Juez De Control 1g1n5z

El Juez de Control. El Juez de Control se encuentra contemplado en las reformas que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el artículo 16, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, pues en lo que interesa se lee lo siguiente: “...Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio...” Por otro lado, no debe de perderse de vista que la reforma en su conjunto consagra el sistema acusatorio, cuyas bases son los principios de publicidad y oralidad –en esencia-, y en el que se suprima la fase judicial instructora, siendo sustituida por una fase pre-procesal de investigación, sin valor probatorio, y siendo trasladados el enjuiciamiento y la prueba, al juicio oral, observándose con ello la introducción de los procedimientos abreviados, en los que no hay esencialmente debate y en los que se actúa, bajo la aceptación del acusado, de ahí que se hable de la utilización del principio del consenso, como medio de pacificación del conflicto procesal, creando con ello una serie de limitaciones a la Fiscalía o Ministerio Público.

No cabe duda en torno a que la opción por un concreto modelo de proceso penal, y en la medida en que éste puede ser contemplado como instrumento de control social, no es ajena a la concepción que se profese sobre la orientación que debe presidir las relaciones de los ciudadanos entre sí, y respecto del Estado. También, y para destacar, debe señalarse que el juez penal en el nuevo proceso acusatorio tiene un papel de vital importancia . Así lo señala la doctrina cuando advierte que los jueces deben ser instrumento de convivencia pacífica, artífices del destino del país, abrumado por la felonía de toda clase , de modo que tienen el compromiso ineludible de orientar el proceso hacia el equilibrio, no siempre fácil, entre dos propósitos estatales de máxima importancia como son la realización de la justicia y la garantía de los derechos fundamentales de los asociados. Por esta razón, al entrar en vigencia el nuevo estatuto que privilegia la oralidad y que pretende dar desarrollo al principio acusatorio, resulta necesario y urgente garantizar la articulación de las entidades que operan el sistema procesal penal. Esto significa, ni más ni menos, adquirir plena conciencia de que la trascendencia de los intereses en juego dentro de un proceso penal exige la comprensión de sus instituciones, por encima de su aplicación mecánica . Debido a múltiples razones, entre las que podemos señalar los principios que se conjugan del Estado de derecho y del Estado social y democrático, se impone la existencia de una serie de controles al ejercicio de las facultades encomendadas legalmente hacia la Representación Social, sobremanera la necesidad de velar por el respeto de las garantías y derechos constitucionales y, en fin, conseguir un verdadero equilibrio entre un derecho penal sustancialista -que en ocasiones reclama la sociedad- y un derecho penal garantista -que consagra nuestro sistema político, que demanda el imputado y que se impone según los estándares internacionales-. Así, el control que debe ejercer el juez se sustenta en los siguientes principios:

a) La debida protección a los derechos fundamentales, esto es la exigencia de un trato digno a los intervinientes en el proceso, el respeto a la libertad individual, el sometimiento y prevalencia de las normas que integran las garantías individuales, el compromiso de desarrollar el proceso con apego a las reglas de igualdad, imparcialidad y legalidad, el respeto a la defensa material y técnica así como los derechos de la víctimas, etc., de manera de que el control de legalidad, que lo hace un juez, le impone indefectiblemente la obligación de brindar protección a los derechos fundamentales, ya en cumplimiento de dicha función no sólo actúa como juez penal sino también como juez constitucional. b) Como quiera la aplicación del principio de oportunidad puede originar la afectación de derechos fundamentales, por ejemplo en cabeza de las víctimas , y la misma puede ser fruto de una decisión antijurídica, es menester que el juez de control tenga facultades plenas para pronunciarse de manera pronta sobre tal situación. Si bien es cierto que hoy en día el control de legalidad constituye una herramienta útil dentro del proceso penal, para defender la legalidad y el derecho de libertad, el mismo, por su condición de control externo al proceso, juega un papel similar al de otros instrumentos constitucionales, como el juicio de amparo o el hábeas corpus o la tutela (Venezuela), sin que se le pueda equiparar a los mismos. Los principios pro libertate y de favorabilidad La aplicación del principio pro libertate impone al Estado la obligación consagrar medidas que otorguen al sindicado salvaguardas suficientes destinadas a defender en forma integral y eficaz su libertad. Por ello, las restricciones legales que excluyen al imputado de las garantías idóneas y suficientes para la defensa de sus derechos, deben estar plenamente

justificadas a partir de un principio de razón suficiente, vinculado al logro de un fin constitucional válido . Así mismo, el principio de favorabilidad en la interpretación de la oportunidad para intentar el control de legalidad, impone que, en caso de duda entre dos o más interpretaciones razonables de una misma disposición procesal, el operador deba preferir aquella que favorezca al procesado, lo cual, además, constituye un desarrollo material de la regla universal relativa a la presunción de inocencia. Así también, el Juez de Control, dentro de sus facultades resolutivas tiene las siguientes características. a)

Es un control judicial.- la única autoridad que puede ejercer el control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad, es un juez, cualquier juez, que para el caso tenga asignada la competencia. Esta característica se deriva del principio constitucional de reserva judicial en materia de justicia penal.

b)

Es un control formal y material. Como ya quedó señalado, el control lo realiza el juez tanto sobre las cuestiones formales, es decir, (i) vigila que se hayan cumplido los ritos propios establecidos para el desarrollo de estos trámites y, además, (ii) debe constatar que no se está desconociendo la constitución y la ley, especialmente vigilando que se haya cumplido con el debido proceso y de derecho de defensa.

c)

El

control

es

obligatorio.

La

aplicación

de

las

medidas

precautorias, sin el control que debe ejercer el juez, carece completamente de valor. No es oponible jurídicamente, no puede ejecutarse.

d)

Es un control automático. Además de obligatorio, el control por parte del juez es automático, lo cual significa que no se requiere ninguna exigencia o excitación especial a la Fiscalía para que sea revisado por el Juez la medida precautoria.

e)

Es un control sometido a las reglas de la legalidad. El juez que ejerce el control de legalidad sobre la aplicación de medidas precautorias, está sometido a la Constitución y la Ley. Por ello, si desborda el marco jurídico dentro del cual puede moverse, sus decisiones serán ilegales. La ilegalidad de tales decisiones puede conducir a que se utilicen por los intervinientes las herramientas del proceso para buscar su saneamiento, sin olvidar que también se puede acudir a la acción del juicio de amparo o tutela constitucional en los casos de groseros y evidentes ataques a los derechos fundamentales. Clases de decisiones que puede tomar el juez de control En éste orden de ideas, consideramos que el juez de control, al

momento de ejercer el control de legalidad sobre las decisiones que solicite la Fiscalía respecto de la aplicación de medidas precautorias, se puede pronunciar en los siguientes sentidos: a). Aprobación de la solicitud de la Fiscalía. El primero, y seguramente el más común de los pronunciamiento que hace el juez de control al momento de poner en práctica la aplicación de sus facultades, será aquel en el que señale que toda la actuación se ajusta a la Constitución y la ley, por lo que en consecuencia no se han desconocido los derechos y garantías ni de la sociedad ni los del imputado.

La libertad del imputado, de una parte, y la preclusión de la investigación, de otro lado, son las consecuencias inmediatas de un pronunciamiento favorable por parte del juez. b). Rechazo de la petición de la Fiscalía. Pero puede ocurrir que la petición de la Fiscalía, desconozca la Constitución y la ley, situación que debe llevar al juez que controla la legalidad de dicho procedimiento a rechazar lo pedido. Lógicamente, el rechazo de tal petición debe hacerse en una providencia motivada, en la que se explique con detalle qué es lo que hace improcedente el pedimento y por ello su improbación. El juez debe preocuparse porque en estos casos quede debidamente explicado el motivo de orden constitucional o legal, o la razón político-criminal que le hace proferir una tal decisión. 1 En ese tenor, en Colombia se contempla que el sistema de las medidas de aseguramiento está construido sobre la base de la gradualidad de las medidas. En consecuencia, el juez debe escoger la medida más adecuada de acuerdo con el listado aportado por el Código y de acuerdo con los hechos y diversas circunstancias, y siempre bajo el supuesto de la excepcionalidad y restrictividad de las medidas privativas de la libertad o medidas precautorias. 2 I) De manera general, en relación por ejemplo con la figura de la orden de aprehensión, en el derecho procesal penal comparado, ésta se acepta sólo en función de su carácter preventivo-procesal. El carácter de pena de la medida, está descartado en el ámbito internacional, no sólo por la doctrina, sino y sobre todo, por la jurisprudencia internacional.

1

Cfr http://derechopenalcolombia.blogspot.com/2005/08/el-juez-de-control-de-garantas.html Cfr http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/020-Manual%20Juez%20de%20GarantiasSPA.pdf 2

En el caso colombiano, el peligro para la comunidad o para la víctima, también es considerado en función de las medidas de aseguramiento. Por su carácter excepcional y por los riesgos que entraña, estas circunstancias deben evaluarse con mucho cuidado e interpretarse por el juez de manera restrictiva. Los fines de la detención o aprehensión sólo pueden ser fines de “aseguramiento del procedimiento y de la ejecución, porque la legitimación de la prisión preventiva se deriva exclusivamente de tales intereses de aseguramiento: hacer posible un procedimiento en presencia del imputado con oportunidad de averiguar la verdad y la imposición de las consecuencias penales. Esto justifica los fundamentos de la detención basados en la fuga y el peligro de obstrucción de averiguación de la verdad”. (Hassemer). Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del artículo 8.2 de la Convención Americana que se refiere a la presunción de inocencia, establece que de dicha disposición, surge la obligación “estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva”. Por todo lo anterior, el juez debe evaluar, de acuerdo con los principios que aquí se han establecido, no sólo la procedencia legal en sí de la medida, sino y sobre todo, que ella cumpla los fines constitucionales previstos.

Estos fines, como se ha dicho, son específicamente los fines de carácter preventivo-procesal o de aseguramiento de la comparecencia; ellos no están relacionados con fines de la pena. Si el Juez de Control no hace juicios de responsabilidad penal, las medidas de aseguramiento no cumplen las funciones de la pena, que corresponden al ámbito de la punibilidad, que es posterior al juicio final de responsabilidad. De esa guisa, se puede establecer ciertos requisitos para decretar las medidas preventivas, como lo son: a) La noción de razonabilidad, que es la inferencia que haga el Juez de Control, respecto de que cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser actor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando con la expedición de la medida de detención se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia o que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima o que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. b) Obstrucción de la justicia. Se entiende en la doctrina internacional, como el peligro de obstaculización; esto es, (i) cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba o (ii) que también exista la posibilidad de actuar el imputado contra ciertos sujetos (testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente), o cuando (iii) se tengan motivos fundados para inferir que el imputado va a impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

c) Prohibición de exceso. En relación con el principio de gradualidad hay que tener en cuenta que uno de los fundamentos de la función de control, es aquello que en la doctrina se denomina “prohibición de exceso”. Ello está relacionado, tanto con el principio de gradualidad, como con la fundamentación de necesidad y proporcionalidad de la medida. Significa que si el Fiscal solicita a un Juez de Control de una medida en particular, el juez puede, luego de una evaluación pertinente, desechar los argumentos del Fiscal en función de dicha medida, y resolver imponer otra, siempre y cuando, desde luego, sea ésta menos gravosa y favorable al principio de libertad. II) En otro orden de ideas, en lo atinente a las medidas cautelares sobre bienes, conviene saber que son aquellas relativas medidas que afectan el derecho a la propiedad en la fase de investigación penal. Las variables para controlar en este caso serán las siguientes: 1. La calidad de los bienes. Es decir, se trata de evaluar si son bienes producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumento para la ejecución del mismo. La evaluación se hará sin perjuicio de los derechos que tengan sobre ellos los sujetos pasivos o los terceros de buena fe. 2. El monto de los bienes. 3. El estatuto procesal exige que se realice una inferencia relativa a que los bienes o recursos son producto directo o indirecto de un delito doloso, que su valor equivale a dicho producto, que han sido utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o instrumento de un delito doloso, o que constituyen el objeto material del mismo. Claro está, los motivos fundados deben ser aportados por la Fiscalía y al juez le corresponde su corroboración y sus excepciones. La

inferencia razonable del juez, debe adelantarse de acuerdo con la noción de motivos fundados. Para los efectos del decomiso, se entenderán por bienes los siguientes: a. Todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica o sobre los cuales pueda recaer derecho de dominio. b. Bienes corporales o incorporales. c. Bienes muebles o inmuebles. d. Bienes tangibles o intangibles. e. Documentos o instrumentos que pongan de manifiesto el derecho sobre los mismos. Las medidas materiales para garantizar el comiso son: A. Incautación. B. Ocupación. La medida jurídica es: Suspensión del poder dispositivo. 4. Medidas relativas a la suspensión del poder dispositivo sobre bienes. Estas medidas se relacionan con una circunstancia especial del proceso que se refiere a los casos en los que la Fiscalía, en desarrollo de la investigación, llega a la audiencia de imputación o a la audiencia preliminar, y se requiere suspender el

poder dispositivo de bienes afectos a comiso, mientras se resuelve definitivamente sobre su devolución. La solicitud de la suspensión del poder dispositivo sobre bienes debe consultar diferentes hechos o circunstancias: 1. El interés de la justicia. 2. El valor del bien. 3. Viabilidad económica de su istración. Para controlar estas circunstancias exigidas legalmente, el juez debe aplicar el principio de proporcionalidad. El interés de la justicia, debe ser ponderado en función de los fines procesales de la diligencia. III) Otra medida precautoria lo es la suspensión de las personerías jurídicas o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público. En este caso el control es básicamente un control de legalidad, en cuyo examen el juez evaluará si existen motivos fundados que permitan una inferencia sobre la dedicación total o parcial de la persona jurídica al desarrollo de actividades delictivas. En el juicio de razonabilidad de la medida, el Juez de Control debe tener en cuenta no sólo la afectación probable del derecho de propiedad, sino también, la afectación probable del derecho al trabajo. Éste es un hecho fundamental. Tal como se vio en las medidas de aseguramiento, las circunstancias laborales y la derivación del sustento material de una persona, debe tenerse en cuenta frente a este tipo de medidas. IV) También existen las medidas patrimoniales a favor de las víctimas, tal situación se ordena respecto de la restitución inmediata a la víctima de los bienes objeto del delito que hubieren sido recuperados,

V) Medidas de allanamientos, registros, incautaciones e interceptación de comunicaciones. Se puede decir, de manera general, que no sólo en relación con este tipo de medidas, el control de juez no es sólo formal, sino material: de allí su papel como juez constitucional respecto de la protección de los derechos y garantías. Tres son los aspectos que en forma genérica deben siempre tener en cuenta los jueces de control, en función de este tipo de actuaciones. 1. Motivación de la diligencia. El contexto natural de afectación se da en dos derechos fundamentales, esto es, la inviolabilidad domiciliaria y, como consecuencia, el derecho a la intimidad. No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en la ley, Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley. 2. Pertinencia. De la misma forma que en las medidas que requieren autorización judicial previa, para que se cumplan las exigencias constitucionales, en este caso, se exige un examen de pertinencia por medio del cual se verifica que la medida optada por la Fiscalía, ha de resultar relevante para la obtención probatoria, y que efectivamente no existía un medio distinto sin el que se pudiese llegar al mismo resultado. Se trata de una aplicación más del principio de proporcionalidad. 3. Verificación de respeto a los derechos fundamentales. Éste es el aspecto de mayor importancia. Si se atiende bien a la decisión de constitucionalidad, se está en presencia de un examen material sobre el procedimiento en sí mismo. En este sentido juegan aspectos tan importantes como la dignidad humana, los tratos

crueles inhumanos o degradantes, el exceso en la ejecución de la medida, etc. La noción de control material, se relaciona directamente con la verificación del impacto de la medida sobre los derechos fundamentales. En la misma tesitura, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua menciona en sus numerales 8, 9 y 256, lo siguiente: “Artículo 8. Medidas cautelares. Las medidas cautelares durante el proceso, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, previstas en este Código, tienen carácter excepcional, y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de evitar y a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse. Artículo 9. Protección de la intimidad. Se respetará el derecho a la intimidad del imputado y de cualquier otra persona, especialmente la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles y objetos, así como las comunicaciones privadas. El cateo, decomiso o intervención sobre cualquiera de ellos, sólo podrá realizarse con autorización del Juez competente. Ninguno de los intervinientes en el proceso podrá divulgar datos sensibles o información personalísima de la víctima u ofendido, imputado o testigos, y esta prohibición se mantendrá incluso después de terminado el proceso.” Artículo 256. Interceptación y aseguramiento de comunicaciones y correspondencia. Cuando en el curso de una investigación sea necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el titular del Ministerio Público solicitará al Juez de Distrito la autorización correspondiente, sometiéndose, en su caso, a las disposiciones de la legislación federal pertinentes. No se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su defensor.” Situación que se refrenda en la Carta Magna, pues en su artículo 16, en lo que interesa dice que: “...Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público

de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada...” De lo trascrito, se observa una inconsistencia ya que es relegado el Juez de Control Local a que sea el agente del Ministerio Público quien solicite la intervención de comunicaciones al Juez de Distrito y no directamente lo pueda hacer el Juez Penal del Fuero Común. Por otro lado, otro ejemplo lo tenemos en el artículo 238 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, que dice: “Artículo 238. Cateo de otros locales. Para el cateo de oficinas públicas, locales públicos, establecimientos militares, templos o sitios religiosos, establecimientos de reunión o recreo, mientras estén abiertos al público y no estén destinados para habitación, podrá prescindirse de la orden judicial, con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieren los locales. Si ello fuere perjudicial para el resultado procurado con el acto, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio o al titular del derecho de exclusión. De no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de cateo. Quien haya prestado el consentimiento será invitado a presenciar el acto.” Conviene saber el contenido conducente del numeral 16 del Pacto Federal: “...En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia...” De lo descrito, es evidente que no respetó el pacto federal la legislación común, pues los cateos sólo pueden ser expedidos por la autoridad judicial y nadie más.

Así, de los ejemplos estudiados se observa el desconocimiento que impera aún en la aplicación de las reformas a la Constitución Federal, sin embargo es loable la actitud que tuvo el Estado de Chihuahua en ser uno de los primeros en aplicar a su legislación las reformas constitucionales. Otro ejemplo, lo son los artículos 253 y 254 del aludido Código, que señalan lo siguiente: “Artículo 253. Clausura de locales. Cuando para averiguar un hecho punible sea indispensable clausurar un local, el Ministerio Público procederá en consecuencia. Artículo 254. Control. Los interesados podrán objetar ante el Juez las medidas que adopte la policía o el Ministerio Público, sobre la base de las facultades a que se refiere este apartado. El Juez resolverá en definitiva lo que corresponda.” De lo dicho, se observa que en el primer numeral se soslaya la obligación que tiene el agente del Ministerio Público de solicitar las medidas precautorias que practique, pues no obstante que el apartado en el que se encuentren mencione que son medios de investigación, lo cierto es que se atenta en contra de la propiedad y uso de un bien inmueble, ya que aunque el artículo 16 de la Constitución Federal marca que: “...Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial...” Lo cierto, es que la ley local en comento excede la interpretación constitucional al señalar que no se requiere solicitud del agente del Ministerio Público respecto a la clausura de locales, pue en esencia es una medida precautoria, quedando laxo el texto “que requieran control judicial”, pues lo verídico es que se abusó de esa prerrogativa constitucional por parte del

legislador local, contraviniendo aparte las reglas de la legalidad, descritas con anterioridad, en las que el juez que ejerce el control de legalidad sobre la aplicación de medidas precautorias, está sometido a la Constitución y la Ley. Por ello, si desborda el marco jurídico dentro del cual puede moverse, sus decisiones serán ilegales. La ilegalidad de tales decisiones puede conducir a que se utilicen por los intervinientes las herramientas del proceso para buscar su saneamiento, sin olvidar que también se puede acudir a la acción del juicio de amparo o tutela constitucional en los casos de groseros y evidentes ataques a los derechos fundamentales.