 2,2

Vivienda Índice 132,7 135,9 136,6 137,1 140,5 141,4 141,7 143,9 144,6 145,3 150,2 14,3

Casa % 1,0 2,4 0,5 0,4 2,5 0,6 0,2 1,6 0,5 0,5 3,4

Diversos Índice 118,8 120,7 120,8 120,8 123,0 123,1 123,1 123,8 123,9 124,0 124,8 5,1

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística.)

Se observa que, como viene ocurriendo generalmente, el índice general recibe el impacto mayor por parte de la componente «gastos de alimentación». Si observamos detenidamente estas cifras desglosadas por sectores, encontraremos —no sin cierta sorpresa— que el «coste de vivienda» aparece con un alza verdaderamente ridícula. No sabemos cómo el Instituto Nacional de Estadística elabora estas cifras, pero desde luego en ese sector resultan inverosímiles. Está en el ánimo de todos, y puede comprobarse sencillamente recorriendo las páginas de anuncios de cualquier periódico, el fuerte incremento que esta componente ha sufrido en los presupuestos familiares. No hay duda de que el alza del «coste de la vivienda» ha sido uno de los fenómenos más relevantes del año 1964, al que ha prestado una contribución decisiva la ley de «descongelación» de los alquileres. La especulación de terrenos en las grandes capitales y zonas turísticas está produciendo verdaderos escándalos. Unos índices o series estadísticas deben ser ante todo representativos e indicadores de la realidad, y éstos, desgraciadamente, no lo son. He aquí un nuevo argumento para consultar siempre con las reservas necesarias las publicaciones estadísticas que circulan por el país, máxime si se tiene en cuenta que son precisamente las del INE las que ofrecen mayor garantía. Recientemente se especula con relativa frecuencia, pese a que se trata de un viejo tópico, sobre las alzas de salarios y su repercusión en el proceso inflacionario. Dichas alzas, que evidentemente existen, son efecto y no causa de todo proceso de esta índole. Para ello, basta con examinar el índice del «coste del factor trabajo» deflactado para el sector industrial, tal como ha sido elaborado por el Servicio Sindical de Estadística y publicado en Evolución socioeconómica de España 1964 (Sindicatos):

1958 1959 1960

100 95,9 88,55

1962 1963 1964 (enero-agosto)

91,5 88,7 88,7

Este índice del coste «factor trabajo» deflactado se ha obtenido relacionando los índices de pago por «hora de trabajo» y los de productividad-hora, corrigiéndose el resultado con el índice del «coste de vida correspondiente». Así pues, resulta evidente que el factor trabajo no ha percibido en su adecuada proporción el resultado de los aumentos de productividad. Con ello se ha pronunciado el grado de explotación obrera, base fundamental sobre la que descansa la acumulación capitalista. Las cifras del INE para los aumentos de salarios por «hora de trabajo», deflactados según el índice del «coste de vida», presentan una evolución muy semejante a la que nos ofrece el Servicio Sindical de Estadística. En 1964 el índice de productividad y los salarios se han movido en el mismo sentido, por lo cual el índice que señalábamos con anterioridad se ha mantenido al mismo nivel, pero siempre inferior a 1958:

Año 1964 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Media mensual

Salario deflactado 9,5 10,4 17,4 12,1 11,1 8,1 0,7 5,2 3,9 8,8

Productividad-hora 9,7 8,6 11,2 14,2 5,9 8,8 8,3 2,7 8,9 8,7

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 1964.)

En esta «relativa» mejora han jugado un papel importante las presiones ejercidas por las reivindicaciones salariales ejercidas por diversas acciones obreras: huelgas, plantes, etc., sobre todo en los sectores minero y siderúrgico. Este movimiento obrero se ha convertido en el mejor instrumento de negociación para los trabajadores. El propio gobierno es consciente de ello. Durante el año 1964 ha continuado creciendo la cifra de Convenios Colectivos, sistema que a partir de 1962 comenzó a generalizarse como expresión de la contratación laboral.

Convenios interprovinciales y convenios establecidos en provincias

Establecidos Durante el año 1963: Interprovinciales En provincias Total Enero - septiembre de 1964: Interprovinciales En provincias Total Total general

n.º de convenios

empresas

puestos de trabajo

31 1.124 1.155

41.130 428.856 469.986

151.370 1.547.848 1.699.218

26 885 911 2.066

7.876 257.270 264.646 734.632

128.903 827.876 956.779 2.655.997

Convenios colectivos por sectores en enero - septiembre de 1964

Sectores Sector agrícola Sector industrial Otros sectores Total

n.º de convenios 228 532 151 911

trajadores afectados 236.558 598.827 121.394 956.779

Se observa un alto porcentaje de Convenios Colectivos establecidos para el sector industrial, y dentro de éste, en los ramos del Metal, Textil, Construcción, Madera y Corcho e Industrias Químicas. Es interesante hacer notar que en el sector del Metal el salario/hora deflactado ha experimentado un aumento del 9,3 % en los ocho primeros meses del año, mientras que la productividad (rendimiento del trabajo) aumentó el 16,9 % (según datos del Servicio Sindical de Estadística). En posesión de estas cifras, fácil le hubiera sido al gobierno prever las numerosas manifestaciones hostiles que los trabajadores de este sector han realizado contra los Sindicatos Verticales y en reivindicación de un aumento de salarios.

El desarrollo económico y el Plan de Desarrollo

Una de las características a destacar en el año 1964 ha sido el notable crecimiento del Producto Industrial, que si tenemos en cuenta el descenso de la Renta Agrícola (14,4 %), hay que concluir que ha debido actuar como la principal componente alcista en la elevación de la Renta Nacional. La Renta Nacional ha alcanzado —según el Informe del Banco Central para 1964— la cifra de 705.000 millones de pesetas, lo que representa un crecimiento del orden del 6,2 %, una vez deflactada con el nivel de precios. La Renta Industrial —renta neta— asciende a 282.000 millones de pesetas en 1963, según el Ministerio de la Industria, cuya estimación para 1964 es de 329.915 millones de pesetas. Estas cifras suponen un incremento del 16,9 % en términos nominales. El Servicio de Estudios del Banco Central ha deflactado esta cifra con la del índice general de precios industriales, y ha obtenido una Renta de 314.804 millones de pesetas, lo cual significaría un aumento del 11,6 % sobre la renta neta de 1963. Hay que concluir que, en el sector industrial, el año 1964 ha recogido los frutos de las fuertes inversiones que se llevaron a cabo en los años 1962 y 1963. Además, el sector industrial ha sido favorecido prácticamente por una serie de medidas de tipo legal que el sistema español de capitalismo monopolista de

Estado ha incorporado a su arsenal de instrumentos: Ley de 24 de enero de 1963 sobre libre instalación de industrias, Ley del Plan de Desarrollo Económico, Ley de 2 de diciembre de 1963 sobre industrias de «interés preferente», Decreto de 30 de enero de 1964 sobre localización de polos de desarrollo, Disposiciones sobre régimen de «acción concertada», sobre sectores preferentes al crédito oficial, etc. Todas estas medidas han puesto en marcha el marco jurídico adecuado para un desarrollo económico de tipo capitalista. Su propia dinámica y el crecimiento de las fuerzas productivas han roto, de una u otra forma, el viejo marco inadecuado e inservible para el actual crecimiento de la industria española. Este desarrollo no es homogéneo en todos los sectores. En general, las industrias de transformados metálicos, químicas, metálicas básicas, papel, electricidad, cemento y material de transporte, han experimentado aumentos superiores a la media del sector industrial. Se confirma que existe una tendencia uniforme —y ésta ha sido la tónica general de los últimos años— a la mayor participación de las industrias básicas en el conjunto de la producción industrial. Según estimaciones provisionales, la productividad aumentó en un 65 % en 1964, mientras que en 1962 lo hizo al ritmo del 7,6 %, y en 1963 al 7,2 %.[23] Según datos del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio, el ritmo de desarrollo más alto lo han experimentado las industrias de material de transporte con un 20,4 %, las industrias metálicas con un 16,5 %, la construcción con un 15,4 %. Es de gran importancia analizar, aunque sea muy someramente, qué papel ha jugado en este crecimiento el Plan de Desarrollo Económico. En líneas generales, toda planificación económica —incluso la llamada «indicativa»— pretende ser la vía por la que ha de encaminarse la economía de un país. Ante todo, la planificación indicativa supone la planificación efectiva de todo el sector público, puesto que su carácter indicativo y orientador se limita al sector privado. Aparte de las críticas que se hacen al Plan español, motivadas en los métodos de su elaboración, también puede ser juzgado a la luz de los objetivos que se propone cumplir. Desde el primer punto de vista, el profesor Tamames, en la segunda edición de su Estructura Económica de España, ha señalado los principales defectos que se le imputan. Asimismo el Informe del Banco Central para 1964, desde un punto de vista de estricta técnica económica, ha subrayado numerosos errores y

defectos que por sí mismos ponen en tela de juicio todo el fabuloso aparato del Plan de Desarrollo español. En primer lugar, la elaboración del Plan ha seguido un método que está muy lejos de los más elementales principios democráticos. El profesor Tamames lo define así: «Cuando el sistema económico sui géneris no es democrático, es difícil que pueda serlo la elaboración del Plan. Sin verdaderos sindicatos obreros es imposible hablar de verdaderos representantes de los trabajadores... En España la mayor parte de los representantes sindicales del Plan pertenecen al estrato jerárquico de la istración Sindical, donde todos los cargos son pura designación política... respecto a los componentes no sindicales de los órganos del Plan, la situación no es más brillante. Los presidentes de las ponencias y comisiones fueron designados todos por decreto, recayendo los nombramientos sobre destacados prohombres de la Banca y de la gran industria, y sobre personalidades políticas en gran parte situadas en la misma línea en que están casi todos los ministros económicos.» Dada esta situación, no es de extrañar la falta de criterios y objetivos sociales. El preámbulo del Plan cita «de pasada» la dignidad y la libertad de la persona humana, como pretextos de propaganda política. La inexistencia de un diagnóstico del momento presente español y sus innumerables errores de orden técnico, hacen del Plan de Desarrollo una máquina defectuosa, cuyos mecanismos no van de acuerdo entre sí y se caracterizan por su inestabilidad. En más de una ocasión se ha comentado cómo, aparte de su carácter reaccionario, el Plan ha sido elaborado por simples e «iluminados» funcionarios de la istración que están en la misma línea de los llamados «ministros económicos». Como hemos dicho, el Informe del Banco Central señala numerosos errores de cálculo y señala la «chocante facilidad» con que los mismos se repiten. Unas veces los errores consisten en determinadas inversiones que no coinciden, otras son más graves, como el inusitado hecho de que la tendencia en la relación producto/capital a partir de 1966 se encuentra por debajo del promedio de todo el período 1963-1967. Después del primer año de realizaciones, podemos empezar a juzgar los efectos del Plan, dentro —claro está— de las limitaciones que son del caso. Hay que decir que, en general, la economía española no ha seguido en absoluto las previsiones del Plan. Unas veces ha sido por defecto, otras por exceso, pero el hecho es que la economía española ha seguido su propio camino, impulsada por un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas, sin coincidir con las previsiones.

Podemos señalar numerosos casos que demuestran que esto ha sido así: en la fabricación de automóviles de turismo, las previsiones han sido superadas en un 32 %; en la producción de pasta de papel, en un 18,9 %; en la de vehículos industriales, en un 14,1 %. El incremento de las exportaciones ha excedido en un 14 % las previsiones del Plan. El incremento de los «precios y coste de vida» ha superado notablemente lo previsto. En cambio, la producción agrícola se ha colocado entre un 30 y un 40 %, por debajo de las previsiones del Plan; la producción de carbón ha disminuido en un 20 % sobre la prevista; la producción de zinc ha tenido un retroceso del 2,3 %, mientras que el Plan preveía un 4,5 % de aumento; la de plomo ha retrocedido el 11,3 %, mientras se esperaba un aumento por la misma cantidad que desciende; en la producción de potasa y de celulosa textil se han realizado cifras que sólo alcanzan un 80 % de lo previsto. Sin embargo, la construcción de viviendas excede en un 48 % las previsiones del Plan; el turismo ha realizado un incremento del 30,4 %, mientras que sólo se preveía un 11 % (nueve primeros meses del año); la producción de cementos ha sido un 12 % superior a la prevista; etc. En general, se puede decir que las cifras reales y las previstas no guardan ninguna relación. Nuestros planificadores tendrán que comenzar inmediatamente «a corregir», de lo contrario las diferencias irán aumentando y en 1967 este deslizamiento las habrá conducido a un tremendo abismo. El método de cálculo empleado ha sido la mera extrapolación, y sería absurdo pretender que con eso se puede atribuir al Plan el desarrollo económico que experimenta el país. Se dice con frecuencia — y en ello hay gran parte de razón— que en España hay desarrollo económico, a pesar del Plan y del cuantioso aparato que representa. Si el Plan ha tenido algún impacto, ha sido meramente sicológico, y aun muchas veces aminorado por las dificultades istrativas que continuamente presenta.

Conclusiones

Con este ligero examen —que sólo recoge algunos aspectos de la economía española— no podemos pretender extraer unas conclusiones de importancia trascendente, económica o política. Pero un hecho es cierto: la economía española está lanzada desde 1961 a un importante proceso de desarrollo económico, desarrollo que —por su propio carácter— está sujeto a un sinnúmero

de desequilibrios. Sin embargo, lo que hasta hace unos años fueron cambios cuantitativos, hoy entra en el dominio de los cambios estructurales. Desde este punto de vista, no es exagerado afirmar que la sociedad española ha entrado en una etapa de profundos cambios y transformaciones que hace unos años no podían imaginarse. Algo está ocurriendo en nuestro contexto social y ese algo es de una vital importancia. Las reivindicaciones obreras alcanzan un nivel que a duras penas podría ser soportado por la sociedad tradicional, sin embargo el capital monopolista ha salido —y está saliendo— indiscutiblemente bien librado del paso, acumula cuantiosos beneficios y está recorriendo los primeros tramos de un importante desarrollo industrial. Las reservas económicas del país, en divisas, alcanzan los 1.443 millones de dólares. El gobierno está firmando acuerdos ventajosos con numerosos países, incluidos los países socialistas de la Europa Oriental... donde, prácticamente, ya ha establecido relaciones económicas con todos ellos. Este auge expansivo que se viene produciendo desde 1961 debe obligar a reflexionar a todos los partidos y grupos políticos que pretenden ofrecer soluciones a la problemática española. Muchas soluciones que ayer eran válidas, hoy —porque las cosas cambian— se han convertido en errores de bulto. Sólo actitudes dogmáticas e inconscientes pueden ignorar esta realidad, y quienes las adoptan se incapacitan para ofrecer nuevos planteamientos y nuevos métodos que la realidad socioeconómica del país está pidiendo. La utilización de consignas «trasnochadas», carentes de base real, no sólo es algo inoperante sino que pone dificultades en el camino de hallar las soluciones óptimas que necesita el pueblo español. Esas consignas, aunque desgraciadamente hacen aparecer a quienes las usan en pretendidas posiciones de vanguardia, en muchos casos no pasan de ser simples pláticas «pequeñoburguesas» que siguen repitiéndose mecánicamente hasta el agotamiento. En defensa de esas posiciones se alega que la economía española está viviendo sólo una etapa de «crecimiento» pero no de desarrollo económico. Esta argumentación es errónea porque sólo puede hablarse de «simple crecimiento» cuando no hay más que una expansión normal dentro de la misma arquitectura económica, y lo que sucede ahora es que se está verificando la sustitución de unas determinadas estructuras tradicionales por otras diferentes que comienzan a ser dominantes. Estos cambios no tienen otro significado que el de un «desarrollo económico». Ejemplos de estos cambios son la acelerada emigración del campo a la ciudad y la aparición de poderosos cinturones obreros en torno a

ciudades que antes carecían de ellos. A esto no se puede llegar con «el decreto reformista» sino que se requiere el impacto del elemento más dinámico de la sociedad: el desarrollo de las fuerzas productivas. La realidad española necesita nuevos planteamientos más eficaces, revolucionarios. A ellos no se llegará por pura demagogia o con recursos dogmáticos de los que ha desaparecido todo método correcto y la razón dialéctica. Sólo puede ofrecernos soluciones más ciertas, verdaderamente revolucionarias y decididamente de vanguardia, el estudio sistemático y objetivo de la realidad económica y social, estudio en el que la discusión debe jugar un papel decisivo.

MANUEL MARTÍNEZ (seudónimo de SANTIAGO ROLDÁN) CRI 1, 1965

Autor: Vasco.

Autor: Cristobal.

La nueva España

Treinta años han pasado desde la guerra civil española, que conmovió toda Europa. Desde entonces, España ha estado al margen de la historia del continente. Sumida aparentemente en la pobreza y el aislamiento, amordazada por una dictadura invariable, el país entero ha sido frecuentemente observado desde afuera como inmóvil y arcaico. De hecho, en los últimos años, ninguna nación de Europa ha sufrido cambios sociales tan dramáticos y dinámicos. El índice de crecimiento del capitalismo español fue uno de los más altos del mundo durante los años sesenta. Hoy, la renta per cápita española —más de 600 dólares por año— es comparable a la de Italia en 1962, pero, desde luego, está todavía distribuida mucho más desigualmente. La clase obrera ha doblado en número: hoy constituye uno de los proletariados más jóvenes y potencialmente más combativos del oeste. En los próximos años la lucha de clases en España podría muy bien irrumpir en el centro de la política europea, una vez más. Por ello es urgente estudiar concretamente la formación social que ha surgido de las largas décadas del régimen de Franco y las perspectivas que esto plantea a los marxistas. Nuestro análisis intentará responder a tres cuestiones fundamentales, con vistas a una teoría revolucionaria y a su práctica actual en España.

1. ¿Cuál ha sido la naturaleza de los cambios socioeconómicos en España desde la guerra civil?

Enormes cambios de estructura social han ocurrido dentro de una continuidad política que, hasta hoy, ha logrado contener y ocultar estos cambios. Para analizar ambos cambios, social y económico, y la continuidad política, es necesario dividir el régimen de Franco en dos períodos: 1939-1957 y 1959-1969. Las diferencias económicas entre estos períodos son mucho más visibles que los cambios políticos, que han tendido a ser acumulativos, haciendo su localización difícil en todo momento. El gran cambio fue en 1957-1959. Formulado de otra manera, mientras que la supervivencia de Franco sigue siendo evidente, los problemas contemporáneos no son por más tiempo los mismos que en 1930.

2. ¿Cuáles son hoy las contradicciones fundamentales de la sociedad española?

La principal contradicción se planteará entre la burguesía, dirigida por el capital monopolista y financiero y las masas trabajadoras conducidas por el proletariado industrial. Esa contradicción es muy parecida a la que suscitó, en 1936, la guerra civil —una lucha de clases—. Sin embargo, los dos polos de la contradicción han sufrido mientras tanto una transformación radical que, en todo caso, ha agudizado su posición. Una contradicción secundaria opone dos fuerzas en el interior del bloque gobernante. El capital monopolista y financiero —la oligarquía—, representado por una «tecnocracia» competente, se halla en conflicto con una «burocracia» compuesta por los sindicatos oficiales, la policía y el ejército. Liberalización y contraliberalización alternan según la fuerza relativa de una u otra. Pero la contradicción principal determina —a corto y a largo plazo— el resultado de esta segunda contradicción.

3. ¿Cuál es en España la relación política de las diferentes fuerzas sociales con el régimen franquista?

Esta relación no es necesariamente estática. En coyunturas concretas diferentes, por ejemplo, grados concretos de organización y combatividad de la clase obrera, fuerzas que parecen hoy ser leales al régimen podrían de hecho pasar a la oposición y viceversa.

I. El modelo económico 1939-1959. La acumulación de capital

La «reconstrucción nacional» tras la guerra civil se basó en la autarquía y la separación de la economía europea. Esta política fue dictada por la ideología «nacionalista» del régimen fascista y por la coyuntura internacional; faltaban

sólo unos meses para la segunda guerra mundial. La represión masiva de la clase obrera posibilitó el proceso de acumulación de capital a base de salarios muy bajos. Se realizó entonces la industrialización cada vez en una escala mayor. Sin embargo, no fue sino hasta 1953 cuando la renta per cápita en España alcanzó el nivel de 1936. Es la complejidad de este desarrollo lo que debe de ser analizado. Tras la victoria de Franco, la agricultura española fue afectada por una depresión que duró hasta los últimos años del 50. En 1946 el rendimiento medio por hectárea fue del 30 % menos que en los años 1931-1935. La producción se incrementó sólo en un 10 % de 1940 a 1953. La protección del régimen de cultivo del trigo en Castilla y del cultivo del algodón en Andalucía por campesinos modestos, permitió a los grandes propietarios aprovecharse de los precios oficiales y de la garantía de compra concedidos por el Estado para realizar grandes beneficios. En los años de posguerra, los salarios de hambre y la pobreza cruel, agravados por el desempleo, causó el éxodo de los trabajadores agrícolas del campo a las ciudades. La migración rural a Madrid, a Cataluña y al norte, llegó a ser una avalancha hacia 1950 y es estimada en más de un millón la procedente de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía. Después de la guerra, la masa de esos campesinos desplazados fue absorbida, no por la industria, sino por el sector terciario. Sin embargo, en el sector industrial el régimen intervino, más que mediante inversiones estatales, con concesiones en materia de impuestos y permisos de importación. A causa de su protección arancelaria y de las cuotas de importación, los precios industriales subieron considerablemente hasta el período de estabilización, en 1959, y su incremento fue siempre proporcionalmente más elevado que el de los precios agrícolas. Pari u, la producción industrial aumentó más rápidamente que la agrícola. Los servicios, sin embargo, fueron los principales beneficiarios de las primeras décadas de la autarquía española. Los cambios en la población activa, durante la década de 1950, señalan una transferencia de la agricultura al sector terciario más bien que a la industria. El modelo económico de las dos primeras décadas del régimen de Franco combinó, así, el abandono de la agricultura, un crecimiento industrial muy limitado y la inflación de un sector istrativo y de servicios. ¿Cuál fue el significado social de este sistema? Tres características esenciales definen la naturaleza totalmente de clase del Estado contrarrevolucionario que surge tras la derrota de la República en 1939.

1. El control implacable de salarios fue asegurado al mismo tiempo, por decretos estatales y por un ejército laboral de reserva formado por el proletariado rural. Los precios, por el contrario, subían constantemente. El resultado fue la pauperización sistemática de la clase obrera en la ciudad y en el campo. El salario diario máximo de un trabajador agrícola en 1940 era de 10,37 pesetas; hacia 1954 había subido a 22,01 pesetas. Cifras comparables para los obreros metalúrgicos eran 13,66 pesetas y 25,30 respectivamente. Entre 1940 y 1955 los salarios agrícolas e industriales aumentaron alrededor del 100 % mientras que el coste de la vida subió aproximadamente un 240 % —lo que supone una pérdida de poder de compra de 50 % en 15 años. Esta superexplotación era la expresión económica de la violencia política de la guerra civil. Probablemente fue única en Europa. Entre 1939 y 1959, los precios industriales aumentaron alrededor de un 676,8 % y la producción de un 200 %, mientras que los precios agrícolas subieron un 504,8 % y la producción un 30 %. Los incrementos de salarios eran similares en ambos sectores (261 %). De esta manera los controles de salarios beneficiaron a la industria más que a la agricultura. Fue aquélla la que produjo la proporción más elevada de excedente y así de acumulación de capital. Fue esa sobreexplotación la que permitió más tarde a la clase capitalista incrementar su índice de inversión del 15 % del PNB en la década de 1950-1960 a más del 25 % del PNB en 1964. Si la industria produjo un índice de acumulación de capital mayor que la agricultura, fue el proletariado rural el que constituyó el ejército laboral de reserva que permitió mantener bajos salarios industriales sin producir una explosión social. A pesar de la creencia ampliamente compartida, incluso en la izquierda, de que la agricultura latifundista seguía siendo un enclave «feudal», [24] la verdad es que fue el capitalismo el que explotó malignamente al proletariado urbano y rural con la colaboración activa del Estado. Esa colaboración consistió no solamente en una represión directa (poniendo las huelgas fuera de la ley y manteniendo los controles de salarios), sino también en mecanismos inflacionistas que permitían un alto nivel de gasto público, financiado, no por los impuestos, sino por un incremento de la Deuda pública mediante títulos descontables por el Banco de España. Este último aumentó la liquidez de los bancos privados, que ampliaron entonces la posibilidad de préstamos y de mayores beneficios para la clase capitalista. 2. El crecimiento del sector terciario creó una burocracia prolífica y parásita que, económicamente, fue altamente privilegiada. El número de los incluidos en la categoría «servicios oficiales y personales» se incrementó verticalmente:

1930 1940 1950

549.200 813.000 1.522.000

Una idea del carácter de clase de esta burocracia la da el hecho de que, en 1950, el 26 % de la población activa, contratada en el sector terciario, percibía el 40 % de la Renta nacional. Mientras que el paso de población al sector terciario es común a todos los países capitalistas subdesarrollados (sur de Europa y Latinoamérica), en España, el fenómeno adquirió proporciones que sobrepasan incluso las de Portugal o Turquía.[25] El régimen franquista necesitaba burócratas para «controlar» la economía, en otras palabras, para el control de salarios. Al mismo tiempo la burguesía, que mantenía al mínimo los salarios industriales y agrícolas, necesitaba un mercado de consumidores para su producción creciente. La nueva clase de burócratas, leales al régimen, cumplían una doble función: la de suprimir la clase obrera y la de proporcionar los consumidores necesarios para el desarrollo de la economía. La importancia política de este grupo dentro del sistema estatal llegó a ser naturalmente muy grande.

CUADRO 1. Distribución de la población activa y del producto nacional bruto.

Sectores Primario Secundario Terciario

1940 PA 52 24 24

1950 PNB 31 30 39

1965 PA 49 25 26

PNB 27 33 40

PA 32 35 33

PNB 18 42 40

Dirección general de Empleo. J. Alcaide: La Renta nacional en España.

3. Durante el período de protección de la competencia extranjera, así como de elevados beneficios para grandes y pequeñas empresas capitalistas, comenzó a progresar el proceso de concentración de capital. Inicialmente ello afectó sobre todo al sector bancario. El capital financiero había sido fuertemente concentrado desde principios de siglo, al repatriarse las ganancias coloniales tras la pérdida de las colonias españolas. Este proceso se desarrolló entonces rápidamente: 70 Bancos desaparecieron entre 1939 y 1964, y los «cinco grandes» fueron capaces de aumentar el número de sus sucursales alrededor del 50 %. Esto amplió sus posibilidades de atraer pequeños ahorros, así como capital industrial, reforzando su posición ya dominante. En efecto, tradicionalmente los Bancos españoles han creado grandes empresas industriales controladas por ellos, mediante el crédito y direcciones intercambiables (inter-locking directorships).[26] La monopolización se realizaba en la medida en que grandes compañías podían hacer enormes beneficios y no como resultado de una competencia seria entre empresas para una mayor distribución. La intervención estatal reforzó esta tendencia; los ministerios económicos y los sindicatos oficiales eran responsables de la distribución de las materias escasas y del crédito exterior. En algunos casos el factor decisivo fue el soborno, cuya importancia era proporcionada a la dimensión de la empresa. Los permisos de inversión del Ministerio de Industria impedían la entrada en el mercado de nuevas compañías; esto consolidaba el poder monopolista de las compañías ya existentes e, incluso, les proporcionaba mayores oportunidades para elevar los precios sin una competencia leal. De esta manera, coexistían grandes empresas de alta productividad con la proliferación de empresas pequeñas cuya viabilidad económica estaba asegurada por el régimen. Hasta 1963, el excedente creado no fue reinvertido en la producción sino que fue utilizado en la especulación (de la tierra en particular) o transferido a Bancos extranjeros. La firma del pacto militar con Estados Unidos, en 1953, fue la que cambió fundamentalmente la situación. El régimen español fue entonces aceptado y garantizado por el imperialismo americano y la comunidad del capitalismo internacional. Los hombres de negocios españoles sintieron la seguridad que les había faltado anteriormente: el futuro del statu quo estaba asegurado. La inversión productiva empezaba entonces a desarrollarse.

Los primeros veinte años del régimen de Franco constituyeron así un periodo de acumulación de capital que consolidó el poder de la gran burguesía, especialmente de los Bancos, a expensas del proletariado industrial y rural, sometido a una pobreza progresiva y a una violenta represión policiaca. Cada sector de la burguesía tenía una amplia justificación para retribuirse con los beneficios que estaba haciendo.

Autor: Cristóbal.

II. El modelo político 1939-1959. El dominio de la burocracia

Hemos expuesto el «modelo económico» de la primera fase autárquica del régimen franquista. Ahora es posible reconstruir el «modelo político» correspondiente al mismo, es decir las clases y grupos representados por el gobierno de Franco de 1939 en adelante. Cualquier análisis del Estado franquista debe comenzar por la evaluación de fuerzas antes y durante la guerra civil. La guerra civil fue desde luego una guerra revolucionaria de clases: el proletariado urbano y rural y los sectores «republicanos» de la clase media, lucharon y perdieron frente a la burguesía industrial y financiera, la clase latifundista y de campesinos ricos, organizadas e integradas por el ejército, la Falange y la Iglesia. La experiencia toda de los períodos prerrepublicano y republicano muestra la incapacidad de los viejos grupos gobernantes para crear un sistema económico y político viable. Sus divisiones internas y su bajo nivel de integración hacían que el poder burgués fuese muy precario, siendo solamente la amenaza directa de la revolución proletaria lo que les empujó a unirse. El hecho de que la clase media estuviera dividida durante la guerra, con la mayoría en el campo republicano, es una evidencia más de la inviabilidad del sistema político tradicional. La clase media de la República impugnaba el dominio de las oligarquías tradicionales con sueños imposibles de una sociedad «democraticoburguesa» y liberal. El resultado de la guerra fue, no solamente la derrota de la clase obrera, sino también la pérdida de prestigio de los viejos grupos gobernantes, que tuvieron la responsabilidad de la hecatombe. El nuevo Estado tuvo así la doble tarea de excluir a los viejos y desacreditados gobernantes y, al mismo tiempo, representar lo mejor posible sus intereses. Ésta es la clave para comprender la función del régimen franquista. Su carácter social es evidente por sí mismo: se trata de una dictadura de clase, la dictadura de la burguesía. Pero la función especifica de este Estado fue la de remodelar las bases económicas tradicionales de la sociedad, con vistas a eliminar aquellos obstáculos que, históricamente, habían hecho inestable el régimen de la oligarquía. Así, como ha sido demostrado, el Estado

español, ayudado por sus sindicatos corporativos, pudo reducir los salarios durante quince años para crear una acumulación de capital sin precedentes. Al mismo tiempo, el Estado asumía una parte sustancial del peso del desarrollo industrial y, mediante la promoción de la concentración de capital y del monopolio facilitó la formación de una oligarquía renovada. Aquí es necesario distinguir entre el bloque de poder que dominaba la sociedad española, y el Estado en sí. Hasta 1959, es evidente que la burocracia constituyó la fuerza principal dentro del Estado, y la oligarquía la fuerza principal dentro del bloque de poder que representaba. Se verá como es solamente a través de un período de régimen «burocrático» cómo podría alcanzarse una nueva fase, cuando una oligarquía renovada pudo, una vez más, asumir una especie de dirección del aparato estatal. Examinemos primero este aparato estatal.

El ejército

El vencedor de la guerra civil, el ejército fue representado dentro del régimen en el primer puesto, a través del mismo Franco. Esta preeminencia se reflejó en el reparto sustancial de la istración civil controlada por los militares españoles. Desde 1939, una cuarta parte al menos de todos los ministerios, han sido ocupados por el ejército, que nunca recibió menos del 25 % del presupuesto y, considerablemente más, si se tienen en cuenta las fuerzas de policía. A pesar de que constituyen organizaciones formalmente separadas, la policía y el ejército son en la práctica casi lo mismo: el Ministerio de Gobernación ha estado casi siempre bajo control militar, y los oficiales de la Guardia Civil, la Policía armada y el ejército son ampliamente intercambiables. A nivel regional, la istración civil tiene su doble istración militar que, a pesar de que en principio sólo manda en las guarniciones provinciales, juega de hecho un amplio papel político. El cuerpo de oficiales ha sido reclutado principalmente entre la pequeña burguesía urbana y la clase media, con ciertas diferencias regionales acusadas: hay muy pocos catalanes y vascos. Los privilegios de los oficiales del ejército de alto rango han sido considerables: el retiro, por ejemplo, llegó a dignificar empleos altamente remunerados en cualquiera de las numerosas organizaciones de la «istración civil».

La Iglesia

El papel particularmente oscurantista de la Iglesia en la historia reciente de España es bien conocido. La guerra civil fue bendecida como una «cruzada» contra el comunismo, el liberalismo, los masones y los judíos. Es importante señalar, sin embargo, que no fue sino hasta 1945 cuando la Iglesia logró asegurarse una posición mejor en el régimen franquista. En efecto, después de la guerra, Franco la introdujo como un poder de contrapeso frente al falangismo «utópico», que había sido un tanto desacreditado por las derrotas internacionales de Alemania e Italia. Posteriormente, el concordato con el Vaticano permitió a Franco nombrar todos los arzobispos españoles: éstos desde luego, participaron directamente en actividades políticas. (En caso de muerte o incapacidad de Franco, la Iglesia tiene actualmente un voto en el Consejo de regencia, compuesto por tres , que gobernará el país.)

La burocracia

La burocracia civil fue la creación específica del Estado franquista. Dominada por la Falange, con una gran base en los sindicatos oficiales, aquélla llegó a constituir un grupo social homogéneo, cuyo número de aumentó por la intervención económica del Estado, para crear un enorme aparato parásito. Su existencia fue justificada por su función económica y política, anteriormente expuesta: controlar el proletariado y proporcionar consumidores. La fuerza de esta burocracia puede ser solamente entendida dentro del contexto de un Estado «cerrado» que ha proclamado constantemente que la sociedad no es sino el Estado y que no cabe ninguna actividad económica, política o ideológica fuera de él.

Franco

Una gran parte de los escritos sobre Franco, especialmente en Gran Bretaña, le ve como un manipulador consumado de las diferentes fuerzas políticas, asegurando el equilibrio de poder de las mismas. Creemos que sería más correcto considerarle como el producto, más que como el productor de este complejo equilibrio. Un político que despliega las habilidades políticas exigidas por la situación. Es cierto, sin embargo, que el inicial período crítico de estabilización del régimen —asegurado definitivamente en 1953 con el pacto militar con Estados Unidos y el concordato— presta fiabilidad a la imagen de Franco como un dictador astuto. Las constantes combinaciones y los agudos cambios de dirección, ampliamente condicionados por la coyuntura internacional, determinó el que cada grupo e institución, inseguro de su futuro, buscara una participación en el poder. La pérdida de influencia de la Falange en beneficio de la Iglesia en 1945; o —anticipándonos un poco— la posterior de la burocracia en 1947, en beneficio de los tecnócratas del Opus Dei; o la última gran combinación de 1967-1968, que reparó algunas de las pérdidas anteriores de la burocracia, restableciendo el Movimiento nacional en su posición —como único partido político— son solamente unos ejemplos de las maniobras internas de Franco. A pesar de que su liderazgo no ha sido nunca impugnado, Franco ha sido siempre el «árbitro» al que las diferentes facciones en el poder pueden acudir en última instancia. Esto en lo que concierne a los componentes inmediatos del aparato estatal. Sin embargo, el capital monopolista y financiero ha constituido la clase gobernante en España a lo largo del régimen de Franco. Se trata, en el sentido estricto, de una oligarquía[27] a causa de la estructura polarizada de clases en España y del control de las fuentes elementales de la economía por doscientas familias. Esta oligarquía, sin embargo, sufrió importantes transformaciones después de 1966. Antes de la guerra civil, la oligarquía representaba principalmente intereses financieros y agrarios, latifundistas del sur, más o menos integrados en el mundo de la Banca de Madrid. Ni la burguesía industrial catalana, ni la burguesía financiera vasca, formaban parte de esta oligarquía, aunque entre ésta y aquélla se desarrollaban estrechos vínculos cuando se vieron amenazadas por la militancia de la clase obrera. Debido a la particular configuración de clases y regiones en España —una de cuyas consecuencias más importantes fue la existencia de un aparato de Estado débil—, antes de la guerra, no existía en España una clase gobernante unida. A pesar de sus intereses en conflicto, el miedo empujó a estos sectores de la burguesía, antes y durante la guerra, a un

entendimiento de sus intereses colectivos. Esto tuvo tres resultados: a) El papel del capital financiero en la industria llegó a ser absolutamente predominante; b) La burguesía industrial vasca y catalana se integraron en consecuencia en esta oligarquía; c) El latifundismo perdió su importancia como fuerza política y económica. De esta manera subsistió la vieja oligarquía del período posterior a 1939, pero su composición fue transformada. Gradualmente se convirtió en una fuerza económica mucho más poderosa y coherente y, por ello, cada vez más capaz de afirmar su presencia política dentro del Estado español. La historia del régimen de Franco desde 1959 es, en gran parte, la del resurgimiento de esta clase ahora transformada. El Estado burocrático y autárquico de 1939 —«el modelo político» que había abierto el camino para su renovación económica— se convertía entonces en un obstáculo para su desarrollo posterior. Para afirmar su nueva vocación de dominio directo, la oligarquía empezó a reocupar el Estado, el único lugar de actividad política legítima en España.

Autor: Lima.

III. El modelo económico 1959-1969. La liberalización y la expansión

El gran cambio en la naturaleza del régimen de Franco ocurrió durante los años 1957 a 1959. Éste fue precedido por el renacimiento de la combatividad de la clase obrera española en 1956. Durante este año se produjeron las primeras grandes huelgas y manifestaciones después de veinte años. El ministro de Trabajo falangista, Girón, permitió dos veces aumentos de salarios, mayores que todos los de los 17 años precedentes. Un año más tarde, fue despedido y el nuevo ministerio fue dominado por los tecnócratas del Opus Dei que representaban, al mismo tiempo, al capital avanzado y a la Iglesia modernizada. En adelante, un «modelo económico» completamente nuevo había sido establecido en España. La autarquía y el dirigismo estatal eran abandonados por una liberalización y una expansión económica agresiva, bajo la hegemonía de una oligarquía revitalizada. El gobierno abandonó entonces su intervención directa en la fijación de los salarios y permitió la negociación colectiva entre las empresas y los sindicatos oficiales. Los acuerdos de salarios podían ser logrados por empresas privadas o podían ser negociados para una rama industrial o para una provincia. El Estado se reservaba el derecho a intervenir donde no se lograba un acuerdo.[28] Mientras que seguía siendo ilegal despedir trabajadores, esto era posible en la práctica, invocando «infracciones disciplinarias» para echar a trabajadores individualmente o, mediante autorizaciones de expedientes de crisis, cuando una firma podía alegar dificultades financieras. La «liberalización» del mercado de trabajo fue acelerada en 1959. Tras consultas con las organizaciones internacionales en las que España había sido itida, el gobierno aprobó el Plan de Estabilización. Éste incluía la devaluación, el establecimiento de un precio único de cambio de la peseta, la supresión de restricciones de inversiones extranjeras en compañías españolas de 25 a 50 % (más mediante autorización). El intervencionismo estatal fue reducido drásticamente: los controles cuantitativos de importación fueron reemplazados en 1960 por una política de

aranceles algo menos proteccionista. Estas medidas se enfocaron para aumentar la flexibilidad económica, conteniendo el proceso inflacionista y atrayendo el capital extranjero. Los efectos fueron sufridos rápidamente por la clase obrera al imponerse la congelación de salarios (1959-1961), lo que tuvo como resultado una gran ola de emigración a los países europeos y una emigración interna masiva. La Renta nacional decayó temporalmente, pero se formó un boom de inversión intensiva que, hacia 1962, había alcanzado el 24,4 % del PNB. La nueva estabilidad política, presagiada por el dominio del Opus Dei en el gobierno, fue la condición institucional de aquél. La condición monetaria del nuevo boom fue, desde luego, las grandes entradas de divisas procedentes del turismo que se multiplicaron por entonces y la repatriación de los ahorros de los trabajadores emigrantes españoles en los países del Mercado común.[29] Ambos fenómenos simbolizaban la orientación fundamental del nuevo modelo económico: la integración en la economía capitalista internacional y el abandono de la autarquía. La influencia de divisas extranjeras y el capital pagado por las importaciones requirieron el desarrollo de la industrialización. En contraste con el período precedente, en el que el desarrollo industrial constituyó un proceso extensivo (mano de obra barata, baja productividad, grandes beneficios, en su mayoría no invertidos en la industria), el que se inicia en 1962 estuvo marcado por reinversiones productivas, salarios más elevados y un aumento de la productividad. El coste de la vida se elevó en un 65,5 % entre 1958 y 1966. Los salarios, sin embargo, subieron por encima de este aumento y, durante cinco años, la clase obrera conoció un período de relativa prosperidad, especialmente en comparación con las décadas precedentes de pobreza absoluta. Los precios industriales que, en el período de acumulación de capital, aumentaron más deprisa que los precios agrícolas o que el coste de la vida, se estabilizaron entonces relativamente, sobre todo, a causa del aumento de la competencia extranjera, tras la abolición de los controles cuantitativos sobre la importación. La estabilidad de los precios y los aumentos de salarios aceleraron el proceso de monopolización y concentración; las empresas marginales, que antes se mantenían por una política de autarquía y bajos salarios, se vieron entonces obligadas a desaparecer. Mientras tanto, la subida de los precios agrícolas estimuló las inversiones en la mecanización, a pesar de que la producción era todavía inadecuada. La mecanización eliminó puestos de trabajo, originando nuevas olas de emigración: en un solo año —1964— emigraron más de 550.000 personas (293.000 al exterior; 257.000 en el interior del país). La

huida del campo del proletariado rural fue agravada por el éxodo dramático de los pequeños propietarios agrícolas, cuyas condiciones de vida eran poco mejores que las de los sin tierra. En 1960, existían 2.397.000 agricultores independientes. Cinco años más tarde la cifra se había reducido a 1.687.500. Aunque la productividad agrícola comenzó a elevarse en los años 1960, el resultado de este aumento (21,3 % entre 1958 y 1966) permaneció muy por debajo del sector industrial (114 % en el mismo período). Con el aumento de las inversiones industriales, la Renta nacional se elevó en un 8,28 % por año entre 1960 y 1966. La renta per cápita aumentó en un 7,38 % anual, alcanzando 665 dólares en 1966. La consecuencia fue la transformación de la fuerza de trabajo, que adoptó tres formas principales: 1) la migración agrícola masiva a los centros urbanos; 2) la industrialización muy rápida; 3) el crecimiento de un sector de servicios, ligado ya no a una excesiva burocracia, sino al turismo y a la vida urbana. En 1963, el gobierno elevó el salario a 60 pesetas diarias, pero este aumento de 25 % afectó sólo a los obreros agrícolas. Debido a los convenios colectivos, los salarios industriales estaban ya por encima de este nivel. La legislación sobre huelgas fue suavizada moderamente. Según las industrias, los salarios subieron aproximadamente de un 15 a un 25 % al año. En 1966, sin embargo, el incremento anual descendió a 14,8 %, ya que la recesión detuvo el boom económico de los cinco años precedentes. Una nueva congelación de salarios se impuso en 1967 y, cuando ésta fue suprimida en 1968, se decretó un 5,7 % de incremento anual. Acompañando esta medida, se puso de nuevo en vigor una ley anterior de bandidaje y terrorismo, con la finalidad de controlar las protestas de la clase obrera tras el fin de su corto período de prosperidad.

Cuadro 2. La estructura económica española entre 1958 y 1966

1958 1959 1960

Renta nacional (millones de pesetas de 1953) 501.975 476.500 494.396

Turistas (por millones) 3,594 4,194 6,113

1961 1962 1963 1964 1965 1966

554.069 599.173 650.423 639.278 738.477 796.966

7,455 8,668 10,931 14,103 14,251 17,252

(Fuente: Banco de Bilbao: Informe económico 1966, y Banco de España: Boletín estadístico, noviembre de 1967.)

La nueva congelación de salarios se combinó con aumentos de los precios industriales para estimular la acumulación y con restricciones de las importaciones para reponer el volumen de divisas extranjeras, que había empezado a disminuir en 1967, al crecer la emigración y menguar ligeramente los gastos del turismo. Las inversiones productivas decayeron al 20,4 % del PNB, en 1967, al encaminarse los fondos de nuevo hacia inversiones no productivas y bancos extranjeros: la huida de capitales fue estimada por la OCSE en 1967 en 230 millones de dólares. El gobierno se vio obligado a incrementar el gasto público, para estimular la actividad económica, pero, a pesar de ello, disminuyó la Renta nacional. La crisis, sin embargo, será solamente temporal, al devaluar la peseta de nuevo, junto con la libra esterlina en 1967, con el resultado de incrementar las exportaciones. De esta manera, a pesar de que el capitalismo español está viciado por un gran número de defectos estructurales, permanece equilibrado por un potente crecimiento cíclico —quizá un crecimiento muy rápido—. La longitud de los ciclos dependerá de la lucha de clases y del equilibrio de fuerzas entre los grupos burgueses que están por la intervención estatal en la economía y los que están contra. Por el momento estos dos coinciden; a largo plazo, sin embargo, el capital monopolista exige una economía «liberal» y la integración en el imperialismo europeo.

IV. El modelo político 1959-1969. El dominio de la tecnocracia

Una previa condición superestructura1 vital existió para el desarrollo repentino de las fuerzas productivas después de 1959. Un «nuevo modelo político» fue esencial para hacer posible la expansión económica. La vanguardia de este nuevo sistema político fue el Opus Dei, una organización seglar católica. Esta vasta red, semisecreta, que controla los negocios y ciertos ambientes en toda España, se había infiltrado en la istración civil desde 1939. Pero fue sólo en 1957-1959 cuando sus jefes representativos adquirieron preeminencia en el

gobierno de Franco. Desde entonces, siempre controló los ministerios económicos y financieros. El Opus Dei representa hoy, dentro del Estado español, el capital monopolista y la Iglesia moderna simultáneamente, fenómeno único entre los países capitalistas contemporáneos. Sus tecnócratas determinan las políticas económicas, políticas que han producido el boom español de los últimos años: con ellos la oligarquía renovada ha vuelto a asumir un poder político directo dentro del régimen. Al mismo tiempo la jerarquía tradicional oscurantista ha sido desplazada ampliamente de su anterior supremacía en la Iglesia. Paralelamente a este cambio fundamental, el ejército ha sufrido importantes transformaciones. La larga delegación de sus «intereses sectoriales» en la persona misma del dictador, produjo ciertamente una despolitización relativa del ejército durante los años cincuenta, en los que se firmó el pacto militar con Estados Unidos. Así, cuando después de 1959 surgieron importantes diferencias y divisiones en el interior del régimen, similares divisiones empezaron a producirse en el interior del ejército. Con la ascensión del Opus Dei al poder, surgió en el ejército una nueva ideología de «profesionalidad», especialmente entre los oficiales jóvenes que parcialmente estaban en oposición con la estructura burocrática de un ejército dominado todavía por los generales de la guerra civil. Políticamente, estos jóvenes oficiales tendían a simpatizar con los «expertos» del Opus Dei y con otros grupos burgueses que intentaban modificar el sistema político. Por el contrario, un gran número de generales viejos permanecían firmemente luchando junto con la burocracia y la Falange para mantener el Estado cerrado y autárquico. El ejército español está ahora sometido a las mismas presiones centrífugas que el régimen: ya no será por más tiempo una institución monolítica.[30] Desde luego, esto no quiere decir enfáticamente que el papel de clase del ejército haya cambiado, ya que sus divisiones sectoriales son mucho menos importantes que su unidad contra la oposición de la clase obrera: la teoría y la historia del régimen proclaman todavía oficialmente que el ejército es la «garantía final» del orden burgués. Sin embargo, es verdad probablemente que el ejército ha dejado de ser el agente de las transformaciones políticas nacionales (su papel tradicional durante el siglo XIX y principios del XX), a causa de los profundos cambios socioeconómicos de España. Mientras que en el pasado el ejército podía intervenir siempre políticamente, lo mismo que la Iglesia podía controlar sus fieles, la dinámica de la política burguesa en la España contemporánea es ahora más independiente de los intereses de grupo de ambos.

La ascensión del Opus Dei ha significado el declive de la Falange y, con ella, el de la anticuada burocracia de 1939. El nuevo modelo político no arrojó completamente a la Falange ni a la burocracia de posiciones importantes; todavía controlan el Ministerio de Trabajo y los sindicatos oficiales, por ejemplo. Pero sus poderes dentro del Estado español se han reducido drásticamente. Una de las consecuencias ha sido la progresiva «pérdida de ideología» de la burocracia, que, de manera creciente, ha abandonado las preocupaciones falangistas, por una defensa colectiva de posiciones y privilegios adquiridos: éstos son hoy los factores de su homogeneidad. En 1967, recuperó algo de su poder cuando el Movimiento nacional fue declarado el único partido político en España: este cambio reflejaba la necesidad del régimen de «instituciones de transmisión» para reprimir y controlar la clase obrera. Esta nueva configuración política trasladaba el dominio de la renovada oligarquía «nacional», que hacía ahora extemporáneas las antiguas divisiones de los diferentes sectores de la burguesía: la industria catalana, las finanzas y la industria vascas, las finanzas de Madrid y el latifundio del sur. Ahora existe una unión perfecta de estos grupos, conducidos por los monopolios industriales y por el poder financiero de los bancos. Políticamente, esta oligarquía tenía entonces que participar directamente en el gobierno para obtener el desarrollo económico exigido por sus objetivos. Este sector hegemónico de la clase gobernante pudo consecuentemente ampliar la naturaleza social del Estado. Mediante la inauguración de un período de rápido desarrollo económico, el capital monopolista fue capaz de subordinar amplios sectores de la burguesía media, a medida que ésta se hacía tributaria progresivamente de los grandes negocios. Aunque las políticas de racionalización arruinan periódicamente un gran número de empresas marginales, la subordinación de la burguesía media es un fenómeno mucho más importante, desde que ésta es políticamente más fuerte que los grupos marginales. Una consecuencia más del crecimiento económico fue la creación de un grupo asalariado de cuello blanco cuyo número ha aumentado rápidamente. La evolución del sector agrícola ha tomado una dirección diferente. Aquí, el nuevo modelo económico incrementó la clase campesina rica al mismo tiempo que empujaba a un gran número de pequeños campesinos, principalmente castellanos, del campo al proletariado urbano. Para el régimen, la primera evolución fue más importante que la segunda, porque el nuevo grupo social ganado estaba comprometido con él de una manera más definitiva que el grupo social que había perdido. Debe ser señalado, sin embargo, que esto significó una

evolución negativa para la burocracia ya que el pequeño campesinado castellano había constituido tradicionalmente una de las reservas del falangismo. Así, mientras que durante la guerra civil Franco atrajo sólo la región de Navarra y el campesinado de Castilla, para dar un carácter de masas a su bloque, después de 1959, todos los sectores de la clase media española, bajo la dirección del capital monopolista y financiero, se volvieron hacia el actual Estado. El resultado fue la aparición de un bloque de poder ampliado, producto del «mercado negro» de los años 50 y la prosperidad de los años 60. Este bloque, aunque todavía en fase de formación, estructura ahora la lucha de clases en España en un nuevo modelo. Los acontecimientos de estos últimos años lo demuestran.

V. Los avatares de la «liberalización»

En 1962, durante el boom económico, el régimen lanzó un programa de «liberalización» política que incluía una nueva ley de prensa y la sustitución de los tribunales militares por tribunales civiles para los asuntos relacionados con el orden público. De nuestro análisis previo se deduce que eran necesarias algunas modificaciones institucionales, si el bloque de poder renovado, bajo la dirección predominante del capital monopolista, había de alcanzar sus objetivos. Hacia 1962, se hizo urgente la adaptación de formas legales y jurídicas a los cambios políticos que estaban produciéndose. Esta urgencia era reforzada por el hecho de que algunos grupos burgueses estaban pasándose ya a la oposición. Durante 1962 tuvo lugar en Munich un congreso que agrupaba monárquicos, cristianodemócratas, socialdemócratas y representantes de la burguesía nacional vasca y catalana. A pesar de que el resultado político del congreso fue problemático, era la primera vez que grupos dentro de España (cristianodemócratas y monárquicos) entablaban conversaciones públicamente con partidos políticos exilados desde la guerra civil.[31] Entre éstos se hallaba el partido socialista (PSOE). La alternativa burguesa del régimen de Franco era ahora posible. Además, un dictador que envejecía confirmaba la posibilidad de una España posfranquista. La cuestión de la «institucionalización» de la sucesión era una de las que interesaba tanto a la

burguesía de la oposición como a la del régimen, y la «liberalización» estaba llamada en parte a resolverla. Al mismo tiempo el resurgimiento de la combatividad de la clase obrera en mayor escala, forzó al gobierno a adoptar una política de negociación social más que de sola coerción armada. La expansión económica europea, el crecimiento del Mercado Común y la confianza renovada en el imperialismo americano, fueron también factores internacionales que contribuyeron a una «liberalización» interna. Así la opción adoptada por el régimen fue la de desbordar la oposición de Munich, dando a la tecnocracia del Opus Dei poderes para manejar un largo boom, destinado a instalar el régimen de hegemonía del capital monopolista sobre todos los sectores de la burguesía. Las medidas concretas de «liberalización» política fueron muy limitadas. Su importancia fue más bien la de que el Estado abandonara el régimen exclusivamente coercitivo-represivo con vistas a crear un consenso entre clases, que le proporcionara una extensa base social. Tanto es así, que el régimen desplegó una extrema precaución por temor a que la oposición pudiera atribuirse conquistas mayores que rebasaran estos límites (un ejemplo lo constituye la creación de las Comisiones Obreras). De hecho la liberalización política consistía menos en lo que el régimen permitía legalmente, que en lo que realmente decían, proyectaban y hacían personas y grupos. Un ejemplo sin precedente fue la huelga mantenida durante 5 meses por los trabajadores de Laminados de Bandas, en el norte, a pesar de la represión. En 1963, la burocracia del sindicato oficial se dispuso a determinar las posibilidades de «integrar» al nuevo proletariado en unos sindicatos más o menos democráticos que, a pesar de todo, permanecerían bajo su control. Durante este período, algunos empresarios ilustrados, defendieron abiertamente la creación de sindicatos fuertes y libres (repárese en el plural), con los cuales poder «dialogar». Lamata, secretario general de la organización sindical española, empezó el siguiente discurso con una fórmula típica de la demagogia falangista: «El método analítico que sirvió al marxismo para demostrar que los gremios medievales tenían que ser reemplazados por los sindicatos de clase, muestra hoy la inadecuación del sindicalismo de clases [...] Los sindicalistas no deben hoy día oponerse o desolidarizarse de un orden socioeconómico que no es por más tiempo el capitalismo en el sentido estricto.»[32] La liberalización desencadenó así discusiones partidarias entre capitalistas y burócratas. El proyecto de la burocracia de crear un nuevo sindicalismo bajo su control fue amenazado desde el principio por una respuesta espontánea de la clase obrera: la creación de las Comisiones Obreras, que serán tratadas posteriormente.

De momento baste decir que asestaron un golpe, no sólo a los proyectos de la burocracia, sino también a los esquemas capitalistas de estimular la creación de distintos sindicatos para dividir la clase obrera. El carácter unitario de las Comisiones Obreras fue y sigue siendo de rechazo radical de ambas estrategias burguesas. Los resultados de esta fase de liberalización fueron pues contradictorios. Para el orden burgués supuso tres beneficios concretos: 1) la burocracia había sido reemplazada irreversiblemente por una tecnocracia (el Opus Dei, el grupo gestor del capital monopolista y financiero) que llegaba a detentar la influencia predominante en el régimen; 2) el desarrollo económico y la creación de una cierta opinión pública burguesa, expresada en los diarios y publicaciones del Opus Dei y de la Democracia Cristiana, consolidó, una vez por todas, el papel hegemónico del capital monopolista sobre la burguesía media. Esto significa que todos los sectores de esta clase son hoy día leales al régimen actual; 3) Munich fue olvidado. Monárquicos, democratacristianos, e incluso, algunos socialdemócratas actúan dentro de las estructuras del Estado existente. Esos efectos positivos para la burguesía tienen que imponerse contra un quebranto mayor. La liberalización, que preveía integrar a la clase obrera, creó las condiciones para que el proletariado luchara contra la integración mediante la formación de sus propias organizaciones unitarias de clase, las Comisiones Obreras. Estas comisiones son unitarias en oposición a la división en sindicatos católico, socialdemócrata y comunista, planeados por los capitalistas, y constituyen órganos de clase para la lucha, en su rechazo de la estrategia integracionista de los sindicatos oficiales. El crecimiento y la potencia de las comisiones determinaron de hecho los límites de la liberalización. El predominio de la tecnocracia sobre la burocracia estaba garantizado sin más, mientras el nuevo bloque de poder tenía esperanzas de integrar a la clase obrera. Cuando este proyecto falló, tuvo que firmarse un nuevo pacto entre el capital monopolista y la burocracia, para controlar y reprimir la clase obrera. Desde luego, el estado de excepción es tanto la obra del Opus Dei, de la oligarquía y de la Iglesia, como de la burocracia y de los militares. Fue el resultado lógico de un proceso de presión que empezó en 1966, cuando las reclamaciones de salarios (con la combatividad de obreros y estudiantes) coincidieron con la proximidad de la recesión económica. En conclusión, bajo la dirección del capital monopolista y financiero, la burguesía española no necesita un sistema de alternativa a la dictadura de

Franco. El régimen actual con su combinación de complacencia —para la burguesía— y de coerción —para la clase obrera— contiene todo el potencial de evolución «democrática» que la burguesía podría necesitar. Sus intereses serán aceptados desde arriba por el Estado actual. En este contexto, la desaparición física de Franco de la escena pierde la relevancia que tan frecuentemente se le ha atribuido.

VI. Las Comisiones Obreras. Organización y lucha de masas

Hasta 1950 la oposición de la clase obrera en España constituyó un epílogo de la guerra civil misma: los anarquistas, los socialistas y los comunistas comprometidos en una lucha de guerrillas aisladas; los comunistas hasta 1948 y los anarquistas hasta algo después. Entre 1950 y 1956, la única forma de protesta popular fue las manifestaciones callejeras, motivadas por el hambre. De 1956 a 1962, la nueva clase obrera comenzó a hacer su aparición y a luchar en las fábricas por la subida de salarios y la mejora de condiciones de trabajo. Tras las huelgas de 1956, 1957 y 1958, el Estado abandonó el control directo de salarios y condiciones de trabajo y estableció los convenios colectivos. Esto condujo a las huelgas masivas de 1962-1966. Es esencial recordar que, por este tiempo, la naturaleza de la clase obrera española había cambiado fundamentalmente. Entre 1939 y 1965, surgieron unos dos millones de «nuevos» trabajadores industriales, aumentando en más del doble el número del proletariado español. De éstos, más de dos tercios estaban empleados en los tres centros urbanos mayores: Barcelona, Madrid y Bilbao. Al mismo tiempo, más de un tercio de la clase obrera estaba empleada en grandes empresas de más de 500 trabajadores. Este crecimiento formidable de la clase obrera originó pronto nuevas formas de toma de conciencia y de combatividad. Fue en este período en el que se organizaron las primeras comisiones obreras: sus objetivos principales eran «económicos», pero rápidamente tendieron a politizarse por la represión de la policía, de los sindicatos y de los empresarios. El movimiento comenzó en Asturias en 1962. La negociación de acuerdos colectivos puso en evidencia rápidamente dos hechos: que los sindicatos oficiales estaban aliados con las empresas y, que las empresas, acostumbradas a la utilización de la represión policiaca, se hallaban en una posición débil de

negociación. En esta situación, los obreros comenzaron a organizar comités de empresas y de pozos, que eran elegidos democráticamente por asambleas de trabajadores, ilegales aunque no clandestinas. Aquéllos reemplazaron a los sindicatos oficiales en las negociaciones. Las huelgas se extendieron rápidamente a toda la región minera asturiana y, el régimen, con el síndrome característico de represión que sigue a las concesiones, declaró el estado de excepción en la región. Mientras que el régimen deportaba y encarcelaba a los militantes obreros, en la práctica se esperaba que los representantes de las Comisiones Obreras negociaran con los empresarios en sustitución de los sindicatos oficiales. Las luchas salariales se convirtieron así rápidamente en confrontaciones políticas de tipo superior. La solidaridad de la clase obrera en el resto de España se demostró con huelgas en todo el país; en Bilbao y en Barcelona se formaron también comités de empresa. Sin embargo, estos comités tendían a desaparecer una vez que las negociaciones en cuestión estaban terminadas, reapareciendo solamente cuando había de discutirse otro capítulo del convenio colectivo. No fue sino en 1964, cuando los obreros metalúrgicos de Madrid formaron las Comisiones Obreras provinciales, basadas en comités a nivel de empresa. Todas las otras regiones industrializadas siguieron pronto el ejemplo de Madrid, estableciéndose comisiones organizadas a nivel de empresa, de rama industrial y de distrito. Esas comisiones nacieron democráticamente en cada nivel respectivo: no existía una organización centralizada. En este momento, las comisiones habían llegado a ser auténticas organizaciones de masa. El doble objetivo de estos nuevos órganos proletarios de lucha, está expresado en sus documentos representativos. Una declaración de las Comisiones Obreras de Madrid, de 1966, afirma que: «El sistema capitalista origina y determina la lucha de clases. En un sistema socioeconómico capitalista no existe armonía posible entre los intereses de los capitalistas y los trabajadores; sus posiciones son diametralmente opuestas [...] La clase obrera española debe luchar por el derecho de asociación cuya expresión debe ser un sindicato único. Rechazando soluciones fáciles y luchando por los objetivos del pasado y del presente de la clase obrera, unidos y con una clara comprensión, nadie nos robará nuestra victoria.» Una declaración de las comisiones de Barcelona, en 1968, desarrolla un segundo tema esencial: «Las Comisiones Obreras, pues no pueden definirse por sus principios ideológicos. Antes bien se definen por sus características organizativas (ser unitarias y representativas) y por su función (la dirección de la lucha en todos sus aspectos). Quienes ven en las Comisiones Obreras el medio eficaz para la lucha reivindicativa de la clase, quienes ven en las Comisiones Obreras la configuración de los futuros órganos

de la democracia obrera, todos ellos encuentran en su cauce organizativo el medio propio para su expresión y su lucha.»[33] Aquí dos temas son evidentes: por un lado, la necesidad de crear un movimiento sindical unitario para evitar la división de la clase obrera y contrarrestar los peligros de integración; por otro, la idea de que las comisiones son ya los órganos básicos de la futura democracia proletaria. A pesar de las diferencias de tono, es indiscutible que las comisiones han dirigido la lucha de clases «en todos sus aspectos» en los últimos años, como lo proclama la declaración de Barcelona. En colaboración con partidos políticos, las comisiones han organizado las manifestaciones más grandes de masas en España, desde la guerra civil. El nacimiento de las comisiones ha hecho del proletariado industrial la clase mejor organizada y la más preparada para dirigir la lucha de los otros grupos de población oprimidos y explotados (campesinos o estudiantes, por ejemplo). Una de las razones del éxito de las comisiones ha sido sus tácticas a nivel de empresa. En 1963, las comisiones boicotearon con éxito considerable las elecciones de puestos en los sindicatos oficiales. Tres años más tarde, sin embargo, consolidaron su posición, ganando, en las elecciones sindicales oficiales, la mayor parte de las delegaciones en el escalón más bajo. (Los puestos electivos no van más allá del secretario provincial del «sector social» o de una rama industrial, siendo el resto designado por el gobierno. En las estructuras sindicales corporativas, los patronos están representados en el «sector económico».) En contra de las elecciones, las comisiones ganaron, sin embargo, el 90 % de los puestos en las grandes empresas de Madrid y alrededor del 60 % en Barcelona y otros centros industriales. El porcentaje fue más bajo en las empresas medias y pequeñas. Sobre la base de estos puestos ganados legalmente, la táctica de combinar medios de lucha legales e ilegales, inició la destrucción desde dentro de los sindicatos oficiales. Como delegados oficialmente elegidos, los representantes de la comisión podían presionar legalmente con sus reivindicaciones en las negociaciones sobre salarios, mientras que la dirección de la lucha permanecía fuera del sindicato oficial. A este respecto debe recordarse que los sindicatos oficiales han constituido tradicionalmente uno de los principales pilares del régimen de Franco. Las comisiones podían, desde sus puestos a bajo nivel dentro de los sindicatos, usar las armas legales para apoyar sus acciones, incluidas las huelgas. Cuando éstas eran mantenidas por largos períodos, ganaban la solidaridad de los trabajadores de las empresas vecinas y, a veces, la solidaridad nacional, politizándose de esta manera el movimiento. El

ejemplo de más impacto de este tipo de acción llevada a cabo por las Comisiones Obreras fue la huelga de Laminados de Bandas, una planta de acero de Bilbao, que duró cinco meses. Oponiéndose a la acción ilegal, el sindicato oficial se reveló como el aliado principal de la empresa y de la policía, negando visiblemente el papel formal representativo de los trabajadores que, se supone, los nuevos procedimientos de arbitraje le habían concedido.[34] La combatividad progresiva fue, de esta manera, responsable en gran parte del último fracaso de la «liberalización» política y de la vuelta del régimen a la represión violenta después de 1966. No obstante, por entonces, las comisiones habían organizado la clase obrera tan eficazmente que el régimen fue incapaz de impedir el desarrollo del movimiento. Desde luego, las dificultades en combinar medios de lucha legales e ilegales se habían incrementado enormemente, a causa de la crisis económica, la congelación de salarios y el restablecimiento de los tribunales militares. Los sindicatos oficiales empezaron también a tomar represalias contra los de comisiones que ocupaban puestos sindicales; hoy día no permanece en su puesto ninguno de los que fueron elegidos hace tres años. Trabajando ilegal pero no clandestinamente, los militantes de comisiones han sido arrestados y encarcelados con relativa facilidad. Pero, dado el nivel actual de organización, han sido reemplazados por nuevos militantes con la misma facilidad. La organización de empresa y local es, en todo caso, mucho más importante que unos cuantos líderes públicamente conocidos. Durante la crisis económica de 1967, las comisiones no sólo mantuvieron sino que consolidaron su fuerza en la lucha contra la inercia de las masas. Ahora, estaban menos envueltas en la negociación de salarios —que se había hecho difícil a causa de la congelación— y más en manifestaciones políticas. Estas nuevas formas de lucha condujeron al establecimiento de comisiones de barrio, comisiones de jóvenes y comisiones de desempleados, ampliando así su área de influencia a todos los sectores de la población explotados por el capitalismo. Paralelamente se establecieron asociaciones autónomas de técnicos y profesionales, aunque vinculados a estas nuevas comisiones. Las movilizaciones masivas de octubre de 1967, en Madrid, y las demostraciones del 1 de mayo de 1968 en todo el país, fueron el resultado de esta nueva fase de acción política de las comisiones, que constituyen ahora la vanguardia de todos los explotados y oprimidos. Cualquier análisis de estos enfrentamientos políticos debe distinguir tres clases de lucha diferente, que abarcan: 1) la lucha contra el sistema policiaco y su

represión, habitualmente a petición del empresario, de cualquier lucha prolongada obrera; 2) la lucha contra la burocracia sindical, pilar del régimen; 3) la lucha contra un Estado dominado por el capital monopolista y financiero. Contra la represión policiaca, las reivindicaciones son las de libertad de asociación y de expresión, y el derecho de huelga; contra la burocracia sindical, la necesidad de sindicatos independientes y unitarios; contra el Estado capitalista, la perspectiva de la lucha socialista de clases, implícita en la forma organizativa de las comisiones y claramente expresada en las declaraciones citadas anteriormente. En la lucha diaria, estos objetivos se relacionan y se superponen: el predominio de uno u otro depende de la coyuntura política concreta. A largo plazo, sin embargo, las prioridades son claras: la destrucción del Estado capitalista a través de la lucha de masas contra el aparato represivo del régimen, mediante la eliminación del sindicato oficial. En las Comisiones Obreras donde los partidos políticos representantes del movimiento obrero deben buscar para sus programas el consentimiento de la mayoría. Cierto número de «sindicatos» distintos de las Comisiones Obreras, aunque parcialmente integrados en ellas (la católica AST y las socialdemócratas ASO y USO, por ejemplo), tienden a disminuir el grado de unidad alcanzado en las comisiones. Es imposible tener la certeza de si prevalecerá el carácter unitario de las comisiones o estas divisiones separatistas. Lo que es cierto es que la clase obrera española ha mostrado, una vez más, una vitalidad espontánea y una combatividad para forjar órganos nuevos y originales de lucha, comparables, aunque distintos, a las «comisiones internas» del Turín de Gramsci, que anticiparon las instituciones de un socialismo futuro.

VII. Los partidos del proletariado

La creación y consolidación de las Comisiones Obreras, como organizaciones unitarias del proletariado, supone una amenaza directa al capital monopolista y al Estado dictatorial. Cuando el capitalismo español intentó resolver la crisis económica de 1967-1968 mediante medidas represivas, las comisiones asumieron la dirección y representación de la lucha de la clase obrera en todos sus aspectos. Pero debe distinguirse entre esta «politización», que era una

reacción a una coyuntura concreta, y la capacidad de las comisiones para acometer una movilización a gran escala, con vistas a crear una situación revolucionaria. Para tomar y mantener la iniciativa política de la lucha de clase nacional, es absolutamente indispensable un partido de vanguardia revolucionario.[35] Desde este punto de vista es esencial una evaluación de las fuerzas políticas actuales y del papel de los partidos obreros en España. Desde luego los dos principales partidos históricos del proletariado español son el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Comunista (PCE). El primero posee algunas agrupaciones regionales afiliadas, como el MSC en Cataluña y el PSV en Valencia. El una vez poderoso PSOE es hoy una sombra de su pasado. En el exilio, el partido de Iglesias y Largo Caballero ha decaído hasta llegar a ser un partido socialdemócrata ortodoxo como los existentes actualmente. El PSOE no tiene un programa serio, lo que explica su política fragmentaria y coyuntural. Su dirección oficial permanece en el exilio y mantiene estrechos os con los partidos socialdemócratas europeos, mientras que algunos de sus portavoces en España —por ejemplo, Tierno Galván— intentan claramente trabajar dentro del Estado actual (a pesar de que, para que esto fuera viable, sería necesario un grado mucho mayor de liberalización). De hecho, el partido socialista se halla polarizado entre sus alianzas europeas y anticomunistas y su apoyo a los sindicatos clandestinos ASO y USO que han trabajado, hasta el presente, más o menos dentro de las Comisiones Obreras unitarias. Esta contradicción es la causa de su total vacuidad programática. El PSOE ha perdido influencia constantemente como partido político, aunque reteniendo algo de su influencia sindical (lo mismo, aunque de una manera más extensiva todavía, ha ocurrido con los anarquistas cuya actividad política, actualmente, es bastante irrelevante). El PSOE ha sido incapaz de atraer sectores amplios de trabajadores jóvenes con la sola excepción de la zona industrial vasca; no tiene implantación alguna en las universidades. El Partido Comunista Español es hoy algo totalmente diferente. Tras su rápido crecimiento durante la guerra civil, fue el único de los partidos de la República capaz de adaptarse completamente a las condiciones diferentes creadas por la represión fascista. La clase obrera industrial joven y los estudiantes proporcionaron los militantes al partido renovado. Treinta anos después de la derrota de la República y la instalación del régimen franquista, el PCE ha sobrevivido hasta llegar a ser la primera fuerza organizada contra el Estado español. Contrariamente al partido socialista, posee una perspectiva coherente y

un programa al que ha permanecido leal a través de los años. Es esta perspectiva, sin embargo, la que ha constituido la base de los errores de la actividad del partido durante los años sesenta. Al analizar el PCE debemos adoptar los principios de análisis leninistas de juzgar un partido de clase obrera por su programa y por su eficacia en atraerse la mayoría de la clase obrera. Puede resumirse brevemente como sigue el análisis principal que el PCE hace de la sociedad española contemporánea. En España, es necesaria una revolución democrática burguesa para acabar con el dominio de una Iglesia oscurantista, del latifundio del sur y la oligarquía financiera, que juntos representan clases y fuerzas precapitalistas. Desde este punto de vista, el Estado fascista no ha llevado a cabo ningún cambio fundamental económico o político; más bien los problemas fundamentales de 1936 han sido «reprimidos y agravados por el poder fascista». Así, el incremento de los monopolios no está relacionado con el reciente boom, sino que constituye más bien un síntoma «patológico» del sistema económico. Al mismo tiempo el PCE cree que el capital monopolista tiene poca relación con las «fuerzas conservadoras de la oligarquía agraria y financiera» que constituyeron y siguen constituyendo el principal apoyo del régimen de Franco. Así, las dos principales contradicciones de la sociedad española han llegado a ser el mantenimiento del latifundismo en el sur (feudalismo) y el incremento de la industria monopolista, cuya expansión ha sido llevada a cabo a expensas de todos los demás sectores de la burguesía. Para el Partido Comunista, el porvenir inmediato es una revolución democrática, con una vuelta a la fase de capitalismo competitivo, en la que el poder económico del capitalismo monopolista será reducido por la intervención estatal. Esto conducirá a la consolidación de una economía gestionada por las clases medias y los pequeños empresarios capaces de efectuar una reforma agraria. La visión de que una oligarquía agrario-financiera domina el régimen, lleva el PCE a afirmar que el poder es controlado por una «camarilla» sin base social importante. Esto conduce a una disociación entre las realidades económicas y sus manifestaciones políticas. De esta manera, cuando la necesidad de un desarrollo económico exige ciertos cambios políticos —la «liberalización»—, estos cambios son interpretados como la crisis definitiva del sistema político. Es en función de esta crisis que la PCE anunció la huelga general de 1959. Es comprensible que, con su perspectiva estratégica de una «revolución democrática», el PCE haya propuesto durante muchos años la «Reconciliación

nacional» o un frente unido de todos los partidos burgueses y las organizaciones obreras con vistas a superar las divisiones de la guerra civil. Este frente incluiría de una manera ideal, la burguesía nacional, todas las empresas no monopolistas, la nueva clase de campesinos ricos y la clase de obreros y de asalariados. El objetivo común de este frente sería la «revolución antifeudal y antimonopolista». Cualquier reflexión sobre el carácter de la «oposición» burguesa al régimen de Franco pone en evidencia que estas esperanzas son completamente ilusorias. Al otro lado del espectro burgués existen, desde luego, muchas personas que han defendido reformas democráticas en los últimos años. Pero puede decirse con toda seguridad que, desde que la oposición de Munich fue vencida por la liberalización de 1962-1966, ningún grupo político burgués ha reivindicado un sistema democraticoburgués para reemplazar el régimen franquista. Ciertamente, los únicos partidos burgueses de la oposición son los partidos nacionalistas catalán y vasco (Front Nacional Català y Partido Nacionalista Vasco) e, incluso éstos, han tenido que hacer ciertas concesiones al socialismo, a pesar de su retórica y de su reformismo. La posibilidad de que surja, mientras tanto, un partido cristianodemócrata parece muy limitada. Y esto porque los candidatos españoles de la democracia cristiana están al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición. Son muy conscientes de que no pueden abandonar el gobierno si han de permanecer en el bloque de poder dominante, dirigido por el capital monopolista y financiero. En consecuencia se hallan reducidos a un trabajo vagamente disidente de «élite» dentro del régimen, en favor de una «mayor libertad». Cuando, en ocasiones, se desplazan hacia la oposición, descubren que la clase obrera y los partidos políticos socialistas están mejor organizados de lo que ellos están o puedan esperar estar en un próximo futuro. E incluso más, si se comprometen en la oposición han de actuar en el único cuadro válido para la misma: una lucha de masas progresivamente violenta (de aquí la razón de sucesos tales como el plan de huelga general de 1959, cuando la «Izquierda democratacristiana» aprobó en un principio la proposición comunista de huelga, para rechazarla pocos días antes de que fuera declarada). Así, los monárquicos organizados como una élite pero no como un partido político, algunos elementos del Opus Dei, cuyas opiniones se expresan en el diario Madrid, y cristianodemócratas «progresistas» de la revista Cuadernos para el Diálogo, trabajan todos dentro del régimen. Esto no excluye la posibilidad de futuros Munich o de otros esquemas de oposición, significa más bien que el objetivo de algunas de estas maniobras habrá de influenciar la correlación de fuerzas dentro del régimen actual más bien para crear una alternativa estatal. La

debilidad de la estrategia de alianza del PCE ha sido confirmada, de esta manera, por toda la evolución de la pasada década. De hecho, ya se ha acentuado que el régimen actual contiene todo el potencial democrático que cualquier sector de la burguesía —dominante o subalterna— pueda exigir. En otras palabras, las libertades democráticas por las que luchó sin éxito (o con éxito sólo temporal) la burguesía liberal de los siglos XIX y XX, no forman parte ya de las reivindicaciones de esta clase. Estas reivindicaciones democráticas se han desarrollado hoy día, en la clase obrera. No es, pues, por accidente que no haya existido una oposición política consecuente al régimen actual en la última década que no haya sido socialista.

La nueva izquierda revolucionaria

A partir de 1959, los cambios producidos en la sociedad y el Estado, ya mencionados, hicieron patente que existía un cierto vacío político en la izquierda. Los partidos políticos tradicionales mostraron una apreciación radicalmente incorrecta de la situación española interna. Un ejemplo fue la consigna de huelga general del PCE, con la finalidad de derribar a Franco. (Se pensó entonces que la causa de este error fue el hecho de que los dirigentes en exilio del PCE no estaban al corriente de la situación interna española.) Mientras tanto, el PSOE continuaba sus os con los gobiernos socialdemócratas de Europa. Su presencia dentro de España fue así reducida drásticamente, con excepción de una cierta actividad sindical. De esta manera, cuando surgió el movimiento de la nueva clase obrera (que formulaba inicialmente peticiones económicas sobre todo), éste fue subestimado y dejado virtualmente sin la dirección de los partidos tradicionales. Cualquier resurgimiento de la combatividad de la clase obrera era traducido por el PCE de manera inmediata y mecánica como un síntoma de la caída inminente de Franco; esto quería decir que el significado y la fuerza de esta nueva combatividad eran, paradójicamente, exagerado y minimizado al mismo tiempo. Era exagerado, al darle una perspectiva política no realista, y minimizado al ignorar sus potencialidades latentes que la conducirían, en poco tiempo, en una dirección completamente diferente: la formación de las Comisiones Obreras. En efecto, tanto el PCE como el PSOE buscaron el atraerse a la nueva clase obrera, mientras que esta clase

estaba probando con sus acciones la necesidad de una organización unitaria que incluyera incluso sindicalistas no comprometidos y católicos, que rehusarían llegar a ser de cualquiera de los partidos tradicionales. Tras la combatividad renovada de la clase obrera en 1956 y 1958, apareció en escena un nuevo tipo de líder sindicalista, adaptado a las nuevas formas de acción y no comprometido con el lenguaje y las políticas de estos partidos. Además, la existencia de organizaciones obreras católicas legales (JOC y HOAC) suministró los medios para que gran parte de la nueva clase adquiriera una conciencia proletaria. Mientras que muchos de estos trabajadores rechazaron más tarde el sindicalismo cínico de la Iglesia, no por ello se convirtieron a los partidos tradicionales. A pesar de su fidelidad verbal a la política unitaria de clase, ni el PSOE ni el PCE deseaban activamente asistir al desarrollo de una oposición obrera unida. Finalmente, el comienzo de un movimiento estudiantil, relacionado con el aumento de combatividad de la clase obrera, produjo un sector intelectual marxista, decidido a analizar científicamente la sociedad española. A pesar de que muchos de estos estudiantes habrían de entrar más tarde en los partidos tradicionales, un gran número era también consciente de las deformaciones estalinistas del PCE y de la naturaleza reformista del PSOE. De hecho, muchos de los argumentos utilizados más tarde por los chinos y por los cubanos, por ejemplo, constituían un lugar común entre un amplio sector de estudiantes, antes de que se hicieron públicas las divisiones del movimiento comunista internacional. La correlación de fuerzas en la sociedad española hizo inevitable el que cualquier oposición de estudiantes, a pesar de sus orígenes de clase, debiera ser socialista y vinculada a la oposición de la clase obrera. El movimiento estudiantil, político desde sus comienzos, adquirió un carácter de masas en su lucha contra el sindicato universitario oficial, controlado por los falangistas. En 1968, el gobierno aceptó la reivindicación estudiante de libertad de asociación: sin embargo, era demasiado tarde entonces para que los estudiantes reivindicaran el mismo derecho, no sólo para ellos, sino también para la clase obrera. Durante las manifestaciones, especialmente en las del primero de mayo de 1968 en Madrid, aparecieron en las calles comandos de trabajadores jóvenes y estudiantes, y el movimiento estudiantil en su totalidad, coordinó sus acciones con y bajo la dirección de las Comisiones Obreras. No entra en el marco de este artículo tratar de todos los aspectos del movimiento estudiantil. Es necesario solamente destacar sus dos realizaciones considerables: la creación de un

movimiento de masas en el que la mayoría de los estudiantes participaron, y la unión orgánica con las Comisiones Obreras. Los estudiantes, además, continúan en la actualidad proporcionando muchos de los cuadros políticos de la joven clase Obrera. Sobre todo dieron el impulso inicial para la creación de las nuevas organizaciones revolucionarias que han surgido en España durante los años sesenta. Las primeras organizaciones socialistas nuevas se formaron en 1956. De éstas, sólo el FLP crearía un partido político obrero, en 1959. Después de 1963, surgieron varios grupos disidentes (Acción Comunista, del FLP; el Partido Marxista Leninista, el grupo Claudín-Semprún y el Partido Comunista Internacional, del PCE); en este año el PCE perdió también la mayoría de los intelectuales y estudiantes en Madrid. Hay que decir que hoy, existe un gran número de grupos regionales en proceso de radicalización. Sin duda, el más importante de éstos es el Partido Revolucionario Vasco (ETA), aunque es todavía pronto para valorar la contribución del ETA a las nuevas formas de combate. Con posiciones socialistas revolucionarias bien avanzadas, el ETA es un grupo único, en el sentido que el separatismo vasco constituye una parte sustancial de su programa. Otros grupos similares en Cataluña han desaparecido, al integrarse sus en grupos revolucionarios cuando los objetivos socialistas superaron el anhelo separatista. Actualmente, el FLP-FOC-ESBA (Organizaciones Frente) constituye el principal grupo organizado de la nueva izquierda revolucionaria aunque Acción Comunista ha jugado un papel válido proporcionando excelentes estudios sobre la situación española, mientras que el grupo Claudín-Semprún ha analizado los errores reformistas del PCE. Estos grupos, tomados en conjunto, podrían ser decisivos, siendo de ellos de los que debe surgir un nuevo partido revolucionario. Estos grupos diferentes que han surgido durante los años sesenta, se hallan unidos en su perspectiva estratégica fundamental. En contraste con el PCE, aquéllos insisten en que la perspectiva política correcta actualmente en España es la revolución socialista.[36] La acumulación de capital y la ascensión del capital monopolista y financiero —distinto aunque en o estrecho con la vieja oligarquía terrateniente y financiera— a un papel hegemónico en el bloque de poder que incluye la mayor parte de la burguesía, hace imposible la vuelta a la fase de capitalismo competitivo sin monopolios. La fase de evolución capitalista descrita por Lenin ha sido alcanzada: «El capitalismo monopolista de Estado es la preparación material más completa para el socialismo, su antesala, porque a nivel histórico no existen etapas intermedias entre esta fase y el socialismo.» La nueva izquierda revolucionaria cree que el «proceso de unificación del latifundismo, con el capital industrial y el capital financiero, ha

continuado acelerándose [...] iniciando por ello el período de la total revolución burguesa en España. Ha terminado así el proceso mistificador de alianzas entre los estratos superiores y la burguesía y el ancien régime de la España del siglo XIX». (Declaración de las Organizaciones Frente.) La burguesía media e inferior, ahora firmemente bajo la dirección del capital monopolista, es incapaz de oponerse a este último en nombre de cualquier otro modelo de desarrollo económico o político. Si bien es correcto argüir que el régimen franquista es la dictadura de la burguesía, su eliminación desembocará eventualmente en un dominio burgués de España. La izquierda revolucionaria debe, por ello, ser capaz de confrontar el régimen existente con el anticapitalismo, esto es, con el carácter socialista de la revolución venidera. Esto no quiere decir que las consignas inmediatas de lucha deben ser maximalistas. Por el contrario; es evidente que las reivindicaciones transitorias del tipo de las que Lenin avanzó durante la revolución de 1905 son una condición previa absoluta de una lucha marxista victoriosa en la España actual. Las Organizaciones Frente están, hoy día, muy adelantadas en la formulación de un programa transitorio de este tipo. El nuevo movimiento obrero español se halla ahora en su infancia. Una tendencia inherente a la situación actual es el peligro de economicismo —la reducción de todas las peticiones a reivindicaciones económicas y la incapacidad de vincular éstas a un programa político—. Esto sólo puede ser superado, como en Rusia después de 1905, cuando la clase obrera, bajo la dirección de un partido de vanguardia, sea capaz de tomar la iniciativa en la lucha por la toma del poder estatal. Como se ha visto, esta perspectiva es totalmente distinta de la del PCE, que, separando artificialmente el régimen de Franco del de la burguesía española, relega el problema del socialismo a un futuro indefinido, después de un período completo de revolución «democraticoburguesa» que reemplace a Franco. Así, el problema de las alianzas es concebido de manera diferente por la nueva izquierda revolucionaria. Ésta arguye que la lógica monopolista del desarrollo económico español contemporáneo exige una oposición unitaria de la clase obrera. El 70 % aproximadamente de la población trabajadora está constituida por asalariados. Entre estos últimos, se ha incrementado de manera notable el número de técnicos, profesionales y es, que, aunque susceptibles de ser integrados por el capitalismo en su papel de consumidores, constituyen aliados potenciales del proletariado en coyunturas específicas (ingresos iniciales bajos,

las crisis económicas o la represión política pueden conducir a una toma de conciencia de la explotación, más que a la integración en el sistema burgués dominante). Estos grupos se aliarán, ya sea a la clase obrera o, si son integrados en el sistema, al capital monopolista. Al mismo tiempo la transformación capitalista de la agricultura española ha empobrecido progresivamente a los campesinos modestos, en beneficio de una clase de propietarios, mientras que existe todavía una gran masa de jornaleros. El proletariado rural constituye la segunda reserva vital de aliados del proletariado. Por último, la represión ideológica del régimen tiende a mantener cada generación de estudiantes e intelectuales en un estado permanente de rebelión. Por otra parte, la clase media tradicional (empresarios pequeños y medios y nuevos campesinos ricos) constituye un aliado natural del capital monopolista y financiero. Hasta cierto punto, los intereses económicos de esta clase han sido afectados por la racionalización; pero una vez que el capital monopolista llegó a constituir la clase dominante, ningún otro sector de la burguesía pudo demostrar una autonomía política o social o proponer un futuro que no fuera inferior o utópico. Estos sectores constituyen la clientela política y, en la mayoría de los casos, económica de las grandes empresas. Así el único bloque de poder capaz de reemplazar el actual bloque dominado por los monopolios, es el de la clase obrera, los campesinos pobres, los técnicos, los oficinistas, los estudiantes y los intelectuales, bajo la hegemonía del proletariado industrial. Es decir, el único bloque capaz de hacer la revolución socialista en España. Dicho esto, es necesario añadir que todas las organizaciones políticas de izquierda están de acuerdo en que sólo a través de las luchas de masa organizadas por las Comisiones Obreras, podrá efectuarse cualquier cambio en la actual situación. Por el momento, sólo el FCE tiene fuerza numéricamente suficiente e influencia entre la clase obrera para dirigir eventualmente una movilización a gran escala. Pero la lucha revolucionaria no es únicamente una cuestión de organización y de fuerza numérica. La capacidad para analizar correctamente las relaciones concretas de fuerza en la sociedad y para basar una estrategia y un programa en este análisis, tiene la misma importancia. El FCE ha alcanzado un grado notable de potencia organizativa en condiciones de rigurosa represión, pero, hasta ahora, no ha probado ser capaz de un análisis social correcto ni de una política de alianzas. La nueva izquierda revolucionaria parece capaz del análisis necesario estratégico, pero su fuerza organizativa y su

influencia es mucho más débil que las del FCE. La necesidad urgente de crear un reagrupamiento revolucionario sobre la base de grupos organizados ya existentes se hace así evidente. No debe impedirse la formación de un tal partido revolucionario, negando la organización de estos grupos o mediante cualquier forma de sectarismo.

Post scriptum. (Noviembre de 1969)

El cambio de gobierno, en octubre de 1969, que establece el dominio completo del Opus Dei en el Consejo de Ministros, confirma señaladamente la línea general de análisis aquí expuesta. El Opus Dei fue capaz de aprovechar el estado de excepción de 1968-1969 —aparentemente dirigido contra los estudiantes, pero, de hecho, principalmente contra la combatividad de los trabajadores de las fábricas— para arrojar a la burocracia falangista de su posición central en el gobierno. Sin embargo, esta operación constituye un riesgo para los tecnócratas del Opus Dei. Su suerte será determinada por la lucha de clases en España. Porque el resultado de la contradicción secundaria entre el capital monopolista y la burocracia viene determinado de manera creciente por la contradicción principal existente entre el capitalismo estatal, como un todo, y el proletariado español. Entre las principales perturbaciones locales, se están multiplicando hoy día, en España, núcleos de trabajadores armados de la teoría marxista; con ellos está empezando a surgir la vanguardia del futuro.

RICARD SOLER (seudónimo de SANTIAGO UDINA y REGINA TAYà) CRI 26-27, 1970

II. CONDICIONANTES POLÍTICOS Y SOCIALES

La segunda selección de artículos corresponde a los condicionantes políticos y sociales que los colaboradores de Ruedo ibérico observan van a influir poderosamente ante el cambio político. Un primer texto introductorio, ¿Quién amnistiará al amnistiador?, a cargo de Joan Martínez Alier, expone de manera clara y diáfana el destino de farsa democrática que espera a una España sin ruptura con el pasado franquista. La idea de amnistía, compartida por la convergencia de intereses entre reformistas del franquismo y conciliadores de la oposición dibuja un punto de convergencia que contiene los elementos de claudicación y punto final que condicionarán el futuro. El siguiente texto, del mismo autor, La Asamblea de Cataluña, la Junta Democrática y el PSUC, expone un segundo condicionante fundamental, el de la cuestión nacional; más concretamente, el papel de las naciones históricas en el proceso de Transición, que resultará bastante significativo, y hasta cierto punto simbólico, de las dificultades y las limitaciones a la hora de abordar una de las principales asignaturas pendientes de la España del pasado y la actual. La cuestión agraria y social, tercer condicionante del proceso transitivo, será analizada también con la misma lupa del catedrático de economía de la Universitat Autònoma de Barcelona. La impotencia e incompetencia de la oposición, analizada desde un editorial por el editor y alma de la revista José Martínez Guerricabeitia, será otro de los factores del estrecho campo de juego de este período decisivo de la historia de España. Finalmente, el quinto condicionante, que podríamos denominar como la «democracia de baja calidad» resultante del final del proceso, es reflexionado en dos artículos aparecidos en 1979, el primero de Martínez Alier, La democracia parlamentaria como instrumento legitimador del capitalismo, y el segundo del economista José Manuel Naredo, Abstencionismo y política.

¿Quién amnistiará al amnistiador?

Este artículo escrito por Joan Martínez Alier en el número 46 de Cuadernos de

Ruedo ibérico, correspondiente a 1975, toca uno de los aspectos candentes y con mayor capacidad de movilización los persistentes restos del franquismo. Tiene gran actualidad cuando el caso Garzón pone en juicio si cabe o no cabe en España (como sí cupo en Argentina) enfrentarse a la injusticia de la ley de punto final de 1977. La cuestión de la amnistía representaba un elemento central entre los opositores al régimen cuando el fin de éste parecía próximo. Lo es desde un primer momento para la Asamblea de Cataluña, ya desde su constitución en 1971. Lo es para la Junta Democrática, instituida en París en julio de 1974, con el predominio del Partido Comunista de España. También lo será, al año siguiente, para la Plataforma de Convergencia Democrática, que se mueve en la órbita del Partido Socialista Obrero Español. Desde estos diversos ámbitos, base para la articulación de los partidos destinados a integrar el nuevo sistema político, la amnistía significa la petición de excarcelamiento de los opositores presos, el retorno de los exiliados y, en todo caso, la «despenalización» de cualquier actividad de disidencia política. Martínez Alier, de acuerdo con el espíritu que guía a Cuadernos de Ruedo ibérico, redacta contra corriente un editorial, breve pero contundente, contra la rendición anticipada de la que hace gala la oposición democrática oficial, organizada alrededor de los organismos citados. Considera una traición y una imperdonable renuncia pedir una amnistía que ya anticipa lo que establecerá la ley de punto final que supone la ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. Reclama, sin tapujos, responsabilidades civiles al aparato represivo del régimen y la totalidad de sus actos. Sin citarlo, exige un «proceso de Nuremberg» a la dictadura, a sus artífices, y a sus colaboradores y beneficiarios. En este sentido, y de manera muy significativa, a pesar de que Ruedo ibérico lleva ya década y media acogiendo y colaborando con todo el espectro del antifranquismo, la revista y sus editores se desmarcan de los opositores oficiales dispuestos a pactar con los herederos del dictador, y a legitimar la herencia de la dictadura. Ruedo ibérico se separa de muchos de sus antiguos amigos, de Jorge Semprún y de Fernando Claudín, del grupo de economistas de Madrid (salvo Naredo). Mantiene sus amistades vascas (Francisco Letamendía, Miguel Castells) aunque Luciano Rincón (que pagó con años de cárcel sus escritos en Ruedo ibérico) se sintió atraído a la órbita de El País después de 1977. Al criticar la ley de punto final incluso antes de que ésta fuera promulgada,

Cuadernos de Ruedo ibérico se adelanta, pues, tres décadas a los sectores crecientes de la sociedad española que ven en la Transición un fracaso dada la imposibilidad de que el Estado pueda asumir y enfrentarse a su pasado y a sus fantasmas, como recientemente ha puesto en evidencia, entre otros muchos observadores extranjeros, el corresponsal británico de The Guardian Gilles Tremlett.[37] La petición de amnistía, para el editorialista, implica la renuncia a la justicia, puesto que es consciente que amnistía equivale a amnesia. Y como ya dedujeron Paola LoCascio y Marta Pérez en un congreso de jóvenes historiadores, sin memoria no hay futuro.[38]

La Asamblea de Cataluña, la Junta Democrática y el PSUC

Enmarcado en el monográfico «Contra la reconciliación», el mismo autor se dedica a analizar dos actores políticos fundamentales de la oposición a la dictadura: la Asamblea de Cataluña, una plataforma plural de partidos, grupos y personalidades que asume la representación interior y públicamente clandestina de la sociedad catalana, y la ya citada Junta Democrática, que se atribuye también parte de la representación española, pero desde el peso específico del PCE. Entre estos dos actores políticos, se sitúa una formación no menos relevante. Se trata del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). La extraña conjunción entre esta especie de triángulo poco virtuoso pone de relieve que la cuestión nacional (entendiéndose desde la perspectiva del deseo de autonomía y autodeterminación catalanes) será uno de los condicionantes que, como ya sucedió en la proclamación de la República en 1931, restringirán el proceso de cambio. Es necesario explicar previamente el consenso historiográfico sobre el papel positivo desarrollado por la Assemblea. Su condición políticamente plural (aunque escorada claramente hacia las izquierdas) y el prestigio otorgado por la presencia de algunas personalidades destacadas o la colaboración de una Iglesia desmarcada del reaccionarismo clerical de la España profunda, permite proyectar una buena imagen de lo que resultó ser un núcleo diverso con potencialidad rupturista, una especie de gobierno nacional catalán en la sombra, en una Cataluña hegemónicamente antifranquista.

Martínez Alier sorprende, pues, al dedicar una visión crítica sobre este organismo clandestino. Destaca la relativa indiferencia de la Assemblea por los numerosos conflictos sociales o la falta de concreción de su programa. Con un buen conocimiento sobre el mundo del exilio y la oposición, el economista revela las descalificaciones que Tarradellas, el entonces desconocido presidente de la Generalitat en el exilio de St. Martin-le-Beau, realiza sobre la oposición interior. Quizá no debería sorprendernos, teniendo en cuenta que el presidente exiliado mantiene una excelente relación personal con José Martínez, editor de Ruedo ibérico, que proseguirá una vez ambos puedan regresar a Cataluña. El autor contempla la Assemblea como un antecedente de la Junta Democrática. Pero esa imitación no significa que no puedan surgir conflictos posteriores entre ambos organismos. Martínez Alier, buen conocedor de la historia catalana, anticipa lo que será el enésimo desencuentro Cataluña-España, asignatura todavía pendiente que en la actualidad nos lleva hacia un progresivo distanciamiento mutuo. Mientras que la Assemblea exige un reconocimiento previo del Estatut de 1932, para posteriormente, ejercer el derecho de autodeterminación, la Junta Democrática ignora cualquier concreción en ese sentido, más allá de un retórico reconocimiento de personalidad política. En el aire está el precedente de la proclamación de la República y los Pactos de San Sebastián, cuando los nacionalistas catalanes ejercieron un acto de soberanía (la proclamación unilateral de Macià de la «República Catalana») que produjo un gran malestar a derecha e izquierda de la sociedad española, incapaz de reconocer la plurinacionalidad del Estado, y que se convirtió en uno de los principales factores de desestabilización de la Segunda República. En medio de este enésimo y endémico desencuentro Cataluña-España se halla el PSUC, partido que desde 1936 representa a la mayoría de comunistas catalanes más o menos ortodoxos y que funciona con plena soberanía respecto al PCE. Esta extraña situación donde hasta el Kominform reconocía al PSUC como único interlocutor en Cataluña, fue causa de no pocos encontronazos que reproducían en el universo comunista el conflicto de legitimidades y soberanía entre una Cataluña que se considera a sí misma una nación y una España que le niega el reconocimiento. Este análisis hace presagiar lo que volverá a reproducirse durante la Transición: unos partidos catalanes, con una sociedad mayoritariamente antifranquista que exige unas instituciones autónomas, pero que sobre todo pide reconocimiento nacional, una relación bilateral entre iguales, y una sociedad española obstinada en considerarse como nación única, dispuesta, en todo caso, a transigir (si no hay más remedio) en términos políticos y

istrativos, no sentimentales. Ello derivará con el tiempo hacia una España de las autonomías cuyo mapa, expresamente diseñado para diluir la realidad plurinacional (el conocido café para todos y la LOAPA, en 1981) con la intención de escenificar la reacción antinacionalista, acabe por ignorar las aspiraciones de Cataluña, del País Vasco y, en menor medida, de Galicia. El autor, de acuerdo con la trayectoria histórica del PSUC y su peso en el seno de la Assemblea, es consciente de los problemas y tensiones que supondría renunciar a un mínimo restablecimiento de la autonomía. En cierta manera, el antifranquismo sociológico dominante en Cataluña se fundamenta en un catalanismo de clases medias en entente cordiale con la inmigración rural española que asume, con mayor o menor intensidad, la identidad y lengua de su «país de acogida». En cierta manera, Martínez Alier destaca una frágil alianza interclasista que corre el riesgo de romperse en el caso de excesivas renuncias por parte de la oposición. Ello explicaría la tendencia más decididamente rupturista de la Assemblea respecto a la «oposición oficial» alrededor de la Junta y la Plataforma Democrática. Ante esta situación de difícil comprensión para un público no catalán, el autor trata la cuestión catalana desde una perspectiva histórica y poniendo el acento sobre las implicaciones sociológicas. A su vez, describe los nuevos enfoques históricos, fundamentados en el arraigo popular e interclasista del catalanismo, exitosos en el tiempo, que sirven de réplica a las simplificaciones a las que somete a menudo el análisis de algunos vulgarizadores marxistas, entonces muy de moda, y que han servido más para profundizar los estereotipos y prejuicios sobre Cataluña que para conocer una realidad compleja y singular. El desarrollo posterior de los hechos a los que se refiere el autor implica la insatisfacción mutua del resultado de la Transición, que Martínez Alier prevé. La obtención de una autonomía istrativa sin reconocimiento simbólico, el fracaso de un proyecto federal y plurinacional del Estado por una parte, y la frustración de que Cataluña siguiera obstinada en ser catalana, hablar catalán, mantener una lógica política propia y no sentirse incondicionalmente española, por la otra, no han hecho más que ensanchar las distancias: que ahora el independentismo represente, en cierta manera, la ruptura con el estado franquista que no pudo ser, y que el anticatalanismo peninsular sea una manifestación subconsciente del resentimiento de la España profunda contra una sociedad que no ha aceptado una transición transaccional.

¿Burguesía débil o burguesía fascista? La España del siglo XX

Las vulgarizaciones marxistas, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, dominaban buena parte de los análisis políticos y sociológicos. Ello comportaba simplificaciones burdas a la hora de explicar diversos fenómenos o comportamientos sociales. Estereotipos sobre el «atraso» del agro español y sus campesinos, visiones unidimensionales sobre la burguesía solían dominar las concepciones de los opositores al régimen. Afortunadamente para Ruedo ibérico, durante la Semana Santa de 1967, Joan Martínez Alier, un joven barcelonés, licenciado en Económicas, llegó a París al epicentro de conspiraciones antifranquistas que era el entorno de José Martínez Guerricabeitia. Tras estudiar economía y derecho en Barcelona, había estudiado economía agraria en Oxford y Stanford en 1961-1963 y había conseguido una beca en el St. Anthony’s College de Oxford para realizar una tesis doctoral sobre la agricultura latifundista en la provincia de Córdoba. Martínez Alier llevaba consigo su tesis, que sabía imposible de publicar en España por la férrea censura capitaneada por Manuel Fraga. Y que la mejor manera de dar a conocer su trabajo era recurriendo a la editorial parisina, estableciendo una relación con Ruedo ibérico que se prolongaría hasta su final. Precisamente el conocimiento teórico y sobre todo práctico, puesto que había mantenido una estrecha convivencia con los trabajadores rurales pobres de los cortijos, así como un aprendizaje de la antropología social que compartía con Verena Stolcke, implicaba un conocimiento profundo, directo y contrastado de la economía latifundista y de la historia reciente de Andalucía, muy alejada de los conocimientos superficiales y dogmáticos de buena parte de la literatura política coetánea. Así, este texto, que aborda la cuestión agraria y social, comienza por desmarcarse de buena parte de las creencias que sobre la cuestión sostiene una parte influyente de la izquierda marxista. De esta manera expone el peso de la revolución proletaria de 1936-1939 durante la guerra civil en contra del propio Estado republicano como muestra de lo que los análisis comunistas o de fuerzas republicanas no acababan de comprender. De hecho, esta reivindicación del papel revolucionario, en un sentido colectivista, del campesinado, sitúa al autor

al margen de la interpretación marxista canónica y dominante en aquel momento, que considera «atraso» a la utopía igualitaria. Pero treinta y cinco años después del artículo, la nueva historiografía social sobre la guerra civil acaba dando la razón al economista barcelonés. Alier desmiente algunos de los tópicos sobre los latifundios. En cierta manera, éstos funcionan como una empresa capitalista con la salvedad de que la escasa mecanización permite una mayor autonomía a los trabajadores del campo, lo cual horroriza a quienes, sean de derechas o izquierdas, consideran que nada debe escapar al «taylorismo económico», que el autor denomina muy avanzadamente «ideología empresarial». Esta ideología empresarial, aceptada por intelectuales dispares como Jaume Vicens Vives o Manuel Tuñón de Lara, considera «normal» las relaciones sociales y laborales capitalistas y tacha equivocadamente al latifundismo andaluz de precapitalista o semifeudal. El partido comunista se apuntaba a esta interpretación para amistarse con la burguesía industrial. Pero cualquier verdadero planteamiento de reforma agraria (incluyendo la republicana) tenía que haberse enfrentado con la propiedad capitalista de la tierra y haberse hecho eco de las aspiraciones colectivistas surgidas, de manera más o menos espontánea, durante la revolución de 1936 y, como hace notar el autor, bastante antes del 19 de julio. Mediante este artículo, Martínez Alier (que en 1975 tenía ya además en su bagaje sendos reconocidos estudios de historia agraria de Cuba y de Perú) trata de poner en evidencia que las preocupaciones de buena parte del espectro político de la izquierda consisten en realizar una revolución burguesa, como si ésta no hubiera tenido lugar hacía ya mucho tiempo. De hecho, la facilidad con la que la burguesía agraria se vuelve fascista, la relaciona el autor con el miedo a que el campesinado, organizado colectivamente mediante el sindicalismo agrario, ponga en evidencia su prescindibilidad social al organizar la explotación de la tierra al margen de la concepción de propiedad capitalista. Precisamente el concepto de propiedad, que en la economía industrial resulta algo concreto y tangible, en la economía agraria es bastante más difuso y frágil, lo que explica, en opinión del autor, la rápida conversión al fascismo de los grupos sociales medios y altos y la intensa violencia que éstos aplican contra los trabajadores del campo.

Esta extrema crueldad de 1936, de la cual Martínez Alier tiene conocimiento directo por su estancia en las zonas rurales cordobesas, es uno de los elementos que condicionan fuertemente las relaciones sociales en el mundo rural. El terror, el miedo, fueron el secreto de la larga duración del franquismo y han sido el único pegamento de aquello que la Constitución española definirá como «unidad» e «indivisibilidad» de la patria. Y es también el terror, la intimidación, la humillación cotidiana en un sentido similar al descrito por Miguel Delibes en Los santos inocentes lo que hace el clima agrario irrespirable y empuja a un éxodo rural hacia los suburbios de las ciudades industriales. Toda esta violencia, física y moral, producida durante la guerra y su continuación durante la larga posguerra, condicionan una salida pactada al régimen porque existen responsabilidades directas de matanzas y crímenes contra la humanidad. Es lo que explica las reticencias respecto a los procesos actuales de la memoria histórica. Plantear la revisión del pasado, en el momento en el cual Martínez Alier redacta su artículo, representa una actividad subversiva. Y en la actualidad lo continúa siendo, porque mirar al pasado cuestiona el statu quo del presente. Una segunda parte del texto conecta por lo expuesto con el artículo precedente del mismo autor. Se trata de la cuestión que denomina como «nacionalidades minoritarias», es decir, Cataluña y el País Vasco. También aquí se encarga de desmentir tópicos que han trascendido fronteras y décadas. El primero, explicar los nacionalismos como una cuestión relacionada con un conflicto de clases, en que la burguesía manipularía los instintos nacionalistas de la población como manera de presionar en defensa de sus intereses particulares. Pero las cosas no son así. La defensa identitaria obtuvo durante la República un apoyo masivo y transversal. De la misma manera que el ejército se alzó para evitar una revolución social en marcha y aplastar cualquier veleidad de reforma agraria, también lo hizo para acabar con el Estatut y el proyecto de autonomía vasco. El conflicto no fue entre grupos dirigentes, sino, como sostiene Alier, también una pugna entre el nacionalismo español y los periféricos. Una muestra de incapacidad del estado unitario para acomodar las diferencias culturales y lingüísticas. Así estos fracasos (social, agrario y nacional) experimentados durante la República, se reproducen durante el franquismo. Más allá de la cuestión de clase, también se destaca la cuestión nacional, porque a la práctica, la burguesía nacionalista española acaba también excluyendo «de facto» a la catalana, lo que

contribuye, por una parte, a un foco de tensión permanente que trascenderá la muerte del dictador, y por otra, a un antifranquismo sociológico, militante e interclasista en Cataluña, donde el deseo de ruptura supera al sentimiento de miedo. Ello, durante la Transición, no supone únicamente un dolor de cabeza permanente para los franquistas, sino también, y muy especialmente, para una oposición democrática que aspira a hacerse con el poder, y por tanto, a heredar sus concepciones unitaristas.

El franquismo sin Franco y la oposición democrática

Este editorial, cuya redacción corresponde con toda probabilidad al fundador de Ruedo ibérico, José Martínez Guerricabeitia (Villar del Arzobispo, 1921– Madrid, 1986), es publicado en las postrimerías del régimen y en los inicios de los limbos democráticos entre finales de 1975 y principios de 1976, en una época en la que el editor piensa poder regresar a España. Pero también es un momento en el que Martínez, con su revista, empieza a protagonizar un giro extremadamente crítico ante la Transición que se avecina, previendo un cambio de régimen, pero no de Estado. Es, pues, una etapa intelectual en la que el editor y buena parte de sus colaboradores empiezan a retomar sus viejos ideales libertarios que comportan una crítica intelectual y sin paliativos al sistema capitalista, que la incipiente democracia busca consolidar. En este editorial se critica a la «oposición oficial» constituida por los reformistas que, desde el seno del franquismo, se han ido distanciando de éste, desde unos postulados democratacristianos o socialdemócratas, y desde las dos organizaciones opositoras (la Junta Comunista, la Plataforma Socialista y su síntesis, la «Plata-Junta»), pero como expone diáfanamente José Manuel Naredo, no es una «oposición que se oponga».[39] En este artículo, reprocha a los opositores su inacción, falta de determinación, y finalmente su opción por desmovilizar la calles, probablemente su única arma efectiva para hacer frente al aparato del estado franquista. Pero, más allá de disquisiciones sobre táctica y estrategia, el autor expone la naturaleza del cambio de manera cruda. Las apelaciones de la oposición a la ruptura son retóricas, porque el objetivo final es la mera reconversión de un

régimen capitalista autoritario a un régimen capitalista liberal. No se pone en cuestión ni el modelo económico, ni el social. Se pinta de otro color la fachada del estado, pero no se aplica ninguna transformación estructural. El editorialista acusa a la oposición de haber renunciado a la reorganización social y distribución de la renta, y aceptar únicamente inciertas libertades formales. De cambiarlo todo para que nada cambie. Martínez considera que es precisamente el temor al cambio entre los franquistas lo que explica la absurda agonía del dictador, y que unas ciertas dosis de mala conciencia y realismo explican los cambios de camisa entre los más oportunistas del régimen, mientras que eso, el oportunismo político es lo que explica la facilidad con la que la oposición claudica. La muerte de Franco desemboca, pues, en la continuidad del régimen en la persona del monarca, quien simboliza el mantenimiento de las instituciones y el statu quo, pero también el corpus jurídico-legislativo-institucional del Estado franquista. Al fin y al cabo, la jefatura del Estado, como nos recuerda el autor, proviene de una ley fundamental; la ley de sucesión de 1969. Martínez pasa a analizar las continuidades en política económica representada por los diversos ministerios del gobierno Arias Navarro, el mantenimiento de la tácita alianza entre el intervencionismo paternalista (y corrupto) del movimiento, con la inspiración neoliberal de los economistas del Opus Dei. Es necesario recordar un contexto internacional en el cual la Escuela de Economistas de Chicago realiza sus experimentales «Terapias de choque» neoliberales, una vez diversos golpes militares triunfan en América Latina (Uruguay y Chile, 1973, Argentina, 1976).[40] La lógica de la guerra fría, con los ataques al paradigma keynesiano, también pone al descubierto las influencias occidentales y las debilidades de una oposición proclive a aceptar su rendición incondicional ante los poderes fácticos. El mérito de Ruedo ibérico consiste en denunciarlo cuando pocos observadores son capaces de ser conscientes de las corrientes de fondo de esta triste historia. Y menos aún en España, donde la perspectiva de los cambios políticos distorsiona la percepción de las transformaciones económicas. Por ello, el autor culpa a una oposición que no ataca al modelo global, sino que únicamente aspira a jugar en el restringido juego del poder, aceptando acríticamente el modelo de lo que hoy podríamos definir como «democracia de mercado», esto es, la capacidad de elegir sobre algo, la renuncia a decidir sobre todo. El modelo socioeconómico de

la oposición coincide, pues, con el de los últimos años del franquismo. Los reformistas del régimen anhelan idénticos objetivos que quienes desean la ruptura. De aquí que finalmente hagan bueno lo que periodistas e historiadores coincidirán en definir con el oxímoron «ruptura pactada», como el desenlace del desequilibrio de fuerzas entre franquismo y oposición. El resto del artículo consiste en atacar la ambigüedad y la timidez de esta «oposición oficial» de la Junta y la Plataforma, recordando precisamente que su transigencia respecto a la institución monárquica (investida y legitimada por la dictadura) les inhabilita como opción creíble. Finalmente hace referencia a la violencia terrorista desatada en los calientes años de la Transición. El autor considera un error la condena sin más de los diversos actos violentos de ETA, FRAP o grupos autónomos, cuando no se persigue ni ataca la de los diversos grupos de extrema derecha que actúan en connivencia con el poder. Mientras tanto, también denuncia la continuación del acoso legal y judicial contra personas acusadas dudosamente de terrorismo, como es el caso de la periodista y colaboradora de Ruedo ibérico Eva Forest (Barcelona, 1928– Fuenterrabía, 2007), acusada injustamente de participar en el atentado de ETA de la calle Correo (septiembre de 1974) y encarcelada preventivamente durante tres años hasta la amnistía, o tantos otros. La suma de renuncias, entre ellas la de la capacidad de cambio al desmovilizar la calle, simplemente lleva hacia el desencanto, hacia una debilidad democrática que comporta inexorablemente a la rendición incondicional del antifranquismo. Sintomático es el abandono y desdén de los opositores oficiales a los potentes núcleos huelguísticos de agitación social en el País Vasco (con sus consecuencias ulteriores) o los equívocos respecto a las frustradas reivindicaciones nacionalistas catalanas.

La democracia parlamentaria como instrumento legitimador del capitalismo

En el momento de redactar este texto, 1979, el nuevo sistema parlamentario español lleva ya dos procesos electorales y existe una nueva constitución vigente. Precisamente el 1 de marzo del mismo año se celebran los segundos comicios y la sociedad española empieza a acostumbrarse a la política

parlamentaria. Pero, en pleno desencanto, la ciudadanía es ya consciente de que la democracia no acaba de resolver los graves problemas económicos y sociales que contribuyó a agudizar la dictadura. En este artículo, pues, Joan Martínez Alier realiza una reflexión sobre la naturaleza de la democracia parlamentaria que, como explicita el título, sirve precisamente para acallar la protesta social (en esos momentos muy intensa) puesto que el nuevo modelo sirve para legitimar el modelo capitalista. Recordemos que en ese contexto la guerra fría y la reactivación del neoliberalismo (es el año en que Margaret Thatcher se hace con el poder en la Gran Bretaña y que Latinoamérica experimenta los tratamientos de choque neoliberales impulsados desde la escuela de economistas de Chicago) impiden un margen de recuperación del tiempo perdido. El autor, basándose en diferentes reflexiones historiográficas del entonces muy popular historiador británico Edward Palmer Thompson,[41] nos refresca los orígenes de las democracias liberales como instrumentos legitimadores de la opresión económica del capitalismo. A partir de los orígenes de la institucionalización de los partidos políticos como conglomerados de intereses y estructuras complejas, se impide la participación real de la ciudadanía y se excluye, a la práctica, a los sectores más explotados del sistema económico. A la vez, mediante el sistema parlamentario, que podríamos calificar como de suplantación de la soberanía popular, se hace partícipe de la opresión a todos los partidos, tanto a los de gobierno como a los de oposición, que teóricamente se erigen como representantes de la sociedad, pero que a la práctica acaban representando intereses bastante diferentes de los de la mayoría. Un ejemplo de todo ello es la manera como la praxis legislativa y ejecutiva cotidiana contradice los artículos constitucionales. Así, en la recién estrenada constitución de 1978, Martínez Alier evidencia el flagrante incumplimiento de los artículos programáticos, como el derecho al trabajo, a la vivienda digna o la supeditación de la propiedad al interés general, la distancia entre la retórica bienintencionada de los artículos constitucionales y la realidad. Pero, claro está, la democracia parlamentaria, presidida además mediante irregular imposición de una monarquía elegida por un dictador, implica una dilución de responsabilidades que hace difícil centrar en una única persona o grupo el malestar que comportan las injusticias del sistema económico. Desde estas premisas, la democracia representa una «ilusión» de soberanía popular. Citando a William Morris, uno de los autores más apreciados por el anarquismo, pone en evidencia las distorsiones del sistema político de las

democracias liberales, según las cuales los complejos aparatos de los partidos políticos imposibilitan la toma de decisiones contrarias a los beneficiarios del capital, e impiden, a la práctica, políticas que favorezcan a la mayoría. En estas circunstancias, la participación electoral, mediante el voto, representa el acto legitimador del sistema político, el rito necesario para santificar una democracia representativa que representa los intereses de unos pocos. Asumiendo las tesis abstencionistas de los viejos anarcosindicalistas, el autor considera la participación electoral como el acto que hace partícipe a la oposición de izquierda en el acatamiento del sistema socioeconómico, el cual resulta ser más inamovible aún que el régimen político.

Abstencionismo y política

El último artículo de esta sección profundiza en la cuestión de la participación política como muestra de la falta de calidad de la recién estrenada monarquía parlamentaria. Redactado hacia finales de 1978 o principios de 1979 por José Manuel Naredo, verdadera identidad tras su habitual pseudónimo Aulo Casamayor, se dedica a comentar los elevados índices de abstención del referéndum de la Constitución del 6 de diciembre de 1978, a rebatir las explicaciones oficiales que lamentan la baja participación, y a exponer sus propios análisis a la hora de explicar una creciente y temprana desafección de la sociedad española respecto al recién creado régimen constitucional. José Manuel Naredo (1942), doctor en ciencias económicas y estadístico, es uno de los economistas más prestigiosos y críticos en la actualidad, con una presencia considerable en medios como el diario Público, así como uno de los disidentes actuales al neoliberalismo más conocidos y elucidador del desastre inmobiliario y financiero actual de la economía española desde varios años antes de 2008. Ha escrito textos muy importantes de economía e historia agraria, de ecología urbana y economía ecológica. Fue precisamente su desembarco en París como joven funcionario español encargado de aprender en la OCDE cómo se debía calcular la Contabilidad Macroeconómica, en octubre de 1966, lo que permitió establecer o con Ruedo ibérico, en octubre de 1966, e iniciar una larga y profunda amistad con su editor, José Martínez. Publicó uno de sus primeros artículos en Cuadernos de Ruedo ibérico, revista con la cual

colaboraría a lo largo de toda su trayectoria. Ejerció de coordinador de economistas madrileños que enviaban artículos a Ruedo ibérico, y se labró ya entonces un nombre como pensador económico alternativo, crítico con el sistema económico capitalista, y receptor de las corrientes políticas en defensa del ecologismo. Naredo, desde su condición de estadístico, destaca la alta abstención del referéndum constitucional de 1978 (en España se eleva al 32,89 % del censo, pero en el País Vasco llega al 54,49 % y en Galicia al 49,31 % ) y expone la situación de resaca de los primeros tiempos de la Transición en lo que los periodistas de entonces y los historiadores de ahora denominamos Desencanto. A pesar de toda la presión mediática, en un contexto en el cual la televisión es un monopolio del Estado y la prensa escrita es mayoritariamente progubernamental, el autor considera que no se ha frenado el elevado grado de personas que han decidido no legitimar un proceso que considera excluyente. Contradiciendo los análisis oficiales que pudieran explicar la baja participación (mal tiempo, una cierta fatiga electoral), Naredo pone en evidencia unas cifras que, en el caso del País Vasco, técnicamente representan un rechazo abierto a la carta magna. El economista y estadístico interpreta que se trata de un claro mensaje de desafección de la ciudadanía española respecto a lo que considera el fraude constitucional. La convergencia de los diversos partidos políticos a la hora de acatar y defender el capitalismo sin rostro humano vigente en España, así como la constatación de que ninguna de las fuerzas parlamentarias parece dispuesta a resolver los graves problemas socioeconómicos que deja en herencia el franquismo, explicaría el rechazo que muestra cerca de un tercio de la sociedad española (cuatro de cada diez, si se añaden los votos negativos, blancos y nulos). Percibe el autor que el referéndum constitucional sirve para consolidar las relaciones de poder que permanecen inalterables respecto al régimen dictatorial. Y, a pesar del uso de toda la maquinaria mediática y política para atraer a los españoles a las urnas, España se nos presenta aquel frío miércoles de diciembre como una sociedad deprimida ante el presente y escéptica ante el futuro, anticipando el descrédito de la política y la ausencia de confianza, reflejada en la actualidad por los diversos sondeos y estudios sociológicos, de que ésta pueda solucionar los problemas derivados de la ausencia de justicia social.

¿Quién amnistiará al amnistiador?

De una entrevista con el señor Eduardo Tarragona, procurador en Cortes (Diario de Barcelona, 21 de abril de 1975):

«De la guerra civil no quiere hablar. —Uno de los defectos de los españoles es hablar de la historia. No se debe hablar de la historia. Considero que es una equivocación de la humanidad. Ahora que se está tratando de la Reconciliación Nacional no es conveniente hablar de cosas que puedan dividir. Se enfada. Sube el tono de voz. —¿Por qué no les preguntas a los del otro lado por las checas de la calle San Elías...? Parece que sólo tengáis ganas de poner a parir a los de un lado. Para colmo, la pregunta siguiente del cuestionario decía: ¿Es usted franquista? —Hay preguntas que no tienen contestación. Preguntas con poca educación.»

Se habla todo el tiempo de reconciliación y se pide una amnistía. Se discute la diferencia entre indulto (que supone el perdón de quien delinquió) y la amnistía (que implica reconocer que no se delinquió). Tal vez habría que dar una amnistía o indulto a personas como Fraga (ministro del gobierno que asesinó a Grimau y a otros), o a Pío Cabanillas (ministro del gobierno que asesinó a Puig Antich), o a Areilza, alcalde de Bilbao al ser conquistado por las tropas franquistas: todos ellos, y muchos otros, parece que están dispuestos a reconocer sus errores pasados y lo estarán cada vez más. Pero hay mucha distancia entre amnistiar a unos cuantos arrepentidos y dar una amnistía general a todos los que han llevado a cabo la represión franquista: hay que exigir responsabilidades políticas no sólo a los policías torturadores sino a los organizadores y cómplices de la represión.

¿Por qué? No por ansia de venganza, sino porque la petición de responsabilidades políticas lleva aparejada una necesaria discusión y esclarecimiento a fondo de la represión desde 1936 hasta la fecha, lo cual evidentemente perjudicará mucho más a la derecha que a la izquierda. Una vez esclarecidos y discutidos los hechos, una vez la derecha colaboradora con el franquismo haya sido desacreditada por su papel en la represión, entonces sí que podrá dárseles un indulto o amnistía, y podremos reconciliarnos.

Fraguita

Autor: Cattolica.

Entre los franquistas pasados a la «oposición» el caso de Ruiz Giménez es particularmente instructivo. Ruiz Giménez afirma siempre, y es de suponer que sinceramente, su aprecio personal al general Franco. Los periodistas que le entrevistan, evidentemente no pueden preguntarle: ¿Cómo explica usted ese aprecio y lealtad a una de las personas más crueles de la historia de España, a una persona que mandó ejecutar a cientos de miles de compatriotas? Ese silencio cómplice de Ruiz Giménez ante el hecho fundamental de la vida política española puede ser utilizado por la izquierda como un arma contra la democracia cristiana, y eso dejando aparte la propia actuación de Ruiz Giménez en la istración de los reformatorios juveniles donde se «reeducaba» a los hijos de rojos. Pero lo que resulta realmente curioso es que la izquierda, o la llamada izquierda, no está discutiendo si va a exigir responsabilidades políticas a los franquistas o si les va a perdonar ya de entrada sin una investigación previa y detallada de la represión desde 1936 hasta ahora, sino que la izquierda esta reclamando que los franquistas le den una amnistía ¡a la propia izquierda! Realmente, el colmo. La izquierda solicita perdón y clemencia en vez de denunciar la ilegitimidad de los poderes actuantes, y en vez de insistir en la cantidad de muertos que Franco y los franquistas han producido, ante la complacida aquiescencia de obispos y generales y del borbónico sucesor (de quien no se recuerda que, por ejemplo, intercediera cuando Puig Antich fue asesinado ni que denunciara la brutalidad policial cuando, poco tiempo después de ser nombrado sucesor, varios obreros fueron asesinados en Granada, El Ferrol y otros lugares. Ni que, ya más cerca de la herencia, hiciera otra cosa que aprobar mediante hipócritas cláusulas de estilo el asesinato de las últimas cinco víctimas de Franco). La izquierda, así, ayuda a que el poder se consolide.

Autor: Vasco.

Y es que, además, el poder se permite no hacerles caso y, conociendo las verdaderas tensiones dentro del país mejor que la llamada izquierda, recurre como siempre a la porra y a los estados de excepción. Así pues, eso de pedir amnistía no es sólo desmovilizador sino que es un poco ridículo. En todo caso, a la vez que se pide amnistía, habría que discutir si se amnistiará a los eventuales amnistiadores. Una amnistía que permitiera al franquismo y a la sucesión del franquismo sacarse de encima, a última hora, como quien no quiere la cosa, a cientos de miles de muertos y todo lo que cuelga, sería una mala operación para la izquierda, pues le privaría de una buena arma de ataque contra la derecha. La izquierda debería anunciar que exigirá responsabilidades políticas (que no quiere decir, necesariamente, penas de muerte, sino, por ejemplo, inhabilitación para la vida pública) a los miles de personas que desde 1936 han colaborado activamente, e incluso con silencio cómplice, en la represión.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 46, 1975

La Asamblea de Cataluña, la Junta Democrática y el PSUC

La Asamblea de Cataluña, cuya primera sesión fue celebrada en noviembre de 1971 con asistencia de unas trescientas personas, procede de la Comisión coordinadora de Fuerzas Democráticas de Cataluña nacida en 1969. Los partidos representados (Unió Democràtica de Catalunya, Front Nacional de Catalunya, Esquerra Republicana, Moviment Socialista de Catalunya, Partit Socialista Unificat de Catalunya, aparte de otros partidos, grupos y personalidades) se pusieron de acuerdo en un programa de cuatro puntos. El más importante, cemento de la unidad de la Asamblea de Cataluña, es el restablecimiento provisional del Estatuto de 1932 como vía para llegar al ejercicio pleno del derecho de autodeterminación. La actividad política concreta de la Asamblea de Cataluña ha sido escasa. Sus posiciones, en el terreno de la lucha de clases, moderadas, como corresponde a una alianza interclasista: por ejemplo, la primera sesión no hizo pública protesta alguna por el asesinato del obrero de SEAT Antonio Ruiz Villalba acaecido pocos días antes, silencio que hizo notar dos años después Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat en el exilio, en una incisiva queja contra «el inmovilismo, confusión y folklorismo» de la Asamblea. Sus sesiones fueron frustradas en dos ocasiones: en octubre de 1973, cuando 113 personas fueron detenidas en la iglesia de Santa Maria Mitjancera, y en septiembre de 1974 cuando 67 personas fueron detenidas en el convento de las Madres Escolapias de Sabadell, escapando muchas otras tras esconderse en los recovecos del convento. Pero a pesar de esa relativa inactividad y a pesar también de la dificultad de entendimiento entre partidos y grupos de idearios políticos muy diversos, la existencia de la Asamblea de Cataluña y su reivindicación del Estatuto pueden tener una importancia creciente en la política española, porque presentan un problema grave para la consolidación de la Junta Democrática. A primera vista podría parecer que la Asamblea de Cataluña, alianza interclasista, se anticipó a lo que pretende ser la Junta Democrática y que, por tanto, sería fácil una incorporación de la Asamblea a la Junta. De hecho no es así.

La reivindicación del Estatuto de 1932 supone, para la Asamblea de Cataluña, un punto de acuerdo mínimo, aunque fuera de Cataluña pueda parecer una pretensión desaforada. En efecto, para los sectores más catalanistas el Estatuto de 1932 no supone un momento triunfante sino más bien un retroceso con respecto al proyecto de Estatuto de Núria y, retrospectivamente, se piensa que fue un error que Macià hiciera marcha atrás pocos días después del 14 de abril en vez de mantener su proclamación de la República Catalana. Pero, contra quienes reprochan a la Asamblea que se conforme con la modesta reivindicación del Estatuto de 1932 y contra quienes atacan específicamente al PSUC por aceptar esta reivindicación en vez de defender, como es norma en los partidos comunistas, el derecho de la nación a su autodeterminación (incluyendo la separación), se ha respondido, con harta razón, que : «La supresión [de la reivindicación] del Estatuto de 1932, dejando estrictamente el derecho de autodeterminación, significaría que el día que se instaure en España el poder provisional que sucederá a la dictadura no se crearía en Cataluña ninguna forma de poder nacional propio y que el proceso democrático hasta el ejercicio del derecho de autodeterminación habría de transcurrir bajo la autoridad del poder central, apoyándose exclusivamente en los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos que puedan crearse en el conjunto del Estado español» (G. López Raimundo, citado por Jordi Català, en Nous Horitzons, 1.o y 2.o trimestres de 1974). Es decir, el PSUC y la Asamblea de Cataluña han venido abogando por la constitución de un gobierno provisional en Cataluña a la caída de la dictadura, gobierno que debe presentar como un fait accompli al resto de España el restablecimiento inmediato de las instituciones y principios del Estatuto de 1932, sin entrar en negociaciones al respecto con el poder central provisional y sin esperar a que ese u otro Estatuto sea otorgado por una Asamblea constituyente. Ésta ha sido la posición del PSUC y de la Asamblea de Cataluña, y no es de extrañar por tanto el malestar a raíz del manifiesto de la Junta Democrática de julio de 1974, cuyo punto 9.o no habla ni de Estatuto ni de autodeterminación de la nación catalana sino únicamente del «reconocimiento de la personalidad política del pueblo catalán bajo la unidad del Estado español». El argumento que el PSUC se ha sacado de la manga (Treball, 3 de septiembre de 1974) para demostrar que no hay incompatibilidad entre el punto 9.o de la Junta y la reivindicación del Estatuto de 1932 por la Asamblea de Cataluña es el siguiente: la Junta Democrática propugna un gobierno provisional para todo el Estado español que organizaría elecciones; esta Junta se disolverá el día que comience el ejercicio de un poder político legitimado por el sufragio universal de los españoles; por tanto, la Junta, que se autodisolverá, no puede propugnar

soluciones para el problema nacional catalán que vayan más allá de la restitución de la soberanía al pueblo. No hay pues incompatibilidad entre el punto 9.o de la Junta y la reivindicación del Estatuto. Este argumento no es convincente porque no contesta a la cuestión básica: ¿a qué «pueblo soberano» le corresponde determinar la solución del problema nacional catalán? ¿Al pueblo catalán o al pueblo de todo el territorio español? En el manifiesto de la Junta está implícito que corresponde al poder político central elegido por sufragio universal, en tanto que para el PSUC correspondía, hasta hace poco, a la nación catalana. Ahora bien, es patente que la Junta Democrática sería sumamente imprudente si propugnara la autodeterminación de Cataluña o tan siquiera el restablecimiento del Estatuto. El Estatuto es una institución republicana y la Junta no se presenta ni como monárquica ni como republicana. La Junta corteja a sectores del ejército supuestamente democráticos, pero el ejército está formado en la idea de que España es un Estado-nación en vez de un Estado multinacional y cree que su misión primordial es defender la unidad «nacional». Por último, cabe pensar que la población del Estado español, fuera de los territorios que albergan a nacionalidades minoritarias, está seguramente en contra del Estatuto y de la autodeterminación, en su gran mayoría. Lo que la Junta Democrática ganaría al incorporarse a ella la Asamblea de Cataluña, lo perdería en exceso en el resto de España, al tener que aquiescer, a cambio de esta incorporación, al restablecimiento inmediato del Estatuto a la caída de la dictadura. Pero sin la aquiescencia expresa a esa reivindicación, la Asamblea de Cataluña no puede incorporarse a la Junta. Si el PCE insiste en la incorporación de la Asamblea a la Junta sin esta condición previa, una consecuencia probable es la disgregación de la Asamblea o, alternativamente, una respuesta negativa del PSUC y por tanto una separación entre el PCE y el PSUC (el PSUC, hasta ahora, ha sido parte del PCE y no un partido independiente: las decisiones del PCE son también decisiones del PSUC cuyos dirigentes son del Comité ejecutivo y del Comité central del PCE). En efecto, una vez haya en la Asamblea de Cataluña quien renuncie a la petición mínima del establecimiento del Estatuto, esa alianza interclasista pierde su razón de ser. La existencia de la Asamblea de Cataluña se basa: 1) en la existencia de una burguesía que es liberal no tanto por ser burguesa como por ser catalana: es decir, las raíces de cuyo antifranquismo están en la cuestión nacional y no en su posición de clase; 2) en la oportunidad que tienen los partidos de izquierda en

Cataluña, aun si son dirigidos por no catalanes, de aprovechar la radicalización nacionalista de la intelectualidad, de la pequeña burguesía nacionalista y de parte del proletariado de origen catalán, para ampliar su base social más allá del proletariado inmigrante; así, el PSUC, a pesar de que en su día se liquidó a Comorera con la acusación de nacionalismo pequeño burgués, celebra y hace celebrar el 11 de septiembre. La renuncia a la reivindicación del Estatuto y la renuncia a la fidelidad republicana que tal reivindicación trae aneja, haría disolverse la base de esta unidad interclasista y por tanto es de esperar que la Asamblea de Cataluña se disolviera en por lo menos cuatro sectores: el que apoyara a la Junta Democrática; el que apoyara a los demócratas de Ruiz Giménez-socialistas; el sector nacionalista intransigente; y una extrema izquierda. Si bien es cierto que algunas de las tendencias políticas en el seno de la Asamblea estarían dispuestas, en su prisa por llegar a una «ruptura democrática», a ceder parte de la reivindicación nacionalista a cambio de un programa de democratización como el que propone la Junta Democrática o como el que va a proponer la alianza Ruiz Giménez-socialistas, programas que incluirían ciertas concesiones a la vida cultural catalana, etc., el hecho es que una vez se quitara el cemento de unidad que la reivindicación del Estatuto de 1932 proporciona, la Asamblea de Cataluña y ese embrión de gobierno provisional catalán que es la Comisión Coordinadora dejarían de existir. Al PSUC le es extraordinariamente difícil disminuir su fervor nacionalista, siendo especialmente susceptible a la acusación de «traición» a la nación catalana, tan tradicional en la vida política de Cataluña. La cuestión básica es pues si la Junta Democrática reconoce explícitamente a la Asamblea de Cataluña su reivindicación de proclamación inmediata del Estatuto a la caída de la dictadura y si modifica en consecuencia el punto 9.o o bien si el PCE prefiere, por el contrario, refugiarse en el argumento que, por propugnar la Junta la existencia de un gobierno provisional en Madrid, no puede comprometerse a decidir el programa de ese gobierno más allá de ese vago reconocimiento de la «personalidad política» del «pueblo» catalán dentro de la «unidad del Estado», ni puede prever qué decisiones tome en su día la Asamblea constituyente del Estado español. Para los catalanes que piensan que corresponde exclusivamente a los catalanes decidir la suerte de su país, es decir para los catalanes que creen (como dice creer el PSUC) en el derecho de autodeterminación, y para los catalanes que, creyendo en esto, están no obstante dispuestos a hacer una concesión táctica y con sentido práctico demandan sólo el restablecimiento del Estatuto, ese argumento del PCE no es aceptable.

El PCE puede decir con toda la razón que el programa de la Junta no es el programa del partido, y puede decir que el partido continúa pensando que España es un Estado multinacional y que el partido defenderá el derecho de autodeterminación en el gobierno provisional y en la Asamblea constituyente. Pero el hecho es que, en tanto que el PCE se ha permitido constituir la Junta Democrática sobre la base de los puntos del manifiesto del 30 de julio, el PSUC no debería permitirse entrar en la Junta Democrática sin que se modifique previamente el punto 9.o, a riesgo de provocar la disolución de la Asamblea o de ser excluido de ella, y mucho menos puede la Asamblea de Cataluña incorporarse unidamente a la Junta en tanto sea mantenido este punto. A esta coyuntura política, que parece poner las bases para una ruptura entre el PCE y el PSUC, hay que añadir el impacto que sobre el PSUC pueda tener la conciencia nacionalista cada vez mayor en la izquierda intelectual catalana. Durante bastante tiempo la izquierda se ha sentido incómoda en su valoración del movimiento catalanista, porque el catalanismo del siglo XIX y de principios del XX tuvo en su origen un fuerte matiz burgués y porque en Cataluña, país de inmigración, muchos obreros, tal vez una mayoría, no son catalanes. Sin embargo, hay una creciente afirmación del carácter popular del movimiento nacionalista catalán. Hasta hace pocos años se aceptaba casi sin discusión la interpretación siguiente: la burguesía catalana en una primera fase (simbolizada por el Fomento del Trabajo Nacional, donde «nacional» se refería a toda España) pretende imponer a todo el Estado español su proyecto burgués de industrialización; al fracasar, debido a la diacronía existente entre una Cataluña burguesa y un Madrid todavía latifundista-aristocrático, la burguesía catalana vacila entre subordinarse a Madrid o encabezar la lucha nacionalista en Cataluña. Esta vacilación le cuesta cara, porque al Cambó «traidor» que ha colaborado o querido colaborar con la Monarquía, le sustituye la Esquerra de Macià y Companys. Esta pequeña burguesía fracasa a su vez, incapaz de enfrentarse a Madrid sin el apoyo del proletariado que no es catalanista (6 de octubre) y es rebasada por el proletariado (19 de julio) que en gran parte (Durruti, Ascaso) no es catalán. En los últimos años, los jóvenes historiadores han puesto en duda las bases de esta visión histórica. Primero, sobre todo a través de la obra de Termes, han demostrado que el proletariado anarquista era desde sus inicios de sentimientos muy catalanes. El interés por estudiar a dirigentes como Joan Peiró va en el mismo sentido. Las memorias de Juan García Oliver pueden ayudar a confirmar

esta tesis, que es en principio convincente por cuanto da una explicación sociológica del arraigo del anarcosindicalismo (federalista) en Cataluña y de la escasa importancia de la UGT. En segundo lugar, se está poniendo en duda la explicación que ligaba la persistencia de las particularidades nacionales en el Estado español a la tardía formación de un mercado «nacional». Es verdad que el desarrollo del capitalismo lleva a una fusión creciente de la burguesía catalana y de la burguesía española e internacional. Sin embargo, ante el renacimiento del nacionalismo catalán en los últimos años, los jóvenes historiadores (como Rafael Ribó) están poco a poco abandonando la problemática de la formación del mercado «nacional» (es decir, del mercado unificado para todo el territorio del Estado) y muestran interés por otras versiones de la teoría marxista de las nacionalidades: específicamente, la versión de Otto Bauer (tan vilipendiado por Andreu Nin, la reedición de cuyo libro, Els moviments d’emancipació nacional, supuso más bien una decepción). Bauer argumentó que, con el desarrollo del capitalismo, las diferencias nacionales no disminuyen sino que por el contrario aumentan, ya que el desarrollo permite que capas cada vez más populares accedan a la cultura del país. En Cataluña, donde la pequeña burguesía y parte del proletariado empezaban a ser alfabetizados en catalán antes de la guerra, la pertinencia de esta teoría parece muy clara y va en el mismo sentido que la aportación de Termes: el catalanismo es un movimiento de raíz popular o, por lo menos, aunque sea de raíz burguesa, echa ramas populares cada vez más frondosas. Las investigaciones de los sociolingüistas sirven para confirmar esta visión; por ejemplo, en la ciudad de Barcelona la proporción de catalanoparlantes es mayor entre la burguesía y pequeña burguesía que entre el proletariado, pero entre los catalanoparlantes (algo así como un sesenta por ciento de la población) el número de obreros es superior al de burgueses y pequeño burgueses. La mayor parte de los catalanoparlantes son analfabetos en su propio idioma, como consecuencia de la política «cultural» del Estado español tras la derrota de Cataluña en 1939. Así pues, movimientos políticosculturales tales como el de «català a l’escola» tienen una clientela potencial mayor entre el proletariado que entre la burguesía y la pequeña burguesía. En tercer lugar, la contraposición que se hacía entre una burguesía industrial periférica (vasca y catalana) y una aristocracia latifundista centralista, reduciendo así una oposición entre nacionalidades a una oposición entre clases, ha sido también puesta en duda, sobre todo a partir de mis propias investigaciones y de las de Malefakis, quien ha mostrado que en 1931 los

latifundistas eran muy mayoritariamente burgueses. (Los ideólogos de la burguesía catalana colaboradora con el franquismo habían argumentado con desfachatez que Cataluña debía estar políticamente presente en el Madrid franquista, para imponer su proyecto burgués de industrialización contra esa aristocracia latifundista, tal como supuestamente había querido hacer el propio Cambó.) Esa presencia política era, como mínimo, prematura, por cuanto Cataluña, para empezar, debería estar políticamente presente en la misma Cataluña, gobernada por gauleiter desde la derrota de 1939. Además, los burgueses catalanes (como ha mostrado Isidre Molas en su historia de la Lliga) nunca manifestaron ningún interés por una reforma agraria en el sur, lo que no se explicaría si de verdad hubiera habido una oposición de clase. Si a esto se añade el abandono por buena parte de la burguesía catalana (aunque no toda, ni mucho menos) de su liberalismo y de su catalanismo en los años que siguieron a la derrota de 1939, carece de plausibilidad continuar encomendando a esa burguesía la realización de tareas democrático-burguesas. El meollo de la cuestión es que la revolución burguesa ya se hizo en España, pero los burgueses (sobre todo la burguesía agraria del sur y también bastantes burgueses industriales) se volvieron fascistas ante la amenaza y la realidad de la revolución proletaria. Si hoy parte de la burguesía catalana vuelve a ser liberal, no es por ser burguesa sino por ser catalana: es decir, intenta recobrar el papel a la cabeza de su propia nación que transitoriamente desempeñó a principios de siglo. Este catalanismo renacido (Omnium Cultural, etc.) no puede ser interpretado pues como un síntoma del deseo de imponer a una España recalcitrante y aristocrática el proyecto burgués, sino como un intento un tanto oportunista de una burguesía, que cambia de camisa con frecuencia, de capitalizar políticamente un movimiento nacional de base popular, intentando asegurar su posición en el posfranquismo. Por último, la relación entre la Generalitat y los anarcosindicalistas, durante la revolución y la guerra civil, no se ve ahora en términos tan conflictivos como a los comunistas les gustaría. No sólo el gobierno de la Generalitat se entendió mejor (o no peor) con los anarcosindicalistas que con el gobierno de la República, sino que los anarcosindicalistas se sintieron facultados para acusar al gobierno de la Generalitat de «traidor» a Cataluña (como señala Bricall), cuando éste cedió ante el gobierno de la República: esta acusación hubiera sido absurda si los anarcosindicalistas hubieran considerado el catalanismo como un fenómeno burgués. El PSUC no puede permitirse fácilmente un enfrentamiento directo con

estas ideas y con estos intelectuales. Al PSUC, suponiendo que quisiera hacerlo, le sería más difícil ahora que en tiempos de la liquidación de Comorera disminuir el fervor de sus reivindicaciones nacionalistas con los argumentos sobados, y cada vez más desacreditados a nivel intelectual, de que el catalanismo es cosa de la burguesía, de que el proletariado de Cataluña no es catalanista ni tan siquiera catalán, y de que los nacionalismos minoritarios son fenómenos transitorios que desaparecen con el desarrollo del capitalismo, la ampliación del mercado y la interpenetración de las burguesías. En conclusión, pues, en tanto que en el Estado español la convergencia democrática interclasista de la Junta que debe llevar a una «ruptura democrática» se ha hecho a expensas del derecho de autodeterminación de las nacionalidades minoritarias, puesto que para la burguesía española, para la burocracia estatal y para el ejército, cuyos favores la Junta trata de ganar, sería muy difícil aceptar la autodeterminación (o la simple proclamación del Estatuto de 1932) de otro lado, en Cataluña, la convergencia democrática interclasista pasa por una intensificación de la afirmación nacionalista a la que el PSUC no puede ser ajeno.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1975

Autor: Rojo.

¿Burguesía débil o burguesía fascista?: La España del siglo XX

La interpretación más común de la historia reciente de España insiste en la supuesta oposición existente entre la burguesía liberal y las «fuerzas tradicionales», la «oligarquía terrateniente», etc. Esta oposición, se asegura, se resolvió cuando esa burguesía liberal (en gran parte radicada en las regiones periféricas) se subordinó a esas «fuerzas tradicionales» y en este sentido 1917 anticipa a 1923 y a 1939. La conclusión es que a España le han quedado tareas democrático-burguesas por resolver, y la consecuencia política es que está a la orden del día una segunda edición de la segunda República, o, incluso, una segunda edición de la restauración monárquica parlamentaria cuyo objetivo sería llevar a cabo tales tareas frustradas en anteriores ocasiones. Esta interpretación global no es sin embargo compartida por todos los autores. Una nueva tesis se va abriendo paso. (Una exposición muy clara de esta tesis, que distingue cuidadosamente entre revolución burguesa, ya concluida en el siglo XIX, y desarrollo del capitalismo, que ciertamente no terminó en el siglo XIX, puede verse en la introducción anónima al trabajo de M. Viñas publicado en Horizonte español 1972, tomo 3, Ruedo ibérico, París.) Un ingrediente fundamental de esta nueva tesis es que el carácter de la revolución que se planteó en España en 1931-1939 no era democrático burgués sino socialista proletario. En esa guerra grande hubo a la vez dos guerras chicas: la que enfrentó a defensores de la revolución proletaria con la coalición de republicanos, partido comunista y socialistas de derecha que defendían una república democrática y la que enfrentó, por así decir, a Barcelona (y a Euskadi) con Madrid (Madrid estando transitoriamente en Valencia y después en Barcelona). El análisis de la oposición existente entre «fuerzas tradicionales» o «aristocracia terrateniente», etc. y «burguesía liberal», «burguesía industrial», «burguesía periférica», etc., es cuestión esencial por cuanto la interpretación acostumbrada atribuye la debilidad de la República a la debilidad de una burguesía incapaz de imponer su hegemonía sobre los intereses de esas «fuerzas tradicionales» y de esa «aristocracia terrateniente», en tanto que la nueva crítica niega que esa

oposición de clase existiera realmente. Para que la nueva tesis sea convincente debe conseguir demostrar por qué la República no consiguió dar una solución estable y firme a la cuestión latifundista y a la cuestión de las nacionalidades minoritarias.

Autor: Lima.

La burguesía latifundista: ideologías legitimadoras y especificidad política

En tanto que durante mucho tiempo el tópico fue que los latifundios pertenecían a la nobleza absentista, el tópico reciente, cultivado desde el poder, es que estos nefastos señores están siendo sustituidos, felizmente, por modernos empresarios agrícolas. Pero no hay que dejarse engañar. No es cierto que los latifundistas fueran, durante la República, «señoriales», y ahora «empresariales». Lo que ha cambiado ha sido la forma de legitimar la existencia de la propiedad latifundista. Antes se acostumbraba a hablar de la «función social de la propiedad», noción muy cara al pensamiento socialcristiano. El origen de esta terminología (a través del jurista Duguit, profesor de Derecho en Burdeos) está en Durkheim, el padre de la ideología corporativista por la que se «superaba» la lucha de clases, ya que todas ellas desempeñaban una «función social». Los ataques contra los latifundistas «señoriales» que viven de «renta» sirven para defender al propietario que cultiva directamente la tierra (es decir, con obreros y no con arrendatarios), mediante esa ideología de la «función social» del propietario agrícola. En épocas más recientes, en que esa doctrina (propugnada por un Giménez Fernández, un Martín-Sánchez Juliá) va pareciendo un tanto pasada de moda, se prefiere calificar a los latifundistas de «empresarios agrícolas», lo que es bastante parecido. ¿Qué razón hay para pensar que el latifundista que arrienda su tierra es menos «empresarial» (es decir, menos deseoso de ganar dinero) y más nocivo socialmente, por ejemplo, que el capitalista que corta los cupones de sus acciones de empresas industriales o que el latifundista que extrae lucros del trabajo de los obreros y no del trabajo de arrendatarios y aparceros? El absentismo del propietario que no vive en su finca, ¿por qué ha de ser más nocivo que el absentismo del industrial que no vive en su fábrica? Lo que ocurre, en realidad, es que los latifundistas han tenido dificultades mayores que los industriales en legitimar su propia existencia, debido a las características técnicas de una agricultura poco mecanizada todavía, en la que los trabajadores

agrícolas hubieran podido hacerse cargo de la tierra con suma facilidad. Esa posibilidad de que la gestión se transfiera de los propietarios a los trabajadores se manifiesta claramente cuando los latifundios se arriendan a pequeños arrendatarios o aparceros, y es por esta razón, para evitar que aparezca claramente este carácter superfluo y esa falta de «función» específica del gran propietario agrario, que la legislación, y, en general, la ideología de la derecha han penalizado o han amenazado con penalizar el «cultivo indirecto». Desde luego que en momentos decisivos, como en 1936, la derecha ha prescindido de estas sutilezas ideológicas y ha defendido los latifundios a bala. Pero en otros momentos estas posiciones ideológicas han tenido su importancia y ciertamente han cumplido su papel de sembrar confusión. Así ha surgido la idea de que, por fin, el latifundio señorial está dando paso al latifundio empresarial, cuando lo cierto es que los latifundios no han tenido, desde la desamortización al menos, un carácter señorial. Nunca hubo servidumbre en el sur de España. Hubo, eso sí, ciertas restricciones al perfecto funcionamiento del mercado capitalista de trabajo asalariado, instituciones tales como el «alojamiento» o la «limosna», que son el equivalente andaluz de las Poor Laws inglesas: residuos de una época en que los hombres no se avenían del todo a tratar a otros hombres únicamente como mercancía. Pero esos residuos desaparecieron ya hace tiempo. Incluso en los terribles «años del hambre» de la década de 1940, a los latifundistas triunfantes les gustaba mostrarse desprovistos de tales escrúpulos precapitalistas, impugnando el sistema de «alojamiento», como «empresarios agrícolas» que eran. Así pues, el latifundismo ha sido capitalista desde mediados del siglo XIX, por lo menos. Y se ha intentado legitimar esa realidad con ideologías expresadas con palabras que cambian con el tiempo: la ideología de la «función social de la propiedad» y del «cultivo directo», la ideología del «empresario agrícola». La legitimación ha sido muy necesaria (en el siglo XX) ante la amenaza revolucionaria de los obreros del campo y ante los ataques al latifundismo provenientes de otros sectores de la sociedad. Pero no hay que confundir ideología legitimadora con descripción objetiva de la sociedad. Es equivocado por tanto atribuirme la idea de que los latifundistas son ahora más empresariales que antes (como lo ha hecho Salvador Giner). Ésa es una idea de los propios latifundistas y de sus ideólogos, y mi análisis estudia esa ideología «empresarial» en tanto que ideología legitimadora. Una cuestión que aún no ha sido estudiada a fondo es la utilización de las ganancias de los latifundistas. En parte, ciertamente, esos beneficios se han

dedicado (como ocurre también con los beneficios obtenidos por los industriales) a gastos suntuarios. Una pequeña parte se dedicó a la reinversión en la agricultura que, debido seguramente a la abundancia de mano de obra y a la no competitividad, por lo tanto, de la maquinaria, durante muchos años estuvo en un estado que pudiéramos llamar de «reproducción simple»: las mismas técnicas eran aplicadas año tras año, y la inversión agrícola iba más bien hacia la ampliación de la extensión de tierra cultivada (por ejemplo, al pasar las campiñas andaluzas de la rotación «al tercio» a la rotación «año y vez»). Con la emigración de la mano de obra y por tanto con la mecanización, la inversión en la propia agricultura irá aumentando mucho en los últimos años. En el caso de algunas técnicas (como el empleo de tractores de cadenas para alzar los rastrojos), la mecanización empezó a ser competitiva ya hace muchos años, debido al ahorro neto del capital que representaba (en la forma de mulos para la labranza), y eso a cualquier nivel de salarios. Pero éste es un caso muy especial. Aparte de los gastos suntuarios, y aparte de la inversión en la propia agricultura, es muy probable que la mayor parte de la acumulación de capital realizada en la agricultura latifundista haya circulado, a través del sistema bancario, hacia otros sectores de la economía. Si el dinero que provenía de los latifundistas ha servido para financiar otros sectores de la economía, esto no es al fin y al cabo más que un ejemplo del proceso normal en casi todo país que se desarrolla económicamente, en que la agricultura, sector inicialmente predominante, ha de ser necesariamente el sector que financie la expansión de otros sectores. Ahora bien, tales inversiones, a través del sistema financiero, ciertamente se hicieron según criterios de rentabilidad y no según criterios de necesidad social, puesto que España ha tenido una economía capitalista. Y esa evasión de capitales hacia sectores rentables ciertamente debe haber tenido consecuencias negativas (todavía no estudiadas) sobre el desarrollo regional de las provincias latifundistas. En este sentido, puede decirse que los burgueses latifundistas no sólo han sacrificado políticamente a la España del sur con la horrible matanza del verano de 1936, sino que además han traicionado económicamente a su propia región, de tan fuerte personalidad histórica y cultural, forzando a sus habitantes no sólo a emigrar a las ciudades, como es normal, sino también hacia otras regiones de España de cultura muy distinta o hacia el extranjero. Estas consideraciones contrastan con la visión tradicional de los latifundistas en la literatura histórica y sociológica española (desde un Vicens Vives, un Brenan o un Ramos Oliveira, hasta un Tuñón de Lara, un Tamames o un Carlos Moya). Hemos dicho ya cómo, al atacar al «absentismo» al «feudalismo», al

latifundismo «señorial», implícitamente (y a menudo explícitamente), se está defendiendo al latifundismo empresarial, capitalista. Y así, los autores de «izquierda» que, como Tamames, han adoptado tales posiciones, en realidad han tomado sopas con honda y han hecho el juego a la derecha, puesto que han adoptado la propia ideología de los ideólogos latifundistas. Incluso durante la República, una vez se dio por sentado (en contra de la evidencia empírica) que los latifundios eran en general propiedad de la nobleza, y una vez se adoptó la noción de que el «cultivo directo» eximía de expropiación o por lo menos la atrasaba (cosa que ocurrió ya durante el primer bienio), la partida la tenían ganada los latifundistas (de cara a la reforma, aunque no, claro está, de cara a la revolución campesina) puesto que la reforma agraria se quedaba sin armas contra los latifundistas burgueses que eran la gran mayoría y que pasaron a emplear asalariados. A primera vista puede parecer, pues, que estamos diciendo que es difícil caracterizar a un sector latifundista que políticamente se distinga de otros sectores burgueses. En efecto, he señalado el origen burgués de los latifundistas, he insistido en que sus relaciones con los obreros han sido de corte capitalista, he indicado que los latifundistas han estado integrados en la economía del país a través del sistema financiero, etc. Sin embargo, los latifundistas han sido gente distinta que los industriales catalanes de la época del «sindicato libre». La revolución campesina estaba ya en marcha antes de la sublevación militar del 18 de julio, y puede pensarse que la sublevación militar fue, en gran parte, precisamente una respuesta a esa revolución. La represión fue despiadada. La burguesía, una vez ha triunfado del «antiguo régimen», lo que en España puede darse por realizado con la desamortización, y una vez enfrentada al movimiento obrero, cifra sus deseos políticos en un régimen fuerte: si no un régimen fascista, por lo menos un régimen corporativista o en todo caso un régimen autoritario: ese régimen que permite un «pluralismo limitado» a los varios sectores de la burguesía, negando al mismo tiempo expresión política y aun sindical al proletariado; una especie de «dictadura democrática» de la burguesía. Y si esta tesis de que la burguesía tiende al corporativismo e incluso al fascismo una vez instalada en el poder me parece en general válida para todas las burguesías de España (con la excepción de las que han defendido reivindicaciones nacionalistas minoritarias), lo es especialmente para la burguesía agraria del sur. El sindicalismo de los obreros del campo supuso un

peligro mortal para esta burguesía, precisamente porque las características técnicas de la agricultura hacían sumamente plausible que los obreros sindicalizados se apoderaran y manejaran los latifundios sin dificultad. Y tal como ocurrió en el norte de Italia, la burguesía agraria del sur de España se hizo muy rápidamente fascista. Ya en 1919 los «labradores» de Córdoba se pronunciaban en favor de una sindicalización «mixta», es decir, corporativista, «vertical». En este sentido, el gran peso del problema latifundista antes de 1936 y hasta hace pocos años explica en buena parte el origen y el carácter del franquismo. Casi todos los burgueses se vuelven fascistas cuando está en juego la propiedad de los medios de producción, pero los burgueses agrarios se vuelven fascistas antes y con mayor entusiasmo porque la propiedad de la tierra carece de la legitimidad social con que cuenta la propiedad de las fábricas. En España, se ha hablado de reforma agraria desde hace mucho tiempo, mientras que sólo la extrema izquierda proponía análoga medida para la industria. Así pues, hay una cierta diferencia política entre burgueses agrarios y burgueses industriales: los primeros son mucho más fieros, porque han estado muy directamente amenazados y porque la represión en el campo y en los pueblos rurales ha tenido necesariamente un carácter más directo, con menos instituciones mediadoras entre los dueños de los medios de producción y los obreros. Comentando las investigaciones de Gabriel Jackson sobre la represión durante y después de la guerra civil, particularmente feroz en el sur de España, escribí en 1966: «Muchas de las personas que todavía hoy, y en los próximos diez o quince años, ocupan altos cargos, participaron o aprobaron expresamente lo que parece haber sido, más que una guerra civil, una matanza prácticamente unilateral. En aquella época es muy posible que ese proceder les pareciera legítimo a ellos mismos: tanto o más drástico era el régimen nazi, que tanta gente iraba por entonces; pero hoy son procedimientos que no pueden justificar, ni tan siquiera retrospectivamente. La estructura social actual en España, el rápidamente creciente nivel de vida —y la emigración de los obreros del campo a zonas industriales en España o en Europa donde seguramente perderán parte de su radicalismo— hacen tal vez posible a primera vista una evolución moderadamente democrática sin que la derecha pierda su control. Pero los gobernantes actuales seguramente temen que si se permite la libertad de expresión habrá individuos, grupos o partidos políticos que sacarán a relucir la matanza ya que es un magnífico tema de propaganda. Temen seguramente, y no sin razón, que eso les desacreditaría a ellos y a sus sucesores ante los ojos de quienes ignoran lo que pasó o lo han olvidado un poco, al no poder discutirse de

ello públicamente. Una gran parte de la población, especialmente obreros, pequeña burguesía e intelectuales, podría ser muy susceptible a esa propaganda: tan sólo el poder hablar de la guerra ya contribuiría a sacarles el miedo del cuerpo. Los sucesores del régimen de Franco, que ya no participaron directamente, podrían, aun siendo de derechas, lamentar los excesos que se cometieron, etc., e incluso podrían aceptar la interpretación de la guerra civil como una matanza prácticamente unilateral. Pero los que la hicieron o la condonaron personalmente, jóvenes entusiastas en aquella época, no pueden aceptar que se hable de lo que parece haber ocurrido en 1936-1943: correrían el riego de desacreditarse a ellos mismos y de desacreditar a quienes nombren herederos. Por eso la “liberalización” no alcanza a permitir la discusión de la guerra civil: pero sin tener en cuenta la represión que ocurrió entonces no se puede entender la reciente historia social andaluza. El latifundismo fue seguramente una de las razones más importantes de la guerra civil: su influencia se va a hacer sentir aún después de que por la emigración se haya resuelto la cuestión agraria andaluza. Si el latifundismo fue incompatible con el liberalismo, el recuerdo de la guerra civil, que esa incompatibilidad ayudó a producir, también lo es.» (La estabilidad del latifundismo, Ruedo ibérico, París, 1968.) La cita señala la especificidad del latifundismo dentro de la política española: la incompatibilidad radical entre el latifundismo y el liberalismo (y muy especialmente la sindicalización obrera en el campo), incompatibilidad que ha dejado esa memoria de una represión brutal cuya discusión pública el régimen no ha podido permitir. Lo importante es darse cuenta que esa incompatibilidad con el liberalismo no provino de que los latifundistas fueran aristócratas del «antiguo régimen» sino, precisamente, de que eran propietarios burgueses amenazados donde más les dolía: en su derecho de propiedad. Hay un punto, sin embargo, que hoy enmendaría en esa cita. No pienso que la cuestión agraria vaya a quedar tan fácilmente «resuelta» por la emigración. Para el próximo futuro, la tendencia claramente marcada es la continuada existencia de latifundios que, en zonas cerealícolas de secano emplearán una cantidad de obreros muy reducida, pero que en zonas de regadío (y en zonas olivareras y vitícolas) deberán emplear todavía a nutridas masas de obreros, situación que conserva buena parte de su potencial de conflicto. Las fuerzas de la oposición no han conseguido, en general, organizar la lucha de los obreros del campo, donde la represión es ciertamente mayor y más ostentosa que en la ciudad. Aunque ha

habido negociaciones de convenios colectivos rurales en Andalucía, rara vez han dado lugar al surgimiento de comisiones obreras (que, en los pueblos, serían a la vez lo que las comisiones de barrios han sido en las ciudades). Pero hay todavía cerca de un millón de obreros agrícolas en España y un sindicato único de trabajadores de la tierra sería hoy todavía más nutrido que un sindicato de obreros metalúrgicos y, seguramente, no menos combativo. No es pues solamente la «mala conciencia» de la represión de 1936-1943 lo que impide la «liberalización», sino también los intereses concretos de esa burguesía agraria (más o menos ligada a la burguesía industrial). Tanto la burguesía agraria como la industrial están naturalmente en contra de que vuelva a ponerse en tela de juicio la legitimidad de la propiedad, ya sea agraria o urbana o industrial. Las cifras cuidadosamente compiladas por Malefakis muestran la escasa importancia de los terratenientes aristocráticos, muy inferior a la que habitualmente se ha dicho y a la que, curiosamente, se continúa diciendo. Tamames, por ejemplo, sigue afirmando todavía que «buena parte» de la tierra del sur de España pertenecía a los nobles, pero Malefakis ha estimado laboriosa y cuidadosamente el porcentaje de tierra de labor perteneciente en 1931 a la nobleza (antigua y reciente, «grandes» y chicos) en las provincias latifundistas, en un 8 % aproximadamente. La nueva interpretación halla en este dato uno de sus puntos fuertes, ya que el supuesto enemigo aristocrático y «semifeudal» de la supuesta burguesía liberal, simplemente no existía en cantidad apreciable. Sin embargo, y como correctivo a esta tesis, hay que señalar que no por tener el latifundismo un carácter capitalista (propietarios burgueses, relaciones salariales) dejaba de ser viable una reforma agraria que consistiera en la parcelación (y, posiblemente, venta a los campesinos) de los cortijos y dehesas. Naturalmente, ni los políticos de la Restauración ni tampoco los de la República (incluyendo la coalición Azaña-socialistas del primer bienio) se lanzaron a este empeño con el entusiasmo de que hubieran hecho gala si los latifundios hubieran sido todavía, en el siglo XX, propiedad de la Iglesia o de los aristócratas (los de los «grandes» fueron al fin y al cabo confiscados en 1932, y aunque algunos «grandes» tenían mucha tierra, en conjunto tenían muy poca en relación al total de tierra en latifundios y al total de campesinos sin tierra). Pero el hecho de que en el campo del sur imperara un capitalismo rural no quiere decir que una reforma agraria fuera, en principio, inviable, y que sólo fuera posible la colectivización ocurrida en 1936. Si la nueva tesis ha de ser plenamente convincente, debe hallar una explicación de por qué no se realizó una reforma agraria parcelizadora, neutralizando así al campesinado revolucionario. La

explicación debe rebasar el nivel anecdótico de la obra de Malefakis, valiosa por muchos conceptos, pero que privilegia el estudio de los embrollos legalistas y de las inquinas personales sobre el análisis de las clases sociales y de sus intereses. Tal explicación es, seguramente, que la movilización del campesinado era ya demasiado fuerte desde 1905, desde el «trieno bolchevista» de 1918-1920, y sobre todo desde 1931, como para que fuera posible venderles la tierra a trozos y a plazos.

La cuestión de las nacionalidades minoritarias

La República liberal ni realizó la reforma agraria (puesto que lo que ocurrió en 1936 fue una revolución campesina) ni tampoco llevó a buen término las soluciones previstas para la cuestión de las nacionalidades minoritarias. Ni Euskadi ni Galicia (estos dos casos quedan excluidos de la discusión siguiente) tenían aún sus estatutos de autonomía en julio de 1936 y la autodeterminación de Cataluña tenía terreno por correr, como se vio a partir de julio de 1936. Si se cree, como han creído quienes ven todavía en la España del siglo XX una «sociedad dual» o una «sociedad de diacronías», que la oposición entre las nacionalidades periféricas (catalana y vasca) y Madrid es a la vez una oposición entre burguesías industriales y oligarquía terrateniente y financiera, entonces tiene sentido pensar que las tareas democráticas de una reforma agraria, de lucha contra los grandes monopolios, de nacionalización o control de la banca, hubieran gozado del apoyo de esa burguesía industrial periférica y que si no se realizaron es porque esa burguesía no encontró seguidores en el centro y en el sur de España. Pero, en el siglo XX (aunque no en el XVIII y en el XIX) la oposición entre nacionalidades periféricas y Madrid no es fácilmente reductible a una oposición entre clases sociales. En los orígenes del movimiento nacionalista catalán en los siglos XVIII y XIX hay ciertamente un trasfondo de oposición entre clases, una toma de conciencia de la burguesía que pretende imponer políticas económicas que correspondan a sus intereses y que consiguen imponer el proteccionismo arancelario. Una vez que este movimiento nacionalista queda organizado políticamente y consigue un apoyo masivo, adquiere realmente una identidad

propia y encuentra una resistencia enorme en el resto de España. En Cataluña, el liderazgo del movimiento nacionalista pasó en 1931 a manos pequeño burguesas, que en 1936 fueron, primero, rebasadas y entraron después en alianza con el movimiento obrero sindicalista que, a su vez, como su federalismo indica, simpatizaba con el catalanismo. El ejército se sublevó en 1936 no sólo para frenar la revolución campesina ya iniciada en el sur de España sino también contra los estatutos de autonomía, y Calvo Sotelo dijo que prefería una España roja a una España rota. En esa oposición a la autodeterminación de Cataluña y de Euskadi en buena parte de España, uno puede ver (como han visto muchos historiadores y sociólogos) una oposición de clase: oligarquía centralista contra burguesía periférica. Pero uno puede ver también en esa oposición visceral la simple lucha entre nacionalidades distintas en el seno de un mismo Estado: es decir, una pugna entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos, una incapacidad del estado unitario para acomodar las diferencias culturales y lingüísticas. Esa lucha entre nacionalidades fue ciertamente impulsada en su renacimiento de los siglos XVIII y XIX por una divergencia de intereses económicos y por una divergencia de estructura social, pero se mantendría ahora sin necesidad de este soporte y acicate. Si la España del centro y del sur era en 1931 realmente más burguesa de lo que se ha dicho (y eso es lo que Malefakis ha demostrado, aunque no extraiga de ello las conclusiones que se imponen), entonces el ver la oposición periferia-centro como una oposición de clase, reduciendo así, de modo aparentemente muy «materialista», una oposición entre nacionalidades a una oposición entre clases, no resulta convincente y se convierte en poco más que una mera ideología liberal. Ideología liberal, por cuanto el corolario es que la República liberal era viable (y en realidad no lo fue) porque había una base sociológica para una alianza de las «fuerzas progresistas» contra las «fuerzas tradicionales» (y en realidad no la hubo). Se presta atención a la pretendida debilidad de la burguesía, a la que se supone impotente ante la élite aristocrática, en vez de prestar atención a la fuerza amenazadora del proletariado, que llevó a esa burguesía a tornarse fascista. La nueva crítica se dirige contra esa ideología liberal y de un lado insiste en que una reforma agraria «antiseñorial» era imposible, porque los propietarios agrarios eran ya burgueses, y de otro lado pone en duda que un Estado español verdaderamente democrático sea capaz de continuar albergando a sus varias nacionalidades, aunque ese Estado corresponda ya desde hace tiempo a un único mercado «nacional». Dicho de otro modo, en la España de 1931-

1936, la autodeterminación de las nacionalidades minoritarias y una profunda reforma agraria no podían ser ya tareas democrático-burguesas sino tareas socialistas: así ocurrió en realidad. Frente a la interpretación que dice que no ha habido una única burguesía «nacional» porque, de un lado, el estamento aristocrático terrateniente y financiero era muy poderoso y, de otro lado, porque no existió hasta muy tarde un mercado «nacional», cabe argumentar que, aunque en el siglo XX los terratenientes han sido burgueses y aunque ha existido evidentemente un mercado unificado que abarca a toda España, no ha habido una burguesía «nacional» española: se ha mantenido la oposición CataluñaMadrid y la burguesía catalana (con bastantes excepciones) ha estado ausente del franquismo, no por ser burguesa, evidentemente, sino por ser catalana. ¿En qué idioma iba a publicarse el Boletín Oficial del Estado? El problema nacional nos remite a las polémicas acerca de si el sustrato de una nacionalidad es económico o cultural y lingüístico y, vista la plena vigencia del problema nacional en el Estado español muchos años después de que se constituyera un único mercado «nacional», la mutua oposición entre las nacionalidades de España no parece ya reducible a una oposición entre clases sociales. Difícilmente podría haber una única burguesía «nacional» en el Estado español, donde hay varias nacionalidades. Claro está que las naciones a veces mueren, pero por ahora no es éste el caso de las nacionalidades periféricas del Estado español. Al contrario, el desarrollo del capitalismo puede llevar a una mayor afirmación nacionalista, al acceder a la cultura nacional (en nuestro caso, el ser alfabetizados en catalán) sectores cada vez más amplios de la pequeña burguesía y del proletariado, cuya escolaridad puede ser más larga. Así estaba ocurriendo antes de la guerra civil. Es decir, si bien es cierto que el desarrollo del capitalismo y la formación de mercados más amplios llevan a una interpenetración de las burguesías locales (de dentro y de fuera del Estado), lo que es un factor de desnacionalización, de otro lado ese mismo desarrollo permite que las raíces populares de los movimientos nacionalistas se hagan más hondas. Verdad es que la burguesía catalana utilizó desde los comienzos de la industrialización las reivindicaciones nacionalistas como un arma políticoeconómica, pero eso no basta para pensar que la Lliga actuó como «aprendiz de brujo», en la ignorante frase de Velarde. ¿Quién puede pensar que la Lliga sacó de la nada el nacionalismo catalán? ¿Quién puede creer que la burguesía catalana estaría dispuesta a renunciar a su nacionalidad a cambio de una participación en el poder estatal español? Y, aun si lo estuviera, ¿la hubieran seguido el resto de

los catalanes por este camino? Como ha dicho Pierre Vilar, es ciertamente imposible separar el estudio de un movimiento nacionalista en sus orígenes y evolución del estudio de fenómenos de clase, pero es también imposible reducir un movimiento nacionalista a una creación ex nihilo, a un puro instrumento de intereses parciales y momentáneos. ¿Fue la oligarquía agraria la que impidió que Cambó llegara al poder en Madrid en los años 1917-1923? Esta tesis me parece desprovista de sentido porque, en efecto, ¿qué podía temer esa aristocracia terrateniente (que no era tal, sino más bien una burguesía rural) del señor Cambó, en cuanto a sus intereses concretos? ¿Qué reforma agraria predicaba Cambó? Absolutamente ninguna. Cambó llego a tener bastante poder y si no llegó a tener más fue, ciertamente, porque los propios burgueses catalanes preferían en esos años de luchas obreras la espada de un general; además, el señor Cambó debía hablar castellano con un espantoso acento catalán, lo cual se interpreta, y así es como desde Castilla la historia ha enseñado a interpretarlo, como símbolo de esa escasa lealtad al Estado español que los catalanes exhibimos en cuanto nos dejan, lo cual, de suyo, es bien natural. España no era ya pues una «sociedad dual» donde un frente burgués-proletario pudiera tener razón de ser para enfrentarse a una aristocracia terrateniente: esa aristocracia no tenía apenas importancia real (por eso se les confiscó la tierra tan fácilmente en 1932, con tan débil pretexto legal). Unido a esto hay el hecho de que la oposición entre nacionalidades no es ya en el siglo XX asimilable a una oposición entre clases (burgueses contra oligarquía aristocrática centralista), lo cual no quiere ciertamente decir que sea menos importante: al contrario, como se ve actualmente, esa oposición entre nacionalismo español y nacionalismos periféricos tiene gran importancia y su solución seguramente cabe sólo dentro de un marco socialista para todo el Estado español. Los catalanes deberíamos recordar el fracaso de la proclamación del Estado catalán en 1934 (cuando careció de apoyo del movimiento obrero) y los éxitos de julio de 1936, cuando al amparo del triunfo proletario, la Generalitat se convirtió poco después en órgano casi soberano. Durante la guerra, el catalán fue realmente el idioma oficial en Cataluña. La inhibición de la Lliga (y de la Esquerra) ante la reforma agraria en el sur, durante la República, y el rechazo por parte de la Lliga de la Llei de Contractes de Conreu (sacrificando la autonomía regional) en 1934, son sintomáticos de cómo esas tareas presuntamente democrático burguesas de la reforma agraria en

el sur y de las autonomías regionales no lo eran realmente. No es que la burguesía fuera débil frente a la aristocracia centralista; al contrario, la burguesía periférica no iba a propugnar una reforma agraria en el sur contra latifundistas que eran tan burgueses como ellos (aunque más fascistas). La burguesía se sintió, con razón, débil ante el proletariado y estuvo muy dispuesta a imponer su dictadura. Ésa es la dictadura franquista, que permite a las distintas fracciones de la burguesía el «pluralismo limitado» de que habla Linz, pero que no deja expresarse políticamente, ni incluso sindicalmente, a la clase obrera. En resumen, la nueva interpretación es que la crisis revolucionaria española, cuya solución no podía ser una república democrático-parlamentaria incapaz de frenar la revolución proletaria, de conceder la autodeterminación a las nacionalidades minoritarias y de hacer una reforma agraria que pacificara al campesinado, desembocó tras la guerra civil en una dictadura de la burguesía. Para mantener a la burguesía en posesión de los medios de producción, no bastaba con un régimen democrático-burgués, sino que hacía falta una dictadura de la burguesía. Según esta tesis, el franquismo no ha sido la dictadura de una clique, ni de cien familias, ni de una camarilla, ni de una oligarquía latifundista y financiera, sino la dictadura de una burguesía que, ante el empuje del proletariado dejó de ser liberal (hasta cierto punto, incluso en las regiones donde estaba en juego su propio papel en el seno de las nacionalidades vasca y catalana). En Cataluña, las figuras del alcalde de Sabadell, Marcet, o de los industriales y banqueros catalanes Mateu y Valls Taberner, la de Estapé o la del propio López Rodó son paradigmáticas al respecto. No sólo dejaron de ser liberales, sino que algunos dejaron de ser catalanes, con el pretexto de que Cataluña no debía estar políticamente ausente de Madrid.

Autor: Lima.

A los catalanes, aun después de cerca de cuarenta años de franquismo, nos cuesta entender que alguien pueda ser burgués y no ser liberal. Mirando a Francia y a Inglaterra, nos olvidamos de mirar a Alemania, a Italia (y al Brasil y a Chile). Nos olvidamos de que aunque el corporativismo en España tiene un tinte «estatal católico» que nos parece ridículo, no por eso deja de ser una ideología típicamente burguesa (y laica, en su versión durkheimiana). Nos olvidamos de que en Italia e incluso en Inglaterra ante la crisis económica y ante la crisis de la hegemonía de la burguesía (cuya manifestación más importante es la crisis de la teoría económica neoclásica), se oyen voces nuevas en favor del corporativismo, que nosotros identificamos con doctrinas falangistas y «estatal católicas». Los catalanes no siempre entendemos que el liberalismo de parte de nuestra burguesía les viene hoy en día, no de ser burgueses, sino de ser catalanes; es decir, de la necesidad que han sentido de un régimen liberal en el Estado español, no ciertamente para imponer su proyecto burgués de industrialización y de expansión del mercado (para eso no hace falta ya el liberalismo), sino simplemente para defender el papel a la cabeza de su propia nación que transitoriamente desempeñaron a finales del siglo XIX y a principios del XX.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1975

El franquismo sin Franco y la oposición democrática

«El poder, por su propia naturaleza, puede decidir su propio destino y no está obligado a entablar una vasta confrontación de ideas de donde podrían desprenderse las líneas de fuerza de un consenso cuyo lugar, en rigor, puede ocupar la defensa de los intereses establecidos y de las posiciones adquiridas.»[42]

La «oposición política antifranquista»[43] no esperaba que el general Franco, saludable anciano, falleciera de repente, sin previo aviso, a la temprana edad de 83 años. La oposición política antifranquista no tuvo tiempo para asentar los supuestos materiales de una alternativa de gobierno democrático, aunque esa teórica alternativa constituyese desde siempre su objetivo declarado. No tuvo tiempo aunque para ello dispuso de treinta y cinco años. A nadie debe, pues, extrañar la ausencia de la oposición política antifranquista del proceso sucesorio del dictador. La parsimoniosa, quebrada y zigzagueante marcha hacia la democracia de la oposición política invita hoy a afirmar que erró el camino, que erró siempre el camino. La parcelación de los objetivos en cada uno de sus momentos históricos, la escisión entre fines y medios, la confusión entre táctica y estrategia que fueran la característica fundamental de la práctica política de la oposición política, justificada sempiternamente en nombre de la razón y de la eficacia, se ha saldado por un fracaso total, precisamente en el momento en que ella situaba sus posibilidades óptimas de intervención en el hacer político de la sociedad dominada por el Estado franquista: la desaparición del dictador. Se ha saldado,

también, por una acentuación de la dicotomía entre la red de sus maniobras «políticas» y el hacer político —permanente, cotidiano— de las clases y grupos oprimidos por aquel Estado. Se ha saldado, por añadidura, con la desmovilización en el momento decisivo de buena parte de los oprimidos, al empujar a éstos a un atentismo sin justificación real. Las maniobras de la oposición política echaban ancla y han contribuido a anclar a las clases y grupos oprimidos en «verdades» políticas remedos de aquella («Ganemos primero la guerra y ya haremos después la revolución») ya lejana, de tan negativas consecuencias. «Acabemos con Franco que ya habrá tiempo después para atacar al Estado franquista y al sistema capitalista dominante.» «Ganemos la batalla en el terreno de la política y ya se modificarán después la ideología y las instituciones que sostienen al sistema.» «Acometamos primero las reformas democrático burguesas y se plantearán después las socialistas.» Coletilla expletiva de algunas de las fracciones de la oposición política el segundo miembro de esas frases. Es decir: más débiles que el enemigo en armamento «clásico», luchemos contra él limitándonos al empleo de semejante armamento. Pocas han sido las organizaciones del conjunto de la oposición política que no han estado inmersas en ese planteamiento, enraizado en los grupos de pretendida vocación socialista en el análisis «leninista», que en los últimos tiempos ha alcanzado extremos de mala caricatura. Si hubo un tiempo en que la consecución de libertades formales aparecía ligada a reformas de base, mejor o peor planteadas, dirigidas a recortar el poder de los grandes terratenientes y de la oligarquía financiera, si hubo un tiempo en que no se concebía que fuera posible alcanzar un objetivo como el que constituye la «amnistía» sin exigir responsabilidades a verdugos y opresores, sin alterar las bases del funcionamiento de los cuerpos represivos, hoy la oposición política antifranquista, convertida por la muerte del dictador en «oposición democrática», ya no habla de reformas agrarias, de nacionalización de bancos e industrias de base, ni de exigencia de responsabilidades a los implicados en la represión bajo el franquismo. Residuos obsoletos del pasado que todavía duermen en los programas de algunos de esos grupos en espera de su desahucio total. Pidamos, roguemos sólo, amnistía y libertades formales, y pidámoslas al Estado cuya razón de ser es precisamente negarlas y satisfacer su demanda con

productos adulterados. Objetivos desencarnados de tal suerte, en nombre del realismo y de la eficacia, que se han convertido en utópicos, pues nada más utópico hay que pretender modificar un resultado sin alterar los factores que intervienen en el cálculo. Aquí emerge la antinomia entre los objetivos políticos confesados, arrojados como pasto a las tropas que se pretende reclutar, y los objetivos políticos perseguidos en realidad. La oposición política tomó como punto de referencia de sus maniobras la persona del dictador. Éste y su Estado constituían una unidad indivisible que se derrumbaría totalmente a la desaparición de aquél. La hipótesis de que el Estado franquista sobreviviera a la muerte del dictador que lo encarnaba era eliminada automáticamente por la visión que de tal Estado imponían los objetivos políticos perseguidos. De esa visión llegaron a contagiar a fracciones del propio conglomerado en el poder. ¿Qué otro sentido tiene el empeño en prolongar la vida de Franco cuando su incapacidad para gobernar era ya manifiesta ante la opinión pública? Pero ¿qué otras causas puede tener el escaso poder, el escaso esfuerzo, incluso, movilizador de la oposición política a lo largo de la intermitente y lenta agonía (año y medio) del general Franco? Definirse en función de un talismán era no sólo cómodo sino imprescindible para una oposición política que intenta pactar con las fuerzas sociales que sirven de base al régimen, al Estado franquista, ofreciendo a éstas colaboración para la creación ex nihilo de una nueva legalidad de la cual no verse excluida. Cierto es que sólo en el estricto marco de la negociación con los representantes políticos —legítimos o espúreos— de aquellas fuerzas, pueden los diversos fragmentos de la oposición política seguir pretendiendo al monopolio de la representación de los oprimidos, al monopolio del papel que se arrogan de trujimanes entre éstos y los dominadores. En sí misma, esta estrategia —o táctica— elimina toda posibilidad de vacío político, de solución de continuidad: la por ellos mismos tan cacareada «ruptura democrática». Si como proclamaban insistentemente los órganos de expresión de la oposición política, el general Franco monopolizaba el poder, ejercía una dictadura omnímoda en contra, incluso, de los intereses profundos de la mayor parte de la burguesía, ¿qué ha pasado con ese poder absoluto una vez muerto el dictador? ¿Dónde se ha manifestado el «vacío de poder» que ineluctablemente iba a crear la desaparición del general Franco, y que se ofrecían a colmar generosamente Juntas y Convergencias democráticas? ¿Qué avatar o qué carencia ha empujado a los representantes políticos de la clase dominante a compartir el gobierno con

las fuerzas «democráticas» para salvar el Estado, su Estado, como proponía la Junta Democrática en su documento programático constitucional? Los representantes políticos de la clase dominante no se han visto obligados a llenar vacío alguno, porque la desaparición del general Franco no dejó vacío político. Los representantes de la clase dominante y sus agentes (aparato represivo en el más amplio sentido) han seguido instalados en el terreno que les era propio, el Estado franquista, que se mantiene intacto, «atado y bien atado», muerto el dictador, el hombre «carismático, insustituible» que lo cimentó. Intacto e irreformable por su propia naturaleza. La expectación que precedió al nombramiento del primer gobierno de Juan Carlos de Borbón (enésimo gobierno franquista), las cábalas en torno a su posible composición, a su «dosificación», no tenían justificación alguna, y abandonarse a ilusiones fundadas sobre tales bases hubiera sido suicida para cualquier oposición auténtica. La composición del segundo gobierno de Arias —las personalidades cuentan poco en este caso y el abanico disponible de las mismas sumamente amplio— es la única que podía secretar el Estado dejado en pie por la muerte de Franco. El gobierno de Arias es el exponente prístino de quien detenta el poder en la sociedad española. Y su programa, despojado de ajados oropeles, es en esencia —«apertura continuista»— el mismo del último gobierno de Carrero, el mismo del primer gobierno de Arias, el mismo de la conjunción Fraga-Opus Dei de 1962, el mismo del gobierno «monocolor» de 1969. Un primer ministro irremediablemente vinculado al pasado, al presente y al porvenir, en consecuencia, del conjunto del aparato represivo franquista; una vicepresidencia, pero no un Ministerio de Defensa nacional, a la burocracia militar; una vicepresidencia y los ministerios económicos, pero no la presidencia, a la oligarquía financiera, grupo hegemónico de la clase dominante; la Justicia y los Asuntos Exteriores para los más caracterizados representantes del capitalismo estadounidense; para la burocracia represivo istrativa, la vicepresidencia puntera, la de la propia «apertura». La militancia acenepista de varios ministros garantiza el statu quo entre el Estado y la jerarquía católica, que con sus declaraciones de «neutralidad política» confirma el cardenal Enrique y Tarancón. Ni siquiera quedan recortadas las prerrogativas de la burocracia falangista en tanto que tal, pues —masa burocrática— ésta está dispuesta a pagar cualquier precio «ideológico» para seguir incrustada en el aparato del Estado. Y para facilitar su adaptación, en los límites que puede exigirle el Estado franquista, dispone de los hombres que exige la coyuntura.

La estructura del Estado franquista hace de él un búnker de cara a la sociedad, de cara a las clases y grupos oprimidos. Pero hace de él igualmente, al mismo tiempo, un espacio pautado suficiente para impedir las veleidades centrífugas que pudieran animar a algunos de sus moradores, un espacio pautado que impone la negociación entre ellos. El poder, arbitrario y arbitrador, que detentaba el general Franco, se diluye ahora entre las piezas esenciales de su Estado: el rey (que no nombra materialmente primer ministro), el jefe de gobierno (que no designa en realidad sus ministros), el Consejo Nacional (que propone y veta), las Cortes (que no legislan), la burocracia represiva (istrativa, judicial, militar, policiaca, sindical...), base demográfica del Estado, y el complejo legal dejado a su disposición, de imposible modificación sin romper sus líneas esenciales. La negociación, el juego entre esas piezas sólo puede abocar, en ausencia de una presión política eficaz de la sociedad sobre su conjunto, a desenlaces que favorezcan a la clase dominante también en su conjunto. Desaparecida la superestructura dictatorial —no como resultado de un proceso revolucionario, ni meramente político, sino por sus propios determinismos biológicos—, el carácter autoritario del régimen franquista se mantiene intacto, despojándose de parte de su vulnerabilidad. El «antifranquismo» puede ser diluido en un movimiento fácilmente manipulable por las fuerzas políticas más auténticamente burguesas, cuando de ello tengan necesidad, lo que todavía no es el caso. El antifranquismo a secas empieza ya a ser tolerado.[44] Disipado el espejismo del catastrófico «vacío de poder» que debió crear la muerte del dictador, ¿en qué aguas va a nadar la oposición democrática, hacia qué puerto poner rumbo? Numerosos son ya los mass media en que hoy confluyen las exposiciones de proyectos de futuro político de quienes ocupan el Estado franquista y de quienes pretenden invadirlo: para mejorarlo, para adaptarlo, para reformarlo, para destruirlo... A juzgar por las declaraciones que consienten, por las colaboraciones que procuran a tales mass media, los más conspicuos representantes de la oposición democrática —González y Tierno Galván, Ruiz Giménez y Gil Robles, Sánchez Montero y Camacho— hay un acuerdo, una convergencia como ahora se dice, entre las diversas componentes de tal oposición. Hay que ir, vamos ya, de la dictadura personal a un sistema democrático más o menos parecido a los que rigen en Europa occidental, «sin saltos en el vacío» —si hubo un tiempo en que se hizo la oferta de llenar el «vacío», ahora se abandona toda tentación de crearlo —. Ya somos europeos y casi norteamericanos. Pero ¿en qué país europeo es

posible una tercera restauración monárquica y la expectativa de una cuarta? La ambigüedad del gobierno de Juan Carlos de Borbón, porque así lo quiere la oposición democrática, actúa como válvula de seguridad del régimen. Sus ministros alternan públicamente con líderes de la oposición y los desplazamientos de algunos de ellos son facilitados porque brindan a sus correligionarios europeos el pretexto hipócrita que éstos necesitan para levantar el entredicho que todavía pesa sobre el Estado español. Además de sus propios embajadores ante los Estados europeos, el Estado franquista dispone en tales líderes de embajadores ante las fuerzas políticas que gobiernan aquéllos. Porque la permisividad manifiesta un declive caracterizado. Instrumentalizar la oposición en provecho de los fines que se asigna el gobierno actual. Durar, en la medida de lo posible sin concesión legal alguna. La maniobra, por burda que sea, adquiere credibilidad por la reacción que provoca en el conjunto de la oposición democrática. «El paso en falso de Fraga lo espera todo el mundo y sería engañarle ayudarle a creer que está en condiciones de dar pasos en firme. Cuando se dice: el país pide esto o aquello, no sé muy bien si se dice algo con sentido. Se suele hablar de “el país” para enmascarar entidades más pequeñas: uno mismo, un grupo de amigos, una secta, un partido. Pero creo que en la España actual sí se puede emplear la expresión “el país pide soluciones firmes y no medio kilo más de provisionalidades”, esa tonelada de provisionalidad que se está acumulando como una inútil y posiblemente dramática ganga desde la promulgación de la Ley orgánica. Durante años hemos visto legislar y sancionar para no perder el pasado, perdiendo ley a ley el futuro, mixtificando sanción a sanción el presente. Desaparecida buena parte de la hipoteca de la excepcionalidad, ¿quién está en condiciones de acabar con el resto de la hipoteca? Autoimposibilitado para apoyarse en las fuerzas realmente democráticas, hostigado por los que no han sabido ni siquiera falsificar la democracia, progresivamente odiado por los que temen cualquier nivel o brizna de democracia contaminadora, el desafío Fraga puede ser un sainete, pero también una tragedia. Como espectáculo merece la pena, si no corriéramos el riesgo de que el espectáculo se nos cayera encima.»[45] Profético quizá. La oposición democrática cerró los ojos ante los componentes ideológicos incrustados durante treinta y cinco años de franquismo, ante el desarme informativo, ante las consecuencias de la desorganización, ante el medio que

engendraron las matanzas de los diez primeros años de franquismo y la permanente represión mantenida hasta nuestros días.[46] Para maniobrar en el terreno que cree recibir prestado del Estado franquista, la oposición democrática omite en sus esquemas que la madurez o inmadurez política no es una situación ajena a las políticas que se proponen, a las posibilidades y obstáculos que se manifiestan ante los pueblos en cada coyuntura histórica. Angustiadamente aceleradas desde mediados de 1974, las maniobras políticas de la oposición democrática han tenido un exclusivo carácter preelectoral, concretado en dos alianzas inoperantes: la Junta Democrática y la Convergencia Democrática. Y haciendo suya la explicación oficial, confunde sus efectos en los oprimidos con la madurez política. Sólo esto, la incapacitaba para canalizar políticamente la energía liberada en ciertas zonas de la sociedad por la desaparición del dictador. Europa occidental, ése es el objetivo común declarado. En sí misma, la referencia a Europa occidental es elocuente. Y no menos elocuente que esa referencia sirva también de norte declarado al actual equipo de Arias. La referencia a Europa occidental es consustancial con la «vocación de poder» (alternativa gubernamental) de las tres principales componentes de la oposición democrática española (democracia cristiana, socialdemocracia, partido comunista) en el contexto internacional en que se halla situada, ya sea tal referencia dictada por los propios objetivos de la componente (democracia cristiana y socialdemocracia), ya sea aceptada como única vía abierta a la «vocación de poder» partido comunista. Es decir, que la democracia a la que en realidad aspiran esas componentes, la democracia a la que debemos ir, a la que vamos ya, es la «democracia» que permite la inserción, querida o aceptada, en el contexto occidental, lo cual no es necesariamente una democracia de tipo occidental de corte clásico, democracia de la que se alejan cada día más Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. «Sin salto en el vacío», la democracia de tipo europeo occidental hacia la que hay que ir, hacia la que vamos, según la oposición democrática, sólo es posible por magnánima concesión del Estado franquista. El ideal occidental de éste y aquélla es la Europa que se enfrenta con los pobres del mundo, la Europa de la NATO, de la alianza militar presidida por un general cómplice de Nixon en Vietnam, en Chile, en Watergate; la Europa de las jurisdicciones de excepción — la cadencia y la discriminación en el recurso a éstas es punto secundario—; la

Europa liberal, socialcristiana o socialdemócrata avanzada, cada vez más represiva; la Europa vasalla de Estados Unidos, del capitalismo multinacional. ¿Hunden en este hecho sus raíces la estrategia y la táctica de cada una de las componentes de la oposición democrática española? El proyecto de la oposición coincide en líneas generales con el de las fuerzas políticas que ocupan hoy el Estado franquista. Esta circunstancia, en lógica formal, fundaría la posibilidad de entendimiento entre los representantes políticos declarados de la clase dominante española, los representantes tácitos de la misma y quienes se pretenden genuinos representantes políticos de las clases y grupos oprimidos, para istrar juntos el Estado y para juntos darle una organización remozada. Empero, la evolución constante de los sistemas políticos occidentales hacia un mayor autoritarismo, la actual coyuntura de crisis del sistema capitalista y la relación de fuerzas sociales (no políticas) cada vez más desfavorable en España a la clase dominante, hacen que la necesidad de democracia que para la sociedad española sienten los Estados de occidente sea de fácil satisfacción y, para contentarla, se bastan las fuerzas políticas que unidas monopolizan el Estado franquista. Y a esa satisfacción se encaminan, que no a otra cosa. La necesidad de la incorporación de España a Europa, unida a la imposibilidad de que el Estado franquista sea aceptado por ésta, ha sido la línea maestra de la estrategia de la oposición democrática. ¿Qué posición pública adoptará la socialdemocracia española tras la misión de Areilza ante la República Federal Alemana? ¿Gritará ¡traición! como gritó Indalecio Prieto en otra coyuntura no tan diferente? ¿Quién puede dudar tras las declaraciones formuladas por el Consejo de Ministros de Negocios Extranjeros de los «nueve» de que el dique mantenido a duras penas por la oposición democrática para impedir el de España a la Europa democrática se está derrumbando antes de que se agriete el Estado franquista? No es que aquí desdeñemos esas briznas de democracia formal, si es que de democracia formal se trata (hábeas corpus, libertad de expresión y asociación, sufragio universal) y no de meras apariencias de democracia formal. Pero nos sentimos en el deber de señalar su carácter integrador, de denunciar sus efectos desmovilizadores si el proceso de «apertura» va avalado —tácita o expresamente — por grupos tradicionalmente antifranquistas, tradicionalmente democráticos, tradicionalmente definidos como revolucionarios; hemos de gritar que la consecución de esas briznas de democracia no sólo no precisa el apoyo, la aquiescencia o la neutralidad de tales grupos. Afirmamos rotundamente que el

proceso de «apertura» se vería acelerado por la impugnación clara de parte de esos grupos. En manos de sus monopolizadores, el Estado franquista puede adoptar la apariencia de la «democracia brasileña»: una limitada «liberalización», con asociaciones, partidos y elecciones marginados de la designación del jefe del Estado, del primer ministro, del gobierno, de los gobernadores civiles, de los capitanes generales: una «liberalización» filtrada, aplicada por un aparato istrativo y represivo heredado del franquismo y mantenido cuidadosamente intacto; una «liberalización» combinada con la prohibición de los grupos y partidos «extremistas», con la represión sangrienta, con la tortura, más o menos civilizada, más o menos a cargo directo de policías o parapolicías, para quienes de verdad se opongan a esa «democracia», a esa «liberalización», a esa «apertura». «Apertura» en la que a la seudoadhesión carismática suceda la seudoparticipación, y al mito del caudillo nacional el mito del monarca árbitro. Para esa andadura, las fuerzas que monopolizan el Estado franquista no precisan ni siquiera del apoyo de la oposición democrática: les basta la complicidad que supone el mero prestarse al juego que es afirmar hoy la «vocación de poder», de manifestarse portadores de una alternativa gubernamental. Las fracciones más pesimistas del franquismo pueden descansar tranquilas. Cánovas convenció a Sagasta de la necesidad del caciquismo. Fraga —el Fraga de turno— puede convencer en el momento querido a buena parte de la oposición democrática de la necesidad de aceptar su «democracia occidental moderna». La vocación profunda de la socialdemocracia europea es ser el ala izquierda del capitalismo multinacional, del imperialismo económico y político estadounidense. Las inquietudes que inspiran a los demócratas sinceros, incluso a las alas «izquierdas» de los partidos socialistas europeos, las relaciones entre Kissinger y ciertos líderes socialdemócratas están plenamente justificadas. Pero aunque el protagonismo socialdemócrata es necesario hoy en Alemania y Gran Bretaña y quizá lo sea mañana en Francia, la socialdemocracia española (PSOE, PSP o Confederación Socialista) sólo puede aspirar a ser insignificante fuerza de apoyo, o a mantenerse en una larga oposición hasta que la clase dominante se vea obligada por la presión social a confiarle el protagonismo político. Ambas tendencias se manifiestan, con mayor o menor intensidad, en cada una de las facciones en que se dividen hoy todos los grupos de la socialdemocracia española. La piedra de toque es la distinta posición respecto al

PCE. Grande es la tentación en las componentes socialcristiana y socialdemócrata de sacrificar el PCE al entendimiento con las fuerzas políticas franquistas, a marginar al rival comunista de la vida pública española. La propia Junta Democrática nació sietemesina en un esfuerzo desesperado de cortar en seco uno de esos momentos de tentación. A un partido revolucionario le importaría muy secundariamente obtener el reconocimiento legal gracias a su amalgama con grupos políticos que ya hoy debiera combatir. No es éste el caso del PCE. Todos sus esfuerzos, todas sus maniobras, van dirigidos exclusivamente a obtener el reconocimiento de socialcristianos y socialdemócratas y a través de ello —ya que no puede sin ello — alcanzar personalidad legal. Los resultados obtenidos en este plano por el PCE son magros, como lo han sido también hasta ahora los esfuerzos de las otras dos grandes componentes de la oposición democrática para participar en la ocupación del Estado franquista. Fijos sus ojos en los pasos de baile de Areilza, de Arias, de Fraga, y en los sobresaltos que provocan en los vecinos de oposición, pocas esperanzas caben de que la estrategia-táctica de esos grupos cambie —más allá del verbalismo— en el próximo futuro. La manipulación de numerosos «líderes» de la oposición democrática por los servicios de las grandes potencias capitalistas ahogará en querellas internas la voluntad de construir una política autónoma, sincera en otros. Los vaivenes, desde el maximalismo más teórico hasta el minimalismo más insignificante, siguen el ritmo de los avatares de las negociaciones entre bastidores. No pueden ser tomados en serio por las fuerzas franquistas ni son capaces de movilizar, en profundidad ni a medio o largo plazo, a los sectores dominados de la sociedad española: clases, grupos, naciones. Las dos familias fundamentales de la oposición democrática y sus dos confederaciones se instalan sine die en el posibilismo. La frustración que para ellas ha significado la constitución del segundo gobierno de Arias y la práctica de éste durante los dos primeros meses de su existencia, empuja a la Junta a pasar de la reivindicación de un gobierno «democrático» para salvar el Estado, a declarar a éste irreformable, sin mucha convicción y tardíamente. No atacar con credibilidad la fórmula monárquica ha sido en el terreno de los hechos aceptar la monarquía de Juan Carlos de Borbón, la monarquía franquista, aunque contra ésta fuesen

dirigidos los ataques públicos de la oposición democrática. «Sobre todo, que no haya ataques a las personas» (reales, se entiende), exigía un líder socialdemócrata al discutir la posición frente a la monarquía que debía expresar el documento conjunto firmado por la Convergencia y la Junta democráticas el 30 de octubre de 1975, descubriendo la ambigüedad intrínseca de un ataque contra la monarquía franquista formulado a partir de una oposición aparentemente antimonárquica. Veremos, empero, que, perdida toda posibilidad de ser aceptada en las maniobras de las fuerzas políticas franquistas, la oposición democrática enarbolará — ambigua y tardíamente— la bandera republicana. El acento puesto año y medio después de su constitución sobre la necesidad de multiplicar los movimientos de masas —tardía y ambiguamente, incluso en sus formas más acusadas (Carrillo y Camacho)—, ha coincidido con la exacerbación de los movimientos populares a todo nivel que amenazan con poner en entredicho de manera flagrante las pretensiones de dirección de las burocracias y de las clientelas políticas. Ni siquiera la amnistía escapa al sino de carta a jugar en una partida de tramposos. ¿Qué credibilidad puede tener el carácter maximalista de esa insoslayable exigencia democrática, que sólo a los terroristas, a los violentos (anarquistas, FRAP, ETA), puede ya alcanzar, cuando se la formula en un contexto de condena explícita, reiterada, de la violencia del oprimido, cuando no de la sórdida calumnia contra los sujetos de esa violencia, de la violencia «venga de donde venga»? ¿Qué sentido hay que atribuir a la sordina (de significación pareja a la puesta por unos y otros a la ejecución del almirante Carrero) en torno a los consejos de guerra pendientes (Eva Forest, Wilson, Esquerra, etc.), en una coyuntura que sería aprovechada por cualquier oposición auténtica para exigir, no la mera libertad de esos encarcelados, sino la urgente vista de las causas? Equiparar la violencia de los oprimidos con la violencia de los opresores, entendiendo por tal únicamente la de los «guerrilleros de Cristo Rey», la de ATE o la de otras organizaciones parapoliciales, constituye una burla hacia los oprimidos. Pues mientras esa violencia es una parte ínfima de la que el Estado franquista ejerce cotidianamente, las acciones de los oprimidos que se condenan constituyen toda la violencia de éstos, y generalmente es el único medio de acción contra una «legalidad» hostil y violenta. Pero es también un error táctico, error si se cree en la sinceridad oposicional y democrática de quienes formulan tal condena, al brindar a Fraga la oportunidad de lavar la cara del Estado

franquista, condenando moralmente, y no suprimiendo, la violencia de las parapolicías.[47] Condenar la violencia «venga de donde venga» es más que error táctico, porque en la práctica es abandonar al Estado el establecimiento impune de los límites de lo que es violencia, incluso de la suya propia. Porque si difícil es determinar dónde acaba la lucha pacífica y dónde empieza la acción violenta cuando de los dominados se trata (¿es violencia o no responder en una manifestación a las cargas de las fuerzas del orden? ¿Es violencia o no resistir a la policía invasora en una huelga con ocupación de locales de trabajo?), más difícil es desde aquel presupuesto determinar qué es violencia o no es violencia en la práctica cotidiana del Estado, de sus fuerzas represivas. Y con harta frecuencia para revelar el carácter violento de la acción de las fuerzas del orden el único método es oponerse violentamente a tal acción. Una clase social oprimida no puede renunciar a ninguna de las armas de lucha que le ofrece una situación. ¿Quién puede honradamente pretender en la coyuntura política española que la violencia revolucionaria está reñida con las acciones de masas? Una oposición, no ya revolucionaria sino sinceramente democrática en el sentido jacobino de la palabra, hubiera dirigido sus esfuerzos a articular su quehacer político con los movimientos de masa, a supeditarlo a éstos y no a supeditarlos a las exigencias de negociaciones y conspiraciones con las fuerzas políticas franquistas, como ha procedido la oposición democrática española. Al obrar así, ésta ha reforzado la magra credibilidad a que como democratizadores podían aspirar hombres como Areilza, Arias, Fraga o Garrigues. Al obrar así ha desmovilizado a amplios sectores del pueblo español, propensos a esperar la limosna democrática del Estado franquista y no a conquistar la democracia con su victoria de cada día. No sólo no se ha propiciado tal articulación, sino que cuando la iniciativa popular ha puesto de manifiesto luminosamente su necesidad y su posibilidad, socialcristianos, socialdemócratas y comunistas se han esforzado con éxito en sabotear el impulso, en torcer el rumbo del incipiente torrente popular. Las posiciones adoptadas por la Junta Democrática, por el PCE, por el PNV en ocasión de la huelga general reivindicando la libertad de los presos políticos lo prueban. El práctico abandono de los presos vascos en su huelga de hambre de septiembre de 1975 lo prueba de manera todavía más lamentable. La justificación de esa práctica política apelando a referencias tales como la eficacia, la fatiga del pueblo, su rechazo de la violencia, de la guerra civil, del «salto en el vacío», carece de fundamento. A lo largo de 1974 y 1975, mientras las dos confederaciones de la oposición democrática no conseguían movilizar al pueblo español con la convocatoria a tímidas jornadas de lucha, boicots de mercados y de transportes públicos u otras acciones «cívicas» por el

—al parecer hasta ahí podía ir únicamente el acuerdo entre sus componentes—, en Euskadi, donde la lucha está dirigida por una oposición anticapitalista y antiestatal, han tenido lugar verdaderas huelgas generales; el movimiento obrero ha demostrado una agresividad digna de mejores causas en todo el ámbito del Estado; en Cataluña se ha logrado la unidad política en torno a un postulado aparentemente moderado (la reivindicación incuestionable del Estatuto de 1932), pero radicalmente inasimilable por el Estado, franquista y monárquico. La tregua entre el pueblo vasco y el Estado español que José María de Leizaola pretende que existe hoy en Euskadi, y afirma que debe ser respetada para no poner obstáculos a la evolución aperturista anunciada por el régimen franquista, puede, quizá, abocar a resultados que contenten a las fuerzas que representa el PNV, pero no satisfará las exigencias legítimas del conjunto del pueblo vasco. Detener la acción en espera de la institucionalización por el Estado franquista de Cataluña, fórmula hueca, empleada estos días por Manuel Fraga en Barcelona, y que puede ser llenada con una lejana legislación que, tras una apariencia de autonomía istrativa, salve el carácter esencialmente centralista del Estado franquista, puede colmar a la burguesía catalana más timorata. Pero reivindicar el Estatuto de 1932 es reivindicar la transferencia de las fuerzas de orden público a la Generalitat, es reivindicar el sufragio universal para todos los pueblos del Estado, es reivindicar el Tribunal de garantías constitucionales, puntos concretos estos incompatibles con la naturaleza del Estado español actual, por mucho que se «reforme», y supone no cejar en la lucha hasta que tal Estado se desmorone y sea reemplazado por un Estado democrático. El descalabro sufrido por las esperanzas de la oposición democrática traerá consigo la ruptura de su precaria y dual unidad. Esa unidad apuntaba al bon plaisir de las fuerzas políticas hegemónicas del franquismo. La resistencia opuesta por éstas a la buena voluntad de aquélla toca a muerto por la Junta y la Convergencia democráticas. El gobierno de hoy puede quebrar a golpes de «apertura» las formaciones unitarias de la oposición democrática que tanto había costado conseguir. «¿Se dirá que es derrotismo? Quizá. Pero el modo más seguro de precipitarse a la derrota sigue siendo ocultarse la realidad. No basta con luchar para triunfar. Como ha recordado un libro reciente, la resistencia, en Francia, no impidió la restauración. Y en ese terreno nunca han existido Pirineos.»[48] Una parte de las fuerzas que hoy integran esos conglomerados está abocada —al ritmo de los altibajos inherentes en la maniobra «aperturista»— a ser asimilada

por el sistema. Otra, incapaz por definición de franquear ciertas barreras, o rechazada, repudiada por la propia dinámica de la maniobra «aperturista», se verá empujada hacia posiciones más radicales —ambigua y tardíamente—, acercándose, aunque sea sólo transitoriamente, para conseguir un mayor poder negociador, a fuerzas sociales y políticas auténticamente revolucionarias, fuerzas hasta hoy al margen de las alianzas «democráticas», no por no serlo, sino por su carácter alógeno respecto de un comportamiento político que no acercaba a la democracia, a la libertad ni al socialismo. Sin tapujo alguno, el descalabro revela que incluso para conseguir la satisfacción de sus mezquinos intereses las burocracias y la clientelas políticas socialcristianas, socialdemócratas y comunistas, han de sacrificarlos en lo inmediato y, al menos en lo inmediato, ponerse al servicio del pueblo en general y no poner éste al servicio de un éxito imposible. Esta afirmación es cínica. Pero así debe ser por estar dirigida a unas burocracias y clientelas de práctica fundamentalmente cínica. Y ese talante cínico debe ser tenido siempre presente por las fuerzas sociales y políticas revolucionarias, porque en el hacer político cotidiano ambas vertientes, la «democrática» y la revolucionaria, estarán obligadas por motivaciones distintas, contrapuestas, incluso, a articular formas de acción común. Esta articulación, por transitoria que deba ser, ha de estar fundada en bases claras, horras de toda ambigüedad, siquiera sea porque las fuerzas revolucionarias pagan cara con frecuencia la ambigüedad de sus aliados «democráticos». Ni siquiera conformándose a los análisis «leninistas» puede un grupo revolucionario anudar una alianza fundada en un pacto de gobierno con tales fuerzas. La articulación de la unidad de acción debe limitarse al alcance de un objetivo concreto, perfectamente delimitado, destinado a abrir el camino hacia los propios objetivos globales, pero sin hipotecar éstos ni expresa ni tácitamente, ni gracias al subterfugio de cláusulas huecas o ambiguas. Al lado de la reivindicación parcial deben afirmarse siempre las reivindicaciones globales. Las alianzas deben ser hechas para hacer y no para renunciar a hacer. La revolución no puede construirse sobre el engaño de propios ni extraños. Al enemigo político, al enemigo de clase hay que exigirle lo que no puede conceder sin dejar de ser, y no rogarle que ceda las defensas avanzadas que está dispuesto a abandonar en una retirada estratégica. Para los dominados exigir lo imposible es siempre el camino más corto para conseguir aquello que, según las normas de los dominantes, es posible en cada momento. Y en ese posible es donde chupan su savia los grupos oposicionistas «democráticos» penetrados de la «vocación de poder», penetrados de la voluntad profunda de salvar el sistema que pretenden combatir, tendiendo la mano al explotador y encaramándose en los hombros de

los explotados.

Editorial CRI 46, 1975

La democracia parlamentaria como instrumento legitimador del capitalismo

En su conjunto el capitalismo ha conseguido los objetivos que pretendía y sin un excesivo coste. Se ha institucionalizado el consentimiento colectivo a la nueva dominación a través de la ilusión de la soberanía popular; se ha bloqueado — gracias a la contemporización con el poder del reformismo obrero— la lucha de clases en los centros de producción, impidiendo así que se siguiera deteriorando la tasa de ganancia; se han consolidado orgánicamente las organizaciones políticas del bloque dominante y se mantiene el Estado monárquico sin cuestionar su responsabilidad en la pasada represión franquista. Estos logros no han sido tanto por la habilidad política de la burguesía sino por la ausencia de una verdadera oposición que forzase a una profundización en las mejoras sociales y económicas de las clases dominadas. Su triunfo sería completo de no persistir la crisis económica y si no se hubiera agudizado el problema de Euskadi. En el primer caso porque su dependencia de la propia crisis mundial hacen difícil la aplicación de medidas que no vayan estrictamente dirigidas a evitar un empeoramiento del deterioro económico; y en el segundo caso, porque el ejemplo de Euskadi, no tanto en lo referente a la lucha armada sino en el rechazo de las exiguas mejoras que ofrece la nueva dominación, es susceptible de ser imitado, pudiendo dar al traste con el consentimiento colectivo que supone la ilusión de la soberanía popular.

1. Libertad formal y libertad real

La Constitución consagra un sistema «democrático» en el sentido de que se permite al pueblo votar en elecciones parlamentarias, constituir partidos, y el gobierno debe tener apoyo parlamentario suficiente. El régimen actual es, pues, distinto al franquista aunque el sistema sea en el fondo el mismo. La crítica habitual al régimen democrático parlamentario es que la igualdad a la

hora de votar es una igualdad falsa en realidad, pues el poder y la riqueza están muy desigualmente repartidos. Ya en la Revolución sa se distinguía entre igualdad de derechos (que es lo que reconoce la Constitución) y la igualdad económica. Albert Soboul pone como lema a su libro Les sans-culottes las dos citas siguientes: «L’égalité pour I’homme social n’est que celle des droits» (Vergniaud, 13 de marzo de 1793) y «Faire disparaître l’inégalité des jouissances» (Félix Lepeletier, 20 de agosto de 1793). Como bien decía A. M. B. (Solidaridad Obrera, 20 de noviembre de 1978), las constituciones en general, y la española en concreto, parten del supuesto de Rousseau de que los hombres nacen libres e iguales y, en libertad e igualdad, se reúnen para pactar las leyes que salvaguarden los derechos de cada uno y armonicen el «interés general». Las democracias burguesas se caracterizan por una sustitución progresiva de la opresión personal por una opresión a través de los mecanismos económicos. Es así como los antiguos colaboradores de la represión, los coautores de la dictadura, se pueden presentar al pueblo con las manos limpias y con sonrisa inocente. Éstos son los terribles mecanismos del capitalismo avanzado. Los opresores y oprimidos se sientan a la misma mesa, pactando la estrategia de lucha contra el seudoenemigo común: la economía. Paro, disminución del poder adquisitivo, condiciones inhumanas de vivienda, etc., aparecen como hechos políticamente neutros de los cuales nadie es responsable. «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo.» (Artículo 35 de la Constitución.) Todos iguales ante la ley. Hay más de un millón de españoles privados de este derecho humano fundamental. Hay más de un millón que viven en una situación anticonstitucional. Pero esta situación no deriva de unas leyes injustas. Ahí está el artículo 35 para atestiguarlo. Son las condiciones materiales y no los hombres las que les niegan ese derecho. Esto diferencia las democracias de las dictaduras: las leyes son «justas», son las estructuras materiales las que son injustas. En las dictaduras hay opresor, hay enemigo personalizado: un individuo o un grupo social. En las democracias, el sujeto de la opresión se diluye en las estructuras materiales. Volvemos, en apariencia, a las condiciones de las sociedades tribales sin clases, en las que el enemigo opresor eran las fuerzas de la naturaleza. En apariencia. En realidad estamos en las antípodas de la sociedad tribal. La fuerza de las olas, las lluvias o la sequía, la fertilidad del suelo eran datos materiales en los que no se manifestaba ni imponía la voluntad

de nadie. La producción económica, las condiciones de vivienda, el medio ambiente, son resultado histórico de la voluntad de un grupo. Voluntad que se perpetúa en las condiciones materiales. No es la economía la que nos explota; es la voluntad de quienes programaron y programan las estructuras económicas. El pasado condiciona el presente. También los muertos nos pueden seguir explotando. De poco sirve que la Constitución declare que «los españoles son iguales ante la ley» (artículo 14), que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad» (artículo 17) puesto que son desiguales ante la realidad. El hombre es libre si tiene a su disposición medios materiales e ideales con los que pueda proyectar y decidir su realidad material, social y humana. La libertad se hace, no se posee. Pongamos algunos ejemplos. Artículo 19: «Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional». Unos eligen «libremente» residir bajo los puentes, otros eligen libremente residir en un palacio, rodeado de césped, árboles seculares y pajarillos cantando. Unos eligen libremente circular de Almería a Sabadell, Terrassa y Hospitalet. Otros libremente escogen circular de Barcelona al Valle de Arán, a Sierra Nevada o a las Rías Bajas. «Los españoles tienen derecho», la ley es igual para todos. Artículo 20: «Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción.» Uno tiene a su servicio una cadena de televisión, a las 21.30 de una noche de sábado, después de haber pasado largos años en un colegio de pago y en los pasillos de la universidad. Otro tiene por auditorio los tres amiguetes del bar, y borrachos tienen que estar para escucharle las dos palabras mal hilvanadas, porque, en el pueblo, no hubo maestro, ni pan en su casa, cuando era joven. Artículo 33: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.» Artículo 38: «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.» Los medios de producción y el capital son trabajo acumulado. La herencia de un capital o de medios de producción, una fábrica o una finca, por ejemplo, pone al servicio del heredero el trabajo acumulado de centenares o miles de personas a lo largo de muchos años. Los hombres nacen y, utilizando los medios materiales y culturales, se hacen hombres y libres. Es contradictoria la Constitución de un Estado que en el

artículo 1 propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y reconoce, por otro lado, el derecho a la propiedad privada y a la herencia (de medios de producción, no sólo de bienes de consumo). Unos disponen de sus manos para hacerse hombres y libres, otros disponen de sus manos y miles de manos más para hacerse más hombres y más libres. Los primeros disponen de sus manos y de un hipotético mercado donde venderse, los últimos tienen a su servicio miles de manos y voluntades almacenadas en sus capitales y bienes de producción. «Ante la ley los españoles son iguales» (artículo 14), pero «ante la realidad unos son más iguales que otros», como dice la ironía popular. Las constituciones, en las actuales estructuras capitalistas, son, en cierta manera, el discurso de los opresores para demostrar su inocencia, para lavarse las manos delante del pueblo. Por decreto instituyen la libertad, la igualdad, la justicia. Si en la práctica no hay justicia, ni igualdad, ni libertad, es consecuencia de las condiciones materiales.

2. La ilusión de la «soberanía popular»

Hasta aquí la crítica (tomada del excelente artículo de A. M. B.) de cómo la igualdad de derechos oculta en realidad la desigualdad económica y social característica del capitalismo. Puede hacerse otra crítica del régimen parlamentario, que tal vez sea más profunda que la anterior, o por lo menos que ha sido menos incorporada a los principios de la izquierda revolucionaria, hasta el momento. A saber: este régimen se basa en la ilusión de la soberanía popular. Es decir, este régimen sirve para legitimar la dominación del capital mejor que cualquier otro, precisamente porque hace caer al pueblo en la ilusión de que, mediante una votación afortunada, será posible alguna vez cambiar el sistema socioeconómico. Apenas se ha avanzado en la discusión de la conveniencia de la participación electoral, desde que, en los inicios del sistema de sufragio universal en Inglaterra, el escritor revolucionario William Morris lo planteó. Su texto, La política de abstención, rechaza la participación electoral con argumentos que conservan toda su vigencia. El texto es del año 1887. Poco tiempo más tarde fue

elegido el diputado obrero socialista británico Keir Hardie y el socialismo inglés se perdió en los vericuetos parlamentarios. El propio Morris renunció más tarde al antiparlamentarismo sin que ese cambio de postura altere el valor de su visión profética anterior, que puede llamarse anarcosindicalista. Morris veía en el Parlamento, para decirlo en lenguaje de moda, el aparato ideológico fundamental del Estado capitalista, el instrumento de legitimación más poderoso del sistema. Según él, quienes propugnaban elegir diputados socialistas al Parlamento pensaban transformarlo «de mero instrumento en las manos de los monopolizadores de los medios de producción, en un organismo que destruyera el monopolio». A esta política ilusoria oponía la política de abstención. «Se les pide que voten para enviar representantes al Parlamento (si son “trabajadores”, mucho mejor) para que éstos puedan señalar qué concesiones es necesario que haga la clase dominante para que la esclavitud de los trabajadores pueda continuar; en una palabra, que toda la acción parlamentaria que se les permitirá, bajo el régimen presente, es votar por la continuación de su propia esclavitud. »Las clases gobernantes miran con complacencia, en la actualidad, las asociaciones liberales, los clubs radicales y los trabajadores que son del Parlamento, y en el futuro a los parlamentarios socialistas, porque cumplen la finalidad de asegurar la estabilidad de esta sociedad de ladrones de la manera más segura y menos complicada, es decir, induciendo a los trabajadores a participar en su propio gobierno. Un gran invento adecuado a la fama de los británicos de ser prácticos (y estafadores). Cuánto mejor que la grosera represión de hierro de ese burdo Bismark [...]. Las concesiones parecerían una victoria de los socialistas, mientras que, si fueran obra de un gobierno odiado del cual el pueblo se sintiera distante, serían consideradas como un señuelo y despreciadas como el último truco de una tiranía cada vez más privada de recursos». (E. P. Thompson, William Morris, Romantic to Revolutionary, Londres, 1977, p. 455459.) A medio camino entre esta posici0n clarividente y el entusiasmo electoralista del socialismo parlamentario (ahora compartido por los «eurocomunistas»), los marxistas han tenido tradicionalmente una posición equívoca ante el régimen parlamentario, con partidos políticos, es decir, ante el Estado de democracia burguesa. Marx y Engels colocaron algunas esperanzas en la participación parlamentaria tanto en Inglaterra como en Alemania. Lenin, aunque utilizó la frase «cretinismo parlamentario», se enfrentó sobre esta cuestión con Bordiga en

las reuniones de la Internacional, propugnando la participación electoral en los países europeos. Los trotskistas (al menos algunas de sus ramas) se empeñan en hacer el ridículo electoral siempre que la ocasión se presenta (y a veces obtienen incluso algunos éxitos, como recientemente en el Perú). En la actual situación de España, la participación electoral es, sobre todo, una manera de legitimar el sistema. Si el pueblo es víctima de ilusión de la «soberanía popular» y las elecciones tienen éxito, se asegura la continuidad de la dominación del capital más por vía consensual que por coacción, aunque la coacción esté también constitucionalizada. La propia Constitución define claramente el marco capitalista al garantizar la «economía de mercado» y la propiedad privada de los medios de producción, siempre que cumplan su «función social», que será definida en una posterior ley orgánica. La Constitución adopta una visión funcionalista, integradora, corporativista de la sociedad. Es notable que incluso esta cuestión haya gozado de consenso. En las Cortes hay muchos diputados «socialistas» y «comunistas». Para un «socialista» y un «comunista», ¿cuál es la «función social» de la propiedad de los medios de producción? Es explotar a los trabajadores, que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo por un salario inferior al valor de lo producido. Este excedente va a parar al consumo de lujo de los capitalistas y a la ampliación de la industria. Esta ampliación de la industria no es siempre nociva, pero sigue, sin embargo, las líneas marcadas por la muy desigual distribución del poder de compra consustancial al capitalismo. No se invierte para hacer frente a las necesidades de comida, vivienda y salud de los más pobres, sino para ganar dinero. Éste es un resumen del pensamiento de izquierda sobre qué es la «economía de mercado» que la Constitución impone. Es una contradicción que los diputados de «izquierdas» hayan aceptado, explícita y unánimemente, que la propiedad privada de los medios de producción tenga una «función social» favorable a la humanidad. ¿Por qué incluyen estos artículos en la Constitución? No es para evitar que los expropiadores sean expropiados, ya que para evitarlo están ya la policía y el ejército. Su valor es propagandístico. Sirven para legitimar el sistema capitalista. Son artículos aprobados unánimemente y casi sin debate, sin que los diputados de «izquierdas» de la comisión constitucional defendieran públicamente sus ideas «socialistas» y «comunistas».

Así se completa el sistema. Por un lado, participación electoral «induciendo a los trabajadores a participar en su propio gobierno». El gobierno así legitimado deberá respetar la propiedad privada de los medios de producción y actuar de manera que ésta cumpla su «función social»; dicho de otra manera, deberá garantizar la obtención de un porcentaje de beneficios adecuados para no desanimar la inversión. Por tanto, ese gobierno, ya sea de la UCD, ya sea «socialista», deberá imponer la conciliación de clases, la política de rentas, el pacto social, el nuevo corporativismo, en fin, para garantizar, en frase de Camacho, «la rentabilidad de las inversiones». Y por si algo falla, ahí está la amenaza del artículo 8 de la Constitución.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 61, 1979

Autor: Cattolica.

Abstencionismo y política

El referéndum del 6 de diciembre de 1978 ha traído un fruto amargo a la mesa de los representantes de la «clase política» que gobierna o pretende gobernar este país: un 35,8 %[49] de los ciudadanos convocados a refrendar el nuevo sistema político encarnado en la Constitución que aquéllos les habían preparado, no ha sentido la más mínima inquietud por legitimarlo, practicando una abstención más o menos activa. Y eso que contra el abstencionismo se intentó todo y con todos los medios: radio, televisión, periódicos, sondeos de opinión, carteles, «golpes de mano» tendentes a resucitar a Franco..., todos ellos orquestados por el gobierno y por la oposición, por los partidos y por los sindicatos mayoritariamente comprometidos en el proyecto y defensores del sí.[50] No votar era proporcionar a la ultraderecha argumentos, razones y vitalidad para sus nostálgicos intentos golpistas. No votar era convertirse de inmediato en cómplice de un terrorismo indiscriminado. No votar era consentir la vigencia de las leyes franquistas y condenar el pluralismo político e ideológico, la tolerancia para las ideas, la primacía del poder civil y de la soberanía popular. No votar era negarse a colaborar con aquellos que sufrieron la represión por defender los derechos y libertades bajo el franquismo y que ahora nos ofrecían la tabla de salvación constitucional. Sin embargo, el resultado de tanto esfuerzo orientado en favor de la participación ciudadana y del voto afirmativo fue más bien magro. Los enormes costes de la campaña declarados oficialmente han reflejado una relación «coste-beneficio» bastante pobre: no ha faltado mucho para que cada voto afirmativo supusiera doscientas pesetas de gastos. Sí, pese a todo ello, un 35,8 % de abstencionistas amenazó con dar al traste con el negocio político. Porque si cifras de abstencionismo siempre sirvieron para dar credibilidad a la consulta mostrando la ausencia de coerción sobre los ciudadanos, no cabe ninguna duda que porcentajes ya tan significativamente elevados denotan que lo político pierde clientela, expresando la poca fe y el poco interés que tienen muchos españoles en la actuación de la clase política que dice representarlos. Esta fe y este interés son ahora mucho más necesarios que en tiempos de Franco para asegurar el buen funcionamiento de la democracia parlamentaria llamada a sucederle como el

mejor medio de garantizar la continuidad del Estado y de los poderes económicos establecidos. En el nuevo sistema político —aunque el monarca y el Ejército mantengan el papel de árbitros supremos del Estado—, el poder de los gobiernos no emana ya de ningún caudillo carismático, sino que se ampara en la ficción de la «soberanía popular». Y para ello hace falta que el pueblo no ejerza por sí mismo ese poder que teóricamente se le atribuye, sino que acuda a las urnas a delegarlo en la clase política que lo ejerce, avalando así su papel de representante. Sin embargo, esta coartada participatoria con la que se legitima la autoridad en las democracias parlamentarias puede tambalearse si el pueblo se abstiene perdiendo la fe en la gestión de los intermediarios políticos. Por ello ha sido una sorpresa desagradable para la clase política el fuerte abstencionismo que se registró en el preciso momento de refrendar la Constitución que venía a institucionalizar el nuevo sistema político. Pero había que guardar la compostura y minimizar la importancia de este hecho. Había que buscarle explicaciones alejadas del campo de la política, por muy peregrinas que resultaran. Así, las declaraciones de la clase política harían hincapié en justificar el mayor volumen de abstención apelando a razones naturales, técnicas, estructurales o sociológicas, pero nunca políticas. Con tal de no reconocer éstas, el ministro del Interior llegó a sacrificar su propia competencia en la preparación de la consulta, señalando que el abstencionismo vino provocado por la imperfección del censo, la mala organización de los colegios y la pésima información sobre la mecánica de la votación. Curiosa justificación, cuando ni lo uno ni lo otro han variado sensiblemente desde el referéndum anterior o desde el anterior comicio electoral, siendo entonces el porcentaje de abstenciones mucho más reducido, y cuando la mecánica electoral estuvo fiscalizada por unos partidos parlamentarios interesados en que se perdieran los menos votos posibles. Se dijo también que el abstencionismo ha sido el resultado de un posible efecto boomerang causado por una campaña propagandística tan aplastante en favor de la participación y del sí que recordaba mucho al franquismo, provocando la convicción de que el texto sería fácilmente aprobado y liberando así del espíritu de responsabilidad a muchos que no acudieron a las urnas. Lo que no se dice es por qué dicho efecto boomerang no se acusó en las dos consultas anteriores pese a estar montadas las campañas propagandísticas con el mismo abuso de medios y con el mismo objetivo obsesivo de persecución del voto, y pese a contar ahora con una mayor experiencia propagandística en esas lides y con similar apoyo de empresas especializadas que difícilmente podían llevar a tan trágicos errores. De

esta manera la abstención se convertirá por arte de magia en una afirmación pasiva en favor de la Constitución, cuando durante toda la campaña las mismas voces habían proclamado que cada abstención serviría para ensanchar y engordar los «noes» de la derecha. También se oyó decir que el abstencionismo ha sido el resultado del mismo juego democrático, que permite su propaganda a quienes lo propugnan como alternativa activa, dando a entender cínicamente que quienes defendieron la abstención contaban con medios en su campaña como para contrarrestar la abrumadora y asfixiante concentración de esfuerzos gobiernooposición política en favor de la participación y del sí e imponer su mensaje disuasorio. Hay que recordar que precisamente esa oposición política, que ahora formó un bloque unido con el partido del gobierno en la defensa del sí, había propugnado mayoritariamente la abstención en el anterior referéndum de 1976 sin que tal campaña, de la que todavía existen vestigios en algunos muros, se reflejara de forma sensible en los resultados. Y se dirá que el abstencionismo vino provocado también por el mal tiempo que acompañó a la célebre fecha y por enfermedades y ausencias, a pesar de que para evitar estas últimas no tuvo lugar en día festivo, como es usual en otros países. A juzgar por el índice de abstenciones, debieron ser verdaderos temporales huracanados los que se solidarizaron con el azote de alguna peste bubónica o cólera letal, sin que los medios informativos recogieran su verdadera magnitud, y ante cosas así no hay «madurez política» ni «deber ciudadano» que se resista. Atendiendo a estos y otros argumentos externos a la problemática política suscitada por el referéndum, se pasará a tratar de justificar por qué en determinadas regiones el fenómeno abstencionista tomó proporciones tan enormes. En Galicia (el 48 % de abstención en La Coruña, el 59 % en Lugo, el 61 % en Orense y el 48 % en Pontevedra) se deberá a la desajustada colocación de las mesas electorales, al poblamiento disperso, a que fue uno de los raros días del año en que llovía en esas latitudes, etc. Argumentos estos que por proximidad geográfica podían explicar quizás también el 40 % de abstenciones en Asturias. En la justificación del abstencionismo vasco (46 % en Álava, 59 % en Guipúzcoa, 38 % en Navarra y 59 % en Vizcaya) se añadirá a los argumentos señalados la consideración de que en este caso el fenómeno tenía un carácter partidista reflejando un enfrentamiento entre el Partido Nacionalista Vasco y el gobierno de Madrid y dando a entender, así, que el abstencionismo expresaba la fidelidad y entrega de la población a la clase política local, a lo que se añadió el supuesto miedo de la población a posibles acciones de ETA contra los colegios electorales, ignorándose que dicha organización había propugnado el no en vez de la abstención... El 44 % de abstención registrado en Tenerife permanecerá sin

comentarios, así como los registrados en el resto de las provincias. Aunque para el conjunto, se diría, rayando en lo grotesco, que si se dedujeran los resultados de Euskadi y de Galicia, el índice de abstención no sería tan dramático. Pero es precisamente ese resultado global el que indica que la importancia del abstencionismo no se limitó sólo a algunas zonas particulares, sino que fue un hecho generalizado que alcanzó al 36 % del censo, representando los votos afirmativos sólo el 59 % a pesar de la poca importancia del no, que supuso un 5 %. Cabe destacar que los votos negativos han tenido en Euskadi una importancia muy superior a la registrada en otras zonas debido al llamamiento de ETA en favor del no, lo que unido al elevado porcentaje de abstención hizo que la Constitución no fuera refrendada ni siquiera por la mitad del censo en el País Vasco, no llegando ni al 30 % el voto afirmativo en Guipúzcoa. El voto negativo de Euskadi debe diferenciarse, pues, del registrado en otras zonas en las que tiene un claro significado de derechas, a pesar de que algún partido de la izquierda no parlamentaria hiciera campaña por el no. De todas maneras sólo en tres provincias castellanas (Guadalajara, Palencia y Toledo) a duras penas consigue superar el voto negativo el 10 % del censo, lo que indica la escasa audiencia que tienen entre el electorado las añoranzas franquistas. Máxime cuando la propaganda practicada por los grupos de extrema derecha en favor del no ha sido mucho más masiva que la que tuvo lugar a favor de la abstención. Pero ¿cuál es el elemento extraño, el factor disfuncional que ha inflado las abstenciones amenazando con perturbar la cibernética de la democracia parlamentaria con la que pretende ampararse ahora el poder político? ¿Por qué muchos de los ciudadanos que habían votado sí en el referéndum que en 1976 abría la puerta a la democracia ofrecida desde el gobierno y que más o menos entusiásticamente habían participado diecisiete meses antes en las primeras elecciones, se han abstenido ahora de refrendar la Constitución con la que culminaba tal proceso de reestructuración del Estado? La cosa no tiene tanto misterio. El cambio de actitud de los ciudadanos no resulta de ninguna fuerza oscura. Lo que pasa es que la clase política se niega a reconocer la evidencia de que el aumento del abstencionismo es en buena medida el fruto de su propia actuación. Pues ha sido ésta la que ha contribuido eficientemente a truncar la ola ascendente de interés y de esperanza con que se miraba hacia la política y hacia la democracia en los últimos tiempos del franquismo. Como ya se ha analizado desde las páginas de esta revista,[51] los programas

económicos y políticos de los partidos fueron desplazándose hacia la derecha y convergiendo hasta alcanzar una gran homogeneidad en las elecciones de junio de 1977. Todos ellos ofrecían orden y moderación, prometían afianzar la democracia junto con la actual monarquía, restablecer el buen pulso de la economía capitalista, etc., salvando, en suma, al sistema socioeconómico vigente de la doble crisis económica y política que se aceleró a raíz de la muerte de Franco. Tal homogeneidad no podía escapar a los presuntos electores. Si éstos acudieron entonces a las urnas fue, además de por la novedad que suponía el nuevo ritual, para dar un voto de confianza a ciertas siglas o personas que les parecían más simpáticas o más en línea con sus ideas o intereses, atendiendo a los spots publicitarios formalmente diferenciados de la campaña electoral o a la idea que tenían anteriormente de ellas. Tras este voto de confianza, tras esta curiosidad inicial por ver cómo se comportaba el nuevo sistema, vendrían el desinterés y el desengaño. Pues pronto se observaría que el nuevo sistema político no venía a cambiar nada sustancial en el ritmo monótono del trabajo y de la vida al que estaban habituados la mayoría de los ciudadanos durante el franquismo, ni a modificar la estructura piramidal desde la que unos pocos seguían ejerciendo el poder político y económico: en este último aspecto ni siquiera se llegó a modificar la composición de las oligarquías que detentaban el poder económico en tiempos de Franco, como no fuera para reforzar la posición de los más fuertes (el capital extranjero fundamentalmente), e incluso la aparición de nuevas caras entre los oficialmente reconocidos de la clase política, no ha supuesto en la mayoría de los casos la eliminación de las antiguas, que siguen gobernando hoy en buena convivencia con aquéllas. Lejos de romperse, a medida que tomaba cuerpo el nuevo juego político, la indiferenciación en el contenido de los programas a corto plazo de los partidos, ésta culminaría en la campaña en favor del sí para el referéndum del 6 de diciembre de 1978, en la que irían de la mano desde Fraga y Suárez hasta Carrillo y González. Pocas sorpresas cabía esperar ya después de año y medio de política parlamentaria. Esta corta experiencia bastó para desengañar a muchos que esperaban que la nueva democracia trajera cambios importantes en la realidad del país que afectaran a la vida cotidiana de esa «mayoría silenciosa» que en el nuevo sistema sigue muda porque en él tampoco debe hablar, ni decidir, ni actuar por sí misma, sino sólo refrendar el quehacer de una clase política que hable, decida y actúe por ella. Así, con el liderazgo forzoso de la clase política aparece formalizado lo que en esta sociedad del espectáculo ocurre más espontáneamente con las estrellas de cine o del deporte: constituyen los ídolos cuya adoración viene propiciada por el sistema

como sustitutivo a la pobreza de la vida deportiva, sentimental, amorosa y muelle de esa «mayoría silenciosa», para que en vez de enderezar su propia actividad en un sentido más gratificante, se contente con participar en éxitos ajenos. Pero lo ocurrido en el improvisado escenario de la política española ha sido una caricatura de la profesionalidad y el ritmo que denotan otras democracias más añejas y experimentadas en ofrecer algunos lances que permitan mantener el interés en la representación. Tras presentar a un parlamento vergonzantemente bicameral como el centro de la vida política nacional, sólo escasas intervenciones —las más de las veces procedentes de parlamentarios más o menos independientes o minoritarios— proporcionarían alguna nota de color que pasaría sin pena ni gloria oscurecida por el tono gris del conjunto. Pero hoy los actores ya no están expuestos a los tomatazos del público, éste puede todo lo más apagar la televisión o abandonar el local de la representación renunciando a su papel de espectador sobre el que a fin de cuentas se sostiene cualquier espectáculo. Dentro del nuevo sistema democrático sólo le cabe a esa «mayoría silenciosa» expresar su desinterés o su aburrimiento por un juego político que le resulta cada vez más lejano, absteniéndose de participar en él con el único gesto activo que el sistema le reclama: el de refrendar con su voto la actuación de la clase política. Y es este mayor desinterés y aburrimiento por la política, que se reflejaría también en la enorme caída en la demanda de revistas y libros sobre temas políticos, el que explica fundamentalmente la amplitud alcanzada por el abstencionismo en el último referéndum. Pero no sólo hay que atribuir a la burda actuación de la clase política el descrédito que ha ganado, en tan corto espacio de tiempo, un sistema que sirvió secularmente de soporte de la autoridad política en los países de «capitalismo maduro». Porque la experiencia histórica había grabado ya desde antiguo en la conciencia colectiva de los españoles esa desconfianza en la política y en los políticos que ahora afloraba de nuevo. El talante doctrinario con el que se importaron los esquemas liberales en nuestro país, hizo que ese pueblo, que teóricamente erigían en soberano, se beneficiara bastante poco de ellos, a la vez que servían de pretexto para liquidar las propiedades comunales y otras instituciones de «antiguo régimen» que le daban cobijo, surgiendo, como consecuencia de ello, fenómenos tan peculiares como el carlismo y trayendo el descrédito de la democracia parlamentaria —tradicionalmente asociada con el manejo caciquil y el «pucherazo»— paralelamente a la desconfianza en la clase política que se desarrolló al calor de ese sistema. Y como antecedente más

próximo hay que recordar la fuerza que adquirió el abstencionismo durante la segunda República y la audiencia de los que lo propugnaron como política activa, dado el desfase existente entre el juego político parlamentario y los problemas reales del país. Hoy se dan condiciones muy favorables para que renazca un abstencionismo activo. Lo que faltan hoy por hoy son organizaciones con capacidad suficiente para convertir la pasividad abstencionista en un arma que atente contra la esencia misma del sistema político actual, presentando la acción directa de los oprimidos encaminada a solucionar sus propios problemas, como alternativa más eficiente que la delegación en intermediarios políticos. En cualquier caso, la abstención sólo puede redundar en beneficio de ese pueblo al que tantos políticos se ofrecen a servir, al erosionar un poder que se encuentra por encima de él y al hacer que la clase política, empujada por la búsqueda de votos, se vea forzada a atender mejor los deseos de aquellos a quienes pretende representar.

AULO CASAMAYOR (seudónimo DE JOSÉ MANUEL NAREDO) CRI 61, 1979

Autor: Rojo.

III. ACTORES POLÍTICOS

Los manuales de historia contemporánea española suelen recrearse en grandes nombres propios como motores de cambio en el proceso transicional. El rey, Suárez, Carrillo, Felipe González, Martín Villa, Gutiérrez Mellado, Fraga o tantos otros. Cuadernos de Ruedo ibérico, consciente de que el presente y el futuro se juega en una partida de póquer con cartas marcadas, suele preferir los nombres comunes. O utilizar los adjetivos que designan a actores políticos colectivos, que suelen operar tras las personalidades. Se trata de los poderes fácticos, pero también de otros grupos no tan poderosos utilizados a menudo como descartes, faroles, o sacrificados en función de una estrategia en la que cada contrincante actúa en desigualdad de condiciones. Para Cuadernos de Ruedo ibérico estos actores colectivos aparecen claramente dibujados. Por orden cronológico, a partir de diferentes artículos van desfilando reformistas, opositores, guardianes de las esencias, banqueros, empresarios, sindicatos o trabajadores. Mezclándose en la baraja y haciendo sus propios juegos, a pesar de que el resultado, como destacan los autores o el mismo editor de Cuadernos, José Martínez, ya se conoce de antemano. Es lo que explica, por ejemplo, el editorial, correspondiente a 1976, en que se denuncian las rebajas de la oposición política. Enfrente, mientras la oposición renuncia a la ruptura, los franquistas aspiran a la reforma. Desde la trinchera de la dictadura y más allá, el mismo autor pone en evidencia el papel de los sectores más irreductibles (actuando como fuerza de choque de los reformistas más educados) en su Amenaza fascista en Madrid. A una distancia prudencial, el mundo del trabajo va recuperando el antiguo orden del sindicato vertical a partir de El Pacto de la Moncloa. La lucha sindical y el nuevo corporativismo, tal como denuncia Martínez Alier. En un sentido similar, de denuncia en un contexto de graves tensiones sociales y crisis económica, el Colectivo Autonomía de Clase publica, una vez empiezan a percibirse los resultados del sistema de «concertación» laboral, el ensayo La clase trabajadora frente al capital. Finalmente, el mundo de las finanzas, el gran beneficiario del franquismo y de la Transición, es analizado con un artículo de Emiliano Vega (pseudónimo de Julián García-Vargas), La reestructuración de las cajas de ahorro, que aun habiéndose publicado hacia finales de los setenta resulta perfectamente actual en el contexto de crisis financiera vigente.

La generación de la Zarzuela

Bajo la denominación Colectivo 36, que firma este artículo, se hallan los nombres de José Martínez Guerricabeitia y Alfonso Colodrón, los más probables autores de este texto ácido y crítico sobre el personal político. Colodrón (Granada, 1945), licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con estudios de derecho comparado en Estrasburgo y Trieste, y licenciado en ciencias sociales del trabajo en la Sorbona, aparece por Cuadernos de Ruedo ibérico en 1968. Entra en el capital de Ruedo ibérico, inyectando la liquidez necesaria para la supervivencia del proyecto editorial en momentos delicados. Con el tiempo se convertirá en consejero y mano derecha de Pepe Martínez, con quien firmará, con pseudónimo, varios artículos. En 1973 entra a trabajar a tiempo completo en la editorial parisina hasta que a mediados de este año inicia una profunda reflexión en una vuelta alrededor del mundo que durará cinco años. No regresará a España hasta 1981. En la actualidad se dedica a la práctica psicoterapéutica, a la escritura y a talleres sobre cuestiones de género e intergeneracionales. En 2012 aparecerá su sexto libro sobre política, vida cotidiana y espiritualidad. En este texto se describe el entorno reformista que frecuenta al Príncipe de España, futuro rey Juan Carlos de Borbón, quien reside en el palacio de la Zarzuela (de aquí el título). Los autores analizan así los diversos grupos y personalidades que surgen alrededor del poder futuro (es necesario recordar que el actual monarca fue designado sucesor mediante la ley 62/1969, de 22 de julio, y ejerció la jefatura del Estado interinamente entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974, y desde el 30 de octubre de 1975 hasta la muerte del dictador). Éstos, normalmente ensalzados desde la historiografía oficial, son analizados en su perfil sociológico para hacer comprender al lector cuáles son sus intenciones y condicionantes profundos. Se trata de jóvenes profesionales liberales e intelectuales de clase media que pretenden adquirir un papel protagonista en el cambio de régimen. Estos núcleos, considerados ya entonces bajo el epígrafe de aperturistas, disponen de unos apoyos financieros y plataformas de expresión que les permiten jugar en superioridad de condiciones respecto a la disidencia, y

provienen de los grupos sociales medios, que más que «franquismo sociológico», son los que abastecen de cuadros profesionales a cualquier gobierno, sin importar su naturaleza. Es por ello que los autores detectan las diversas pulsiones de las familias franquistas no falangistas (las más radicales del llamado búnker) ni carlistas (las más tradicionales y obsoletas), sino democristianas o liberales. Como sucede de manera muy similar a los cuadros de las dictaduras latinoamericanas coetáneas (Chile, Uruguay, Argentina), provienen de los mismos sectores acomodados, practican un aparente apoliticismo, y consideran que la liberalización política debe venir de la mano del desarrollo económico. En resumen, y como evidencian los autores, se trata del personal que, alrededor del heredero del dictador, se postula para pilotar una Transición «controlada», es decir, afín a los intereses de los grupos dirigentes y con un sentido de planificación por etapas hasta llegar a su objetivo: hacer evolucionar una dictadura que hace de España un área marginada del concierto europeo, hacia un Estado homologable a los de su entorno, pensando en una integración en lo que entonces se denominaba Mercado Común. A pesar de su apariencia aperturista en su diseño del guión del cambio, y teniendo en cuenta un perfil profesional mayoritario de juristas, una de sus obsesiones es el reconocimiento de la jurisprudencia franquista, es decir, la legitimación del acto de fuerza que supone la dictadura, punto clave que supone la ruptura con el entramado legal de la República. Una de las principales ideas del grupo e individuos que revolotean por el palacio de la Zarzuela es precisamente concebir una Constitución que, por una parte, ordene la totalidad del caótico entramado legislativo del régimen, pero que sobre todo, y como deja bien claro el artículo 9.3 del texto constitucional del 1978, «garantiza el principio de legalidad () la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica». Es decir, la legalización constitucional del franquismo. Los autores se anticipan a la Constitución, así como a la futura Ley de Amnistía de 1977 diseñada como una ley de punto final. El Colectivo 36 analiza el pensamiento de estos núcleos a través de una lectura profunda de sus textos. Y detectan elevadas dosis de paternalismo social, su vocación de otorgar derechos limitados (por ejemplo, su voluntad de «regular» el derecho de huelga) que demuestran su planificación de una democracia de baja calidad, con escaso margen de libertades y una limitación en la participación

popular (exclusivamente en las urnas), y diseñando para ello un sistema político en el que unos aparatos de partido jerarquizados y burocratizados se impongan como barrera ante una verdadera soberanía del pueblo, en procesos estrechamente controlados. Es normal, su prioridad, de acuerdo con lo que también sucede en las dictaduras latinoamericanas y lo que anhelan quienes financian a estos grupos, es establecer un sistema basado en el liberalismo económico, defensa del capitalismo sin trabas, y mantenimiento de los privilegios de sectores dominantes en la economía y la sociedad (muy especialmente el financiero), que según sugieren los autores, son aquellos que están realmente detrás de estos jóvenes sobradamente preparados para gobernar el entonces futuro régimen. De hecho, si observamos desde el presente, es evidente que la gran banca o la economía especulativa ha sido la gran vencedora de la Transición. Y que fueron las élites tecnocráticas, vinculadas en un primer momento a la incipiente UCD del presidente Suárez y su gobierno de «penenes», [52] quienes acabaron pilotando el Estado durante la, quizá no tan plácida, travesía hacia el régimen constitucional vigente.

Las rebajas de la «oposición política»

Este editorial de 1976, cuya autoría corresponde a Joan Martínez Alier, supone una inequívoca y crítica declaración de principios de la propia revista ante la actitud de la oposición oficial. Resulta habitual plantear el lapso temporal entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas como una especie de limbo posdictatorial y predemocrático. Pero sin duda, éste es el período más decisivo en la configuración de lo que debe ser el nuevo régimen, en el que tanto las estructuras franquistas del poder como la presencia semipública de la oposición, suponen una larga partida de póquer, con cartas marcadas, aunque también estrategias muy dibujadas. En este momento, la Coordinación Democrática, creada el 26 de marzo de 1976, que reúne a la Junta Democrática (con organismos bajo la influencia del PCE, creada en 1974, aunque también estén detrás Rafael Calvo Serer y otros monárquicos favorables a Juan de Borbón) y la Plataforma de Convergencia Democrática (con grupos alrededor del PSOE, creada en 1975) parece fortalecida tras la muerte de Franco y se muestra como la

oposición oficial que ha de arrastrar a España hacia una democracia. Pero, pasados los meses, esta intervención del catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona evidencia las claudicaciones hechas por esta oposición, lo que permite exponer con toda crudeza el directo título del texto, ya que la principal actividad de la pluralidad de grupos y partidos políticos parecen establecer una competición para ver quién realiza mayores claudicaciones en el menor tiempo posible. El editorial pone en evidencia la moderación de las fuerzas de oposición, especialmente de la Junta Democrática, que pasa del antijuancarlismo oficial a la aceptación tácita de la monarquía. Este análisis anticipará en varios meses a la renuncia oficial de los símbolos (bandera, himno, república) que escenificará el PCE como el precio a pagar por su legalización, el 9 de abril de 1977. En este sentido, Martínez Alier pone en evidencia la condición de oxímoron de la «ruptura pactada», expresión exitosa que se utiliza para definir al pacto entre el Estado y la oposición a la hora de determinar las nuevas reglas del juego. Si los símbolos suponen la afirmación pública del acatamiento del orden vigente, heredado del franquismo, las acciones de la oposición democrática vienen a corroborar las funciones a ejercer en el nuevo orden. Y lo que detecta Martínez Alier es el papel desmovilizador de los partidos de oposición en un momento de intensa agitación política y social. El temor a que la situación de descontento se desborde, ya sea por planteamientos revolucionarios o por demandas nacionalistas, empuja a la oposición a ejercer el papel desmovilizador, callando o absteniéndose ante la represión de Vitoria, la militarización de los servicios públicos (como es el caso de la huelga del Metro de Madrid), o como posteriormente sucederá, ante los asesinatos de Atocha u otros incidentes en los que los muertos los ponen los manifestantes y las clases populares, y la violencia, el estado o diversos grupos de ultraderecha con connivencias oficiales. Martínez Alier, como suele hacer en varias de sus intervenciones, y debido a sus conocimientos de política internacional, compara la situación hispánica con la de los regímenes autoritarios de América Latina. Y destaca la convergencia de intereses entre el capitalismo autóctono y los del gran capital internacional en la configuración del nuevo sistema político que ha de surgir en España, como sucede por ejemplo en la dictadura militar argentina. A través del personal político formado en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (organismo en el que converge el neoliberalismo hispánico con el franquismo,

sobre el cual Ruedo ibérico publicó un gran libro en 1974),[53] son los intereses financiero-empresariales quienes controlan el gobierno. Hay que destacar que es precisamente la ACNP la principal cantera intelectual que abastece al gobierno de jóvenes profesionales. Para llevar a cabo este proceso político en el que la gran banca y los grandes empresarios determinan la hoja de ruta de la Transición, el poder económico es consciente de que, para consolidarse, le resultará necesario contar con una oposición que, en términos de José Manuel Naredo, «no se oponga demasiado», a cambio, claro está, de poder participar e integrarse en el sistema, como finalmente sucederá, incluso con antiguos redactores de Ruedo. El frente obrero, el más complicado del momento, ofrece a los partidos políticos aún alegales una valiosa carta ante el poder a la hora de incorporarse al sistema, mediante las vinculaciones sindicales entre PSOE y UGT, y entre PCE y CCOO. Se trata, pues, de aplicar la misma desmovilización política en el mundo laboral. Neutralizar a los movimientos asamblearios y canalizar las reivindicaciones obreras mediante unos sindicatos cada vez más centralizados y burocratizados, en un proceso también paralelo de «oficialización». Aquí, Martínez Alier anticipa el nuevo papel del sindicalismo profesionalizado e institucionalmente separado de la base. La prueba más evidente de la debilidad de la oposición es la incapacidad, o ausencia de voluntad, de presentar un modelo económico alternativo, en un contexto internacional en el que plantear el abandono del capitalismo no resulta una idea descabellada. Hay que recordar, por ejemplo, la fuerza del Partido Comunista Italiano, que plantea la autonomía obrera, o los planteamientos estatalistas del Partido Socialista Francés. Pero es precisamente la actuación político-social de la oposición la que acaba haciendo inviable un cuestionamiento del orden económico, al fin y al cabo impuesto por el acto de fuerza del franquismo. Las «rebajas» de la oposición política, citadas en el título, tienen mucho que ver no solamente por la acción y omisión de los partidos, sino en un discurso en el cual se apela constantemente al realismo, o al miedo paralizante a la involución, pero que esconde, según el autor, la intención de participar en el reparto del poder institucional en el proceso de la Transición. Al fin y al cabo, son otros quienes pagan el precio. En cierta manera, se acusa a la oposición de realizar el trabajo sucio de la Transición al promover la descapitalización de las enormes fuerzas combativas

contra el régimen, que no se conforman con hacer caer la dictadura, sino que proponen un cambio en profundidad del sistema. No es ningún secreto que es precisamente la gran burguesía especulativo-financiera la gran beneficiaria del régimen, y que la renuncia a la ruptura implica soportar la misma estructura de dominio social reforzada por la dictadura.

Amenaza fascista en Madrid

El tercer actor político analizado en este apartado es el coetáneamente denominado Búnker. Éste, formado por los sectores más irreductibles del régimen, los más próximos a la vieja guardia del Movimiento Nacional, fundamentalmente falangistas y tradicionalistas, se concentran alrededor del Palacio del Pardo en los últimos dos años del franquismo. Esta situación es contemplada con preocupación entre los reformistas del régimen y la oposición democrática porque ven en ello una posible involución. Es en este momento (octubre de 1974) cuando, de nuevo, Joan Martínez Alier realiza un ejercicio de política ficción en el que plantea una hipotética deriva totalitaria al final de la vida de Franco, planteando qué pasaría si el búnker se hiciera con el poder entonces. El artículo tiene como objeto disipar la mayoría de los temores de la oposición política, puesto que plantea la escasa o nula viabilidad de este supuesto, que es presentado por reformistas y rupturistas como una «amenaza fascista» que el mismo autor acaba considerando como una «amenaza fantasma». La primera consideración del autor es que los diversos rumores sobre la posibilidad que el sector más genuinamente franquista se haga con el poder (probablemente con el apoyo del ejército) resulta extremadamente útil a los sectores reformistas que plantean reconducir el régimen hacia lo que el autor denomina en otro artículo anterior como «pluralismo limitado».[54] Es la estrategia, tan repetida durante el período de la Transición, de agitar el miedo. Pero, precisamente en este ejercicio hipotético, Martínez Alier replica que el régimen resultante sería bastante menos «de derechas» que el que impulsarían los sectores «de centro» que finalmente conducirían la evolución política española. Al fin y al cabo, los sectores más ultraderechistas, alrededor de Blas Piñar, Fuerza Nueva y los denominados «camisas viejas», son partidarios de un

corporativismo económico que comporta decisiones más o menos populistas con una potencial carga legitimadora: políticas sociales, seguridad laboral, siguiendo el modelo, por ejemplo, del peronismo argentino. En el lado opuesto, los «aperturistas» contraponen su programa neoliberal que implica privatizaciones, pérdida de derechos laborales o el dominio totalitario de los mercados en cualquier ámbito de la vida pública y privada. Pero Martínez Alier considera altamente improbable esta posibilidad. En pleno contexto de refuerzo de los intereses financieros y capitalistas (una vez más, los golpes de Estado en Latinoamérica apoyados y organizados por los servicios secretos norteamericanos) lo más probable es lo que finalmente acabará sucediendo. Reformas políticas liberalizadoras que acompañan a reformas sociales neoliberales. Más libertad política, menores derechos en el campo laboral. Además, expone el autor, los sectores sociales dominantes son conscientes de que el triunfo de los grupos más reaccionarios, que el contexto internacional convierte en anacrónicos, supondría a medio plazo un refuerzo y radicalización de la protesta social, lo cual podría acabar facilitando la ruptura. Lo cierto es que el economista barcelonés, como suele hacer desde las páginas de Cuadernos de Ruedo ibérico, vuelve a acertar en sus pronósticos, puesto que la «amenaza fascista» resultó ser lo que, en términos maoístas coetáneos, se denomina un «tigre de papel», es decir, una posibilidad inquietante que ayudó, mediante el miedo, a que los sectores políticos reformistas pudieran controlar mejor a la oposición y a la sociedad española. De hecho, el miedo es el omnipresente actor político que preside todo el proceso de cambio.

El Pacto de la Moncloa. La lucha sindical y el corporativismo

El siguiente texto, publicado en 1977 por Joan Martínez Alier, tiene como protagonistas los grandes sindicatos que se perfilan como dominantes en las fases finales de la Transición. El episodio que marca las reglas del juego, mantenidas hasta la actualidad, es el de los Pactos de la Moncloa, que dan título a este artículo. Una vez suprimido el Sindicato Vertical, abolido por el gobierno de Adolfo Suarez en 1976, y legalizados los diversos sindicatos clandestinos, el 30 de abril

de 1977, la difícil situación económica derivada de la crisis del petróleo, en un contexto de estanflación (estancamiento económico con inflación elevada, 40 % anual ese año) motivó al gobierno a propiciar un pacto que asegurara la paz social y rebajara la conflictividad laboral entre patronal y representantes de los trabajadores. Éste, tras diversas conversaciones, tuvo lugar el 27 de octubre y fue firmado por CCOO, y posteriormente por UGT. La CNT lo rechazó. Los Pactos de la Moncloa implicaron el reconocimiento al despido libre (con algunos límites y condiciones), estableció el tope de incremento salarial en un 22 % para el año siguiente (ampliamente superado por la inflación, de un 26,6 %), y a cambio desarrolló una serie de normas que privilegiaron a las centrales sindicales que lo suscribieron, otorgándoles poder de representatividad significativa y estableciendo una amplia financiación pública de CCOO y UGT. En cierta manera, el autor analiza el significado de estos acuerdos y prevé sus consecuencias futuras. En primer lugar, contempla un gran paralelismo entre la conformación del sistema político (con unos partidos cuyas maquinarias acaban impidiendo la participación de las bases) con el sindical (con un sindicalismo burocratizado sin poder ni voluntad de cambiar la estructura productiva ni cuestionar el sistema económico capitalista). Así, encontraremos grandes organizaciones sindicales financiadas con dinero público, elecciones periódicas, sindicatos altamente jerarquizados y centralizados, marginación del asambleísmo trabajador de los primeros años de la Transición y la exclusión (y persecución) de la CNT, sindicato histórico que no acepta ni los Pactos ni las nuevas reglas de juego. Para ello, adopta una política reformista que deja al movimiento sindical en posición permanentemente defensiva, hecho que explica el deterioro, a largo plazo, de las condiciones laborales y salariales del mundo del trabajo en España. Es en estos pactos cuando se percibe el triunfo de las tesis económicas neoliberales en España. De hecho, la totalidad de los ministros económicos desde 1977 hasta la actualidad han hecho confesión pública y praxis cotidianas de las políticas basadas en los dogmas de la Escuela de Chicago, y ello ha tenido consecuencias por todos conocidas: la progresiva precarización del trabajo, las endémicas cifras de paro elevado a consecuencia de las correcciones de la baja productividad o elevados márgenes de beneficios empresariales, o un mercado de trabajo dual, según el grado de protección legal.

La clase trabajadora frente al capital

El Colectivo Autonomía de Clase, formado por José Antonio Díaz, Santiago López Petit y Enrique Rodríguez, es el núcleo que publica, en la etapa barcelonesa de Cuadernos de Ruedo ibérico, este artículo muy en la línea del anterior, pero dos años después de la firma de los Pactos de la Moncloa. Hacia el final de la trayectoria de la revista, en el momento en el cual la intensidad de los primeros años de la Transición ha dado lugar al desencanto, José Martínez retorna a sus orígenes anarquistas y da cabida a diversos grupos de jóvenes que tratan de revitalizar la CNT. En esta última etapa de Cuadernos, las intervenciones, de acuerdo con los insatisfactorios resultados del proceso de cambio, se radicalizan. Así este texto muestra de lo que los sectores libertarios teorizan en plena descomposición de la organización anarcosindicalista (1979 es el año de su definitiva ruptura interna y de la aparición de diversas organizaciones que reivindican la herencia de la histórica central). Los autores, en una etapa de efervescencia social con gran preocupación por cuestiones como la autonomía obrera (de aquí la denominación del colectivo), reflejan en sus trayectorias personales lo que acaban escribiendo. José Antonio Díaz, licenciado en derecho, cura obrero, trabajador de la empresa automovilística Pegaso y dirigente sindical de la editorial Bruguera, fue uno de los fundadores de CCOO, de los Grupos Obreros Autónomos y destacado militante de CNT y CGT, escribió diversos libros sobre la articulación del movimiento obrero durante la Transición. Enrique Rodríguez era un trabajador de la conocida y, finalmente, autogestionada Bruguera. Finalmente Santiago López Petit que durante los años setenta también fue uno de los impulsores y teóricos de esta corriente obrera, antiguo trabajador de una fábrica de vidrio, autor de diversos libros sobre pensamiento crítico, es en la actualidad profesor de filosofía de la Universitat de Barcelona y colabora con el colectivo Espai en Blanc y el archivo digital de la autonomía obrera y es un activo intelectual crítico con la globalización. El contexto se caracteriza por la decepción ante el resultado provisional de la Transición. No hubo ruptura, sino pacto. Y en el caso de los actores políticos de la clase trabajadora y los sindicatos, los autores recogen la opinión de muchos que esperaban un mejor fin de la agitación obrera de los años inmediatamente anteriores. En cierta manera este texto expone con toda crudeza quiénes han

ganado y quiénes han perdido durante la evolución de los acontecimientos. Precisamente los Pactos de la Moncloa y sus acuerdos posteriores, a la vez que el reemplazo del sindicato vertical por los que con el tiempo serán considerados como «sindicatos mayoritarios» (un bisindicalismo que corresponde en el mundo económico al bipartidismo ulterior, en la esfera política), acaban por dibujar un régimen que frustra las esperanzas iniciales ante los cambios. Las exclusiones en el campo sindical, fundamentalmente la CNT, son la consecuencia de su negativa a aceptar el nuevo orden de cosas. La representación, las elecciones sindicales, la burocratización de las centrales son incompatibles con la política de autonomía obrera, acción directa y agitación anticapitalista que propugna el anarcosindicalismo. Ante la fuerza que exhibe el viejo sindicato (en 1977 llega a tener más de 300.000 afiliados y es capaz de reunir a centenares de miles de personas en las Jornadas Libertarias de Barcelona) el Estado interviene mediante maniobras de descrédito como el caso Scala, al cual los autores se refieren.[55] El artículo, de un tono altamente combativo y anticapitalista, se halla en la línea de los debates que entonces se producían en el consejo de redacción de la revista, y que son los mismos que se producen entre aquellos grupos que se están quedando fuera de las nuevas reglas del juego del mundo económico. De hecho, los Pactos de la Moncloa y otros documentos similares, como el posterior Estatuto del los Trabajadores (marzo de 1980) servirá para desmontar poco a poco las estructuras de protección propias del corporativismo franquista en un contexto económico recesivo que hará de la desocupación un problema endémico.

Un ejemplo de reestructuración antipopular: las Cajas de Ahorro

Uno de los actores políticos con mayor presencia e influencia antes, durante y después de la Transición es lo que sin ambages Ruedo ibérico define como la «oligarquía financiera», es decir, la gran banca, organizada alrededor de los grandes grupos bancarios. El autor, oculto bajo el pseudónimo de Emiliano Vega, se trata en realidad de Julián García Vargas[56] (Madrid, 1945). Éste, conocido públicamente por haber desarrollado una exitosa carrera política en los gobiernos

de Felipe González, especialmente como ministro de Sanidad y Consumo (19861991) y de Defensa (1991-1995), se había licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Cuerpo de es del Estado e Inspector de Hacienda, había formado parte del núcleo madrileño de Ruedo en los años setenta. Posteriormente, a mediados de la década se acercó al PSOE, con relaciones muy estrechas con Ernest Lluch y otros socialistas catalanes. El artículo lo escribe en un contexto en el cual los socialistas españolas juegan a representar el papel de oposición al gobierno, lo que explica su tono lúcidamente crítico. Si bien los artículos de Cuadernos difícilmente muestran caducidad, en el contexto actual de reestructuración financiera, el ensayo de García Vargas muestra una vigencia desconcertante. El sistema de cajas de ahorro, que como sucede en algunas sociedades europeas desde principios del siglo XX, tienen la función de incorporar a la mayoría de la población trabajadora al crédito bancario, es desvirtuada en sus funciones por el franquismo. La indefinición legal de estas instituciones de control público, con una filosofía teórica de ejercer como instrumento del estado del bienestar, las expone a condiciones de vulnerabilidad ante la voluntad de la insaciabilidad de la gran banca privada para neutralizarlas y absorberlas. En este artículo, pues, se denuncia la voluntad de privatizar las cajas hacia finales de los setenta del siglo pasado. Y precisamente su organismo regulador, la CECA, es el primer interesado en promover este proceso culminado tras la última crisis financiera de 2008. El pastel resultaba entonces, como ahora, de lo más apetecible. Supone capturar un mercado más que considerable, con los depósitos y créditos de las familias españolas más modestas que, a pesar de todo, ven incrementado su patrimonio a partir del plan de estabilización. En toda esta situación, la oligarquía financiera, reforzada por el poder creciente del Opus Dei, largamente denunciado por Ruedo ibérico,[57] acaba por ir condicionando las decisiones gubernamentales hasta propiciar la desvirtuación de las cajas de ahorro públicas. A partir de la configuración del sistema político constitucional, los bancos actuarán como principales financieros de los partidos con el objeto de determinar las políticas económicas y financieras públicas. En un proceso de largo recorrido, se acabará estimulando un proceso de concentración bancaria, especialmente a partir de los años ochenta, que comportará un crecimiento imparable de los beneficios bancarios y el acaparamiento de un poder extraordinario que hace de los banqueros los grandes

vencedores del franquismo, y finalmente de la Transición. Los apellidos de la tradicional oligarquía financiera acabarán dirigiendo las cajas a través del poder político, hasta que, anticipándose treinta años, acaben apropiándose del patrimonio financiero público (y los depósitos populares) tras las reformas de los últimos años.

La generación de la Zarzuela

I. Cierto que el término «generación» tiene unas resonancias orteguianas y políticas poco gratas y menos instrumentales; máxime si pensamos en que fue Julián Marías, el eterno aprendiz de filósofo al servicio de intereses muy concretos, el que puso más en juego el término en nuestro país. También podíamos haber recurrido al fonema «promoción» (de promocionarse, de promoverse). Incluso, por un momento, dudamos en la elección de un epígrafe más ambicioso, pero también muy equívoco: «Los intelectuales y la Instauración», pero, una vez considerado el poco uso que en España se le da a la función intelectual, vinimos a pensar que el título propuesto era el menos ambiguo. La Zarzuela es, nadie lo ignora, el palacio en el que habita el príncipe Borbón, sus cuarteles de invierno a la espera de mejores y más elevados destinos palaciegos. Pues bien, al palacio de la Zarzuela vuelven sus miradas tanto los que sueñan con la continuación del régimen nacido de la sublevación militar de julio de 1936 (caso de Emilio Romero, paradigma corrupto de validez nacional), como aquellos otros que, desde una posición exterior al sistema, desean un proceso evolutivo del mismo que no suponga ningún cambio (transformación) radical. No vamos a ocuparnos del primer supuesto. Se trata de una posición clara, sin ambigüedades; son los fascistas de siempre, que aspiran a ser los neofascistas del mañana. Nos interesa, por el contrario, subrayar la aparición, abierta ya y sin disimulos, de una porción de individuos de autofiliación democrática que con sus trabajos, sus pompas y sus obras, aspiran a ser los mentores ideológicos de lo que el franquismo ha bautizado con el eufemismo de «las previsiones sucesorias». Evidentemente, no podemos entrar en las consideraciones subjetivas que pertenecen al fuero interno de cada uno de estos personajes; nos referimos exclusivamente a las posiciones políticas que objetivamente desempeñan, así como a las opciones materiales que pretenden encarnar, dinamizar también y, si es posible, protagonizar. Todos los que se han lanzado a la aventura en cuestión proceden y ocupan posiciones en la burguesía acomodada; profesionalmente, desempeñan profesiones liberales o incluso de las que en España se llaman, sin

ningún asomo de ironía, intelectuales: profesores de universidad, abogados, médicos, publicistas (¡qué término tan evocador!), etc. Constituyen la parte del iceberg que emerge; una porción mínima que oculta, o representa, a todas las masas burguesas (alta y media) españolas que reclaman, piden, exigen o mendigan, su puesto al sol en la próxima monarquía. Cada vez más próxima, es verdad; pero también cada vez más incierta en cuanto a su estabilidad y futura duración. Más claramente, son las cabezas pensantes de una clase que se pretende europea, en cuanto a sus libertades y privilegios clasistas y en cuanto a sus aspiraciones consumistas (materiales y abstractas). Los que ambicionan ser la élite «intelectual» de una clase que, desde 1936, está en el poder, pero sin gozar de lo que, ellos también, han dado en llamar sus derechos fundamentales. Juega, pues, en primer término un inequívoco mecanismo de clase, de lucha de clases; en segundo lugar, y en buena parte de estos epígonos, también opera una mínima (o máxima) apetencia de poder (poder en toda la amplitud de su contenido: poder social, político, económico y cultural). Pertenecen a distintos grupos políticos (no partidos) o son navegantes solitarios, ansiosos de abundante compañía. Se sitúan, físicamente, entre los treinta y los cincuenta años. Cuentan, en una medida variable, con plataformas «legales» de expresión y hasta de opinión. Y, está fuera de duda, no es una afirmación al aire, que gozan del apoyo de un amplio sector bancario interesado (¿cómo no?) en lo que todos juntos, unánimemente, denominan «cambio pacífico». Este término, para evitar confusiones semánticas, conviene aclararlo de inmediato, quiere decir que nada cambiará y se mantendrá la paz de la burguesía.

II. Para la demostración de la tesis propuesta hemos seleccionado los trabajos que más resonancia nacional han tenido en el otoño de 1973. Son ejemplos desnudos de toda subjetivación personalista; son, simplemente, dos casos que desde perspectivas distintas coinciden en esta operación de cambio que, en el fondo, no es más que un mecanismo de recambio. Ignoramos la acogida que estas declaraciones de principio, grupales o individuales, han merecido de la maltrecha oposición española. Por el contrario, sí recogeremos las muestras de agrado o de incredulidad que han recibido estas proposiciones por parte de algunos de esta sociedad española que emerge cautamente. El análisis no es fácil, en una primera aproximación. Los propugnadores de la monarquía juancarlista (ya no carrerista, por causa del accidente in itinere

sufrido por el almirante en vida y duque póstumo) siempre hacen ostentosa declaración de su democratismo, liberalismo y europeísmo. Ismos que, objetivamente, son el ropaje con que disimulan y tratan de vender su mercancía; su mercancía o ellos mismos, puesto que con sus escritos se manifiestan en situación abierta de posible adquisición por los necesitados de una clientela de ilustres. Quieren ser, si no los ministros, sí los ilustrados de la monarquía fabricada e instaurada hipotéticamente por Franco. Aún no hay en Madrid una corte oficial; pero, lo cierto es que ya existen sus palaciegos.

III. Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho político de la Universidad de Barcelona, prologaba, en el mes de junio de 1973, una obra realizada por un equipo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid.[58] Jiménez de Parga, granadino afincado en Barcelona y jefe de un importante bufete en la capital catalana, hombre de veleidades democristianas, se enorgullecía del libro que presentaba e incluso se atribuía una cierta paternidad en la tarea realizada: unas páginas «claramente inspiradas por el deseo de que España entre en vías de desarrollo político»; aunque, astutamente, se curaba en salud a renglón seguido: «El lector bien intencionado —y España es un país donde predominan abrumadoramente los hombres de buena voluntad— estoy seguro de que percibirá esa intención recta de todos nosotros, aunque tal vez no comparta alguna de las apreciaciones que aquí se hacen.»[59] ¿Cuáles son estas apreciaciones que pueden no ser compartidas? El que, para simplificar, llamaremos Equipo Esteban (el profesor del mismo nombre y cuatro colegas más), manifiesta de inmediato; lo que ellos, con el lenguaje académico usual, denominan la ultima ratio de su trabajo: «transformar la realidad circundante» para, a continuación, aclarar «que no existe un claro y total acuerdo en la Weltanschauung de los del equipo que han escrito el presente estudio»; pero sí están acordes en la necesidad de «encontrar una base mínima de entendimiento para salir del ime constitucional al que aparece abocado nuestro país a causa de sus peculiares circunstancias».[60] Por encima de la riqueza lexicográfica, en cinco líneas hay referencias latinas, alemanas y sas, para situaciones que tienen ya sus vocablos concretos en castellano, conviene, desde ya, atraer la atención sobre el metalenguaje utilizado por el Equipo Esteban que no duda en calificar el condicionamiento franquista de nuestro país (desde el fascismo del año 1939 hasta el neocapitalismo fascistizante de 1973) de «peculiares circunstancias».[61]

Pero avancemos. Por encima del verbalismo, de la «graforrea» del Equipo Esteban, hay una tesis que recorre toda la longitud del estudio. España se encuentra en una delicada situación: una vez logrado el desarrollo económico se hace absolutamente imprescindible el «desarrollo político»; pues, como no se cansan de afirmar los politólogos, o politistas estadounidenses, en particular, y los capitalistas, en general, sin esta transición, el desarrollo se queda en simple crecimiento. Sin embargo, este tránsito conviene hacerlo sin demudarse, sin perder la color, que diría un clásico; sin perder los privilegios de clase, que afirmaría un realista. El Equipo Esteban no vacila en aconsejar un período de «armisticio», ya que «es necesario un período de transición pacífica en el que los españoles aprendan a dialogar».[62] Ya en este punto concreto, en las primeras páginas de su estudio (la «Nota preliminar»), el Equipo Esteban asume el paternalismo de todo falso intelectual de clase y subraya además la tesis ideológica que el franquismo ha utilizado desde 1939: la minoría de edad del pueblo español. En consecuencia, este grupo de jóvenes profesores de universidad se ofrecen como mentores de este pueblo inferior políticamente. El Equipo Esteban presenta sus posiciones claramente. Para alcanzar el objetivo propuesto, la formalización de la hegemonía burguesa, y, evidentemente, para consolidar las posiciones adquiridas desde la guerra civil, no hay más panacea que «llevar a cabo, dentro del marco constitucional vigente, los ajustes juridicopolíticos necesarios para conseguir una liberalización real y no ficticia de la vida política española». Y ello por tres razones: 1) La «incorporación de nuestro país en Europa»; 2) Lograr «el desarrollo [político] que se sitúa en una vía media, la de la reforma; se trata de cambiar, de mejorar, pero sobre todo, de hacer crecer lo que hay y a partir de su propia vitalidad» (dixit Fraga y ratifica el Equipo Esteban); 3) «España debería transformar su sistema socioeconómico y político en línea inequívocamente democrática por razones originarias y radicales: la voluntad de nuestro pueblo, la fidelidad a los valores de igualdad y libertad inherentes a una concepción espiritual de la vida humana, el sentido posconciliar de la inspiración cristiana [...]» (dixit Ruiz-Giménez, evidentemente, y ratifica de nuevo el Equipo Esteban).[63]

IV. Está fuera de dudas que a estos «jacobinos», como ellos mismos se han autobautizado pública e impúdicamente (y con un evidente desconocimiento de la historia), no les anima ningún propósito revolucionario. Son conscientes de su moderación y la hacen suya por boca de otro de los protagonistas de la

Operación Zarzuela, García San Miguel, que dice: «Sé muy bien que lo anterior parecerá a muchos excesivamente moderado. Me permitiría preguntarles si acaso son más eficaces el verbalismo virulento carente de fuerza o el seudomoralismo consistente en decir a todo que no y no hacer nada.»[64] El autor citado posiblemente olvidó la conclusión que con toda naturalidad se deduce del postulado condenatorio. Los intelectuales lo critican todo, hablan mucho y no hacen nada; por tanto, se infiere, es mucho más consecuente, como postura política, pasarse con armas y bagajes al franquismo agonizante (o al franquismo revivido, nos es igual); o, dicho de otra forma: hay que prepararse para no estar ausentes en el reparto del botín. Aquí están ya los edecanes del monarca. Ahora bien, se trata de un monarca que ha jurado acatamiento (aunque también podría hablarse bastante de la fidelidad de los Borbones) a los Principios del 18 de julio de 1936. Para conciliar tanta irracionalidad (democracia y 18 de julio), el Equipo Esteban, tras una Introducción, dedica las Partes II y III de su estudio a las bases y al análisis de la estructura constitucional vigente en España. El primer obstáculo a sortear, pero que no se sortea, es el artículo 2 de la Ley orgánica del Estado.[65] Nadie ignora el texto vigente del Decreto del 29 de septiembre de 1936, que en su artículo 1 afirma que Franco «asumirá todos los poderes del nuevo Estado». Los cuales viene ejerciendo, omnipotentemente, desde fecha ya tan lejana, y que textos tan «progresivos» y, según el Equipo Esteban, tan repletos de posibilidades, como la ya citada Ley orgánica, han dejado intactos. A partir de lo que sus autores califican (suponemos que eufemísticamente) de «análisis» de todo el sistema político franquista, desde la jefatura del Estado, pasando por las Cortes y los Sindicatos, hasta llegar al Municipio, el Equipo Esteban va asentando sus presupuestos políticos, que son los siguientes: la legislación franquista es tan vaga, tan difusa, que unos retoques dados por unos peritos nos haría heredar, de la noche a la mañana, todo un aparato constitucional democrático-burgués. Incluso, avanzando más y coincidiendo con otros autores que ya han hecho incursiones en el mismo terreno, esta ambigüedad legislativa haría mas fácil la aparición de un monarca ilustrado, un déspota cortés, que pondría al pueblo español en el inicio de un largo trayecto a cuyo final se hallaría (un final todavía remoto, pues no hay que quemar etapas) el paraíso de la democracia coronada. A nadie se le escapa que la cabeza que recogería esta corona sería la de Juan Carlos; sus peritos, los componentes del Equipo Esteban; sus beneficiarios más directos, la Banca y el capital financiero español.

V. Para que nada falte en esta mediocre farsa del confusionismo, los redactores del informe en cuestión no vacilan en añadir, al final de su trabajo, unas ciento cincuenta páginas más en las que exponen, entre otras minucias, los «derechos fundamentales» y la «defensa de la Constitución». En este terreno de los «derechos fundamentales», el Equipo Esteban se hace todavía más etéreo, se volatiliza y navega por regiones siderales, con un olvido total o un desconocimiento absoluto de las bases represivas sobre las que se asienta el Estado nacido el 18 de julio. Las perlas científicas, en este plano, abundan generosamente. Por ejemplo, al tratar de la Ley de Orden Público (del 30 de julio de 1959 y reformada el 21 de julio de 1971), el Equipo Esteban señala angelicalmente que es «obligación inexcusable [...] proceder a [su] modificación».[66] Evidentemente, se cuidan mucho de indicar cómo y por quién habría de ser reformado lo que ellos llaman texto legislativo y es, en realidad, una pieza fundamental del aparato represivo franquista. Estos profesores universitarios siempre a vueltas con el lenguaje y con la semántica... Cuando se refieren al derecho de reunión y manifestación, alcanzan cotas que, a buen seguro, no habrán molestado a los actuales detentadores del poder ni a sus herederos designados: «Es deseable, también, la modificación de la Ley de Orden Público, graduando las facultades de la actuación de la fuerza pública a tenor de las circunstancias que concurran y prohibiendo cualquier extralimitación.»[67] Ahora bien, estas perlas legislativas son nimiedades, si reflexionamos brevemente acerca de la concepción social de que hace gala el Equipo Esteban. Dos puntos: los sindicatos verticales y el ejercicio del derecho de huelga. Sobre los primeros, vuelven a hacer gala de sus conocimientos lingüísticos en un intento de enmascaramiento de la realidad. Primero, la realidad laboral de nuestro país: «Se dan en España una serie de peculiaridades en lo que se refiere al funcionamiento y regulación de los sindicatos que hacen a nuestro país radicalmente diferente de los países del entorno europeo.»[68] Como es norma en el Equipo Esteban, no descienden al detalle de esas «peculiaridades»; se limitan a resumir el informe elevado por OIT, en 1969, a las Naciones Unidas y afirmar que bastaría con garantizar la «independencia frente a los poderes públicos y libertad en la actuación sindical en defensa de sus intereses». Situación que, paladinamente, confiesan, no es la española de 1973; para, sin rubor alguno, afirmar a renglón seguido que «a nuestro parecer sería viable dentro del cuadro de nuestras Leyes fundamentales».[69]

Pero si en casi todo su trabajo el Equipo Esteban se mueve constantemente en el plano del más arcaico formalismo jurídico, cuando desciende, y esto lo hace en contadas ocasiones, a situaciones concretas, no disimula en absoluto su posición clasista, su condición servil de lacayos del capitalismo (bajo expresión fascista o democrático burguesa, es igual). El objetivo del franquismo, de la monarquía juancarlista y del Equipo Esteban es unánime cuando considera el hipotético derecho a la huelga: domesticar de manera cada vez más férrea, si bien arteramente, al proletariado español. Aunque, a fuer de buenos universitarios fascistas, tampoco olvidan, ni por un momento, su marcada vocación paternalista. El Equipo Esteban, si pudiera, sería hasta el mentor erótico de todos los españoles; eso sí, por cauces democrático-legales; nada de astucias imaginativas que hicieran del sexo algo subversivo. Incidiendo en todo su planteamiento lineal y en su llamado análisis, lo primero que hace es constatar que la legislación española no reconoce el derecho a la huelga; pero, «nada impide que mediante una norma del mismo rango [referencia al Decreto del 22 de mayo de 1970] se determine con la debida amplitud [...] el ejercicio del derecho de huelga».[70] Y después, arrojado ya el Equipo Esteban a la práctica paternalista que ha puesto en boga el neocapitalismo europeo, descubre también, según su buen entender, el interés fundamental del proletariado español: «Reconocido el derecho y reducida la tipología penal, no cabe duda que la clase trabajadora sería la más interesada en mantener la huelga dentro de los límites jurídicos establecidos; lo contrario sería tirar por la borda la posibilidad de establecer una situación de equilibrio entre el factor capital y el factor trabajo.»[71] Resultaría enternecedor, si no fuera por su carácter eminentemente reaccionario, meditar sobre la concepción que de la sociedad capitalista y la función de la fuerza de trabajo, en el seno de tal sociedad, tiene este brillante equipo de universitarios.[72]

VI. Todo el montaje ideológico inspirador del Equipo Esteban culmina en una serie de conclusiones en las que se examinan las «diversas alternativas posibles» y se coronan con la «posición adoptada en este estudio y defensa de la misma». Dos son los ejes sobre los que se articula esta posición: «El rey como único órgano soberano»[73] y «las Cortes como principal centro de poder».[74] Estos dos centros dinámicos conducirían al pueblo español, suavemente, sobre una ladera deslizante, a dos fases: la primera «orleanista» y la segunda «neoparlamentaria». Todo un proceso involutivo que llevará al aperturismo y a

la democratización, con la evidente «puesta en práctica de la legislación constitucional actual»;[75] no en balde todos los componentes del Equipo Esteban se afirman de consuno como buenos españoles cuando lanzan en las páginas finales un reto grandilocuente a las fuerzas establecidas en el poder y que, en realidad, no es más que una petición lastimera de estos hombres que están dispuestos y preparados a ponerse al servicio del franquismo y de la monarquía franquista: «Cuando la Constitución española se pueda desarrollar libremente, en medio de un contexto sinceramente democrático, se podrá ver quiénes son los españoles responsables del fracaso o del triunfo de las Leyes fundamentales, porque, en cualquier caso, no cabe ignorar que, si los españoles votaron la Ley Orgánica del Estado, lo hicieron para que fuese precisamente aplicada.»[76] No pase el lector por alto que el Equipo Esteban ni tan siquiera duda en dar por buena la consulta electoral practicada de forma por todos conocida (e inisible para cualquier experto en Derecho constitucional) que llevó a la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Pero, por lo menos, justo es reconocer a estos estudiosos el mérito de haber encontrado otra fórmula que puede parangonarse con la de la democracia orgánica, la llamada «democracia sincera». Mas basta ya de comentarios y glosas a un texto que tan fácilmente se presta a esta tarea. Habrá observado el lector que no hemos descendido al análisis jurídico formal de su exposición y de sus pretensiones. Sólo nos ha guiado el propósito de descubrir y poner de relieve las tesis reaccionarias, retardatarias, yacentes en el libro Desarrollo político y constitución española.

Autor: Vasco.

VII. Sin embargo, nuestra aproximación sería incompleta de no detallar algunos datos e informaciones proporcionados por los mismos responsables del trabajo constitucional y también de la acogida que dicho trabajo ha merecido y como ha sido completado o rechazado por otros personajes interesados en la empresa. Podríamos empezar unamunescamente diciendo que «este libro no es un libro», es un dictamen encargado por un grupo de profesionales de la Banca y de los medios financieros y económicos al Equipo Esteban, como nos informan los propios interesados en las primeras páginas de su obra.[77] Además, el primer firmante del dictamen y entendemos que máximo responsable, dado el tamaño de las letras que presentan su nombre en la portada del libro, muy superior al resto de los de sus compañeros, y empleando un galicismo, el jefe de fila del Equipo, se ha cuidado mucho de proclamar a los cuatro vientos su condición de negro del grupo neocapitalista que ha financiado el trabajo investigador. En una entrevista, publicada por el diario Ya, a comienzos del mes de octubre, don Jorge Esteban, «a quien acompaña don Santiago Varela», repite las mismas palabras que ya hemos reproducido en la nota 20; queda, claro, pues, que se trata de una obra de encargo. Y que no es difícil suponer que el Equipo Esteban se halla disponible para encargos y trabajos de cualquier índole y naturaleza, ya que como ellos mismos afirman: «Queremos recordar que nosotros somos técnicos del Derecho constitucional. No somos políticos.»[78] Curiosa apolitización la de este grupo de profesores que ponen sus mentes y discurrires al servicio de una defensa de la legislación franquista. Aunque también es cierto que tanto en la Alemania nazi como en la Italia fascista abundaron los casos de profesores universitarios, técnicos y apolíticos, que aportaron sus saberes a los respectivos sistemas. Y en solitario, el profesor Esteban ha iniciado, en su planteamiento previo, en un artículo en el que trata, parcial y fracasadamente, de justificar sus posiciones colaboracionistas: «Este dictamen (se refiere al libro en cuestión) que se nos solicitó en base a una especialización profesional y no a nuestra propia iniciativa, nos ha confirmado la hipótesis de que una voluntad política, siempre problemática en su aparición, dispuesta a llevar a cabo una interpretación

creadora, con talante aperturista y democrático, de nuestro actual sistema constitucional podría conseguir que se implantase un verdadero desarrollo político en el país.»[79] Pese a la insistencia en el metalenguaje confusionista, la intención continúa siendo la misma; la única diferencia es formal; se pretende, con ropaje académico, encubrir la misma falacia ideológica. Sin embargo, este artículo es mucho más astuto; su autor se permite ironizar con ciertos epígonos secundarios del franquismo (caso de Luis María Ansón), aunque al final deja bien claras, nuevamente, sus pretensiones políticas, que no técnicas. «He dicho varias veces que el desarrollo político requiere una élite modernizante que sea la que lo entable. Pero esta élite, hoy por hoy, al menos yo lo sospecho, no parece estar en los rangos estrictos del sistema. La cuestión, por consiguiente, que se plantearía entonces sería la siguiente: ¿Quién reforma para que puedan entrar los reformistas a reformar?»[80] No hay lugar a duda alguna, pues, sobre las pretensiones magistrales que estos universitarios seudointelectuales aspiran a desempeñar en la operación de recambio (sin cambio) que va desde Franco hasta Juan Carlos de Borbón. Su función sería muy semejante a la realizada por Malraux, en la V República sa, como ministro encargado de Asuntos Culturales: lavar la cara del viejo edificio autocrático franquista y darle apariencias democráticas. Sólo con las apariencias sería bastante; hay que convenir que estos demiurgos no saldrían perdedores en la operación, cuya primera beneficiaria sería la clase social a que pertenecen, la burguesía (alta y media) española.

VIII. El dictamen constitucional del Equipo Esteban ha sido ampliamente comentado en los diarios y publicaciones españolas. No es nuestro propósito llevar a cabo una prospección exhaustiva de estas críticas y comentarios; nos limitaremos a aquellos que, en nuestra opinión, son más significativos. Daremos de lado los que, por supuesto, son radicalmente adversos, como el caso de Jesús Suevos en Arriba; aquellos que ven traidores por todos lados, sin percibir que han generado una nueva promoción de franquistas, que aunque no tienen pasado político, sí aspiran a tener un presente y un futuro comprometidos con el sistema. Tampoco entraremos en consideraciones sobre aquellas glosas, más que comentarios, que ratifican y asumen totalmente el contenido del dictamen constitucional.[81] Creemos que interesa, por el contrario, examinar someramente los puntos de vista más o menos discordantes, hasta llegar a otro extremo, totalmente

coincidente con la posición ya expuesta, y así cerrar el circuito o el círculo cerrado del colaboracionismo. Lo cual permite dar una breve idea o referencia del espectro ideológico que compone actualmente la sedicente intelectualidad española. Una primera aproximación de adhesión, ligeramente entibiada por un cierto distanciamiento táctico, es la exhibida por José Antonio Ortega Diaz-Ambrona. Califica de «Manual para aperturistas» al dictamen del Equipo Esteban. Afirma que, en un clima menos enrarecido que el español, el dictamen hubiese pasado desapercibido, pues no es más que «un simple redescubrimiento de mediterráneos»; sin embargo, reconoce que supone «un apoyo y un estímulo para una fórmula aperturista», y que «ha llegado hasta las más altas magistraturas del Estado». No obstante, expresa ciertas dudas en lo concerniente al mecanismo que posibilite la reforma preconizada: «No basta con que la reforma sea posible como idea. Es preciso que engarce con los intereses de la sociedad a través de los hombres y grupos políticos capaces de realizarla.»[82] Un observador de la raquítica vida española no dejaría de percibir un cierto resquemor, celos malcontenidos, en la meliflua crítica de Diaz-Ambrona, uno de los más calificados aperturistas del grupo de Propagandistas que se ha visto privado de su más importante antorcha reivindicativa: la reforma desde el interior del sistema. En resumen: una riña amistosa entre de una misma familia ideológica. Más distante y más irónico se muestra el sociólogo Amando de Miguel que confiesa compartir, en parte, las tesis posibilistas de este «pesadísimo ladrillo jurídico». Aunque no se calla dos observaciones formales, pero interesantes. La primera, como dice castizamente, es que para los dictaminadores que componen el Equipo Esteban «todo lo que no está en las leyes no está en el mundo»; forma sibilina y galante de reprochar al Equipo en cuestión su aceptación indiscriminada del bloque represivo constituido por las llamadas Leyes fundamentales. La segunda observación es aún más simple y todavía más castiza: «Yo también sostengo (¡cómo no!) que es deseable y posible una democracia en España [...] Pero para ese viaje no necesito alforjas, quiero decir, que el porvenir que me interesa no es lo que dicen las leyes, sino lo que no dicen.»[83] Por lo menos, un mínimo e inteligente alejamiento del compromiso; un no querer, sin embargo, llegar hasta el fondo de la cuestión. De todos los comentarios que han llegado a nuestro conocimiento el más agudo,

inteligente e incisivo, es el publicado por Julián Santamaría, que llega al techo en las posibilidades de rechazo toleradas por el sistema y por la censura franquista. Cierto que, para no desmerecer de la tradicional galanura académica hispana, no regatea elogios personales a los formuladores del dictamen; sospechamos, sin embargo, que sólo se trata de una cortina de humo para disimular lo profundo de su crítica que, por encima de las veladuras del lenguaje, no deja de percibirse. Afirma Santamaría que «el libro del equipo dirigido por de Esteban es, por su metodología, esencialmente técnico, y por su contenido, sustancialmente político»; de donde infiere, consecuentemente, la necesidad de una doble crítica. En el primer plano, el metodológico, indica acertadamente que la inclusión de los dos principios clásicos, el de la soberanía popular y el de la separación de poderes, en la Constitución «no bastan para definir ésta como Constitución liberal-democrática ni para interpretarla en este sentido»; en apoyo de su afirmación, trae a colación las Constituciones de Brasil y de Paraguay de 1967 y la de Grecia de 1968, que configuraron tres de las dictaduras contemporáneas de orientación más claramente antiliberal y antidemocrática. Una Constitución que «ite dos interpretaciones contradictorias es la negación misma de la Constitución democrático-liberal». En el plano político, rechaza de plano la tesis desarrollista, la que se sitúa equilibrada y eclécticamente, arguyen sus propugnadores entre el statu quo «poco atractivo y la revolución indeseable». Concluye Santamaría, encuadrando el dictamen estudiado en el campo del llamado realismo mágico; nada más ilustrativo, como hace el propio crítico, que recordar el diálogo de Alicia, en el país de las maravillas, y el gato: «¿Por favor, podría decirme qué camino debo seguir?», preguntó Alicia. «Eso depende mucho de hasta dónde quieres llegar», dijo el gato.[84] Pensamos que, a estas alturas, ya nadie se interroga sobre la meta que se ha fijado el Equipo Esteban. Santamaría tiene el mérito, desde posiciones liberales, de desarbolar política y técnicamente el dictamen reformista que sólo pretende llegar a la monarquía juancarlista y constituirse en su minoría inspiradora y dirigente.

IX. Para concluir, nos referimos, en último lugar, no a un crítico, ni tampoco a un exégeta, sino a otro universitario que, a lo largo también de 1973, ha desarrollado tesis complementarias e incluso superadoras de los postulados del Equipo Esteban. Estamos aludiendo a dos artículos publicados en la misma revista, Sistema, por Luis García San Miguel. Aquí, no hay ningún encargo; aquí, no hay sutilezas ni argucias jurídicas; aquí, no hay acarreo de textos ajenos

ni exhibición de fuentes documentales. Pensamos que el caso de García San Miguel es subjetivamente muy distinto del construido por el Equipo Esteban. Pero, también, por su mayor habilidad e inteligencia argumental, es mucho más grave políticamente y bastante más peligroso ideológicamente. En su primer artículo, publicado a comienzos de 1973, San Miguel pretende exponer lo que él llama acertadamente «Una Teoría del Reformismo»;[85] que también podría titularse «Confesiones desilusionadas y escépticas de un liberal». El autor se presenta como tal; desengañado del mundo escribe en un estilo llano, directo y, sobre todo, desilusionado. Confiesa que su experiencia liberal no le ha servido para nada, ni para propiciar el cambio del sistema ni para alegrar su vida intelectual; en la madurez de su vida, nos informa San Miguel, se encuentra como al principio, pero más cansado y mucho más desilusionado. De su observación amarga, enfrentado con la realidad del franquismo y también (¿por qué no?) con su imagen ideal, infiere San Miguel que ante España se abren tres posibilidades: la inmovilista, la involucionista (más hacia la derecha todavía) y la evolucionista. En nombre de su pasado liberal, rechaza las dos primeras, por razones obvias, y se apunta al evolucionismo; todo ello, dentro del sistema. Extramuros del franquismo, la oposición según San Miguel, hay dos grandes grupos: el revolucionario y el reformista. La posibilidad revolucionaria es rechazada por irrealizable, hoy por hoy, y también porque «comporta sufrimiento y sangre. En ocasiones, el traumatismo puede estar justificado, pero no lo está siempre, es decir, no lo está cuando lo que vamos a conseguir no vale el precio que pagamos por ello»; avanza así, San Miguel, el argumento melodramático, sensible; para, luego, añadir el juicio político: «Pero no sólo hay que desmitificar a ciertos revolucionarios, sino también a la revolución en cuanto organización institucional de un orden nuevo. Pocas cosas me parecen más discutibles que la frase, que oímos a veces, hagamos la revolución y luego ya veremos, característica, por lo demás, del espíritu lúdico.»[86] El método es tan viejo como la misma contrarrevolución: sembrar la inquietud, el desconcierto y el temor. Lógicamente, aunque esto no lo diga San Miguel, estas advertencias van dirigidas precisamente a las clases que nunca harán la revolución en España, ni como un juego, ni tampoco como una empresa arriesgada. Tras esto, sólo queda suscribir plenamente la bandera del otro grupo: «Los reformistas no quieren cambiar el sistema, sino cambiarlo paulatinamente (por partes) y sin recurrir a la violencia.»[87] Es de justicia reconocer que, en su planteamiento personal, San Miguel es

mucho más honesto que el Equipo Esteban; San Miguel arroja las máscaras, actúa a cuerpo descubierto e incluso, posiblemente, pretenda el espectáculo, tan individual y tan burgués, de la provocación: «Mi opción, con todos los respetos para todo el mundo, está a favor del reformismo en la legalidad.»[88] Este artículo encierra una moraleja que, al mismo tiempo, es un deseo no explicitado pero sí bien manifiesto: Dense las manos los evolucionistas del régimen con los reformistas legales... y España será el mejor de los mundos demócratas. No ha parado, en este punto, la actividad ensayístico-política de García San Miguel. Al concluir 1973, va aún más lejos en su disección de la anatomía política del país, con la aportación mucho más perversa, intrínseca y extrínsecamente, que la anteriormente comentada. Se enfrenta, ahora más directamente, con el tema de la oposición.[89] Y diseña detalladamente una tipología de los opositores españoles, no exenta de interés ni tampoco de verdad en su contenido; de no ser por su contenido oportunista y autojustificativo, incluso podría ser discutida útilmente. Ejercicio tampoco difícil de realizar, dada la menesterosidad de la oposición en el país. Sin embargo, San Miguel ya ha lanzado los dados y hecho su apuesta en pro del colaboracionismo conjunto «evolucionistas del sistema con los reformistas legales». Y procede a una mayéutica tan anciana como el mismo hombre: por un lado, el escepticismo y la ironía, la ridiculización del sujeto analizado. Con este fin, propone San Miguel la siguiente tipología de la oposición: «1) Reformistas: los que actúan pacíficamente para provocar un cambio hacia la izquierda; 2) Revolucionarios: los que quieren eso mismo, pero apelando a procedimientos violentos; 3) Contrarreformistas: los que quieren cambiar pacíficamente hacia la derecha; 4) Contrarrevolucionarios: los que quieren cambiar violentamente en esa misma dirección; 5) A los que quieren mantener lo existente los llamaría conservadores [...]»[90] En este punto la lucidez usual de San Miguel hace agua: confunde, quizá conscientemente, los medios con el fin; y, en consecuencia, revolucionario es sinónimo de violento; o, como especifica en un simplista cuadro sinóptico, «los revolucionarios se dedican a disparar [...] para llegar a la Dictadura del proletariado [...] y con los hombres del régimen serían implacables».[91] Evidentemente, nadie irá tras estos hombres toscos, de aviesas intenciones, que disparan con sus pistolas y apuñalan con sus navajas; con una excepción, ciertamente: la clase obrera que aspire a implantar su dictadura como paso previo a la sociedad sin clases. Utopía social que, a buen seguro, no interesa a la clase social en la que se integra San Miguel. De acuerdo con esta siniestra clasificación serían revolucionarios «Lenin,

Robespierre y Espartaco»; a los que, en otro lugar, suma a José Antonio y a Fidel.[92] Con lo que clasificación no es sinónimo de clarificación sino de confusión y de río revuelto. ¿Quiénes son los beneficiarios de esta concienzuda operación? Evidentemente, los hipotéticos protagonistas del cambio no molesto: evolucionistas y reformistas. Es muy curioso el concepto que de la idea de cambio tienen estos posibilistas españoles (Equipo Esteban y San Miguel). Cambio equivale a no modificación; cambio es la no transformación del orden establecido. San Miguel, por su parte, tiene la habilidad suficiente para endulzar su posición que él mismo conceptúa de pesimista; el tiempo trabaja en contra de los hombres de su edad que ya están, como los combatientes, fatigados de la guerra y se lanzan a la búsqueda del bien ganado reposo. El Equipo Esteban afirma que, hoy por hoy, la revolución es imposible. San Miguel indica que los reformistas legales «fundamentalmente tratan de imponer la democracia capitalista. Quizá a algunos no les resulte simpático ese sistema (especialmente el capitalismo) [...] pero todos creen que la democracia es una etapa necesaria en la vía del progreso, dadas las circunstancias actuales del país. Y nadie piensa que se trate de una etapa que haya que quemar rápidamente [...] En definitiva, será la mansión política más confortable de que dispondrá el país, pues el tiempo pasa rápidamente y nadie, dentro de este grupo, tiene esperanzas de poder vivir las etapas posteriores».[93]

X. Como punto final, queremos añadir unas reflexiones últimas, sin el carácter de conclusiones, pues creemos que la polémica sólo ha hecho que iniciarse. Por desgracia, este debate no puede mantenerse en las publicaciones impresas en España, ya que el sistema y la istración no toleran las críticas a tesis que les son favorables. (Sobre esto deberían meditar los propugnadores de posiciones colaboracionistas.) Hemos tratado, sin animadversiones personales, para mantenernos en el terreno versallesco ahora tan de moda, de subrayar simplemente (no de analizar) la aparición, objetivamente concertada, de unas posiciones defensoras del colaboracionismo con el franquismo y con el juancarlismo. Evidentemente, no es nada nuevo en el comportamiento de nuestros liberales desde 1939: la colaboración con el poder establecido. Lo nuevo, en esta ocasión, es que los potenciales colaboracionistas actuales proceden de generaciones distintas a las que hicieron la guerra; se trata de profesionales de una cierta y, en ocasiones, discutible relevancia; más aún, algunos de ellos (no sería elegante consignar los nombres) han desempeñado funciones clandestinas en todo el espectro de la oposición franquista. Este

historial, junto al cientifismo neutralista (Equipo Esteban) o el desengaño personal (caso San Miguel) que pregonan, puede encontrar, y de hecho así sucede, una buena acogida en sectores burgueses muy concretos, pero limitados: universitarios y profesiones liberales.[94] También es verdad que el planteamiento inicial es muy diverso: unos se confiesan técnicos; el otro, aunque indiferente y aburrido, se proclama apolítico; éste protagoniza la aventura personal de hablar en nombre propio y correr su propio riesgo, los otros repiten incansablemente que su voz es ajena y que pertenece a los financiadores del dictamen. Pero, en el plano de las precisiones ideológicas, ambos coinciden: el franquismo y sus instituciones se han consolidado; el tránsito al juancarlismo está asegurado. Conclusión: nada se puede hacer desde el exterior y cambiémoslo todo desde dentro. Óptica semejante a la utilizada y en la que también han fracasado repentinamente los defensores de idéntica táctica con respecto a los partidos obreros burocratizados. En resumen, y aquí la coincidencia es total, un consejo definitivo: aceptemos todos (aunque no los extremistas, ni tampoco la clase obrera) el colaboracionismo; nos beneficiaremos personalmente y, quizá, de rechazo, algo bueno pueda hacerse por el pueblo. Sin embargo, obligado es itir que estas posiciones, sobre todo (y más claramente) la sustentada por San Miguel, parten de un hecho innegable y que cualquier observador de la realidad política hispana puede detectar: la prodigiosa extensión y propagación que, en los últimos años, posiblemente desde 1967 (inicio del descalabro de Comisiones Obreras y desconcierto del movimiento estudiantil), ha registrado en nuestro país el virus reformista. Esta es la razón por la cual San Miguel, de forma inteligente y con una dosis absoluta de razón, incluye en este amplio campo del reformismo a todos los grupos políticos actuales, salvo dos excepciones: 1) Una extrema derecha, que no cuenta política ni ideológicamente; 2) Una extrema izquierda que «dispara» con las armas y en la que sólo encajarían la ETA y el FRAP.[95] Y se queda con un inmenso centro, que iría desde los evolucionistas del régimen hasta el partido comunista de Santiago Carrillo.[96] Aunque sea arrimando el ascua a su sardina colaboracionista, justo es reconocer a los trabajos que hemos comentado, y especialmente al de García San Miguel, lo certeramente que han detectado la difusión y la capacidad de convocatoria del reformismo. Por nuestra parte, dejamos abierto el tema a la espera de posibles esclarecedoras, con mayor consistencia ideológica que la nuestra. Quizá, tan sólo, rememorar y

cambiar el viejo estribillo: «Todos somos reformistas españoles... o madrileños, a la espera de la aurora juancarlista.»

COLECTIVO 36 (Seudónimo de JOSÉ MARTÍNEZ y ALFONSO COLODRÓN) CRI 41-42, 1973

Las rebajas de la «oposición política»

En los meses posteriores a la muerte de Franco podía parecer que la oposición política se estaba fortaleciendo. En efecto, esa oposición figuró con todos sus apellidos y siglas en la prensa, ocupando eso que viene llamándose «espacios de libertad», y formó la Coordinación Democrática. Consiguió así colocar aparentemente a Gil Robles y a Ruiz Giménez en la oposición. Parecía pues, a primera vista, que la restauración borbónica y el reformismo de Fraga, Areilza y Garrigues, o incluso el reformismo de Osorio, Oreja y otros acenepistas de pro (a partir de julio), no lograban dividir a la oposición antifranquista sino que, al contrario, la unían más y la reforzaban. Eso parecía. Pero el balance es distinto si se tienen en cuenta las concesiones de la oposición política. Tanto en sus declaraciones como, lo que es más importante, en su práctica política, esa oposición abandonó su antijuancarlismo y su rupturismo iniciales. La monarquía de Juan Carlos de Borbón fue afirmándose a causa precisamente de esa moderación de la oposición política. Todavía a finales de octubre de 1975, Mundo Obrero, jubiloso ante la próxima muerte de Franco, proclamaba su «No a la solución juancarlista». No es difícil encontrar tajantes opiniones sobre Juan Carlos de Borbón. Así, por ejemplo, Treball (el órgano del PSUC) afirmaba en su número especial del 20 de noviembre: «¿Qué pasará ahora? ¿Resolverá Juan Carlos los problemas? No. No los resolverá. Su aceptación servil de la legalidad franquista ha comprometido a los ojos del pueblo la figura política del monarca del Movimiento. Y si eso no fuera suficiente, Juan Carlos ha tenido ocasión de demostrar con hechos que comienza su reino haciéndose cómplice de las actuaciones más opresivas, más salvajes y más inicuas de la dictadura de Franco. Juan Carlos se hizo cómplice de la muerte, el 27 de septiembre, de los cinco acusados, para los cuales hasta el papa Pablo VI había pedido la conmutación de la pena.» Y tras enumerar los méritos acumulados por Juan Carlos de Borbón como cómplice de otras represiones, como presidente de un Consejo de Ministros en que se había establecido una congelación salarial, y como vendedor del Sahara, añadía Treball: «¿Cómo esperar nada de bueno de un hombre que, durante su ocupación interina del poder, ha llenado así su hoja de servicios? No. No puede esperarse de Juan Carlos ninguna solución positiva a los problemas del pueblo. No puede enderezar la situación económica, no puede gobernar sin represión, no puede conceder auténticas libertades políticas y sindicales, no

puede reconocer a Cataluña sus derechos como nación.» Pero posteriormente, y a pesar de que Juan Carlos de Borbón continuó enriqueciendo su hoja de servicios con los muertos de Vitoria y otros lugares, la oposición política, incluido el propio partido comunista que en octubre y noviembre lanzaba tan explícitas opiniones, se tornó más bien accidentalista ante la monarquía. Resultaba así que el único político coherente de la oposición era Gil Robles, aparte de Juan de Borbón cuyo evolucionismo pactado data ya de la entrevista con Franco en el Azor en 1947. La negación, por parte de la Junta Democrática, de que la democracia pudiera venir de la mano del monarca constituyó un elemento de fricción con la Plataforma Democrática a la hora de redactar los primeros documentos conjuntos en octubre de 1975, pues el PSOE, más seguro de que el régimen actual le otorgaría el reconocimiento legal, se negaba a tratar vejatoriamente en los documentos al nuevo jefe de Estado y a negar a priori la vocación democratizadora de éste. Pero el tajante antijuancarlismo de que hacían gala los documentos iniciales de la Junta y del partido comunista brilla ahora por su ausencia, lo que implica cierto grado de colaboración con la flamante monarquía. El secretario general del partido comunista señaló en una rueda de prensa en París el 2 de abril que «Si el Rey Juan Carlos acepta la democracia que el pueblo español quiere implantar en nuestro país, el PCE no se opondrá al Monarca». Así pues, la unificación de la Junta y de la Plataforma se logró a costa de rebajar los planteamientos políticos a la altura de los más moderados. Inicialmente, Junta y Plataforma habían negado rotundamente que el régimen pudiera evolucionar hacia la democracia y exigían por tanto que se produjera una «ruptura» para alcanzar los objetivos mínimos que esa oposición política se había propuesto. Todavía a finales de enero, en el editorial de Mundo Obrero se vaticinaba que «la convicción de que la ruptura es necesaria para establecer la democracia ganará a sectores hasta ahora afincados en el campo del reformismo». Sin embargo, la evolución ha sido la contraria, pues los grupos que defendían la «ruptura democrática» como único camino hacia la democracia itieron más tarde una «ruptura pactada» dando así un paso más en la aceptación del proyecto aperturista del régimen y cediendo a éste la iniciativa en la definición de las bases del pacto. El olvido del antijuancarlismo y del rupturismo iniciales que se observa en los documentos de la oposición política, tuvo lugar en el corto tiempo transcurrido desde la muerte de Franco. Con semejante olvido la oposición política subestima

sin duda la memoria histórica de sus seguidores, pues por muy frágil que ésta sea cabe suponer que alcance un período de pocos meses. Los análisis de la situación que aconsejaban semejante cambio de rumbo no fueron explicitados. Pero es justo hacer notar que el oportunismo de esa oposición responde a la falsa interpretación de la sociedad española que venía realizando desde hace tiempo. Durante unos meses, la oposición política vivió no tanto de sus propias fuerzas como del impulso que le dieron la oleada de huelgas de los primeros meses de 1976 y otras explosiones populares que, con harta frecuencia, ocurrieron sin haber sido fomentadas por las fuerzas de la oposición política ni fueron siempre controladas por los partidos o grupos electoralistas, o leninistas o electoralistasleninistas. Por ejemplo, en Cataluña, donde la oposición política pudo apuntarse el éxito de las manifestaciones de febrero, no cabe atribuirle ni la gran huelga de la construcción (estimulada por la asamblea de delegados de obra), ni la huelga general de Sabadell. Sí cabe atribuir a la oposición política la negativa a convocar una huelga general y la reluctancia a convocar nuevas manifestaciones sin permiso del gobernador en marzo y abril: así, la manifestación del 4 de abril contó con una asistencia muy inferior a la posible en principio, gracias a la moderación de la oposición política, concretamente de la Convergencia Socialista (J. Reventós) y del PSUC. Por ejemplo, en Madrid el 2 de abril se desconvocó in situ a miles de manifestantes que bajo la lluvia habían acudido a la llamada. En esta línea encaja la declaración conjunta de Comisiones Obreras, USO y UGT sobre el Primero de Mayo en Madrid, recomendando que volviera a ser la festividad «pacífica» que siempre fue e invitando a acudir a la Casa de Campo a pasar tranquilamente el día. El caso más típico de movilización popular contra el régimen al margen de la oposición política fueron las huelgas de Vitoria, prolongadas durante dos meses ante el silencio tanto del gobierno como de la oposición política, antes de acabar con la matanza de la iglesia de San Francisco. La respuesta de Euskadi (la huelga general del 8 de marzo) no tuvo paralelo en otras zonas del Estado, como viene ocurriendo regularmente, pues en Euskadi la lucha ha estado dirigida, o mejor, inspirada, influida, por una verdadera oposición anticapitalista y antiestatal, a pesar de los esfuerzos que la oposición política realiza para aislarla. Tan importante como esas movilizaciones (espontáneas o no) ha sido la ausencia de ellas en buena parte de las zonas del Estado, a pesar de que la situación económica es sumamente grave en zonas como Andalucía. Ciertamente, ha habido incidentes en algunos pueblos. Pero puede afirmarse que no hay nada que la oposición política haya deseado menos durante estos meses que la ocupación

de algún cortijo por jornaleros sin trabajo, o una huelga en algún pueblo andaluz: el silencio de la oposición es total al respecto. En Madrid, tras las grandes huelgas inmediatamente después de la muerte de Franco, la situación se calmó, y la oposición política no hizo hincapié en el hecho escandaloso de la militarización de los huelguistas de correos y Renfe. Ha sido precisamente esa moderación lo que ha frenado el fraccionamiento del ejército, cuyo síntoma más conspicuo fue la Unión Militar Democrática[97] y cuya causa estuvo, sobre todo, en la resistencia de ciertos sectores militares jóvenes a ejecutar las tareas más sucias de la represión. En vez de acusar al ejército de esquirol, en vez de anunciar que, evidentemente, resulta más cómodo al capitalismo militarizar a los ciudadanos huelguistas que civilizar a los militares, la oposición política calló. La oposición política ha venido cumpliendo mejor su papel desmovilizador que estimulador. Así, ha desconvocado manifestaciones ya convocadas, se negó en ese invierno a considerar la posibilidad de una huelga general, y se apresuró a condenar la violencia de ETA sin insistir demasiado, por ejemplo, en el asesinato por la Guardia civil de Oriol Solé, evadido de la cárcel de Segovia. En la medida que las luchas se agudizan excesivamente, la actitud conciliadora de la oposición política queda en entredicho. Ahora bien, aunque la oposición política frene a veces las luchas populares, éstas le sirven para poder presentarse ante el poder como capaz de encauzarlas y controlarlas y le permiten insinuar al poder que, si se la deja fuera del juego político, fomentará la agitación. En esta medida, las luchas populares, aun las espontáneas, refuerzan a la oposición política, que se apresura a recuperarlas una vez en marcha (como ocurrió en Sabadell, donde una huelga general en protesta contra las fuerzas de orden público por su brutalidad, fue canalizada por la oposición política y reinterpretada como una huelga general en solicitud de ¡la dimisión del alcalde!). En esas luchas la oposición política se guarda mucho de proponer consignas antimonárquicas y por eso nadie habla ya de que Juan Carlos de Borbón presidió hace pocos meses, junto con el general Franco, una manifestación fascista en la Plaza de Oriente para celebrar cinco ejecuciones de militantes políticos. En realidad, pues, la oposición política ha estado colaborando en el proyecto político del régimen, no siempre a satisfacción total de éste, pero colaborando al fin, no tanto por lo que hace como por sus silencios y por lo que deja de hacer. La política de «reconciliación nacional», la interpretación del franquismo como dominio de una camarilla y no como la dictadura de una burguesía, están dando estos frutos. La composición del primer gobierno del régimen monárquico restaurado por

Franco, aunque no fue homogénea, explicitó más claramente que en ocasiones anteriores cuáles son los intereses que apoyan a ese régimen y cuáles son sus proyectos políticos con el objetivo de asegurar la continuidad del Estado capitalista. El vacío de poder que iba a dejar la desaparición de Franco, y la Junta y la Plataforma se brindaban gentilmente a cubrir (en compañía de sectores de derecha), fue colmado rápidamente por el al gobierno de inequívocos representantes de los dos núcleos de poder más importantes del sistema capitalista español: la oligarquía financiera y el capitalismo extranjero. Pocas veces se ha dado una participación tan directa en el gobierno de personas ligadas a estos intereses, otras veces representados de forma más disimulada. Ello puso de manifiesto que ni al capitalismo extranjero ni a la oligarquía financiera les hacía falta aceptar los ofrecimientos de Junta y Plataforma para llenar un vacío de poder que ellos cubrían directamente. La composición del segundo gobierno (formado en julio), constituido según procedimientos típicamente franquistas (ceses súbitos y designación a dedo), da mayoritario al poder a la mafia de los acenepistas. La gran burguesía, en vez de hacerse representar directamente por personas como Garrigues, Villar Mir, Areilza, ha preferido actuar a través de un grupo político, la ACNP (ahora A), que ya estuvo muchas veces presente en los gobiernos franquistas. La simbiosis entre el gobierno actual y los grandes intereses capitalistas es tan fuerte como habitualmente. No es sólo en el Banesto, primer banco del Estado, donde los acenepistas han ejercido su apostolado. La ACNP no es una tecnocracia al servicio del capitalismo, sino que sus propios acumulan consejos de istración en bancos, cajas de ahorros, empresas públicas y empresas privadas, tanto españolas como multinacionales afincadas en España; es una élite de la burguesía, y a la vez una secta política con una larga historia (ya desvelada en el libro de A. Sáez Alba, La ACNP).[98] Podría tal vez pensarse que los intereses del imperialismo estaban mejor representados en el gobierno anterior, pero la fusión entre capital autóctono y extranjero hace difícil decidir dónde acaban los intereses del imperialismo y empiezan los de la burguesía española: los actuales ministros nunca les han hecho ascos a las empresas multinacionales. En este gobierno hay también la presencia de falangistas oportunistas, como Martín Villa o Adolfo Suárez, al modo típico de los gobiernos franquistas. Lo anterior pone de manifiesto que, de momento, y frente a la crisis económica actual, el gran capital confía sobre todo en sí mismo y prefiere hacer gobiernos con sus propios representantes antes que recurrir a la equívoca ayuda de

representantes de la oposición política, a pesar de que éstos prometen la mayor moderación. El gran capital adopta las soluciones que le son propias. Así, entre las reformas «liberalizadoras» del Código Penal aprobadas en julio pasó casi desapercibida (porque a la oposición política no le interesa destacarlo, para no estropear el diálogo colaboracionista), la introducción de severas penas contra los piquetes de huelga, precepto este que sería suficiente para hacer caer a un gobierno conservador en un Estado liberal europeo, como por ejemplo Inglaterra. Ahora bien: a pesar de que la burguesía confía en sus propias fuerzas, no le vendría nada mal, en este difícil trance económico, contar con una oposición política colaboracionista que gozara de influencia sobre la clase obrera para domesticarla y frenar sus reivindicaciones económicas y políticas. Aunque la oposición política persista en afirmar que nada más lejos de su intención que llevar la economía al caos, y reitera que su participación sería útil para remediar los efectos de la crisis económica, a los representantes del capitalismo no les resulta desde luego nada fácil aceptar tales ofrecimientos. La oposición asegura que las expectativas de beneficios serán mejores si se les deja participar en el gobierno y si se instaura un régimen democrático occidental, y que así aumentará la inversión y se saldrá de la crisis económica; en todo caso, aunque la inversión no aumente, la demanda efectiva aumentaría por el lado de los salarios y de los servicios públicos, y aumentarían por tanto las expectativas de beneficios. Los empresarios, que saben que España no es un país del todo europeo y que, seguramente, si lo fuera, más se parecería en cuanto a la militancia de su sindicalismo a Italia o a Inglaterra que a Alemania, tienen reservas acerca de las proposiciones de la oposición política porque no están seguros de que esa oposición y los aparatos sindicales que esa oposición pueda controlar, serán capaces de contener la militancia obrera. ¿Cómo van a estarlo, tras ver cómo los obreros se dotan en ocasiones de asambleas de delegados al margen o sin subordinación a grupos y partidos políticos? Esa militancia se manifestaría en aumentos de salarios y reducciones de beneficios (según la pauta inglesa o italiana) y también en proyectos radicales de socialización. Si el nuevo gobierno de la monarquía se embarca ahora en la vía del desmantelamiento de los restos de sindicalismo corporativista, estando al parecer dispuesto a «acelerar progresivamente» el «reconocimiento de las libertades sindicales», (Declaración programática, 17 de julio), tal reconocimiento será más o menos discriminatorio y rápido según sea la actitud de «libertad responsable»: el reconocimiento será un premio a la buena conducta, al colaboracionismo.

El afán de ocupar «espacios políticos» llevó a ciertos sectores de la oposición a orientar su lucha no hacia el objetivo de la libertad sindical sino hacia la conquista del actual sindicato único para utilizarlo como correa de transmisión de sus consignas políticas. Se produjo así una cierta coincidencia de posiciones entre estos sectores de la oposición y los de la burocracia verticalista que pretenden asegurar su futuro a base de revitalizar los actuales sindicatos y de presentarse —un poco tardíamente, por cierto— como fiel defensora de las reivindicaciones económicas de la clase obrera. Otros sectores políticos, en connivencia con el poder, tratan de hacerse con nuevas estructuras burocráticas sindicales (véase el congreso de la UGT), aunque sea pactando con burócratas de los sindicatos corporativistas cuya infiltración es tolerada. Tanto la tesis favorable a la «ocupación» de la estructura sindical verticalista como la tesis contraria, cuando proviene de partidos políticos como el PSOE, son intentos de someter a los futuros sindicatos a partidos y «vanguardias» políticas e intentos de asegurar la supervivencia de una burocracia sindical y la creación de otra de uno u otro signo como representantes de los intereses económicos de la clase obrera. Ciertamente, el gobierno pretende debilitar el movimiento sindical y escindir a la clase obrera fomentando una pluralidad sindical que corresponda a los distintos grupos de la oposición políticas. Es también cierto que el deseo de «unión» es muy sentido por los trabajadores. Así, resulta fácil para determinadas fuerzas de la oposición política hacer el chantaje de la «unidad», tratando de imponer un sindicato unitario en el que la clase obrera sea fácilmente manipulada por una burocracia dependiente de los partidos políticos. El encuadramiento «unitario» de la clase obrera, si se da bajo el dominio de una burocracia sindical, de hecho implica el romper diariamente la unidad de clase, al imponer desde fuera objetivos políticos decididos al margen de la propia clase. Esos intentos son contrarios a los verdaderos intereses de los trabajadores y de su organización libre y autónoma en defensa de sus intereses económicos y también políticos, sin necesidad de intermediarios. Los sindicatos no deben ser sólo defensores de los intereses económicos de los obreros, sino que deberían plantearse objetivos políticos y abordar luchas más allá de la mera reivindicación económica, según la tradición anterior a 1936 y según las enseñanzas de la revolución de 1936. Que haya partidos y grupos de izquierda cuyos dirigentes no pertenecen a la clase obrera y cuya práctica (basada en ideas tales como la de un amplio frente de los «trabajadores», donde entran trabajadores y no trabajadores) excluye el asumir el igualitarismo y las reivindicaciones de los más pobres, no es del todo nocivo a la clase obrera, en el sentido de que esos partidos y grupos pueden

servir para defenderla un poco de las acometidas del Estado capitalista, al modo de asesorías laborales en gran escala; en otros casos, cuando esos grupos son muy radicales, menos pacifistas y electoralistas, pueden servir también al modo de grupos de acción que infundan respeto a los representantes más intolerantes del capital. Pero es un engaño pensar que la clase obrera y el sindicato deben delegar la dirección de la lucha a «vanguardias» ajenas a ellos: es más importante la lucha contra el burocratismo sindical que contra el «espontaneísmo», tanto en la etapa anticapitalista como para construir un socialismo libre e igualitario. El desconcierto de la oposición política y su voluntad de no hacer nada que pueda parecer ofensivo al capitalismo se vieron claramente con ocasión del debate en las Cortes sobre la ley de relaciones laborales, en marzo y abril. La oposición política prefirió ocultar su cabeza en la arena más que explotar los conflictos entre la burocracia franquista (el búnker, en la terminología reformista) y el reformismo gubernamental. No se quiso reconocer que, en materia de salarios y seguridad en el trabajo, ese «búnker», que cree no depender directamente del beneficio del capital, está a la izquierda de los empresarios industriales. Éstos, a pesar de ser cortejados como posibles soportes, por su hipotético propio bien, de un sistema democrático, se muestran en realidad favorables a ampliar aún más la libertad de despido, que es una de las libertades democrático-occidentales que más les apetece. El «búnker» prefería, por el contrario, en un momento en que hay cerca de 800.000 parados, dar ciertas garantías de seguridad en el empleo, garantías que no impedirán desde luego que huelguistas y agitadores sean colocados en listas negras. Es bien probable que el segundo gobierno de la monarquía enmiende el error del primero, que se encontró con esa ley ya hecha y la hizo aprobar a regañadientes, y la haga derogar. También las declaraciones del ministro Solís a una revista alemana, por las que mantenía abierta esa opción populista a la que los bunkeristas nunca han querido renunciar si no es a cambio de prebendas jugosas (Solís se pronunciaba nada menos que a favor de la nacionalización de la banca) fueron desaprovechadas por la oposición política. No se trataba entonces, ni se trata ahora, de pactar con ese búnker en contra del reformismo del régimen, en contra del gran capital español y extranjero; pero tampoco es necesario pactar con el reformismo en contra del búnker. Una oposición socialista aprovecharía ese conflicto, tratando de debilitar a ambos sectores.

Para eso sería preciso sumar a las reivindicaciones democráticas el anuncio de un programa de profundas reformas económicas. Desde los lejanos días (no hace ni un añito) en que se pensaba que un cambio democrático necesariamente iría unido a reformas tales como la socialización del suelo urbano, la nacionalización de la banca, una amplia reforma agraria contra los latifundios y otras semejantes, ha corrido mucha agua, toda hacia los molinos del capitalismo. La libertad no favorece al capitalismo; le perjudica. Sáquese a la Guardia Civil de los pueblos andaluces y la reforma agraria la harán los trabajadores. Sáquese la vigilancia de las fábricas y suprímase la acción de la policía social y armada contra los huelguistas, y si los obreros no toman las fábricas por lo menos constituirán sindicatos potentes que harán bajar las tasas de beneficios. Para convencer a los capitalistas de que también la libertad les conviene a ellos son necesarios dos argumentos, ambos falsos. El primero se basa en ver fisuras inexistentes entre los intereses de varios tipos de capitalistas, y así se dice por ejemplo que una socialización del suelo urbano favorece a la burguesía industrial; por desgracia, los burgueses industriales son familia de los terratenientes, cuando no es su propia empresa (como Altos Hornos, o Unión de Explosivos, la empresa del ministro Calvo Sotelo) la que diversifica sus actividades hacia la construcción de viviendas. Todavía no se ha oído a ningún portavoz de la burguesía industrial o financiera que ataque a los latifundistas del sur, proponiendo un plan concreto y radical de reforma agraria (que no sea una venta de la tierra a trozos y a plazos, al estilo del Instituto de Colonización). Y así sucesivamente. Con ese tipo de argumentos se pretende reclutar sectores empresariales favorables a las libertades. Evidentemente, algunos se apuntan, con tal que se les asegure que no dañarán al capitalismo, o por lo menos a sus propios campos de actividad capitalista; esa garantía la reciben en la forma de una promesa de no realizar, ni predicar tan sólo, reformas fundamentales en el sistema y en la forma de una promesa de proporcionarles un sindicalismo domesticado. Tal vez el caso más espectacular sea el cambio de óptica del economista Tamames con respecto a la reforma agraria: de decir que la eliminación de unos hipotéticos vestigios feudales favorecería al capitalismo ha pasado a darse cuenta de que ni hay tales vestigios ni los capitalistas (agrarios o industriales o financieros) desean la reforma agraria, y por tanto en sus últimos escritos rebaja la reforma agraria a un proyecto de cogestión de los latifundios que podría ser suscrito por la CSU bávara, si en Baviera hubiera cortijos. La «ruptura democrática» no le iba a romper nada al capitalismo español, e iba a dejar íntegras las fuerzas de represión que constituyen el argumento último del capitalismo. La «ruptura pactada» ya no hace falta que rebaje nada, en cuanto a las «reformas estructurales», tan famosas hace unos años. La «ruptura pactada» supone una

rebaja sólo en cuanto a las reivindicaciones democráticas: de libertad, de amnistía y de estatutos de autonomía habrá sólo pequeñas dosis, si se produce la «ruptura pactada». Si de algo no podía acusarse al primer gobierno de la monarquía de Madrid es de falta de claridad en sus planteamientos, ya desde que se constituyó. Lo que ese gobierno proponía era la elección de una cámara por sufragio universal, pero en esas elecciones estarían prohibidos algunos partidos y grupos y estaría prohibida la expresión de ideas verdaderamente contrarias al Estado capitalista español. El nuevo gobierno no saldría ni tan sólo de ese sufragio universal restringido, sino de la voluntad «real» o posiblemente de la voluntad de un «Consejo del reino» un poco puesto al día (con más militares, seguramente, y con nombre cambiado), o de la voluntad de un senado poco democrático. Ese gobierno no sería pues elegido sino cooptado, pero en las Cortes y en la prensa se oirían las voces de la oposición política. Contra la verdadera oposición se seguiría la conocida línea del palo y tente tieso. Contra el partido comunista se seguiría alternativamente esa política y la de dejarle expresarse por persona interpuesta: si no existía una EOKA (como en Grecia tras la guerra civil y hasta 1967) habría aquí algo parecido, una Tiernoka, o una Tamamoka. El sistema político que proponía el primer gobierno de la monarquía de Madrid (y el que va a proponer el segundo gobierno se parecerá bastante) consistía en ampliar un poco el pluralismo limitado ya existente bajo el franquismo y dar a la oposición política unos ciertos votos y unas ciertas voces, para mejor controlarla, y sobre todo para que se encargue de encuadrar y encauzar las energías de los trabajadores. La oposición, con su táctica de ocupar espacios políticos, colaboraba con ese proyecto del gobierno, que hubiera resultado y resultaría aún inviable si la oposición se retrajera. Una vez celebradas las primeras elecciones y creadas las maquinarias electorales, la situación política hubiera quedado, y seguramente quedará, más estabilizada, alejándose considerablemente la perspectiva de una revolución socialista. Es un sistema que rige ya, por ejemplo, en el Brasil, donde hay elecciones municipales y congresuales pero donde en realidad manda como quiere el gobierno militar pues, a base de alternar los períodos de apretura y distensión, consigue disuadir sistemáticamente a la oposición política de romper totalmente con el sistema. Normalmente el jefe del Estado hace de «bueno» (como ocurre ahora con el general Geisel, análogamente a Juan Carlos de Borbón), y algunos generales, jefes de regiones militares, hacen de «malos», exhortando a la vigilancia contra los enemigos de la patria, de la familia y de la civilización

occidental. Los organismos de seguridad están controlados por militares de ese cariz. El procedimiento es parecido al seguido en las comisarías de la policía política de todo el mundo, donde los torturadores alternan su actuación con la de algunos policías que hacen de «buenos». Ese sistema brasileño no es un sistema de transición hacia una democracia pluralista ni hacia ninguna otra cosa; es un sistema estable, sumamente eficaz para dividir a una oposición que se define por su democratismo y no por su anticapitalismo, ya que siempre hay quien interpreta los períodos de distensión como oportunidades aprovechables para conquistar algunos espacios de libertad. Siempre parece que esta vez sí va en serio, que el sistema se democratiza realmente. Es difícil que el proyecto político del segundo gobierno de la monarquía difiera sustancialmente del que acabamos de exponer. Las primeras declaraciones del nuevo gobierno muestran que, al igual que Fraga y colegas, pretenden «ensanchar el campo de la libertad y reforzar la autoridad». Como estos dos objetivos son incompatibles, es de suponer que el segundo es realmente el prioritario. Para que ese provecto se sostenga hará falta, por una parte, que la oposición política continúe siendo no-subversiva, continúe renunciando a desempeñar hasta el final su papel de oposición, y, por otra, que la institucionalización de la nueva «democracia» permita la existencia de un poder fuerte, que mantenga las riendas de la autoridad. Ese segundo requisito bien podría instrumentalizarse a través del bicameralismo propuesto por Fraga, bien a través del mantenimiento de un consejo de «notables» que pueda decir la última palabra en los nombramientos y decisiones importantes, o a través de otras soluciones. En cualquier caso, el ejército permanecería como última garantía del mantenimiento de «la autoridad y la serenidad». El modelo puede ser cercano al actual régimen brasileño, o tal vez más cercano al griego, anterior a 1967: una alianza entre el trono y los militares, con un parlamento que sirve sobre todo para integrar a la oposición en el sistema. Pero en la sociedad española el proletariado industrial es ahora más numeroso que lo que nunca ha sido y, en términos relativos, es más abundante que en muchos países europeos de industrialización más temprana: hay aún un numeroso proletariado agrícola; hay una tradición republicana, y hay una tradición revolucionaria, vivas ambas; hay problemas nacionales en gran parte del Estado. Todo eso, además, en un contexto de crisis económica. Para que el proyecto político del régimen pueda triunfar es necesaria la colaboración de la oposición política, es preciso que ésta rebaje cada vez más sus objetivos, como lo viene haciendo. La táctica de la oposición política de ocupar prudentemente eso que llama

«espacios de libertad», o «espacios políticos», ha venido haciendo el juego al régimen monárquico. Es sintomático, por ejemplo, que ninguna agrupación política tolerada se haya decidido a ocupar el inmenso «espacio político» republicano. Los políticos de la oposición ocupan los «espacios de libertad» como los indios de Estados Unidos ocupan Ias reservas: sin salirse de los límites; en su interior, se les permite dedicarse a sus cultivos, artesanías y ritos. Esa oposición va creando, o combinando, o ampliando sus partidos, con perspectivas electoralistas. Un partido político es, entre otras cosas, una organización burocrática cuya función es designar candidatos y lograr el máximo número de votos para esos candidatos en las varias circunscripciones. Una vez celebradas las primeras elecciones en el Estado español, los «espacios políticos» quedarán rellenados, quienes han disfrutado de las ventajas de publicidad abundante que sus programas reformistas han hecho posible recogerán sus frutos, y las perspectivas de una revolución socialista se alejarán considerablemente. Será fácil para los partidos de izquierda arrogarse el papel de representantes de los intereses de la clase obrera, cuando de hecho el voto por esos partidos no indicará necesariamente una relación de representación sino más bien una protesta de carácter simbólico. En todos esos partidos la participación obrera es, inevitablemente, muy pequeña, pues la política es actividad casi incompatible con la vida obrera. Los partidos se aprovecharán de la ambivalencia, de la conciencia dual de muchos obreros, de un lado deseosos de un cambio radical en la sociedad hacia un igualitarismo mucho mayor y hacia una distribución más equilibrada entre todos los ciudadanos de la carga del trabajo, pero de otro lado, debido a una larga experiencia de miedo, represión e impotencia, conformes también con mejoras mucho menos radicales. La pequeña parte de la oposición política no formada por partidos electoralistas está compuesta de grupitos leninistas, los cuales aspiran a hacerse con el poder en nombre de la «dictadura del proletariado». Así pues, por una parte están quienes predican la constitución de un gobierno provisional (o de uno en Madrid, y otros en Cataluña, Euskadi, etc.) cuya tarea sería convocar elecciones para una asamblea constituyente (a nivel estatal, aparte de las de Cataluña, Euskadi, etc.). De otra parte están esos grupos leninistas inoperantes, preocupados sobre todo por la «toma del poder», con miras insurreccionales absolutamente idealistas. El primer sector, que es muy mayoritario en la oposición política, estaba ya casi totalmente a punto de pactar con el reformismo de Areilza y Fraga, en una «ruptura pactada», y de hecho aceptó ya la

monarquía, lo cual reducía a los grupos leninistas a un mayor aislamiento todavía. Esta situación continuará, pues la oposición política electoralista estará aún más dispuesta a pactar con Osorio, Oreja, etc. Tal vez los intentos más interesantes de escapar a ese dilema de electoralismo o leninismo hayan sido las proposiciones de ETA de crear comités abertzales desde la base. ETA tiene la ventaja de no haber sido nunca un grupo leninista, y no ha estado obsesionado por la «toma del poder». Otro intento de signo muy distinto que podría haber sido también interesante (en cuanto no ha sido electoralista, ni leninista, ni asimilable por el reformismo borbónico) es la Asamblea de Cataluña. El que partidos de izquierda entraran en el Consell quitó fuerza a la Asamblea, por mucho que quisiera vérsele como algo complementario. El Consell de Forces Polítiques tiene vocación de gobierno provisional cuya tarea será convocar elecciones, pero en realidad puede acabar siendo, si no se rompe antes, una especie de comisión cuya tarea será pactar con el gobierno de Madrid un limitado estatuto de autonomía. Hasta la aparición del Consell cabía ver en la Asamblea un embrión de organismo de representación de todas las fuerzas populares de Cataluña, una posible asamblea de delegados de asambleas y sindicatos que pudiera haber llegado a convertirse, en una coyuntura revolucionaria, en órgano coordinador que permitiera al pueblo el ejercicio del poder. Pero tan pronto como se convoquen elecciones, los partidos electoralistas a los que se permita presentar candidatos boicotearán la Asamblea. Así pues, no hace falta que se encarguen los gobiernos de la monarquía de frustrar esos intentos y posibilidades. Ya se encarga de ello la propia oposición política. Aunque los historiadores no dudarán en decir que ETA fue lo más eficaz de la oposición al franquismo en los últimos años de este régimen, la oposición política hace ahora grandes esfuerzos, sin que ETA tenga apenas posibilidad de replicar públicamente, para aislar a ETA. La oposición política desaprovechó de modo lamentable la oportunidad presentada por los consejos de guerra en el verano de 1975.[99] La oposición política no dice palabra ni exige que se juzgue de una vez a Wilson, Ezquerra y otros militantes. Tras la concesión de una «amnistía» en julio de 1976 que excluye a los presos políticos vascos y militantes libertarios y del FRAP, la oposición política, en vez de señalar la paradoja de que los herederos del franquismo, cuyas manos están tan manchadas de sangre, se permitan excluir de la «amnistía» los «delitos de sangre», se limita simplemente, en el mejor de los casos, a solicitar tímidamente y por el momento una amnistía total, en vez de centrar permanentemente la lucha alrededor de la liberación de quienes han sido la punta de lanza de la lucha contra el franquismo. La verdadera razón de esa inquina contra ETA es que ETA ha sido una oposición

anticapitalista y antiestatal. ¿Habrá que recordar otra vez la lamentable actitud de Carrillo en diciembre de 1973? Al no liberar a todos los presos políticos, el gobierno acenepista está provocando una respuesta violenta de quienes se sienten identificados con esos luchadores. Si la oposición política vuelve a caer entonces en sus condenas de la «violencia venga de donde venga» (con lo cual reconoce al Estado el monopolio de la violencia, o de la amenaza de violencia), no hará más que ser coherente con su actitud de los últimos años, que tal vez le rinde dividendos de tolerancia de parte del régimen, pero que es un elemento importante de desmovilización.[100] La oposición política electoralista frustra esos intentos de que venimos hablando al colocar como línea divisoria entre el reformismo y el electoralismo de la Coordinación Democrática la cuestión del reconocimiento del partido comunista. Pero esa cuestión es de fácil solución a base de permitirle actuar por personas interpuestas y de la creación de un movimiento o de otro partido en sustitución. Si Arias y Fraga se negaban a reconocer al partido comunista o incluso a esa solución, no han faltado políticos acenepistas, apoyados por la jerarquía católica, dispuestos a ser más flexibles y que no tienen un pasado tan abiertamente represivo. No hay que olvidar que Adolfo Suárez, Osorio, Oreja, Lavilla y varios otros ocupaban ya altos cargos oficiales cuando se asesinó a Puig Antich o cuando se asesinó a los cinco militantes de ETA y FRAP, y a ninguno se le ocurrió dimitir por tal motivo: sin embargo, Fraga era cómplice de la muerte de Grimau, mientras que los de ahora no han tenido ocasión de cooperar en la muerte de ningún comunista. Esa línea divisoria sirve para ocultar la represión que se avecina contra todo lo que está a la izquierda del partido comunista. Es de sorprender la actitud de los dirigentes de grupos de izquierda que han estado saliendo de la clandestinidad y presentándose públicamente, haciendo méritos, hay que suponer, para un puesto de diputado en Cortes; no quieren quedarse de ningún modo aislados de las maniobras pactistas, pero a cambio de esa publicidad y esa participación necesariamente se han visto obligados a rebajar también sus planteamientos. Si esos grupos fueran capaces de abandonar su leninismo (en el sentido de creerse organizaciones bolcheviques que un día tomarán el poder), y trataran de adoptar posiciones comunes, tal vez el descalabro de la oposición pudiera ser aún frenado. El entusiasmo electoralista de la oposición política ha contrastado con su silencio ante el referéndum que viene siendo anunciado por los gobiernos y personalmente por el propio Juan Carlos de Borbón ante el Consejo del reino, ya

desde poco después de la muerte de Franco. Juan Carlos de Borbón es jefe del Estado en virtud de la designación de Franco y de los referenda de 1947 y 1966, escasamente democráticos. Para él es esencial ganar cierta legitimidad de nuevo cuño, «sometiéndose a la decisión de la nación», o haciendo ver que se somete. Pero el referéndum no planteará por ejemplo la alternativa «monarquía de pluralismo limitado»/«república federal y socialista», sino que se nos pedirá que votemos sí a unas propuestas que esquivan lo que podría ser el dilema político actual si la oposición política así lo hubiera planteado. En las manifestaciones, el pueblo empieza a corear consignas republicanas: «Juan Carlos, pelele, el pueblo no te quiere» (se coreó, por ejemplo, en el recital de Raimon en el estadio en Valencia, en junio); «España, mañana, será republicana» (se coreó, por ejemplo, en Sevilla en julio, produciendo gran embarazo a Felipe González, presente en esta manifestación). Los partidos se resisten a recoger esas sugerencias y hasta se dice, tal vez exagerando, que Esquerra Republicana de Catalunya, el partido de Macià y Companys, está pensando cambiarse el nombre a Esquerra Monárquica, para que así le dejen celebrar su congreso. Cuando las manifestaciones sean autorizadas, no será raro ver cómo los «servicios de orden» de los propios partidos electoralistas intentan recoger las banderas republicanas, rojas y negras. La oposición política no quiere que sea éste el dilema político actual. La oposición política ha estado muy ambigua ante los repetidos anuncios de referéndum. Normalmente, cuando hay un referéndum, la oposición vota «no» —así le ocurrió a de Gaulle cuando después de mayo de 1968 trató de afianzar su posición proponiendo unas reformas regionales que en sí no tenían por qué disgustar a la izquierda; pero la oposición no cayó en esa trampa que se le tendía. En el Estando español, la oposición política ha estado perpleja ante el referéndum que ha de servir para institucionalizar el proyecto político reformista (aunque sea con partido comunista tolerado). A cambio de ensanchar un poco, y por el momento, el campo de la libertad, el poder espera ganar de la oposición política la aceptación de la monarquía, una monarquía cuyo poder evidentemente no disminuirá sino que aumentará si logra esta aceptación, una monarquía encarnada en un monarca general y franquista. ¿Por qué la oposición política no anunció ya hace meses que daría la consigna de votar «no»? ¿Por qué cuando se ha preguntado cuál debería ser la actitud a adoptar frente al referéndum los representantes de la oposición política han contestado en varias ocasiones que habría que esperar a ver en qué términos se planteaba el referéndum? ¿Por qué se cede así la iniciativa a los organizadores

del mismo? ¿Por que no se ha aprovechado cualquiera de las múltiples presentaciones políticas públicas (incluso del Partido del Trabajo, de la ORT, etc.) para pronunciarse explícitamente sobre el referéndum, para anunciar que se decidía interpretarlo como un referéndum sobre la monarquía, y que por tanto la consigna sería votar «no»? ¿A qué se ha esperado? ¿Por qué a la oposición política le ha interesado mucho más hablar de las elecciones municipales que del referéndum? La razón es que esa oposición política pretende, como ella misma dice, ocupar espacios políticos y está pues más interesada, por lo general, en encuadrar, controlar y a veces frenar la movilización del pueblo trabajador que en plantear una verdadera ruptura. Al rehusar el envite que los gobiernos y la monarquía le presentan (pues el referéndum tiene por principal objetivo legitimar la monarquía, diga lo que diga la pregunta), la oposición política colabora con el régimen monárquico. En la estrategia del primer gobierno de la monarquía, el referéndum iba a servir para dividir a la oposición política entre quienes aceptaban entrar en el juego (demócratas-cristianos, tal vez el PSOE) y quienes no querían o eran rechazados del juego. La Coordinación Democrática (y posiblemente también el Consell, en Cataluña, y la Taula, en Valencia, aunque no, afortunadamente, las instancias unitarias de Euskadi —Gobierno Vasco y Asamblea Democrática—, ambas desprovistas del apoyo de ETA y ambas dirigidas contra ETA) parecían a primera vista haber hecho fracasar esa maniobra, pero ¿a qué coste? Al de privarse de negar claramente su colaboración, ya desde hace meses, a lo que evidentemente iba a ser, y seguramente será el principal instrumento del régimen de cara a su afirmación interior y a su legitimación exterior. El cambio de gobierno en julio no ha alterado esta situación: la oposición política aumentará aún su grado de perplejidad, sacrificando una acción clara contra el gobierno y la monarquía a una seudounidad. El aceptar inmediatamente el envite del referéndum, interpretándolo (sea cual sea la pregunta) como un referéndum sobre la monarquía franquista, y el que el referéndum no pudiera pues tener lugar, o tuviera lugar y resultara un fracaso para el gobierno y para la monarquía (por lo menos en algunas zonas, aunque no lo fuera a nivel de todo el Estado), tendría como consecuencia hacer aparecer con crudeza todas las alternativas que están realmente presentes en la situación actual. Lo mismo puede suceder si la movilización popular, a pesar de los esfuerzos de gobierno y oposición política, alcanza de nuevo las cotas de los primeros meses de 1976. Estas alternativas son: 1) una involución bunkeriana; 2)

un reformismo limitadamente democrático, a cambio de mantener intacto el sistema económico y de poder; 3) una verdadera ruptura democrática, necesariamente anticapitalista, que implicaría un debilitamiento del Estado, disolución de los cuerpos represivos, confiscación de latifundios y empresas grandes, confiscación de bienes adquiridos mediante corrupción, socialización del suelo urbano y ocupación de viviendas vacías... La oposición política, que lleva años definiéndose por su antifranquismo más que por su anticapitalismo (y de ahí ese aire satisfecho que exhibe, como si a Franco lo hubieran liquidado ellos, cuando es un hecho que murió de viejo), esa oposición descarta por completo esta tercera alternativa y para justificar que, a pesar de la crisis económica y política, no se plantee objetivos socialistas, exagera la viabilidad y las consecuencias que la primera alternativa tendría. Quienes, en la oposición, son liberales, es lógico hasta cierto punto que piensen así. Pero no lo es tanto para quienes son socialistas. Otra alternativa, consistente en un régimen auténticamente liberal aunque monárquico, un régimen estilo inglés u holandés, sin ningún cambio económico para que la burguesía no se asuste, parece ser la que actualmente propugna la oposición política. En el Estado español es seguramente inviable, no tanto por la resistencia del búnker como por las grandes tensiones sociales que son fruto del sistema capitalista español y de cuarenta años de represión. Una situación de libertad de ese estilo llevaría inmediatamente a la ocupación de cortijos, por ejemplo; llevaría también a una petición de responsabilidades políticas contra los colaboradores del franquismo, por su violencia, por su corrupción; llevaría a una discusión de la represión, de la que el propio Juan Carlos de Borbón, heredero de Franco, difícilmente podría estar excluido aunque otros hay mucho más involucrados. Es decir, por buena voluntad liberal que se tenga, las tres alternativas reales son las expuestas. La más probable, vista la actuación de la oposición política hasta el momento, la segunda: un pluralismo limitado, con partido comunista tal vez tolerado, y períodos de distensión y represión, con el ejército como garante de la estabilidad. El momento de oponerse a esta alternativa es ahora; después, será más difícil. Se propugna la «ruptura pactada» con el argumento de que un «vacío de poder es peligrosísimo, dada la «correlación de fuerzas». Se dice que radicalizar la situación cuando la «correlación de fuerzas» es desfavorable es una temeridad, que puede desembocar en un golpe militar bunkerista. Así se acostumbra a cortar toda discusión, cerrando la cuestión cuando empieza a ponerse interesante. En efecto, debería analizarse concretamente cuáles serían las bases sociales y el

contenido del programa de ese hipotético gobierno militar-bunkerista, cuál sería su capacidad de gobierno, cuál sería la reacción exterior, hasta qué punto la familia Borbón (recordando el caso del cuñado Constantino) querría comprometerse en esa empresa, qué efectos tendría colocar en la oposición a la oligarquía financiera (que temería el populismo bunkerista) y a las burguesías periféricas (a quienes desagradaría el histérico nacionalismo español de ese hipotético gobierno), qué posibilidades habría de que un intento de ese tipo fraccionara al ejército. Ninguno de estos temas fue abordado por quienes agitaban el espantapájaros de la involución bunkeriana al tiempo que intercambiaban guiños y expresiones de afecto con Fraga, cuando iban a cenar con él, como los intercambiaran ahora con los ministros acenepistas, gente más untuosa y resbaladiza que el groserísimo Fraga. Debería analizarse, además, si es verdad que la «correlación de fuerzas» es desfavorable a la izquierda. Para calibrar la verdadera fuerza de la clase obrera no es buen método el disuadirla de ejercerla en muchas ocasiones. Debería analizarse qué razones hay para esperar que esa correlación mejore una vez instaurado el proyecto político del régimen (sin o con partido comunista tolerado). Se olvida sistemáticamente el ejemplo de las grandes huelgas políticas de Euskadi desde diciembre de 1974 hasta septiembre de 1976. ¿Cuál es el grado de movilización potencial de la clase obrera en el resto del Estado? El desmovilizar continuamente al pueblo trabajador, al rebajar objetivos, no es ciertamente un buen método de aumentar las propias fuerzas. Si la izquierda se va corriendo más y más a la derecha, la balanza no puede menos que desequilibrarse aún más hacia la derecha. La tercera alternativa no es para hoy, ni tal vez para mañana, pero es una posibilidad que debería mantenerse abierta negándose al pacto con el Estado capitalista.

Editorial CRI 51-53, 1976

Autor: Vasco.

Amenaza fascista en Madrid

No corresponde a un gobierno franquista, encabezado por un presidente que se ganó el bien merecido remoquete de «el carnicero de Málaga» y que tiene en su haber el asesinato deliberado de Puig Antich, la aquiescencia en los asesinatos de varias personas por la policía, el encarcelamiento de varios cientos de presos políticos, la represión contra los huelguistas de toda España y las amenazas a la vida de Eva Forest y otras personas a quienes se quiere hacer pagar la incapacidad de la policía de impedir el ajusticiamiento de Carrero Blanco y de aprehender a sus autores; no le corresponde a ese gobierno denunciar la «violencia» y el «fascismo». La lealtad a Franco y la aquiescencia a esos asesinatos policíacos (puesto que ningún miembro del gobierno ha dimitido por tal motivo) demuestran que ese gobierno «aperturista» ha seguido aceptando la violencia reaccionaria como método de gobierno. El deseo explícito de los «centristas» y «aperturistas» de cerrar con siete llaves los sepulcros de los muertos de la guerra civil y de la represión, la deliberada política de tergiversación de la historia de esos años a cargo de seudohistoriadores como La Cierva y Salas Larrazábal (que publicó hace poco en ABC un mentiroso artículo sobre los muertos de la guerra), responden al deseo bien comprensible de los franquistas de sacarse de encima la herencia del franquismo y de confundir, si pueden, a la nueva generación para que ésta no se percate de la línea de continuidad que existe desde la sublevación militar de 1936 a la sucesión borbónica (cualquiera que sea el Borbón sucesor). Sin embargo, a raíz de la muerte de un policía en Madrid el primero de mayo de 1973 y de la manifestación de policías que provocó la destitución de Garicano Goñi, la prensa conservadora y liberal internacional ha venido apoyando la Sucesión ordenada de Franco, exagerando la «amenaza fascista en Madrid». Éste fue el titular del Times de Londres en primera página en mayo de 1973 y así han sido los titulares tras el ataque de Blas Piñar al gobierno Arias en Fuerza Nueva. Porque en Madrid, para esa prensa, hay un gobierno autoritario, sí, pero no totalitario: tapándose con esa hoja de la parra de la ciencia política, amablemente cedida por el profesor Linz, parece que puede disimularse que el pluralismo limitado que ha caracterizado al franquismo ha estado limitado, en verdad, a la burguesía, estando negada al proletariado toda posibilidad de expresión política

y aun sindical. Parece pues como si el gobierno de Madrid fuera un gobierno de «centro», atacado ferozmente por la derecha y por la izquierda. Arias Navarro, notorio policía político, aparece como hombre «liberal», y si él lo es mucho, más pueden fingir serlo los ministros «centristas» de su gabinete. Aunque todos son responsables de la represión, y aunque su poder deriva directamente de la voluntad del general Francisco Franco, sin embargo esperan obtener una legitimidad nueva, tal vez a través de unas elecciones más o menos apañadas, a las que la participación de la oposición tolerada, quizás bajo la guisa de un partido socialista dispuesto a hacer ese papelón, daría una apariencia de autenticidad. Cuando Franco se acabe de morir, todos ellos y el propio Juan Carlos de Borbón, le van a cargar los muertos, todos los muertos para él solito, antes de que pasen los seis meses. De ahí el pánico de la familia Franco y su intento de aferrarse a las fuerzas que expresamente se vinculan aún al 18 de julio. Lo que en la prensa conservadora y liberal internacional aparece como la «extrema derecha fascista» haría, en realidad, una política menos de derecha que la que hace el «centro». En sus grandes líneas, esa política sería la siguiente. Su política económica sacrificaría más lentamente a la pequeña burguesía y al campesinado independiente; al mismo tiempo, para tratar de consolidar su base en la Organización Sindical Corporativista, trataría de ganarse a la clase obrera mediante un repentino y sustancioso aumento salarial, y denunciaría las protestas de los capitalistas y la perplejidad del partido comunista ante esos aumentos salariales y ante esa revitalización de la Organización Sindical y de sus órganos asistenciales como una reacción antipopular en la que participan a la vez los «plutócratas» y los «siervos de Moscú». Menos respetuosa con los grandes intereses financieros, esa «extrema derecha», haría ruidos amenazantes acerca de la nacionalización de la banca y fomentaría las cooperativas de crédito para facilitar fondos a bajo interés a la pequeña burguesía y a los pequeños industriales nacionales. Aprovechando la campaña internacional de la izquierda y de la prensa liberal internacional en su contra, ese gobierno apelaría al chovinismo de una gran parte de la población española, en contra de las inversiones extranjeras, en contra de los pactos militares con Estados Unidos en favor de las reivindicaciones de los países «hermanos» y en contra del colonialismo inglés en Gibraltar. A esto se uniría una viril actitud de defensa contra las reivindicaciones marroquíes en el norte de África. Exagerando, si hiciera falta exagerarla, la tensión existente en las regiones periféricas del Estado

español, denunciaría la posición de los partidos de izquierda y de parte de esas burguesías periféricas de que España es un Estado multinacional, reafirmaría la unidad indestructible de la nación española y, con harta razón, afirmaría que la relativa tolerancia en materia de enseñanza y cultura en Cataluña y Euskadi es ocasión de que vayan fomentándose de nuevo reivindicaciones nacionalistas que podrían desembocar en la formación de Estados autónomos y aun independientes. Poca duda cabe que en el Estado español ganará más popularidad quien tenga como consigna la unidad nacional y estatal que quien proponga el derecho de autodeterminación de las nacionalidades minoritarias. Ese gobierno de «extrema derecha» resucitaría la preocupación falangista por la reforma agraria, y aunque no la realizara aumentaría con eso su aureola populista, bien merecida por su política de viviendas populares y de fomento industrial de las regiones pobres. Al mismo tiempo que atacara a los curas progresistas, dando así expresión sincera al anticlericalismo clásico del fascismo, proclamaría a España país supercatólico, más que el papa si es preciso, y atacaría al mismo tiempo el laicismo de buena parte de la izquierda y de la moderna burguesía, neutralizando a la Iglesia al mantener sus privilegios en la enseñanza primaria y secundaria y al mantener la retrógrada legislación contra el divorcio, contra la legalización de los métodos anticonceptivos y contra el erotismo y la pornografía en general, todo ello con la bendición del Vaticano. Apelaría también a la falta de comprensión mostrada por gran parte de la burguesía española ante la creciente liberación de la mujer y ante la crisis de la autoridad paterna, cuyas causas están en el cambio socioeconómico que lleva a que el origen familiar sea menos importante que el estatus adquirido por cada individuo, y atribuiría la disolución de la familia y la sexualidad más libre a extrañas fuerzas ocultas que laboran contra la Patria y la Familia. Con la exageración del nacionalismo español y con la exacerbación del peligro antinacional interior (comunista y, sobre todo, catalán y vasco) hallaría ese gobierno de «extrema derecha» razones suficientes para satisfacer las aspiraciones del ejército y de las diversas fuerzas policíacas a tener mejor armamento y mejores sueldos, creándose así una base importante.

Autor: Vasco.

Hay quienes, calificándose de izquierda, apoyan o se abstienen de criticar con la intensidad posible a los «centristas» y a la vez niegan que España pudiese hoy tolerar ese programa de un gobierno de «extrema derecha». La corriente de opinión representada por Cambio 16 se inscribe en esta línea, de apoyo al «centro», desde la izquierda, apoyo que se pretende «táctico», a la vez que se complace en tomarse a risa a Blas Piñar, a Girón y a sus amigos militares. Sin embargo, negar la posibilidad de que ese gobierno de «extrema derecha» llegue al poder, negar que tuviera una real posibilidad de ser el más popular de los gobiernos franquistas (lo que no quiere decir que contara con una mayoría, pero sí que sería capaz de una mayor movilización que los gobiernos opusdeístas y acenepistas), es no querer ver la realidad de las cosas, tanto más cuanto que en los próximos meses, con la crisis económica, el señuelo europeo de los «centristas» y «aperturistas» va a carecer de fuerza de atracción, por lo menos temporalmente, en medio de una guerra de aranceles y de una crisis grave en el Mercado Común. Si se cree que el franquismo está ya totalmente agotado y si se cree que España cuenta hoy con una burguesía liberal importante de tal modo que ese hipotético gobierno de «extrema derecha» resulta totalmente inviable, entonces apoyar a los «centristas» es absurdo desde un punto de vista de izquierdas. Se justificaría el apoyo a los «centristas» (desde una posición de izquierdas) si se creyera: 1) que es posible que un gobierno de «extrema derecha» tome el poder a la muerte de Franco e incluso antes; 2) que para la izquierda y la clase obrera (no para la burguesía) un tal gobierno de «extrema derecha» sería peor que un gobierno «aperturista» y «centrista» que fuera desarrollando su maniobra continuista y fuera adquiriendo su propia legitimidad fuera del franquismo y de la vinculación al 18 de julio. A mi parecer, en tanto que la primera suposición es plausible (es decir, un gobierno de «extrema derecha», cuya legitimidad venga de la vinculación al 18 de julio y cuyo programa sea el expuesto, es una posibilidad real), la segunda suposición no es plausible, porque ése sería un gobierno débil (a pesar de su mayor popularidad), un gobierno con el tejado de

vidrio al tener que asumir la responsabilidad de la guerra civil y la matanza subsiguiente, un gobierno que sería anacrónico en la Europa actual (por lo menos, en tanto se mantenga la democracia liberal en Italia), un gobierno que lograría reunir en su contra una alianza de amplios sectores de la burguesía y del proletariado. En esa alianza estarían las burguesías periféricas, el movimiento obrero organizado, la burguesía profesional liberal y la alta burguesía industrial, agraria y financiera. Así pues, para la izquierda y la clase obrera, ese posible interludio de gobierno de la «extrema derecha» no sería un desastre porque, al ser inviable al cabo de pocos meses o años, concitando en contra una oposición burguesa y proletaria, acabaría realmente y de una vez por todas con el fascismo y porque el movimiento obrero podría entonces negociar su apoyo a un verdadero «pacto por la libertad», al contrario de lo que ocurre ahora en que el movimiento obrero organizado se ve precisado a hacer concesiones a la burguesía para que ésta no caiga por entero en las redes «aperturistas» y «centristas». El interludio de «extrema derecha» no es una perspectiva que a mí, intelectual catalán, me haga precisamente la boca agua, porque fácilmente rodarían unas cuantas cabezas de intelectuales catalanes y gente parecida. Sin embargo, el problema no es este problema particular, sino, ¿cuál es el enemigo mayor de la clase obrera, a largo plazo? ¿Un Blas Piñar o un Pío Cabanillas, un Girón o un Fraga, la Falange o la ACNP, los alféreces provisionales o el grupo Tácito? Yo creo que los mayores enemigos son los nombrados en segundo término, precisamente porque a la larga tendrían más fuerza, y porque podrían desembarazarse con cierto éxito de la pesada herencia del 18 de julio, lo que a los primeros les esta vedado. Por tanto, la izquierda no debe asustarse de la «amenaza fascista en Madrid» ni debe de ningún modo apoyar al actual gobierno Arias ni a ningún otro gobierno «centrista» y «aperturista», ni debe tampoco solicitar amnistías políticas a un gobierno de asesinos.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1975

Autor: Pizzi.

El Pacto de la Moncloa. La lucha sindical y el nuevo corporativismo

En los análisis que viene realizando Aulo Casamayor en los últimos números de Cuadernos de Ruedo ibérico se repite un tema que, en cierto modo, haría superfluo el ocuparse de la lucha sindical. Dice Casamayor:[101] «… cuando en los países de capitalismo “maduro” se asiste a una polución de mercancías y a una degradación de la calidad vital de las mismas y, en general, de las condiciones de vida, cuando buena parte de los trabajadores no trabajan ya para asegurar su subsistencia sino para emular el patrón de consumo de las clases dominantes, cuando la lucha por el reparto de la plusvalía se traduce en reivindicaciones de “nivel de vida” medido por la posesión de ciertas mercancías ofrecidas con este fin, el centrar la lucha de clases en este reparto de plusvalía constituye un factor más de integración, como lo demuestran en la práctica de cada día las respetuosas reivindicaciones económicas de las socialdemocracias y los eurocomunismos. De tanto discutir el reparto del pastel se acaba aceptando el contenido del mismo, lo cual, por otra parte, es lógico ya que no podía concebirse de otra manera a partir de los conceptos de “producción” y “valortrabajo” sobre los que Marx construyó su ciencia y que como se ha indicado constituyen un velo ideológico que impide estudiar en toda su radicalidad las distintas formas de dominación que tienen lugar bajo el capitalismo». ¿Cuál es la conclusión que podría extraerse con respecto a la lucha sindical? Cabe una salida fácil, que sería decir que la lucha sindical no tendría peligro de integración al sistema si se pone por objetivo no tanto el reparto del «pastel» como la disminución de los horarios y de los días de trabajo. No es esta perspectiva ajena a muchas de las luchas sindicales actuales y pretéritas, pero, de hecho, muchas otras luchas se encaminan no tanto a disminuir la carga del trabajo como a aumentar los salarios; por tanto, a aumentar la participación obrera en el «pastel» o a mantener esa participación en un «pastel» de mayor tamaño. A veces, Casamayor ha introducido cualificaciones a esa manera tan radical de ver la situación, que deja fuera del análisis la posibilidad de que la lucha sindical

lleve a un cambio de sistema o incluso cree dificultades al sistema. En alguna ocasión ha escrito:[102] «Bien es verdad que si realmente se planteara la distribución en un marco de solidaridad internacional y se asumiera el igualitarismo de los más pobres, eso llevaría a una alteración radical de la composición de la “inversión” y de la “producción”». Pero, en conjunto, Casamayor cree que la acción de los sindicatos queda forzosamente restringida al campo de lo económico en el sentido más convencional de la palabra: a una lucha por una parte mayor del «pastel». Es pues una lucha fácilmente integrable por el sistema, por lo menos mientras éste se halla en expansión. El capitalismo ha sido capaz de incrementar las remuneraciones de los obreros, e incluso le conviene para asegurarse sus ventas, y así la clase obrera cae en la trampa sin fondo del trabajo, el dinero y el consumo. De esta manera, a pesar de que los obreros vivan muy por encima del nivel de subsistencia, no por eso falta oferta de trabajo, lo que asegura el funcionamiento del sistema. Frente a esta concepción de la lucha sindical como algo restringido puramente al campo económico y que no pone en duda el propio sistema, existe la concepción anarcosindicalista de que la lucha sindical (sin auxilio de «vanguardias» políticas) debe y puede llevarse de modo tal que nunca se pierda de vista el objetivo: la abolición del trabajo asalariado, la igualdad y la libertad. Hay quienes dirían que la mera lucha económica adquiere tanta importancia que el deseo revolucionario queda inevitablemente relegado. Por ejemplo, en la reciente huelga de gasolineras en Barcelona (en octubre de 1977), los obreros en lucha se guardaron mucho de pronunciarse en favor o en contra de la civilización del automóvil, aunque la propia huelga estuvo a punto de impedir la circulación de autos en Barcelona y se empezaba a ver qué pasaría en la ciudad en tal situación. A pesar de que las circunstancias invitaban a ello, no se aunó la lucha económica a una perspectiva de una sociedad distinta: no es que no se cayera en ello, sino que la lucha económica es algo que tiende, realmente, a integrar, que no lleva a cuestionar qué se produce. También en contra de la concepción anarcosindicalista (lucha económica, pero sin perder de vista el objetivo final y sin comprometerlo) habría quien diría que la lucha económica no sólo lleva a situarse en el terreno ideológico del adversario (el argumento de Casamayor) sino que necesariamente implica no sólo negociaciones con la patronal sino os con los organismos estatales (ya que el Estado es directamente patrono o interviene en las luchas con su disfraz de «árbitro»), y que por tanto la «acción directa» es una quimera: las luchas económicas llevan siempre a delegar poderes de negociación y a dotarse de unos «expertos», de unos intermediarios que

devienen burócratas. Más abajo volveremos sobre esta cuestión al hablar de la organización sindical de la clase obrera, y de sus tipos de conciencia de clase, en el contexto de las elecciones sindicales de enero y febrero de 1978. Pero antes hagamos un poco de marcha atrás y reflexionemos si es totalmente verdad que en las condiciones del capitalismo europeo actual las luchas económicas no ponen el sistema en cuestión sino que lo refuerzan. Decía Casamayor, escéptico: «Si logran aumentar los salarios reales por encima de ciertos límites, entran en funcionamiento mecanismos que permiten, ya sea mediante la inflación o mediante el viejo recurso al aumento del paro, una nueva recuperación de las tasas de beneficio». [103] Coherentemente con su argumento principal, Casamayor ha interpretado esta crisis de los últimos años como consecuencia del aumento del precio del petróleo, con la consiguiente reducción de las expectativas de beneficio y por tanto de la inversión. Tal vez sea ésta la causa más importante. Pero ya antes de 1973 se hablaba, por lo menos en Inglaterra, de un profit squeeze causado por la fuerza de los sindicatos (o mejor dicho, causado por la lucha económica de la clase obrera, dentro o al margen de la estructura sindical), de un descenso subsiguiente de la inversión, y ya se proponían medidas de cariz corporativista para conciliar los intereses de obreros y patronos y para asegurar la expansión sin inflación. En Cuadernos de Ruedo ibérico discutí ya someramente esta cuestión en el n.o 41-42. La larga etapa de crecimiento del capitalismo tras la guerra mundial ha contribuido sin duda a integrar a la clase obrera, o parte de ella, al sistema. Puede pensarse además que esta larga etapa ha concluido no tanto por los conflictos internos a los países capitalistas «avanzados» como por el aumento del precio del petróleo en 1973 y años sucesivos. Puede incluso pensarse que la expansión capitalista acabara en una especie de crisis malthusiana, por el agotamiento de algunos recursos naturales. De todas formas, un análisis global debe reconocer que la nueva situación (crisis con inflación) es producto de unas circunstancias específicas ya latentes en las últimas décadas: el casi pleno empleo permite conseguir aumentos de salarios que son «excesivos» para algunas economías (Inglaterra, Italia). Un fenómeno característico de la posguerra ha sido la introducción de «políticas de rentas» (en general, poco exitosas). Frenar las luchas económicas sindicales es uno de los objetivos primordiales de los capitalistas, necesario para que el sistema funcione. Creo que esta tesis puede darse por demostrada, sin tener por esto que negar que los

aspectos señalados por Casamayor (la integración; el no cuestionamiento del modelo de crecimiento capitalista) son muy importantes. Hacer la síntesis de estos diversos aspectos está hoy por hoy fuera de mi capacidad. Lo que me propongo a continuación es tratar (muy por encima) la lucha sindical en España hoy, en el contexto de la nueva situación política (el parlamentarismo, que ha legitimado la dominación del capital), y en el contexto de la nueva situación sindical, para acabar con un comentario sobre el viejo y el nuevo corporativismo en España y en Europa. Para entender el nuevo corporativismo en España será útil hacer un análisis algo detallado de las disposiciones del Pacto de la Moncloa.

La dominación del capital

La dominación del capital se ejerce a través de una mezcla de coerción y consenso. La dosificación de estos dos elementos es lo que distingue las formas de capitalismo, pero no todo en el capitalismo fascista es coerción, ni todo en el capitalismo parlamentario es consenso. En el capitalismo parlamentario parece predominar el consenso, y es a través del Parlamento, con la ilusión de participación en las decisiones públicas que da al pueblo a través de las elecciones, como se organiza este consenso. En el caso español, la presencia del elemento coercitivo no está sólo en la amenaza del ejército y de las fuerzas de orden público como garantes últimos del orden capitalista; está también de modo más inmediato en el poder real que tienen esos «poderes fácticos», para usar la expresión que los periódicos usan y que más que eufemismo es descarnada descripción: poder de hecho. Precisamente una de las tareas de los redactores de la Constitución es hallar la forma de legitimar ya desde ahora la intervención militar que eventualmente deba producirse si el sistema peligra. La presencia de esa coacción es un elemento político de primera magnitud aun cuando permanece en un aparente segundo plano. En el reciente capitalismo parlamentario español queda menos disimulado que en otros. Pero al capital le resulta más cómodo dominar combinando este elemento coercitivo con una cierta aquiescencia de los dominados, que se expresa a través de la aquiescencia de sus representantes en el Parlamento. El Parlamento lo puede todo, tal vez, menos cambiar un sistema capitalista en un sistema socialista. Nunca lo ha hecho, en ningún lugar (aun cuando la mayoría

parlamentaria haya sido «socialista»): hay que ser muy utópico y poco «científico», poco permeable a la evidencia histórica, para pensar que eso haya cambiado. También es cierto que los métodos extraparlamentarios leninistas, o maoístas, o castristas, no han llevado tampoco a sociedades donde exista un socialismo basado en la igualdad y la libertad. Ahora bien, los capitalistas no puede decirse que sean característicamente más fascistas que liberales, ni más liberales que fascistas. Ésos son dos modelos de comportamiento que la clase capitalista (tanto la agraria como la industrial como la financiera) elige según las circunstancias; es decir, según sea la militancia de la clase obrera y según esté funcionando la economía capitalista, en cuyos períodos de auge ha sido posible aumentar considerablemente los salarios reales debido a los aumentos de productividad y a la explotación de los trabajadores y de los recursos de otras zonas del mundo. El capitalismo puede sentirse más protegido en una atmósfera liberal, donde el elemento coactivo quede en segundo término (al menos a primera vista) frente al elemento consensual. Desde luego, el liberalismo más o menos sincero de la burguesía, en ciertos períodos, no tiene nada que ver con una hipotética lucha contra la «oligarquía» feudalizante (esta tesis, que enlaza con la del paso el «socialismo» por etapas, ha sido criticada a menudo en Cuadernos de Ruedo ibérico). Ese liberalismo es un método de legitimar la dominación del capital, mediante la ilusión de la soberanía popular. No hace falta teorizar mucho al respecto, porque diariamente la prensa explica ese mecanismo. Así, por ejemplo, Mundo Diario de Barcelona (editorial, 20 de enero de 1978) afirmaba (por boca, seguramente, de un «eurocomunista»): «La grandeza de este sistema [democrático], frente a la dictadura, consiste en que incluso suministra vías pacíficas para el cambio de sistema [socioeconómico] cuando el pueblo, que detenta la soberanía, así lo determina.» Es esta ilusión utópica, ahistórica, la que legitima el capitalismo mediante las elecciones y el parlamento: el papel de la propaganda, de las escuelas, de la televisión es secundario para establecer esa «hegemonía ideológica» del capital. Si alguien todavía no entiende qué quiere decir dominación del capital mediante el consenso nacido de la existencia de elecciones parlamentarias, que considere el siguiente fragmento de una carta abierta de la dirección de Bimbo, empresa productora de pan de molde, a sus obreros, en huelga en diciembre de 1977 y enero de 1978, contra los topes salariales del Pacto de la Moncloa: «Nuestra Empresa, como todas las empresas de España, y nuestros trabajadores,

como todos los trabajadores de España, no pueden salirse del marco del Pacto de la Moncloa, porque el Decreto-ley lo exige y porque la solidaridad en el común esfuerzo por salirse de la crisis lo recomienda. Hábilmente y no sabemos con qué ocultos fines, se ha dirigido contra la Empresa una cuestión que escapa por completo de su ámbito y de la que no es más partícipe que por sus fervientes deseos de solidaridad y colaboración con una causa que alcanza a toda la Sociedad y a todos los estamentos de la misma. Por igual motivo [es decir, la retroactividad de los topes salariales del Pacto de la Moncloa] hoy podrían estar en huelga todos los trabajadores de España que tengan convenios en vigor. Y España, a través de los representantes que todos nosotros votamos el 15 de junio, ha votado el Pacto. No es una cuestión de que guste o no guste a una Empresa o a unos trabajadores. Es una Ley para todos.» Los topes salariales se imponen pues no por el imperio de la fuerza sino de la ley (o mejor dicho, en este caso, de un Real Decreto-ley, acordado, como si fuera una ley discutida en las Cortes, por los «representantes» políticos del pueblo, tanto del pueblo trabajador como de los capitalistas). Y no vale argumentar que estos representantes fueron elegidos con otros programas (aunque éste sea realmente el caso) porque las elecciones no fueron de delegados revocables cuya obligación sea mantener (en el «poder» o en la oposición) ese programa. En todo caso, aunque la oposición hubiera estado contra los topes salariales, éstos hubieran sido aprobados «democráticamente», por «mayoría» parlamentaria, y por tanto, presumiblemente, por la «mayoría» de la población.

La organización de la clase obrera

Esta cuestión no puede discutirse más que en relación a ciertas hipótesis sobre los tipos de conciencia de clase y sobre los objetivos históricos de la clase obrera. Vaya pues por delante la observación de que la lucha de clases existe y que el objetivo, factible, de la clase obrera (no necesariamente demostrable, «científicamente») es la igualdad y la libertad. ¿Qué formas de organización y de lucha sindical son compatibles con este objetivo realizable? Éstas son las preguntas que esta sección plantea. Comunismo significa igualdad en el a los bienes producidos y en la distribución de la carga del trabajo. Capitalismo significa, obviamente, desigualdad, pero al mismo tiempo movilidad social. La

ideología capitalista (y un poco también la realidad capitalista) no asigna de por vida la misma posición a los individuos en la división del trabajo y en la distribución de lo producido. La ideología capitalista afirma que, en un capitalismo moderno, hay igualdad de oportunidades, o por lo menos hay cierta tendencia a ello. Estadísticamente no es difícil demostrar que esta igualdad de oportunidades es en realidad ilusoria. Pero algunos obreros, más sometidos al peso de la ideología dominante, tal vez digan que quienes han estudiado más o quienes son muy emprendedores tienen derecho a ganar más. Hay ciertas posibilidades de movilidad social (si no para ellos, para sus hijos: de ahí ese curioso eslogan de «los hijos de los obreros a la universidad», en vez de «que los universitarios ganen como obreros») que les hace participar en esa ideología dominante. Sin embargo, en general, entre los obreros (incluso entre los anteriores, en otros momentos) predomina la opinión absolutamente revolucionaria (compruébese, si se quiere, con encuestas), de que quienes menos ganan son quienes más trabajan, y que eso debería ser cambiado. De ahí no se sigue que sean activamente revolucionarios, pues el escepticismo ante la posibilidad de cambiar la sociedad, la experiencia (vivida por muchos, en el caso español) de que una clase obrera revolucionaria lleva a los capitalistas a adoptar el fascismo como método de ejercer su dominación, hacen que los obreros se resignen, en cierto modo, y racionalicen su impotencia no sólo magnificando la fuerza del capital (que en realidad es muy grande, pues es el capital, a través del Estado, quien tiene el monopolio legal de la violencia armada), sino también probando una y otra vez la vía reformista que es una vía muerta, creyendo una y otra vez que mediante la participación parlamentaria y el sindicalismo «responsable» es posible llegar a cambiar el sistema. Pero es seguramente falso, o por lo menos discutible a partir de los estudios empíricos que existen, el oponer una conciencia sindicalista, economicista de las «masas» a una conciencia «política» y «revolucionaria» de unas minorías intelectuales. Las «masas» son profundamente igualitaristas y por tanto revolucionarias. Son a la vez reformistas y revolucionarias (como los capitalistas, en conjunto, son a la vez fascistas y demócrata-parlamentarios, y exhiben representantes en los que predomine uno u otro punto de vista, según el momento económico-político). Cuando los obreros deciden que pueden practicar sus ideas revolucionarias, no necesitan «líderes» ni «partidos»: al revés, si tienen líderes y partidos, no pueden practicar esas ideas, pues esos líderes y partidos se convierten en burocracias que tras la «revolución» se llevan la mejor parte de la producción y la parte menos penosa del trabajo. Ahora bien, cuando los obreros

se comportan como reformistas, es decir, durante épocas normales (y que se comporten así no quiere decir que sean únicamente reformistas), entonces sí que les es útil disponer de «intermediarios», de partidos, de líderes sindicales. El comportamiento reformista viene, en parte, de la sumisión ideológica de algunos al capitalismo, pero sobre todo responde a la percepción clara, de parte de los obreros, de que detrás de la pantalla parlamentaria del capital se oculta siempre la disuasión armada. Son a la vez reformistas y revolucionarios, y se comportan como reformistas, por creer que el sistema es casi indestructible. El comportamiento reformista (que no excluye la existencia de una conciencia revolucionaria, igualitarista) exige disponer de intermediarios, ya que reformismo quiere decir entrar en diálogo con el capital, hallar un terreno común de discusión, y la distancia social entre los obreros y la patronal es tanta que ese diálogo, necesario para negociar reformas, no puede establecerse sin intermediarios. No es que estos intermediarios sean una «vanguardia» que vaya a iluminar a los obreros, cambiando su supuesta conciencia meramente «tradeunionista» en conciencia política revolucionaria. Lo que sucede es que a los obreros, en sus fases reformistas, que por otra parte son habituales, les es útil disponer de personas e instituciones intermediarias. Los partidos pueden verse a sí mismos como «intelectuales colectivos»; los obreros los ven más bien como una especie de «abogados laboralistas colectivos», y por eso votan y se afilian no a los de extrema izquierda sino a los que saben que están conectados de alguna forma con el poder. Esos intermediarios, que ya no son obreros (en el Parlamento y en las direcciones sindicales —¿fue y es la CNT una excepción?— no hay obreros, hay si acaso unos cuantos ex obreros) tienen una posición social que les permite facilitar el diálogo, establecer un terreno común de discusión de reformas. Precisamente, la técnica anarcosindicalista de la «acción directa» sirve para inmunizarse contra esos intermediarios, para evitar que adquieran un poder propio. De todas formas, la «acción directa» es más un ideal que una posibilidad práctica; por ejemplo, para negociar un convenio colectivo, ¿no es verdad que la posición obrera queda reforzada si cuentan con asesoramiento de abogados, de economistas? ¿Es posible negarse a acudir a las magistraturas de trabajo, en casos de despido? Si los representantes del Estado intervienen directamente (como ocurrió en la huelga de gasolineras en Barcelona, donde el gobernador presidió la última negociación), ¿es siempre posible rechazar el diálogo con ellos, y no será ese diálogo más efectivo si se realiza a través, o con el auxilio, de líderes sindicales conocidos, de abogados, incluso de parlamentarios? Yo creo que «acción directa» quiere decir, en el fondo, usar de intermediarios como

intermediarios, sin darles nunca más importancia de la que tienen, sin sublimarlos a la categoría de «vanguardia» intelectual. Lo que se trata de evitar es que unos vividores de la política se presenten como sabios, capaces de enseñar el verdadero camino a una clase obrera «atrasada». Citemos, por ejemplo, de un folleto de la UGT: «La UGT, consciente de que las Centrales Sindicales son las únicas formas capaces de organizar y defender de una forma científica [sic] y permanente los intereses de la clase trabajadora...» La realidad es al revés: la clase obrera, para defender sus intereses, puede hallar útil construir sindicatos, financiar a unos «expertos» que sepan dialogar con el capital para conseguir mejoras. Pero nótese cómo estos expertos, en este folleto de la UGT (y en la práctica de la UGT y otras centrales, y también en la práctica de los partidos) se dotan ya de misteriosos poderes «científicos», por tanto inaprensibles por los obreros. «Acción directa» quiere decir desenmascarar a los intermediarios cuando éstos quieren mandar, quieren dirigir. La doctrina marxista de que la clase obrera precisa ser iluminada por una «vanguardia» es la que da la excusa para que los partidos se precipiten sobre la clase obrera con ánimo de organizarla sindicalmente, en diversas centrales cada una de ellas conectada a un partido. La UGT se pronuncia ya contra las asambleas de fábrica y en su proyecto de ley sindical distingue entre sindicatos «representativos» y otros no representativos (¿la CNT?), quedando, únicamente los primeros facultados para negociar convenios colectivos. Se confunde la actitud electoral de la gente (puestos a votar intermediarios, mejor votar a quienes están más vinculados a las fuentes de poder porque pueden ser más útiles) con el complejo total de actitudes de la clase obrera. Comisiones Obreras, por su lado, central nacida de la recuperación política del movimiento de asambleas y de comisiones elegidas con funciones concretas y temporales (llevar una huelga, negociar un convenio), se muestra aun favorable en sus escritos a que las asambleas de obreros de las fábricas sigan siendo el órgano decisorio, pero no hay que ser un gran adivino para saber que esta defensa durará lo que dure el período de maduración de la nueva ley sindical que el gobierno y el Parlamento están preparando, ley que pondrá cortapisas a la celebración de asambleas y que fomentará un sindicalismo de funcionarios permanentes. Los deseos del gobierno y de los parlamentarios se aproximan a los deseos de los capitalistas. Así, el conocido empresario «progresista» catalán Pedro Durán Farrell decía no hace mucho, explícitamente (La Vanguardia, 6 de noviembre de 1977) que la implementación efectiva del Pacto de la Moncloa hacía «preciso y urgente legislar sobre (¿contra?) la beligerancia de los

sindicatos en las empresas, en donde la falta de unas reglas del juego pactadas lleva al actual régimen inistrable de asambleas que hace prácticamente inviable o precaria la representatividad de los trabajadores y de los sindicatos». En buena lógica, la celebración de asambleas donde se discuten las propuestas de las secciones sindicales o comités de empresa de las diversas centrales, y donde se elige a delegados o comités ad hoc, revocables en cada momento, debe aumentar y no disminuir la representatividad de los obreros designados por la asamblea para discutir cuestiones concretas y llevar a cabo gestiones determinadas. La representatividad de un delegado revocable en cada momento es mayor que la de un funcionario sindical cómodamente instalado en su oficina, más o menos de por vida. La cuestión, realmente, es que el sistema de asambleas permite una discusión más amplia de los problemas, dificulta las traiciones a la clase obrera y hace posible que, en un momento dado, puedan llegar a expresarse de manera más clara y más eficaz las tendencias revolucionarias de la clase obrera.

El Pacto de La Moncloa

En la actualidad la lucha sindical pasa en España por la lucha contra los topes salariales impuestos en el Pacto de la Moncloa. Al mismo tiempo, el Pacto de la Moncloa es la expresión española del nuevo corporativismo europeo, que es simultáneamente una realidad y la nueva ideología del capitalismo. Creo, pues, que no es superfluo incluir aquí algunas páginas sobre el Pacto de la Moncloa escritas desde el punto de vista de la lucha sindical, antes de proseguir, en la última sección de este artículo, con un análisis del viejo y del nuevo corporativismo. En una crisis económica, las fábricas producen menos de lo que pueden producir y hay muchos obreros sin trabajo. Los capitalistas invierten poco, ya que sobra capacidad productiva y hay escasas expectativas de beneficio. El beneficio de los capitalistas es la diferencia entre el precio y los costes. Los costes han subido en estos últimos años, por varias causas. Una de ellas fue la subida de precios del petróleo, y de otras materias primas. Otra causa es que, al producir menos, hay que cargar más a cada unidad producida, en concepto de costes fijos, amortizaciones y también salarios de aquellos obreros a quienes no sea posible

despedir. Por último, ha habido también un aumento de salarios. Los capitalistas, en la medida que pueden, traspasan a los precios estos aumentos de costes, pero no todos ellos son capaces de hacerlo inmediata y totalmente. En esta situación, de menores expectativas de beneficios, muchos capitalistas declaran una especie de huelga de inversiones, y al faltar en la economía el dinero que habrían cobrado los que trabajan en la producción de esos bienes de inversión, la crisis tiende a agravarse. Son los propios capitalistas los que describen así la situación y creo que la describen acertadamente. Por ejemplo, el empresario Luis Olarra, en abril de 1977, declaró en la junta de accionistas de su empresa siderúrgica que aplazaba para mejores días sus planes de inversión por valor de tres mil millones de pesetas, a pesar de contar ya con ese beneficio ahorrado o esos créditos: en premio, fue nombrado senador por el dedo real pocos meses más tarde. Los empresarios metalúrgicos de Cataluña no se recataban tampoco de exponer abiertamente en la prensa (noviembre de 1977) cuál era su actitud: «El crecimiento de la producción metalúrgica [en Cataluña en 1977] será inferior al 2 %, en términos reales [es decir, descontando el efecto de la inflación], porcentaje totalmente insuficiente para mantener unos niveles de actividad aceptables para pensar en la realización de nuevas inversiones... La reducción de los márgenes [de beneficio] viene explicada por la inflación de costes que repercute en aumentos de mucha importancia, en todas las partidas, con porcentajes siempre superiores al 20 % pero que en algunas partidas llega a ser del orden del 30 %. En cambio, el alza de precios de los productos manufacturados no supera, como media, el 18 %».[104] El Pacto de la Moncloa es pues un acuerdo entre el capital y la «oposición» (que es colaboración y no oposición) para estabilizar los salarios reales y asegurar el margen de beneficio. Los empresarios han estado en general de acuerdo (¿qué son Oliart, Garrigues, etc., sino empresarios?) aunque les hubiera gustado añadir la posibilidad de despedir a más obreros. Por cierto que el eufemismo «flexibilización de plantillas» fue por primera vez utilizado, al parecer, en un documento de la Junta Democrática (seguramente redactado por Tamames), cuando la Junta cortejaba a los sectores «progresistas» del empresariado.

La balanza de pagos

No quedaría completo el panorama si no incluimos, entre los argumentos que se dan en favor de la «moderación» salarial, la defensa de la balanza de pagos. Se apela al patriotismo para pedir moderación, ya que los aumentos de precios ponen en peligro la competitividad de las exportaciones e incrementan las importaciones, llevando así a su endeudamiento con el exterior. La balanza de pagos es un símbolo del patriotismo moderno. Cuando en Inglaterra, repetidas veces en las décadas de 1960 y 1970 se ha impuesto o tratado de imponer una congelación de salarios, los políticos laboristas han llamado a su pueblo a exhibir de nuevo el «espíritu de Dunkerke», una solidaridad nacional en tiempos de adversidad que les hiciera aceptar sacrificios por el bien de la patria (o de su balanza de pagos). Oyendo a políticos y líderes sindicales reformistas españoles, resucita sin duda el espíritu de Móstoles: «la patria, o mejor dicho, su balanza de pagos, está en peligro, conformaos con una congelación de salarios reales». ¿Sería descortés hacia la patria hacer un análisis de clase de la balanza de pagos? ¿No es la balanza de pagos correspondiente a la clase obrera bastante saneada? Y la cuestión es aún más grave, porque la preocupación por la balanza de pagos lleva necesariamente a contemplar las relaciones económicas internacionales desde el punto de vista de los explotadores: los «representantes» de la clase obrera se alegran y tratan de que la clase obrera comparta esa alegría cuando los extranjeros ven empeorar su relación de intercambio, tanto en el caso de que esos extranjeros sean más ricos como de que sean más pobres que los obreros españoles. Pero qué duda cabe que una central sindical que argumentara según estas líneas sería acusada de «demagógica».

La limitación al aumento de salarios, y su distribución

Pero aunque se denuncie el Pacto de la Moncloa, las luchas sindicales en 1978 van a tener que llevarse teniendo en cuenta las disposiciones del Real Decretoley sobre política salarial y empleo de 25 de noviembre de 1977 que lo puso en vigor, pues no siempre tendrán fuerza los asalariados para romper estas normas. Precisamente, las elecciones sindicales son un intento de promocionar un sindicalismo en el cual unos funcionarios, que ya no son obreros, pactan con el capital en nombre de los obreros, porque, como editorializaba El País ya el 19 de julio de 1977, anunciando el plan de estabilización, «una política de rentas sólo es posible en una economía en la que las relaciones industriales tengan un

elevado nivel de institucionalización» —claro que cabe también una solución brasileña, o española del tipo de 1959, pero actualmente parece más eficaz «institucionalizar las relaciones industriales» con la ayuda de un sindicalismo responsable—. Pero, decía El País, «aunque los líderes sindicales socialistas y comunistas, de acuerdo con sus partidos, lleguen a satisfactorios acuerdos con el gobierno y con las organizaciones patronales, ¿cómo lograr que los obreros les sigan a nivel de fábricas...? ¿Qué posibilidades tienen las centrales de imponer sus criterios frente a la demagogia aventurera de un agitador crepuscular?» Es evidente que contra esos «agitadores crepusculares» no se encontrará mejor método que dificultar todo lo que se pueda las asambleas de fábrica, no fueran a caer, las asambleas enteras, en «demagogias aventureras». A lo que se añadirá la entrega de la posibilidad de negociar convenios colectivos únicamente al sindicalismo más responsable. Ése es el camino que trazará la ley sindical, para promocionar un sindicalismo que acepta la regla de oro de la sociedad capitalista que es la siguiente: «Los trabajos más duros son los que se pagan menos, los menos duros se pagan más, y los capitalistas y accionistas que no trabajan nada son los que ganan más aún, y si no ganan lo bastante, se declaran en huelga de inversiones.» Es decir, para promocionar un sindicalismo que acepte el nuevo corporativismo. El Pacto de la Moncloa establece que, en 1978, el total de salarios (más IRTP y seguridad social) en cada empresa puede subir como máximo un 22 %, que es precisamente el porcentaje previsto de alza del coste de la vida. En realidad, quedan congelados los salarios reales. Cuando sea imposible romper esta norma por falta de fuerza y por el pactismo del sindicalismo colaborador, cabe sin embargo tratar de defenderse de manera que al mismo tiempo se cuestione el sistema actual. En el documento firmado inicialmente en la Moncloa se decía que al menos la mitad de ese aumento global en cada empresa se distribuiría por igual entre todos los trabajadores. Eso no aparece ya en el Decreto-ley, pero sigue siendo posible defender en las plataformas que todo el aumento de la masa salarial se distribuya por igual e incluso que el aumento se concentre únicamente en las categorías que cobren menos y que quienes ganan, por ejemplo, por encima de cincuenta o sesenta mil pesetas no tengan ningún aumento pues eso ya les alcanza para vivir. Como esta cuestión de la distribución del aumento global es sumamente problemática e incide sobre uno de los nudos centrales del sistema, los partidos, las centrales (con excepción de la CNT) y los periódicos, le dan un tratamiento político, es decir, el silencio.

Aunque, en las sociedades capitalistas, las desigualdades mayores provienen de la muy desigual distribución de los medios de producción, incluyendo el suelo agrícola y urbano; aunque la opresión capitalista se manifiesta de muchas formas y contra muchas personas que no son parte de la fuerza de trabajo asalariada; hay también notables diferencias de salarios. En general, cuanto más duro y pesado es el trabajo, menos se gana, porque son precisamente los pobres quienes se ven forzados a hacer los trabajos duros y pesados. En la jerarquía de remuneraciones salariales, tanto en el sector estatal como en el sector privado, tiene un papel importante eso que en castellano se llama el «decoro» o la «dignidad» de los distintos estamentos sociales. Este principio (disfrazado a veces bajo la capa de la «responsabilidad», etc., cuando no bajo el de la mayor «contribución a la producción») está fuertemente enraizado, sobre todo en quienes se aprovechan de él. Por ejemplo, dicen los periódicos en enero de 1978 que los consellers de la Generalitat ganarán 125.000 pesetas mensuales, porque su «dignidad» así lo exige. Así pues, al atacar la desigualdad de salarios se está atacando uno de los puntales del sistema capitalista. El capitalismo, de otro lado, no dispone de armas ideológicas muy poderosas para enfrentarse a este ataque, pues la teoría económica ortodoxa de los salarios es notoriamente débil, y la defensa en términos de «dignidad» o «decoro» de las distintas profesiones suena más a una sociedad basada en estatus sociales inamovibles de por vida que a una sociedad que se precie de dar oportunidades a quienes tienen talento y ganas de trabajar para ascender en la escala social. Hay aun otro argumento importante para no dejar de lado la defensa de la igualdad salarial: al fin y al cabo, lo que ocurre en los países llamados «socialistas» es que los burócratas (amparándose en la frase de Marx, carente de sentido, «a cada uno según su trabajo») son también quienes ganan más, trabajando menos y no faltan por tanto vocaciones de burócrata.

Otras cuestiones para la lucha sindical actual

El cálculo de la masa salarial global en cada empresa puede dar lugar a que se desvelen algunos secretos o, más probablemente, a que las empresas se nieguen a desvelarlos. Por ejemplo, conviene obligar a las empresas a que en el cálculo

de la masa salarial para 1977 (que sirve de base para calcular el aumento del 22 %) metan también los sueldos de gerentes y altos cargos y también los sobres y gratificaciones que se les dan bajo mano. Debe incluirse también en la masa salarial las horas-extra pagadas fuera de la nómina, realizadas fuera del máximo legal que no es respetado por muchas empresas. Hay otras cuestiones a considerar. En primer lugar, la «retroactividad». El Decreto-ley establece (artículo 9) que «quedarán suspendidos los efectos de las cláusulas automáticas de revisión salarial [...] en cuanto tales cláusulas implicasen crecimientos salariales efectivos superiores a lo prevenido». A pesar de las lamentaciones de las centrales sindicales reformistas (bienvenidas sean), esto no es más que lo acordado en la Moncloa: un notable ataque contra el principio de libertad de contratación, en principio tan caro al capitalismo. ¿Hay alguna manera de evitar la aplicación de la retroactividad? Supongamos una empresa, cuyo convenio colectivo acordado en 1977 prevé aumentos equivalentes al coste de la vida más un tanto por ciento y que este convenio esté todavía vigente en 1978. ¿Quiere decir la retroactividad que ese tanto por ciento queda excluido del aumento? En principio, eso es lo que quiere decir. Las empresas se están acogiendo a esta norma, aunque no siempre, ante las amenazas de huelga. La lucha sindical puede apoyarse en dos puntos: la retroactividad se aplica, una vez más, a la masa salarial global de cada empresa; por tanto, es bien posible que los trabajadores peor pagados puedan hacer valer su derecho al aumento del coste de la vida más el tanto por ciento pactado, y ya se arreglará después la empresa para mantener las diferencias de remuneración de los trabajadores y empleados mejor pagados, si así cree conveniente; la retroactividad no es aplicable cuando los aumentos pactados por encima del coste de la vida tenían por motivo en los convenios el dar a los obreros una participación en los aumentos de productividad. Veamos esta cuestión con más detalle. ¿Qué ocurre en empresas cuya productividad aumenta, es decir, donde la producción aumenta en mayor proporción que el número de horas trabajadas, ya sea porque se trabaja con incentivo, o porque hay una mejora en las máquinas o porque aumenta el grado de utilización de la capacidad productiva? ¿Pueden los capitalistas, en estos casos, negarse a pagar más del aumento global del 22 %, amparándose en el Decreto-ley? No, no pueden negarse. Así lo dice explícitamente el Decreto-ley (artículo 2, apartado 3): «Los crecimientos de la masa salarial bruta de cada empresa se calcularán en condiciones de

homogeneidad respecto a los dos períodos objeto de comparación [...] en lo que respecta a [...] niveles de productividad.» Las variaciones de productividad en 1978 sobre 1977 (reales o hipotéticas) pueden dar una base para negarse a la aplicación retroactiva del Pacto de la Moncloa, sin más que atribuir el exceso sobre el aumento tolerado por el Decreto-ley a una prima de productividad. También cabe actuar de la misma forma donde no hay convenio pactado ya previamente que exceda el tope salarial: cabe pedir más del 22 %, en forma de primas de productividad. Éste es un argumento muy recomendable, ¡con tal que no conduzca a aumentar los ritmos de trabajo! En tercer lugar, si al llegar el mes de junio de 1978, el índice de precios está aumentando a más de un ritmo anual del 22 % (es decir, si en los primeros seis meses el aumento llega ya al 11,5 %), puede pedirse otro aumento extra, correspondiente a ese crecimiento extra del índice de precios. Claro que aquí los partidos de «izquierda» hicieron otra gran rebaja y les dieron salida a los capitalistas (ya en el documento inicial de la Moncloa) itiendo que ese aumento extra no habría que darlo si el crecimiento extra de los precios se debía a otra devaluación de la peseta, o a un aumento del precio del petróleo o a circunstancias excepcionales en la agricultura (que llueva mucho o que llueva poco). El ministro de Agricultura, individuo más bien apagado, tiene ahí un buen tema para hacer méritos y ganarse su considerable sueldo. En todo caso, si los precios suben más del 11 % en los seis primeros meses, habrá un motivo adicional de conflicto. Por último, hay aún otra cuestión. El Pacto dice que si los trabajadores piden más de la norma salarial global del 22 % de aumento para 1978 y la consiguen, los capitalistas quedan facultados para despedir al 5 % de la plantilla, con una indemnización de sólo dos semanas por año trabajado (según el Decreto-ley, artículo 7). Incluso Comisiones Obreras y UGT se han mostrado en contra de esta cláusula del Pacto, que sin embargo se inscribe dentro de la marcha hacia una mayor libertad de despido. (Buen favor les hizo el gobierno a Nicolás Redondo y a Marcelino Camacho, diputados en las Cortes, aplicando el Pacto Social de la Moncloa mediante un Decreto-ley que no pasó por el pleno de las Cámaras. ¿Hubieran votado en contra? ¿Hubieran pedido una votación artículo por artículo? ¿Hubieran salido al váter, con permiso del presidente, en este momento crítico?) En resumen, el Real Decreto-ley de 25 de noviembre de 1977, que sintetiza las rebajas pactadas por los políticos en el Pacto de la Moncloa, va a ser el marco en que se desenvuelva la lucha sindical. Es un Decreto-ley en

vigencia, y cuando los periódicos empiezan ahora (a finales de enero) a insinuar que el Pacto no se cumple, que el Pacto no sirve, se están refiriendo en todo caso a las llamadas «contrapartidas», mero entretenimiento de los políticos. Los topes salariales sí son importantes, y el gobierno y los capitalistas harán esfuerzos conjuntos para evitar que se sobrepasen. Los empresarios se refugiarán tras las faldas de Suárez, González, Carrillo, Redondo y Camacho y todos los demás, diciendo a veces que ellos estarían dispuestos a aumentar más los salarios, pero que no les dejan, y esgrimiendo otras veces la amenaza del despido del 5 % de la plantilla. La lucha sindical, dentro de este marco que le viene impuesto a la clase obrera, debe tener por objetivo, a la vez reformista y revolucionario, romper este marco, lograr que ésa sea una ley más que no se cumpla, esta vez en beneficio de los obreros. Hay que hacer sin embargo aún otra observación: el Decreto-ley no prohíbe que una empresa privada (en condiciones homogéneas de horarios, productividad, etc., en 1977 y 1978) sobrepase el tope salarial autorizado; es decir, el Decretoley dispone que ese empresario sufrirá la pérdida de ciertas facilidades crediticias y desgravaciones fiscales; dispone también que los obreros podrán ser sancionados, con el despido del 5 % de la plantilla. Pero no prevé sanciones penales. En efecto, es difícil para el capitalismo saltarse totalmente el principio de libertad de contratación de las condiciones en que se compra y se vende la fuerza de trabajo. El corporativismo es aún algo tímido. No tanto como el europeo, sin embargo, cuyos «pactos sociales» para establecer «políticas de rentas» no adoptan la forma de decretos-leyes o de leyes, sino de acuerdos entre gobiernos, patronal y sindicatos. En realidad es síntoma halagüeño del escaso poder de que disponen los partidos y sindicatos socialista y comunista sobre la clase obrera española que la «política de rentas» haya tenido que ser impuesta por Real Decreto-ley. Esos partidos y centrales sindicales reformistas proporcionan la coreografía y la propaganda, pero, por suerte, no tienen aún capacidad para pactar en nombre de la clase obrera. Es necesario un cierto proceso de domesticación, que pasa por los ataques a las asambleas y a las centrales sindicales «desestabilizadoras», en que los próximos meses, al socaire del «éxito» reformista en las elecciones sindicales, van a ser pródigos.

No hablemos de economía

Nos podría recordar Casamayor, al llegar a este punto, que nos hemos estado moviendo en un territorio marcado por los economistas. Hemos hablado de maneras de «salir de la crisis», explicando cómo antes de las elecciones los partidos de «izquierda» se pronunciaban por reactivar la inversión pública y el consumo; cómo, después, sin dar explicaciones al público que les votó, han estado de acuerdo en congelar salarios reales y asegurar un margen de beneficio que estimule la inversión privada. Pero «salir de la crisis», es decir, aumentar la producción, la inversión, la demanda, el consumo, es una manera de razonar que implica usar magnitudes globales que nada significan, en realidad, desde el punto de vista del bienestar de la humanidad, de la conservación de los recursos naturales, etc. La «producción» no es más que la suma de una serie de cosas fundamentalmente heterogénea, incluyendo algunas dañinas e incluyendo también la destrucción de recursos naturales. La «inversión» global no es sino una suma de esfuerzos y medios materiales dedicados a construir instrumentos de producción, algunos útiles para el bienestar y otros inútiles. Es más, desde el punto de vista de «salir de la crisis», también es inversión, por ejemplo, hacer barcos de guerra (como recomendó Tamames en las Cortes, haciendo méritos, tal vez, para ministro del ramo). Hemos hablado del paro, globalmente considerado, pero en realidad no hay que pedir más trabajo, sino menos para los obreros que ya trabajan con ritmos extenuantes y horas extras, y más trabajo, si acaso, para quienes no trabajan. Hay que repetir siempre que, fundamentalmente, la composición de la producción y de la inversión responden a la distribución de los ingresos privados y del poder de decisión sobre los ingresos públicos, además de responder también, hasta cierto punto, a una mezcla de necesidades verdaderas de la humanidad y de necesidades inventadas por el capitalismo en su búsqueda de lucro. No caigamos pues en el juego de emplear estas magnitudes globales, que nada significan. Si lo hacemos (como es inevitable, si se quiere discutir el Pacto de la Moncloa y la lucha sindical actual), sepamos guardar distancias. Ahora bien, dicho esto, que es sin duda muy importante, no cabe olvidar que una lucha sindical «economicista» que lograra hacer saltar continuamente los topes salariales pondría al sistema en dificultades. Para evitar que esto suceda, hace falta propaganda capitalista, un sindicalismo domesticado, cierta dosis de «eurorrepresión». Ayuda también, y se está convirtiendo en España en pieza fundamental, la ilusión de que las cosas podrían cambiar, con un poco de paciencia, mediante la soberanía popular expresada electoralmente. Pero además hace falta que el capitalismo adopte y haga penetrar una nueva ideología

adecuada al momento actual: el nuevo corporativismo.

Viejo y nuevo corporativismo

En un artículo sobre el sindicalismo vertical (El Viejo Topo, extra n.o 1, enero de 1978), Comín parece dudar que el «denominado corporativismo católico» haya existido. Por sus orígenes políticos (algo alejados de su posición actual), Comín está sin embargo bien situado para investigar este tema ya que, si no recuerdo mal, inició su carrera de escritor en El Ciervo junto con Barjau, Condeminas y otros jóvenes que debían haber conocido de cerca la ACNP de mediados de los años 1950. La cuestión sigue siendo actual por varias razones. Muchos de quienes han dirigido la transición al posfranquismo fueron educados dentro del corporativismo católico español; los señores Oreja, Lavilla, Cavero, Reguera, Belloch Puig, Carriles, Otero Novas, José Luis Álvarez han sido no sólo socios de la ACNP sino de su Consejo nacional. Además, conviene estudiar las ideologías de la burguesía y más en una época en que es probable una resurrección del corporativismo. La influencia del «denominado corporativismo católico» no puede reducirse, como hace Comín a «la famosa defensa de la propiedad privada como principio de derecho natural mantenido por la llamada doctrina social de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II». La influencia del corporativismo católico fue muy amplia,[105] pero precisamente no se hizo sentir en este punto de esta manera pues ya mucho antes del Concilio Vaticano II los corporativistas católicos españoles utilizaban la doctrina de la función social de la propiedad no sólo para defender la propiedad privada de las fábricas sino también la propiedad latifundista. Basta repasar los escritos de Martín-Sánchez Juliá, presidente de la ACNP durante muchos años y experto en cuestiones agrarias. Por cierto, este principio de la función social de la propiedad parece que resucitara en un artículo de la actual Constitución. Proviene de Duguit, un teórico corporativista de principios de siglo cuyas tesis comentaré a continuación. En efecto, quiero referirme a algunos precedentes europeos del corporativismo católico español anterior a la guerra civil, incluyendo los austriacos. El mismo

Comín, en una nota al pie del artículo citado, menciona a Seipel, el sacerdote que fue primer ministro de Austria y que parece haber dado el nombre de «sindicatos verticales» a las corporaciones. Sea o no atribuible a Seipel este hallazgo terminológico, lo importante es que Seipel no era un personaje pintoresco y aislado sino autor de varios libros, político importante y predecesor inmediato de Dollfuss quien, a su vez, fue un modelo para los corporativistas católicos españoles. El corporativismo de los católicos austriacos o alemanes, o de los católicos españoles, es parecido al corporativismo de otros burgueses cristianos no católicos y se parece también al corporativismo laico de Durkheim, que escribió a finales de siglo, y al del sociólogo vienés Othmar Spann, algo posterior. A finales del siglo pasado, el Estado liberal, que durante mucho tiempo se opuso a la creación de sindicatos, no tiene ya fuerza para oponerse a ello y en la generalidad de países europeos se legisla a favor de la libertad de asociación sindical. Los nuevos teóricos (como Durkheim y sus discípulos y otros que llegaron a conclusiones similares) no sólo no se oponen ya a la existencia de sindicatos obreros, sino que dan la bienvenida a estas agrupaciones que se interponen entre los ciudadanos individuales y el Estado. La cuestión es: ¿qué papel corresponde a los sindicatos en la organización económica y política de la sociedad capitalista? La libertad de contratación y, por tanto, que el Estado no se inmiscuyera en las condiciones de trabajo y en la determinación libre de los salarios, era parte sustancial del credo liberal. Este principio liberal todavía reaparece de cuando en cuando (aunque pocas veces ya en Europa). Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque algunas veces se han impuesto controles sobre salarios y precios (durante la istración Nixon, por ejemplo) y aunque existe legislación antisindical como la ley Taft-Hartley de 1947, entra dentro de la defensa ideológica del sistema el pronunciarse (como lo ha hecho Carter, en su reciente discurso ante el Congreso en enero de 1978) contra los controles estatales sobre salarios y precios. El credo liberal separaba la economía de la política y de la moral. Perseguir el propio interés económico, amoralmente, llevaba a la mejor asignación de recursos escasos y a la maximización de la producción. Esto, que ya había dicho Adam Smith, había recibido en las últimas décadas del siglo pasado una expresión teórica esplendorosa con el imponente edificio de la teoría económica neoclásica. (Más tarde tal vez reforzado con la interpretación keynesiana de que, en situaciones de crisis, los «vicios privados» se convertían en «virtudes públicas», o dicho de otro modo, que el consumo de lujo, o el gasto

en armamentos contribuía a sostener la demanda efectiva.) La creación de sindicatos y su fuerza no sólo habían introducido unas instituciones intermedias entre los ciudadanos y el Estado, sino que cambiaba las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo y podía llegar a presionar contra los beneficios del capital. La lucha sindical introducía también elementos de desorden, conflictos «anormales», «anómicos» (en la terminología de Durkheim): huelgas, boycotts, lock-outs. Además, algunos de estos sindicatos eran revolucionarios. Hasta entonces, el credo liberal político se basaba en la visión de una sociedad compuesta de ciudadanos libres y jurídicamente iguales que periódicamente eligen a sus gobernantes, por mayoría, interpretando, pues, estos gobernantes la voluntad general. Y el credo liberal económico se basaba en la libertad de contratación: la libertad de comercio, la libertad de comprar y vender fuerza de trabajo a los precios de mercado. ¿Qué papel correspondía pues a los sindicatos? Los nuevos sociólogos empezaron a alarmarse al ver los posibles efectos que la disociación entre economía y política (o moral), típica de la ideología liberal capitalista, podía tener en las nuevas circunstancias. La propia ideología política liberal había hecho difícil prohibir la sindicalización, ya que la libertad de asociación era uno de sus elementos. Se trató de prolongar la prohibición de sindicatos aduciendo argumentos económicos (el poder monopólico que el sindicato tendría sobre la venta de la fuerza de trabajo). Pero la lucha de la clase obrera por imponer sus sindicatos, el principio de la libertad de asociación y la realidad evidente de que los empresarios (cada uno en su fábrica y más aún al ponerse de acuerdo en sus asociaciones) estaban en posición de ventaja al contratar a los obreros individualmente, llevaron a levantar esa prohibición. Entre los nuevos teóricos de principios de siglo, tiene un lugar destacado Leon Duguit, decano de la Facultad de Derecho de Burdeos, donde Durkheim fue profesor. En su libro La transformación del Estado adjudica un lugar importante a los sindicatos. Habría «en la cima, los gobernantes, que representan la mayoría efectiva de los individuos que componen la sociedad [...] con el deber de emplear la fuerza en la realización del derecho en su más amplio sentido [ésta es la concepción liberal habitual del Estado de Derecho, que tiene el monopolio de la fuerza, para imponer las leyes, dadas a su vez por un Parlamento en el cual se expresa la soberanía popular], reduciéndose su acción, para el desarrollo de las actividades técnicas, a una función de inspección e intervención. [A continuación viene la nueva doctrina, sobre los sindicatos.] En la sociedad, los sindicatos, fuertemente integrados, federados por profesiones y con una representación

política que asegure una gran limitación al poder de los gobernantes. Las luchas de clases extinguidas o cuando menos apagadas merced al establecimiento contractual de reglamentos que determinen las relaciones de las clases entre sí [se refiere a convenios colectivos de trabajo], e inspirados por una conciencia clara de su interdependencia. Los servicios públicos, ejecutados y dirigidos por corporaciones de funcionarios, responsables de sus faltas con los particulares y colocados bajo la intervención y vigilancia de los gobernantes [nada nuevo, pues, en cuanto a los funcionarios, organizados ya en cuerpos en el Estado liberal]». La presencia y la fuerza de los sindicatos, aunque sea alarmante, es pues aceptada, y no rechazada como tal vez lo podrían haber hecho los viejos doctrinarios liberales, siempre que esos sindicatos no sean revolucionarios y se presten a una contratación colectiva responsable, contratos colectivos que se conviertan en una verdadera «ley para la profesión», dice Duguit. Es decir, una norma sobre condiciones de trabajo y salarios para el ramo o sector de los trabajadores contratantes. Duguit se pronunció por tanto explícitamente contra la diversidad de sindicatos obreros dentro de cada ramo, pues eso dificultaba la contratación colectiva bien ordenada. El objetivo es evitar las formas «anómicas» de conflictos entre las clases; el objetivo es apagar, incluso extinguir, la lucha de clases. El Estado debe cuidar que el sindicato, nacido de la lucha de clases, no la agudice, sino al contrario. Debe hacer que los sindicatos participen en la conciliación de los intereses de los patronos y de los asalariados. Hay que notar que no se propugna ahí, en absoluto, la integración de los sindicatos en el aparato del Estado, aun cuando se les quiera dar una cierta representación política. Tampoco se propugna la inclusión de patronos y obreros en un solo sindicato o agrupación. Se observa, en la realidad, que están en agrupaciones distintas y se defiende la contratación colectiva entre agrupaciones de empresarios y sindicatos obreros. En el tibio corporativismo de Duguit, el Estado no debe pues de ningún modo absorber los sindicatos. Por ejemplo, no debe nombrar a sus dirigentes ya que entonces los convierte en funcionarios. Es decir, si el Estado exagera su intervención, mata al sindicato. Eso es lo que se verían forzados a hacer los regímenes corporativistas y fascistas posteriores (Salazar, Dollfuss, Mussolini, Franco, Hitler) ya que el sindicalismo y la contratación colectiva era un arma de doble filo, por un lado, romo, pero por el otro muy afilado. La versión optimista,

funcionalista, de Duguit no era mera propaganda sino una buena descripción de la situación en algunos países y algunas coyunturas (y tal vez vuelve a serlo ahora, en Alemania federal, por ejemplo); de otro lado, había un sindicalismo revolucionario, e incluso el sindicalismo reformista se veía abocado, en ciertos países y ciertas coyunturas, a una intensa lucha incompatible con la estabilidad del capitalismo liberal-corporativo propugnado por Duguit, cuyas ideas encajaban muy bien con las expresadas por Durkheim en el prefacio a la segunda edición de La división del trabajo social, un texto sumamente influyente que hay que leer para comprender qué es el corporativismo laico. Debe haber otros teóricos del corporativismo laico en la Europa de principios de siglo. En Austria, sin embargo, abundaban, como es natural, los corporativistas católicos más que los laicos. Ya a finales del siglo XIX, Vogelsang y Lueger (1844-1910, alcalde de Viena), fundadores del partido cristiano-social (el partido de Seipel y Dollfuss) habían denunciado los «abusos» del capitalismo liberal y habían predicado la conveniencia de un «orden corporativo». La economía no debía separarse de la moral, de la política. Dollfuss no era propiamente hablando un fascista. Su partido (como también el Zentrum católico alemán) no sólo debía mucho a la influencia de las encíclicas (la Quadragessimo Anno es tardía, de 1931) sino también a la del sociólogo Othmar Spann, un teórico del Estado corporativo cuyo libro más importante, El verdadero Estado: lecciones sobre la crisis y la construcción de la sociedad, fue publicado en 1921. Este libro tuvo gran influencia en los países germánicos, y sería interesante seguir su impacto sobre los propagandistas católicos españoles. Tales ideas fueron madurando y sustentaron el golpe de Estado de Dollfuss en 1934. La triste realidad es que la clase obrera no se conformaba con el papel que alguien como Duguit le hubiera asignado. El control de la clase obrera parecía requerir una reestructuración del Estado: no sólo la disolución de los sindicatos revolucionarios o excesivamente reformadores, no sólo la organización de los trabajadores en corporaciones interclasistas, sino incluso la disolución del Parlamento. Dollfuss ha pasado pues a la historia como el culpable de la matanza de socialdemócratas en Viena en febrero de 1934. Sin embargo, pocos días antes del golpe de Estado, tanto Otto Bauer como Karl Renner habían publicado artículos y pronunciado discursos no desfavorables hacia las ideas corporativistas, hacia un corporativismo moderado (Kreissler, L’Autriche de 1918 à 1938, PUF, París, 1971, p. 287). ¿Era oportunismo? Sin duda veían en Dollfuss, con razón, un mal menor en

comparación a los nacionalsocialistas austriacos y alemanes. El fascismo no es sólo corporativismo; es, además, un partido único y el Führer-Prinzip, nacionalismo (o racismo, y antisemitismo, en este caso) e imperialismo. Dollfuss era efectivamente un mal menor. Fue pocos meses más tarde asesinado por un nazi, víctima, según entiendo, del nacionalismo granalemán. Austria fue, en marzo de 1938, absorbida por el Reich alemán. Pero cabe preguntarse, ante esos escritos y discursos de Bauer y Renner, hasta qué punto la doctrina socialdemócrata y la trayectoria de los socialdemócratas son verdaderamente opuestas a convertir los sindicatos en apéndices corporativos del capitalismo moderno. Es evidente que disolver el Parlamento y los partidos y sustituirlos por cámaras corporativas es algo totalmente contrario a la doctrina socialdemócrata, pero creo que un corporativismo moderado (como el expuesto por Duguit) es perfectamente compatible con una socialdemocracia que abandone o aplace indefinidamente la lucha por el socialismo, por la igualdad. De hecho, ese corporativismo tibio se extiende en Europa: su enemigo no son los partidos, por muy de izquierda que sean (esos pequeños partidos trotskistas, por ejemplo, fácilmente neutralizables mediante el mecanismo electoral, que les lleva periódicamente a una situación ridícula) sino que sería más bien el sindicalismo revolucionario, antiparlamentario. La propia Austria socialdemócrata contemporánea, de Kreisky, es un buen ejemplo de ese corporativismo moderno, moderado. Existe desde luego un Parlamento (no se ha inventado aún nada mejor que la ilusión de la soberanía popular, expresada electoralmente, para legitimar el sistema capitalista) pero la institución política fundamental es más bien la Comisión especial de salarios y precios. Otro ejemplo: el International Herald Tribune del 21 de junio de 1977 elogiaba a la socialdemocracia alemana, en un editorial titulado «Socialismo, nuevo estilo», por estar creando «un nuevo tipo de Estado corporativo, de ningún modo fascista, pero al parecer basado en la colaboración entre los sindicatos y las empresas bajo cierto control del Estado». Al mismo tiempo felicitaba a los laboristas británicos por estar yendo en la misma dirección. «Eso es muy bueno para la economía» decía el Herald Tribune (que es la edición parisina del New York Times y el Washington Post); podría haber añadido que mantener los partidos, las elecciones y el Parlamento (el no constituir, pues, cámaras representativas corporativas, o al menos, el no sustituir aquéllos por éstas) es muy bueno para la política, en el sentido de que así persiste la ilusión de la soberanía popular expresada en elecciones donde cada hombre y mujer tiene un voto, todos ciudadanos iguales. Es un signo de los tiempos que la expresión

«nuevo Estado corporativo» se use elogiosamente en un periódico liberal, como también lo es que ese editorial del Herald Tribune lleve una fecha que está entre la de la muerte del fiscal Buback y la del banquero Jürgen Ponto. Cuando existe una Comisión de salarios y precios, cuando hay un Pacto de la Moncloa, cuando nace un «nuevo Estado corporativo», desaparece la separación que la ideología capitalista liberal establecía entre economía y política, desaparece el principio de libertad de contratación, pero la politización (o moralización) de la economía se realiza no en contra sino a favor de la estabilidad del sistema. En la vieja ideología liberal, la economía funcionaba sola. Sucesivos golpes han ido haciendo insostenible este punto de vista. El keynesianismo, aunque de una parte contribuyó a que la economía pudiera ser considerada como un ámbito ajeno a la moral (recuérdense las paradojas keynesianas sobre la «inversión» no productiva) de otro lado defendió la intervención del Estado en la economía de mercado. La crítica moderna, sraffiana, de la teoría económica neoclásica vincula de nuevo la economía a la política; una de sus conclusiones es que la distribución de lo producido entre asalariados y capitalistas no puede explicarse con teoría económica, y que hace falta recurrir a una explicación sociológica, política, en términos de la lucha de clases. Aún más, la realidad de la «nueva inflación», que se interpreta como una inflación de costes, entre los cuales no sólo cuentan la energía y materias primas sino también los costes salariales, lleva muy directamente al «nuevo corporativismo» (véase Aubrey Jones, The New Inflation, 1973). En un capitalismo de casi pleno empleo (o con seguros de desempleo) la clase obrera (mediante huelgas muchas veces al margen de la burocracia sindical reformista) tiene poder para lograr aumentos de salarios que llegan a hacer caer los márgenes de beneficio y conducen a una disminución de las expectativas de beneficio, motor de la inversión privada. Todo eso lleva a que se elimine la separación ideológica entre política y economía, típica de la ideología liberal. Que la socialdemocracia colabore en la construcción de esos «nuevos Estados corporativos» es un tanto sorprendente, a primera vista. Habría que estudiar el socialismo gremialista inglés, por ejemplo, y hacer un catálogo de las tentaciones corporativistas en que haya caído a veces (¿de palabra, antes de la guerra mundial, más que de obra?) la socialdemocracia europea. Pero nos hemos desviado un poco de la discusión inicial: el origen y la defensa de las ideas corporativistas no está en la «izquierda» sino en la derecha. Esta derecha no ha hablado sólo por boca de clérigos católicos (como Seipel, o nuestro Herrera Oria) y de fascistas sino también por boca de intelectuales muy respetables.

Volviendo al artículo de Comín, creo que él se toma demasiado a la ligera el «denominado corporativismo católico» y parece desconocer esta tradición intelectual. No pienso que esa actitud de Comín responda a que, como católico, le moleste que se acuse a la Iglesia de propiciar o haber propiciado estas ideas. Creo más bien que el corporativismo (nótese que no digo el fascismo) resulta un tema incómodo de estudiar en la España actual, por dos razones. De un lado, la indudable vinculación al corporativismo católico de la mayor parte de los políticos de la UCD. La política de «reconciliación nacional» (el «no remover el pasado», como dice Carrillo) desaconseja sacar esta vinculación a la luz, tal como ocurriría si la historia de la ACNP (desde 1909 hasta 1978) se convirtiera en tema de discusión pública. De otro lado, el hecho de que una cierta dosis de democracia parlamentaria parece ser perfectamente compatible con un cierto grado de corporativismo (de colaboración entre sindicatos reformistas y la patronal, bajo el control estatal manifestado en una política de salarios y precios, y manifestado también en la represión contra el sindicalismo revolucionario y antiparlamentario, si éste llega a cobrar importancia), aunado al hecho de que la socialdemocratización del partido comunista (y, desde luego, la del partido socialista) no les lleva a oponerse a este nuevo Estado posfranquista. Ésas son las razones que hacen incómodo, inoportuno, discutir en España el corporativismo católico español, y el corporativismo, católico o laico, europeo. Es más, un libro como Eurocomunismo y Estado, de Santiago Carillo, toma ya partido, decididamente, por ese «nuevo tipo de estado corporativo», aunque evidentemente no le llame así explícitamente.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 58, 1977

Autor: Cur.

La clase trabajadora frente al capital

Pacto social o guerra de clases

Dentro del marco de una crisis estructural del capitalismo, se sitúa la definitiva decadencia del franquismo. Dicha crisis global, económica, social, ideológica..., por la propia especificidad del desarrollo capitalista en España, adopta aquí una forma fundamentalmente política. La crisis del franquismo será pues, sobre todo, crisis de dominación del capital sobre la clase trabajadora. Con la muerte del dictador se desarrolla un ciclo de luchas obreras que amenaza con abrir una profunda crisis. El capital y el reformismo obrero intentan utilizarlas cada uno según sus propios fines. El capital, para convencer a fracciones burguesas recalcitrantes, de la necesidad de la reforma; el reformismo obrero, para conseguir su propia legalización al presentarse como el único capaz de controlar los movimientos de clase. Reformismo obrero y reformismo del capital coinciden en lo mismo. Pactar una reforma contra los trabajadores, destruir la autonomía de la clase obrera. La derrota parcial de la clase trabajadora se sitúa el 15 de junio, cuando tanto el capital como el reformismo obrero desplazan la lucha de clases fuera de la fábrica, del barrio, de la escuela… y la sitúan en el terreno electoral, terreno de siempre favorable a la burguesía. Con la victoria de la UCD, que capitaliza para ella el «éxito» de la reforma política, pasa a primer plano la etapa más importante de la reforma política: el plan de ataque a la clase trabajadora. Plan que bajo nombres tan diversos como plan de austeridad, plan por la consolidación de la democracia, etc., había sido aplazado hasta entonces debido a la resistencia obrera y a la necesidad de concluir la transición política sin sobresaltos. En una primera etapa, el gobierno Suárez intentó conducir un ataque directo contra las condiciones de vida del proletariado. Pero a pesar de sus intentos no podía hacerlo por dos razones fundamentales. La composición de la clase era demasiado homogénea y, aunque dividida sindicalmente, únicamente una fuerte represión podía hacer «colar» un

plan de estabilización como el de 1959. Además, la UCD, si bien constituía ya desde el 15 de junio la articulación principal del Estado democrático, en tanto que confería la unidad política al nuevo Estado, tenía que contar con las fuerzas políticas de oposición. A una ruptura pactada en forma de pacto político, le correspondía un pacto social. Así nace el Pacto de La Moncloa, como encuentro dirigido a unir estabilidad política con incremento de productividad. Por esta razón, al menos en teoría, el plan de austeridad tiene contrapartidas «sociales». En la práctica se quedarán en meras palabras. La UCD se ha salido con la suya, pero al precio de unas fuertes críticas, más verbales que reales, de los empresarios y de la derecha «bien pensante» en general. La revalorización del PCE, la política monetaria restrictiva, están en la base de esta impugnación y en los intentos frustrados de crear la gran derecha. Por supuesto, estas contradicciones del plan que apartan momentáneamente ciertas fracciones burguesas del apoyo total a la UCD, no impiden la aplicación concreta del pacto. Es más, el partido en el poder llevará a cabo una aplicación unilateral, que será interpretada por el reformismo obrero como deterioro del pacto. La transición hacia la democracia burguesa alcanza en el Pacto de La Moncloa su punto culminante, y la importancia política de éste es mayor que la de la promulgación de la Constitución. Con el Pacto de La Moncloa no sólo aparece un nuevo corporativismo como ideología, sino la institucionalización de la nueva dictadura pluralista, basada no ya en un partido único, sino en todos los partidos del espectro institucional. Con la aprobación de la Constitución se ratifica un hecho ya anteriormente real. El Estado de los partidos o el sistema de partidos no es el resultado de un encuentro casual condicionado por la coyuntura de crisis. Es un encuentro histórico que se salda con una alianza estructural entre el reformismo del capital y el reformismo obrero, para poner a punto una verdadera política de Estado. Pero el Estado representativo, el sistema de partidos, aparece ya desde el primer momento opuesto a los intereses de la clase trabajadora. La dialéctica gobiernooposición y la política de Estado generada por ella, se traducen en concretas medidas antiobreras: congelación salarial mediante topes impuestos, paro, reestructuraciones… El sistema de partidos se muestra como agente directo de una política de clase de un nuevo capital social. El Parlamento, la Constitución quedan reducidos a

articulaciones, normas, del espacio en que se desenvuelve la política de la mixtificación. Son instrumentos anacrónicos e inútiles para dirigir un plan de ataque al proletariado. Su mantenimiento responde únicamente a la necesidad de recrear periódicamente el mito de la soberanía popular. La mediación y representación pierden importancia en el Estado representativo. La forma Estado en estos momentos de crisis no puede ser más que coerción. El Pacto de La Moncloa, entendido solamente como un momento en la aplicación de esta política de Estado, persigue un objetivo fundamental: recuperar el dominio del capital en la fábrica y en el territorio. Este objetivo general se puede concretar en: 1) Paralizar la caída de la tasa de ganancia, como fase anterior a un relanzamiento económico, lo que en la práctica supone un ataque al salario, paro y reducción del gasto público. Y de manera también directa, ataque político en forma de reestructuraciones contra la actual composición de clase. Estas agresiones afectan no sólo a las fracciones de clase móviles (construcción), sino también a la fracción de clase de las grandes empresas que hasta ahora había sido más protegida al tener garantía en el empleo. Es el caso de la Seat, Astilleros... que por razones de estabilidad política durante el franquismo tenían un bajo «estatuto» de productividad. El chantaje está claro cuando la burguesía repite que la estabilidad en el empleo supone un precio. Precio que no es otro que la renuncia a reivindicar mejoras salariales y, en general, de las condiciones de vida. 2) Terminar con la guerra de clases. Se trata de levantar un marco sociopolítico represivo pero menos rígido, capaz de transformar la guerra de clases en conflicto de clases para el desarrollo. En otras palabras, poner a punto unas estructuras de mediación/represión que negando el antagonismo hagan posible la absorción de la lucha obrera dentro del plan. El nuevo corporativismo como ideología se basa en la colaboración entre las clases, pero no en la anulación de la lucha de clases. Ésta es la diferencia esencial con el fascismo. El pacto social es posible, ni más ni menos, porque la lucha de clases permanece y es aceptada. Aunque, por supuesto, canalizada dentro del plan. El sistema de partidos penetra la fábrica y el barrio para restringir la libertad de expresión y de autodeterminación; aislar y reprimir todas las alternativas revolucionarias que se sitúan fuera de la legalidad burguesa; canalizar y programar la lucha obrera mediante los sindicatos; crear zonas de consenso e

integración de la clase obrera (campañas contra el terrorismo). En este sentido el ataque del capital, con su reafirmación en las nuevas estructuras de mediación/represión se complementa con una amplia ofensiva destinada a desplazar la fábrica del lugar central ocupado en el modelo económico social anterior. Desde las medidas económicas monetarias a la descentralización, pasando por una aplicación centralizadora de la cibernética en procesos productivos continuos, la finalidad es siempre la misma: destruir la centralidad de la fábrica, es decir, la fuerza estructural de la clase trabajadora para levantar la hegemonía del sistema de partidos.

Lucha obrera y Pacto de la Moncloa

No hace falta hacer un balance muy exhaustivo para darse cuenta de que el pacto social se ha cumplido bastante bien. La inflación ha descendido en 1978 de un 25 a un 16 %, aunque sigue siendo una de las más elevadas de los países de la OCDE. El paro ha aumentado pero dentro de un «orden», hay buenas perspectivas en el sector exterior. El control salarial ha sido un éxito y, en cambio, las contrapartidas de carácter social están aún en el aire. La devolución del patrimonio sindical, la participación de los sindicatos en la Seguridad Social, en las juntas de precios, etcétera, no son más que frustradas ilusiones del reformismo obrero. El balance político del pacto es éste: la UCD ha salido fortalecida gracias al apoyo directo del PCE y al indirecto del PSOE. El reforzamiento de la burguesía ha sido evidente. Ante la ofensiva combinada que es el Pacto de La Moncloa, la clase trabajadora ha dudado y ha tardado en reaccionar. Sus instrumentos clásicos de lucha (la asamblea, los delegados, los piquetes que constituían la base de una práctica autónoma que ha calado hondo) se encuentran mixtificados por unas elecciones sindicales celebradas gracias al reformismo obrero, y que reducen al delegado a policía encargado de vigilar la productividad, y a la asamblea a mitin de tipo parlamentarista. La clase obrera ha utilizado, una vez más, los convenios como el momento más favorable para romper el pacto social. El proletariado ha mostrado su fuerza al utilizar los sindicatos para abrir la lucha, pero también su

debilidad, al permanecer prisionero de ellos. Las centrales sindicales han recuperado el territorio, la zona, para reconstruir el dominio en la fábrica. La división sindical, por otro lado, concretada en una absurda y triste disciplina, ha obrado como elemento de paralización. No ha sido posible un sindicalismo duro, ni muchísimo menos, la generalización de la lucha cuando la coincidencia en el tiempo de varios convenios ofrecía inmejorables condiciones. (En la provincia de Barcelona llegaron a coincidir los convenios de hostelería, construcción, metal y textil.) La clase trabajadora no ha podido unificar las luchas, porque esto hubiera supuesto un enfrentamiento directo con sus propias centrales sindicales. La intervención de la CNT (en un próximo número nuestro dedicado a la CNT se profundizará en la intervención de dicha organización) se ha situado entre el voluntarismo y la impotencia. La CNT es la única fuerza política y social no comprometida directamente con la política de dominación del capital (Pacto de La Moncloa, elecciones sindicales, etc.), y probablemente la fuerza más combativa en las luchas por la consecución de convenios de ramo. Sin embargo, esta posición que debería conducir lógicamente a un proceso de afianzamiento y desarrollo de la organización no está obteniendo ningún fruto, ni para la CNT en particular, ni para la clase obrera en general. En efecto, la CNT es capaz de provocar, de radicalizar luchas, pero es incapaz de resolverlas, de alterar la correlación de fuerzas entre capital y clase trabajadora. Paralizada por el asunto de La Scala, el mismo día que empezaba la campaña contra el Pacto de La Moncloa, no enfrenta las necesidades de los trabajadores más que en el terreno coyuntural, y aun ahí con una práctica dispersa (sindicato por sindicato, local por local). La oposición de la CNT al Pacto de La Moncloa es verbal. No ofrece respuestas ni movilizaciones. La crisis de CNT, como expresión organizativa de los trabajadores más conscientes, pone en duda la propia existencia de un espacio político en el que desarrollar una práctica subversiva, o por lo menos revela la dificultad en abrirlo. La última huelga de gasolineras, con su lento acabar, con todas sus contradicciones, es el mejor ejemplo para comprender nuestra afirmación anterior. Durante los últimos años del franquismo y hasta la huelga de las gasolineras, sólo había habido dos tipos de huelgas. Las luchas autónomas (Harry Walker 1970, Vitoria 1976, Roca 1977), predominantes en todo momento, y las luchas dirigidas y capitalizadas políticamente de modo inmediato (Baix Llobregat 1975,

etc.). Por supuesto, a lo largo de esos años tendrán lugar múltiples luchas intermedias, con componentes autónomos y dirigistas. La huelga de las gasolineras es un nuevo tipo de lucha. En cierta medida, es una lucha dirigida — ya que sin la presencia de la CNT no se hubiera dado—, aunque evidentemente no en el sentido que lo hubiera hecho un partido político. Pero, por otro lado, es una lucha autónoma conducida por los propios trabajadores constituidos en asamblea. Sin embargo, el nivel de autonomía obrera es mínimo. Los gasolineros son trabajadores por lo general muy mayores, con poca tradición de lucha, y trabajando de forma dispersa, lo que presta mayor eficacia a la represión y la coacción patronal. Incapaces de actuar por sí mismos con su única arma, el sabotaje de las instalaciones, esperan la intervención que viene desde fuera, el piquete. Ésta es la contradicción y ése el auténtico drama. Una huelga de la CNT —mal que nos pese— soportada por trabajadores que todavía no son de la CNT realmente. De aquí se debe arrancar para averiguar qué es lo que verdaderamente se debatía en la huelga. La interpretación «triunfante» es la más reformista: la intervención policial anula el derecho de huelga, la libre negociación colectiva. Sobre este análisis, que la izquierda de CCOO haría suyo, se convoca una manifestación, y a pesar del descenso de planteamientos, la CNT es incapaz de aglutinar alrededor de ella un «bloque de izquierdas». Con menor fuerza, la interpretación más izquierdista sostiene que la huelga de las gasolineras es una lucha contra el pacto social. Esta valoración, con elementos de verdad al igual que la anterior, sólo se concreta en alguna manifestación conjunta con la CSUT en alguna localidad, ante la pasividad de la USO y del SU. En la práctica, es imposible desgajar a estas organizaciones del sistema de partidos. La conclusión no puede ser más evidente. La lucha de las gasolineras no permite la creación de un «bloque de izquierdas», ni de una «oposición de clase», porque lo que realmente está en juego va mucho más allá de estos planteamientos reformistas. Lo que se debate es, ni más ni menos, la propia existencia de la CNT; es decir, la existencia de un espacio político y social en el cual desarrollar una práctica autónoma y subversiva. Y de modo secundario, pero unido a lo anterior, se debate también la función de los sindicatos de clase (porque CCOO y UGT son sindicatos de clase) en el capitalismo moderno, función que no es otra que el control de la clase obrera y la planificación de la lucha de clases según las necesidades del capital. La CNT no puede terminar la huelga y asiste impotente a su lenta agonía. Ante el relativo fracaso se alzan distintas opciones. Por una parte, convertir la CNT en

mero sindicato reivindicativo en competencia con las otras centrales. La postura opuesta es la tentación de la ilegalidad. Una y otra son posturas extremistas de derecha y de izquierda, pero ambas poco tienen que ver con una opción revolucionaria. Tanto una como otra eluden el verdadero problema: hacer posible aquel espacio político y social revolucionario; consolidar una CNT capaz de impulsar realmente la autoorganización de los trabajadores y una auténtica oposición de clase. El Pacto de La Moncloa se cierra con una amarga experiencia. Durante el franquismo, la clase trabajadora consiguió en varias ocasiones romper los topes salariales impuestos por el Estado. Ahora, en la transición a la democracia burguesa, no ha podido hacerlo. La intervención de los sindicatos ha sido determinante en este sentido. La lucha obrera se ha quedado en resistencia, sin ir más allá. La crisis, instrumento político del capital, unida a una masiva campaña encaminada a que se acepte la austeridad como precio de la democracia, ha situado al proletariado en posición defensiva. De la lucha autónoma por la apropiación del salario, se ha pasado a la lucha por la defensa del puesto de trabajo. De una lucha ofensiva a una lucha a la defensiva.

Autor: Lima.

Sin embargo, la clase obrera ha luchado. Consciente de sus limitaciones. Ha luchado porque sabe por experiencia que es mejor perder luchando que permanecer inmóvil ante el ataque capitalista. La renuncia a avanzar hacia una crisis revolucionaria sólo es un momento en la lucha de clases. El proletariado sabe que en esta fase su lucha sólo puede ir encaminada a condicionar el desarrollo del capital, a imponerle la necesidad de una recuperación económica forzada y ficticia.

Ante un nuevo pacto social

La política de Estado del sistema de partidos se ha desplegado en toda su extensión. Elecciones generales, Pacto de La Moncloa y Constitución han sido distintos momentos de su planificada concreción. La tendencia del capital ha sido reafirmar progresivamente su tasa de ganancia y su dominio en la fábrica. La crisis gestionada por el sistema de partidos es un arma eficacísima para desalentar la lucha obrera. La crisis, como estado de excepción contra la clase obrera, como instrumento político de intervención directa, ha dado claramente sus frutos. La congelación salarial, el paro, las reestructuraciones, etc., gracias a la mediación institucional, no han generado ningún potencial antagónico. Al contrario, la crisis ha sido vivida por los trabajadores de manera defensiva, con resignación. El nuevo marco sociopolítico, si bien no ha integrado más a los trabajadores, ha sabido introducir el miedo a la ilegalidad y la pasividad como comportamiento. En última instancia, el temor al golpe de Estado es el argumento definitivo para cortar todo brote de rebelión. Esta política de Estado y su manifestación aparente, el consenso, tienen un precio: el desgaste de las fuerzas políticas que de un modo u otro participan en el sistema de partidos. La UCD, el PSOE, el PCE, la AP, etc., junto a los extraparlamentarios forzados

del PTE, la ORT, etc., pierden aparentemente su carácter de clase para convertirse en organizaciones políticas que defienden la misma economía nacional, la misma democracia y atacan al mismo terrorismo. La coincidencia en celebrar manifestaciones antiterroristas ha puesto en un mismo saco a organizaciones obreras y a organizaciones claramente fascistas como Fuerza Nueva. Las organizaciones obreras, los sindicatos, se ven atravesadas por graves contradicciones a consecuencia de esta política de Estado. Los militantes entran en crisis, los afiliados ven a todas las organizaciones iguales. Por ello, renunciar al consenso es una necesidad ineludible para todas las fuerzas políticas, desde la UCD hasta el PCE, aunque éste parezca el más interesado en mantener su ficción. Las declaraciones del secretario del PSOE anunciando una época más agitada después de la aprobación de la Constitución apuntan en este sentido. Pero la estabilidad del actual sistema de dominación requiere un pacto interclasista y renunciar al consenso es una utopía. Los partidos políticos no pueden renunciar a una cierta forma de consenso, porque el capital necesita hacer copartícipes de la represión de la clase trabajadora a las fuerzas políticas obreras. La alianza que llamábamos estructural y que conduce al sistema de partido no puede romperse. El sistema de partidos no puede desaparecer sino formalizarse de modo distinto. La existencia de las diferentes organizaciones políticas está vinculada a la supervivencia y la eficacia del sistema de partidos. «Terrorismo NO, Constitución SÍ» es la línea de demarcación. Ésta es la contradicción principal. Concentración e integración de las distintas fuerzas políticas a pesar del desgaste que ello supone. El desgaste político de CCOO alcanza los mayores niveles, niveles impensables hace un año. El nuevo pacto social, la aplicación concreta de la política de Estado en esta fase, es más transparente que el pacto anterior. La burguesía, consciente de su éxito, se expresa claramente. «Hay que doblegar la inflación que aún no se muestra totalmente controlada... Pero todo ello no será posible sin una razonable moderación de los crecimientos salariales, sin una cierta flexibilidad de plantillas, sin un aumento de la productividad», se puede leer en un editorial del ABC. El llamado «papel» de la CEOE todavía es más expresivo: «Paz social… Flexibilidad en la contratación... Recuperación de los beneficios empresariales para 1979.» La necesidad de proseguir el pacto social demuestra que la clase trabajadora no ha sido derrotada, ni por la crisis ni por la represión. Pero la debilidad de la burguesía, que renuncia a un ataque frontal, no tiene que hacernos creer en su fracaso. Al contrario. Los partidos, los sindicatos y las

organizaciones del régimen corporativo saben lo que se están jugando. La simplicidad de una economía política que gira alrededor de unos pocos conceptos —productividad, salarios, beneficios— demuestra hasta qué punto el enfrentamiento entre las clases es directo. Todos los componentes del sistema de partidos están de acuerdo en atacar nuevamente a la clase trabajadora, en reducir drásticamente su nivel de vida y su fuerza política. Únicamente difieren en cómo hacerlo. El objetivo que se asignan no es sólo destruir la autonomía de la clase obrera, sino conquistar una mayor hegemonía política, y en esta fase adquiere ello más importancia que anteriormente dentro del sistema de partidos. De ahí la tardanza en llegar a unos acuerdos que en cierta manera son marginales, como lo son el número de interlocutores, la duración, etc. El objetivo central del pacto es aceptado por todos. Las divergencias giran alrededor de la lucha por la hegemonía política. La UCD pretende afirmarse como árbitro en la disputa patronal-obreros. El PSOE no quiere dar un cheque en blanco a la UCD y se niega a participar en un pacto antipopular. Prefiere que sea la UGT —y sólo por un año— la que acepte en su lugar el pacto social. El PCE, que ha sido el que más se ha beneficiado de la política de consenso, se pronuncia por un gobierno de concentración, es decir, por un gran pacto nacional que involucre a todas las formaciones del sistema de partidos, o por lo menos una especie de supergobierno que controle la aplicación del pacto. Hay que dar de lado a todas estas maniobras previas que disimulan lo que verdaderamente está en juego en la lucha por la hegemonía política: la forma que adoptará el sistema de partidos. Para la UCD y el PSOE, el bipartidismo es la solución ideal. La alternancia en el gobierno es vista como la mejor manera de estabilizar el capitalismo en el Estado español. En cambio, el PCE sabe que el bipartidismo lo lleva a un aislamiento completo, y por esto propugna soluciones del tipo de gobierno de concentración nacional, ahora, y más adelante, si la situación se agrava, de gobierno presidencialista, mientras espera socavar la fuerza del PSOE gracias a su política de convergencia con la UCD, y a través de las CCOO, como lo ha hecho el Partido Comunista Italiano con éxito. Las pugnas alrededor de la forma que adopte el sistema de partidos no deben hacer olvidar que la opción política que dirija el final de la reforma y la recuperación de la economía dentro del actual marco sociopolítico tiene que tener un marcado carácter socialdemócrata. El reformismo del capital puede hacerse socialdemócrata, y el Congreso de la UCD apunta en este sentido. Pero

en la práctica, una coalición UCD-PSOE sería el tándem más adecuado para conducir sin sobresaltos el final del proceso de reforma política. La situación económica y social es más favorable para el capital en estos momentos que poco después de la caída del franquismo. Un nuevo pacto social con un tope salarial acordado entre todas las formaciones políticas supondría dar continuidad al consenso y, por lo tanto, un incremento del desgaste político. Por ello, no podrá extrañar que no se firme un nuevo pacto social si no se llega a un pacto político implícito. Posiblemente, no sea necesario firmarlo. El nuevo pacto social adoptará una forma más eficaz. Será autoimpuesto «para no agravar la crisis que podría desestabilizar al país». Serán las mismas sindicales las que se fijarán el tope salarial. Las CCOO de la SEAT piensan luchar por un 16 % de aumento salarial. Aunque si las sindicales se sienten débiles para controlar los movimientos de clase, siempre puede ir bien un decreto que marque el tope salarial. En última instancia, el dominio del capital bajo forma de una norma objetiva e impersonal continúa siendo una de las mejores soluciones para él. Lo que es seguro es que el PCE, a través de CCOO, está dispuesto a promover cierta conflictividad laboral. No deja de ser paradójico que la misma lucha obrera, convenientemente encuadrada, sea el camino que conduce al pacto social.

Por una lucha subversiva

El ciclo de luchas de los años 1969-1971 —huelgas de Asturias, de Harry Walker, ocupación de la SEAT— supuso una verdadera ruptura del plan del capital. Por vez primera, todos los objetivos de lucha —mejoras salariales, contra la organización del trabajo, solidaridad, etc.— convergen en un sistema de luchas autónomas contra el Estado franquista. El reformismo obrero intenta encauzar, sin conseguirlo, el movimiento subversivo hacia planteamientos democráticos e interclasistas. A partir de ese ciclo de luchas obreras, el Estado franquista entra en una fase de prolongado deterioro y debe desarrollar mecanismos de defensa. La reforma política pretende ser el dique que frene el desarrollo de la autonomía de la clase obrera. Pero, como en Francia e Italia, donde el capital debía hacer frente al mayo de 1968 y al otoño caliente de 1969, ciclos de lucha que corresponden al que tiene lugar en el Estado español, el ataque a la clase obrera tiene un mismo contenido: inflación y reestructuración,

en una primera etapa; crisis abierta, en una segunda fase. La inflación como mecanismo para atacar el nivel de vida alcanzado, como mecanismo de dominio directo sobre la clase obrera para obligarla al trabajo. Mediante la subida constante de los precios, el capital prosigue su propia valoración a la vez que encadena más el proletariado al trabajo. Las reestructuraciones como mecanismo para dividir a la clase obrera, para enfrentar entre sí los distintos sectores —parados con no parados, obreros de grandes empresas con los de las pequeñas—, para aniquilar la fuerza conseguida tras muchas luchas en las grandes empresas; para centralizar el poder capitalista en los centros de producción cuya ruptura parcial conduce a la desarticulación del proceso productivo; para romper la unidad política de clase, la homogeneidad social alcanzada mediante una práctica (asambleas, comités elegidos y revocables, etc.) crecientemente unificada. El ataque a la clase obrera protagonista de ese ciclo de luchas persigue, antes que nada, destruir no sólo esa homogeneidad y esa unificación, sino los comportamientos de clase masivamente extendidos que erosionan el dominio capitalista: absentismo, rechazo del trabajo, desinterés, sabotaje, insubordinación, etc., no son ya actos individuales, pues son practicados por un número cada vez mayor de trabajadores. El rechazo del trabajo, en todas las formas en que se expresa, constituye un auténtico comportamiento de clase.

El rechazo del trabajo como comportamiento de clase

El rechazo del trabajo no es un dato sicológico más o menos difuso. Es una consecuencia directa de la evolución del capitalismo: aumenta la separación entre trabajo manual e intelectual; el capital se apropia del control y del dominio sobre la producción; el trabajador se limita a repartir simple fuerza de trabajo, convirtiéndose en pieza de un mecanismo que no controla; el trabajo se hace más abstracto; el capitalista sólo tiene en cuenta la velocidad de ejecución. El absentismo, la insubordinación, el rechazo del trabajo son la respuesta obrera a estas condiciones de fábrica, imprescindibles para la acumulación capitalista. Hay que destacar que, si bien se ha dado siempre el rechazo del trabajo, sólo a finales de la década de los sesenta adquiere éste un carácter masivo y significativo. Y su significación es política, por cuanto expresa una correlación

de fuerzas entre capital y trabajo. El rechazo del trabajo es un dato político del que hay que partir ineludiblemente. Es un dato político porque ataca directamente al poder del capital. La preocupación del capital por aumentar incesantemente la productividad halla como freno objetivo la resistencia activa de los obreros que se oponen a una sobreexplotación. El capital es consciente de lo que hay detrás de esa resistencia. Para anularla, la fracciona. Una revista patronal proponía recientemente contra el absentismo: fomentar la conciencia cívica, vigilancia sanitaria, incentivos por asistencia; contra el desinterés en el trabajo: utilización de la sicología industrial; contra el sabotaje: la denuncia premiada; contra la insubordinación… Lo común a todos los casos es la propagación de la ideología productivista, la ideología que defiende el valor del trabajo. Para la burguesía, como para los futuros burócratas dirigentes (léase los políticos, incluidos los políticos de la apolítica), el trabajo es dignificante y el rechazo del mismo tiene un carácter individualista. Sin embargo, la ideología productivista es atacada por los obreros en la estructura de sus mismas reivindicaciones. Cuando los obreros luchan por aumentos lineales para todos, desligan claramente el tipo de ocupación y su valorización, fundamento de la jerarquía en la fábrica. En suma, trabajos con distinto «valor» para la burguesía tienen el mismo «valor» para el proletariado. Para el joven trabajador no tiene sentido alguno lo que fue tan apreciado por los viejos luchadores obreros: «El primero en luchar, pero también el primero en cumplir». Este comportamiento es el que quisieran reintroducir los burócratas de turno, desde los reformistas hasta los pretendidamente izquierdistas. El miedo del capital a que se extienda y se haga consciente el rechazo del trabajo parte de una intuición práctica. Un conocido industrial italiano expresaba este temor después del otoño caliente: «El aspecto más preocupante de las luchas no es tanto lo que se deja de ganar, aunque es muy importante, ni los gastos que implican los nuevos acuerdos, sino el clima de indisciplina y desorden que ha reinado en las empresas.» El rechazo del trabajo, cuando se masifica y se hace práctica consciente, se convierte en contrapoder frente al capital. En la fábrica, la lucha por objetivos antiproductivistas es lucha anticapitalista, aunque no toda lucha anticapitalista sea antiproductivista.

La apropiación del tiempo libre

El rechazo del trabajo se reafirma en la lucha por la conquista del tiempo para vivir. La innovación tecnológica lejos de reducir las horas de explotación convierte el trabajo en verdadero suplicio, durante el cual el obrero es simple pieza del automatismo al que sirve. En esas condiciones, el tiempo para vivir y el tiempo de trabajo se oponen brutalmente. Un cambio cualitativo empieza a manifestarse entre el proletariado joven. La concepción del tiempo libre, entendido como residuo arrancado al tiempo de trabajo, es progresivamente sustituida por otra concepción, en la que el tiempo de trabajo se ve como expropiación del tiempo libre y para vivir. El tiempo perdido en trabajar no encuentra verdadera compensación. El consumo de más mercancías es todo lo que se puede esperar.

Una estrategia de los objetivos

En las luchas autónomas de los años 70 se manifiestan como comportamientos de clase el rechazo del trabajo, la conquista del tiempo para vivir y, sobre todo, la apropiación de la riqueza producida. Pero estos comportamientos no constituyen objetivos de lucha explícitos. El absentismo no puede organizarse establemente. Y tampoco tienen salida las luchas por el tiempo libre en abstracto o por la obtención de la riqueza de manera aislada. Por eso es necesario partir de estas prácticas reales y apoyarlas para poder avanzar, señalando unas líneas que constituyan el fundamento de una estrategia de objetivos. Estas líneas generales deben apuntar de forma inmediata hacia: 1) La lucha por un salario suficiente. Éste es un punto fundamental, pues el salario es la medida de una determinada correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo, a pesar de los que denuncian la inutilidad de la lucha salarial por su recuperación inmediata. Una victoria en el terreno salarial supone una ruptura del pacto social y, por lo tanto, una posición de fuerza en la fábrica. La lucha por un salario suficiente se sitúa hoy en la voluntad de apropiación de la riqueza producida porque es un paso hacia la consecución de un salario social que obligue al Estado a incrementar el gasto público de forma desesperante para sí mismo (escuelas gratuitas, equipamientos sociales, salario para los parados, etc.).

2) El ataque directo a la organización capitalista del trabajo. No basta con intentar controlar la organización capitalista del trabajo porque sólo se pueden controlar los excesos en la explotación. Deben atacarse los principios y las aplicaciones concretas de la organización capitalista del trabajo. La lucha contra las condiciones inmediatas de trabajo, los ritmos, la nocividad, etc., son aspectos de una lucha ideológica que plantea la alternativa de una forma distinta de producir y señalan una práctica contra la organización del trabajo. A la exaltación de la productividad como forma de cooperación interclasista que utiliza el reformismo, deben oponerse prácticas concretas contra la producción que supongan un avance del contrapoder obrero en la fábrica. 3) La disminución del tiempo de trabajo. Es un objetivo inmediato que expresa la voluntad de liberación de la clase trabajadora en su lucha contra el capital y la productividad. La lucha por la disminución del tiempo de trabajo sitúa en el terreno de lo concreto la lucha por la apropiación del tiempo libre que, de otra forma, quedaría como un objetivo abstracto, individual y ajeno al enfrentamiento contra el modo capitalista de producción. El binomio salario-horario está en el centro del debate teórico y práctico que debe llevar a la consolidación de niveles crecientes de contrapoder y, por lo tanto, de enfrentamiento contra el capital y su Estado. Éstos podrían ser tres ejes generales para recomponer la unidad de la clase obrera en una perspectiva antiautoritaria y de clase. Pero para que estos ejes no conduzcan a un camino sin salida, hay que contemplar un nuevo elemento relativizador: la creciente marginación y desvalorización de la fábrica.

Fábrica y sociedad

Antes de la actual crisis capitalista, la fábrica constituía el centro productivo por excelencia. La fábrica era también el lugar donde el capital reproducía su poder, sus jerarquías, su dominio, y, por otro lado, donde los trabajadores se constituían en clase, en sujeto antagónico a través y en la acción directa. El franquismo acentuó el papel hegemónico de la fábrica en la sociedad. Un conflicto obrero, como podría ser una huelga o una ocupación, suponía, de hecho, un problema de orden público, y tenía un alcance político y social enorme. Hoy la realidad es

bien distinta. Una huelga, una ocupación, si son realizables (!), no tienen ni muchísimo menos implicaciones tan grandes. La lucha obrera no ataca tan fácilmente al poder de clase de la burguesía, pues la fábrica no ocupa el lugar privilegiado de antes. Este dato no es exclusivo del Estado español. Con otra dimensión, el mismo fenómeno se ha reproducido en Italia, Francia, etc., lo que no es casual, si situamos la desvalorización de la fábrica en el contexto de la lucha de clases como un momento necesario en el ataque del capital contra la clase obrera. ¿Significa esto que la fábrica deja de ocupar un lugar central y que sólo queda como posibilidad la lucha marginal? No. Las relaciones sociales de producción se extienden, la fábrica se hace social y penetra en el territorio. Los objetivos de lucha anteriores no cambian, sino que se sitúan en una perspectiva distinta. Un flujo de subversión debe atravesar la fábrica y fundirse con la insubordinación nacida en el territorio. La acción directa en el territorio (ocupaciones de casas, no pago de recibos) debe fusionarse con la resistencia en la fábrica frente al trabajo, por la lucha salarial, etc. Y, por supuesto, la lucha de los marginados es parte constituyente de este movimiento subversivo. Pero sólo una parte. Posiblemente éste sea el mejor camino para reafirmar la autonomía de la clase obrera frente al capital, al Estado y a los partidos y sindicatos. En este marco general, que arranca del análisis del ciclo de luchas más importante del franquismo, debe inscribirse la lucha contra el sistema de partidos. Contrariamente a lo que algunos creen, la lucha en abstracto contra el Estado nunca ha sido posible.

COLECTIVO AUTONOMÍA DE CLASE (seudónimo de JOSÉ ANTONIO DÍAZ, SANTIAGO LÓPEZ y ENRIQUE RODRÍGUEZ) CRI 61, 1979

Un ejemplo de reestructuración antipopular: Las cajas de ahorros

Como es bien sabido, las cajas de ahorros forman un conjunto de instituciones de crédito cuyos recursos ajenos se elevan a más de 2.700.000 millones de pesetas, frente a los 4.900.000 de la banca privada. Y todo ciudadano informado asocia estas entidades a frases publicitarias bien instrumentadas por la Confederación Española de Cajas [CECA], organismo que las asocia y coordina, como «el interés más desinteresado», «lo bueno», u otros similares que subrayan el carácter no lucrativo de las mismas. Pero ¿podría cualquier ciudadano normal responder a la pregunta de qué es una caja de ahorros? Es de temer que no sólo el ciudadano normal sería incapaz de hacerlo, sino incluso los dirigentes de las mismas cajas se verían en grandes apuros para dar una definición coherente. En realidad, nadie puede saber en este país cuál es la configuración legal exacta de estas instituciones, lo cual hace muy difícil su definición. La norma en vigor para las cajas en cuanto a configuración se refiere es el Decreto de 14 de marzo de 1933, de Estatuto de las Cajas Generales de Ahorro Popular, que en su artículo 1.o las define como «instituciones beneficosociales, sobre las que el Ministerio de Trabajo y Previsión ejercerá exclusivamente el protectorado oficial». El artículo 4.o establece que «gozarán de la consideración de elementos auxiliares del Ministerio de Trabajo», y que su acción se considera «coadyuvante del Estado». El Real Decreto de 21 de noviembre de 1929, sobre Régimen del Ahorro Popular, anterior Estatuto de las Cajas, las definía como «establecimientos benéficos dependientes de Gobernación», citándolas como Cajas de Ahorro Popular. Por otra parte, la Real Orden de 23 de enero de 1873, define al Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid como «establecimiento benéfico dependiente del Ministerio de Gobernación». Como vemos, aunque es problemático saber si se trata de fundaciones, corporaciones o asociaciones, que son las formas de personas jurídicas que

reconocen el vigente Código Civil, está fuera de dudas de que se trata de entidades controladas por el poder público. Esto debe regir tanto para las treinta y cuatro cajas fundadas por diputaciones o ayuntamientos, que istran el 32 % del total de recursos ajenos del conjunto, como para las cincuenta de patronatos privados que manejan el 68 % restante. Ahora bien, ¿cómo se ejerce el control público de las de patronato privado? No son, desde luego, los Ministerios de Trabajo o Gobernación los que lo realizan. La Ley de 6 de febrero de 1943 determinó la dependencia del Ministerio de Hacienda en su actuación como establecimiento de crédito. Posteriormente, en 1962, la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y de la Banca estableció que el control como entidades financieras pasara al Banco de España. Es decir, el control público sobre su actividad general se ha difuminado con el tiempo hasta quedar reducido en la práctica al control financiero. En la actualidad, tenemos que estos «elementos auxiliares de la acción del Estado» actúan como unas entidades de crédito o bancarias más, habiendo perdido su carácter popular o benéfico, excepto en la aplicación de sus exiguos resultados. Por su parte, los jefes de la CECA se esfuerzan concienzudamente en eliminar definitivamente esa amenaza de control público.

La no búsqueda de la identidad

El caso de las cajas españolas no es en absoluto original, puesto que en el resto de Europa el problema de la configuración y control también se ha planteado en otras épocas. Como aquí, las cajas nacieron para estimular el ahorro, proteger a las clases populares de la frecuente voracidad de los bancos, sin ánimo de lucro y sin pertenecer a socios, fundadores o directivos, generalmente fruto de iniciativas de corporaciones locales, grupos mutualistas o cooperativas o personalidades filantrópicas o religiosas. Pero con el paso del tiempo se han acomodado a las sociedades democráticas europeas. Así, en Suecia, Dinamarca y Noruega las cajas, cuyo número alcanza varios centenares, trabajan en ámbitos locales o comarcales, teniendo gran conexión con los gobiernos locales y estando muy enraizadas en las comunidades del ámbito de actuación. Esto permite un control directo por parte de los

depositantes, completado por el control público que aseguran los mismos gobiernos locales o el gobierno central. En sus operaciones activas satisfacen las necesidades de crédito de los ciudadanos, como bancos populares, o de los gobiernos locales o central —adquiriendo bonos— de forma preferente. El carácter participativo de estas sociedades asegura un funcionamiento plenamente democrático de las cajas, cuyos dirigentes son elegidos por los impositores, en colaboración con los consejos municipales. Como es lógico, en la España franquista, ni en la que le precedió, con un profundo caciquismo municipal y provincial, este funcionamiento de las cajas no pudo existir, al faltar sencillamente la democracia. Sin embargo, tampoco se dio en España un paso que hubiese estado de acuerdo con el intervencionismo de los «cuarenta años de paz» y que consistía simplemente en adaptar el Estatuto de 1933 a los nuevos tiempos, declarando a las cajas entidades de derecho público en su totalidad. Ésta es la situación de las cajas en Italia y casi totalmente en Alemania, el primer país de Europa en cuanto importancia de las mismas, donde están controladas por los gobiernos locales. En Francia, Bélgica y Holanda, las cajas no se han desarrollado tanto, ante la competencia de bancos cooperativos o populares, si bien existen grandes instituciones públicas de ese carácter, como la Caja Postal sa o la Caja de Ahorro y de Pensiones belga.

Las cajas, motor del desarrollo

En España, durante la época de Franco, las cajas crecieron espectacularmente: en 1940 apenas istraban el 10 % de los recursos ajenos de la Banca, en 1954 ya tenían el 30 % y en 1971 el 50. Durante este tiempo sirvieron para financiar, en una primera época, la tradicional insuficiencia fiscal de la Hacienda del régimen, y posteriormente el desarrollo capitalista a través del INI o las grandes empresas, adquiriendo títulos de renta fija. En mucha menor medida financiaron la agricultura, la vivienda o la pequeña empresa. De esta forma, el ahorro de las clases populares no ha servido para financiar preferentemente sus propias necesidades —el crédito a la vivienda en nuestro país ha sido escaso y a plazos medios, a diferencia de otros países—, sino para desarrollar los sectores monopolistas de la industria, especialmente desde 1959. Desde esa época se

detecta además una presencia creciente del Opus Dei en la CECA, competidora de la implantación de los Propagandistas y otras corrientes conservadoras católicas. La regulación a través de coeficientes fue aceptada en las cajas con creciente desagrado desde mediados de los sesenta, sin tener en cuenta su «carácter coadyuvante de la acción del Estado» — ¿y qué mayor colaboración que contribuir al crecimiento de los sectores mimados por el Estado franquista? —. En esto, la resistencia de sus dirigentes ha estado orientada por igual contra los llamados «préstamos de regulación especial» para adquisición de vivienda, pequeños empresarios, a la propiedad, etc., como contra «el coeficiente de fondos públicos», que obliga a comprar títulos de renta fija del Estado, del INI y sobre todo de grandes empresas. En estos jerifaltes no hay falsos populismos: la petición mil veces repetida en las asambleas de la CECA ha sido que las cajas puedan actuar como bancos. Con ello, los dirigentes de las cajas, representantes en el caso de las privadas de fantasmales sociedades de Amigos del País, de círculos católicos, de asociaciones benéficas y otras entidades igualmente «representativas», buscaban un lugar al sol. Un lugar propio en la oligarquía financiera, un puesto junto a los Villalonga, los Garnica o los Urquijo. No es que los hombres de las cajas no ocupen los cargos que han merecido en el capitalismo español, pues ahí están los Coronel de Palma, Allué, Carreras, Sancho Dronda, etc., sentados en los consejos de istración de las compañías eléctricas, constructoras, químicas o concesionarias de autopistas, como compensación a sus servicios en las cajas, por los que no cobran, aunque luchen despiadadamente entre ellos para poder desempeñarlos desde un nivel superior. La cuestión es convertir en bancos unas instituciones de carácter público o semipúblico y teórica orientación popular; así el control por los depositantes o el pueblo será más difícil, olvidándose aquellas modestas entidades benéficas originarias. La situación deseada es perfecta: bancos sin accionistas, sin arriesgar capital, con una configuración legal más que confusa, una aureola de benéficos y un mero control técnico, frecuentemente insuficiente por parte del Banco de España. Curiosamente, en ninguna de dichas asambleas anuales se ha pedido jamás que se aclare el carácter jurídico de las cajas, que se regule la representación de los depositantes en los órganos de gestión, que se establezcan órganos de participación democrática en la dirección, que se regule la inversión de sus recursos preferentemente en la región de origen, en lugar de transferirlos a las regiones ricas donde invierten en mayor medida el INI o las grandes empresas.

Tampoco se pidió libertad para financiar a los compradores de viviendas de protección oficial, a los agricultores o a los empresarios modestos a largo plazo en condiciones adecuadas o para publicar las cuentas de pérdidas y ganancias, como corresponde a los bancos. La única justificación de la existencia de las cajas que daban los padres de la CECA es la inversión de los beneficios en obras benéficas. Beneficios que, en parte por los bajos excedentes entre tipos activos y pasivos y en parte por los enormes gastos de explotación —entre los que hay que destacar los magníficos sueldos del personal, para conseguir su fidelidad—, únicamente han sido suficientes para que en el balance conjunto de las cajas sólo el 1,5 % de los recursos estén destinados a obras benéfico sociales, de los cuales, no más del 0,65 % están materializados. Y, además, esta insignificante obra en términos de balance, realizada con criterios paternalistas y anticuados está en crisis, pretendiendo las cajas en estos momentos que sea transferida al Estado o a la istración territorial por ser demasiado oneroso el mantenerla. Este tema, al igual que lo exiguo de los fondos de reserva, que hace de las cajas entidades financieramente menos seguras de lo que se piensa, podría ser objeto de reflexiones que dejamos para una ocasión futura. Sólo hay que destacar que las de carácter municipal o provincial presentan mejores porcentajes de fondo de garantía y obra benéfica.

Autor: Novoa.

La amenaza democrática

Esta cómoda situación se alteró con las elecciones generales de 1977. Aunque los partidos de la izquierda ofrecían en sus programas la disminución de coeficientes, también prometían un cambio de marco legal. En particular, el PSOE se proponía la completa revisión del estatuto de 1933, convirtiendo las cajas en entidades de derecho público, dando entrada en sus consejos a los depositantes y a los representantes de los entes regionales y el Estado. En definitiva, un moderado propósito de acercar las cajas españolas a las de Europa. Sin embargo, la oligarquía de la CECA tembló ante esta posibilidad y sólo se tranquilizó cuando se hizo pública la composición del gobierno formado el 20 de junio. El alivio estaba justificado, pues con Fuentes Quintana de ministro de Economía, Álvarez Rendueles de secretario de Estado y Lagares de subsecretario, la Dirección de Estudios y Programación de la CECA se trasladó en pleno a Castellana 3. En verdad, el equipo trabajó con rapidez, pues antes de fin de agosto de 1977 había publicado la Orden ministerial que disminuía los coeficientes obligatorios y liberalizaba los tipos de interés y los Reales Decretos que regulan los órganos de gobierno de las cajas, las funciones y posición de la CECA —institución no regulada hasta entonces— y la regionalización de las inversiones. Reformas de gran importancia, no pactadas en ninguna Moncloa y que, curiosamente, no hacen la menor referencia al carácter jurídico y definición de las cajas. Sobre la disminución de coeficientes se escribe actualmente con frecuencia, especialmente al comentar la crisis del sector de la vivienda —el más afectado por la misma— en relación con el paro, o lo elevado de los tipos de interés. La cuestión no es la disminución en sí, realmente inevitable, sino la rapidez con que se está produciendo, precisamente en momentos de crisis económica. En cuanto a la democratización de los órganos de gestión, los comentarios han de ser inevitablemente críticos: básicamente se trata de una operación de

limpieza de fachada ante las próximas elecciones municipales y la puesta en funcionamiento de los gobiernos «autonómicos», aunque hay que destacar que introduce un principio de democratización válido que podrá ser desarrollado correctamente en el futuro. En líneas generales, los mecanismos de elección recuerdan los vigentes en las cajas del norte de Europa. El defecto radica, como antes se dijo, en que allí las cajas actúan en ámbitos muy reducidos y con una larga tradición democrática, lo que posibilita la comunicación entre los ciudadanos sobre temas de interés común. En nuestro país, tras cuarenta años de desinformación y represión del interés ciudadano por los temas públicos, intentar aplicar métodos de democracia directa en cajas mucho más grandes no deja de ser un sarcasmo. En estos momentos las cajas niegan a cal y canto cuál ha sido el resultado de los llamados procesos electorales, con la connivencia del gobierno de UCD y sin que los partidos parlamentarios sean capaces por el momento de forzar esa desinformación. Es preciso saber, caja por caja, cuál ha sido el número de renuncias de compromisarios, ya que parece que las mismas han sido como media del orden del 200 % —al estar elegidos por sorteo ha sido necesario designar tres veces el número necesario, ante lo frecuente de las renuncias—; conocer cuántos vocales de Consejos de istración han sido propuestos, no por los Consejos de istración salientes, sino por los propios consejeros generales elegidos entre los compromisarios; saber cuántas candidaturas para consejeros y vocales se han formado desde la base. Hace falta también que se haga pública la lista de las entidades culturales, benéficas y científicas representadas en cada caja, para saber a quién representa la mitad menos dos, al menos, de los vocales del órgano directivo: artículo 10 del Decreto-Ley 2290. En resumen se trata de conocer cuántos dirigentes proceden directamente de los impositores y cuántos de los grupos que controlan tradicionalmente cada caja. Esta información sería reveladora de lo poco que las cosas han cambiado con la «democracia interna» —aunque se han eliminado ciertos elementos ultras demasiado recalcitrantes—. Pero aun en el caso de que dicha democracia de base funcionase, las cajas no cambiarían de control, pues aún quedan los omnímodos poderes del director general, que puede incluso revocar los acuerdos del Consejo de istración, «el voto de calidad» del presidente, la mitad menos dos de vocales representantes de entidades científicas, benéficas y culturales y los representantes del personal. Este personal disfruta no sólo de sueldos que duplican al menos los correspondientes de la banca, sino que es beneficiario del

6,1 % de la obra benéfico social conjunta realizada cada año; obsérvese que para el resto de los españoles queda el 93,9 % de dicha obra social.

Una reestructuración sospechosa

No obstante, parte de dicho personal, concretamente el afiliado a Comisiones Obreras, ha sido el que ha alertado a la opinión pública sobre una gran operación de los «barones» de las cajas dirigida a evitar el control público de las mismas. Se trata de las fusiones entre entidades de una misma región, con objeto de crear grandes cajas regionales. Esta operación, planteada con una sutil y compleja intencionalidad política, que ya quisieran para sí muchos de nuestros parlamentarios, llevaría a formar por absorción grandes cajas de carácter regional, tomando como base las de patronato privado y haciendo desaparecer las municipales o provinciales. Así, tendríamos una sola caja en Galicia, creada sobre la de La Coruña, otra en la Mancha, con base en la de Madrid, otra en Castilla la Vieja-León, centrada en la de Salamanca, una sola en Aragón, con la probable inclusión de las de Soria y Logroño, una en Andalucía oriental, etc. Por supuesto la operación no es sencilla, puesto que implica reparto de cargos, negociaciones entre los jefes de las cajas actuales, distribución del poder. Posteriormente es necesaria la aprobación de la istración, no del todo segura y, sobre todo, soslayar las casi seguras competencias de los gobiernos autónomos sobre estas entidades. En cualquier caso ya está en marcha, planteada por el ala tecnocrática de la CECA, en contra del sector más tradicional y conservador, como parte de la lucha por el poder, cara al futuro inmediato. En todo caso, con esta estrategia los hombres de la CECA han tomado la iniciativa política. Si ganan habrán puesto fuera de juego a buena parte de las cajas que estarán controladas en muchos casos por municipios y diputaciones de mayoría de izquierdas, tras las inminentes elecciones. Habrán reforzado su posición, haciéndose con el mando y el control de los complicados entresijos de grandes entidades financieras donde convergen delicados intereses, con el poder real que esto proporciona. Para dotar a las mismas de un efectivo carácter público, la izquierda tendrá que librar batallas casi tan duras como para

nacionalizar la banca. El mecanismo de representación en los órganos de gestión creados el año pasado se aplicaría en instituciones con unas bases territoriales mucho más extensas, lo que diluiría aún más, si cabe, la posibilidad de que funcionase la «democracia nórdica» introducida el pasado año, aun en el caso de que los partidos obreros intentaran dar sentido a las elecciones. Esa tarea sería imposible, pues la loteríasorteo para designar compromisarios se realizaría sobre depositantes de tres, cuatro o seis provincias, con imposibilidad material de trabajar con ellos para ponerlos de acuerdo. Pero, como es sabido, los proyectos de autonomía de Cataluña y País Vasco incluyen entre las competencias de los gobiernos autónomos las relacionadas con las cajas de ahorros y a éstos seguirán otros estatutos similares. Cuando se quiera dar contenido a estas competencias surgirán con crudeza los problemas que hemos visto en estas páginas y será probablemente imposible demorar su solución. Entonces habrá llegado el momento de discutir parlamentariamente una ley de estatuto de cajas; todo este proceso de discusión y debate hará difícil que triunfe la audaz política de fusiones y el mantenimiento de la situación de descontrol hoy disfrutada. No obstante, es fácil imaginar la postura de UCD cuando llegue ese momento: la dura ofensiva política hoy en marcha en las cajas está sirviendo para desbancar a los ultras de los puestos directivos, sustituyéndoles por elementos próximos al Centro. Teniendo en las manos unos mecanismos de poder tan eficaces a nivel no sólo local o provincial, sino nacional, ¿cómo acceder a reformas que desbancarían probablemente a los hombres que han resultado ser tan eficaces? Al final, lo más probable es que quizá sin llegar a definir que todas las cajas sean entidades de derecho público, se arbitren algunas competencias de los gobiernos «autónomos» para nombrar representantes minoritarios, establecer subcoeficientes o dirigir ciertas inversiones. Las cosas, por supuesto, habrán cambiado sustancialmente aunque es muy probable que los «barones» de la CECA conservarán buena parte de su poder y sus prebendas económicas, premio a su habilidad para evitar que todo cambie hasta donde es objetivamente necesario. En este tema, como en tantos, acercarse tan sólo a los métodos europeos, eliminar los reductos del franquismo real, desbancar a los antidemócratas

inconfesos va a exigir muchos esfuerzos populares, mucha constancia y muchas ganas de dar a la ciudadanía lo que es suyo.

EMILIANO VEGA (seudónimo de JULIÁN GARCÍA VARGAS) CRI 61, 1979

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES

El cuarto apartado de esta compilación está conformado por dos artículos que nos describen las características profundas del régimen franquista y cómo éstas logran sortear la Transición y transcender hacia la democracia actual. Como siempre, evitando los lugares comunes de las vulgarizaciones marxistas del momento, Joan Martínez Alier, Eduardo Sevilla-Guzmán y Salvador Giner nos exponen, desde sus respectivas intervenciones en el mismo número de Cuadernos (el 43-45, correspondiente a 1975), las razones de la fortaleza del franquismo como régimen autoritario, y de su supervivencia ulterior, en el caso de que todo acabe quedando en unas reformas políticas sin transformaciones radicales en las estructuras de clase. Ambos textos abordan la cuestión desde una perspectiva de tratado político, sociológico, y con un punto de psicología de masas, lo que permite obtener una radiografía completa y en relieve que explica el complejo comportamiento de la sociedad española ante el cambio que se avecina, a la vez que la fragilidad de las ideas, a menudo ingenuas, de la oposición más o menos oficial, más o menos oficiosa. Pasados los años, los dos artículos resultan de una gran utilidad para el historiador que se pregunta sobre la supervivencia del franquismo más allá de Franco. O para el periodista que trata de orientarse entre la niebla de guerra de los discursos, altamente ideologizados, de los protagonistas políticos del momento. Tanto Martínez Alier como Sevilla-Guzmán se plantean preguntas complejas y reconstruyen, desde la teoría política y el análisis social, las amplias complicidades que condicionan el desarrollo de la Transición y la dinámica democrática posterior.

Crítica de la caracterización del franquismo como régimen «autoritario» de «pluralismo limitado»

El primero de los artículos, de Joan Martínez Alier, surge como una réplica a las

tesis de Juan José Linz Storch de Gracia (Bonn, 1926), especialista en Ciencias Políticas y Sociología, y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y la de Yale, en Connecticut, y conocido, especialmente durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado por sus teorías sobre regímenes autoritarios y totalitarios y el estudio de las transiciones políticas a la democracia. Precisamente estos trabajos, como el que critica Martínez Alier, le hacen muy popular entre los reformistas del franquismo y la oposición moderada. Los comentarios sobre el artículo de Linz sobre el concepto de régimen «autoritario», muy significativamente publicado en una colección de artículos compilada por Manuel Fraga, entre otros, los utiliza Martínez Alier para contraponer su propia visión sobre el franquismo y los riesgos de la próxima Transición, y que son también los de la línea editorial de Ruedo ibérico. La tesis de Linz, expuesta en el propio artículo, caracteriza el franquismo como régimen autoritario «de pluralismo limitado», expresión eufemística que tiene como función tratar de hacerlo presentable entre unas élites dirigentes que aspiran a la incorporación de pleno derecho al concierto europeo. Linz nunca reclamó (desde la distancia y el prestigio de su cátedra en Yale) que se llevara a juicio a los responsables de la represión franquista que seguían vivos en 1975, y se ignora qué piensa en la actualidad sobre el caso Garzón. Precisamente este intento de legitimar intelectualmente al franquismo, constante, por otra parte, de los sectores más aperturistas, es contestado por parte de Martínez Alier desde el «pecado original» de la despiadada represión, el miedo como actor político, la parcialidad del Estado y la fractura de la sociedad española a partir de la categoría de vencedores y vencidos. Pero son el miedo, la represión y la impunidad de la fuerza, lo que permite, según el autor, modelar a la sociedad española a imagen y semejanza de los principios autoritarios que inspiran a la dictadura. Y ello conlleva una cierta capacidad de generar complicidades y poder de cooptación. En este sentido, el catedrático barcelonés expresa su temor de que precisamente este pluralismo limitado franquista sirva de matriz para la democracia limitada que se avecina si, como prevé, no se produce ruptura. Desmintiendo a Linz, el autor expone las características profundas del franquismo: clientelismo político, ausencia de pluralismo real, imposibilidad de formular debates, la exclusión forzada de una población escéptica, atemorizada y desmotivada, lo cual acabará influyendo en la articulación de la débil democracia posterior. Pero sin duda, lo que permite interpretar el trasfondo de

todo ello es lo que Martínez Alier denomina «dictadura de la burguesía», es decir, dominio de una clase social que ocupa su posición de privilegio a partir del acto de fuerza que representa la guerra civil y el franquismo. Precisamente por esta «madre de todas las características», el autor considera que, sin ruptura, no existe democracia real. Y la ruptura no tiene tanto que ver con los cambios políticos sino, y de manera muy especial, con las transformaciones de estructura social.

Absolutismo despótico y dominación de clase. El caso de España

Esta característica, denunciada por Martínez Alier, de caracterización del franquismo como una dictadura de clase, es retomada y profundizada por los autores Eduardo Sevilla-Guzmán y Salvador Giner mediante una detallada argumentación sociológica. Eduardo Sevilla-Guzmán (Madrid, 1945), doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Complutense de Madrid, Ph D en sociología por la Universidad de Reading es, en la actualidad, catedrático de sociología rural en la Universidad de Córdoba, y uno de los principales impulsores de la agroecología, sobre la cual ha publicado numerosos artículos y libros, habiendo creado una verdadera escuela con gran influencia en América latina. Salvador Giner (Barcelona, 1934) es doctor en sociología por la Universidad de Chicago y licenciado en derecho por la de Barcelona. Ha sido profesor en varias universidades como la de Cambridge o Reading, y en la actualidad es catedrático de sociología de la Universidad de Barcelona y presidente del Institut d’Estudis Catalans. Es uno de los sociólogos más respetados en el panorama académico europeo con una gran repercusión cívica. Mientras Sevilla Guzmán se matuvo en la línea de Ruedo ibérico, Giner se acercó al socialismo tras la Transición. Ambos autores, desde un elevado tono científico denuncian el dominio absoluto y totalitario de la dictadura franquista hasta el punto que la definen como un absolutismo de clase. Un absolutismo despótico en el sentido en el que el poder excluye de manera sistemática a los elementos disidentes (o más propiamente, a los grupos sociales perdedores en 1939). Para ello realizan un exhaustivo análisis de la sociología del régimen previendo, en la fase álgida del final del mismo, la

pervivencia de un franquismo sociológico potente, una oposición tolerada, y la construcción de una cultura política muy débil, sin posibilidades de cambio real desde el interior del Estado. Muchos de los argumentos realizados en este pequeño tratado de sociología del franquismo anticipan buena parte de lo que autores como Vicenç Navarro acabarán denominando como «democracia incompleta» en la actualidad.[106] Las continuidades entre antiguo y nuevo régimen, desde el mismo Estado, devienen un ejercicio de futurismo político perfectamente descrito, desde la exposición de las carencias democráticas y la voluntad de mantener una estratificación social muy marcada. Como un ejemplo a destacar, sobre el cual se debate relativamente poco, el sistema educativo dual, con una desproporcionada presencia de la Iglesia católica como formadora de las élites hispánicas, aunque también de los grupos sociales medios-altos, que contrasta con una escuela pública no siempre bien dotada, permite continuar reproduciendo hasta nuestros días la segregación social en una de las sociedades europeas más diferenciadas. Los autores señalan que, a pesar de los cambios sociales desarrollados a partir de la evolución del régimen, es la sólida dominación de clase la que condiciona, sin duda, la caracterización del futuro político español.

Crítica de la caracterización del franquismo como régimen «autoritario» de «pluralismo limitado»

Linz es famoso por haber utilizado el concepto de régimen «autoritario», definido como un «pluralismo limitado», un tercer término dentro de la tipología totalitarismo-democracia pluralista. El caso español cae dentro de ese término medio del «autoritarismo»: no es una democracia pluralista donde los partidos políticos expresan los intereses de distintas secciones de la sociedad y compiten por el poder mediante elecciones, ni es tampoco un régimen totalitario (como la Rusia de Stalin o la Alemania de Hitler) porque aunque ha habido un solo partido (la Falange o «Movimiento Nacional») ha habido otras tendencias que han participado del poder (propagandistas católicos, Opus Dei, etc.). Ese partido político no ha dirigido nunca toda la vida socioeconómica (ha habido asociaciones de intereses como las Cámaras de Industria, hay grupos de presión fuera del cuadro Falange-Sindicatos Verticales). Muchos políticos y funcionarios del régimen no han compartido la ideología del partido e incluso se han declarado a sí mismos «expertos apolíticos», lo que sería impensable en un régimen totalitario. Hay, en fin, un bajo grado de movilización política: se deja a la gente que viva tranquila, apática, despolitizada, excepto tal vez en momentos de crisis para el régimen (como pudo ser 1947 o diciembre de 1970) cuando se organizan manifestaciones públicas en apoyo del régimen. Hay toda una literatura en ciencia política norteamericana, vinculada a la sociología de la «modernización», que distingue entre sistemas políticos según el grado de participación o movilización, medido por índices tales como el número de afiliados a partidos, el número de votantes (donde hay elecciones), el número de participantes en manifestaciones, el número de auditores de discursos políticos o de lectores de propaganda política, etc. Creo que es necesario distinguir entre ese tipo de participación abierta y lo que se podría llamar participación potencial. Pensemos por ejemplo en el análisis del «caciquismo» en España. La explicación predominante hoy en día dejó de interesarse por los abusos denunciados, por ejemplo, por un Joaquín Costa: elecciones trucadas y «pucherazos» más o menos descarados. Hoy esos fenómenos son vistos como consecuencia de la vigencia de

un sistema electoral democrático en una sociedad políticamente apática. El caciquismo acabó (en las regiones en que acabó) cuando el grado de participación política aumentó; partidos políticos nuevos (como la Lliga en Cataluña) movilizaron políticamente a los ciudadanos, que se interesaron entonces por las elecciones. Esta interpretación vale tal vez para la España de la Restauración. Una despolitización que permitía al mismo tiempo que toda la población adulta masculina tuviera derecho a voto y que el poder estuviera en manos de una élite política muy pequeña, dividida entre conservadores y liberales sin amenaza seria de terceros, es una despolitización muy distinta a la que Linz pretende que existe bajo el régimen franquista. Las medidas que el Estado se ve precisado a tomar para garantizar esa «despolitización» son muy distintas: en un caso, con despolitización genuina, el gobierno puede ser liberal puesto que es el propio carácter de la sociedad lo que asegura la estabilidad política; en el segundo caso (cuando existe una participación política en potencia) el gobierno tiene que tomar medidas para evitar la politización. La «apatía» y «despolitización» sobre los que se asienta el régimen autoritario franquista no pueden ser tomadas como datos: al contrario, la represión y el miedo que el régimen autoritario produce sirven para garantizar que persistan. La primera vez que me sentí tentado de criticar a Linz fue cuando escribía mi libro sobre los conflictos de clase en el campo andaluz. La noción de «apatía» o «despolitización» me pareció poco adecuada para describir las actitudes políticas de los obreros agrícolas andaluces (y seguramente lo mismo vale para los obreros españoles en general) y me pareció tendenciosa por cuanto servía para ocultar la importancia de la represión y el miedo. En los análisis de Linz no se hace hincapié en lo que es todavía el hecho básico de la vida política española: la feroz matanza de los años 1936-1944 y la memoria de esa matanza, cuyo máximo responsable, el general Franco, está todavía en el poder y es, lógicamente, símbolo de un régimen que ha inspirado mucho miedo por la extrema crueldad que demostró en esos años. Dejé pasar la ocasión porque en tanto que Linz estudia el régimen franquista en su conjunto, mi análisis estaba limitado a una parte de una sola provincia y prestaba además más atención a los aspectos económicos que a los políticos. De otro lado, analizar ese miedo requería abordar temas de sicología social. Y me acabé de desanimar cuando una búsqueda bibliográfica de la literatura de los politólogos sobre el miedo (en España u otros países) dio resultados muy menguados, lo cual es sorprendente puesto que la mayor parte de los pobres del mundo tienen, creo yo, miedo a

meterse en política. Es verdad que Linz distingue dos subtipos de regímenes autoritarios con base precisamente en el grado de movilización política. En casos como el español, en que el nuevo régimen llega al poder tras un período de lucha civil y de falta de consenso bajo un régimen liberal, el régimen tiene interés en utilizar lo que Linz llama la «apatía» y «despolitización» de aquella parte de la población que se supone podría ser contraria a la política del régimen. Pero hay otros regímenes autoritarios que operan en sociedades donde las masas nunca han sido movilizadas y son fácilmente manipulables, al menos inicialmente; esta situación es típica, cree Linz, de países subdesarrollados donde ha existido previamente un dominio colonial, o una monarquía tradicional, o incluso una democracia oligárquica; en este último caso tal vez clasificaría Linz al actual régimen militar peruano, en lo cual estaría a mi juicio equivocado pues, aunque el porcentaje de votantes era muy bajo en el régimen anterior, el grado de «participación» revolucionaria potencial de los indios de la Sierra ha sido siempre muy grande, y el régimen peruano está (diga lo que diga) más bien interesado en controlar y desmovilizar que en movilizar a las masas. Así pues, creo que la diferencia entre regímenes autoritarios (en general, con escasa movilización política) y totalitarios (con un alto grado de movilización política, orquestada por el partido único) no es una diferencia que vaya al fondo de las cosas. La naturaleza de un régimen como el franquista impide que las encuestas de opinión pública hagan las preguntas relevantes. Construir índices de apatía política a base de preguntar a la gente si saben los nombres de los ministros o si se han enterado del nuevo estatuto de asociaciones políticas, es absurdo. Para saber si los obreros españoles están, y han estado, tan despolitizados como puede parecer, habría que preguntarles si saben chistes contra Franco, si escuchan Radio España Independiente, etc. ¿Cuál es el encuestador que se atreve a preguntar tales cosas? ¿Qué altísimos porcentajes de «no contestan» darían tales encuestas? El concepto de «movilización» (o «desmovilización») no sirve para captar las actitudes políticas del proletariado. En mi estudio sobre el latifundismo, utilicé el concepto de «consciencia dual». No puede decirse que los obreros están conformes o disconformes con la situación, sino que es más exacto decir que están a la vez conformes y disconformes: de un lado, se creen impotentes para cambiarla y, en vez de asumir esa falta de fuerza y de confesar ese miedo y de tratar de superarlos, muchos prefieren tomar una actitud fatalista y manifiestan

un cierto recelo ante los militantes que pretenden sacarlos de esa inactividad; de otro lado, a pesar de esa calma aparente, hay una profunda inconformidad con la situación, que a veces es difícil descubrir porque se disimula bajo esa capa de fatalismo. Hacia dónde van a ir en sus actuaciones, depende de la fuerza de la represión política y de la persistencia del miedo: por tanto, es erróneo tomar la «despolitización» como un dato, porque puede desaparecer de un día para otro. No es que el régimen se aproveche de esa despolitización, sino que, por el contrario, esa despolitización persistirá mientras el régimen tenga suficiente fuerza e imponga suficiente miedo como para impedir una politización abierta. La característica más importante del régimen «autoritario» no es, sin embargo, el bajo grado de movilización política, sino el que permita un «pluralismo limitado». En la concepción de Linz, es precisamente la «apatía» y la «despolitización» de gran parte de la población (que se toman como datos de la realidad social, y no como cuestiones a explicar) lo que hace que el régimen tolere un pluralismo limitado, pluralismo que no llega a desbordarse ni a permitir cambios drásticos en el personal gobernante. En el caso español, la existencia de ese pluralismo es bien evidente: las fuerzas políticas que apoyaron la sublevación militar de 1936, aunque se pretendió unificarlas en 1937, han mantenido su propia identidad. Es fácil clasificar a muchos de los ministros de Franco en una u otra de estas tendencias: así, por ejemplo, Girón, falangista; Martín-Artajo, acenepista; López Rodó, opusdeísta; Iturmendi, carlista. Esas varias tendencias han desempeñado una de las funciones de los partidos políticos, presentando opciones y programas de gobierno. Franco se ha inclinado en diversos momentos por una u otra de estas tendencias, manteniendo una cierta presencia de las postergadas. Ese pluralismo es limitado porque esos grupos políticos no son partidos políticos que pretendan lograr el mayor número posible de afiliados para así poder ganar elecciones (eso es evidente en la ACNP y en el Opus Dei) y no responden ante un electorado; además, ese pluralismo es limitado en el sentido de que están excluidas de él otras tendencias políticas existentes en el país.

Autor: Vasco.

El esquema de Linz ha sido aprovechado por el profesor Charles Anderson en un libro muy superficial (The Political Economy of Modern Spain, 1970) cuya tesis es que la elaboración de la política económica en España ha seguido cauces y ha llegado a soluciones parecidas a las de Estados con democracia pluralista. En efecto, Anderson cree descubrir tres tendencias en lucha en la elaboración de la política económica: una tendencia falangista (representada por París Eguilaz); una tendencia tecnocrática (que triunfó en 1957-1959, representada por los políticos del Opus Dei); y una tendencia que él denomina «estructuralista» representada por economistas como Fuentes Quintana, Tamames, Velarde, etc., quienes presentaban tesis reformistas. Entre esas tendencias ha habido, según Anderson, un «debate vigoroso». El régimen franquista no ha elaborado, pues, su política económica de manera «totalitaria»: también en este campo ha jugado el «pluralismo limitado» que caracteriza a ese régimen autoritario. Las relaciones entre Estado y sociedad en un régimen de pluralismo limitado no son las propias de un régimen totalitario, donde el partido único determina la política a seguir y donde es difícil distinguir entre el Estado y el partido. En España, la Falange no ha tenido este papel. Según Linz, en un régimen autoritario el papel de los «expertos», de una élite burocrática, es mucho mayor que en un régimen totalitario precisamente porque el régimen no exige estricta fidelidad a la ideología política de un partido único. Muchos de esos «expertos» incluso se definen a sí mismos como «apolíticos», como ha sido el caso de los funcionarios del Plan de Desarrollo y muchos otros. Anderson recoge esta idea y al considerar la política económica como una cuestión de aplicación de principios de la ciencia económica, que lo mismo valen en España que en Francia, se atreve a sostener que las opciones son pocas y bien delimitadas, y que el elegir entre esas opciones se hizo tras un debate intenso en el que triunfaron las proposiciones presentadas por los técnicos más expertos. El fallo de la interpretación de Anderson es doble: de un lado, el debate sobre política económica en otros países es sin duda más amplio (¿Quién en España pudo presentar seriamente tesis equivalentes a las del PSU o a las de la CGT?) y, sobre todo, es un tanto temerario presentar la ciencia económica no como una ideología más de concordia de clases sino como una verdadera ciencia

«apolítica». Es decir, aunque la élite burocrática y los tecnócratas crean y digan que ellos son «apolíticos» y que están simplemente aplicando los principios de su ciencia al campo político (como economistas, o como istrativistas), el analista debería adoptar una posición crítica ante esa pretensión en vez de compartirla. Esa pretendida ausencia de ideología en el régimen «autoritario» franquista me parece errónea. Desde luego, la ideología falangista pura perdió muy pronto importancia (suponiendo que fuera alguna vez hegemónica frente a los corporativistas católicos) y es también verdad que en el franquismo han convivido varias tendencias. Pero el error viene, me parece, de no tomarse en serio la propia definición del régimen como una «democracia orgánica» (que no es ninguna tontería) y de estudiar más las diferencias entre las diversas tendencias del franquismo que las ideas expuestas por el propio Franco, que forman una ideología bastante coherente que combina las de esas tendencias. Franco ha reclutado el personal político entre tendencias y organizaciones políticas que tienen programas coincidentes en lo esencial con el pensamiento del propio Franco: básicamente, la «unidad» y concordia entre los hombres y las tierras de España. Los corporativistas católicos españoles creyeron que debían ser las corporaciones (o «sindicatos verticales») los órganos representativos de la sociedad, y en esto coincidieron con los nacionalsindicalistas, pero en su doctrina (aunque quizá no en su práctica política a partir de 1936) el Estado no debía ocupar un lugar tan importante. El principio de la función supletiva del Estado es típico de la doctrina católico corporativa, y la contrapone al fascismo, donde el Estado es superior a la sociedad. El fascismo es corporativismo, más partido único, más nacionalismo (o racismo), más imperialismo. Es muy probable que Franco haya compartido más bien las tesis católico corporativas que las fascistas, aunque lo que interesa es fijarse más en las coincidencias que en las diferencias. Al respecto, es importante conocer textos como los del padre Azpiazu, Estado corporativo, y Víctor Pradera, El Estado Nuevo, ambos publicados en «zona nacional» durante la guerra. Franco ha compartido las ideas de Ramiro Ledesma o de José Antonio Primo de Rivera en la medida (bastante grande) en que han coincidido con las de los corporativistas católicos y de los tradicionalistas. Todos ellos creían que debía agruparse a la gente en corporaciones profesionales

que unieran a patronos y obreros, corporaciones que los católicos veían como órganos «naturales», anteriores al Estado, mientras los falangistas las veían como parte integrante del Estado. Todos querían proscribir los partidos políticos clasistas, y esto es lo decisivo. Algunos itían la expresión de intereses regionales, con tal que no se presentaran como intereses nacionales (auque la idea de que España es una única nación es algo menos fundamental en los católicos que en los falangistas). Todos querían proscribir los sindicatos obreros, aunque llegaran a itir que unos seudo sindicatos de obreros y patronos negociaran salarios y condiciones de trabajo dentro de las corporaciones (como ocurría en Italia), sin tolerar de ningún modo la conexión entre estos sindicatos y partidos clasistas según la pauta corriente en Estados liberales. Cuando Franco despotrica, como aún lo hace, contra los partidos políticos y la democracia liberal, está expresando el sustrato común a todas las tendencias de su régimen: el repudio de los partidos políticos clasistas que compitan electoralmente por el poder, con el riesgo de que ganen los partidos de la clase obrera. Contra ese posible y peligrosísimo resultado de la democracia liberal, se esgrime la doctrina de la «democracia orgánica». El enemigo no es tanto los partidos políticos como los partidos políticos clasistas. Cuando el régimen franquista afirma que es una «democracia orgánica», una sana tentación es soltar la carcajada, lo cual sería un error. La idea básica es, en palabras de José Antonio Primo de Rivera, que «nuestro régimen hará radicalmente imposible la lucha de clases, por cuanto todos los que cooperan a la producción constituyen en él una totalidad orgánica». Ese texto muestra bien claramente la contraposición entre democracia pluralista, donde los partidos políticos pueden expresar intereses de clase, y «democracia orgánica». Los teóricos de la democracia orgánica creen en la posibilidad de que la lucha de clases sea sustituida, en gran parte, por la colaboración de los distintos grupos que participan en la producción; la división del trabajo produce, o debe producir, una solidaridad orgánica y en la sociedad cada grupo ocupacional desempeña, o debe desempeñar, una función. Cuando el régimen franquista se define como democracia orgánica está utilizando una de las filosofías políticas de mejor calidad, tan buena que en realidad para muchos no es filosofía política sino sociología política científica. Es posible ver la sociedad como estando basada en la cooperación armoniosa de los distintos grupos sociales que desempeñan distintas funciones según la división del trabajo; cuando la cooperación no es armoniosa, corresponde al Estado intervenir (defendiendo ya sea el «bien común» o el «interés nacional») para regular las relaciones entre esos grupos. Mientras para el marxismo esa cooperación es ilusoria (ya que es un hecho que

la sociedad se estructura en clases y que ese conflicto adopta carácter distinto según sea la manera en que una clase se apropia del excedente producido por otra), para otros lo anormal es más bien el conflicto. Cuanto más crea uno en la posibilidad de cooperación armoniosa, tanto más puede uno pensar que la regulación estatal va a ser democrática. Naturalmente que en el caso del régimen franquista, cuyo nacimiento está en una guerra civil que fue una lucha de clases en el plano militar, es sumamente cínico pretender que existe tanta solidaridad orgánica que la regulación estatal de las relaciones entre grupos sociales puede ser democrática. Pero es importante percatarse de que el modelo de organización política de una «democracia orgánica» (prohibición de partidos políticos clasistas, cámaras representativas corporativas) deriva de un análisis sociológico respetable, aunque tendencioso. El concepto de democracia orgánica se basa en un análisis de la sociedad donde los grupos ocupacionales no se constituyen en clases antagónicas sino en órganos que pueden colaborar solidariamente si cada uno desempeña su función en la división del trabajo. En contraposición a las tesis de Linz, en el concepto de democracia orgánica las clases sociales están presentes (para negar, claro está, su carácter de agrupaciones «naturales»). En el análisis de Linz las clases sociales están totalmente ausentes: a Linz no le preocupa si en el «pluralismo limitado» cabe o no cabe la expresión de intereses de clase. Linz se mueve pues a un nivel de análisis puramente formal: el autoritarismo es pluralismo limitado, pero no se pregunta para qué grupos sociales está más limitado. De ahí que dentro del concepto de régimen autoritario tanto quepan España y Brasil como Yugoslavia o la República Democrática Alemana (véase Peter C. Ludz, The Changing Party Elite in East , MIT Press, 1973, donde se sostiene que se trata de un régimen autoritario más bien que totalitario e inspirado en principios de eficiencia y realizaciones prácticas más que en dogmas marxistas-leninistas). Ésta es, pues, mi crítica al concepto de régimen «autoritario»: si viene definido por ser un pluralismo limitado, es importante saber para qué clases está tolerado y para cuáles prohibido el expresar sus intereses políticamente. Los demás rasgos (movilización escasa, desideologización y consecuente importancia de una élite burocrática «apolítica») son también criticables, puesto que la falta de movilización puede ocultar una movilización potencial importante contra el régimen y no es por tanto un rasgo del régimen sino una consecuencia, y por cuanto el «apoliticismo» de la élite burocrática normalmente quiere decir adhesión a una ideología bajo la guisa de aplicación tecnocrática de principios pretendidamente «científicos».

Autor: Álvarez.

Cualquiera que haya sido la intención de Linz (y es a la vez muestra de su buena fe y síntoma de su mala conciencia que se haya creído obligado a incluir un resumen autobiográfico en uno de sus artículos), el hecho es que el concepto de régimen «autoritario» ha servido de apología del franquismo (basta leer al corresponsal de The Economist en España, que gusta de explicar que el franquismo, con todos sus defectos, es al fin y al cabo «autoritario» y no «totalitario») y, más importante, esa interpretación sirve para darle una salida continuista al franquismo. En este sentido, si se prescinde del contenido de clase, es fácil ver en las tendencias políticas que en España han jugado ese juego de un «pluralismo limitado» el embrión de asociaciones políticas, y más tarde de partidos, que vayan amparando su representatividad y responsabilidad electoral, en el camino hacia un régimen más lejano aún de un «totalitarismo» y más próximo a una «democracia pluralista». La tesis de Linz sirve de ideología de los «aperturistas». En Norteamérica, donde los partidos amalgaman intereses muy diversos, el contenido de clase de los partidos políticos parece menos claro que en Europa occidental, donde la variable más importante para explicar la afiliación y votación por uno u otro partido es la clase social. Si se piensa que los partidos políticos, en una democracia pluralista, no son básicamente partidos burgueses y proletarios que compiten por el poder para defender o suprimir (poco a poco o de repente) el capitalismo, sino que son agregados complejos de intereses muy diversos, difícilmente reducibles a intereses de clase, entonces es posible pensar que una modificación que consista en hacer aparecer a la luz pública el pluralismo limitado que ha existido ya en el franquismo es una modificación importante. Por el contrario, si se piensa, como pienso yo, que los partidos políticos españoles serían más bien del tipo europeo occidental que del tipo norteamericano, y que la noción de pluralismo limitado es puramente formal a menos que se diga qué clases pueden o no pueden expresarse políticamente, entonces la modificación consistente en tolerar abiertamente el funcionamiento de los grupos políticos que ya existían, e incluso el permitirles participar en elecciones, en tanto continúen vedados los partidos que expresen los intereses proletarios, no parece una modificación importante, por mucho que quiera

vérsela como un paso adelante en el camino del totalitarismo a la democracia pluralista. El régimen militar brasileño, que ha sido calificado también de régimen autoritario (por el propio Linz, incluso en un artículo periodístico tolerado por la censura brasileña), parece encontrarse en una posición parecida. De un lado, es evidente que en el Brasil no hay «totalitarismo»: no hay un partido único gubernamental, sino un partido auspiciado por el gobierno (ARENA) y un partido de «oposición» (el MDB), en los cuales encontraron acomodo muchos políticos del régimen anterior, y a los que se permite competir en elecciones senatoriales y congresionales. El gobierno no responde, sin embargo, ante las cámaras. No hay elecciones para otros puestos anteriormente electivos (como gobernadores estaduales). A primera vista, y del modo aparentemente característico en un régimen autoritario, ese gobierno reposa en gran parte en los consejos de «expertos apolíticos», principalmente economistas. Si se mira la situación con un poco más de detalle, vemos sin embargo que el gobierno sí tiene unas bases ideológicas firmes, no en el sentido de que su elaboración teórica sea siempre muy sofisticada, pero sí en cuanto sirven para justificar a sus propios ojos sus acciones con la máxima autosuficiencia. En el Brasil no se ha llegado a implementar a nivel institucional una ordenación corporativista de la vida política, aunque a veces hay generales (como el mariscal Juárez Tavora) que encomian explícitamente la «democracia orgánica». Tras el triste fin del corporativismo portugués va a ser aún más improbable que se siga esa doctrina política. Además, el ejército brasileño tiene una tradición de democracia pluralista: el ejército acabó en 1945 con el primer régimen de Getulio Vargas y el ejército envió un cuerpo expedicionario a luchar en Italia contra el fascismo. Esta tradición es importante y es un factor que dificulta el adherirse a una ideología política explícitamente corporativista. No obstante, el régimen tiene una ideología, o mejor dicho dos. La primera, producto indígena, de consumo sobre todo militar, es la de «seguridad nacional», teorizada (para usar un eufemismo) por el general Golbery: tal teoría dice que el gobierno militar puede definir cualquier problema o cualquier solución a cualquier problema como vinculado a la «seguridad nacional», y en tal caso está facultado para hacer lo que crea conveniente (véase Geopolítica do Brasil, Livraria Jose Olympio, Rio, 1937: son escritos de la década de 1950. Ésa es la ideología que fue enseñada en la Escola Superior de Guerra). Por su lado, los economistas han contribuido con su propia ideología, y por ejemplo el ministro Delfim tuvo el privilegio de justificar la distribución del ingreso crecientemente desigual (que era un tanto complicado vincular a la «seguridad nacional») a base de los principios

«científicos» de la teoría del «capital humano». De otra parte, los aumentos anuales de salarios son determinados por el gobierno, que da una norma establecida según el ritmo de inflación, más un tanto por ciento en concepto de aumento de la productividad, estando prohibido sobrepasar esa norma. Sería por tanto erróneo pensar que la falta de un partido único, y el papel importante de una élite burocrática aparentemente «apolítica», suponen la ausencia de ideología. Hay autores (como R.M. Schneider, The Political System of Brazil, 1964-1970, Columbia UP, 1971) que han indicado la importancia de la ideología de «seguridad nacional», pero que significativamente no señalan la importancia de los economistas como divulgadores de una ideología de armonía de clases más eficaz (y más sofisticada) que la ideología corporativista, bien porque la comparten bien porque se quedan un poco asustados ante el cientificismo de los economistas. En el caso del Brasil las ideas de Linz pueden servir para sugerir una cierta salida al régimen «autoritario». Unas asociaciones políticas en España equivalentes a ARENA y MDB, que compitieran para ciertos puestos electivos, darían también una apariencia de creciente democratización pluralista al franquismo, desde ese punto de vista formalista. En conclusión, en el caso español la caracterización como «democracia orgánica» es más rica sociológicamente que la caracterización de Linz como régimen «autoritario» (ya que tiene en cuenta la existencia de clases, aunque sea para negar que a través de partidos políticos puedan ser las bases de la organización política), pero no responde en absoluto a los hechos, porque el Estado español ha tenido que hacer algo más que regular las relaciones entre diversos grupos ocupacionales. El Estado español franquista tuvo que asesinar a cientos de miles de obreros, para establecerse. La noción de «democracia orgánica», que antes de la guerra civil podía parecer como un programa un poco plausible, tras la revolución y la guerra civil fue pura ideología. Por su contenido de clases, el régimen español es una dictadura de la burguesía, una especie de dictadura democrática: es decir, el pluralismo está limitado a la expresión política de las distintas fracciones de la burguesía (aunque apenas se ha iniciado el estudio de las conexiones entre grupos políticos [acenepistas, falangistas, opusdeístas, carlistas] y las fracciones de la burguesía que deben haber representado: éste es un problema básico de una sociología política del franquismo, que Linz ni se plantea). El caso formalmente análogo (en el otro extremo) al régimen franquista sería el

de una revolución obrera tras la cual se dejara libertad de expresión política a los distintos partidos del proletariado, campesinado y pequeña burguesía, ejerciendo la hegemonía política a través de un soviet o asamblea popular y no mediante un partido único, prohibiendo al mismo tiempo la expresión política de los intereses de los burgueses. Desde luego que etiquetar ambos casos como regímenes autoritarios, o de pluralismo limitado, o como dictaduras democráticas, sería privarse de entender la importante diferencia entre una dictadura democrática de la burguesía y una dictadura democrática del proletariado. Ahora bien, sería sensato que la izquierda aprovechara esa apología del franquismo como régimen «autoritario» (y no «totalitario»), y hasta le estaría bien empleado a Linz. Se debería propugnar que a la caída del franquismo no se instaure una democracia pluralista (en contra de lo que dicen tanto los socialistas como el PCE) sino un régimen de pluralismo limitado (de ningún modo totalitario), que permita el juego político a las fuerzas de izquierda y lo prohíba a las de derecha. Si la expresión «democracia popular» no hubiera sido estropeada por el estalinismo, sería muy adecuada para expresar esta misma idea: pluralismo, del que estarían excluidas las fuerzas políticas burguesas, limitado a las diversas fuerzas políticas populares. (El artículo de Linz sobre el concepto de régimen «autoritario» ha sido publicado en castellano en La España de los años 1970, colección de artículos compilada por Manuel Fraga, Juan Velarde y Salustiano del Campo, III, Madrid, 1974. Linz acompaña este artículo —cuya versión inglesa es de hace diez años— con una lista de sus artículos posteriores.)

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1975

Absolutismo despótico y dominación de clase. El caso de España[107]

1. Introducción[108]

A pesar de la abundancia de trabajos históricos, políticos y sociológicos sobre el régimen político establecido en España en 1939 existe un considerable grado de desacuerdo en lo que se refiere a su naturaleza exacta. Así, ha sido designado como régimen «fascista», «autoritario», «pluralista de derechas», de «democracia orgánica», de «democracia sin rey», «dictadura caudillista» entre otros adjetivos. No es intención de este ensayo añadir simplemente otro nombre a la ya larga lista. Los autores han creído que tras la multiplicidad de apelaciones se escondía también una variedad de modos de entender lo que, para simplificar, podemos llamar «franquismo». En efecto, un escrutinio de los análisis del franquismo que lo consideran como régimen «autoritario» pronto revela una visión del mismo como régimen paternalista, ciertamente duro, pero no exento de caracteres benévolos y ampliamente tolerantes.[109] Los estudios que lo identifican, sin más, con el fascismo, por otra parte, ven en él aspectos totalitarios que ciertamente posee.[110] Por último, los que lo conciben como «democracia orgánica», aun cuando en ciertos casos no usen abiertamente esta expresión por pudor académico, son sus apólogos y portavoces y, por lo tanto, merecen un crédito muy menguado.[111] Ante esta variedad de enfoques hemos creído que era menester elaborar un concepto claro y distinto del fenómeno, que tuviera en cuenta tanto su complejidad y rasgos específicos como su peculiaridad dentro de una tipología de los regimenes políticos de alcance adecuado. Dicho de otra manera, las líneas que siguen son un intento de caracterización sociológica de un tipo de sistema político cuya forma de dominación se halla ampliamente esparcida en el mundo actual, aun cuando sus orígenes y naturaleza sean históricamente muy remotos. [112]

En este estudio se parte de una definición sociológica general del tipo de régimen al que el franquismo pertenece, la cual va seguida de un análisis de cada uno de sus elementos. Éstos, a su vez, se aplican sistemáticamente —y a continuación— a cada uno de los aspectos empíricos de la cuestión, tal como aparece en España de 1939 a 1975. La fundamentación empírica de este modelo se basa, por tanto, en el análisis del sistema político impuesto en España en 1939, tras tres años de sangrienta guerra civil, a raíz del pronunciamiento militar que tuvo lugar contra el democráticamente legítimo gobierno de la segunda República española, el 17 de julio de 1936. No se intenta aquí analizar separadamente las primeras fases, a través de las cuales el sistema de dominación político fue configurándose, ni las más recientes (especialmente a partir del 20 de diciembre de 1973, en las que el régimen entra en crisis con la posibilidad de un cambio sustancial) sino el sistema político en su conjunto. Se parte, pues, de la hipótesis de que el régimen de Franco ha experimentado diversos cambios en las distintas etapas históricas por las que ha atravesado, pero manteniendo constante un núcleo de elementos en su sistema de dominación, presentes tanto en los años de configuración como en los actuales de crisis. El modelo que trazamos en las páginas que siguen, insistimos, no se refiere exclusivamente al franquismo, sino que tiene ciertas pretensiones de generalidad, de modo que permita comprender sociológicamente una variedad de regímenes políticos modernos y sus formas de resolver los problemas específicos de dominación política y desigualdad social. Ello no obstante, dicho modelo no es definitivo, aunque confiamos en que tal como aparece aquí pueda servir para esclarecer algo la cuestión según se presenta hoy en las ciencias sociales.

2. La dominación absoluta

Sin entrar en el difícil terreno de las taxonomías generales de los regímenes políticos, conviene aquí hacer referencia a las variedades de formas de la dominación que eliminan, coartan o limitan la oposición política y su al poder con el fin de monopolizar su autoridad suprema. Estos tipos de régimen han recibido nombres tan varios en sociología y en ciencia política como los de

«autoritarios», de poder «arbitrario», «dictatorial», «absolutista», «autocrático», «totalitario», «poderes de suma cero», etc. Muchos son los autores que han percibido la falta de demarcación conceptual que tales adjetivos entrañan. Así es frecuente la distinción entre «régimen autoritario» y «régimen totalitario», distinción en principio necesaria. No obstante, parece que las formas concretas en que se resuelven los problemas de dominación en estos dos tipos de régimen tienen demasiados elementos comunes para poderse separar de una forma total. Creemos que es metodológicamente necesario partir de ese núcleo de elementos comunes para después hacer las distinciones pertinentes. De acuerdo con este criterio definimos como absolutistas aquellos regímenes en los que el poder se ejerce desde un centro hegemónico atribuyéndose a sí mismo un monopolio completo de la autoridad dentro de su ámbito de dominación.[113] Estos regímenes son absolutistas en tanto en cuanto el poder aparece concentrado en una clase dirigente, élite, monarca o partido político único. Este absolutismo o monopolio del poder por un número limitado de personas se basa, a su vez, en una concepción del poder de suma cero; en otras palabras, cuando cualquier individuo o grupo fuera de la esfera dominante aumenta su estatus y poder, el estatus y poder correspondiente de ésta se reduce proporcionalmente en su concepción del dominio. De esto se sigue, en consecuencia, que siempre que ello sea posible se toman medidas para prevenir el surgimiento de tales grupos o individuos, que suponen una amenaza, y ahogarlos o bien aniquilarlos, física o políticamente, si han conseguido establecerse en una situación de poder, por limitada que ésta sea. El problema que surge en este tipo de formas de dominación es que en la práctica existen grupos, instituciones o colectividades que, con frecuencia, poseen poder e influencia y que son «tolerados» a menudo, en tanto en cuanto su función es necesaria, o su supresión es concebida como demasiado costosa para el sistema. No obstante, nos encontramos en la era moderna con regímenes absolutistas que han pretendido poner en práctica su utopía de control total de la sociedad civil; es decir, la identificación de su aparato estatal con toda la politeya (o subsistema político del sistema social). Éstos son los regímenes totalitarios. Esta forma de dominación no reconoce límite alguno a su interferencia. El grado de mediatización de los aspectos de la vida social de los individuos pretende ser total; es decir, el absolutismo se convierte en totalitario en cuanto suprime con un mínimo éxito la «vida privada» (privacy) de los individuos y consigue

eliminar con relativo éxito la existencia de grupos independientes. Frente a este absolutismo totalitario hallamos otro tipo de sistema de dominación absolutista que difiere de él en varios aspectos. Se trata del absolutismo, que llamaremos despótico.[114] El absolutismo despótico —que definiremos con detalle más adelante— tiene la pretensión de controlar la vida privada y la autonomía de otros centros de poder, sin desear su aniquilación total, más que en un número de casos concretos. No obstante, el absolutismo despótico los trata sistemáticamente con desconfianza y como posibles amenazas —salvo en el caso de aquellas instituciones y grupos cooptados por él para ejercer su forma de dominación—. Estos últimos constituyen el elemento clave del modo de dominación de clase inherente al sistema político general.

3. El absolutismo despótico

Damos a continuación una definición que pretende ser rigurosa, sistemática y, así lo esperamos, exhaustiva, de lo que debe entenderse por régimen despóticoabsolutista. Para responder a tales requisitos la definición tendrá que ser compacta y un tanto compleja, lo cual puede crear ciertas dificultades de comprensión inmediata. No obstante, cada uno de sus términos clave (subrayados en el texto) será analizado y esclarecido acto seguido. Los regímenes despótico-absolutistas son aquellos sistemas políticos basados en una dominación de clase en los que el poder y autoridad son detentados por un jefe —o élite reducida— que, tras obtener una obediencia ciega de un sector de la sociedad, compuesto por unas clases de servicio,[115] acepta un pluralismo limitado dentro de tal sector, en cuyas manos se encuentran las instituciones económicas, culturales y políticas que hacen posible la instrumentalización de la fórmula política del sistema así como la de sus ideologías restringidas, cuyas bases morales y legales dimanan de la jefatura política, la cual busca una obediencia pasiva del resto de la sociedad, para cuya obtención no existen límites reales, aunque sí formales. Consideremos ahora las distintas características de estos regímenes —y del

Estado que sostienen— centrándonos sobre sus aspectos específicos en el caso de España, en el período histórico bajo estudio.

4. Dominación de clase

El tipo de dominio social que nos interesa es el denominado de «dominación de clase», que restringimos aquí a ciertas sociedades modernas (o relativamente modernas) en las que el modo capitalista de producción ocupa una posición esencial en el seno de la economía general de la colectividad. Metodológicamente, pues, hacemos abstracción de aquellos regímenes despótico-absolutistas basados en otros modos de producción y de dominio político-militar, por ejemplo, el llamado «despotismo oriental». La dominación de clase se realiza, predominantemente, por medio del poder económico de los grupos hegemónicos —sectores industrial, financiero y terrateniente—, que ejercen un control directo del aparato del Estado, a través de una «coalición reaccionaria»[116] entre los segmentos altos de la sociedad y las clases de servicio, que se ven respaldadas por el ejército. Sin embargo, el concepto de «dominación de clase», como elemento esencial a la naturaleza de los regímenes despótico-absolutistas, penetra a totalidad de las restantes características de este tipo de sistemas de dominación. Así, los «sectores de servicio» no tienen una ubicuidad estratificacional en las sociedades en que se establece este tipo de regímenes. Determinadas clases sociales (obrera y campesina fundamentalmente) quedan excluidas de las mismas. Esta selectividad se mantiene tanto para el «pluralismo de clase» como para la limitación ideológica, como veremos más adelante. Los «modos de pensamiento» de la fórmula política de estos regímenes se componen, en general, de ideologías que tienden a realizar la función subyacente de justificar y sacralizar la desigualdad económica y «racionalizar» las desigualdades sociales existentes. El aparato institucional que instrumentaliza la fórmula política excluye igualmente estos sectores oprimidos y explotados de la sociedad, y tiene como función global la obtención por distintos mecanismos —represivo, de neutralización ideológica, de falsa participación política, de apoyo ideológico,

etc. — la obediencia pasiva, que viene a ofrecer una falsa legitimidad y a crear conductas alienantes para la cooptación o aceptación de tales regímenes. Es decir, los regímenes despótico-absolutistas ofrecen un nivel alto de «integración de sistema» y un nivel muy bajo de «integración social».[117] La relación en que se hallan estos regímenes con respecto al sistema social general en el que se encuentran insertos es muy peculiar. La combinación de su acaparamiento del poder y su base clasista significa que la dinámica de clases dominadas esté determinada, en gran medida, por el régimen. En otras palabras, los regímenes despótico-absolutistas son agentes estructurantes de la sociedad en general; es decir, ellos mismos engendran y mantienen ciertas pautas de desigualdad, subordinación y superordinación.

5. Clases de servicio

En los regímenes despótico-absolutistas existe un sector de la sociedad que mantiene una ciega obediencia a la jefatura, que definimos en nuestro intento de conceptualización como clases de servicio (el tamaño de este sector varía en cada régimen concreto). Aunque su lealtad surja inicialmente por su participación dentro de la fuerza que triunfó en la implantación del régimen, en general esta categoría puede incrementarse con amplios sectores de las nuevas generaciones que son cooptados por el sistema, buscando los privilegios que éste ofrece a sus servidores.[118] Por consiguiente su ubicación dentro del sistema de estratificación de la sociedad está, en general, muy bien definida. Lo constituyen, junto a las clases altas, los sectores medio y alto de las clases medias urbanas. Todo régimen que accede al poder por la violencia —por muy clasista y conservadora que sea la composición de sus cuadros superiores— exhibe un número significativo de gentes que alcanza puestos altos de poder y que procede de estratos relativamente bajos. Su incorporación a las clases dirigentes va acompañada por adquisición súbita, por botín y recompensas políticas, de grandes riquezas. Es éste un elemento cleptocrático típico de todo régimen absolutista despótico.[119] El conjunto de instituciones políticas, culturales y económicas creadas o

utilizadas para la instrumentalización de la «fórmula política» del régimen es de su absoluta exclusividad. En ellas existe, además, una corrupción, generalmente extensiva, especialmente en las organizaciones de carácter más político. La escasa elaboración de reglas sociales, más o menos formalizadas, basadas en principios de tipo universalista o de carácter pluralista, determina la existencia de redes informales de patronazgo que permitan el reparto de los privilegios de clase que el sistema les ofrece, con mayor o menor arbitrariedad. Las clases de servicio adquieren una perceptividad tal que permite su delimitación dentro de la sociedad con relativa exactitud, aunque en determinados casos la pertenencia a varias clases sea la norma más extendida. En España este sector de la sociedad que mantiene una ciega obediencia a su jefe, el general Franco, lo constituye la amplia alianza de derechas que ganó la guerra —clases altas burguesas y ciertos sectores de las clases medias—, a la que se unen considerables sectores de las nuevas generaciones. El elemento cleptocrático en España se halla representado por altos cargos de origen relativamente humilde, enriquecidos a través de monopolios personales obtenidos por recompensa de servicios: permisos de importación, puestos en consejos de istración, patentes, dádivas personales a funcionarios, etc. En general, dentro del segmento social políticamente fiel al franquismo pueden percibirse cuatro sectores sociales, clases de servicio, que constituyen el elemento tanto mantenedor de las instituciones configuradas por el franquismo como de reclutamiento de la élite. Estas cuatro clases de servicio son: a) La Iglesia, con el conjunto de grupos y facciones que apoyan al régimen legitimando su dominación de clase: Opus Dei, Asociación de Propagandistas, Acción Católica, Órdenes religiosas, etc. El franquismo, desde sus orígenes, buscó una legitimación en la Iglesia (de ahí el carácter de «cruzada» que Franco y la coalición reaccionaria de derechas de los «nacionales» dieron a la guerra civil) que fue correspondida por aquélla —tradicionalmente vinculada a las clases hegemónicas en zonas clave del país— e inmediatamente refrendada por el Vaticano. Uno de los resultados de este pacto entre los sistemas clerical y político se tradujo en la entrega del sistema educativo a la Iglesia, que gozó de total libertad en la vida intelectual. Por este motivo existe un número relativamente alto de «intelectuales» dentro de esta categoría social. Está integrado generalmente por segmentos altos de la clase media urbana, aunque

también cuente con elementos del bajo clero.

Autor: Ges.

Durante fases avanzadas de la vida del franquismo es probable que la autonomía relativa de la Iglesia y la inmunidad de que ha gozado su sector politizado hayan coadyuvado a la formación de grupos disidentes y críticos dentro de esta clase de servicio, que ha engendrado, a su vez, una falsa oposición. Los grupos en torno a Cuadernos para el Diálogo, El Ciervo y figuras como Silva Muñoz o Ruíz Giménez, que, de ministros de Franco pasan a posturas antifranquistas en diversa medida, son un claro ejemplo de esta «heterodoxia» creciente. Otro tanto puede decirse respecto al clero a todos sus niveles. La espectacular oposición al régimen de las asambleas episcopales en estas últimas fases no debe hacernos olvidar el carácter de pilar fundamental del régimen que ha tenido la Iglesia durante las fases de formación, consolidación y dominio final del régimen. La oposición genuina del cuerpo sacerdotal vascongado, de la abadía de Monserrat, no pueden ser pasadas por alto pero en ningún caso invalidan nuestro aserto. b) El Movimiento. Este sector está integrado por los cuadros de la antigua y nueva Falange, carlismo y demás grupos políticos artificialmente unificados por Franco al formar el frente nacionalista (nunca integrados de hecho) y por fieles segmentos de las nuevas generaciones. Aunque su organización es fundamentalmente de burocratismo tradicional, la pretensión de una legitimidad ideológica surgida de la guerra ha motivado la formación de distintos grupos dentro del mismo, por lo que es social e ideológicamente heterogéneo, aunque en su composición el elemento obrero o campesino es prácticamente inexistente. La ausencia en el mismo de intelectuales es todavía más notable. El tipo social predominante, junto con los «nacionalistas puros de la guerra», es el del joven burócrata oportunista con ambiciones de mejorar su condición social, o el «trepa universitario» que desde su paso por la universidad muestra ambiciones políticas de escala. Existe, además, un cierto sector no participante, apolítico o de la izquierda verbal, que intenta sobrevivir pasivamente, pero que pese a su no intervención activa no puede excluirse de esta clase de servicio. Nos referimos aquí a los típicos maestros republicanos «depurados» destinados a zonas rurales, ex líderes anarquistas o socialistas empleados en sindicatos, etc.

c) El aparato coercitivo constituye una clase de servicio esencial por su función mantenedora del orden a través de la represión. Lo constituye la Policía Armada, Guardia Civil, Brigada político social, «guardias forales», «miqueletes», «mozos de escuadra» y demás fuerzas policiales. Es un sector cuya fidelidad permanece asegurada por la complicidad de la represión selectiva del sistema, que incluye, y no de una manera ocasional, el uso sistemático y discriminado de la tortura. Este sector está formado por estratos bajos de la clase media, aun cuando sus cuadros, en general, estén ubicados en los estratos más altos. A pesar de su importancia instrumental no suponen, en general, un importante sector de reclutamiento para la élite política. d) La istración pública, integrada por la masa de funcionarios pertenecientes tanto a la istración central del Estado y los Organismos autónomos como a las istraciones locales. Constituye el sector de servicio más importante cara al reclutamiento de la élite política. El sistema de cuerpos profesionales le otorga una gran probabilidad de formar «grupos políticos». La utilización de los «cuerpos» para la defensa de intereses particulares de grupo es, quizá, el rasgo más característico de esta importante clase de servicio. Esto no obstante, no se puede hablar de un «poder istrativo» en sí, aunque sí de los cuerpos profesionales que se reparten las distintas parcelas de la istración y compiten entre ellos por extender sus zonas de monopolio. Para dar un ejemplo citaremos el Ministerio de Agricultura. En manos de los cuerpos de ingenieros agrónomos y de montes existe una clara compartimentación entre ambos, que se reparten —en ciertos casos habiendo obtenido que les respalde incluso la ley, lo que muestra el poder de los mismos— direcciones generales, entes autónomos y demás. Sin duda es este sector el que participa en mayor medida del «pluralismo de clase» restringido inherente al sistema político. Existe, por otra parte, una fuerte vinculación entre la «clase de servicio eclesial» y la istrativa. Hay, además, un segmento social integrable a esta clase de servicio que sin pertenecer estrictamente a la istración, se encuentra vinculado a ella a través de los grupos de los cuerpos profesionales, que constituyen la categoría de «profesiones liberales». A veces la dependencia de la istración se intensifica a través de sus relaciones profesionales como «consultoras», «oficinas de proyectos» o «despachos profesionales». Así, por ejemplo, un gran número de consultoras

vive de sus proyectos obtenidos sistemáticamente de la istración: contratos con ministerios, diputaciones, ayuntamientos y organismos paraestatales, como la RENFE y el INI. Sus contratos con las cajas de ahorros o su Confederación y otras entidades similares también entran en esta arbitraria distribución de los fondos públicos. Muchos economistas y sociólogos de la «oposición verbal», por ejemplo, trabajan sistemáticamente para la Comisaría del Plan de Desarrollo, Frente de Juventudes, Instituto de Estudios Sindicales o cualquier otra entidad de fuerte credencial ideológica dentro del franquismo por medio de contratos temporales. En general, una buena parte de este «segmento de liberales» no se considera como gentes absorbidas por el sistema, aun cuando en realidad sean fieles sirvientes perfectamente controlables por el pluralismo de clase del sistema.

6. Pluralismo de clase

El carácter pluralístico de las entidades políticas de los regímenes despóticoabsolutistas dista mucho de asemejarse a las formas democráticas de pluralismo. El principal rasgo diferenciador lo constituye la exclusiva aceptación de los «sectores de servicio» para la formación de tales formas pluralistas. Las clases trabajadoras quedan, por definición, excluidas de los grupos que, en general, carecen de toda especificidad política. El régimen despótico-absolutista permite la asociación horizontal con fines no formalmente políticos, aun cuando puedan realizarse como tales de forma real, tan sólo en ciertos estratos sociales. Por el contrario, las clases obrera y campesina están legalmente controladas por la asociación «vertical» en forma de seudo sindicatos controlados por el poder, formando, junto con las instituciones de control y represión, una suerte de «sistema represivo de mano de obra».[120] Por otra parte, los grupos cooptados por el pluralismo de clase de los regímenes despótico-absolutistas se encuentran siempre bajo la amenaza de una posible supresión y su control está perfectamente definido ante el peligro de una disidencia ideológica no aceptada por el sistema. El régimen franquista no ha permitido nunca una penetración de elementos de la clase obrera o del campesinado en sus asociaciones parapolíticas. El aparato represivo (Policía

Armada, Guardia Civil y policía secreta) ha ejercido siempre un estricto control sobre las clases trabajadoras, impidiendo cualquier tipo de asociaciones mínimamente politizado. Existe una cierta competencia no institucionalizada y siempre definida por el poder de los elementos de la élite política, que son arbitrariamente elegidos por el jefe. Uno de los rasgos más sobresalientes de los regímenes despótico-absolutistas lo constituye la rotación relativamente intensa de la élite gobernante. Una característica de la naturaleza despótica de la autoridad del jefe (o grupo reducido) se basa en la frecuente renovación de su élite política, como medio para mantener su poder político absoluto y evitar la consolidación de alianzas de alto nivel que pudieran llegar a constituir un desafío. Es un hecho bien conocido que los ministros de Franco no conocen su «dimisión» hasta el día en que tiene lugar.[121] Los escasos gabinetes monocolores han sido sustituidos dejando una escasa representación del grupo prevalente que ha sido previamente desprestigiado. De esta forma la renovación de la élite política es realizada por Franco buscando un equilibrio del pluralismo aceptado. Por otro lado, los errores de la gestión de cada gabinete en ningún caso son atribuibles al jefe, que castiga o premia a cada grupo arbitrariamente en las renovaciones de la clase política. (Los paralelos con las pautas de conducta típicas de los regímenes despóticos históricos preindustriales —Imperio otomano, China imperial— son demasiado claros para necesitar mayor comentario.)[122] Todo ello da una innegable «originalidad» al franquismo con su redistribución periódica por parte del «caudillo» de cargos extraídos del mosaico de las clases de servicio con arreglo a varios criterios: las nuevas coyunturas internacionales, nuevos equilibrios de facciones políticas internas y el arbitrio puro y simple del jefe mediante el cual refuerza su posición despótica.

7. Ideología restringida

La no existencia de entidades ideológicas que canalicen el al poder — como los partidos políticos— es causa y efecto, a la vez, de la ausencia de una cultura política que permita el desarrollo de ideologías[123] mínimamente

elaboradas. Ello entraña el característico analfabetismo ideológico de las sociedades que sufren este tipo de dominio. Las bases morales del sistema constituyen elementos contra ideológicos como reacción a los fallos de sistemas políticos anteriores que «probaron» su debilidad. La «incapacidad» ejecutiva de gobernantes anteriores y la «impotencia» de aquellos sistemas para «mantener el orden» son la justificación utilizada por los regímenes despótico-absolutistas para imponer su sistema de dominación. Los elementos ideológicos aceptados carecen de una codificación clara que permita su materialización en organizaciones racionales políticas. Tan sólo formas conservadoras prevalecen dentro de los difusos modos de pensamiento que están sujetos a la reinterpretación final del jefe (o grupo reducido). En el despotismo absolutista del sistema político español la escasa elaboración ideológica[124] se debe, en gran parte, a que los únicos elementos articulados en una ideología definida correspondían al fascismo (y a la Falange, único partido con cierta consistencia ideológica), que hubieron de ser marginados después de la derrota del Eje. Por otra parte, las clases intelectuales españolas fueron, en su mayoría, republicanas y, o murieron en la guerra, escaparon al exilio, o bien quedaron reducidos a una posición social de inferioridad, temor y silencio, tras ser diezmadas por la represión de posguerra.

8. Fórmula política

El éxito del jefe (o grupo reducido) en la implantación de los sistemas de dominación despótico-absolutista radica en el hallazgo de una «fórmula política» para dirigir y gobernar la «nación». Siguiendo la definición clásica de Gaetano Mosca, entendemos por fórmula política las «bases legales y morales o el principio sobre el cual descansa el poder de la clase política»;[125] aunque la fórmula política difícilmente puede ser la misma en dos o más sociedades, en los regímenes despótico-absolutistas estriba en el reconocimiento de la impotencia de sistemas políticos pretéritos para obtener la prosperidad de la «nación», y la paz y el orden. Su justificación moral surge de elementos ideológicos de pasadas experiencias. Por ello, los elementos contra ideológicos de los modos de pensamiento de la fórmula política despótico-absolutista tienen un contenido

esencialmente emocional y afectivo, se encuentran poco elaborados intelectualmente y escasamente sistematizados de un modo mínimamente racional. Al aplicar esta dimensión ideológica de la fórmula política al régimen franquista encontramos que se halla basada en los sentimientos y creencias de ciertos sectores de la sociedad —clases de servicio— sobre el fracaso político de la segunda República. La construcción ideológica de la fórmula política del franquismo descansa sobre el terrible recuerdo de la cruel guerra civil y sobre el miedo a que pudiera repetirse. El deseo general, evitar una nueva experiencia bélica, ha sido utilizado por Franco con gran habilidad para desarrollar la dimensión ideológica de su «fórmula política». La «religión católica como crisol de la nacionalidad española», «el espíritu cristiano de sacrificio» y «España como reserva espiritual de occidente» y el sentido maniqueo de «cruzada» de la guerra civil son elementos ideológicos tomados del catolicismo hispánico para dar cuerpo a su fórmula política específica. Una aproximación somera al contenido de las declaraciones públicas del intérprete final de la ideología —el general Franco— permite aislar entre otras las siguientes imágenes clave de su fórmula política. El «servicio» a la patria para el desarrollo de los «valores espirituales» del hombre, el «sacrificio» para la «salvación espiritual y material del hombre», «la disciplina y el orden» como requisitos para el «progreso material y moral» son elementos contra ideológicos emocionales para obtener un estímulo del trabajador, que contrastan con la racionalidad burguesa del programa económico republicano. Estos eslogans van acompañados de otros —tales como los de «España, país de monjes y soldados», o bien «Por el Imperio hacia Dios»— dirigidos a situaciones específicas, La «unidad» geográfica, social y política, como idea central para la concepción de las instituciones políticas y sociales. Entidades «naturales» de representatividad —familia, municipio y sindicatos verticales— frente a los sindicatos horizontales y partidos, que representan fisuras sociales inisibles, mientras aquéllas significan la hermandad y éstas traen la lucha de clases y la anarquía. La democracia orgánica (hermandad y distribución) frente al liberalismo capitalista (progreso técnico sin progreso moral) o el comunismo (materialismo y dictadura). La escasa elaboración de la dimensión ideológica de su fórmula política no es óbice para que el franquismo haya mantenido una clara obediencia a sus modos

de pensamiento, llegando a obtener etapas de movilización política real, sobre todo en el período de consolidación de su sistema de dominación. Por otra parte, la dimensión material de la fórmula política, es decir su cristalización en instituciones políticas y sociales, es, en definitiva, el auténtico soporte del sistema. Por otra parte, el mito de la incompatibilidad congénita del español con la democracia ha sido fomentado sistemáticamente por los ideólogos del régimen. [126] Otro elemento igualmente importante es la identificación de «lo español» con una concepción artificiosa de Castilla («que hizo a España») como su «esencia», en detrimento de las diversas etnias y nacionalidades que integran nuestro país. La imposición activa de este centralismo no es privativa del sistema despótico español y puede generalizarse a un gran número de regímenes absolutistas.

9. Instrumentalización de la fórmula política

La «fórmula política» de cualquier régimen necesita para poder ejercer su sistema de dominación, desarrollar o dar un específico contenido a una serie de instituciones, que permitan su plasmación en la sociedad. El absolutismo despótico no pretende el control total de la sociedad civil, como sucede con el absolutismo totalitario.[127] Sin embargo sí pretende mediatizar todos los actos que él considera pueden suponer una fuente de competencia política. Tan sólo mantiene un control parcial en las esferas económica e ideológica, pero, por el contrario, el control sobre el poder político real pretende ser absoluto. Al objeto de obtener este tipo de instrumentalización de su fórmula política posee diferentes instituciones económicas, culturales y políticas. Éstas no necesariamente tienen que haber sido creadas por dichos regímenes, ni le son específicas; lo importante es que a través de los mecanismos de control que desarrolla realicen dentro del sistema social determinadas funciones imprescindibles para su supervivencia. Ciertos sectores de la población gozan de una sensación de libertad que tiene efectos objetivos muy importantes, en el sentido de que, fuera de la esfera

política, España puede llegar a ser definida como un país «donde hay mucha libertad», para usar una expresión popular asaz típica entre observadores naturales y extranjeros. Esta sensación de libertad está obviamente restringida a sectores ocupacionales muy bien definidos. Los regímenes despótico-absolutistas tienen, por lo menos, ocho categorías en las que es posible clasificar estas instituciones políticamente configuradas o utilizadas para la instrumentalización de su fórmula política. Tales categorías son las siguientes:

9.1. Instituciones de represión política

La constituyen el conjunto de entidades paramilitares, a las que los regímenes despótico-absolutistas encomiendan mantener tanto la paz y orden público interiores como los límites del pluralismo de clase. Su función represora es tanto colectiva, de disolución de movimiento de masas, como individual, de control de elementos, que oponen resistencia a la «obediencia pasiva» exigida para los sectores ajenos a las clases de servicio. Cumplen igualmente un papel disuasor y de custodia de pureza ideológica para mantener con eficacia el pluralismo ideológico restringido. En el régimen franquista estas instituciones están integradas por la Brigada político-social, para la misión disuasora y de control individual; la Guardia Civil para el control de las zonas rurales, tanto a nivel individual como colectivo; y la Policía Armada como fuerza mantenedora del «orden» público en los sectores urbanos. Aun cuando existen determinados cuerpos especiales como «la brigada antiguerrilla», «los guardias forales», «miqueletes» y otros de intervención local o especial. En general, este conjunto de «instituciones represivas» se identifica en sus con una de las clases de servicio, aunque en teoría ello no sea necesario, tal como sucede con las brigadas antiguerrilla en España, que legalmente pertenecen al ejército y que no consideramos como parte de la clase de servicio.

9.2. Instituciones de control económico

Los regímenes despótico-absolutistas establecen una serie de entidades económico-financieras, estatales o paraestatales que, con el objetivo formal de obtener un desarrollo económico y en muchas ocasiones de proteger e impulsar a los sectores económicos débiles, realizan una función de apoyo a los intereses de los altos sectores financiero, económico y terrateniente. Son, en general, parte de la alianza de clase que el jefe (o grupo reducido) necesita y que constituye una importante fuerza mantenedora de tales regímenes. En España las instituciones del período de autarquía, tales como la Fiscalía de Tasas, el Instituto Nacional de Industria, el Servicio Nacional del Trigo, el Instituto Nacional de Colonización, Dirección General de Abastecimientos y Transportes, etc., realizaron tal función de apoyo de clase. Un buen número de ellas, aunque con otras denominaciones, todavía realizan esa función (Servicio de Productos Agrarios, IRYDA, CAT, etc.). En general, este papel de cooptación y defensa de las clases hegemónicas continúa presente en los organismos que se han creado más recientemente (PPO, Banco de Crédito Industrial y Agrícola, FORPPA, etc.). Estos tipos de instituciones constituyen el elemento impulsor del sistema político y el más claro exponente de la dominación de clase.

9.3. Pilares burocráticos

Para los estados despótico-absolutistas la carencia de partidos políticos y de entidades de al poder es suplida por una estructura de organizaciones profesionales y istrativas de distintos grados de prestigio e influencia. El campo de actuación de los mismos lo constituye, en general, el aparato burocrático de la istración. El «pluralismo de clase» se basa en dichas organizaciones que, en general, aunque no exclusivamente, tienen como función legal la defensa de intereses económicos o profesionales. La clase política o «élite del jefe» es reclutada normalmente entre los de dichas organizaciones que monopolizan el «pluralismo ideológico restringido». Tal reclutamiento se realiza por nombramiento arbitrario «desde arriba» seguido de rituales de adhesión y juramento de fidelidad similares al rito feudal de homenaje entre señor y vasallo. Frecuentemente la élite política comparte su

participación en estas instituciones con su actividad en las que, en teoría, son de pura ejecución política. En general, tales son identificados con uno o varios «sectores de servicio». El régimen franquista permite una clara identificación entre los sectores de servicio que hemos denominado como Movimiento, istración, Iglesia y las categorías sociales que integran estas instituciones. La istración Central del Estado, los Organismos autónomos, la istración local, la Organización sindical, etc., constituyen estas instituciones.[128] Los «cuerpos profesionales» de abogados, ingenieros de caminos, agrónomos, industriales, etc., constituyen las organizaciones que, siendo independientes de la istración, se reparten el único «pluralismo de clase» autorizado por el régimen.

9.4. Instituciones de apoyo ideológico

Aun cuando los regímenes despótico-absolutistas no persiguen necesariamente una movilización extensiva ni intensiva permanente, tanto en las clases de servicio como en otros sectores, crean o utilizan determinadas asociaciones o instituciones, no necesariamente de carácter político, para obtener una «cierta vitalidad ideológica» en los modos de pensamiento que animan su fórmula política. Tales organizaciones desempeñan, directa o indirectamente, un papel de apoyo ideológico y cooptación política para el sistema. Por lo general, varias de ellas tienen un carácter religioso, caritativo, de ayuda social o político-recreativa, utilizado por tales regímenes. En España, como es natural, muchas de estas organizaciones están vinculadas a la Iglesia católica y en las etapas de relativa movilización han jugado un papel importante. Las organizaciones seglares católicas (congregaciones, hermandades, cofradías, etc.) dirigiendo campañas de misiones (Domund), contra el cáncer, proseminario, Cáritas, procesiones y otras actividades litúrgicas de Semana Santa, etc. han sido utilizadas por el gobierno para fortalecer y legitimar su posición frente a la sociedad civil, así como para «educar» a la población en el espíritu de su cultura política. En este sentido, la clase de servicio franquista vinculada a la Iglesia (Opus Dei, AN, Acción Católica,

etc.) es en buena medida identificable, en lo que a sus se refiere, con estas instituciones de apoyo ideológico. Igualmente, el Frente de Juventudes, Sección Femenina, los Pelayos, etc., con actividades de tipo político y recreativo, tales como el Servicio Social de la mujer, campamentos de verano, etc., permiten cierta identificación con la clase de servicio denominada como «Movimiento», sirviendo de mecanismos de movilización, cuya intensidad depende tanto de la fase en que se encuentre el sistema, como de las oportunidades ofrecidas por la situación interior (económica y social) y exterior (situación política, económica y social internacionales). De esta forma el sistema a través del jefe (o grupo reducido) puede optar por obtener un mayor o menor grado de movilización, según sus propias exigencias.

9.5. Instituciones de neutralización ideológica

El pluralismo restringido es igualmente controlado, en los regímenes despóticoabsolutistas, por las instituciones de movilización ya consideradas, así como por las de neutralización ideológica que ahora analizamos. Éstas estriban en el control de los medios informativos, instituciones generalmente de tipo recreativo y educativo creadas por el régimen para los sectores sociales ajenos a las clases de servicio, y la manipulación de la opinión pública a través de espectáculos y conmemoraciones encaminados a absorber la actividad pensante e intelectual de estos sectores no fieles. Tales sectores siempre vistos por el régimen como «classes dangereuses». La letargia y la apatía política y la aceptación pasiva o abstención de cualquier tipo de actividad contra el régimen pueden, de esta forma, obtenerse así en cierta medida sin desencadenar el aparato policíaco represor. El «pluralismo de clase» puede limitar, a veces en gran medida, las instituciones de neutralización ideológica, e incluso invertir su función, obteniendo una movilización política que se escape o sea difícilmente controlable por el jefe (o grupo reducido), provocando crisis más o menos importantes en todo el conjunto de la estructura institucional de la fórmula política despótico-absolutista, que comenzaría así a perder uno de los elementos básicos de su sistema de

dominación: la obediencia pasiva. En su aplicación al régimen franquista, las instituciones de neutralización ideológica lo constituyen creaciones tales como Educación y Descanso, Turismo social, los tele-clubs, las bibliotecas volantes de la organización sindical, por un lado, y la censura de prensa, literaria, cine, etc., el control de las emisoras de radio y T.V. con los boletines informativos, agencias de noticias, semi o paraestatales, el NODO, etc. por otro. En esta instrumentalización descuella también el uso de elementos en principio ajenos a cualquier actividad política pro-sistema, como son los toros, el futbol, etc. El apoyo obtenido del monopolio y manipulación de los medios de comunicación masiva. Consigue así transformar en elementos de neutralización ideológica a «ídolos» populares tales como Raphael, Urtain, Lola Flores, Manolo Escobar, Di Stéfano, Cruyff y tantos otros.

9.6. Instituciones fachada político-jurídica

Los regímenes despótico-absolutistas se caracterizan por la creación de todo un conjunto de instituciones, bien políticas «puras» (de confusas y poco definidas funciones —tales como «asesoramiento», «sugerencia» y «promoción» política del sistema—), bien de istración de la justicia (tribunales) a través de las cuales se pretende dar una falsa idea de justicia indiscriminada y de participación del pueblo en el quehacer político. Pretenden, además, dotar de un barniz de legitimidad al sistema de pensamiento de la fórmula política del régimen. En realidad juegan un papel de colaboración y apoyo a los distintos gobiernos. Su control por la jefatura es prácticamente total, aunque formalmente ofrezca la imagen de una cierta autonomía de representatividad política o de independencia de la judicatura. Este tipo de instituciones constituye una suerte de cristalización jurídico-político-burocrática de la «dimensión de clase» de los regímenes despótico-absolutistas. Pretenden representar los intereses del pueblo, aun cuando en realidad representan los «legítimos intereses» que la jefatura atribuye al pueblo. Por otro lado, los grupos hegemónicos mantienen a través de la «coalición reaccionaria»

un alto grado de participación en este tipo de instituciones. Los intereses de los grandes terratenientes y altos sectores financiero o industrial están permanentemente representados, aun cuando no sea necesario un alto grado de intervención personalizada. En general, este tipo de instituciones se nutre de las láminas socialmente altas de las clases de servicio, aunque también pueda darse una cierta representación del ejército. Los de estas instituciones suelen ser, a su vez, los líderes de las organizaciones profesionales y de intereses que canalizan el pluralismo limitado, aunque su representatividad de tales grupos sea, en general, escasa y su posición se deba, en última instancia, a la confianza que en ellos deposita la jefatura por su probada fidelidad. Existe, en general, en este tipo de instituciones un reducido número de con origen social ajeno al de las «clases de servicio», que han sido seleccionados para su papel de políticos profesionales, al objeto de aparentar una representatividad social de los sectores marginados. La absoluta falta de representación del pluralismo ideológico restringido es una de las características esenciales de las «instituciones fachada» de los regímenes despóticoabsolutistas. En su aplicación al régimen de Franco, las «instituciones fachada» de carácter político son las Cortes,[129] el Consejo Nacional del Movimiento, Consejo del Reino, etc. La importancia que la prensa y los medios de difusión, en general, dan, mediatizados por el control del sistema, a la actividad de este órgano político franquista, ha llevado a que sea calificado, quizás con exceso de candor, como «poder resonador», en un estudio sobre el mismo.[130] Las instituciones de carácter judicial dentro del conjunto de «instituciones fachada franquistas» lo constituyen la istración Judicial, con los distintos tribunales, Tutelar de Menores, civil, Orden Público, etc., con un alto grado de mediatización ideológica a la hora de istrar la justicia.

9.7. El sistema educativo

Los regímenes despótico-absolutistas modernos deben resolver el grave problema de la reproducción del sistema de dominación de clase, de modo que éste sea compatible ya con la dinámica económica del imperialismo, ya con la del «desarrollismo» capitalista. O ambas a la vez. La función primordial que este tipo de regímenes adjudica al sistema educativo consiste en la creación de élites técnicas (o numerus clausus) y cuadros medios que renueven sus clases de servicio mediante escuelas de grado medio. Existe una contradicción clara entre la naturaleza racionalizadora de todo sistema que se quiere a sí mismo «moderno» y las exigencias de la imposición de la ideología antiigualitaria inherente al sistema de dominación. Al no poder existir una plataforma abierta de discusión, los regímenes en cuestión tienen dos opciones: a) politizar la educación —y en especial la superior— con sus modos ideológicos; b) cuando tal politización absolutista y elitista les da resultados adversos se ven forzados a optar por la neutralización del sistema educativo, blandiendo la ideología específica de la «despolitización» de la enseñanza. En el caso español tales características están muy claras, y cada una de estas dos ramas de la disyuntiva política corresponde a las fases de formación del régimen y a la de su hegemonía.[131]

9.8. El ejército

Es la institución que asegura, en última instancia, la existencia del sistema de dominación de los regímenes despótico-absolutistas. En general, jugó un papel importante en su establecimiento y en muchos casos el jefe (o la élite gobernante) procede de él. La utilización de su fuerza en la creación de la forma de gobierno determina que goce de una situación privilegiada. No participa del pluralismo limitado ni a nivel de «organizaciones profesionales o de defensa de intereses» dentro del ejército como tal, aun cuando algunos de sus puedan participar del mismo por duplicidad de papeles compartidos en otro tipo de instituciones —generalmente «pilares burocráticos»—, lo que les clasifica a su vez en alguna clase de servicio, cosa

que no sucede con la mayor parte de los de dicha institución. En otras palabras, hechas las debidas salvedades, el ejército no es una clase de servicio en el sentido que nosotros damos a este término. Como consecuencia, el ejército como tal no participa de las ideologías restringidas caracterizadoras de los regímenes despótico-absolutistas. Los únicos elementos ideológicos vigentes en el seno del ejército —tomados, por supuesto del modo de pensamiento de la «fórmula política»— son la Unidad y el Nacionalismo. A su vez la milicia suministra a la ideología dominante el elemento de jerarquía, obediencia y «estilo castrense» para su implantación en la sociedad civil. Su participación en la élite política es, en general, limitada, salvo en los estadios de consolidación del sistema, aunque frecuentemente los puestos del gobierno a los que conciernen los asuntos militares son de su total exclusividad. En España todas las características señaladas son muy marcadas, como consecuencia de la importancia de su participación en la guerra civil en el sector sublevado y de la desaparición de ciertos líderes militares clave durante la guerra civil. Junto a su función clave de sanción última pueden percibirse, además, dos misiones latentes nada desdeñables de represión y neutralización ideológica. La primera se realiza a través de la Jurisdicción especial militar que reserva a los tribunales militares el juicio de casos penales de diversa índole.[132] La segunda tiene lugar mediante la socialización tardía que se realiza durante el servicio militar.

10. Obediencia pasiva

Los amplios sectores obreros, campesinos y estratos medios no cooptados en las clases de servicio son controlados por los regímenes absolutistas a través de las instituciones creadas por el aparato del Estado para imponer sus relaciones de dominación.[133] El aparato coercitivo (fuerzas policiales de represión) así como las instituciones de control y neutralización ideológica son los instrumentos encargados de obtener la obediencia pasiva de la gran mayoría de la sociedad. La movilización

política es prácticamente inexistente (aunque pueda tener cierta importancia en determinadas fases del sistema). Las instituciones de apoyo y participación política tienen una existencia formal, pero no real. La obediencia pasiva en el absolutismo despótico español se obtuvo a través de la tremenda represión que sobre los vencidos tuvo lugar en los años de la posguerra. Una fuente generalmente simpatizante del régimen franquista relata el espectáculo en los siguientes términos: «EI número de ejecuciones políticas por el régimen después de la guerra civil, principalmente durante los años 1939-1943 fue considerablemente superior al de la propia guerra civil. Una vez finalizado el conflicto bélico, la dictadura tuvo la oposición a su merced y llevó a cabo una «solución final» de profilaxis social y política a gran escala».[134] De esta forma los sectores de la clase obrera y del campesinado —republicanos en su mayor parte— que no fueron purgados y el amplio sector de las clases medias urbanas, poco movilizado en líneas generales durante la República, quedó aterrorizado ante las ejecuciones legalizadas del nuevo orden. La obediencia pasiva del pueblo español se obtendría fundamentalmente bajo la amenaza del aparato coactivo (fuerzas policiales de represión) y el apoyo de las demás instituciones, que el aparato elaboró para ejercer la forma de dominación que consiguió perpetuarse durante un considerable período de tiempo.[135]

11. A modo de conclusión

La España contemporánea esconde todavía ciertos enigmas que están aún por desvelar. Uno de ellos —y quizás el más descollante— es el de explicar de modo satisfactorio la consolidación y permanencia del régimen franquista desde 1939 hasta su presente fase de acelerada descomposición, a cuatro decenios de la sublevación contra la democracia y el peligro de una revolución. Naturalmente las explicaciones más o menos fáciles no escasean: unas se basan en una coyuntura internacional supuestamente favorable, otras en el consenso creado en el seno de ciertos sectores clave del pueblo español durante y después de la conflagración, otras, en fin, se centran sobre el aparato represivo directo e indirecto del régimen.

Hay bastante verdad en cada una de estas explicaciones. Empero, nos parece ingenuo llegar a concluir que el régimen ha durado tanto en virtud de una ecléctica combinación más o menos fortuita de factores y coyunturas favorables. Hay que buscar razones más profundas. La duración en sí misma no es un dato significativo: lo es en tanto en cuanto esas décadas han presenciado una mudanza social sustancial a muchos niveles; y en cuanto que esa mudanza ha ocurrido bajo un régimen clasista, conservador y abiertamente reaccionario a lo largo de toda su infausta historia. Por ello sorprende que la izquierda intelectual española no se haga a sí misma las siguientes preguntas: ¿qué explica la permanencia del franquismo en el marco de un ritmo intensísimo de cambio social?, ¿cómo han podido darse procesos tales como el despegue neocapitalista, la gran urbanización, las migraciones masivas y la secularización, típicos de la «modernidad», bajo estas condiciones? Las respuestas a estas cuestiones, sospechamos, no deben ser excesivamente arduas. La «modernización desde arriba», dirigida por una clase reaccionaria a través del despotismo centralista ocurrió ya en Prusia y en el Japón, y existen estudios importantes sobre ella. Claro está que las clases dirigentes de esos países en sus momentos cruciales de transformación eran más dinámicas, creadoras y agresivas que las nuestras, y que el régimen que ya para siempre lleva el nombre del autócrata español no ha conseguido crear un poderoso capitalismo autóctono ni un imperialismo semejante al de los dos casos mencionados. Al contrario, nuestro país ha liquidado bajo el franquismo los restos de sus dominios ultramarinos —cosa loable— y además se ha convertido en un sistema dependiente del capitalismo foráneo. No obstante, mutatis mutandis, es menester preguntarse si por lo menos no habrá ciertas similitudes en la trabazón política del sistema de dominación de clase en todos estos países, y hasta qué punto ello explica el triunfo y la permanencia del régimen en el caso del nuestro. En resumen, lo que antecede es fundamentalmente un análisis del franquismo como sistema político en el que se crea una interdependencia entre régimen y modo de dominación de clase a través de una fórmula política —la que habían estado buscando las derechas españolas desde 1808— que, por fin, da un resultado sólido, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de la historia de hoy. En una palabra, sin intentar excluir otras explicaciones parciales complementarias, lo que aquí hemos intentado es dar una respuesta sociológica al problema de la estabilidad del régimen a través de un análisis sistemático de su estructura interna y de su inserción en esa sociedad desequilibrada, escindida, plural y contradictoria que es la española.

EDUARDO SEVILLA-GUZMÁN y SALVADOR GINER CRI 43-45, 1975

V. CONTINUIDADES DEL FRANQUISMO

Uno de los ejes interpretativos de Cuadernos de Ruedo ibérico consiste en destacar las continuidades entre el régimen franquista y la monarquía constitucional resultante. Ello es posible por el mantenimiento básico del Estado creado mediante el acto de violencia de 1939. Y son precisamente las instituciones franquistas quienes pilotan y supervisan las reformas, especialmente en el campo político y económico, donde éstas adquieren una dirección en la que se refuerza, paradójicamente, a los sectores que entienden la libertad como un hecho que debe limitarse exclusivamente al mercado. Pero el cambio político también trata de trazar un relato que busca legitimar el viejo orden. Los reformistas del régimen y los opositores aspirantes al poder van forjando mitos justificativos para asegurar las continuidades. Se sustituyen, pues, las viejas explicaciones de la cruzada, patrimonio ya exclusivo del irreductible búnker por otras teorías más integradoras como la de la «guerra entre hermanos», la «tragedia» o la «reconciliación», que sirven como cobertura ideológica al proyecto reformista-continuista. La progresiva —y discutible— liberalización del régimen en sus últimos años, va allanado el camino con un cierto cambio cultural y de discurso que converge con la predisposición a renunciar a las mínimas reparaciones por parte de un régimen criminal. Ciertamente, la principal evidencia de la no-ruptura entre dictadura y democracia consiste en el mantenimiento de la línea que separa a los españoles entre vencedores y vencidos, entre quienes, desde los más diversos ámbitos, se benefician de una manera u otra del Estado, y de quienes continúan siendo discriminados a pesar de cambiar de régimen. Y no hablamos únicamente de individuos, sino de grupos sociales. Las amplias diferencias de clase se mantienen, e incluso parecen agravarse durante un período de crisis económica donde sufren los más débiles. Pero lo más simbólico es la explícita renuncia de la oposición oficial a la memoria. Para mantener los privilegios de unos, los líderes políticos aceptan, sin consultar con nadie, pasar página y no pedir responsabilidades. Al fin y al cabo, la desmemoria es la principal salvaguarda de los privilegiados que ocuparon sus espacios mediante la violencia. El miedo a que la historia se repita se convierte en una de las excusas intelectuales que obliga a los españoles a la renuncia simbólica, y con ella, a fundamentar un

nuevo Estado desde la justicia. Tres son los artículos que hemos seleccionado para destacar esta línea de continuidad entre franquismo y monarquía constitucional, lo que augura una democracia de baja calidad. El primero de ellos, Crítica de «Breve historia de la guerra civil de España» de Gabriel Jackson, de Joan Martínez Alier, utiliza una reseña del libro publicado por Ruedo ibérico para tratar precisamente sobre la construcción del relato histórico justificativo de la desmemoria como condición impuesta a la joven e impotente democracia. Bajo el pseudónimo Genaro Campos Ríos (Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo y Juan Muñoz García), un texto de 1979, La reestructuración del estado, destaca estas líneas de continuidad expresadas en la configuración de un sistema político mucho más restrictivo de lo que indica la propaganda oficial. Finalmente, un último artículo de Martínez Alier y Alberto Hernando, La reforma política, el ejército y la representación orgánica del capital realiza un interesante análisis al detalle del personal político e institucional que vela por mantener en el futuro los privilegios del pasado.

Crítica de «Breve historia de la guerra civil de España» de Gabriel Jackson

Joan Martínez Alier realiza una reseña crítica sobre la publicación de uno de los libros más conocidos de Gabriel Jackson (Nueva York, 1921), Breve historia de la guerra civil de España,[136] traducido por el economista catalán el mismo año de su aparición del original inglés y publicado por Ruedo ibérico (1974). Se trata de una síntesis divulgativa que incluye las últimas investigaciones historiográficas, según las cuales se deja en evidencia la mitología franquista del «ejército nacional» al documentar, con la exhaustividad que permiten unos archivos restringidos, la decisiva intervención de las potencias del eje. El libro de Jackson, quien mantuvo una estrecha relación con Ruedo ibérico y sus editores, tuvo sus vicisitudes. Según Albert Forment, los primeros ejemplares de la traducción española fueron enviados a Ricardo de la Cierva, entonces director general de Cultura Popular (por tanto, responsable de la censura) y uno de los más destacados historiadores franquistas, para comprobar el grado de apertura del régimen. Teniendo en cuenta que la editorial parisina se hallaba en la lista negra de los censores, el permiso fue denegado, y como la mayoría sus libros, el

de Jackson, a pesar de ser una obra rigurosa y moderada, de alta divulgación y rigor científico, tuvo que circular clandestinamente por España. La obra de Jackson resulta peligrosa para el régimen porque desmiente buena parte de los fundamentos propagandísticos del bando nacional. Así, la ya citada intervención extranjera como ventaja decisiva, pero también la inclusión de la experiencia revolucionaria catalana de 1936, tabú entonces, y tabú todavía entre la historiografía oficialista actual. Y sobre todo, la idea de que el franquismo se sustenta sobre el terror. Es el miedo lo que sostiene el franquismo. Es la experiencia de las atrocidades cometidas de manera fría, arbitraria y sistemática la que asegura el orden. Pero, en lo que permite aventurar a una posible transición, es el mantenimiento de los problemas irresueltos durante el período republicano lo que acabará siendo decisivo para comprender la lógica de continuidad entre la dictadura y la democracia. La preocupación para no resolver los problemas de fondo, la denuncia del miedo como aglutinador de la unidad española hace que Gabriel Jackson y Ruedo ibérico, que describen las estructuras profundas de un régimen fruto de la guerra civil, sean ilegales en España.

El poder político y la Constitución

Ya en 1979, bajo la denominación Genaro Campos Ríos, los colaboradores de Cuadernos de Ruedo ibérico José Manuel Naredo, Juan Muñoz García y Joan Martínez Alier, realizan un análisis extremadamente crítico de los cambios en la estructura del Estado, de acuerdo con las fundamentadas sospechas, publicadas años antes, de continuidades entre regímenes. De Naredo y Martínez Alier ya hemos descrito su trayectoria antes, durante y después de Ruedo ibérico. El tercer personaje, Juan Muñoz García (Santa María de Nieva, 1937–Madrid, 2008), quien a a mediados de los sesenta, en París, con la editorial de José Martínez, y que a partir de octubre de 1966 formará parte, en Madrid, del consejo de redacción del interior, seguirá una importante carrera académica como catedrático de estructura económica de la Universidad Complutense de la capital española, y política, como diputado del PSOE entre 1982 y 1995. Muñoz García, economista, colega de Santiago Roldán, próximo a Jorge Semprún, Fernando Claudín o Luciano Rincón, se especializará en la crítica del poder financiero (El poder de la banca en España, ZXY, Madrid, 1970 o El fracaso de

la burguesía financiera catalana, Endymion, Madrid, 1988), siendo uno de los más críticos del sistema bancario hispánico, con análisis sobre los deseos del poder financiero que se anticipan a la situación actual. Su trayectoria política, no obstante, le lleva a desempeñar el cargo de vicepresidente primero de las Cortes, en plena época de entusiasmo por la OTAN, y entre 2002 y 2006, consejero del Banco de España.[137] En 1979 ya casi se ha completado la remodelación del Estado. Se ha promulgado la Constitución, firmado los Pactos de la Moncloa y se ha puesto fuera de combate a la disidencia no dispuesta a aceptar las nuevas reglas del juego. La exposición se introduce con una brillante cita de sc Cambó en el que se pone de relieve que la salida de una dictadura difícilmente da como resultado un régimen complaciente sin ruptura. Y de hecho, el tema del artículo colectivo expone los resultados de una democracia sin ruptura. Los autores denuncian el pacto constitucional como una transacción entre élites que dan la espalda a los ciudadanos. La Transición, pues, ha experimentado el protagonismo de los personajes y el ninguneo de las personas. Para poder asegurar las continuidades entre regímenes, el sistema ha variado de las familias políticas hacia la partitocracia. La hegemonía y consolidación de los partidos resulta el mayor antídoto contra uno de los pocos peligros de la oposición poco controlada: el asambleísmo y la autonomía de clase. El nuevo sistema, ya casi acabado, es descrito como una usurpación de la soberanía que utiliza sofisticados instrumentos para conseguir una apariencia democrática, sin serlo. Así, asistimos a partidos de élites y clientelas, verdaderas maquinarias de poder, con listas cerradas, y dedicadas a la gestión de los intereses de los grupos de presión, que normalmente coinciden con aquellos que engrasan con dinero instituciones tan sumamente caras de mantener. El resultado, una democracia de baja calidad, que evita el debate público, que castiga la disidencia, que fomenta el secretismo y la opacidad y que acaba caracterizando a un sistema político dedicado a evitar que se imponga la voluntad popular.

La reforma política, el ejército y la representación orgánica del capital

En el mismo número, Martínez Alier y el entonces joven historiador vinculado a la reconstruida CNT durante los años setenta, Alberto Hernando, valoran el resultado de la reforma política y la Transición desde la perspectiva de las continuidades históricas. Hernando (Roa de Duero, 1950), licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, dedicado a la investigación del movimiento libertario, se incorporó, a partir de 1978, al grupo barcelonés de Cuadernos de Ruedo ibérico y entabló una profunda amistad con Pepe Martínez. La militancia confederal de Hernando, que entonces compatibilizaba su actividad intelectual con un empleo en Telefónica, coincidió con el retorno de Martínez a los ideales libertarios de su adolescencia y juventud, y éste acabó siendo su confidente y amigo de los últimos años del editor de Ruedo ibérico. El historiador en la actualidad colabora como articulista sobre temas literarios en diversos periódicos y revistas. El texto, que asume buena parte del análisis ácrata que intensamente resurge a finales de los setenta en la ciudad de Barcelona, considera la Constitución como «pieza jurídica que legaliza el proceso de reestructuración del Estado iniciado mucho antes». Es decir, contrariamente a la versión oficial que la Carta Magna deviene el documento fundacional del nuevo régimen, en realidad sirve para poner orden a la caótica y dispersa legislación franquista a la vez que la actualiza, tesis asumida por historiadores críticos con la Transición como es el caso de Bernat Muniesa. En cierta forma, y contrariamente a la versión oficial de la Transición como «ruptura pactada», los autores de este artículo la vendrían a definir como «reforma pactada». El repaso de las instituciones resultantes tras la fase más decisiva de la Transición revela que los diversos aparatos del Estado (el judicial, el policial, el castrense y el económico) quedan intactos tras los cambios cosméticos. De hecho, la omnipresencia del ejército y sus injerencias reiteradas en el juego político sirven para generar miedo como manera de controlar la evolución del Estado. Destacan la importancia del artículo 8 de la Constitución (la capacidad de intervención militar para asegurar la unidad e integridad del estado) que da un papel al ejército ausente en otras constituciones europeas. De la misma manera, Martínez Alier y Hernando consideran que las diversas reformas emprendidas por la UCD (como la fiscal) en realidad se revelan falsas, pues, siendo conscientes del contexto político y económico internacional —en plena guerra fría y en los inicios de la revolución neoliberal—, llevan a España hacia la senda de las dictaduras latinoamericanas, pero sin golpes militares. No hace falta. El miedo y el control por parte de las élites tecnocráticas del Estado mantienen a

salvo los intereses de los poderes fácticos. De hecho, la UCD, improvisada formación electoral ad hoc para las elecciones de 1977 y la redacción constitucional, es descrita por los autores como una coalición de burguesías, que imitan a las diferentes familias políticas más razonables del franquismo, pero que buscan el mantenimiento —maquillado— del statu quo. En cierta manera, las reflexiones de Martínez Alier-Hernando anticipan el hundimiento posterior del partido de Suárez con pocos años de antelación. La ausencia de credibilidad democrática, o lo que es lo mismo, las continuidades entre presente democrático y pasado dictatorial, son avaladas por un análisis sociológico. El personal político que nada entre el franquismo y la oposición democrática, resulta socialmente homogéneo. Provienen de las mismas familias, que representan intereses de clase equivalentes. Y un mismo fin, la salvaguarda de la herencia de la dictadura, y de los privilegios de los sectores sociales que la sustentaron. La configuración del sistema político resultante, una democracia desactivada, cambiando la superficie, sin capacidad de cambiar las estructuras profundas. Una transformación lampedusiana.

Crítica de «Breve historia de la guerra civil de España» de Gabriel Jackson

¿Cuántas veces se ha dicho que la guerra civil española es ya cosa del pasado, sin importancia actual? Muchos son los españoles que creen que conviene olvidar la guerra, hacer borrón y cuenta nueva. Recordar la guerra civil quiere decir recordar la vigencia de los credos políticos que estuvieron en juego. Ese deseo de relegar la guerra civil a un pasado desprovisto de importancia política actual es comprensible, pero prematuro; no es compartido ni por quienes aún se enorgullecen de su «cruzada» ni por quienes consideramos la consigna de «reconciliación nacional» una claudicación que desarma y desmoviliza a la izquierda. El reciente libro del profesor Gabriel Jackson, la mejor síntesis hasta ahora publicada, inicia su prólogo con estas palabras: «Más de treinta años después del triunfo del general Franco, la guerra civil mantiene su enorme interés y sigue provocando controversias en España y en el extranjero.» En su último capítulo dice: «Los españoles de cualquier credo político han dicho y repetido desde 1945 que nunca debe haber otra guerra civil, convicción que ha contribuido a la estabilidad del régimen de Franco.» Aunque muchos expresan ese deseo de olvidar la guerra, la sed de noticias de los españoles sobre la guerra, después de tantos años de oír sólo una versión, es lo que parece inagotable, a pesar de que muchos de los mejores libros hayan tenido que ser publicados fuera de España. La publicación del de Jackson en París y en 1974 comprueba una vez más que aún no existe en España libertad de difusión de libros universitarios que difieren de las versiones oficiales de la historia de España. La persistente prohibición de la difusión de libros sobre la guerra civil como el de Hugh Thomas (que presenta una interpretación liberal de derechas) o como el de Jackson (que presenta una interpretación liberal de izquierdas) es la demostración más evidente de que la guerra civil y la represión franquista son todavía sucesos importantes en la política española actual. El profesor Jackson es ya conocido del lector español por su anterior libro, escrito hace diez años, titulado La República española y la guerra civil (editado

en castellano por Grijalbo, México, en 1967). Jackson fue víctima de un incisivo ataque de Noam Chomsky, quien tomó ese primer libro de Jackson, premiado por la asociación de historiadores norteamericanos, como un ejemplo típico de tergiversación liberal de la historia. El famoso ensayo de Chomsky «Objetividad y cultura liberal» no pudo aparecer en la edición del libro de Chomsky La responsabilidad de los intelectuales, hecha por Ariel en 1969, y por fin ha sido traducido y publicado en castellano recientemente (en la compilación de ensayos y textos sobre El movimiento libertario español publicada por Ruedo ibérico, 1974). Chomsky argumentó que Jackson, al igual que tantos otros historiadores e intelectuales del establishment liberal anglosajón, no falseaba los hechos pero los seleccionaba con vistas a apoyar una interpretación liberal de izquierdas de la guerra de España: en concreto, Chomsky acusó a Jackson de haber escamoteado la revolución social y de presentar la guerra como un conflicto entre la república democrática y el fascismo. Si Jackson se refería a la revolución social era solamente para señalar su carácter utópico y para decir que esos experimentos revolucionarios perjudicaron el esfuerzo militar republicano. Evidentemente Jackson ha tenido en cuenta tales críticas en su nuevo libro y, aunque no abandona su punto de vista, trata con más detalle y enjuicia más positivamente la obra revolucionaria realizada. Jackson está muy lejos de ser él mismo un revolucionario ferviente. Pero hace notar que en Cataluña en 1936 fue colectivizado el setenta por ciento de la industria, en Valencia algo así como el cincuenta por ciento, y en Bilbao el treinta por ciento. Hay algunas historias de la guerra civil procedentes de medios libertarios y socialistas de izquierda donde se deja en un segundo plano el aspecto militar y se glorifica la revolución social; esa manera de ver las cosas recuerda aquella canción satírica que dice: «Franco ganó la guerra, pero a hacer canciones, ¿quién nos ganó?» El libro de Jackson no cae en este defecto de infravalorar los aspectos militares, pero no es tampoco una historia exclusivamente militar. De los diez capítulos del libro, los dos primeros están dedicados a los antecedentes de la guerra civil, cuatro a las operaciones militares, uno a los aspectos internacionales de la guerra, dos a la revolución, la contrarrevolución y la política interna en ambas zonas, y el último capítulo, escrito con fervor, a la significación actual de la guerra civil. Jackson cree que, en cierto sentido, la guerre n’est pas finie: «Los españoles continuarán discutiendo los dilemas espirituales de la guerra civil y continuarán agitándose con esa herencia de luchas sociales y religiosas mal resueltas.» Evidentemente, Jackson no está exhortando a otra guerra, sino simplemente reconociendo que en España, como en cualquier otro lugar, la historia es un arma política, tanto para el historiador profesional como para el aficionado: el profesional se distingue

por su esmero en documentar y comprobar los hechos. Entre los hechos comprobados por Jackson que mayor impacto tendrán en el lector español están las cifras sobre las tropas extranjeras en ambos bandos y las cifras sobre los muertos atribuibles a la guerra civil. En ambos casos, esos «fríos números» producen mayor emoción que la que podría producir una prosa caliente. En efecto, Jackson asegura que el ejército nacionalista dispuso de cuatro veces más extranjeros que el ejército republicano: «Los nacionalistas contaron con más de 150.000 soldados bien preparados de Italia, Marruecos, Alemania y Portugal, además de las importantes unidades de las marinas mercante y de guerra de Italia y Alemania, en tanto que la República contó un máximo de 40.000 voluntarios internacionales y técnicos rusos, además de los servicios de buques mercantes rusos sólo hasta septiembre de 1937». Hay que tener en cuenta lo que estas cifras significan, en comparación al tamaño de ambos ejércitos. Así, en Teruel, se enfrentaron unos 130.000 hombres en cada lado, y la conquista de Cataluña tras la batalla del Ebro la realizó un ejército de unos 350.000 hombres. El primer ataque a Madrid, en octubre y noviembre de 1936, lo realizó un ejército de unos 25.000 hombres, de los cuales unos 5.000 fueron destinados al ataque principal. Véase pues la importancia de esa aportación extranjera, sobre todo en el bando paradójicamente llamado «nacional», aunque hay que notar que esas tropas extranjeras fueron llegando no a la vez sino sucesivamente. En cuanto a las muertes atribuibles a la guerra civil, el profesor Jackson reitera en este libro el resultado de sus investigaciones anteriores: «España había perdido realmente cerca de un millón de personas, a mediados de 1939, puesto que unas 400.000 habían abandonado el país como refugiados políticos [...] Pero las muertes directamente atribuibles a la guerra y a las consecuencias políticas de la guerra alcanzaron un total de 500.000 a 600.000: no fue tanto su número como la manera en que se produjeron lo que ha llagado profundamente la conciencia torturada (aunque por ahora silenciosa) del pueblo español. El total de muertos en batalla fue relativamente bajo, de 100.000 a 150.000, porque a pesar de que la guerra duró 32 meses hubo largos períodos sin acciones bélicas; no obstante, en todas las batallas la proporción de muertos en el total de bajas fue muy alta debido al fervor combatiente de las tropas y a su instrucción aún defectuosa. »El hecho más horroroso es que las ejecuciones y los asesinatos en represalia fueron la causa del mayor número de muertes, con mucha diferencia. En el lado republicano, hubo unas 20.000 muertes de este tipo, la mayor parte durante los

tres primeros meses de la guerra. Los nacionalistas liquidaron de 300.000 a 400.000 compatriotas suyos en el tiempo transcurrido entre julio de 1936 y el final de las ejecuciones masivas en 1944.» La conclusión es obvia: «Durante los cinco años anteriores a la guerra civil, el régimen español había sido una República parlamentaria, inestable, moderadamente reformista. Tras la guerra civil, fue una dictadura militar conservadora, dictadura que gracias a la crueldad, la habilidad política y la longevidad del general Franco ha llegado a ser el gobierno español más firme desde el reinado de Felipe II. El régimen se consolidó en aproximadamente ocho años (1936-1944) de persecución política cuya falta de misericordia y de imaginación causan pavor». ¿Y el futuro?: «La ausencia continuada de libertad significa que, al cabo de treinta años, toda una generación ha llegado a su madurez sin experiencia alguna en el arte de gobernar y de ser gobernada constitucionalmente, arte que los españoles recién habían comenzado a aprender entre 1876 y 1936. De otro lado, es razonable suponer que la España de hoy puede evitar los dos grandes problemas que destruyeron a la República: la reforma agraria y el fascismo agresivo. No se ha llegado a realizar una reforma agraria, pero el problema no es ya tan grave a causa de la creciente industrialización; y es sumamente improbable que un fascismo nihilista, agresivo y fanfarrón vuelva a surgir en Europa, a juzgar por la evolución europea a partir de 1945.» Al profesor Jackson le continúa preocupando, pues, aun tras la aguda crítica de Chomsky, las posibilidades de implantación del liberalismo en España. ¿Cómo negar la pertinencia histórica y actual de esta perspectiva? Dentro de ella, Jackson ha escrito una pequeña obra maestra, lo que no excluye que quepa también escribir la historia de la guerra civil y extraer consecuencias políticas desde perspectivas corporativistas o desde perspectivas socialistas. Si tal se hiciera, la significación actual de la guerra civil, de la contrarrevolución y de la revolución, destacaría aún más que en la obra de Jackson. Para la izquierda, la herencia de la guerra civil es triple: primero, la experiencia revolucionaria de 1936 puede ser todavía un ejemplo movilizador; segundo, las disensiones internas han dejado un gran deseo de unidad en la clase obrera, que es sin embargo de difícil logro; tercero, y tal vez lo más importante, la represión feroz de aquellos años, que durante tanto tiempo dejó a la izquierda atemorizada, es ahora más bien un lastre para la derecha, tanto católica como fascista, que para la izquierda, puesto que ésta va perdiendo el miedo en tanto que a la derecha le va a ser difícil desembarazarse de esa terrible carga. Digamos para acabar que la significación actual de la guerra civil sería también grande si su historia se escribiera desde la perspectiva de los nacionalismos vasco y catalán, a los que

Jackson no presta quizá la atención debida como causas de la guerra civil y como obstáculos a la implantación actual de un régimen liberal en España, que si bien no tropezaría ya con un problema agrario de las dimensiones del de 19311936, sí que debería enfrentarse (sin tener soluciones muy claras) con esos nacionalismos en plena vigencia.

JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 43-45, 1972

Autor: Vasco.

El poder político y la Constitución

«El caso de un dictador que prepare espontáneamente su sucesión con la instauración de un régimen jurídico no tiene precedentes en la historia. No es teóricamente imposible, y hasta parece que en España se quiera hacer, sinceramente, un ensayo en este sentido. Pero aunque el intento llegara a tener éxito, no eliminaría los problemas que plantea la sustitución de una dictadura, si ésta ha sido de larga duración [...]. El término de una larga dictadura probablemente coincidirá con la explosión de todas las pasiones disolventes que el régimen dictatorial no ha hecho más que contener [...]. Cuando no se puede volver simplemente al régimen interrumpido por la dictadura, todos los problemas constituyentes se plantean simultáneamente, forma de gobierno, organización unitaria o federal del Estado, derechos individuales y sus garantías, organización de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, relaciones entre el Estado y la Iglesia…, o las Iglesias [...]. Y no se crea que por el hecho de que la dictadura promulgue una Constitución antes de desaparecer, pueda evitar este período constitucional. Es necesaria la más angelical de las ingenuidades para creer que el pueblo, al recobrar el gobierno de sus destinos, aceptará, sin revisarla en todos sus extremos, la Constitución elaborada bajo el régimen dictatorial. »Juntamente con el trabajo de mantener el orden público y con el proceso constituyente integral, se presentarán al gobierno que tomó la sucesión de la dictadura un sinfín de problemas políticos por ella preteridos o resueltos con soluciones que será necesario rectificar íntegramente.»

(sc Cambó, Las dictaduras, Madrid, 1929, pp. 202, 203 y 204.)

Las proféticas ideas y reflexiones de Cambó sobre las «salidas» de las dictaduras se han cumplido en buena parte. Y si se tiene en cuenta las características propias que tuvo la última dictadura en cuanto a origen, duración, desarrollo y fines se puede afirmar que el «modelo camboniano» aplicable para tal supuesto

se ha cumplido en un alto nivel. Dado que ese régimen tuvo caracteres de «salvador» —y salvador del sistema fue—, es lógico que tuviera larga vida y que contara en el «momento supremo» con la asistencia del «equipo medico habitual». La ruptura había sido imposible. El orden constitucional establecido por el anterior jefe del Estado hubo de cumplirse tanto en la sucesión de más alta magistratura (con el previo juramento) como en el mismo procedimiento de cambio y modificación del orden constitucional heredado. Evidentemente, el orden franquista no podía mantenerse sin la existencia física del que calificaba al sustantivo. La necesidad de sustituirlo no la discutieron ni los propios procuradores franquistas que con la ley de reforma política pusieron fin a sus días, aunque algunos aseguraron su continuidad. Por ello, no es ilógico que en las primeras Cortes democráticas hubiera nada menos que 76 parlamentarios integrantes anteriormente de las Cortes franquistas, aunque algunos traten de olvidar expresamente tal circunstancia.[138] La peculiaridad del caso que nos ocupa estriba en que el dictador previó su sucesión y abrió la puerta de la reforma política que la hizo posible, pero no pudo —y no hubiera podido— patrocinar eficientemente la gestación del nuevo orden constitucional. Mas, providencialmente, la elaboración de este nuevo orden que, actualizando la forma de dominación política, fuera respetuoso de los aspectos esenciales del sistema socioeconómico vigente, se ha realizado no en el Parlamento sino en la trastienda, de espaldas a ese pueblo ahora supuestamente soberano y con unos métodos cuya falta de transparencia y participación tiene poco que envidiar a los que daban vida a las decisiones políticas durante el franquismo. Lo que hace que ese período constituyente del que hablara Cambó en los párrafos antes citados, no transcurriera más que formalmente ofreciendo una nueva válvula de escape a las «pasiones disolventes» que el régimen dictatorial no había hecho más que contener, pero no abordando éstas en su raíz. En cualquier caso, el pacto con los partidos de la llamada oposición democrática tenía que pasar o, simplemente, pasó por su legalización, por la propia entrada en un campo de juego que tenían vedado. Esta entrada triunfal tendría lugar para el PSOE y, más modestamente, para el PCE el 15 de junio de 1977. Y, lógicamente, tal entrada necesitaba el cambio de unas reglas de juego que no estaban hechas para tal supuesto. El pacto llevaba implícito, en primer lugar, el reconocimiento del sistema capitalista español, un sistema crecientemente dependiente del

exterior; en segundo lugar, el respeto al heredero, «motor del cambio», y, en tercer lugar, la homologación del grupo neotecnocrático y neofranquista en el poder; una homologación necesaria en cuanto que «la competencia» carecía —y sigue careciendo— de la necesaria capacidad. Sobre estos grandes supuestos se ha realizado la reforma constitucional. En primer lugar, y conforme al orden de aparición en el articulado, se puede decir que la Constitución de 1978 es la Constitución de los partidos políticos, o de la nueva clase política que se autodesignaba heredera del poder antes personalizado por Franco. «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», dice el artículo 6 aprobado sin discusión por 317 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Al ser la Constitución de los partidos, era lógico que para la «Constitución de todos» (o casi todos, sobre todo los parlamentarios), ofrece ventajas a «ricos y pobres, empresarios y trabajadores, liberales y comunistas, demócratas y autoritarios, creyentes y ateos, homosexuales y heterosexuales, unitarios y federales».[139] Y, aunque se la ha tachado de «larga, ambigua en algunos temas importantes y mal escrita»,[140] a todos les parecía aceptable aunque nadie se mostró «enteramente satisfecho», sin especificar —eso sí— los puntos concretos en los que se «sentía» insatisfecho ni en los debates constitucionales ni en las declaraciones públicas. Todos pidieron el voto favorable e intentaron capitalizar el presunto resultado masivamente afirmativo. Unos y otros se acusaron de intenciones «capitalizadoras». Hasta con el honorable Tarradellas existió el «temor» de que capitalizara el «sí» a la Constitución.[141] Al margen de la capitalización ex ante del referéndum todos los grandes líderes políticos se mostraron satisfechos. Tuvieron sus ovaciones finales en el Congreso y Senado y sus manifestaciones elocuentes. Para el profesor Tierno, que, en un principio, cuando militando en el PSP no se le dio vela en el entierro, mostró su disgusto y sus objeciones críticas al proyecto, como presidente honorario del PSOE le pareció la constitución «más neutral e igualitaria, en cuanto a política se refiere, de las que hemos tenido».[142] Según Simón Sánchez Montero, «la Constitución culmina mi lucha por las libertades».[143]

Felipe González dio una valoración «claramente positiva». «No decimos los socialistas que la Constitución sea absolutamente identificable con nuestros propósitos, pero la aceptamos, la apoyamos y la defendemos sin ningún tipo de reservas» por ser «la Constitución de la concordia, la Constitución de la reconciliación y la Constitución de la ruptura con el pasado».[144] En función de todo ello, el líder socialista español pidió que todos los ciudadanos contribuyeran «de forma abrumadoramente mayoritaria a darle a la Constitución un respaldo político sin precedentes»[145] porque, como afirmara su colega Alfonso Guerra, «la izquierda ha conseguido la Constitución más progresista de Europa».[146] Hasta se habló de «el rapto de la Constitución por la izquierda». [147] Todos —en especial UCD y la «izquierda parlamentaria»— intentaron capitalizar el «sí» a la Constitución. Toda la izquierda tenía que votar que sí porque, como dijera Santiago Carrillo, «quienes van a capitalizar los votos negativos y las abstenciones no van a ser los grupos de izquierda que han decidido recomendar estas posturas, sino la ultraderecha más reaccionaria».[148] La responsabilidad asumida en exclusividad por los partidos es preocupante, en particular teniendo en cuenta el nivel de los políticos y la forma en que son designados: «Un sistema en el cual los representantes no son designados por los representados, ni siquiera conocidos por ellos, en los que éstos delegan totalmente en los partidos su selección y, concretamente, en la maquinaria de los partidos [...] lleva a lo que con razón se ha llamado la «partitocracia», al predominio de los partidos, que no se convierten en meras cadenas de transmisión, en meros promotores de candidatos y de programas, sino en los que realmente monopolizan el proceso político.»[149] Con arreglo al texto constitucional, los partidos políticos en exclusiva van a ser los instrumentos a través de los cuales se ordenará la vida política. «La gran cuestión que se plantea a partir del 5 de diciembre concierne a la definición y organización de todos los partidos políticos sin los cuales la Constitución sobra y la democracia es imposible. En consecuencia —decía una de las “figuras” de la UCD— si queremos establecer aquí una democracia genuina y duradera —y sin duda lo queremos— debemos construir partidos políticos auténticos y no meras fórmulas electorales [...]. Después del 6 de diciembre se debe imponer la realidad y no la ficción. Se debe imponer el rigor y no la superficialidad. Se debe imponer la competencia y no la ineficacia.»[150] Ante esta sincera confesión de parte de que hasta el 6 de diciembre no ha habido partidos auténticos, ha predominado la ficción, la superficialidad y la ineficacia;

poco cabría que añadir. Sin duda, todo esto cambiará a partir de ese día 6 de diciembre. Es normal que todos piensen que la vida cambia o va a cambiar cada cumpleaños, cada 31 de diciembre, cada vuelta de vacaciones. Todo el mundo espera este tipo de milagros, y más que nadie los hombres de los partidos que se sienten con tanta seguridad, con tanta capacidad, que han excluido cualquier otra forma de representación política. Por ello —ha señalado el presidente del gobierno— en el «futuro» «tendremos que elegir responsable y libremente un programa de gobierno votando a las fuerzas políticas que mejor representen nuestras ideas».[151] Para empezar habría que preguntarse: ¿hay programas? Pocos, oscuros y deficientes. Y cuando no existen, se «pintan», o mejor dicho, se «repintan» a partir de lo que se venía diciendo hace cincuenta años, con un color más o menos vivo según vayan dirigidos a la base del partido o a los electores o a los empresarios.[152] Pedir confianza a los posibles electores no creyentes es solicitarles que no sean personas normales o que sean deficientes mentales. Estos sistemas que nunca son ideales, pero para que la representación no resulte desastrosa se requieren buenos «actores» y apenas si hay «actores». Cuarenta años sin «teatro» son muchos años para que pueda haber actores. Hay pocos y casi ninguno es bueno, aunque se lo crea. Además, están imbuidos —y ello quizá sea inevitable— muy poderosamente por las formas de actuar del «único actor» al que criticaban. Estas «formas de actuar» quedaron plasmadas en la propia elaboración constitucional que ha venido a representar la propia negación de lo que se decía querer afirmar, la democracia. Como acertadamente ha señalado Julián Santamaría, «la frustración de una parte muy importante de la población ante la inexistencia de un proyecto político bien definido, la insuficiencia del cambio, la ambigüedad frente al pasado y la incertidumbre del futuro, la falta de transparencia del proceso político, en general, y del proceso constituyente, en particular, la escasa publicidad de las decisiones principales, la persistencia de los procedimientos oligárquicos tanto en el interior de los partidos como en la vida nacional, la ausencia de exploraciones... han sido causas de una situación de “desencanto” de un pueblo con el que sólo se ha contado en el momento del voto».[153] La Constitución fue elaborada, en su fase pública de discusión en las comisiones

y plenos del Congreso y del Senado, de una forma desafortunada y si las formas son importantes en las democracias la manera de abordar la Constitución niega, de alguna manera, lo que se dice querer afirmar. Si se emplean formas no democráticas difícilmente se afirmará la democracia. Curiosamente, sólo algunas minorías, y en especial, algunas individualidades se comportaron como demócratas. Estas excepciones —que como recordó entre rumores de desaprobación el presidente del Congreso sólo representaban 355.601 votos—, junto con algunos personajes del antiguo régimen, fueron los que se comportaron objetivamente de una forma coherente con el sistema político que se decía pretender establecer y consolidar. La gran tragedia de la Constitución, de su manera de hacerla, es que ha operado como prueba contra los que más hablan de democracia, de posturas contra la democracia, de pecados democráticos, etc. Como recuerda Heribert Barrera, único diputado de la Esquerra, «la Ponencia actuó sin público, sin periodistas, en absoluto secreto, sin informar para nada de lo que se iba a hacer, no ya al país, ni tan sólo al Congreso», con «procedimientos» insólitos en los regímenes democráticos. El secreto, el secretismo, contrario al principio que debería definir a toda democracia, campó por sus respetos. Esta política no pudo deparar mayores desastres causando una «creciente [y lógica] apatía del pueblo por la vida política y constitucional española».[154] Aunque hubo comentarios de mal humor, «la cosa no pasó de ahí porque todo el mundo veía que, primero en la Comisión constitucional y luego en este pleno, podría por fin tener lugar un verdadero debate público», pero «la discusión sobre algunos puntos fundamentales quedó prácticamente escamoteada y muy a menudo los debates quedaron enmascarados y reducidos a poco más que un simulacro». Más aún, «las reuniones importantes no eran las que se hacían en este palacio, sino las que se hacían fuera».[155] Acertadamente, Barrera —como después millones de españoles— considera que «el método de las discusiones clandestinas que en buena parte se siguió fue lamentable», «a causa del mal efecto que ha producido en el país y del precedente que representa para la puesta en marcha de la democracia» porque «la democracia parlamentaria tiene “su liturgia”, que es absolutamente necesario respetar si se quiere conservar sus esencias»,[156] y «si faltan los debates se rompe la posibilidad de control por parte del pueblo de la conducta política de los hombres que ha elegido».[157] Cuando las discusiones en el Parlamento son sustituidas por el

«maquignonnage»: «transacciones propias de comerciantes de ganado hechas en lugar cerrado»,[158] la democracia falla. El consenso, en cuanto ha tenido de transacción propia de comerciantes, en cuanto suprimió las exposiciones públicas, en cuanto ha supuesto llegar a fórmulas y «establecerlas a puerta cerrada», sin debate público siquiera, ni anterior ni posterior, ha supuesto la «propia negación del sistema parlamentario», y el «total menosprecio» de lo que el pueblo pueda pensar.[159] «Ese consenso del que están tan orgullosos es una especie de burla sangrienta que se hace a los españoles que no pertenecemos a la UCD ni al PSOE», llegó a decir el escritor senador real Cela. Es «una befa a la democracia», decía el catedrático de Teoría del Estado y Derecho constitucional, Juan Ferrando.[160] Aunque no nos engañemos, algunos critican porque no pudieron encontrarse en ese consenso más que por actitudes claramente asumidas. Las formas de discusión clandestinas, centradas en el diálogo Guerra-Abril, han sido maneras idénticas o muy parecidas a las que estábamos acostumbrados. El personal político no ha perdido los hábitos tradicionales de la más inmediata dictadura. Y es que la «democracia verdadera no ha entrado aún del todo en nuestras costumbres políticas [...]. Los métodos dictatoriales que durante tantos años el país ha padecido se mantienen en gran parte todavía vigentes. Se ha acabado ya, es cierto, con la dictadura de un hombre, pero corremos el riesgo de caer en una especie de oligarquía de cabezas de partido pactada y plebiscitada». [161] Como proféticamente señaló Heribert Barrera, «la Constitución así elaborada será, acaso, una Constitución de consenso de los partidos importantes, pero no será necesariamente por esto una Constitución de consenso popular, puesto que los partidos aseguran, quizá, el consenso de sus militantes, pero no necesariamente el de sus electores».[162] Los electores, como preveía Barrera, en el primer momento que tuvieron oportunidad, expresaron su «desencanto y frustración», desentendiéndose «de una situación en la que sólo ven la sustitución de una clase política por otra».[163] Pero el desencanto y la frustración era obvio que ya se había detectado. El mismo día 6 de diciembre se nos daba noticia de graves defectos en el censo, estimándose las duplicaciones en 1.250.000 personas. Esta información del INE tenía como finalidad evidente la denuncia de un abstencionismo inevitable: el de los duplicados en el censo. Un problema real que no se presentaba por primera vez en este referéndum constitucional. Si se analiza la evolución de los últimos censos electorales podrán observarse unas irregularidades increíbles:

Fecha 1966 1976 1978

Censo 21.803.397 22.114.042 26.632.180

Abstenciones (en %) 7,7 22,6 32,9

Entre el censo de 1966 y 1976 el número de electores sólo aumentó en poco más de 300.000, lo que es absolutamente imposible. Aquel censo de 1966 hubo de ampliarse al conocerse los resultados parciales: la avalancha de votos producida por el excesivo celo de las autoridades locales hizo que la cifra de abstenciones con respecto al censo oficial quedara reducida más o menos a un 0,2 % de dicho censo. Ante tan espectacular resultado, los responsables de los resultados hubieron de acudir a la estratagema del «pucherazo en contra» que consistió en añadir al censo los votos de los llamados «transeúntes» —ciudadanos que, por cualquier circunstancia, no se encontraban en lugares donde estaban censados y que se les autorizaba a votar en otro lugar—. Ahora bien, esta adición no podía ser más burda, pues los «transeúntes» que votaban tenían que ser baja en «su colegio y alta en el que votaban» sin que el censo total sufriera variación. Aquel día nacieron 2.000.000 de españoles y nadie protestó.[164] Claro que, entonces podían producirse este tipo de milagros. Esta «aparición súbita» de 2.000.000 de españoles es lo que justifica la escasa capacidad de crecimiento en la década 1966-1976. La «precipitada y, por ello, demagógica reducción de la edad electoral a los 18 años».[165] El resultado empírico del escrutinio, con estas modificaciones censales, fue poco «alentador» y casi «trágico», pues la presión sicológica sobre los votantes, el miedo, etc., son factores que hacen pensar que votaron muchos más de los que verdaderamente querían expresar su opinión libremente. En este aspecto, la «obra» de los partidos en juego viene siendo similar en alto grado a la del más inmediato pasado.

Autor: Ges.

El referéndum se planteó de manera similar a los franquistas y, en algunos aspectos les superó ampliamente. Como se señaló la campaña en favor del sí constituyó «un gigantesco ejercicio de intimidación sicológica».[166] En Televisión (en especial la triste marcha triunfal del mismo día 6 de diciembre) fue «abiertamente deshonesta».[167] «¿Será preciso hablar de la fastidiosa insistencia de Televisión española?», se preguntaba Antonio de Senillosa. «En algunos momentos uno espera y hasta desea, fatigado por el bombardeo incesante de propaganda, que sea contraproducente tanto lavado de cerebro.»[168] Pues bien, como ha señalado Julián Santamaría, no obstante «la insoportable presión de la propaganda, las directrices del voto del gobierno, los partidos, los grupos parlamentarios, las organizaciones sindicales, la prensa, la radio y la Televisión»,[169] un 40 % de los posibles electores no acudió a las urnas o votó «no», y un 3 % votó en blanco. Y ello, a pesar de los argumentos terroristas y antidemocráticos de la mayoría de los órganos de expresión en el sentido de identificar las consecuencias de un posible «no», o de un «no» extenso, al vacío, al caos, al desastre. Como se advertía sensatamente en el diario ABC, «el resultado del referéndum sólo tendrá verdadero valor moral vinculante si se basa en la adhesión libre, no en el miedo de posibles consecuencias insospechadas». [170] Este periódico monárquico-conservador, teniendo que dar una primera lección de democracia, hubo de recordar que es sólo la «adhesión basada en el libre ejercicio del voto lo que hace racional el postulado de la democracia [...] ¿para qué votar si sólo es válida democráticamente la actitud afirmativa? Toda actitud discriminatoria del valor del voto por su contenido calificando unas posiciones de democráticos y a todas las demás de antidemocráticos, destruye el postulado de la libertad del voto, que otorga igual licitud a cualquiera de los contenido que pueda adoptar».[171] No deja de ser alucinante que, en estos tiempos, las lecciones democráticas provengan de ABC, pero mucho más aún es que hayan venido de los grupos más derechistas, que saludaron entre rumores al Congreso con el viejo saludo de los gladiadores: «Los que van a morir os saludan», «las enmiendas que van a morir os saludan».[172] Entre la «torpeza democrática» de los hombres del consenso, Fraga se alzó en figura parlamentaria

indiscutible. Así lo reconocieron los propios diputados con ese único «muy bien, muy bien. Aplausos» que figuran en el notarial Diario de Sesiones (véase cuadro). Fue el que más intervenciones tuvo (44), el que más «risas» provocó, más «rumores»... Fue el rey del Parlamento. Se preocupó, como profesional, de quedar bien, aunque algunos le acusaran torpemente de «citar» mucho. «Me ha abrumado, como siempre —dice el diputado por Segovia, Luis Solana—, con citas y ejemplos».[173]

Intervenciones en la discusión constitucional del pleno del Congreso

Fraga Peces-Barba Solé Tura Gastón Sanz Pérez-Llorca L. de la Fuente H. Barrera O. Alzaga Herrero Miñón Martín Toval Gómez de las Roces Letamendía Roca Arzallus Vizcaya Tierno López Rodó Cuerda Montoya Tamames Carrillo Silva Muñoz García Añoveros

Partido AP PSOE PCE PS Arg UCD AP EC UCD UCD PSOE P ArgR EE CDC PNV PNV PSP-PSOE AP PNV PCE PCE AP UCD

1 44 22 19 14 12 11 10 10 10 9 8 8 8 7 7 7 5 5 5 4 4 4

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Güell Solé Barberá Meilán Monforte Arregui Canyellas Pujol Soley Llorens Sotillo Mendizábal Cisneros Camacho Rovira Tarazona E. González Aguirre Paredes Grosso Trías Pergenaute Solano Múgica Zapatero Gómez Llorente Barón Lapuerta Jarabo Payá Pons Irazazábal Valle Menéndez Garí Mir Jiménez de Parga Apostúa Castellano Gil Albert Bravo Laguna Burguera Escrivá

UCD PCE UCD PNV DCC CDC UCD PSOE AP UCD PCE UCD PSOE PNV CDC UCD PSOE PSOE PSOE PSOE PSOE AP AP PSOE AP UCD UCD UCD PSOE PCE UCD

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 Número de intervenciones 2 Muy bien, muy bien, aplausos 3 Muy bien, muy bien 4 Muy bien 5 Aplausos

6 Risas y aplausos 7 Risas y rumores 8 Risas 9 Rumores 10 Rumores y protestas

Quizás abrumara pero el hecho concreto es que como decía el mismo Fraga, «lo que ocurre es que cuando se escriba la historia de este período y se lea el Diario de Sesiones habrá quien haya hablado y haya dicho algo, con citas o sin ellas, y habrá quien haya hablado y no haya dicho nada. Y en su día se verán claras las cuentas de los unos y de los otros».[174] El Diario de Sesiones puede empezar a leerse. Algunos se salvan, además de Fraga: Heribert Barrera, Gastón Sanz, Solé Tura, Letamendía...; pero, en general, casi nadie quiso o pudo salvarse. La defensa pública de lo que se pensaba, de las líneas programáticas de cada partido no quiso hacerse. Las explicaciones de voto fueron, casi siempre, de trámite. Como se dice, la historia juzgará. Quizá alguna vez... Entretanto, los que no quisieron hablar porque lo importante venía ya hecho y pactado, quizá piensen que es el producto elaborado lo que la salve. Sirva esta corta pero muy ilustrativa experiencia de contraste para lo que pudiéramos llamar ley de bronce de las burocracias políticas y que se formularía diciendo que cuanto más se aproximan al poder más se acentúa su autoritarismo, o, dicho de otra manera, que poder y democracia son incompatibles.[175] Así, las posiciones tan insistentemente democráticas del PSOE y del PCE se han quedado en hueras fraseologías en cuanto han conseguido un ápice de poder a través de unos escaños que les permitirían controlar los resultados de las votaciones junto con el núcleo mayoritario de la derecha encuadrado en la UCD. Y quienes criticaban ahora estas actuaciones invocando el nombre de la democracia seguían siendo los «minoritarios» y marginados de la izquierda que, como recordara el presidente, sólo contaban con 355.601 votos, o de la derecha que no participaban en la cocina del consenso. Pero ¿cuáles son las características del producto resultante? Como puede suponerse, son aquellas que ha considerado deseables la derecha mayoritaria que llevó la iniciativa en la reforma política preparada por Franco, con algunas concesiones en aras del consenso, que se suponen de escaso contenido práctico. Veamos cuáles son sus líneas maestras. La Constitución, como era inevitable, parte del reconocimiento como «valores superiores» de su ordenamiento de los principios de libertad, justicia, e igualdad y pluralismo político (artículo 1); garantiza «la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes» (artículo 149.1); hace afirmación expresa de que las comunidades territoriales «no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y políticos» (artículo 138.2);

etc. Sin embargo, la nueva Constitución mantiene incólumes los principios sobre los que se sostiene el actual sistema socioeconómico autoritario y desigual, como no podía ser menos dado que los partidos mayoritarios de la izquierda habían abandonado, en función del pacto previo a su entrada en el aparato de poder, la formulación de cualquier orden alternativo.[176] Así, por una parte, la nueva Constitución acepta el marco monárquico diseñado por Franco para sucederle políticamente (artículo 1.3), y se toma al propio ejército franquista como garante expreso del mismo (artículo 8.1). Por otra, se mantienen los principios prácticos de desigualdad, que resultan en el texto constitucional a todas luces ostensibles. Así, la Constitución reconoce «el derecho a la propiedad privada y a la herencia» (artículo 33.1), «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado» que «los poderes públicos garantizan y protegen» así como la «defensa de la productividad» (artículo 38). Y se presentan la «economía de mercado» y la «propiedad privada» no como factores de explotación, sino como un marco en el que la riqueza del país, «sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general» (artículo 128). No obstante, se han incorporado algunos principios correctores tales como una amplia posibilidad expropiatoria: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y en conformidad con lo dispuesto por las leyes» (artículo 33.3). La expropiación depende de lo que se entiende por «utilidad pública o interés social» que para partidos auténticamente de izquierdas podrían ser todos los medios de producción, mientras que para la derecha pocos bienes privados serán de utilidad pública —sólo, como en el franquismo, los que beneficiaban a los monopolios—. La sustitución de la palabra «previa la correspondiente indemnización» por «mediante» hizo que la derecha lo denunciara. La sustitución de «la palabra “previa” por “mediante”, al referirse a la indemnización destruye prácticamente toda la economía [...] y quita las garantías del derecho a la propiedad.»[177] El «gol» potencial de la izquierda, en efecto, puede ser notable. Las posibilidades socializadoras aumentan. Por ello, hay que esperar y ver lo que, con un triunfo electoral de los «mediante», se va a hacer concretamente. Las ideas de los socialistas es que «este país va a ser un país de economía de mercado durante decenios y decenios».[178] Eso sí, «no al estilo decimonónico», faltaría más. En cualquier caso este artículo no rompe la dicotomía entre propiedad privada individual y propiedad estatal, ambas sujetas a tipos de organización jerárquicos, centralizados y burocráticos llamados a

ejercer la gestión al margen de la mayoría. Cabe apuntar la escasa atención que se presta a otras formas de propiedad privada colectiva que pudieran servir de contrapeso a la concentración del poder económico privado y estatal. Un hecho notable es que se pueden observar más garantías para el capital extranjero con un poder ascendente en el capitalismo español que para el nacional con un poder declinante. Mientras se garantiza al primero con el expreso reconocimiento de los tratados y acuerdos internacionales (artículo 96.1), a la burguesía nacional se la intranquiliza con el «mediante», con la planificación (artículo 131), con la posible reserva «al sector público» de «recursos o servicios esenciales, especialmente en el caso de monopolio» (artículo 128.2) o con la promesa de que en los «poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de pacificación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas» y «el de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción» (artículo 129.2) etc. Estas promesas, estas posibilidades… han facilitado que la Constitución fuera considerada de «todos», aunque hasta que llegue «el gran día» o «los grandes días» en que todos seamos iguales nadie podrá negar que primarán los hechos. Y los hechos son desiguales. Y la Constitución sanciona desigualdades concretas aunque en los grandes principios se afirme la igualdad y el no privilegio. La nueva Constitución no sólo ha salvado, con la «ayuda de todos», los antiguos factores que sostenían el poder económico y la desigualdad, sino que se ha cuidado muy bien de preservar la autoridad del Estado español de la explosión de las pasiones autonómicas contenidas durante el franquismo que la amenazaban. Para ello, se reserva al Estado un papel fundamental en la creación, funcionamiento, competencias y relaciones de las «comunidades autónomas». El artículo 145 llega incluso a prohibir la libre federación de «comunidades autónomas», monopolizando la organización estatal las relaciones entre esos territorios. Asimismo, el Estado se reserva los aspectos fundamentales que dan pie a las crecientes desigualdades entre los territorios (aranceles, comunicaciones, energía, etcétera (artículo 149). Todo esto ha sembrado el descontento entre los que esperaban arrancar de la Constitución mayores concesiones autonómicas. Pero, curiosamente, aquellas zonas que han recabado mayores ventajas en este sentido son comparativamente las más privilegiadas desde el punto de vista económico (aunque oprimidas desde el punto de vista cultural). No en vano el Parlamento ha sido un reflejo de los poderes establecidos y, lo mismo que la Constitución perpetúa las

desigualdades entre clases, sexos, etc., ha perpetuado también las desigualdades existentes entre las distintas zonas del territorio hispano. Algo significan las palabras a lo largo del debate constitucional. En primer lugar, se trata de la «Constitución española». Y como dice el artículo 2, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española», cuyo cemento aglutinante viene dado por la organización estatal con sede en Madrid (artículo 5). La preocupación por salvar esta unidad impuesta se refleja en que la palabra España se repite 1.286 veces a lo largo del debate. A continuación fueron las voces Euskadi-País vasco y Cataluña las que sonaron con más insistencia, no apareciendo apenas mencionadas la mayoría de las zonas más dominadas del territorio.[179] Se podría decir que, por el sonido y la pronunciación, la Constitución no es tan de todos. Es algo que el tiempo nos dirá. Aunque lo que es obvio es que los «marginados» de todo tipo tendrán que operar y defenderse en base a los grandes principios, mientras que los beneficiados lo harán con lo concreto. Esto a nivel formal, porque, a nivel real, todo seguirá igual. Más o menos. Aunque se han dado grandes esperanzas el final de la función es frustrante para quienes esperaban mucho. Otra vez se cumplirá aquello de que «días de mucho, víspera de nada». En la nada estamos.

GENARO CAMPOS RÍOS (seudónimo de JOSÉ MANUEL LAREDO, JUAN MUÑOZ GARCÍA y JOAN MARTÍNEZ ALIER) CRI 61, 1979

La reforma política, el ejército y la representación orgánica del capital

La reforma política

Se presenta a la Constitución como la puerta que da paso a la democracia. En este sentido se le otorgó un valor en sí misma olvidando que la Constitución, en suma, sólo es la pieza jurídica que legaliza el proceso de restructuración del Estado iniciado mucho antes. La Constitución establece unas normas legales que regirán las actuaciones sociales y políticas permitidas a los ciudadanos del Estado español. Así pues, sería difícil entender la función de la Constitución aisladamente del proceso general de dicha restructuración del Estado. Ésta tuvo unas causas y lo importante es determinar si los objetivos para los cuales fue iniciada se han cumplido, o, por el contrario, persisten los problemas que la originaron. También sería erróneo separar la redacción final de la Constitución del desarrollo de la restructuración del Estado: la Constitución es un reflejo de cómo se ha procedido al reajuste de los distintos aparatos del Estado. Dos factores fueron determinantes para iniciar la reforma: la crisis económica — efecto de la crisis mundial— y la crisis de dominación. En aquel momento el eje de la lucha de clases estaba situado en los centros de producción. De las movilizaciones de ramo las luchas se iban extendiendo a las zonas con la generalización de los procesos asamblearios. Este nivel de lucha de clases, lejos de ser alcanzada por el resto del movimiento obrero occidental, había permitido a los trabajadores ganar una serie de espacios políticos al capital —especialmente el creciente control obrero sobre el proceso de la producción— que éste no podía consentir. A pesar de la flexibilidad que caracterizaba al régimen franquista para adaptarse a situaciones históricas de cambio, su sistema de dominación político e ideológico se iba deteriorando progresivamente perdiendo apoyo social incluso en sectores del capitalismo español.

El nuevo régimen necesitaba legitimarse ampliando su base de apoyo social. Ello implicaba reformar los distintos aparatos del Estado, y el derecho que los regulaba, y de ahí la complejidad, dificultad y larga duración de la operación. La esencia de la reforma residía en la reimplantación de las libertades formales de una democracia burguesa con base parlamentaria. Ello permitía a las representaciones políticas de las distintas clases en presencia del Estado español acceder a los aparatos del Estado vía electoral —partidos políticos— en vez del procedimiento por élites designadas como el anterior régimen. De esta forma y en función de la correlación de fuerzas resultantes de la elección se conjugarían los diversos intereses de las distintas fracciones, pero sin cuestionar el sistema socioeconómico, la conservación del cual es precisamente el objetivo de la reforma. Esto suponía además de la organización de la representación política de las clases dominantes, la legalización de las organizaciones de las clases dominadas y de aquellas otras que sin serlo estaban marginadas o tenían restringido el a los aparatos del poder franquista. Con ello se eliminaba uno de los fundamentos de las movilizaciones —la falta de libertades políticas—, consiguiendo ampliar el apoyo social a la nueva dominación a través de la ilusión de la soberanía popular. Lo que podía suponer un coste de competencia, la legalización de las organizaciones de izquierda, quedaba enjugado por la credibilidad que aportaban a la reforma y la garantía de controlar y bloquear las movilizaciones que hasta esas fechas se venían dando. Para que una nueva situación de libertad sin más no desequilibrara el proceso iniciado, se llegó, a través de una negociación, a algunos acuerdos políticos de base. A cambio de vagas promesas de reforma en profundidad de los aparatos del Estado y a cambio de la renuncia a la reforma neocanovista de Arias-Fraga, renuncia un tanto forzada y a regañadientes tras los sucesos de Vitoria, la oposición, especialmente las organizaciones del reformismo obrero que gracias al apoyo del Estado recuperaban el estatus de intermediarios oficiales de los trabajadores, no sólo se prestó al juego en las condiciones antes enunciadas, sino que se convirtió asimismo en el más celoso de los guardianes del cumplimiento de los plazos de la reforma y en la consolidación de la nueva dominación. La primera tarea de la reforma fue neutralizar las castas del funcionariado franquista por los obstáculos que podían oponer a la restructuración de los aparatos políticos. Esta operación afectaba tanto a las burocracias civiles como militares, centrándose en los niveles superiores y medios de sus jerarquías tanto a nivel central como local del Estado. Sin embargo, en todo momento la

intención de los reformadores fue retocar lo menos posible los aparatos. Reformar sólo lo imprescindible. La muerte de Franco agravó la crisis por una parte, pero por otra, libres ya de prejuicios morales, aceleró la restructuración del Estado arrinconando las estrechas reformas iniciadas en vida del dictador. La reforma consistía en asegurar la continuidad del Estado cambiando el aparato político del régimen sin negar la legitimidad en que se apoyaba. La reforma no debía consistir en una negación del régimen sino que la legalidad de éste permitía la reforma. Desde Arias hasta Suárez, éste será un punto incuestionable. Arias dirá en su discurso televisivo del 28 de abril de 1976: «La legitimidad de origen y la forma monárquica del Estado, así como la encarnación de la monarquía en la persona de don Juan Carlos I, constituye el núcleo vital y el punto de partida de esta nueva etapa de la vida nacional [...]. Continuidad y reforma son conceptos que se complementan, que se exigen recíprocamente. No hay reforma sin continuidad, ni sin reforma sería posible la continuidad.» Landelino Lavilla diría en un discurso el 18 de noviembre de 1977, siendo ministro de Justicia con Suárez: «Es importante insertar el nuevo momento en la legalidad, sin fracturar lo que ha sido y lo que va a ser.» El mismo Suárez, en las vísperas de ser nombrado presidente del gobierno y todavía ministro secretario general del Movimiento, dirá en el pleno de las Cortes cuando se debatía la reforma política: «Estamos alumbrando un nuevo horizonte. Está naciendo gracias a la Corona y gracias a la capacidad de impulsión del sistema, una democracia moderna.» Se trataba, en suma, de redefinir las nuevas relaciones entre la Corona, el gobierno y los aparatos del Estado y lograr el consentimiento de la sociedad civil a la nueva dominación. Con ello se pretendía conseguir dos objetivos: por una parte afianzar el capitalismo, y para ello restablecer de nuevo, cuanto antes, la tasa de ganancia, y por otra, recuperar los espacios políticos perdidos reduciendo el nivel de lucha de clases o desplazándola a terrenos más favorables para el capitalismo, llevándola de la fábrica al Parlamento. La reforma se inició por los aparatos políticos e ideológicos que caracterizaban al régimen anterior. El Consejo Nacional del Movimiento y los sindicatos verticales fueron suprimidos por decreto. De la casta burocrática que vivía a su amparo fueron seleccionados aquellos que podían seguir siendo útiles en la nueva situación política (como el propio Suárez, o Abril Martorell, Martín Villa,

etc.) y se dejó a los más recalcitrantes hundirse políticamente en el ostracismo del olvido, cargando, además, con las culpas íntegras de su pasado franquista. Sin embargo, siguieron manteniendo sus «derechos adquiridos» de carácter económico. Por lo que respecta a los aparatos represivos, la reforma aparentemente unificó jurisdicciones; se sustituyó al TOP por la Audiencia Nacional, se mantuvo la jurisdicción militar y una ley antiterrorista reforzaba todo el aparato. La policía político-social se camufló tras otra denominación más neutra, pero mantuvo en sus puestos a los «especialistas» de siempre. En cuanto al ejército, la reforma empezó a afectar a las cúspides de sus mandos (en un proceso aún no concluido) en previsión de que una torpeza irreflexiva de algunos de ellos pudiera dar al traste con toda la operación. Una vez conseguido el acuerdo del ejército con la reforma, se le siguió utilizando como chantaje de una posible involución en el momento de negociar reformas reales. Asimismo, se siguió usando, cuando era preciso, los servicios de información del ejército y de la Guardia Civil, órganos de espionaje interno español que todavía subsisten. Las reformas locales —municipales— fueron congeladas a la vista de las elecciones parlamentarias, reservando su ejecución en espera que la euforia del voto decayese y que las representaciones políticas del capitalismo estuvieran más preparadas. Las Cortes franquistas se diluyeron al término de su legislatura y fueron reemplazadas por dos cámaras elegidas por sufragio universal —Congreso y Senado—, que constituye una pieza esencial del sistema de dominación del capital, pues tienen a su cargo, no la imposición del orden por coacción, sino la instrumentación del consenso de los dominados a su propia dominación, mediante la ilusión de la «soberanía popular». El Estado procuró también, en el campo económico, ampliar su capacidad de gestión, lo que llevó a instituir una reforma fiscal largamente anunciada, a la que se añadieron algunos tintes demagógicos (como el impuesto sobre el patrimonio) sin repercusión práctica. En todo proceso de restructuración del Estado la dominación se hace más vulnerable y existe la posibilidad de desequilibrios sociales internos que podían poner en peligro la operación. Para controlar y evitar esta eventualidad el Estado y el Derecho son utilizados en toda su extensión, especialmente a través de los

aparatos represivos. En el caso español la reforma también se hizo apoyándose básicamente en el Estado y el Derecho, con un constante predominio en el proceso de reforma por parte de la burguesía, pues la oposición no utilizó apenas su capacidad de movilización. Cuando se sintió amenazada, la burguesía utilizó sin reparos el catastrofismo económico —con llamadas a la huelga de inversiones—, recurriendo también en los momentos difíciles al chantaje del golpe militar. Chantaje que, si era preciso, pasaría de ser supuesto a ser explícito, como el «golpe de mano» del pasado noviembre.

El ejército

Uno de los objetivos declarados de la democratización consistía en eliminar el ambiente de miedo en el ejercicio de la acción política, pues, en principio, en un sistema liberal, la aquiescencia de los dominados se logra por consenso y no por la coacción del temor. Sin embargo, éste se mantiene con ese continuo chantaje del golpe de Estado si la situación se deteriorara. Es evidente que esta eventualidad es el último recurso del capitalismo y que los grupos de izquierda así lo entienden, pero el capitalismo usa y abusa de ese miedo en su provecho político, utilizando al ejército, en su aparente autonomía, como un coco político. El ejército utilizó asimismo esta función para mantener y adquirir derechos propios de casta: antes incluso de que se promulgara la Constitución, ya parecía haber entrado en vigor su artículo octavo, que reconoce el poder político del ejército y que legitima esos llamados poderes «fácticos» convirtiéndolos, de poderes de hecho, en poderes de derecho. Los diputados nacionalistas vascos, impulsados por la lucha anti estatal de ETA y por la respuesta solidaria de buena parte del pueblo de Euskadi (vascos e inmigrados) expresada en las repetidas huelgas generales (en este caso, la del 12 de julio de 1978), plantearon en el Congreso que se reconociera que el pueblo vasco fue en algún momento histórico independiente del Estado español y que se reconocieran los Fueros. El ejército vio en este debate la ocasión de dejar claro su papel decisivo en la política. No es sólo, como dijo un diputado, que la Monarquía, encarnada en un monarca

general, signifique la preeminencia del poder militar sobre el poder civil. El ejército quiere evitar los ataques que pueden hacérsele por su pasado franquista (de ahí, el caso de Els Joglars). Además, según el artículo octavo de la Constitución, el ejército está legalmente facultado para imponerse a cualquier gobierno (hoy ucedista, mañana «socialista») cuando se debaten cuestiones que a juicio del propio ejército afecten a la integridad de la patria, o a la soberanía de España o a la defensa del ordenamiento constitucional (que garantiza la propiedad privada de los medios de producción y la «economía de mercado»). Esta intervención del ejército no está sujeta (de acuerdo con la propia Constitución) a ningún control del Tribunal Constitucional. Tampoco dice la Constitución de qué manera el ejército hará sentir estas presiones. En este caso, y a juicio de los comentaristas de los periódicos, fue a través de la Junta de jefes de Estado Mayor. En otros países (en el Brasil, por ejemplo), es el Consejo de Seguridad Nacional quien actúa en tales casos. Lo de menos es el organismo correcto. Lo importante es darse cuenta que las negociaciones entre los nacionalistas vascos y el gobierno pudieron ser influenciadas por los «responsables de la cadena de mando militar» (como sugirió El País, 20 de julio de 1978). Decía el profesor socialista González Casanova (Mundo Diario, 29 de abril de 1978) que un artículo así no se encuentra en las constituciones democráticas, pues dentro de una concepción liberal el ejército no es más que una rama del poder ejecutivo, una parte de la istración, y de otra parte la garantía del ordenamiento constitucional compete al Tribunal Constitucional. Eso no impedía a González Casanova defender la inclusión de este artículo para «no plantear cuestiones delicadas que pudiesen ser mal interpretadas por ese poder fáctico tan respetado y necesario para la consolidación de la democracia», añadiendo que «se comprende el carácter de homenaje que este artículo tiene respecto al ejército español» y que, aunque ese artículo encerraba un peligro, «estoy seguro que no pasará de ser un peligro puramente teórico». Ante la intervención de la Junta de jefes de Estado Mayor en las negociaciones gobierno-nacionalistas vascos (intervención que no nos inventamos aquí, sino que fue recogida en la prensa), amparada en el artículo octavo de la Constitución, ¿qué dijeron los socialistas, los liberales? ¿Usaron de la inmunidad parlamentaria para plantear esta cuestión delicada? No lo hicieron. Para la burguesía y sus representantes es necesario mantener al ejército en la reserva, dotarle de cierto poder o mejor dicho legitimar el poder de que ya dispone, no fuera el caso que una exacerbación de la democracia llevara a una

ruptura del consenso, y por tanto que la democracia en vez de ayudar a sustentar el sistema mediante la ilusión utópica de la soberanía popular, llegara a desbordarlo, haciendo entonces necesaria la fuerza desnuda. Posiblemente, si no fuera por la crisis económica (que va a continuar), si no fuera por el pasado franquista de la derecha y del centro, si no fuera por la tradición libertaria y antiparlamentaria de buena parte del pueblo, tal vez cabría pensar que puede consolidarse un régimen democrático-parlamentario, donde la gente vaya a votar periódicamente, creyendo que si votaran un cambio de sistema, este cambio se produciría (cosa que no ha ocurrido nunca en ningún lugar). Pero no está claro que este régimen político vaya a consolidarse en España, y necesitan la amenaza de la fuerza. En todo caso, aquí no se juega realmente el juego de la democracia, sino que se amenaza explícitamente con la fuerza, y esta amenaza se constitucionaliza en el artículo octavo. Es una amenaza muy poco teórica; es al contrario muy práctica: lo es tanto que ya antes de acabar la discusión de la Constitución, el artículo octavo ha podido entrar en acción, esgrimido por la Junta de jefes de Estado Mayor.

La representación orgánica del capital

El régimen franquista había afectado también a la organización política de las distintas opciones de la burguesía. La representación de sus intereses se realizaba de una forma compleja. Difícilmente la podían hacer directamente y se debían identificar a posteriori con las acciones de las élites designadas. Para la nueva situación democrática el capitalismo español no sólo necesitaba organizar en conjunto su representación política sino que igualmente precisaba de un grupo político que representase directamente a la fracción hegemónica del bloque dominante. Recordemos que uno de los factores determinantes de la crisis de dominación del anterior régimen residía en el vacío de un grupo político que representase a dicha fracción: ni los funcionarios franquistas ni los tecnócratas opusdeístas tenían por aquel entonces capacidad para hacerlo. Así pues, el partido que cumpliera esta función debía hegemonizar igualmente al conjunto de las organizaciones políticas capitalistas. Debía tener una coherencia orgánica interna, una estrategia destinada a cumplir los objetivos de la reforma

—recuperar los espacios políticos arrebatados a la burguesía por los trabajadores y crear una nueva dominación— y segregar una ideología susceptible de ser reconocida por una mayoría de la sociedad civil que le avalara para ser el representante del conjunto de la formación social española. Éste debía ser un proyecto de larga duración y con posibilidades de reproducción. En caso de detentar el gobierno debería actuar —aparentemente— como mediador entre el bloque dominante y la sociedad civil conformando a ésta bien por su acción ideológica o la colaboración —pacto— de las organizaciones políticas mayoritarias de las clases dominadas. Debía igualmente cubrir —reproducir— los distintos cuadros de funcionarios de los aparatos del Estado. Todo este proyecto debía configurarse durante la reforma. Imprescindible para la organización política del capitalismo era no negar la legitimidad del franquismo. Necesitaban de todos sus elementos políticos para la nueva situación democrática. Rechazando el régimen franquista ellos mismos se autodescalificaban políticamente por su participación en la dictadura. De sustituir a Franco en vida, podía aumentar la tensión entre las clases dominantes —especialmente entre el poder político favorable al cambio y las castas burocráticas del régimen— que de llegar a un enfrentamiento entre ellas dentro del marco del propio Estado pondrían en cuestión a éste agudizando así la crisis política. Era conveniente, por consiguiente, mantener el monopolio de la transición de un régimen a otro sin grandes sobresaltos, evitando enfrentamientos entre sí y sin negar la legitimidad anterior. Tanto es así que no se produjo ninguna tensión política entre las clases dominantes con motivo de las ejecuciones del 27 de septiembre de 1975, ni hubo dimisiones en cadena de los aparatos de gobierno; siendo refrendadas conjuntamente por Franco y Juan Carlos de Borbón sobre el balcón de la plaza de Oriente con motivo de la concentración de apoyo a la política represiva del régimen ante las airadas condenas que se produjeron por toda Europa. Con la legalización de los partidos se vio que las familias políticas clásicas del capitalismo, desde la democracia cristiana hasta los socialdemócratas pasando por los liberales, estaban profundamente divididas. La solución de federarse no eliminó el problema de fondo y siguieron siendo unas formaciones políticas muy débiles, sobre todo en relación con los partidos de las clases dominadas, quienes, paradójicamente, gracias a la clandestinidad, estaban conexionados orgánicamente, disciplinados y con mayor capacidad de convocatoria. Para obviar este problema, y frente a las elecciones, se formó una coalición de

distintas y heterogéneas formaciones políticas encabezada por la figura de Suárez, quien posibilitaba por sus posiciones de gobierno unos resultados electorales más aceptables que de concurrir por separado los distintos partidos de la burguesía. La UCD se convertía así en la posible representación política de la fracción hegemónica del bloque dominante, aunque todavía era un proyecto inconcreto. Los resultados del 15 de junio así lo demostraron, advirtiendo al capitalismo que era preciso reforzar su representación mediante la aceleración de la consolidación orgánica de la UCD. Después del 15 de junio tomaron la iniciativa de unificarse en un partido todos los grupos —doce— que formaban la coalición. A pesar de que el partido queda inscrito en el registro en agosto, la unificación no se llevará a cabo hasta diciembre. Consecuencia de ésta será el abandono del partido de Osorio y del grupo de Lasuén. En febrero de 1978, con el reajuste del gobierno, éste quedará formado ya íntegramente —a excepción de Gutiérrez Mellado— por hombres de la UCD. Al Congreso que se celebra en octubre se llega con un gobierno de de la UCD, con un partido unificado y con una acción política en el Parlamento, el Senado y frente a las organizaciones de los trabajadores —Pacto de La Moncloa— acorde con los intereses de la fracción hegemónica del bloque dominante al que pretenden representar. Dado que el ciclo de creación y consolidación del partido ha sido largo, la imagen de la UCD ha sufrido un cierto desgaste, pero ello no debe confundirse con una crisis orgánica de la representación política del capitalismo. Las deficiencias en la acción política de la UCD son un coste de su consolidación como partido. Las discrepancias internas en el partido antes del Congreso fueron más por motivos personales que ideológicos o estratégicos de fondo. Dado el origen personalista de los grupos, era de esperar que esto ocurriera así. En función de ello, el gobierno formado después del 15 de junio será un reflejo de los diputados o senadores que aportaban los distintos partidos. Esta correlación de fuerzas se mantendrá hasta el Congreso en el que al parecer la línea socialdemócrata en la figura de Arias Salgado, organizador del partido, saldría más reforzada en detrimento de la antigua curia de Suárez. La celebración del Congreso estuvo rodeada de un falso triunfalismo que recordaba en algunos aspectos a viejos tópicos franquistas como la definición que en el discurso de apertura hace Suárez de su partido: «La UCD desea hacerlo

[colaborar con los pueblos del mundo] con la revitalización de viejos valores que todavía siguen vigentes y muchas veces sin estrenar, para lograr un orden político e internacional más acorde con los imperativos de justicia, libertad, solidaridad y seguridad que, hoy, en los albores del año 2000, todavía están ausentes en la mayoría de las comunidades humanas.» O, como dirá Guillermo Medina, secretario de Información: «una sólida y extensa realidad de la joven democracia española; me atrevería a decir que la pieza clave en el arco de esa democracia [...], partido de masas [...], fórmula política vanguardia de Europa» (Opinión, número 106). Si el Congreso básicamente estaba destinado a concretizar la organización interna del partido, a dotarle de una ideología y a trazar una estrategia del partido a corto y medio plazo, solamente la primera función habría quedado resuelta, ya que su definición ideológica queda todavía algo inconcreta: «La consideración de la persona en el ejercicio de su libertad y de su dignidad, como objeto primario de acción política, la promoción y defensa de la democracia y del Estado social y democrático de Derecho, una concepción liberal y pluralista de la vida, de la sociedad y de la cultura, la proclamación y asunción de los valores humanistas de la ética de tradición cristiana, la adaptación de un sistema de economía de mercado, garantizando la justicia y la igualdad social» (La Vanguardia, 23 de octubre de 1978). Por lo que se refiere a la última función, su estrategia se concreta en intentar repetir el pacto con las centrales sindicales o de no llegar a concretizarse, establecer una entente tácita de no agresión, seguir poniendo parches económicos y llevar una política represiva camuflada que en el caso del País Vasco queda totalmente al descubierto. Pese a estos mínimos puntos obtenidos, la UCD ha hecho méritos para mantenerse como representante del capital monopolista y financiero y para ello no ha dudado en utilizar al Estado cuando ha sido preciso. Su consolidación representa su supervivencia misma, aunque ya era de esperar por la relación íntima que existía entre sus prohombres y el propio capital a partir del núcleo de personas alrededor del grupo «Tácito», fundado en los primeros meses de 1973 y producto de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En ese año, la ACNP contaba en su consejo nacional con ex ministros como Federico Silva y Alberto Martín-Artajo y con futuros ministros de los gobiernos posfranquistas como Alfonso Osorio, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja y Eduardo Carriles.

Estaba presidida y lo continúa estando por el coronel del cuerpo jurídico militar y miembro del consejo de istración de Esso, Petróleos Españoles (sociedad ligada al Banesto y a Standard Oil), Abelardo Algora. «Tácito» representó el ala joven de la ACNP, que se preparaba —sin descuidar alianzas con socialdemócratas poco clericales como Lastren y Fernández Ordoñez— para acceder al poder, bien bajo Carrero Blanco, bien cuando la transición estuviera más avanzada. Varios de ellos pertenecieron a la istración de Arias Navarro tras la muerte del almirante. En diciembre de 1974, la ACNP nombró un nuevo consejo nacional donde estaban otros integrantes del grupo «Tácito» que aún no ocupaban altos cargos públicos, pero que los ocuparían en breve, como los ministros del segundo gobierno de Suárez, Cavero y Otero Novas, o como el actual alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, y como Belloch Puig que iba a ser primero gobernador civil de Guipúzcoa y luego de Barcelona. En las declaraciones de la ACNP en diciembre de 1974, coincidentes con las ideas expresadas por el grupo «Tácito» en sus artículos en la prensa, se llamaba ya a la reconciliación, es decir, se recogía la consigna propuesta por el partido comunista desde 1956 interpretándola en el sentido de que no podría utilizarse políticamente el pasado franquista, por lo menos destructivamente. Así, años más tarde, Óscar Alzaga, diputado de la UCD por Madrid, propagandista católico y uno de los padres de la Constitución, diría: «Nosotros entendemos que sería un juego peligroso no para nuestro sector, sino para el país en general e incluso para la UCD en su conjunto, el intentar que los vidrios rotos del franquismo, o si se quiere el papel de cabeza de turco, que en la historia de la salida de toda dictadura parece que tiene que jugar alguien, se intente adjudicar a los sectores sociales de creencias más firmemente católicas» (Informaciones de Madrid, 24 de junio de 1978). Este deseo de olvidar un pasado que les identifica con el franquismo y con la derecha católica corporativista de los años treinta, no sólo caracteriza a los propagandistas católicos que ocupan buena parte de los puestos dirigentes de la UCD, sino también a otros sectores del partido, lo que no es de extrañar si recordamos, por ejemplo, que Adolfo Suárez fue «vicesecretario general del Movimiento Nacional con Fernando Herrero Tejedor (hombre del Opus Dei)», y «persona querida y de la confianza del almirante» Carrero Blanco (El País, 6 de julio de 1976). También han coincidido todos los sectores de la UCD en un programa de reforma política según los criterios expresados por el consejo nacional de la

ACNP en diciembre de 1974 cuando, eliminado Carrero Blanco por un comando de ETA, enfermo Franco, el régimen naufragaba. Decía la ACNP: «Que la acusada conflictividad que actualmente se manifiesta en los diversos órdenes de la sociedad española pone de relieve la ineludible necesidad de reformas de carácter político que hagan posible su resolución.» El objetivo era «un Estado de Derecho dotado de auténtica autoridad, derivada del consenso popular, que tenga la fuerza y la capacidad de iniciativa prevista», tal como recogía el ideario de la ACNP. Desde luego que el ser Estado «de Derecho» no le priva a éste de autoridad; precisamente para legitimar el poder y permitir al Estado el ejercicio de su monopolio de la fuerza, debe hacerse de modo que siempre se actúe según las leyes. Así, la Constitución deja la puerta abierta a las leyes represivas especiales que fueren necesarias. La combinación de «derecho», «autoridad» y «consenso popular» se ha logrado en el grado satisfactorio, y la UCD (creada a partir de ese núcleo acenepista, con aditamentos diversos) se ha ganado el papel de representante de la mayor parte de la burguesía, no sólo porque sus son burgueses, sino porque ha sido capaz de segregar la ideología que le conviene a la burguesía española. Continúa siendo posible que una parte de la burguesía opte por un partido más de «derecha» que la UCD, dirigido por Fraga, Osorio (también de la ACNP) y Areilza, quienes en realidad fueron los progenitores de la idea del «centro» y de las líneas maestras de la reforma y a quienes, por tanto, hay que ver también como impulsores del proyecto político de la burguesía. Tanto es así que todos ellos han propugnado el «sí» a la Constitución. Queda, finalmente, por considerar brevemente el papel de los partidos burgueses catalanes y vascos. En ambos casos se trata de capitalizar electoralmente un sentimiento nacional de raíz popular sin entrar sin embargo en conflicto abierto con la representación política del capitalismo español y extranjero. Por tanto, estos partidos han necesitado o necesitarían aún, antes de poder entrar en gobiernos de la UCD, poder convencer a sus electores de que han logrado estatutos de autonomía que satisfacen en buena parte las aspiraciones nacionalistas catalana y vasca. La tarea será muy difícil en Euskadi, pero ha sido muy facilitada en Cataluña por el volte-face de Josep Tarradellas. Hoy, una vez sancionada la Constitución tras el referéndum, se puede decir que ha finalizado el ciclo de la reforma política. En su conjunto el capitalismo ha conseguido los objetivos que pretendía y sin un

excesivo coste. Se ha institucionalizado el consentimiento colectivo a la nueva dominación a través de la ilusión de la soberanía popular; se ha bloqueado — gracias a la contemporización con el poder del reformismo obrero— la lucha de clases en los centros de producción, impidiendo así que se siguiera deteriorando la tasa de ganancia; se han consolidado orgánicamente las organizaciones políticas del bloque dominante y se mantiene el Estado monárquico sin cuestionar su responsabilidad en la pasada represión franquista. Estos logros no han sido tanto por la habilidad política de la burguesía sino por la ausencia de una verdadera oposición que forzase a una profundización en las mejoras sociales y económicas de las clases dominadas. Su triunfo sería completo de no persistir la crisis económica y si no se hubiera agudizado el problema de Euskadi. En el primer caso porque su dependencia de la propia crisis mundial hacen difícil la aplicación de medidas que no vayan estrictamente dirigidas a evitar un empeoramiento del deterioro económico; y en el segundo caso, porque el ejemplo de Euskadi, no tanto en lo referente a la lucha armada sino en el rechazo de las exiguas mejoras que ofrece la nueva dominación, es susceptible de ser imitado, pudiendo dar al traste con el consentimiento colectivo que supone la ilusión de la soberanía popular.

ALBERTO HERNANDO y JOAN MARTÍNEZ ALIER CRI 61, 1979

Ilustración aparecida en España Hoy.

Notas

[1] Este prólogo recoge un texto leído en el Colegio de España en París el 27 de mayo de 2011, en un coloquio sobre la Transición española.

[2] El País, 22-VIII-1979. Analizado en Bernat Muniesa, Dictadura y Transición. La España lampedusiana, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2005, p. 20.

[3] Eduardo Pons Prades, Los años oscuros de la Transición española. La crónica negra de 1975 a 1985. Belacqua, Barcelona, 2005; M. Dolors Genovès, «Vindicació dels botxins per una política del perdó», en Idees, Revista de temes contemporanis, Núm. 28-29, 2006, pp. 15-27.

[4] Una doble memoria en la que contrasta un consenso crítico respecto al franquismo y la Transición entre las sociedades catalana y vasca, con la tolerancia hacia la dictadura y el elogio de la monarquía entre buena parte de la España de matriz castellana. Esto ha sido investigado por el autor de este prólogo en Xavier Diez, «Imaginaris contraposats. La doble memoria del franquisme i la transició», en Idees. Revista de Temes Contemporanis, Núm. 2829, 2006, pp. 28-47.

[5] VV.AA., Desatado y bien desatado. El Periódico-Grupo Zeta, Barcelona, 1985.

[6] http://www.youtube.com/watch?v=IhYKZc1b1Wg

[7] VV.AA., Memoria de la Transición. El País Aguilar, Madrid, 2006.

[8] Ferran Armengol, «Memòria, dret i responsabilitat: el dret a la reparació de les víctimes de les violacions dels drets humans comeses com a conseqüència d'actes repressius», en Idees, Revista de Temes Contemporanis, núm. 28-29, 2006, pp. 48-64.

[9] Daniel Wildlöcher, Sexualidad infantil y apego, Siglo XXI, México, 2009.

[10] Montserrat Armengou y Ricard Belis, Les fosses del silenci, Televisió de Catalunya, 2006 ‹http://www.tv3.cat/videos/178600768› ; Els nens perduts del franquisme, Televisió de Catalunya, 2002 ‹http://www.tv3.cat/videos/446129›.

[11] Santiago Torres y Lluís Montserrat, Víctimes de la Transició, Televisió de Catalunya, 2002, ‹http://video.google.com/videoplay? docid=434276146290704253#› Respecto a Dies de Transició, serie de 16 capítulos dirigida por sc Escribano y producida por TV3 en 2004.

[12] No sería difícil establecer una comparación con el «derin devlet», expresión turca que sirve para definir el «estado profundo», es decir, la coalición de poderes influyentes de la política, la economía, la banca, la magistratura, el ejército, los servicios secretos o la mafia para evitar cualquier cambio que suponga un cuestionamiento del poder real. La comparación España-Turquía no resulta ninguna «boutade». Ambos estados son países situados en la periferia de Europa, tradicionalmente aislados, antiguos imperios en decadencia, con tensiones nacionales y finalmente una democracia de escasa credibilidad entre su ciudadanía. Esta cuestión ya la traté en el artículo «Espanya i la deriva Turca», El Punt 10-vi-2010.

[13] Universitat de Barcelona, Barcelona, 2005.

[14] Lluís Maria Xirinachs, La traïció dels líders, Llibres del Segle, Gaüses, 1997.

[15] Albert Forment, José Martínez: la epopeya de Ruedo ibérico, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 601.

[16] Xavier Cañadas, El caso Scala. Terrorismo de estado y algo más. Virus, Barcelona, 2008; Luis Andrés Edo, La CNT en la encrucijada, Barcelona, Flor del Viento, 2007.

[17] Joan Martínez Alier, La estabilidad del latifundismo. Análisis de la interdependencia entre relaciones de producción y conciencia social en la agricultura latifundista de la campiña de Córdoba. Ruedo ibérico, París, 1968. Se editó posteriormente en versión inglesa como Labourers and Landowners in Southern Spain, St. Antony's Publications, Allen & Unwin, Londres, 1971.

[18] Ricard Soler, «The New Spain», New Left Review, I/58, 1969, pp. 3-27.

[19] Uno de los libros más polémicos editados por Ruedo ibérico fue el de Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia. Ruedo ibérico, París, 1970. Ya anteriormente en la propia revista Cuadernos de Ruedo ibérico, en su número 3, aparece un artículo firmado por Eugenio Nieto titulado «Introducción al Opus Dei». Posteriormente, desde la revista y la editorial parisina no dejará de relacionarse a los poderes fácticos, especialmente el empresarial y financiero con este grupo de influencia introducido con fuerza entre los resortes del régimen. Ello explica, en cierta manera, la obsesión del Estado contra la editorial parisina.

[20]Les erreurs théoriques des économistes populistes, pp. 20-21.

[21] «Génesis de la renta de la tierra», VII, 3.

[22] El informe sobre el primer año del Plan de Desarrollo nos muestra una cifra importante: el crecimiento de los precios en la alimentación se aceleró desde junio hasta diciembre de 1964 en un 14,4 %. ¿Qué significa este 14,4 % en realidad? Pues nada más que esto: las patatas aumentaron en un 54,3 %; la carne el 18 %; el pescado del 10 al 23 %; el aceite el 22 %; los huevos el 66 %...

[23] La evolución de las variables económicas recogidas en el cuadro siguiente, nos confirman aún más, sobre los hechos en que venimos insistiendo:

Tasas de crecimiento anual Producción física Producción e importación de bienes de equipo Importación de bienes de equipo Inversión neta total Consumo privado

1961 14,3 32,6 53,4 34,6 10,1

1962 12,1 23,1 61,6 34,7 4,9

1963 11,4 13,5 32,7 15,0 12,3

[24] Para una crítica de esta visón «feudal» de la producción agrícola española, véase Juan Martínez Alier: La estabilidad del latifundismo, Ruedo ibérico, París, 1968.

[25] El total de salarios pagados a los funcionarios estatales en 1957, 30.409 millones de pesetas, fue mayor que el total de salarios pagados a los trabajadores agrícolas (29.218 millones). Véase: La Renta nacional en España y su distribución. Banco de Bilbao, 1980.

La media del salario de los empleados en el sector público fue de 104.384 pesetas al año; en la industria manufacturera, de 47.772 pesetas; en la agricultura, de 28.733 pesetas. Véase Informe sobre distribución de la Renta. 1964, INE, Madrid, 1986.

[26] Véase R. Tamames: La lucha contra los monopolios. Tecnos, Madrid, 1981; J. Velarde: Sobre la decadencia económica en España. Tecnos, Madrid, 1967; F. de la Sierra: La concentración económica en las Industrias básicas españolas. Madrid, 1953.

[27] Véase «Las cien familias». Horizonte español 1966, Ruedo ibérico, París, 1966, vol. 1, y A. Ramos Oliveira: Historia de España. México.

[28] De hecho esto no era para el Estado sino un medio de fijar los salarios. Entre 1963 y 1965, a medida que aumenta la actividad de la clase obrera, la intervención estatal por número de empleados afectados, creció en un 50 % en las industrias mineras y metalúrgicas y en el transporte, mientras que en la agricultura, el aumento fue sólo de 7,4 %. La diferencia se explica por la débil posición negociadora de los trabajadores agrícolas. Véase E. Barón: «Salarios, conflictos y coste de la vida». Cuadernos para el Diálogo, 9, Madrid, 1966.

[29] En 1966, 17 millones de turistas visitaron España, aportando 1.245 millones de dólares. El ingreso de divisas aportado por los emigrantes españoles se elevó a 58 millones de dólares en 1960; hacia 1965, la cifra había subido a 380 millones.

[30] Para las diferentes tendencias en el ejército, véase J. Busquets: El militar de carrera en España (Barcelona, 1967), visión incómoda de un capitán del ejército actual.

[31] Para un análisis de Munich, véase Ignacio Fernández de Castro y José Martínez: España hoy. Ruedo ibérico, París, 1983.

[32] Citado por R. Bulnes: «Del sindicalismo de represión al sindicalismo de integración». Horizonte español 1966.

[33] Reproducido en Cuadernos de Ruedo ibérico, 20/21, agosto-noviembre de 1968.

[34] Véase Nuestra huelga, folleto escrito por los huelguistas y destinado a llegar a ser un escrito clásico de la lucha obrera durante este período. (Distribuido por Ruedo ibérico. París.)

[35] El pasado estado de excepción, cuyo verdadero objetivo era el de frenar la ola de reivindicaciones en las empresas, lo demuestra. A nivel de taller, principalmente en Barcelona y Bilbao, existieron trabajadores capaces de mantener sus reivindicaciones bajo condiciones represivas extremamente difíciles. No se produjo nada parecido a una respuesta política del proletariado y de otros grupos explotados. No cabe aquí el análisis necesario de estos acontecimientos.

[36] Ponemos a continuación la lista de los documentos oficiales que expresan las diversas posiciones políticas. Del PCE: Santiago Carrillo, ¿Después de Franco, qué ?, París, 1965; Santiago Carrillo: Nuevos enfoques a problemas de hoy, París, 1967; Véase también la crítica de Claudín: «Dos concepciones de la vía española al socialismo», Horizonte español 1966, op. cit. De las Organizaciones Frente (FLP-FOC-ESBA): «Declaración del Comité político de las Organizaciones Frente», junio de 1965. De Acción Comunista, la revista del mismo nombre publicada en París.

[37] Gilles Tremlett; Ghosts of Spain: Travels Through Spain and its Silent Past. Faber, London, 2006.

[38] Paola LoCascio y Marta Pérez: «Sense memoria no hi ha futur», a El Contemporani, Núm. 27, 2003, pp. 9-10.

[39] Bajo el pseudónimo de «Aulo Casamayor», José Manuel Naredo publica en el número 54 de Cuadernos de Ruedo ibérico, correspondiente a 1976, una extensa colección de ensayos con el título «Por una oposición que se oponga». Se trata de unos textos brillantes en los que denuncia el papel de la oposición «oficial» en el proceso transitorio que hubieran sido más que merecedores de ser recogidos en esta antología. Pero Naredo ya los publicó, en forma de libro, y mediante la editorial Anagrama en 2001; José Manuel Naredo, Por una oposición que se oponga, Anagrama, Barcelona, 2001.

[40] Naomi Klein, La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Paidós, Barcelona, 2007, especialmente en la parte 2.

[41] Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, Víctor Gollanz, London, 1963, primera edición en castellano, La formación de la clase obrera en Inglaterra, Laia, 1977.

[42] Claude Julien: «Derrotisme?», Le Monde Diplomatique, diciembre de 1975.

[43] Comprendemos en este término aquellos grupos definibles como democristianos y socialdemócratas y al Partido Comunista, en lo esencial formando parte hoy dela Junta y de la Convergencia democráticas. En lo sucesivo, oposici6n política y oposición democrática.

[44] La revista Cambio 16 puede decir ya, sin que la secuestren, que el franquismo ha sido un régimen de poder personal: «Dios Santo —dice uno de sus editoriales—, ¿por qué no nos dejarán llamarlo dictadura?» Y van y les dejan. Dentro de poco se dirá que el franquismo ha sido una dictadura, no de clase, sino de una clique, de una camarilla. Después se atribuirán a Franco, solo, las matanzas del franquismo: ni Fraga se enteró de lo de Grimau, Granado y Delgado, ni Arias de lo de Málaga, de lo de Puig Antich, de lo de Txiki, de lo de Otaegui, Baena, García Sanz, Sánchez Bravo; ni Areilza, su primer alcalde franquista, intervino en absoluto en la «liberación» de Bilbao. Llamar a Franco «dictador» a estas alturas tiene menos incidencia que decir que el ciudadano Juan Carlos de Borbón es rey por gracia de ese dictador.

[45] M. Vázquez Montalbán, Triunfo, n.o 677, 17 enero 1976.

[46] Léase a este respecto en este mismo fascículo el ensayo de M. Brinton: «Lo irracional en política», p. 47. Y, sobre todo, léase el testimonio de J. Goytisolo: «In memoriam F.F.B. 1892-1975», p. 159.

[47] Sobre el origen de los sujetos de esa violencia, remitimos al lector a las páginas 97-156 del presente cuaderno (Pablo Harri: «Crónicas prenecrológicas de un régimen»), y al libro Euskadi: el último estado de excepción de Franco (Ruedo ibérico, París, 1975). La eficacia, o la sinceridad, de la condena formulada por el vicepresidente ministro de la gobernación, la pone de manifiesto la circunstancia de que los actos de terrorismo de este tipo han proseguido en los límites del Estado español y fuera de él.

[48] Claude Julien, art. cit.

[49] Este porcentaje incluye los votos en blanco. La exigencia del comprobante de voto por las empresas autoriza a considerar esos votos como expresión de una tendencia abstencionista coaccionada.

[50] Véase en este fascículo el artículo de G. I. Martí sobre la propaganda del Referéndum.

[51] Aulo Casamayor, «Por una oposición que se oponga», CRI 54; Genaro Campos, «La Santa Alianza democrática», CRI 57-58.

[52] «Penenes» es la sustantivización de PNN, «Profesores No Numerarios», una figura habitual en la universidad española de los años setenta que designaría a los jóvenes docentes que no han regularizado su plaza mediante oposición, que colaboran con los profesores funcionarios o catedráticos de entonces. La expresión «gobierno de penenes» fue bastante utilizada por la prensa coetánea para definir a la generación que ocupó varias de las primeras carteras ministeriales en los gobiernos de Suárez. Rodolfo Martín Villa utilizó esta expresión en una entrevista, dos décadas después, en el documental televisivo La Transición, dirigido a mediados de los noventa por la periodista Victoria Prego. De esta manera se pretendía acentuar la juventud que caracterizaba a estos dirigentes de la primera democracia, y que pretendían así diferenciarse de los viejos jerarcas del régimen.

[53] A. Sáez Alba, La otra «Cosa Nostra». La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y el caso de «El Correo de Andalucía», Ruedo Ibérico, París, 1974. Este libro, publicado con pseudónimo, se basó en un manuscrito llevado a París por Alejandro Rojas Marcos, que fue mejorado y al que se añadió una larga introducción. Contiene una lista de de la ACNP.

[54] Joan Martínez Alier. «Crítica de la caracterización del franquismo como régimen "autoritario" de pluralismo limitado», CRI, 43-45. 1975, 67-75.

[55] El caso Scala fue un proceso judicial a raíz del atentado, el 15 de enero de 1978, contra una conocida sala de fiestas de Barcelona, en el que resultaron muertos cuatro trabajadores. Este atentado, producido mientras se desarrollaba una manifestación convocada por la CNT contra los Pactos de la Moncloa, fue ejecutado por diversos jóvenes de la órbita anarquista, aunque agitados y manipulados por un confidente policial, Jesús Gambín, que según las tesis de la defensa, había sido organizado por el Ministerio del Interior al frente de Rodolfo Martín Villa, con el deseo expreso de desacreditar a la CNT ante los trabajadores.

[56] Dato revelado por José Manuel Naredo, quien encargó personalmente el artículo.

[57] La cuestión del Opus Dei ya fue tratada desde las mismas páginas de Cuadernos de Ruedo ibérico, núm. 3, pp. 87-96 a cargo de Eugenio Nieto en el artículo «Introducción al Opus Dei» y el libro de Jesús Ynfante La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, Éditions Ruedo Ibérico, París, 1970.

[58] Jorge de Esteban, S. Varela Díaz, F. J. García Fernández, L. López Guerra, J. L. García Ruiz: Desarrollo político y constitución española, Ediciones Ariel, Barcelona, 1973.

[59] Ibid., p. 15.

[60] Ibid., p. 17.

[61] Indudablemente el Equipo Esteban hará valer el peso de la censura para justificar su metafórico lenguaje: sin embargo, cuando las cosas no pueden mencionarse por su nombre es mejor el silencio; siempre es más elocuente el silencio que el confusionismo. Desarrollo político... no es, en modo alguno, tampoco lo pretende, una denuncia del sistema. Y, por otra parte, nada más lejos del ánimo cientifista de sus autores que caer en los excesos del panfleto, que oscurecen la «neutralidad propia de los análisis científicos». Por lo visto, el Equipo Esteban aún cree en la neutralidad de la ciencia; o, posiblemente, hacen suyo el neutralismo de toda posición conservadora cuando se halla en el disfrute del poder.

[62] Ibid., p. 18.

[63] Ibid., pp. 23-27.

[64] Ibid., pp. 21.

[65] «El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones.»

[66] Ibid., p. 421.

[67] Ibid., p. 438.

[68] Ibid., p. 341.

[69] Ibid., p. 243.

[70] Ibid., p. 451.

[71] Ibid., p. 452.

[72] A este respecto, no estaría de más recomendar al Equipo en cuestión la lectura de un libro muy polémico pero que realiza una aproximación revolucionaria (en su contenido y en su planteamiento) al tema en cuestión; nos referimos al estudio de Ignacio Fernández de Castro: La fuerza de trabajo en España, Edicusa, Madrid, 1973, en donde se consideran detenidamente dos temas esenciales: «La reproducción ampliada de la fuerza de trabajo capitalista y el estudio de su base reproductora como distinta a la familia económicamente dependiente del activo» (Op. cit., p. 14).

[73] Jorge de Esteban: Ibid., p. 509 y s. En esta línea propiciatoria de una monarquía que heredase las amplísimas facultades del general Franco, hay que citar, obligadamente, un precedente, que se sitúa en la misma línea política del Equipo Esteban, pero con una técnica jurídica mucho más depurada; aludimos al libro de Miguel Herrero de Miñón: El principio monárquico: un estudio sobre la soberanía del rey en las Leyes fundamentales, Edicusa, Madrid, 1972.

[74] Ibid., p. 522 y s.

[75] Ibid., p. 543.

[76] Ibid., p. 546.

[77] Ibid., p. 17, donde se afirma: « [...] este estudio no se ha llevado a cabo por la propia iniciativa de los autores. Ha sido, por el contrario, consecuencia de una especialización profesional a la que ha recurrido un grupo de españoles preocupados por el futuro inmediato de su país.»

[78] Ya, 2 de octubre de 1973, entrevista realizada por Mercedes Gordon con el título «Hacia el desarrollo político de la constitución española» y que transporta a la entrevistadora a las más celestiales regiones, cuando concluye tajante y ensoñadoramente: «La opinión pública y los políticos tienen la última palabra ante este interesante estudio acerca del desarrollo político español.»

[79] Jorge de Esteban: «Desarrollo político y régimen constitucional español», Sistema, 1973 (2), p. 82. Se trata de una revista aparecida a comienzos del año epigrafiado, bajo el patrocinio del llamado Instituto de Técnicas Sociales, y que incluye en su Consejo a un variopinto grupo de intelectuales y universitarios españoles, residentes en Madrid en su mayor parte, bajo la dirección de Elías Diaz. El Consejo a que aludimos, denominado Asesor, es realmente heterogéneo: desde colaboracionistas-reformistas hasta marxistas por la libre, pasando por los consabidos democristianos y socialdemócratas de diversa obediencia. Publicación en absoluto negativa pero que, dado su carácter «pluralista» ha dado acogida en sus páginas al mencionado articulo de J. de Esteban y a otros dos de L. García San Miguel, a los que nos referimos en las páginas siguientes.

[80] Art. cit., Sistema, p. 99.

[81] Uno de los ejemplos más claros, en este sentido, es el de José María Ruiz Gallardón que, en el diario ABC, del 20 de septiembre de 1973, pp. 61-63, pasa a engrosar fervorosamente las nutridas filas de los entusiastas: «Como verá el lector, el libro no puede ser ni más oportuno ni más interesante. La conclusión a que llegan los autores de que es perfectamente posible, en una interpretación aperturista y democrática de nuestras Leyes constitucionales, asimilar nuestro régimen a cualquier régimen europeo, está tan sólo condicionada por la voluntad de los hombres llamados a llevar a efecto esa apertura. Grave responsabilidad la suya si no lo hacen.»

[82] J. A. Ortega Diaz-Ambrona: «Manual para aperturistas», Ya, 10 de octubre de 1973.

[83] Amando de Miguel: «¿Por qué no una democracia?», Informaciones, 8 de diciembre de 1973.

[84] Julián Santamaría: «Realismo y utopía del desarrollo político español», Cuadernos para el Diálogo, n.o 122 (noviembre de 1973), pp. 19-22.

[85] Luis García San Miguel: «Estructura y cambio del régimen político español. Para una Teoría del Reformismo», Sistema, 1973 (1), pp. 81-106.

[86] Art. cit., pp. 101-102.

[87] Art. cit., p. 103.

[88] Art. cit., p. 104.

[89] Luis García San Miguel: «Para una sociología del cambio político y la oposición en la España actual», Sistema, 1974 (4), pp. 89-107.

[90] Art. cit., p. 91. («Para una sociología...»).

[91] Art. cit., p. 106. («Para una sociología...»).

[92] Art. cit., pp. 90-91. («Para una sociología...»).

[93] Art. cit., p. 98. («Para una sociología...»). A continuación introduce, tras el planteamiento discutible, pero con visos de verosimilitud, la tesis derrotista, que viene a encajar en el momento preciso: «Esta comunidad de objetivos con los evolucionistas del régimen plantea el problema de la posible colaboración entre ambos grupos [...] Quisieran formar lo que alguna vez he llamado la Internacional de la moderación.»

[94] San Miguel es consciente de esta limitación: sabe que sus tesis no llegarán a los sectores estudiantiles ni a la clase obrera y que, en el improbable caso de llegar, no serían aceptadas. Pero, en última instancia, también cede a la tentación paternalista mal disimulada. Vid. Art. cit., p. 107 «Para una sociología...», donde afirma: « [...] si el régimen cambia (lo que parece problemático) cambiará hacia la democracia, y los protagonistas del cambio serían, en el primer supuesto, un sector de la clase política y, en el segundo, los obreros. Las dos alternativas son que el cambio se fragüe en el palacio o en la fábrica. Y si tuviera que hacer de quinielista político y señalar cuál de estas dos alternativas me parece más probable diría que quizá la primera de ellas, aunque comprenda y respete las razones de quienes apuestan por la segunda.»

[95] Es curioso que ni el Equipo Esteban ni Luis García San Miguel se encaran, abierta e ideológicamente, con el problema de los nacionalismos españoles.

[96] Sobre este extremo concreto quizá nada más esclarecedor que la declaración del Comité Central del Partido Comunista de España, con ocasión de la muerte de Carrero Blanco; hecho sobre el que pasa apresuradamente, en un rápido vuelo, como si se tratase de un conjunto de ascuas ardientes, de características excepcionalmente inoportunas; para, a renglón seguido, reiterar en el mismo documento su incansable invitación al diálogo, llamado, como es sabido, Pacto por la Libertad: «[...] Es indispensable un diálogo, una convergencia, que rompan les barreras entre los que dicen querer cambiar el sistema desde dentro y los que hemos sido situados implacablemente, durante decenios, fuera de toda legalidad.»

[97] Sobre la UMD, véase Jesús Ynfante: El ejército de Franco y de Juan Carlos, Ruedo ibérico, París, 1976.

[98] Ruedo ibérico, París, 1974.

[99] Véase Pierre Celhay: Consejos de guerra en España, Ruedo ibérico, París, 1976.

[100] Véase, sobre la violencia, nuestro editorial del n.o 46-48, p. 12.

[101] CRI, 55-57, pp. 190-191.

[102] CRI, 54, p. 11.

[103] CRI, 54, p. 11.

[104] De un informe de Jaime Rivière Manen, presidente del CEAM, 29 noviembre 1977.

[105] Véase «Ideologías de la derecha desde 1939: los corporativistas católicos y los economistas tecnocráticos ante la distribución del ingreso». Cuadernos de Ruedo ibérico, 43-45.

[106] Vicenç Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Madrid, Anagrama, 2002.

[107] El siguiente ensayo constituye un intento de interpretación del franquismo desde un enfoque de dominación de clases. Pretendemos con su publicación aportar elementos de discusión sobre bases distintas a las tradicionales, sin pretender cerrar el debate.

[108] Estos papeles se basan en el capítulo «On the Concept of Francoism» de la tesis doctoral de Eduardo Sevilla-Guzmán Peasants without land, financiada por la Fundación Juan March y presentada en la Universidad de Reading en 1975, dirigida por los profesores Gwyn E. Jones y Salvador Giner. No obstante, este ensayo, que forma parte de un estudio más amplio sobre la estructura y conflicto sociales en la España contemporánea, es fruto por partes iguales de Eduardo Sevilla-Guzmán (Agricultural Extension and Rural Development Centre, Reading) y Salvador Giner de San Julián (Department of Sociology, University of Lancaster). Nuestro agradecimiento al profesor Paul Preston por sus numerosas sugerencias, así como por ofrecernos la posibilidad de desarrollar varias de las ideas aquí utilizadas en su seminario «Spain under Franco» en la Graduate School of Contemporary European Studies de la Universidad de Reading. Luis Flaquer (Sociology Department, University of Lancaster) ha hecho varias sugerencias críticas de gran interés a la lectura del manuscrito original que deseamos agradecer. También queremos expresar nuestro reconocimiento al profesor Amando de Miguel (Departamento de Sociología, Universidad de Valencia) por sus observaciones críticas que tan sólo hemos podido incorporar al texto de forma muy limitada a causa de discrepancias sustanciales de enfoque. Nuestro agradecimiento, por último, al profesor Francisco Murillo Ferrol (Departamento de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Madrid).

[109] Una excelente conceptualización de la noción «régimen autoritario» fue acuñada por Juan J. Linz, «An Authoritarian Regime: Spain» en Erik Allardt and Yrje Lltttunen (eds), Cleavages, Ideologies and Party Systems, Contributions to Comparative Political Sociology (Transcripciones de Westermarck Society, vol. X, 1964), pp. 291-342. Posteriormente publicado en Erik Allardt and Stein Rokkan, Mass Politics. Studies in Political Sociology (The Free Press, New York, 1970), pp. 251-283 y 374-381. Hay una edición castellana en Manuel Fraga Iribarne et. al. La España de los años 70. III. El Estado y la política, Moneda Crédito, Madrid (1974), tomo I, pp. 1467-1530. Este tipo ideal ha sido incorporado al acervo sociológico con notable éxito. Véase nota final del autor en su versión castellana que, aunque no ha sido puesta al día bibliográficamente, incorpora notas bibliográficas de gran interés. Aunque los autores de este ensayo están en desacuerdo con la aplicación del tipo ideal de «régimen autoritario» a España, en justicia reconocen que el conjunto de trabajos realizados por el profesor Linz basándose en él, constituye el mejor análisis sociológico realizado hasta ahora sobre el franquismo. Tales trabajos son: Juan J. Linz. From Falange to Movimiento-organización: The Spanish single party and the Franco Regime (1936-1938), Symposium on the Evolution of Established one Party Systems, Jenner California, Abril 5-7, 1968, publicado posteriormente en Samuel P. Hunting and Clement H. Moore (eds.), Authoritarian Politics in Modern Society: The Dynamic of Established One Party Systems, Basic Books, New York (1970), pp. 128-203. Juan J. Linz, «Continuidad y discontinuidad en la élite política española: de la Restauración al régimen actual» en varios autores, Estudios de Ciencia política y Sociología. Homenaje al profesor Carlos Ollero, Gráficas Carlavilla, Madrid (1972). Juan J. Linz, «Opposition in and under Authoritarian Regime: The Case of Spain» in Robert A. Dahl, Regimes and Oppositions, Yale University, New Haven (1973), pp. 171-259. Jesús M. de Miguel y Juan J. Linz, «Las Cortes Españolas 1943-1970. Un análisis de cohortes. Primera parte: Las cohortes» en Sistema, enero 1975, pp. 85-110.

Y, finalmente, no queremos dejar de citar la comunicación presentada por el profesor Linz al sexto congreso mundial de Sociología en Evian, septiembre 411, en la sesión sobre «Dimensions of Party Systems» publicada más tarde con el título «The Party System of Spain: Past and Futures» in Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, Party System Alignments: Cross National Perspectives, The Free Press, New York (1967), pp. 197-282. Aunque este trabajo es básicamente un análisis histórico interpretando sociológicamente el sistema de partidos políticos en España, su autor hace un análisis prospectivo del comportamiento electoral español, como si se ajustase a las pautas existentes en Italia, lo que causó fuerte desagrado en los medios gubernamentales franquistas. Otros trabajos que aceptan el tipo ideal autoritario aplicado a España son los siguientes: Amando de Miguel, «Estructura social y juventud española» en Revista del Instituto de la Juventud, n.o 1, pp. 111-144; 3, pp. 81-106; 5, pp. 6381; y 6, pp. 15-37, donde el autor analiza la cultura política española a través de la «Encuesta sobre los presupuestos mentales de la juventud española» realizada por la Delegación Nacional de Juventudes en 1960, órgano falangista, que publica la revista en que aparecen estos artículos y cuya función es, entre otras, la de actuar como «[...] órgano de formación de cuadros, [...] de formar cuantos profesores (de Educación cívico-social y física primordialmente), dirigentes, instructores preceptores, educadores y cualquier otra figura similar, precise la Delegación Nacional de Juventudes para el desarrollo de las misiones que fueron asignadas a ésta». «¿Qué es el instituto de la juventud?» en Revista del Instituto de la Juventud, n.o 1, octubre 1965, p. 6. A pesar de la finalidad de la revista creemos que los citados trabajos de Amando de Miguel deben abstraerse, al menos desde una perspectiva académica, de este contexto, ya que por su calidad y nivel científico merecen situarse en la línea de «estudios autoritarios» y no en la de tipo «propagandístico y de formación de cuadros falangistas» como señala dicha revista. G. A. Almond y G. G. Powell, Comparative Politics, Little Brown, Boston (1966). Su distinción entre regímenes «tradicional conservadores» y «modernos» nos parece un tanto artificial. Fundación Foessa, Informe sociológico sobre la situación social de España 1970, Euramérica, Madrid (1970), capítulo V: «Vida política», pp. 371-431, suprimido por la censura al ser publicado dicho informe, en el que, dirigido por Amando de Miguel, participó uno de los autores de este trabajo.

Amando de Miguel, «Apunte sociológico sobre los ministros de Franco», epílogo (con prólogo de Emilio Romero) del libro Equipo Mundo, Los 90 ministros de Franco, Dopesa, Barcelona (1970), pp. 521-527. Frederick B. Pike, et al (ed), The New Corporatism, University of Notre Dame Press (1974).

[110] En general este tipo de literatura podría clasificarse de la siguiente forma: a) Aquella de tipo exclusivamente ideológico perteneciendo a partidos o grupos de la oposición en el exilio y en la clandestinidad y que, en general, no pretenden cubrir su carácter de lucha contra el franquismo. No creemos procedente citar las fuentes en cuestión por obvias razones; b) Los estudios que se centran o sobrevaloran las etapas de implantación de la forma de dominación franquista, o utilizan este tipo de análisis al considerar la Falange dentro del mismo. En general, este grupo de análisis sociológicos están influenciados por el enfoque historiográfico que considera que el «fascismo fue originalmente entendido para describir un particular sistema político —y hasta cierto punto cultural, económico y social— de una específica área geográfica, en un delimitado período de tiempo: Europa entre las dos guerras», S. J. Woolf (ed), European Fascism, Weidenfeld and Nicolson, Londres (1970). p. 1. Por poner algunos ejemplos citaremos: J. Solé-Tura, «The Political Instrumentality of Fascism» en S.J. Woolf (ed), The Nature of Fascism, Weidenfeld and Nicolson, Londres (1968), pp. 42-50. No obstante cf. su Introducción al régimen político español (Esplugues de Llobregat: Ariel, 1972, 1.a ed. 1971, pp. 5-10), en la que el autor adopta una posición algo diferente. El énfasis es ahora sobre «las aportaciones teóricas de autores tales como Charles Bettelheim y Nicos Poulantzas (p. 7), es decir, las nociones de «bloque en el poder», «escena política» y otras pasan a ser decisivas. Es lástima que el resto de la Introducción de Jordi Solé no explore la utilidad de este enfoque sistemáticamente en el ámbito del franquismo y que quede sólo la intención programática. Pero ello quizás se deba a los endémicos problemas de censura. G. Germani, «Political Socializations of Youth in Fascist Regimes: Italy and Spain» en Samuel P. Huntingon y Clement H. Moore, Authoritarian Politics in Modern Societies: The Dynamic of Established One Party Systems, Basic Books, Nueva York (1970), pp. 339-379. Miguel Viñas, «Franquismo y revolución burguesa» Horizonte Español, Ruedo ibérico, París (1972), tomo III, pp. III-XXXIX.

[111] Aparte de que carece de valor, desde un punto de vista científico, hacer una relación mínimamente completa de los trabajos sobre el franquismo dentro de la línea «académico-propagandística», tal intento rebasaría con mucho la extensión de este artículo. Sin embargo tiene interés citar aquí la reciente cuasienciclopedia editada por los catedráticos Manuel Fraga Iribarne (ex-ministro de Franco), Juan Velarde Fuertes (falangista) y Salustiano del Campo (sociólogo) bajo el título de La España de los años 70 en los dos tomos del volumen III, «El Estado y la política», donde puede encontrarse una de las más nítidas apologías hechas hasta ahora del franquismo. Por citar un ejemplo véase: Ricardo de la Cierva, «Franco y el franquismo», pp. 159-219, donde dicho autor establece varias etapas del franquismo, calificando de «ilusión creadora de la paz entre guerras» (pp. 192-194) los cinco meses de mayor represión del régimen franquista (véase nota a pie de página n.o 24 de este ensayo). Del citado autor dice en su crítica referente a la biografía de Franco (Ricardo de la Cierva, Francisco Franco. Un siglo de España, Editora Nacional, Madrid [1972], dos tomos) The Times Literary Supplement del 1 de noviembre 1974: «Dada la posición oficial del autor y su presumido a archivos cerrados, la falta de material nuevo es sorprendente [...] en metodología está lejos de ser una concepción nueva [...] sin embargo esta obra sigue siendo el relato más completo de la era de Franco publicado hasta ahora dentro de España. Esto es un triste comentario sobre lo hecho anteriormente.» La crítica anónima del The Times Literary Supplement respecto a la falta de rigor científico del profesor De la Cierva se ve plenamente fundamentada por la exhaustiva investigación del Dr. H. R. Southworth, «Los bibliófobos: Ricardo de la Cierva y sus colaboradores» en Cuadernos de Ruedo ibérico, n.o 28-29 (1971), pp. 19-45. Aunque De la Cierva instrumentaliza el concepto de régimen autoritario en su trabajo ideológico («… franquismo significa, sencilla y pragmáticamente, "régimen de Franco", inscrito, según la acertada clasificación de Juan Linz, entre los "regímenes autoritarios no fascistas"», p. 191), le resulta difícil olvidar el estudio de Linz que importunó al franquismo oficial («Juan J. Linz analiza la actualidad española con metodología sociopolítica, pero con notable calado histórico y, dentro de una mentalidad liberal rigurosa, con imparcialidad y falta encomiable de prejuicios, aunque tal vez la distancia física [no la espiritual, que no existe] entre su laboratorio intelectual y la realidad española le inclina a un excesivo optimismo teórico sobre perspectivas y posibilidades». El subrayado es nuestro.)

En los tomos de la obra que estamos comentando (La España de los años 70) existen, no obstante, algunos trabajos (como los de Francisco Murillo, Carlos Paris, Pedro de Vega, José Cazorla, el del propio Linz y pocos más) que han de separarse de la tónica profranquista de la casi totalidad de dicha publicación.

[112] Véase: Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism. A comparative Study of Total Power, Yale University Press, New Haven (1973), im.

[113] Desde un punto de vista semántico no cabe duda de que las expresiones «absolutismo» y «totalitarismo» se confunden, pues ambas se refieren a modos totales (es decir, absolutos) de gobernar. Sin embargo, dado que el lenguaje corriente identifica «totalitarismo» con regímenes dictatoriales y de suma violencia y movilización —por ejemplo, el estalinismo, los fascismos, etc.— nos hemos inclinado por la palabra «absolutismo» de antiguas y fértiles credenciales históricas como veremos más adelante —para designar la categoría más amplia de nuestra clasificación—. No ignoramos que la expresión totalitario debe usarse con cautela pues históricamente obtuvo un uso generalizado durante la «guerra fría» cuando empezó a usarse indiscriminadamente para referirse a regímenes tanto fascistas como comunistas, sin referencia alguna a la dimensión de dominación de clase. Ni que decir tiene, que nosotros sólo la usamos respecto a regímenes como el nazi o bien al estalinismo en su forma más aguda. Como el título de este ensayo indica suficientemente en ningún caso concebimos que sea separable el poder estatal de la dominación de clase, a pesar de la importante cuestión de la «autonomía relativa del aparato estatal».

[114] Los autores han escogido a sabiendas dos conceptos, «absolutismo» y «despotismo», caídos en desuso en las ciencias sociales, pues consideran que poseen cualidades interesantes, y aun de gran valor analítico, para encararse con las formas de dominación actuales. Como afirma Melvin Richter (en P. Wiener, ed. Dictionary of the History of Ideas. Scribner's, Nueva York, 1973, vol. II, p. 1), el «concepto de despotismo es quizás el menos conocido de aquella familia que incluye tiranía, autocracia, absolutismo, dictadura (en su uso moderno) y totalitarismo». Su uso por Montesquieu y Rousseau comienza a ser digno de exploración por la sociología moderna. Sin embargo el sentido dado Por Hegel en su parábola del amo y del esclavo (Phänomenologie des Geistes, IV, A) y subsiguientemente Por Marx (Grundisse) merecen atraer más la atenci6n de los sociólogos del conflicto y la dominación sociales. Ni que decir tiene que, en nuestro ensayo, ni «absolutismo» ni «despotismo»se identifican totalmente con ninguna de estas aportaciones. Para más información véase: Franco Venturi, «Oriental Despotism» en Journal of History of Ideas, n.o 24 (1963), pp. 133-142. K.A. Wittfogel, Oriental... op. cit., im. Salvador Giner, Sociology, Martin Robertson, Londres (1972), pp. 178-181.

[115] La noción de «clases de servicio» aparece en R. Dahrendorf, «Recent Changes in the Class Structure of European Societies», en Daedalus, invierno, 1964, p. 235 y s. Señalemos, empero, que usamos esta noción en un sentido diferente del de Dahrendorf. Para él, «clases de servicio» son los estamentos burocráticos y gerenciales de las nuevas estructuras de clase occidentales en general. Nuestros conceptos se superponen sólo parcialmente. Cf también S. Giner y M. S. Archer «Social Stratification in Europe» en M. S. Archer y S. Giner, eds. Contemporary Europe: Class, Status and Power, Heinemann, Londres (1971), pp. 1-59.

[116] El concepto de coalición reaccionaria ha sido desarrollado con gran valor analítico por Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy (Penguin, Hardmondsworth, 1973), p. 436 y s. Aunque en el presente ensayo no coincidan exactamente los segmentos sociales intervinientes en dicha coalición con los de Moore, la naturaleza y características esenciales del mismo son, en su raíz, idénticas.

[117] Usamos la distinción tal como aparece en D. Lockwood, «Social Integration and System Integration» en G.K. Zollschan y W. Hirsch, eds., Explorations in Social Change (Routledge, Londres, 1964). pp. 244-356 y en especial en Nicos Mouzelis «Social and System Integration: Some Reflections on a Fundamental Distinction» en el British Journal of Sociology, vol. XXV, n.0 4, diciembre de 1974, pp. 395-409.

[118] Los privilegios en estos regímenes son de dos tipos: oficiales y encubiertos. En España es evidente que existe todo un mundo de privilegios encubiertos, muy importantes para explicar el aparato de recompensas institucionalizadas por el régimen franquista. Queda por hacer una exploración rigurosa de la vida cotidiana bajo este régimen, en la que los conceptos clave de «tinglado», «estraperlo», «chollo», «enchufe» u «enchufismo», entre otros, fueran explorados con rigor antropológico. Los estudios de patronazgo y control que poseemos se centran, en general, en las zonas rurales y no pasan de considerar este tipo de relación a nivel de comunidades campesinas (entre sus distintos grupos sociales) olvidando la mediatización de éstas por la sociedad mayor. En este sentido, véanse Carmelo Lisón Tolosana, Belmonte de los Caballeros, A Sociological Study of a Spanish Town (Clarendon, Oxford, 1966), pp. 73-76. Michael Kenny, A Spanish Tapestry: Town and Country in Castile (Peter Simith, Gloucester, Mass, 1969), p. 73. Carmelo Lisón Tolosana, Antropología cultural de Galicia (Siglo XXI, Madrid, 1971), pp. 42-46. J. PittRivers, People of the Sierra (The University of Chicago Press, Chicago, 1974), pp. 154-156 y del mismo autor Mediterranean Countrymen: Essays in the Social Anthropology of the Mediterranean (La Haya, 1963) p. 212 y s. Tiene interés señalar aquí la excelente crítica de Martínez Alier a este tipo de relación, tal como la aplica Pitt-Rivers a Andalucía en este último trabajo. Cf. Juan Martínez Alier, Labourers and Landowners in Southern Spain (George Allen and Unwin Ltd., Londres, 1971) en «Pitt-Rivers on patronage», p. 298 y s. Para una discusión sobre los estudios antropológicos que tratan el patronazgo en la órbita del Mediterráneo, véase Robert T. Anderson, Modern Europe: An anthropogical perspective (Goodyear Publishing Company, California, 1973), p. 62. Algo parecido sucede con los estudios de «vida cotidiana» en sí (Cf. Amando de Miguel, Introducción a la sociología de la vida cotidiana, Cuadernos para el Diálogo: Madrid, 1969). En general, los escasos trabajos que analizan las relaciones de patronazgo —tanto a nivel rural como urbano— durante el franquismo se centran en su dimensión folklórica, ignorando el aspecto esencial de institucionalización de recompensas inherente a la vida social española y tan importante para el régimen. La ausencia de un enfoque conflictivista en estos trabajos los ha incapacitado de raíz para percibir la función cabal del fenómeno, y hasta su propia existencia dentro del franquismo. Para un modelo de enfoque conflictivista cf. Salvador Giner, El progreso de la conciencia sociológica (Península, Barcelona, 1974), p. 199.

[119] Sobre el elemento cleptocrático en España véase: Martín García, «Los ex ministros de Franco en el mundo de las finanzas», Cuadernos de Ruedo ibérico, n.0 10, enero de 1967, pp. 75-84; Horizonte español 1972, Ruedo ibérico, París, 1972, artículos sobre «Rumasa», pp. 13-40; «Matesa», pp. 41-109 y «La política fiscal», pp. 111-184. Daniel Davis, The Matesa Scandal, tesis inédita presentada en la Graduate School of Contemporary European Studies, University of Reading, 1975.

[120] Utilizamos el concepto de sistema represivo de mano de obra en el sentido que da al término Barrington Moore, Social Origins… op. cit., p. 434. Aunque Moore lo utiliza en su aplicación a la agricultura, tal conceptualización posee cualidades analíticas aplicables tanto al campesinado como a la clase obrera, sentido que le damos aquí. No existe ningún análisis riguroso del «sistema represivo de mano de obra», tan importante para el franquismo. No obstante puede encontrarse un valioso material acumulado sobre el tema en las distintas publicaciones de Ruedo ibérico y algunas obras de interés, entre las que pueden resaltar Jon Amsden, Collective Bargaining and Class Conflict in Spain (Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1972, edición española de Ruedo ibérico, 1974) y los trabajos de Jose María Maravall, Trabajo y conflicto social (Edicusa, Madrid, 1968), El desarrollo económico y la clase obrera (Ariel, Barcelona, 1970) y «Modernization, Authoritarism and the Growth of Working-Class Dissent: The case of Spain» en Government and Opposition, vol. 8. n.o 4, otoño de 1973, pp. 431-454. Sin embargo la exploración e interpretación de dichos materiales está por hacer. A nivel de hipótesis podrían adelantarse las siguientes fases en la represión violenta del franquismo contra la clase obrera: a) El «terror blanco» (1939-1943). De purga sangrienta tanto en las ciudades como en el campo. b) El largo silencio (1944-1968). Período en el que el sistema represivo de mano de obra consigue un cierto grado de eficacia sin violencia física. La violencia se concentra, entonces, en la lucha contra la guerrilla, hasta el comienzo de los cincuenta, aun cuando su liquidación definitiva se dé en 1962, con la muerte de Quico Sabaté. Todo esto no excluyó la existencia de algunos enfrentamientos de la policía con grupos de trabajadores en ciertos momentos. La pobreza de las comunicaciones internas durante aquellos años y el fuerte control de radio, prensa y teléfonos silenciaron eficazmente estos eventos. c) La vuelta a la violencia armada (1968-1975). La violencia sin provocación contra la clase obrera surge con los hechos sangrientos de Granada y continúa hasta la actualidad.

[121] Véase el artículo sobre Amando de Miguel, «Las 9 familias del franquismo», Cambio 16, enero de 1975, pp. 8-14; p. 12. Dícese que más de un ministro de Franco llevaba su carta de dimisión firmada dentro de su cartera a cada Consejo de Ministros.

[122] Karl A. Wittforgel, Oriental Despotism… op. cit., cap. 4, pp. 101-136.

[123] Definimos ideología estrictamente en términos de poder y no como mentalidad, creencias sobrenaturales, o meros sentimientos de clase. Para una explicación detallada de nuestro enfoque véase S. Giner, Sociología (Península, Barcelona, 1974 [6.a ed.], pp. 193-204. Para una discusión mas completa cf. la 3.a edición inglesa, Sociology (Martin Robertson, Londres; Halsted Press, Nueva York), pp. 217-225.

[124] Con esta expresión nos referimos a la frecuente falta de explicitud y demarcación en la retórica y en la doctrina del régimen, que revela su naturaleza de coalición pragmática y de defensa de intereses de clase por encima de una ideología política de partido. Para mayor detalle véase la sección siguiente, dedicada al análisis de la formula política del franquismo. Este mismo enfoque, aunque huérfano de la visión conflictivista se encuentra en Juan J. Linz, «An Authoritarian...» op. cit., pp. 257-259. Especialmente en su noción «lack of clear ideology» (p. 258).

[125] Gaetano Mosca, The Ruling Class (McGraw-Hill, Nueva York, 1932), p. 70. Nos percatamos de que la definición de Mosca es algo vaga aunque posee sustancialmente grandes posibilidades analíticas nada desdeñables.

[126] Para un análisis de este fenómeno realizado por uno de los autores, véase Salvador Giner [«Manuel Saizar»], «La mentalidad española y la democracia» en Cuadernos de Ruedo ibérico n.o 4, diciembre-enero 1966, pp. 84-86 y más recientemente Julio Caro Baroja, El mito del carácter nacional (Seminarios y Ediciones, Madrid, 1970), pp. 71-135.

[127] Siguiendo a Marx y Engels entendemos que «la forma de interacción determinada por las fuerzas productivas existentes en todas las etapas productivas previas y que a su vez las determina es la sociedad civil..., ésta es la verdadera fuente y teatro de toda la historia... La sociedad civil abraza toda la interacción material de todos los individuos dentro de una etapa concreta del desarrollo de las fuerzas productivas. Abraza la totalidad de la vida comercial e industrial de una etapa dada y por lo tanto trasciende al Estado y a la nación, aunque por otra parte debe afirmarse en sus relaciones exteriores como nacionalidad, e interiormente debe organizarse como un Estado. La expresión (bürgerliche Gesellschaft) surgió en el siglo XVIII cuando las relaciones de producción se habían liberado ya de la sociedad comunal antigua y medieval. La sociedad civil, como tal, se desarrolla sólo con la burguesía; la sociedad civil que surge directamente de la producción y del comercio y que en todas las épocas forma la base del Estado y del resto de la superestructura idealística siempre ha sido designada con el mismo nombre». Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology (Lawrence and Wishart, Londres, 1970), p. 57.

[128] Este importante papel de las instituciones burocráticas a través de los «grupos de servicio» y de su acaparamiento del pluralismo restringido ha llevado a calificar al franquismo de «régimen burocrático», lo que, desde una perspectiva sociológica, carece de sentido. En el trabajo que comentamos (Ricard Soler, «The New Spain» en New Left Review, n.o 58, noviembrediciembre de 1969, pp. 3-27, posteriormente publicado en Cuadernos de Ruedo ibérico, n.o 26-27, agosto-noviembre de 1970) se esboza incluso un modelo político del franquismo de 1939 a 1959, caracterizado por el «dominio de la burocracia» lo que constituye un caso claro de desaliño conceptual que invalida la argumentación de los autores que usan el seudónimo de «Ricard Solé».

[129] Una excelente información sobre la composición de este organismo puede verse en Jesús M. de Miguel y Juan J. Linz, «Las Cortes españolas 1943-1970. Un análisis de cohortes. Primera parte: Las cohortes», en Sistema, n.o 8, enero de 1975, pp. 85-110. Es de lamentar que el alto grado de sofisticación del análisis formal no vaya acompañado de un enfoque más conflictivo. Cf. Quién es quién en las Cortes (Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1969).

[130] Amando de Miguel en FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de España, 1970 (Euramérica, Madrid, 1970), pp. 378 y 379; 383-384, dentro del capitulo V, «Vida política», pp. 371-431, suprimido por la censura al ser publicado dicho informe.

[131] Para un análisis pormenorizado de estos fenómenos desde nuestra perspectiva, Salvador Giner, «Spain» en M. S. Archer, ed., Students, University and Society (Heinemann Educational Books, Londres, 1972), pp. 103-126.

En esta misma línea véase Victor Pérez Díaz, Cambio tecnológico y procesos educativos en España (Seminarios y Ediciones, Madrid, 1972).

[132] El malestar causado entre la oficialidad por esta función político-represiva de las fuerzas armadas sólo ha empezado a notarse en una fase muy avanzada de la historia del régimen (a partir del proceso de Burgos en 1970).

[133] Para el concepto de relación de dominación en este contexto específico y tal como se ha venido usando en este ensayo, véase Karl Marx, Precapitalist Economic Formations (Lawrence and Wishart, Londres, 1964), pp. 102-106.

[134] Stanley G. Payne, Franco's Spain (Routledge and Kegan Paul Ltd., Londres, 1968), p. 110. Usando fuentes del Ministerio de Justicia, Foltz afirma que hubo 500.000 ejecuciones entre 1939 y 1944, en The Masquerade in Spain (Boston, 1948), pp. 93-98.

[135] Es necesario poner una vez más de relieve el carácter manifiestamente atemporal de este estudio. Los autores se han centrado sobre los elementos esenciales y relativamente permanentes del sistema político franquista.

[136] Primera edición en inglés, A concise history of the Spanish Civil war, Thames and Hudson, London, 1974.

[137] El País, 12-V-2008.

[138] Por ejemplo, Abril Martorell dice que Fraga nunca fue muy afecto a la democracia. Como si él no tuviera el mismo pasado, aunque a niveles burocráticos más modestos.

[139] J. M. Areilza, «Víspera de nada», en ABC, 3 de diciembre de 1978.

[140] A. de Senillosa, «Después» en El País, 3 de diciembre de 1978, p. 18.

[141] Véase El País, 21 de noviembre de 1978, p. 15.

[142] E. Tierno Galván, «Por la senda constitucional», en Diario 16, 6 de diciembre de 1978, p. 15.

[143] El País, 3 de diciembre de 1978, p. 17.

[144] Diario 16, 6 de diciembre de 1978, p. 16.

[145] Felipe González, «El PSOE y la Constitución», en El Periódico, 3 de diciembre de 1978, p. 15.

[146] Alfonso Guerra, en Informaciones, 13 de noviembre de 1978, p. 4.

[147] A. Hernández, «El rapto de la Constitución», en Infomaciones, 2 de diciembre de 1978, p. 3.

[148] Santiago Carrillo, en El País, 14 de noviembre de 1978, p. 15. Si este tipo de análisis fuera correcto «¡arreglados estaríamos!». Afortunadamente la ultraderecha no parece que llegue al 40 % del censo electoral (abstenciones más votos negativos) como cabría deducir de la supuesta y torpe predicción «capitalizadora» de don Santiago. Ocurre, sin embargo, que no existen monopolios de maneras de pensar que se puedan inculcar con posiciones chantajistas.

[149] Fraga en DS, 12 de julio de 1978, p. 4180.

[150] A. Moya Moreno, «Después del 6-D», en El Periódico, diciembre de 1978, p. 15.

[151] A. Suárez, mensaje al país, 4 de diciembre de 1978. También el presidente del gobierno parece opinar que hasta ahora no se ha elegido ni responsable ni libremente. Y si él lo dice, ¿quién lo puede dudar?

[152] En el caso de la «izquierda» el color más vivo es para sus bases, mientras que la «derecha» se colorea cuando se presenta ante sus electores porque de bases carece.

[153] J. Santamaría, «Del desaliento a las elecciones», en El País, 22 de diciembre de 1978, p. 9.

[154] H. Barrera, en DS, 4 de julio de 1978, p. 3757.

[155] Ibid., p. 3758.

[156] Ibid.

[157] Ibid.

[158] Ibid.

[159] Ibid., p. 3759.

[160] J. Ferrando Badía, «Ante el proyecto constitucional», 5 de noviembre de 1978.

[161] H. Barrera, Diario de Sesiones, 4 de julio de 1978, p. 3758.

[162] Ibid., p. 3759.

[163] S. Santamaría, «Del desaliento a las elecciones», en El País, 22 de diciembre de 1978, p. 9.

[164] Sólo en un editorial de Cuadernos para el Diálogo (marzo de 1967) se manifestó en la terminología posible, la «práctica imposibilidad» de aquel censo y de aquel resultado.

[165] J. Santamaría, «Del desencanto a las elecciones», en El País, 22 de diciembre de 1978, p. 9.

[166] J. M. Areilza, «Víspera de nada», en ABC, 3 de diciembre de 1978.

[167] Mario Gaviria, en El Periódico, 3 de diciembre de 1978, p. 14.

[168] A. de Senillosa, «Después» en El País, 3 de diciembre de 1978, p. 16.

[169] Julián Santamaría, art. cit.

[170] «Ante el referéndum», editorial en ABC, 3 de diciembre de 1978, p. 2.

[171] Ibid.

[172] Silva Muñoz, Diario de Sesiones, 4 de julio de 1978, p. 3794.

[173] L. Solana, en Diario de Sesiones, 13 de julio de 1978, p. 4206.

[174] Fraga, Diario de Sesiones, 13 de julio de 1978, p. 4207. Algunos le reconocieron sus méritos: «La enmienda que tan brillantemente acaba de defender don Manuel Fraga [...] su brillante intervención [...] el señor Fraga, con la generosidad que le caracteriza [...] lo defiende con gran altura, don Manuel Fraga (etc.)» (A. Alzaga, Diario de Sesiones, 12 de julio de 1978, p. 4180 a 4182).

[175] Ya se ha señalado desde estas páginas la contradicción que encierra la misma palabra democracia, pues si el pueblo —demo— fuera el que llevara realmente sus propios asuntos no existiría un poder —cracia— por encima de él y estaríamos en la acracia. Véase Aulo Casamayor, «Por una oposición que se oponga», Cuadernos de Ruedo ibérico, número 54.

[176] Véase Aulo Casamayor, op. cit.; Genaro Campos, «La Santa Alianza democrática», Cuadernos de Ruedo ibérico, números 57-58.

[177] Fraga en Diario de Sesiones, 11 de julio de 1978, p. 4097.

[178] F. González, «Ante seiscientos empresarios en la APD», en Informaciones, 1 de diciembre de 1978, p. 12.

[179] Salvo error u omisión (posible), en el pleno del Gongreso de los Diputados se pronunciaron estos vocablos las siguientes veces:

Palabras España País Vasco-Euskadi Cataluña Castilla Galicia Valencia Aragón Baleares Navarra Andalucía Asturias Extremadura Canarias Murcia León Rioja

Veces 1.286 387 366 94 61 46 41 16 12 10 6 6 5 3 2 2

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