Ley De Financiamiento 35i2c

LEY DE FINANCIAMIENTO

JULIETH SARMIENTO RAMIREZ SEXTO SEMESTRE

LUISIANA SIERRA

FACULTAD DE CIENCIAS ISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

CONTADURÍA PÚBLICA

BARRANQUILLA 10/20/2019

LEY DE FINANCIAMIENTO La Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento, pero, al mismo tiempo, le tiró un salvavidas: mantuvo los efectos de la norma hasta el 31 de diciembre. Eso implica que el recaudo de 2019 se salva. Aquí están incluidos los ingresos por el impuesto al patrimonio para personas naturales; los ajustes en retención en la fuente para los salarios más altos; la sobretasa a la venta de vivienda de más de 918 millones y el aumento en el impuesto a los dividendos. Incluso, la sobretasa en renta para los bancos, del 4 por ciento, aunque está demandada, también será causada por este año; asimismo, los nuevos ingresos que generó la normalización tributaria que venció el 25 de septiembre pasado y reportó un ingreso al fisco por 1,1 billones de pesos. Lo anterior ha permitido conservar la calma de los mercados y de los empresarios. Pero el problema de Duque no es con la comunidad internacional, ni con el sector privado, ni siquiera con los mercados, ya que el dólar bajó 24 pesos el viernes. Es con el Congreso de la República, que va a aprovechar esta oportunidad para medirle el aceite a su istración. La decisión de la corte obliga al Gobierno a jugar en un terreno que no le ha favorecido: el Congreso. Si se tiene en cuenta que estos proyectos requieren varios debates en las dos Cámaras y que al Congreso le queda solo mes y medio de sesiones, los tiempos son apretados. Eso es bueno y malo. Bueno, porque la presión del tiempo no recae solo sobre el presidente, sino también sobre el Congreso. Y este, a pesar de estar hambriento de burocracia, es consciente de la responsabilidad que tiene si no está a la altura de las circunstancias. Por lo anterior, el Gobierno enfrenta varios escenarios difíciles: 1) el impacto económico que tendría no aprobar esa ley; 2) la dificultad de conciliar con los congresistas un texto que no se vuelva una colcha de retazos; 3) hacerle ajustes a una política de cero mermelada; y 4) mejorar la gobernabilidad por medio de la representación política. Si bien el mayor efecto de la caída de la Ley de Financiamiento se verá en el plano político, en lo económico también se sentirá. Ya centros de estudios económicos como Anif y Fedesarrollo habían calculado que para 2019 la norma generaría un recaudo de unos 7 billones de pesos. Pero también prevén que a partir de 2020 los beneficios otorgados en la ley –tales como la devolución del IVA en la compra de bienes de capital, el descuento de impuestos como el ICA y

el 4 x 1.000, la reducción del impuesto de renta para empresas, las exenciones a emprendimientos de economía naranja (por siete años) y del agro (por diez años)– impactarán de manera negativa el recaudo tributario. Anif calcula que en 2020 habrá un menor recaudo de 5 billones de pesos por efecto de estos beneficios. Solo la devolución del IVA para los próximos tres años se calcula en unos 12 billones de pesos. Esto llevaría a que la agenda legislativa se paralice por completo, teniendo en cuenta que el nuevo proyecto que se tramitaría llegaría con mensaje de urgencia, es decir, con prioridad frente a cualquier otra iniciativa, sea gubernamental o legislativa. Entre tanto, con la decisión de la Corte Constitucional, también quedarían sin piso jurídico la reducción del impuesto de renta para las empresas, que habría disminuido gradualmente desde el 33 % hasta el 30 % de aquí a 2022. Asimismo, se tumbarían la deducción del IVA a la importación de bienes de capital, la disminución del impuesto de industria y comercio (ICA) y la eliminación de la renta presuntiva. En el caso de que el Gobierno no logre tramitar el mismo proyecto que tumbó la Corte, todas estas exenciones dejarían de existir desde el próximo año, lo cual llevaría a que el Estado reciba unos $10 billones anuales, que habría dejado de percibir si las normas aún existieran. El efecto, según expertos, sería neto, ya que estos ingresos compensarían las pérdidas de las otras normas tumbadas.