La Bancarrota Simple Iiiii 10533w

Introducción Este es un resumen de los temas. V. Las bancarrotas, Delitos Cometidos en la Quiebra. VI. La estafa: El Procedimiento, La Penalidad. VII. El Abuso de Confianza, Definición. VIII. Abuso de las Debilidades de un Menor, La Firma en Blanco Piezas en Justicia.

BANCARROTA SIMPLE Elementos constitutivos La bancarrota simple: es un delito previsto por el código penal en su artículo 402, castigado por prisión correccional de 15 días a un año. Los elementos de este delito son tres: 1) el autor debe ser comerciante; 2) el comerciante debe estar en cesación de pagos de sus obligaciones mercantiles; 3) el comerciante debe hallarse en uno de los casos de bancarrota enumerado por la ley. La intención fraudulenta: no es necesaria. Aquí la ley castiga una falta; no un fraude. La quiebra: es el resultado de una istración negligente y descuidada; por ello se les suele llamar también bancarrota de inconducta. El autor debe ser un comerciante El comerciante es aquel que ejerce actos de comercio como profesión habitual (art. 1 de código de Comercio). Por supuesto, debe tener la capacidad exigida por la ley. El menor para hacer comerciante debe haber recibido la autorización prevista en el artículo 2 del Código de Comercio. Una persona jurídica puede ser declarada en estado de quiebra; pero no podría ser perseguida ante la jurisdicción represiva por bancarrota. La bancarrota: es, en efecto, una inflación castigada con penas privativas de la libertad pecuniarias. Es evidente que estas penas, esencialmente personales, no pueden aplicarse a una persona que no tenga existencia material. El comerciante debe haber cesado en el pago de sus obligaciones mercantiles. De conformidad con la disposición del artículo 437, “se considera en estado de quiebra a todo comerciante que cesa en el pago de sus obligaciones mercantiles”. La quiebra existe en estado virtual, aún antes de que haya sido declarada por la sentencia. Así la jurisprudencia ite, aún en ausencia de la sentencia, declarativa de quiebra, la persecución por bancarrota ante los tribunales represivos con el comerciante que ha cesado en sus pagos y que se hace culpable de actos constitutivos del delito o del crimen de bancarrota. El tribunal represivo puede apreciar el estado de cesación de pagos. Además, el tribunal represivo no está legado por la decisión rendida anteriormente por el tribunal de comercio de. Es más, el tribunal represivo puede decidir que la cesación de pagos remolca a una fecha anterior a la fijada por el tribunal de comercio. (Caso 10 de marzo de 1870: B. 60).

Casos de bancarrota simple. Los artículos 585 y 586 enumeran los casos de bancarrota simple. En ciertos casos el tribunal está obligado a retener el delito, en otros, al contrario, la declaración del comerciante en bancarrota es facultativa. A pesar de la disposición imperativa en el caso del artículo 585, y facultativa en el caso del Art. 586, la cuestión de si conviene de o no declarar culpable al comerciante desafortunado, es dejada a la apreciación de los jueces, quienes decidirán, en cada caso, de acuerdo a las circunstancias, por los jueces, quienes decidirán, en cada caso, según las circunstancias, por lo que la fórmula diferente de estos dos textos parece no tener ninguna aplicación. Bancarrota simple obligatoria La declaración de bancarrota obligatoria: es para el juez cuando el comerciante quebrado se encuentra en uno de los casos siguientes. (Artículo 585 del código de comercio): 1ro. Cuando sus gastos domésticos o personales se nos da en ése siglo, como, por ejemplo, cuando ha sufrido a pérdidas extraordinaria a las que se ha expuestos conscientemente, en el vuelvo para el caso seguido toca a los jueces el hecho de apreciar soberanamente el exceso. 2do.Cuando hubiere gastado grandes sumas, en negociaciones de puro azar, por operaciones noticias de bolsa o de mercancías (supone el empleo de fuertes sumas y que el éxito de las operaciones depende exclusivamente del azar o de operaciones ficticias de bolsa o de mercancías, excluyéndose a los basada en parte sobre hechos positivos y en parte sobre hechos aleatorios). 3ro.Cuando para retardar su quiebra hubiere hecho compras abre vender por menos del precio corriente de plaza y pérdida. 4to.Cuando, con intención igual, hubiere concertado empréstitos o puesto en circulación jefe u de comercio o hubiere apelado a otros medios ruinosos para procurar ser fondos (la ley incriminas estos diferentes actos sin importar cuán ruinosos sean sus resultados, siempre que ellos haya sido cometidos para retardar la quiebra). 5to.Cuando hubiere pagado a algún acreedor en perjuicio de la masa, siempre que éstos hayan tenido lugar después de la cesación de pagos (este párrafo contempla un hecho posterior al estado de cesación de pagos). En todos estos casos, como se ha dicho, tiene el juez la obligación de declarada, aún de oficio, al comerciante quebrado en banca rota simple. Prescripción El delito de bancarrota simple: prescribe a los tres años. El plazo corre a contar el día en el cual la infracción fue cometida si ella hubiere tenido lugar después

de la fecha de la cesación de pagos. Más si ha precedido esta cesación, pues tan sólo entonces se encuentran reunidos los elementos del delito. Persecuciones Las persecuciones pueden ser iniciadas tanto por el ministerio público, como el síndico o un acreedor. (Artículo 584 del código de comercio). Persecución iniciada por el Ministerio Público El ministerio público actúa como sea sobre la querella del síndico o de un acreedor, sea de oficio. El Artículo 482 del código de comercio obliga por lo demás, a los síndicos de la quiebra a enviar al juez comisario dentro de los quince días de haber entrado a ejercer una función es, una memoria por cuenta sumaria del estado aparente de la quiebra, de sus principales causas y circunstancias, por el juez comisario al fiscal, quien debe ejercer un control permanece en sobre la marcha de la quiebra (artículo 483 Código de Comercio). El fiscal no tiene así los documentos que le permiten apreciar si hay lugar a intentar algún procedimiento un contra el quebrado. Cuando la remisión de la memoria no se efectuare en el plazo prescrito, la ley le impone al comisario prevenir sobre el caso al fiscal, indicando los las causas del retardo. Las costas del procedimiento judicial en el caso de bancarrota simple, promovida por el fiscal, no podrá hacer ningún caso de cargo de la masa de la quiebra. En caso de concordato, el recurso de la parte pública contra el quebrado por estos gastos, no podrá ejercerse si no después de la expiración de los plazos acordados por dicho contrato. (Artículo 587 del Código de Comercio). Persecución iniciada por el síndico. Generalmente, el síndico: se limita a señalar al ministerio público los hechos constitutivos del delito de bancarrota. Pero el síndico puede, de igual manera, realizar las persecuciones mediante la situación directa del autor de la información o presentando en su contra una querella una constitución en parte civil en nombre de la masa de acreedores presentes en la asamblea, (artículo 589 del código de comercio). Las costas del procedimiento judicial correrá a cargo de la masa de acreedores en caso de descargo, en caso de condenación, correrán a cargo del quebrado (artículo 588).

Persecución iniciaba por un acreedor. Todo acreedor del quebrado: puede forzar al ministerio público a ejercer la acción pública, recurriendo de a la situación directa o constituyéndose en parte civil. Los gastos del procedimiento judicial, promovido por un acreedor, serán de cargo del quebrado, si hubiere condenación; cuando hubiere absolución del quebrado, correrá por cuenta del acreedor promovente. (Artículo 590 del código de comercio). Tentativa y complicidad La tentativa de bancarrota simple, no habiendo sido prevista por la ley, no es castigable. La complicidad no es tampoco castigable en materia de bancarrota simple, en efecto, la ley sanciona el incumplimiento de las obligaciones impuestas generalmente a los comerciantes. ¿Cómo itir complicidad en un hecho cometido sin intención, en un caso de negligencia, en una gestión imprudente? BANCARROTA FRAUDULENTA La bancarrota fraudulenta constituye un crimen. Conviene distinguir dos casos: la bancarrota fraudulenta propiamente dicha y la bancarrota fraudulenta de los agentes de cambio y corredores. Vamos a pasar ahora al estudio de la bancarrota fraudulenta propiamente dicha. La bancarrota fraudulenta Elementos constitutivos El crimen de bancarrota fraudulenta se compone de cuatro elementos. En primer lugar es preciso, como en el caso de la bancarrota simple, que el sujeto activo sea un comerciante, el segundo elemento es que este comerciante haya cesado en sus pagos mercantiles. Sobre estos dos primeros elementos, las explicaciones que se deben dar son las mismas en el caso de bancarrota simple. En tercer lugar, el elemento esencial del crimen de bancarrota fraudulenta, como lo indica su calificación, es el fraude. Ya la bancarrota no es imputable a negligencia o imprudencia, lo que se castiga es la estafa y el robo. Se exige, pues, es la intención fraudulenta. El fraude no se presume y los hechos materiales constitutivos de la bancarrota, dan el carácter de crimen, si resulta de los debates que el acusado haya obrado con intención fraudulenta, es decir, con ánimo de defraudar a la masa de sus acreedores, pues en esta vida-de la voluntad es que preside el fraude. Por último, el comerciante debe hallarse en uno de los casos de bancarrota previstos por la ley. Estos gastos, conforme a los términos del artículo 591 del código de comercio, son los siguientes:

1ro. Cuando el comerciante quebrado ha sustraído sus libros; 2do Cuando ha cometido fraude en escritos, actos auténticos o bajo firma privada, o por su balance, o cuando se constituye deudor de sumas que no debiere. 3ro.Cuando ha ocultado o disimulado parte de su activo. 4to.Cuando no ha llevado los libros que la ley le ordena llevar o cuando los ha llevado con irregularidad. 5to.Cuando no ha formado con exactitud y fidelidad el inventario, o cuando no ofrezca en sus libros su verdadera situación activa y pasiva. La ley ha relacionado dos ideas: la malversación y la disimulación del activo. La sustracción de los libros no es sino un medio para el quebrado de disimular su verdadera situación. Por otra parte, no es necesario que todos los libros hayan sido sustraídos. Legislación especial sobre complicidad en Francia El problema de la complicidad en este crimen ha merecido singular atención crítica, ante las oscilaciones que se han registrado en la ley y jurisprudencia moderna, fundamentalmente la extranjera, en donde el precepto tiene su origen. Pues, bien, en el artículo 597 del Código de Comercio francés de 1807, se dispuso que fueran declarados cómplices de bancarrota fraudulenta. Penalidad La bancarrota fraudulenta se castiga con la pena de reclusión (2 a 5 años). Además, la publicidad y la fijación de la sentencia de condenación se harán en la forma establecida por el articulo del Código de Comercio, Art. 600. En caso de bancarrota simple, el agente de cambio o corredor sufrido a la pena de reclusión. En caso de bancarrota fraudulenta, la de trabajos públicos articulo 404 del código penal. Además la publicidad y la fijación de la sentencia de condenación deben ser hechas según las formas establecidas por el artículo 42 del Código de Comercio. Crímenes castigados por la pena de bancarrota fraudulenta El artículo 593 del Código de Comercio prevé tres casos en los cuales una tercera persona cubre en las venas de la bancarrota fraudulenta:

1ro. Las personas convencida de haber sustraído, ocultado o simulado, en interés del quebrado, todo o parte de los bienes inmuebles o inmuebles de este tipo, sin perjuicio de los demás casos previstos en el artículo 60 del Código Penal; 2do. Las personas que se hicieren culpables de haber presentado fraudulentamente en la quiebra y ratificado, sea en su nombre o por persona interpuesta, créditos supuestos; 3ro. Las personas que, ejerciendo el comercio en nombre de otros o con nombres supuestos, se hiciere culpable de los hechos previstos en el artículo 591 del Código de Comercio. Distracción u ocultación por los parientes del quebrado El artículo 594 del Código de Comercio considera como delito especial la distracción u ocultación de objetos pertenecientes a la quiebra, cuando el autor es el cónyuge del quebrado, o uno de sus descendientes o ascendientes o afines en los mismos grados. Este delito es pasible de las penas señaladas para el robo. Importa poco que la distracción hay tenido lugar o no en beneficio del quebrado. Pero es preciso que el autor no esté en convivencia con este último. Cuando los parientes o aliados del quebrado han obrado de acuerdo con él, son perseguidos como cómplices de bancarrota fraudulenta. Por consiguiente, es aplicable en este caso el artículo 593. LA ESTAFA La estafa difiere del robo en que la víctima del delito ha entregado voluntariamente la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras fraudulentas. Sin embargo, los delitos de estafa, de robo y el abuso de confianza, son de la misma naturaleza. Elementos constitutivos de la estafa. Para que haya estafa es necesario: 1- Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas; 2- Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido obtenida con la ayuda de esas maniobras fraudulentas; 3- Que haya un perjuicio; 4- Que el culpable haya actuado con intención delictuosa.

Empleos de maniobras fraudulentas. Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa, son los siguientes:  El uso de un falso nombre o de una falsa calidad;  El empleo de maniobras destinadas a persuadir la existencia de falsas empresas, de créditos o de un poder imaginario. Usar un falso nombre es presentarse con un nombre que no es el propio, siendo indiferente que se trate de un nombre imaginario o que pertenezca a un tercero (Cas. 18 mayo 1931, B. 143, Gaz. Pal. 1931. 2.819). Importa poco que esta tercera persona haya estado al corriente o haya consentido en ello. Empleo de maniobras fraudulentas. El uso de nombre falso o de una calidad falsa es suficiente para caracterizar la estafa si la ha tenido como resultado la entrega de la cosa codiciada (Cas. 12 junio 1936, D.H.1936.398). Por el contrario, el empleo de maniobras fraudulentas debe, no solamente haber tenido por finalidad la entrega de la cosa, sino también el persuadir la existencia de un crédito imaginario o de otros hechos limitativamente especificados por la ley. ABUSO DE CONFIANZA Definición.- por lo que toca a la definición, el artículo 408 del código penal adopta una técnica descriptiva al referirse a “los que, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores sustrajeren o distrajeren efectos, capitales, mercancías, billetes, finiquitos o cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando estas cosas les hayan sido confiadas o entregaras en calidad de mandato, depósito, alquile , prenda, préstamo a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no ha remuneración y cuando en este y en el caso anterior exista por parte del culpable la obligación de devolver o presentar la cosa referida, o cuando tenía aplicación determinada”. El delito así descrito se denomina “abuso de confianza”, siguiendo la nomenclatura del código francés de 1810. En esta definición se configuran seis elementos constitutivos, lo que da idea de lo complejo de la infracción. Pero es posible distinguir entre estos elementos de los que en verdad constituyen las condiciones previas, y las cuales permiten delimitar el campo de la infracción. En efecto, el abuso de confianza supone tres condiciones previas. A saber: un contrato; una cosa y la entrega de esta cosa.

El contrato es la primera de estas condiciones previas. Sin embargo, es preciso no ver únicamente en el abuso de confianza la sanción de la inejecución del contrato. La infracción reside esencialmente en el atentado injusto a la propiedad ajena, en la distracción de la cosa entregada. El abuso de confianza en el derecho antiguo. El delito de abuso de confianza es de moderna creación. Originariamente, en el Derecho Romano, el abuso de confianza estuvo indiferenciado y fundido en la noción general del “furtum” (que era el apoderamiento de una cosa contra la voluntad del dueño, con afán de lucro), y posteriormente en lo que hoy conocemos con el nombre de estafa. En la Codificación, el modelo francés impuso una figura ambigua intermedia entre el robo y le estafa, conocida bajo el nombre de “abuso de confianza” (abus de confiance). Elementos constitutivos del delito La definición del delito de abuso de confianza contenida en el artículo 408 pone de relieve que sus elementos constitutivos son seis: Distracción o disipación. En primer lugar en necesarios que haya disipación o distracción. Ésta palabra designan todos los actos de apropiación que implican la voluntad de un poseedor a título precario de conducirse como propietario de la cosa y de atribuirse respecto de ella un poder jurídico que no le pertenece. La disipación. Consiste en un acto de disposición. El acto puede presentarse en una forma: a) Puede consistir en un acto material de destrucción, de deterioro o de abandono de la cosa; y b) puede consistir en un acto jurídico de disposición: venta, donación, empeño. En ambos casos se expone la cosa a riesgos que no debería correr el acto de disipación, material o jurídico, es fácil de comprobar. La distracción. Consiste en un acto de apropiación cuya comprobación es frecuentemente más difícil. Existe distracción cuando el que habiendo recibido una cosa de su dueño o poseedor, hace de ella un uso distinto para el que le fue entregada. En estos consiste la distracción en sentido estricto, en cuanto se aparta la cosa de su destino. Comete esta infracción el que pignora la cosa de su destino, que

recibió en alquiler, “porque dispone de las mismas para fines distintos del de dicho contrato”. Distracción fraudulenta El delito de abuso de confianza supone en su autor, la intención culpable. La distracción debe ser fraudulenta. No se requiere que el agente se haya apropiado de la cosa distraída, ni siquiera que haya obtenido de la distracción o de la disipación un beneficio personal. Es necesario, sin embargo, que haya actuado con conocimiento de causa, no pudiendo ignorar, por una parte, que tenía la posesión a titulo precario, solamente, y sabiendo, por otra parte, que al disponer de la cosa confiada, se exponía a no poderla restituir. Es evidente que se la cosa confiada ha sido destruida por un caso fortuito o de fuerza mayor, faltaría la intención fraudulenta. La prueba de la intención fraudulenta, cuando resulta implícitamente de la naturaleza misma de los actos de distracción o de disipación cometidos por el agente, resulta a menudo de la clandestinidad de sus actos. Mandato El mandato es el primero de los contratos contemplados por el artículo 408, y poco importa que el mandato sea gratuito o asalariado, convencional o legal, regular o no (Cas. 13 dic. 1890: 8.253), lícito o ilícito (Cas. 12 nov. 1909: B. 519, 30 oct. 1941: D. C. 1942. 1.82). Las cosas consideradas como “entregas a título de mandato” no son solamente aquellas que el mandatario ha recibido del mandante mismo, sino también aquellas que ha recibido de terceros para entregarlas al mandante conforme las convenciones intervenidas (Cas. 7 nov. 1844; 15 feb. 1939: B. 34; 31 mayo 1951: 6. 152). Tal es el caso del cajero de un banco, quien percibe a título de mandato no tan sólo los fondos que el patrono le haya entregado para efectuar pagos, sino también los que él reciba en razón de sus funciones de cajero para entregarlos al patrono. Igualmente, el que haya recibido una cosa con el mandato de venderla, percibe como mandatario los fondos que le entrega el comprador. El artículo 1993 del Código Civil obliga al mandatario a rendir cuenta de su gestión al mandante de todo lo que haya recibido como consecuencia de su poder, aunque las cosas o sumas recibidas no se debieran al mandante. Luego comete abuso de confianza el mandatario que ha malversado los fondos recibidos en nombre del mandante y no debidos a este último. El artículo 408 puede ser aplicado por abuso de mandato a los gerentes y es de sociedades comerciales encargados de la conducción de los asuntos sociales cuando malversan en provecho propio o de un tercero las cosas que les hayan sido confiadas.

Depósito El depósito es el segundo de los contratos enumerados por el artículo 408. El depósito es un contrato real: la cosa es entregada al depositario con la obligación de conservarla y de restituirla. En efecto, el depósito es, en este artículo como en el artículo 1915 del Código Civil, el acto el cual se recibe una cosa de otro con obligación de guardarla y restituirla en naturaleza. Importa poco que el depósito sea voluntario o necesario, o que se trate de un secuestro convencional o judicial (Crim. 7 nov. 1910: D.1 911.1.465). La tradición real no es siempre necesaria para que el delito de abuso de confianza pueda ser retenido: así, el vendedor que se ha apropiado una parte de las mercancías después de haber vendido efectos de su comercio, en realidad; él se convierte en depositario de dichos efectos, por cuenta del comprador; aunque no ha habido entrega real, el vendedor ha cometido abuso de confianza. Asimismo, es necesario que se trate de un depósito regular que comporte para el depositario la obligación de conservarla y de restituir la misma. El depósito irregular, que confiere al depositario la facultad de convertirse en propietario de la cosa, no puede dar lugar a la aplicación del artículo 408. Prueba del abuso de confianza. Corresponde al Ministerio Público y a la parte civil el establecer que todos los elementos constitutivos del abuso de confianza se encuentran reunidos (Cas. 14 junio 1905,S. 1906,1.293; 20 dic. 1912,5. 1916.1.59). En principio, todos los medios de prueba son itidos para demostrar la existencia de un abuso de confianza: prueba escrita, prueba testimonial, presunciones; el juez puede retener todos los hechos susceptibles de formar su convicción. Cuando menos, así es en relación con la prueba de la distracción o de la disipación. Puesto que el contrato es una condición previa a la infracción, no puede haber abuso de confianza si no existe una convención libremente consentida. La existencia del contrato debe ser establecida mediante los medios de prueba del derecho común. Para evitar contestaciones ulteriores, la ley ha querido que las convenciones fuesen comprobadas de una manera durable. Si la existencia del contrato es contestada, el tribunal represivo es competente para juzgar, ateniéndose a las reglas de prueba establecidas por el derecho común. No habrá en este caso un asunto prejudicial cuyo conocimiento sería reservado a los jueces civiles: “el juez de la acción es juez de la excepción”. En ausencia de toda circunstancia agravante, el delito de abuso de confianza es castigado con prisión correccional de uno a dos años y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones

y retribuciones que deban al agraviado. Además, el culpable puede ser privado de los derechos mencionados en el artículo 42 del código penal (articulo 408 párr. 1ro. y 406 párr. 3) En caso de circunstancia agravante resultante de que el inculpado sea domestico, obrero o dependiente, oficial publico o ministerial, el abuso de confianza se convierte en un crimen castigado con la pena de tres a diez años de trabajos públicos. (Artículo 408, párr. 3) El artículo 408, párr. 3, agrega que las penas de que se trata se aplican sin perjuicio de la penalidad impuesta por los artículos 254, 255 y 256, con respecto a las sustracciones y robos de dineros o documentos en los depósitos y archivos públicos. Esta disposición es una aplicación de la regla del concurso ideal de infracciones. Ahora bien, la conducta típica de abuso de confianza ha de realizarse como en forma expresa establece el artículo 408, con perjuicio de los propietarios, poseedores o detentadores. Obsérvese que el prejuicio lo sufre no solo el propietario de la cosa objeto de la ilícita apropiación, sino que puede recaer también sobre el usufructuario, el arrendatario, el comodatario y demás personas que en forma legítima hubieren transmitido al agente la tenencia de la cosa. Nulidad del contrato. El contrato en virtud del cual el inculpado se encuentra en posesión de los objetos disipados o distraídos puede ser tachado de nulidad absoluta (objeto o causa ilícito) o de nulidad relativa (incapacidad del prevenido, vicios del consentimiento). Tanto en un caso como en el otro, la nulidad del contrato no tiene influencia sobre las consecuencias penales de la distracción. En efecto, la jurisprudencia ha decidido que el objeto del derecho penal, en la incriminación del abuso de confianza, no es aportar una sanción penal a la inejecución de una obligación contractual; no es porque tal contrato de depósito o de mandato… no haya sido ejecutado que el derecho penal interviene; es para sancionar el hecho deshonesto del agente. La confianza que inspiraba el prevenido es exactamente la misma que si el contrato es válido o nulo. La nulidad del contrato deja, pues, subsistir la infracción. Es necesario, sin embargo, que el incapacitado desde el punto de vista de la ley civil pueda ser castigado por la ley penal. Así, ni el menor de 13 años ni el demente podrían ser perseguidos: declararlos fuera de causa no derivaría de la nulidad del contrato resultante de su incapacidad.

ABUSO DE LAS DEBILIDADES DE UN MENOR Elementos constitutivos de la infracción. Los elementos constitutivos del delito son seis: a) La víctima debe ser una persona menor de edad. El menor de edad que es el individuo que no ha alcanzado la edad de dieciocho años. Poco importa que haya sido emancipado o no. Sin embargo, si el menor ha sido autorizado a ejercer el comercio, es considerado mayor y el artículo 406 no abarcaría las obligaciones relativas a su comercio, en opinión de Rousselet y Patin. En contra Faustin Hélie. La ley —dice el profesor Hélie — no hace a este respecto ninguna distinción y la debilidad del menor es la misma. Se trata de proteger a los menores contra la codicia de los usureros que abusando de sus debilidades, de sus pasiones o de sus necesidades —como dice el artículo 406— los explotan con anticipos de dinero y préstamos usurarios. En general, los autores ses opinan que este precepto no es solamente aplicable a los menores, sino también a todos los individuos débiles de espíritu que son tratados por la ley como menores; algunos (Garraud, 6to., p. 468) excluyen a los sometidos al régimen de la interdicción legal. En contra Blanche, 6to., 193; Garçon, 1ra. edic., 2do.,, p. 2, 6, parece adherirse a esta opinión. No parece posible aplicar el artículo 406 a los individuos provistos de un consultor judicial, a quienes la ley civil no asimila a los menores. b) El inculpado debe haber abusado de las necesidades del menor. Los jueces tienen con poder de apreciación (Cas. 14 mayo 1880: B. 99). se haya dado cuenta de que ha sido lesionado: la sea explotado.

pasiones, debilidades o respecto a esto, un amplio Poco importa que el menor ley ha querido impedir que

No es necesario que el prestamista sea un usurero profesional. c) El menor ha debido suscribir compromisos de una naturaleza determinada. El tercer elemento del delito es que el abuso haya tenido por resultado la suscripción de una obligación, finiquito o descargo por préstamo de dinero, de muebles o de efectos de comercio. Por consiguiente, el abuso que no haya tenido ese resultado escapa a la incriminación del Art. 406. Así, no cae bajo el Art. 406 la liberalidad hecha por el menor mediante un don manual. Por lo demás, el menor conserva siempre el derecho de hacer anular las obligaciones asumidas por él, conforme los principios del derecho civil. La ley no ha previsto las obligaciones que puedan recaer sobre los inmuebles, porque los menores no pueden disponer de ellos. Sin embargo, si el préstamo ha sido disimulado bajo la forma de una venta inmobiliaria, esta simulación no

sería un obstáculo que se opone a la aplicación de la pena, puesto que la ley persigue el préstamo de cosas mobiliarias, bajo cualquier forma que esta negociación haya sido hecha o la manera que se emplee para dar al abuso los visos de la legalidad. El Art. 406 sólo contempla las obligaciones escritas, no las que resulten de meros tratos verbales. d) La obligación debe tener por causa un préstamo de una suma de dinero, de cosas mobiliarias o de efectos negociables. A falta de préstamo no hay delito. Así, no contraviene la ley el dueño de un restaurant que haya suministrado alimentos al menor y le haya hecho suscribir un pagaré a término. Poco importa que el préstamo haya sido hecho por el autor de la explotación del menor o por un tercero (Cas. 12 feb. 1866,S.66.1269, D. 66.1.237). e) El menor ha debido sufrir un perjuicio. La exigencia de este elemento está formulada por la ley. Los jueces deberán, pues, comprobar el perjuicio. No comete el delito aquel que hace a un menor suscribir una obligación en reconocimiento de la suma exacta que deba. Por otra parte, el delito subsiste aunque el menor haga anular el acto a causa de su incapacidad de contratar. Por lo demás, la ratificación de la obligación hecha por la víctima al alcanzar la mayoría, no es un obstáculo para el ejercicio de la acción pública, pues el delito está consumado desde el día en que el menor haya sido impulsado a suscribir la obligación, finiquito o descargo. También el acto suscrito en las condiciones del Art. 406 está afectado de un vicio que interesa al orden público y, por tanto, no es susceptible de una ratificación válida (Cas. 22 feb. 1913: D. P. 1916.1.217). Es, pues, a este momento que es necesario referirse para apreciar la cuestión del perjuicio. Así, aun cuando el perjuicio hubiera desaparecido posteriormente a consecuencia de una restitución, o cuando el acto se hubiera tornado ventajoso para el menor, el prevenido no puede hacer considerar la suscripción obtenida como una simple tentativa, pues la ley no incrimina la tentativa. f) El autor debe haber actuado con intención culpable. El autor debe haber tenido conocimiento de la condición de menor de la víctima. La intención culpable implica, pues, conocimiento de la minoridad de la víctima. No es necesario que la obligación haya sido suscrita en beneficio del autor mismo de fa presión abusiva. Penalidad. Conforme el Art. 406, modificado por la Ley No. 461, del 17 de mayo de 1941, el delito es castigado con prisión correccional de uno a dos años, y multa que no bajará de cincuenta pesos, ni excederá el tanto de la tercera parte de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado. Por consiguiente, para la imposición de la multa los jueces deberán evaluar el perjuicio sufrido por la víctima. El inculpado puede ser también condenado a sufrir la pena ria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el Art. 42.

La inmunidad del Art. 380 no puede ser invocada (Vouin No. 78, p.77) ABUSO DE FIRMA EN BLANCO Definición. Firma en blanco es una firma puesta de antemano sobre un pliego (hoja de papel) dado en blanco, con el fin de que sea llenado con declaraciones de las cuales la firma es ratificación anticipada (Garraud, V. P. 289; también Chauveau—Helie, V, p. 417). El abuso de firma en blanco consiste, pues, en la inserción fraudulenta, sobre la firma, de una obligación, de un descargo o de cualquier otro acto perjudicial al firmante. El abuso de firma en blanco presenta caracteres muy especiales que han dado motivo a que históricamente se haya dudado con respecto a la punibilidad. Esas dudas han derivado de que estas infracciones solamente se pueden producir por un comportamiento imprudente de la víctima y, por lo tanto, indigno de protección penal (Lo hacen ver así Chauveau—Hélie, y. p. 418). Pese a esta consideración, ha prevalecido finalmente la incriminación, a partir del artículo 407 del Código francés. Elementos del delito. Son cuatro: a) Existencia de una firma en blanco; b) La firma en blanco debe haber sido confiada al autor del abuso; c) El abuso debe haber sido fraudulento; y d) Sobre la firma en blanco ha debido ser insertado abusivamente un acto de naturaleza a comprometer la persona o la fortuna del signatario. a) Existencia de una firma en blanco. El delito supone, en primer lugar, la existencia de una firma en blanco. Una firma en blanco no es solamente una firma dada por adelantado sobre un papel en blanco, encima de la cual un escrito debe eventualmente ser colocado; es también la firma puesta al pie de un acto en el cual se ha dejado en blanco un espacio para ser llenado después. De esto se deduce que no es necesario que la hoja de papel esté enteramente en blanco (Cas. 15 dic. 1898: D. 1899.1.611). b) La firma en blanco debe haber sido confiada a autor del abuso. El signatario debe haber entregado o confiado el pliego firmado en blanco a la misma persona que ha cometido el abuso. El inculpado debe haber abusado de la confianza de la víctima. Si la firma en blanco no ha sido confiada al autor del abuso, el abuso constituye, en esta hipótesis, el crimen de falsedad en escritura (Art. 407, p. 2), por la redacción de convenciones no deseadas por las partes. Se presenta la cuestión de saber si hay abuso de firma en blanco, o si hay falsedad, cuando la persona a quien la firma en blanco fue confiada, la hace llenar por un tercero.

Creemos que esta cuestión puede ser resuelta por la aplicación de los principios mismos de la complicidad. O el tercero, a quien la firma en blanco ha sido dada para que escriba la convención, es reputado autor principal, y entonces se habrá cometido una falsedad, de la cual se reputa cómplice aquel a quien esa firma en blanco fue confiada, o es éste el que se reputa autor principal, siendo considerado el que escribió la convención, como su instrumento o cómplice, y entonces se habrá cometido un abuso de firma en blanco. Este último punto de vista es el que ite la jurisprudencia. Si es más equitativo, es menos jurídico que el primero. En efecto, en nuestro derecho el que ha tenido la idea criminal, el instigador, en una palabra, es simplemente reputado cómplice; la cooperación directa principal no puede resultar sino de una participación material en los actos de ejecución del delito. c) El abuso debe haber sido fraudulento. El tercer elemento constitutivo del delito es que haya un abuso fraudulento de la firma en blanco. Se puede decir que el solo hecho de extender sobre la firma en blanco alguna obligación, descargo o cualquier otro acto que comprometa o pueda comprometer la persona o bienes del firmante, implica la intención fraudulenta y ésta se hace aun más notoria por el uso mismo del acto así suscrito. Es bueno aclarar aquí que el delito se consuma independientemente del uso que posteriormente puede hacerse de este escrito (Cas. 21 abril 1821: B. 70; 28 junio 1890: B.143). Para mejor decirlo, el uso es una continuación del abuso. No hay delito cuando no existe contradicción entre las intenciones del firmante y el tenedor del escrito, pues en tal caso no hay abuso. No hay delito por falta de perjuicio, dice Garçon; Garraud basa la ausencia de delito en la falta de abuso y su opinión es la más acertada, pues sin abuso no hay perjuicio. d) Sobre la firma en blanco ha debido ser insertado abusivamente un acto de naturaleza a comprometer la persona o los bienes del firmante. Es suficiente un perjuicio moral. Como ya vimos, el Código Penal (Art. 407) prevé no sólo el perjuicio patrimonial, sino también los actos que puedan comprometer de una manera cualquiera la persona del perjudicado. De igual manera, es suficiente un perjuicio eventual: el delito existe aunque el acto sea nulo, por no reunir las condiciones de forma impuestas por la ley. En opinión de Blanche, si el acto es tan radicalmente nulo que no pueda comprometer la persona o los bienes del firmante, el hecho no es punible, pues el acto carecerá de uno de sus elementos. Si, en cambio, está afectado de una nulidad susceptible de ser cubierta, el hecho constituirá un abuso de firma en blanco. Por lo demás, no es necesario que se haya usado de la firma en blanco: el artículo 407 exige solamente que un acto que pueda comprometer la persona o los bienes del firmante, haya sido insertado encima de la firma.

Prueba del delito. El problema más grave planteado por esta infracción es el que se refiere a la cuestión de la prueba. El firmante puede oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones no son las que ha tenido intención de hacer, pero esta prueba, cuando la obligación sobre la firma en blanco es superior a RD$30.00, no puede ser hecha por testigos. La jurisprudencia no separa de la firma dada en blanco, que no es sino un hecho material, la convención que ella comprueba, hecho jurídico que hace aplicable la regla de que si la convención es superior a RD$30.00, la prueba no puede ser hecha por testigos. Sin duda que una firma dada en blanco, no es sino un hecho material, no una convención, pero está acompañada casi necesariamente de un mandato conferido por la víctima al prevenido para extender el documentó. Desde que la hoja de papel que contiene la firma en blanco ha sido llenada, ella forma un todo completo e indivisible y hace constar la convención que encierra. ¿Cómo separar, entonces, esta convención de la hoja de papel que la contiene? Sin embargo, ciertas restricciones temperan esta regla, cuya aplicación absoluta haría casi siempre imposible la persecución del delito: 1ro. Cuando la firma en blanco ha sido obtenida mediante dolo o fraude, la prueba testimonial es itida de pleno derecho para establecer la existencia’ de las circunstancias que excluyen el consentimiento de la víctima; 2do. Es lo mismo cuando el acto incriminado es comercial; 3ro. Lo mismo en el caso de la confesión referente al hecho de haber llenado arbitrariamente el blanco, a lo cual, por cierto, no puede identificarse la confesión de haber recibido el documento en blanco. No tratándose o no refiriéndose más que al abuso, la prueba testimonial es siempre posible, porque se trata de establecer la existencia no de una convención, sino de un delito; 4to. En fin, si hay un principio de prueba por escrito, también desaparece la restricción. Prescripción. El delito en cuestión, como los demás, es prescriptible, ¿pero, a partir de qué día comienza a correr la prescripción? La jurisprudencia sa ite que comienza a correr desde el día en que se haya hecho uso de la firma en blanco, a pesar de que el uso no es considerado como un elemento constitutivo de la infracción. (Cas. 2 agosto 1928: D.1929.1.71; 11junio 1936: B.67). Pero, en realidad, es solamente el día en el cual se hace uso del acto que el delito se manifiesta. Decidir de otra manera hubiera sido permitir al autor hacer uso impunemente de la firma en blanco, después de haberla conservado durante tres años sin utilizarla. Así, cada uso de firma en blanco constituye el

delito de abuso de firma en blanco y la prescripción no corre sino a partir del día del último uso (misma sentencia). Penalidad. El abuso de firma en blanco se castiga con las penas señaladas en el artículo 406, es decir, prisión correccional de uno a dos años y multa que no bajará de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado, y facultativamente las rias de inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42. La inmunidad del artículo 380 no puede ser invocada; el delito de abuso de firma en blanco es, en efecto, de naturaleza distinta de la del robo: no tiene como finalidad la apropiación deshonesta de una cosa; mediante juegos de escrituras dolosas el agente procura para sí, una ventaja independiente de toda aprehensión material. Puede comprometer tanto la persona como la fortuna; en resumidas cuentas, puede perjudicar a terceros. Pero el delito de abuso de firma en blanco constituye un verdadero abuso de confianza y así debe considerarse para os fines de reincidencia. SUSTRACCION DE PIEZAS PRESENTADAS EN JUSTICIA El artículo 409 dice: “El que se haga reo de sustracción de titulo, pieza, memoria o cualquier otro documento producido anteriormente por él, en el curso de una contestación judicial, sufrirá una multa de diez a cien pesos. El tribunal que conozca de la contestación impondrá la pena”. El código se refiere al acto del litigante que sustrae, después de haberlo presentado en juicio, un escrito o documento. Elementos constitutivos. Los elementos del delito se desprenden del mismo artículo 409, el cual exige: a) Un acto de sustracción de cualquier título, pieza, memoria u otro documento. Poco importa la naturaleza del título, pieza, memoria, etc. Los jueces del fondo apreciarán soberanamente. b) Que la pieza haya sido producida en una contestación judicial. Poco importa la jurisdicción apoderada de la contestación (civil, comercial, penal), pero debe tratarse de una jurisdicción judicial. c) Esta infracción supone que la sustracción haya sido cometida con intención culpable, por una de las partes envueltas en el proceso, la parte que ha producido la pieza, y la doctrina asimila a esta parte, su mandatario o abogado que postule en su nombre. El artículo 409 no tiene aplicación cuando la sustracción ha sido cometida, no por la parte que hubiere producido la pieza, sino por la otra parte, pues lo que caracteriza esta infracción no es la

sustracción de las piezas en general, sino la sustracción de la pieza cometida por su productor. Si la sustracción ha sido cometida por la parte adversaria o por sus mandatarios, el hecho sería considerado como un robo puro y simple. Cuando la sustracción haya sido hecha por un funcionario público, es preciso recurrir a los artículos 254, 255 y 256. Rogron, Code Pénal Expliqué, p.1 195). Se ha sostenido, con razón, que la disposición que contempla el artículo 409, concierne más bien al Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, se ha mantenido en el Código Penal. Para Blanche, no se trata de la sustracción prevista por el artículo 379. Dicho autor señala que hay sustracción en el sentido del artículo 409, todas las veces que un litigante rehúse devolver una pieza ya producida por él en un proceso. Penalidad. El hecho previsto por el artículo 409 es un delito por su penalidad. La pena es una multa de diez a cien pesos. Se trata de una pena disciplinaria de multa, impuesta por el mismo “tribunal que conozca de la contestación” (Art. 409, parte in fine). La expresión “el que se haga reo de sustracción”, hay que entenderla referida al delito consumado: la tentativa no es castigable. EXTORSION DE FIRMA O TITULO Elementos constitutivos. Sus elementos constitutivos son tres: a) La extorsión debe haber sido llevada a efecto mediante el empleo de fuerza, violencia o constreñimiento. Preciso es, ante todo, que el empleo de la violencia sea anterior a la entrega, otorgamiento o firma del documento, en cuanto es medio para conseguir este fin. En efecto, la víctima ha de “entregar” un título o documento o ha de “poner” su firma en el documento en cuestión, sea por efecto de la fuerza o de la videncia ejercida directamente sobre ella, o aun por efecto de un constreñimiento resultante de amenazas dirigidas contra ella. En este último caso, es necesario que las amenazas Inspiren temor de violencias físicas de cierta gravedad. Por otro lado, para la apreciación de este elemento, conviene tener en cuenta la edad de la víctima, su sexo y las condiciones físicas y morales en que se encuentre. Es suficiente el empleo de uno solo de los tres medios. b) La extorsión debe haber tenido por objeto La obtención de una firma o la entrega de un título o documento. Como hemos visto, la extorsión puede tener dos objetos distintos: la extorsión para la obtención de

una firma y la extorsión para obtener la entrega de un título. La extorsión de firma se consuma al suscribir la víctima el documento. La víctima ha de poner su firma en el documento. La extorsión para la entrega de un título se consuma mediante la entrega de este título. Cuando el culpable se apodera directamente de la escritura o documento, habrá robo, no extorsión (Crim. 21julio 1882, D. 1883.1. 274). En la primera modalidad de la extorsión, la coacción debe estar encaminada no sólo a suscribir el documento, sino también a que le sea entregado al agente, pues sin este último acto no es posible alcanzar la finalidad que se persigue. El texto legal habla de “escritos, actos, títulos o documentos cualesquiera”, expresión esta última de gran amplitud, por referirse a todo género de documentos, sean públicos o privados; pero es preciso, por exigencia expresa de la ley misma, que los escritos, actos, títulos o documentos contengan u operen una obligación, disposición o descargo, por lo cual los que no interesen al patrimonio sino al honor de las personas, no están comprendidos en este artículo (Garçon, 20, p. 767, 14; Garraud, 6°, p.255). La existencia de un perjuicio patrimonial es, pues, un elemento esencial de la infracción. Es indiferente que el compromiso aceptado o el descargo dado como consecuencia de la extorsión esté afectado de nulidad. Por ejemplo, cuando la víctima de la firma extorsionada sea un menor. De igual manera en el caso de un acto que contenga una donación que sea nula por no constar en acto notarial. c) La intención criminal. La intención es el último de los elementos constitutivos del crimen de extorsión. Este elemento estará jurídicamente caracterizado cuando el autor del constreñimiento tenga la intención específica de obtener una firma o un título que la víctima no habría otorgado de haber obrado con entera libertad. Importa poco el 426 0 móvil. Así pues, se aplicaría el artículo 400 aún en el caso del acreedor que se proponga proveerse del título de la acreencia que el deudor rehúse librar de mala fe (Vouin, p. 86). Penalidad. El artículo 400 castiga al autor de extorsión de firma o de título, con la pena de tres a diez años de trabajos públicos. La jurisprudencia ite que este crimen queda cubierto por la inmunidad del artículo 380, pues está dirigido contra la simple propiedad y no lesiona a terceros sino a la víctima (Crim. 8 feb. 1840, Rec. Sirey 1840.1.651). La tentativa se castiga como el crimen consumado (C. P. Art. 2). La Corte de Casación sa ha itido que la extorsión de una firma en blanco puede constituir una tentativa de extorsión (Crim. 27 marzo 1856, D. 1856.1.229). Algunos autores responden de modo negativo, pues de un papel en blanco — dicen— no puede provenir obligación, disposición ni descargo de un derecho (Garçon, 20, p. 767, 16; Garraud, 6°, p. 257); sin embargo, si el papel en

blanco no es capaz por sí mismo de producir semejantes consecuencias jurídicas, es posible redactar en él un documento que contenga una obligación, disposición o descargo.