Derecho De Asilo 5b5g66

EL ASILO POLÍTICO EN EL ECUADOR y EN AMÉRICA

OCTAVlO JOHNNY ROCA DE CASTRO

OEES EDINO

2007

ISBN 978-9978-21-045-1 EDITORIAL Malecón 904 Y Junrn P,sol.Telefilx2314471 GuayaQuol- Ecu~dar UBRERIA 9deOctubreyQu'to Ed.r. Palacio de Justici~ P,so 7. Telf. 2328585 Guayaquil-Ecuador

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autorizan la .... preduccl6n ¡>arc'~1 de e51~ ['bro, ruando se t,ate de e,tas acaMmicM" pe,l"dist,cas, deb,end" e$per,ficarse la ,~fe .... ne,. del autor, t¡ruloael. ebra y, .demás,que $et ... ta de una ceedrcrón de EdiMylaUHS.

Dcdic:ttoria: A Dios, en gratitud porque nos renueva día a día con su poder ycon su gracia;

A mi esposa :\Iariana, y a mis hijos Lorena, Pamela, Juan Xa\"ier, y Camila, con quienes comparto las vivencias más íntimas y el gozo de ver crecer a nuestra farnlh3; y, A mis hermanos, con quienes compartí el calor del hogar dc mis padres, y ahora comparto Jos principios y valores que ellos supieronincu!carnos.

Prólogo

La entrega de la presente obra EL ASILO rOLiTICO E~ EL ECUADOR V EN AMÉRICA del Dr. Octavlo Johnny Roca De Castro es un magnifico aporte para el estudio de una Institurión jurídica de tant.a significación histórica y contemporinea. Su importancia crece en la ml:dida I:n que los conflictos se multiplican en el escenario político de los países del Orbe, cuyo número se ha multiplicado por fenómenos históricos. culturales y políticos, que no es preciso analizar en los comentarios que se me han solicitado, gracbs a una grata relación académica. No es extraño que un profesional de! Derecho y titulado, además, en e! Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales "Antonio Parra Velasco" de la Universidad de Guayaquil, profundice en la temática que interesa no solo al Derecho Internacional sino también a la enciclopedia de los derechos humanos, cuya prevalecia es cada día mayor y es objeto de convenios e instrumentos intemacionales que sirven de base a las frecuentes reclamaciones en e! mundo agitado y confrontacional de nuestro tiempo. La valiosa obra nos ubica en el proceso histórico que viene desde la antigüedad helénica hasta llegar a los Instrumeutos que lo conngran en el mundo actual, sin olvidar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que aprobó la Asamblea General de bs Naciones Unidas en 1948, en su Art. 14 consagra un hito de primensima importancia, al decir: "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país".

JohnnyRocoDeCostro

Un pre<:eplo olIlllicomprensivo de tal naturaleza -revela el aUfOf- sirve para solucionar en muchos casos el recurrente problema jurídico de la percepción y tipicidJd del "delito político", porque involucrando un concepto discutible por mil razones, se presta a la argumentación constante de que el perseguido no lo es por un delito político sino por un delito común, siendo así que, lamentablemente, en el mar de la dialéctica de las apariencias, es frecuente que a un politico se 10 persiga por un supuesto delito común, enmascarando un interés o un:!. intención politica. Esto habilita al gobierno o a la facción interesada pJra declarar que en su país o en el supuesto caso no hay delincuentes politicos, con 10 cual se desea eludir la aplicación de la figura del asilo mediante el uso indebido de la instrucciónfiscalylafunciónjudicial. El Dr. Roca De Castro, en su detenido estudio y laborioso trabajo doctrinario, nos pennile transitar por la aplicación del asilo en Europa, en América y en el Ecuador, incluyendo la relación de importantes casos que han contraído la atención del publico, particularmente en Hispanoamérica. 'Desde luego, la enumeración y relato de los casos que se refieren al Eeuadortocan a nuestra historia reciente, razón por la qu e d autor, al narrarlas circunstancias, lo hace con especial cuidado-e n lo que fuere posible-, eludiendo la carga sujetiva que a todos nos limita. El libro es muy aleccionante al distinguir algunas cuestiones que requieren la explicitación del especialista. como es el caso de la diferencia entre el asilado y el exiliado o del asunto jurídiro inslitudon::d que marca la diftrtnd.l tolrt tI asilo ttrritori.llycl asilo diplomático.

Se prl'gunta el autor si rI asilo diplornjllco es un derecho dd Estado que lo concede o un derecho de la persona que lo solicita. En este punto, reconoce que algunos avances documcntales pueden scntar el inicio de una lendencia cvoluliva, que no se reduce a la resolución soberana del país que concede C"! asilo en un ámbito típicamente discrecional, pues si lo considcramos como un derecho del peticionario corrC"!ativamente aparecería C"! deber de otorgarl!). En cl curso de la obra el lector se encontrará con el importante capitulo relativo a quien le corresponde calific:lTcl asilopolitico,lo cual, aparte de lo dicho en la Convención dc Carac~s, le abre paso a la aplicación del Art. 14 de la Declaración Universal, cuando la persecución, aunque sea aparentemente judicial, es expresiva de factores reales de poder que dominan los organismos formales. las fiscalíasy!:Isjudicaturas. De todas maneras, aun en el marco de las dificultades ya referidas, el autor se detiene en el análisis del delito politieo al que agrega la situación de la persona perseguida por causa o motivos politicos. sin olvidar a Jiménez de Azuay, al evO{:ar la 'juridicidad victoriosa y nueva". En los anexos, Roca De Castro obsequia a los estudiosos la reproducción de los instrumentos que le servirán para estudiar, ensefiar o trabajar cuestiones de asilo politico. En conseeucncia, el lector y el estudioso tienen en sus manos un auxiliar de primer orden, con referencias dehechoydedcre¡;ho que le serán rcalrnente útiles.

Guayaquil."m""_ _....._

Prólogo del autor

Desde los tiempos bíblicos ya existía la costumbre impuesta por razones humanitarias d(' otorgar refugio a los perseguidos que eran acusados de la comisión de delitos comunes. Conventos,igJesias y/otemplos se erigieron en sitios sagrados de protección a Jas personas quehuian de1 acoso de sus persecutores. La violación de estos recintos para aprehender a los refugiados era generalmente sancionada de la manera más drástica. La evolución de la iustitucióu del asilo rUl' moldeada por la influencia del pensamiento de la re,'olución sa que iutrodujo en la sociedad un mayor pluralismo y tolerancia dentro de un concepto más amplio de libertad de ('xpresión. lo que permitía que disidentu id('ol6gicos y activistas políticos dejen de ser perseguidos por las autoridades que detentaban el poder público. en cuya ,'irfud la protección del asilo brindada a favor de los delincuentes comunes se vio sustituida con la protección dada a favor de los d('lincuenles politicos, y este paso se dio una vez que las normas que regulaban el asilo ya habfan traspasado la esfera del ámbito nligioso para ubicarse progresivamente en la esfera juridlca fundament.ada en la práctica consuetudinaria. En este último contexto, podemos evidenciar que en la disputa entre el poder religioso de la iglesia y el poder secular del Estado, se impuso hte, conugrando el asilo como una figura jurfdlca amparada por ti Derecho Intern.acion.al.

JonnnyRocoDeCoslro

El asilo como institución juridica reglada por el Derecho Internacional alcanzó su plena vigencia con la suscripción de Convenios internacionales de cariÍcter multilateral que se instrumentaron en el curso del siglo XX. Es preciso enfatizar que la institución del asilo no solamente se encuentra reconocida por nonnas contenid:!s en la Constituciones de las Repúblicas de los Estados parte del hemisferio americano, y en sus lcgislacionrs nacionalcs, también est:Í consagrada por Convenios internacionales sobre materia de asilo, además de otros Convenios y/o instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos, incluyendo la Declaración Universal sobre Derechos Humanos auspiciadaporlaO~.

En efrcto, como txpnsión drl Derecho ngional latinoamericano, ti asilo adqnirió en esta partt del continente, una modalidad diferente conocida como asilo diplomático, y aunque eu su eseucia no es diferente del asilo territorial, y no lo es ni por las causas que lo motivan ni por los efectos juridicos que se desprenden dI.' su olorgllmitnto, al menos si es difercnte en cuanto crca nuevos medios y mecanismos para su concesión dentro del territorio ficticio del Estado asilante, esto es, en las sedes de las embajadas, en los campamentos militares, en las aeronaves militares, y en los buques de guerra que surcan las aguas jurisdiccionales del Estado territorial. En la actualidad. el asilo político constituye una práctica generalizada y profundamente arraigada en los países latinoamericanos, en cuyo ámbito regional continúa fortakciéndose progresivamente con e! paso de! tiempo, y si bien es cierto que ha servido de mecanismo id6neo para que las personas que se han visto perseguid:!s politicamente hayan podido protegerse, poniendo a salvo su vida y/o su libertad, también hay que itirlo, ha sido 11

El asila po!ftica en el Ecuador y en Amlri~a

manoseado en su aplicación para proteger a personas cuya acción cae en la esfera d~ la delincuencia común, incurriendo en consecuencia, en un abuso en el ejercicio del derecho de asilo político que. en esta circunstancia, se convierte en sinónimo de patente dc impunidad. Es de desear que la aplicación del asilo no se convierta en una "puerta de escape" para que los dclincuentes comunes se pongan a salvo de la acción de la justicia, que hoy má~ que nunca, demanda un alcance global, pcro este error de concedcr un asilo a quien no califica para tal de conformidad con las normas de los Convenios internacionales que rigen la materia, es subs~nable aplicando el" mecanismo jurídico de la extradición; en cambio, el negar el asilo a los delincuentes políticos y/o perseguidos políticos, poniendo en riesgo Sil vida y/o su libertad, puede, una vez consumado (1 daño, s(r irr(parable" La dinámica de la vida internacional marca la tl!'ndenda a reafirmar la institución del asilo como una práctica del dere(ho de gentl!'s, pero tambifn abre un e~pacio de reflexión para exigir una aplicadón más jUSt2 y rigurosa. a fin de no poner en peligro su supeTVh"eneb. eomo eonsl!'euencia del abuso desmedido I!'n su I!'jl!'rc1do. El QUtQ7

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EL ASILO POLíTICO E!'i EL ECUADOR Y EN Al\IERICA PRESENTACIÓ~

SUl\lARIOS Elorigendclasiloysuevoludónhistórica: De su fuente consuetudin:u:b basta sucodificadón entratadosintcrnadonales.............................................................. 19 n. Laaplicacióndc\asiloenEuropa .................................................... 28 IlI. La aplicación del asilo cnAmérica.......................................... 34 IV. Laaplicacióndelasiloene\Ecuador .............................................. 48 V. Diferencia entre asilado y exiliado.................................................... 78 VI. Asilo territorial y asilo diplomático .................................................. 82 Vl.a) Asiloterritorial ...................................................................... 83 VI.b) Asilodiplomático.... . ................................ 87 VII. El asilo diplomático es un derecho del Estado que lo concede, o constituye un derecho de b persona que lo solicita?.. . ....................................... 94 VJII. A quien le couespondc calificar el asilo político, así como el caso de urgrncia que reviste la circunstanciadeJsolicitante?.. ........................ 99 IX. Cuándo procede la concesión del asi!o politico? ........................... 105 X. Cuándonoproccde clotorgamicntodeasdo? ........................... 109 XI. Primeralimitación:Paraaquel!aspersonas que al tiempo de solicitar e1 asilo se cncuentren inculpadas o procesadas por la comisión de delitos comunes... . .................. 109 X.l.a.- Consideracionesjuridicasrcspecto alaconceptualizacióndeldelitopolitico ............... IIO X2. Segunda limitación: Para los desertores de las fucrzasdcticrra,marya~ ......................................... 118

John~y Roca

De Castra

X.3.

Trrcera limitación: Para las personas que hubieren cometido delitos tipificados como terrorismo ...................... Cuartalimitacióll:Poractosopurstúsalosprincipios y propósitos de las NaciollesUnidas...... .................. Xl. Dóndr procede rl otorgamiento dd asilo diplomático? .................. xn. Salvoconducto...... . ......................... :........ XIII. Conductaquedcbeobservarelasiladodentrodclterritorio delEstadoasilante.... .. ................................... XIV. La extradición.... ................................... XV. Anexos ......................................................................................... XV.I. El asilo en el Tratado sobre Derecho Penal Intcrnacional,suscritooenMontevidcoenJ889 ................ XV.2. Convención de La Habana sobre asilo, de 1928 ............... XV.3. Convención de Montevideosobrc: asilopolíuco, de 1933... ................................... XVA. Convención de Caracas sobre asilo diplomático, dcI954... ... XV.5. ConvencióndeCaracassobrc:asiloterrilOrial, de 1954... .................................. XV.6. Cana de la Organización de los Estados Americanos (OEA)... .. ..............................................................

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X4.

Basebibliognl.f¡ca....

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EL ASILO POLÍTICO EN EL ECUADOR y EN A~ttruCA

El origen del asno y su evolución histórica: De su fuente consuetudinaria hasta su codificación en Tratados internacionales

El asilo es una institución de origen muy remoto que nace en la antigua Grecia politeísta y pagana, donde se itían a los delincuentes en las iglesias y/o templos, y allí pennanedan bajo protección sagrada. Cuando criminales y deudores se refugiaban en los templos en busca de protección contra sus perseguidores, adquirían un estado de inmunidad en virtud del cual no podían ser arrebatados por la fucrza ni compelidos judicialmente. En sus raíces etimotógíca.s, el término asilo, deriva del latín asylum, y éste del griego, significando sitio inviolable, lugar privikgiado de refugio para los perseguidos por delitos comunes. Los templos de Zeus, en Arcadia, y el de Apolo, en Efeso, fueron vivos testimonios de la práctica del asilo en la antigua Grecia, del que también nos habla el Antiguo Testamento cuando rebta que Jehová ordena a Moisés que una vez que el pueblo judío seinsta!e en la Tierra Prometida se funden seis ciudades destinadas a refugio de los clltranjerosque fueran perseguidos.

Joh'",yRocoDrCdsrro

El cristianismo moldeó la institución del asilo, y le fue dando una connotación rdigiosa. los delincuentes sr:tlian asilarse no sólo en iglesias y/o templos, sino también en los conventos. y cementerios. Sin embargo. esta práctica establecida por la C"ostumbre, poco a poco fue tomando la forma de un derecho. La profanación de los templos y demás zonas consideradas sacras, con el propósito de sacar compulsivamente a los delincuentes allí refugiados, implicaba una infracción punible. Sometida Grecia a la conquista romana, la institución del asilo fue perdiendo paulatinamente su carácter religioso, como queda dicho, en la misma medida en que cada día fue adquiriendo un cariÍcter más jurídico. La práctica del asilo empezó a ser reglamentada y en los tiempos de Teodosio el Grande quien en el año 392 (d.C.) promulga la primera Constitución Imperial que se ocupa del asilo cristiano, excluyendo de este privilegio a los deudores públicos, entendiendo por tales a los del fisco. Más tarde, Justiniano, siglo VI (d.C) limita su aplicación a las personas quc no están incursas en los delitos de homicidio, adulterio, y rapto. Es preciso scñabr que el proceso evolutivo de la institución del asilo le ha impreso sus características actuales que se resumen en los siguientes aspectos: Primeramente, el derecho de asilo está concebido como una institución inspirada por razones humanitarias en favor de todas aquel!as personas que son perseguidas por b comisión de delitos politicos. El sentimiento de solidaridad humana obliga a la protección de personas, cuya vida, libertad y segurid3.d corren inminente peligro. Pero en el caso dd derecho de asilo, debemos observar, que sólo esta autorizado, ya por el derecho consuetudinario, ya por el convencional, para los perseRuidos por delitos políticos, mi.s no, para la~ personas perseguidas 'por delitos

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comun(!'S. ~I.is no siempre fuc asi, basta mendonarque en su, inicios

el refugio rolo amparaba a los delineuent(!'S comunes, y no a I.)S po1itieo~. En efecto, criminales y dcudorc~, y euak~quicr indh-iduo que se hubiere ubicado al margen del onknamiento jurídico, encontraba la proteed,ín y'o amparo frente a su~ p..'~eguidorcs. Por el contrario, lo~ dclincuentes ro1itieo~ fueron severamente ('ICrseguido5, sobre todo en la época del ahsoluti~mo monárquico, como una suerte de lacra social, porque eron ,ist('>~ como indi,-iduos que amenazaban a la autoridad con~tituida y :1 la seguri,bddelEstado.

delincuentes

Con el pensamiento surgido de la~ revoluciones estadllunidensc y froncesa de fines del siglo XVII1, donde la libcrtJd de e'l:presión como froto de la tokranda ideológica y política en el contexto de una sociedad plurolista. fue acepundo la id('a de que lo~ disidentes ideológicos y los ddincucntes po1iticos meredan protección cuando eran objeto de persecución politica. Oc moJo invcrso, en este proceso de cambio, los acmadlls de lo~ delitos comunes fueron pcrdicndo e! amparo que el dereehointO:-ffiacional eon5uo:-tudinariolcsvcniadandohastaentonees. POC:l$ instituciones del Derecho Internadonal han e1(pcrimentado en su 3lo:an("c y contenido una tr.Insforrn:ldón más radical como la ,'ivida por la figuradela~i1o. Este cambio radical de ISO grados en el tratamiento jurídico de la figura del asilo revela IJ dinámica de un Derecho Intemadon31 en constante cambio. En efecto, otras inslilUdoncs también han caido o:-n desu~o en el ámbito de la costumbre internacional, rara luo:go ser expresamente abolidas medianle Convo:nios y10 en Congresos intcmacion31es, como es el caso de la p3tenle de corso, 1.1 confiscación de la proriedad rrivadJ enemiga dentro del cstJdo de guerra, el cobro compu!,;i\o de las deud3~ pública~, el rtgimen de la~

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Johnny Roca De Castro

capitulaciones que vinculaba a ciertas potencias europeas con determinados países del medio oriente; las retaliaciones, y la guerra misma como medios y/ instrumentos de política nacional. En segundo lugar, el derecho de asilo, es precisamente eso, un "derecho" que recae sobre la voluntad discrecional del Estado asilan te, que unilateralmente puede decidir si concede o no el derecho de asilo, no siendo por 10 tanto, un deber otorgar el asilo. Ninguna persona puede exigir, y menos compeler a las autoridades o representantes diplomáticos de un Estado, a recibirlo en calidad de asilado. La calificación de la naturaleza el delito le corresponde siempre al Estado asilante, sólo a éste le corresponde calificar si el delito es político o es común, o si acaso, es un delito común conexo con causa o fines políticos. El derecho de calificar el delito es prerrogativa exclusiva del Estado asilante, el Estado territorial no puede disputarle este derecho porque está reconocido contractualmente mediante Convenciones suscritas, ratificadas y canjeadas por la mayoría de los Estados americanos, signatarios de tales instrumentos internacionales. El derecho regional americano clasifica el asilo político en dos modalidades bien diferenciadas; en asilo político diplomático, y asilo político territorial. El asilo político diplomático es la expresión propia del derecho regional americano que encuentra sus raíces en la práctica consuetudinaria, y su consagración en los Tratados vigentes que obligan a los países signatarios.

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El asilo polilico en el EClladory ..n Amhlca

Este tipo de asilo se otorga en 10 que se ha denominado "el territorio ficticio del Estado", sustentado bajo el principio de extraterritorialidad, principio caldo en desuso en el Derecho Internacionaleontemporáneo. Esta modalidad deasiJo se concede a los acusados o perseguidos por delitos políticos, en las legaciones (Embajadas, residencia de los Jefcs de Misión Diplomática): navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares. Una vez concedido el asilo diplomático, el agente diplomático, o el Comandante del navío de guerra, campamento, o aeronave militar, según el caso, deberá comunicar del particular a las autoridades correspondientes del Estado territorial y solicitar el salvoconducto respectivo parn que el asilado pueda abandonar el territorio nacional dentro del más breve plazo posible. El asilo político territorial emerge como una práctica consuetudinaria entre los pobladores de la antigua Grecia, fundamentada en razones humanitarias y que posteriormente, con el paso del tiempo se transformó en tilla institución de derecho internacional avalada por Convenciones multilaterales que lo regulan. El asiloterritonal tiene lugar cuando el Estado asilanteotorga asilo al perseguido político que se ha refugiado directamente dentro del propio territorio del Estado asilante, sea éste, continental, insular, o marítimo. No son pues, las Embajadas, las residencias de los Jefes de Misión Diplomática, los campamentos militares, o bien, los navíos o aeronaves de guerra, los lugares establecidos para este tipo de asilo político, porque de ser así. estaríamos frente al caso el asilo diplomático. eomo queda dicho. Esta institución de origen consuetudinario y que debe amparo a los refugiados se fue fortaleciendo con el decurrir del tiempo, y devino en asilo político !elTitorial como se lo conoce hoy en día, muy distinto del asilo diplomático que es una expresión del derecho

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I't'gional americano, como queJa dicho. Ambas mou.llidades de asilo politieo, c:I tcrritorial y c:I diplomático, se fueron consolidando por medio de una práctica unifonne que devino en costumbre, y que h:-nninó $iendo aceptad:! por la comunidad intetll.3cionat global y regional, rC'lrc-ctivamcnte. El asilo reconoce en la costumbre su fllente primana. mm m;Ís larde tr.msfotmane en mmna positiva a tr:m:s de solemnes tmlados internacionah:s que r{'gu1:m su arlieación. En lo atinente a esta modalidad de a~ilo, el terrilorial. podemos obsCT\arque esta institución se arraigó en c:I continente ClIropeo, y cn la América utina d~'Tivó cn una nuev¡) modalidad de asilo denominado asilo dip[om:ítico, el mismo que se consolidó mediante un:! práctica gencrnlizadJ. en medio de en un estado de violencia in~t¡tueionaliz:lda donde los Gobiernos de tumo ejercían persecución ro1itica contra sus adversarios, o éstos contra aquellos. portiendo en pdigro Il vida. la libertad, y Il seguridad de los slljctOS que se perseguían por acción y/o por I't'v3nehismo politieo. tn esU secuencia histórica, la institación del asilo airlomatico dio un 53110 CU3litalÍvo en su proceso (voluti,'O, puesto que empezando por ser una costllmbre regional pasó a ser dercrho esetito y reglado por la Ley intemadon:t1. En efecto, es eontempor.lncamente cuando esta institución jurídic3 adquiere su rnl)'ona \.Ie eUll.J. d TF.lt::II.l.o de Derecho Penal Internacional su:'\eri\o cn Montevidco (18S9); y 135 Comcnciones de La lilbaID (1921\), ~!onte\'id~'{) (1933), y C3raca~ (1954), han aportado sustancialmente parn m consolidJeión en el ámbito internacional. Efccti"amente, podemos ~·er que la figuta del asilo diplom:ltico ¡n¡;Tesó b~jo 13 rroteeción dd lkrcrho intern:leional desde- fines dd siglo XIX. cuando en ti al'o de 1889, en Montevideo, Uruguay, se su~eribe en primer in~lrumento jurídico inlerameric3no que regula su

EIlJ.

alcance y contenido. este es. el Tratado de D~rlXho Pcnal Internacional. el mismo que entre sus principales aspectos nonnativos dispone lo siguiente: "El reo de delitos comunes que se asilaseenunaLegacióndeberáserentregadopore!Jcfed\!ellaalas autoridades locales. previa gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. cuando no lo hubiere hecho espontáneamente. Tal asilo será respetado en relación con los perseguidos politicos. pero el Jefe de Legación está obligado a comunicar ¡nm~diat3.mentc: el hecho al Gobiemo del Estado ante el cual ejerce su representación." Con la puesta en vigor de esta Convención interamericana [os paises latinoamericanos reconocieron por primera vez la nonnatividad de derecho positivo de que el asilo solo era procedente en el easo de delitos politicos y no en el de delitos comunes. Posterionnente vendría la Convención sobre asilo suscrita en el año 1928 durante la VI Conferencia Internacional Americana eelebmda en La Habana, Cuba. donde se consagró el derecho de asilo como un prineipio jurídico interamericano que obligaba a las 21 Repúblicas americanas que 10 suscribieron, a su cumplimiento en sus relaciones reciprocas. Esta Convención significó un gran adelanto en el proceso de perfeccionamiento de la institución del asilo, pero aún así dejó un vado legal al no detenninar cual era el Estado que debía calificar si el individuo que solicitaba el asilo era un delincuente político era un delincuente común. Sin embargo, la Convención de La Habana significó un paso adelante como hemos dicho, en la medida que circunscribió los lugares en que los delincuentes políticos pueden solicitar asilo, asi como las personas que están excluidas jurídicamente para hace!lo. La disposición nonnativa prescribe que "no es lícito otorgar asilo en Legaciones, navíos de guerra,

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campamentos o aeronaves militares a personas acusadas o condenadas por delitos comunes, ni a desertores de tierra y m!lr", Reunidos en t-.fontevid
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El asilo poli/ko e~ el E~Jlodor Y'~ America

persona~

perseguidas bajo acusación de haber cometido delitos

politicos. Pero no fue sino hasta llegar el año 1954, cuando en el decurso del la X Conferencia Panamericana celebrada en Caracas, Venezuela, se suscribieron dos nuevos instrumentos para regular el asilo político, los mismos que son: La Convención sobre asilo diplomático y la Convención sobre asilo territorial. Estos dos nuevos instrumentos depuran el tratamiento juridico de la institución del asilo, como una parte del sistema normativo del derecho interamericano que se encuentra vigente para los Estados americanos en sus relaciones reciprocas. Más adelante, en el desarrollo del Capitulo IV de esta obra, me he de referir de modo ponnenorizado a los diferentes aspectos juridicos que revisten cada una de las Convenciones suscritas en Caracas.

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La aplicación del asilo en Europa

En lineas precedentes he mencionado que el asilo nació en Europa como una costumbre surgida en protección de los perseguidos por delitos comunes. En efecto, los antiguos pueblos de Grecia y Roma dieron protección o amparo a los delincuentes comunes quienes buscaban refugio en las iglesias y conventos, principalmente, donde se les otorgaba el asilo invocando razones humanitarias. Esta modalidad de asilo como se lo practicó en sus origenes en el continente europeo,tienc su analogia al asilo tcrr¡torial como se lo conoce hoy en dia. Lo cierto es que Europa no tiene una Convención que regule la práctica del asilo tcrritorill, y menos aún. la del asilo diplom.itico, como una institución c3paz de generar derechos y obligaciones entre los Estados, cuenta eso si, con la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados que "brinda protección a quienes como resultado de acontecimientos ocunidos antes del primero de enero de 1951, pudieran tener fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pert~nencia a detenninado grupo social u opinión política, se eneu~nttt fuera del país de su nacicna\\dad 'i no p~de 0, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a laprotccción dc tal ,\

El ojilo POli1ico f'1l

f[ Er:uado"

y e~ A",b'¡,o

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habimal, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresarael". Esta limitación temporal fue superada por el Protocolo sobre e! Estatuto de los Refugiados suscrito en e! año 1967. Pero es curioso observar y merece ser destacado, que no obstante la institución del asilo nace en Europa como práctica consuetudinaria, no es precisamente en este continente donde se afirma y consolida esta institución jurídica; dado que es en América Latina donde adquiere su carta de naturalización. Pero no tan solo los pueblos europeos de 13 antigüedad practicaron el asilo, también 10 hicieron más recientemente algunos países europeos en el contexto de la guerra civil española. Así. Observamos que entre los años 1936 y 1939, países como Fraucia, Noruega, Finlandia, Bélgica, Rumania, Turquía y Polonia concedieron asilo diplomático en sus representaciones acreditada sen Madrid, a los perseguidos políticos que buscaban protecdón de! conflicto bélico que vivió España, Asimismo, países como Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Italia, y Alemania concedieron también asilo en sus barcos de guerra (asilo naval). Miles de personas que se habían declarado opuestas al régimen republicano de Madrid, para protegerse de la persecución política a la que estaban siendo sometidos buscaron refugio en las misiones diplomiticas o consulares acreditadas en la mencionada capital española. Lo paradójico es que muchos partidarios del Gobierno republicano que se habían negado a extenderlas garantías necesa rias para que sus opositores políticos a quien~s varias misiones diplomiticas les habla otorgado asilo, (seguidores del Generalísimo 29

Joh""yRocaDltC13Ira

Franco), puedan salir del pais, poslerionnenle se acercaron a pedir asilo a las mismas Embajadas, cuando el GC'neralísimo Franco asumió el Gobimto. La rC'nucncia del Gobimto nacionalista dI: Franco a acC'ptar la legitimidad de los múltiples asilos brindados por el representante diplomático de Chile en Madrid, dio lugar a la supresión de relaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos, las mismas que fueron ree"stablccidas una vez que el Gobierno español permitió la salida de los últi.mos asilados que SI: I:ncontrabun por encargo de Chile, bajo la protección de la Embajada de Brasil en España. Pero al margen del conflicto espaflol, hubo muchos otros casos de asilo que se dieron en el continente europeo, así:

La legación alemana en Mixico, durante la revolución mexicana (1914) "concedi6 asilo a varios perseguidos, y emitió una dec!aración en la cual se expresa que el Derecho Internacional confiere a las Misiones Diplomáticas en el extranjero la facultad de otorgar asilo a sus nacionales. por lo menos hasta el momento en que la autoridad local exponga los motivos que podrían justificar una extradición".

Mas

adelante, ....En 1923, el Ministro de Alemania, Van Bullow, concedió asilo a dos paraguayos, también en Asunci6o".

La Legación de Francia en Lima "asiló a cuatro Ministros el Gobil:rno del depuesto presidentl: Pezet dI: Perú. El Gobierno revolucionario d",l P",rú protestó, pidiendo la entrega de los asilados; las instrucciones que el Ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón 1lI envió entonces a su representante en Lima aprobaron la actitud tomada por la Legación, declarándose: <el apoyo que el derecho de asilo' encuentra en los s",ntimientos de humanidad es

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El asilo poli/ko en d Ecuador y en A,.,érica

demasiado firme para que Francia consienta renunciar a su ejercicio>", "En 1915, el presidente Guilaumc, de Hait!, se asiló en la Legación de Francia en Port-au-Prince; la multitud invadió la Misión y asesinó al Presidente asibdo. Por este incidente, el nuevo Gobierno de Haití fu; obligado a presentar disculpas a Francia y a ofrecer una reparaclOn "La legación de Italia en Lima, asiló a uno de los hermanos del depuesto presidente Leguía. Bajo la forro:! de asilo naval. Italia practicó el asilo interno en España, durante la guerra civil de 19361939". En España: MEn 1910, durante la revolución del 5 e octubre, la Embajada de España en Lisboa concedió asilo a políticos y sacerdotes perseguidos, o que se creían perseguidos. Según Rele, el Gobierno Provisional habría rcspetado el asilo, con la condición de que los asilados salieran dcl país enun corto plazo". Portugal "brindó asilo al Almirante Saldaña da Gama, Comandante de una escuadra revoltosa, quien tras una serie de fracasos militares se refugió, el 13 de marzo de 1894, en cl buque de guerra portugués "Alfonso d' Alburquerque, que protegió a él y a 432 de sus !;ompañeros de armas !;ontra b persecución por el Gobierno legítimo. Apoyándose en un decreto del 10 de octubre de 1893 que habia declarado piratas a los insurrectos, el Gobierno exigió su entrega inmediata, la que el representante diplomático de Portugal en Rio de Janeiro denegó alegando la vigencia legal del asilo a bordo de naves de guerra. El Gobierno sostuvo su demanda replicando que el refugio concedido a los sublevados constituía una violación de la soberanía territorial dcl Brasil; que el principio de humanidad no era aplicable a piratas y que el derecho de asilo estaba 31

fT1..11 dcliniJ,). q'le !Ji

di~ro,ieion<:1

5(1pre e,troJI,;-i,;n careciJ ..le ..le !J ruó,ln 3. IJ que J"'-"ftenct"fln lo~ la e,trolcrritoriJliJ.¡J nr!icaJ.1 /1 na\e~ f"r:'nc.1~ de~í3. eallflcar>e ..k ,¡\lIJ';;ún de 1.1 soo.:roniJ (1),)" que el crimen del eU::I1 " 3cu~pa ::a D~ GJml y MI~ rJ"i,i1rillS. kg~ de !oCf r">lillco ero un ddlto de d ..'rct"hü e ..'mun. T(,,!J~ IJ~ rrule\tJ.~ rf:"ulurun infru~tll\l"iJ.S: 10'1 n:1\I"i ('{'rtuguesl"; 1:IfJ"Jfl'n de Río de )lnciro lIe\3ndu .. P.,NO ~u, rrotcgiJu~. que, según 1" n~c,·erol>.1 ti mini,tro IUiitJno, st"ri."ln int"1'n-1dos en rortuf~1. Pero en Illpr de lomar de un.! 'el rumM ::a rOr1upl. lo~ buquc~ hici~ron rrimcro c-;calJ en lluC'no~ Airt"s, d"nJc el G"hicmo JXlrtugués fletó un parco qur1u¡:ués. ha~ta ti runto de que lo~ do, ra('IC'i romrieron rtIJ~i(,"es el 13 tic mayo de IS9r. ,j~cnó3 J~nfn( ..Id I.:mt(lrio ólmolln.1J,,~: que IJ ficei,in de

Reino Un!.!'l de Grln BrtlJib. "En 190(,. se rcfugi3r0n en 1,1 l.eg::¡ciún de [lrit.inie:l en Teht"rán (rt"~i::¡. 3ctu:1l1r:in) m:li de 14.000 rcf'<;ona~".

La. Sant,} S.-do! en \3ri.ls (I('{'r1unid;IJes '"h;a (oncedido d("\tnnjo:ro,

:l~il0

en

rn 19·N. el Nundo de Su Santid.;d en GU:Jtt"m:¡1J (OnceJll\ ~,i!":ltrl!'l fU:Jtema1teCl'~

A fines de diciemhre do! 1957, el Nuncio de Su S::¡ntiJJJ «(lnCNIÓ ó1~il0. en C:lnca~. III jefe del COPD. Dr. R;¡{.tel C:lIJe'n, y NrO'i i'<'f'<;CgUiJ'l' JXlr 1-1 polida de PCra Jim.!ncl; ['OC01 dil' m:i, l;trdc, el Gul>icrnu O!tlrgó Ir, .. ncel."'>:lrio' Slh"occHlJuch>$ y los 3\ibd,"puJicrOnlhJnJof1::¡rVt"nclUclJ." ¡a

J!

El asilo polM,o '" d

E~"adúr yen ArnhlCa

En Grecia, "durante la revolución de 1862, y en los principados danubianos con ocasión de las persecuciones de judíos en 1867, los representantes diplomáticos y -suceso único en Europahasta los Cónsules de pott'"ncias extranjeras recibieron a fugitivos",

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III

La aplicación del asilo en América

En un samITO diagnóstico de la realidad sociopolítica de la región latinoamericana, observamos que los nuevos países americanos surgidos de las guerras de la independencia contra la metrópoli europea, con mucha frecuencia se vieron politicarncnte convulsionados en su incipiente vida como países independientes, democráticos y republicanos. Este estado de perturbación social y política se ha proyectado a lo largo de su historia; dictaduras militares y civiles han interrumpido el normal cause democrático en los Estados americanos, y su irrupción de facto en el escenario político ha desencadenado violentas persecuciones a sus opositores politicos, cuyas acciones han pretendido enjuiciarlas dentro del marco de la justicia ordinaria, o de lo que es peor todavía, de los Tribunales de t'xcepción, sin que importe para tal detenninación, si el delito de que se los acusa sea de carácter común, o político. Ha sido pues, este habitual clima de inestabilidad política el que ha coadyuvado al ejercicio consuetudinario del asilo político en América, y al mismo tiempo, ha abonado a favor de una elaborada codificación del derecho de asilo. De esta manera podemos entender que el asilo politico surge como una necesidad de protección al individuo que, habiendo incurrido en un delito político puto, o en un delito común conexo con el caráCter político, se vea de otro modo,

El (,I.,U/) polílj~(J

pn

el Ecuador yen América

eJl:puesto al omnímodo poder del gobierno de tumo, sea de facto o dc dere<:ho. Sin temor a equivocanne podría sostener quc todos los países comprendidos al sur del no Grande hasta la patagonia se han visto afectados en algún trance de su historia por una turbulencia social

que ha comprometido su estabilidad política institucional, donde en muchos casos, las dictaduras o el autoritarismo de gobiernos despóticos ha vulnerado los derechos, civiles y las garantías constitucionales que brindan protección a los individuos. Es precisamente en ese contexto histórico donde el asilo político se consolida como institución normativa del derecho positivo destinado a proteger a las personas acusadas de cometer un delito político, cuando su vida, su seguridad o su libertad se vean amenazadas. El der('cho regional americano cuenta con una amplia experiencia en relación a la aplicación del asilo territorial como del asilo diplomático, y es en esta segunda modalidad de asilo donde su aplícación ha sido más enriquecedora, porque ha habido casos en que la petición de llsilo ha sido resistida por el Estado territorial, o bien por que una VtZ suscitada la tensión jurídica-política entre el Estado asilante y el Estado territorial, la $0lud6n ba sido sometida a la decisión de un Tribunal internacional como fue el caso del político peruano Víctor Raül Haya De la Torre, caso especial que por sus connotadones jurídicas amerita str analizado, aunque sea brevemrntt tn rste punto. Así, durante el año 1948, se produjo en el Pcfú una revuelta política en la que tuvo participación el partido político denominado ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA AMERICANA (APRE),

liderado por Víctor Raúlllaya De la Torre, a quien se 10 acusó de! delito de rebelión militar. Como el mencionado dirigente político solicitó y obtuvo asilo en la Embajada de Colombia en Lima, correspondía al Gobierno peruano conceder el salvoconducto requerido por la Embajada de Colombia. a fin de que el asilado Haya 35

Oc la Torre pueda abandonar el territorio peruano: E! en esta instancia d..:1 proceso cuando se prodl.lce la di\ergencia de opinión ofici:ll entre ambo! Gobi.:mos. El GobluDO puuano SMU1\"O 'lile t1 mtndllnadn. lídu dt1 parlldo .prbt.a no ~ra un delineurnte politlto, sino un delincuente común, por lo tanlO no tenl.a derl'cho a uilo. Esle u¡:umento lo so~tU\'O Perú amparado en la clreun~tantl3 de que habiendo ratificado Is ConHndón dt' La Habana sobre asilo dlptQm.átlto, no se cncontrab\l IIgildo a la Con\endón de :'Ilonte\ldeo por no hilbula ratificado, NI eonsecuend3 le re'er1'lba el derecho de c.alific:IT la natun.leza del delito, ya que 13 Connnclón de La Habana, la únlta que sU1crlbió )' rllmitó como queda dltho, no contenia J\lnguna disposición que confiera al F.,tado adlante, 13 compefl.·ncla unilateral de calificar la naturJ.lua del delJlo. Por su parte, Colombia alt>gó que era dt' 13 esencia del asilo que ,1 f.stado que la eoneedla tra ti racultado de modo nelush'o y ndu)'ente. a (lnflcar el delito, ailadlendo que Perú jamb ne¡:ó ante 1:1 Corte de La Haya que el ullo diplomálleo en una F.mbajada sea parte dd derecho consuetudinario en ti continente amerltauo. Trabada la controversia, de mutuo acuerdo ambos paises somelieron el difercndo a I:J Corte fnternacional de Justicia. Luego d<: un exhaustivo anj[i'iis de los fU!1damentos de hecho le fueron expuestos por [os Gobiernos de ambos Lallaya dictó Sll Sentencia e[ 20 de noviembre de 1950. negando 13 tesis de que existía dentro dd Derecho Internacional gC"n~ral. una facultad de olorgar asilo diplomático a las personas que se eneontuban eneau~adJ! por delitos politicos; aun der~ho que pai~e~. la Cone de

y de

El asilopoliliro e" el F;niadorym Ámirica

más, declarando que la supuesta facultad o derecho de otorgar asilo en Embajadas, constituía una intervención e,,
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Johnny Roca lk Cam-o

de político), quo habiendo así decidido. solicitare al Esíado territorial el respectivo salvoconducto a favor del asilado, no puede verse como lesivo a su 50bemnb, porque la aplicación de ese compromiso proviene precisamente del soberano podcr de cada Estado, expresado en una voluntad colectiva de someterse a dicho compromiso, y asf, como en su momento es Estado territorial, obligado a respetar la ded~ión de otro Estado cuando decide com:eder asilo, eventualmente, en otro caSo, puede llegar a ser Estado asilante que exija similar conduela por parte de cualquier otro Estado vinculado a tal compromiso. Adcmás del caso Haya De la Torre, existen en América Latina una larga lista de aplicación del asilo político que generalmcnte ha involucrado a políticos de oposición a Gobiernos de turno, los cuales, en muchos casos no han escatimado esfuerzos para realizar una auténtica cacería de brujas contra sus opositores políticos. En ese contexto, los países americanos con mayor tmdición en la concesión de asilo político son Brasil, Panamá, Colombia, Rt'pública Dominicana, Mélico, y Costa Rica. En efecto, los casos de asilo en Latinoamérica han sido tan numerosos como frecuentes, y si bien no es el propósito en esta obra hacer un inventario de la totalidad de los casos de asilo que se han dado, al meIlOs sí, el mencionar aquellos casos en que por la importancia política del asilado, o por la connotación de las órcunstancias históricas, políticas y sociales en que se otorgó el asilo, amerite hacerlo. Tambiln, muchos han sido Jos Jefes de Eslado y de Gobierno, y aún, dictadores que han sido depuestos por sus propios pueblos, los que han tenido que abandonar su cargo para

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El asilo poli/oca en d Emodor yen Américo

solicitar asilo diplomático o territorial al peligrar su vida o su seguridadfisica. Panamá. registra una historia de concesión de asilos muy cuestion:ldos en razón de la controvertida figura política de los ptnonajts asilados. Este país ha acogido como asilados al ex presidente del Ecuador, Abdal:i Bucaram Ortiz; y a los ex mandatarios Jorge Serrano Elías. de Guatem:lla; y Juan Domingo Pcrón, de Argentina. También recibieron status de asilados, el ex Sha de Irán, Moharnmoo Rheza Pablevi; el ex dictador de Haití, Raúl Cedras. Pero los arriba mencionados no han sido los únicos en beneficiarse del asilo político, también Colombia ha recibido en su territorio en calidad de asilados, al ex presidente pcru:mo Víctor Raúl Haya De la Torre, y al ex presidente de ese mismo país, Alan GarcÍa, y mas recientemente tambien recibió a Pedro Carmona, quien presidiera por espacio menor a 48 horas d poder ejecutivo en Venezuela, luego del golpe de Estado orquestado por la oposici6n política venezolana que depuso momentáneamente a Chávez del Gobiemocentral. República Dominicana, por su parte, país signatario de las Convenciones de Caracas sobre el derecho de asilo, ha sido respetuosa de la práctica del asilo como instituci6nhumanitaria. Bajo el Gobierno del presidente dominicano Hip6lito Mejla, en el afto 2003, este magistrado eoneedi6 asilo diplomático al ex presidente ecuatoriano Gustavo Noboa BejaTano luego de que la Corte SupTem:! de Justicia se aprestara a detenerlo durante el proceso de su juzgamiento. Tambim conccdi6 asilo político al ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez que fuera depuesto del poder luego de los 39

Joh",'yRncaDt!Casrro

incontenibles disturbios sociales conocidos como "el c:lTlIcazo" del 27 de febrero de 1989, que desembocaron en el golpe de Estado del4 defebrcrode 1992. Luego del :¡bortado golpe de Estado que sufriera el Gobierno dd rresidcnte lIugo Ch:ivez en Venezuela, el presidente dominicano Hipólito Mejia decidió conceder asilo politieo a dos oficiales de :lito rango que estuvieron involucrados en el mencionado golpe de Estado. Esta decisión de conccder asilo a los opositores políticos de Chávez agravó aún mas las tensas relaciones que mantení:1O entre sf, la República Dominicana y Venezuefa por la presencia en territorio dominicano de otro asilado politico enemigo del Gobierno de Chávez, el ex presidente Carlos Andrés Püez, quien desde su asilo ha ejercido una abierta oposición política contr:l aquel. En virtud de estos antecedentes, el Gobio:-rno Bolivariano de Venezuela ha eonsidcmdo que República Dominicana ha procedido en su contra de mano:-ra inamistosa, y en respuesta adoptó la represalia de restringir las ventl'ls de petró!eo aestepaís. El ex presidente de Colombia, Geno:-ra! Gustavo Rojas Pinilla también disfruto de i.l hospitalidad dominicana como asilado político luego de afrontar un paro nacional organizado por los partidos liberal y con·servador que habían establecido un acuerdo bipartidista de ahcm:lOciaenel poder, y que lo llevara a renunciar a la Presidencia de la República a favor de una Junta Mllit3r que ejerció un Gobierno detransieión. Bruil por varias décadas se ha convertido en el lugar de refugio de varios políticos latinoamericanos, e incluso, de algunos criminales de guerra nazi que fugaron a America para alcanzar refugio clandestino, o bien, p3ra lograr la concesión del asilo polit ico para la proteceión·de sus personas y de sus familias.

Elas,lapolí/¡(a en clEcuadory en América

El ex presidente paraguayo, Alejandro Stroessner quien gobernara este país por espacio de 40 años hasta su derrocamiento en 1989, encontró asilo en Brasil, a pesar de la oposición por parte de grupos de presión política que pugnaban por su extradición a Paraguay. El Gobierno del ex presidente brasileño Fernando Cardoso, concedió asilo al ex presidente paraguayo Rafael Cubas, quien posteriormente renunció a su asilo y retornó a Asunción, De más reciente data, es el asilo diplomático que el Gobierno del presidente Luis Inacio Lula Da Silva otorgó al e:< pres¡d~nte ecuatoriano coronel Lucio Gutiérrez Borbúa luego de las multitudinarias manifestaciones populares que pedían su renuncia, y que desembocaron en la Resolución del Congreso de declarar abandonado el cargo. Posteriormente, Gutiérrez renunció al beneficio de asilo concedido por Brasil, y viajó a los Estados Unidos, desde donde pretendió desestabilizar el régimen de su sucesor constitucional, el presidenteAlfredoPabcio. El médico alemán Joseph Menguclc, apodado el "ángel de la muerte", o el "Doctor de Auschwitz", famoso criminal de guerra nazi conocido por sus experimentos con los prisioneros en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, huyó subrepticiamente a la Argentina, y más tarde se refugió en Paraguay, para finalmente radicarse en el Brasil. l\Ihico es un país que cuenta con una antigua tradición en materia de asilo, y ha mantenido esa tesis de protección a los perseguidos políticos aún a costa de pensionar sus relaciones 41

JohnnyRocQlkCastro

intemacionale~

con aquellos países de la nacionalidad de origen de

losaslilados. México no tan solamente concedió asilo a personalidades relevantes y/o figuras controvertidas del mundo de la política, como fue el C'x presidente de Argentina, Héctor Campora, quien se mantuvo asilado por espacio de tres años en la Embajada mexicana en RueIlOs Aires, hasta con~gujr el salvoconducto que le permitió trasladarse a México. Algo similar ocurrió con el ex Secretario del partido justicialista de Argentina. Juan Manuel Alal Medina, quien vivió más de seis años dentro de la Embajada mexicana antes de ser trasladado a M¿,xieo. León Trotsky, uno de los más connotados ideólogos de la revolución comunista en Rusia, solicitó y obtuvo asilo político en México luego de que su solicitud de asilo le fuera negada por Francia. Un oscuro personaje fue un activo participante de la política ccuatori
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ElasilQPQlilirot"eIEcuaJarye~A",érica

Por otro lado, como ya he seilalado, México no tan solamente concedió asilo a figuras descollantcs o protagonistas políticos de primera línea en sus países de origen, durante la décad:! de los años setenta México recibió numerosas solicitudes de asilo que le fueron presentadas en sus Embajad:lS en Uruguay, Chile, y Argentina. Recordemos que en estos países del cono sur se escenificó la "operación Cóndor" en virtud de la cual se aplicó un concertado plan represivo que involucró a los tres p:líses ya citados, así como a Paraguay, y Bolivia. En la aplicación de este plan que tuvo características de terrorismo de Estado, se coordinó la labor de los servicios de inteligencia estatales para reprimir a activista de derechos humanos, y a grupos de izquierda. opositores a los Gobiernos de! cono sur. Las policías estatales borraron prácticamente las fronteras nacionales en su violenta persecución a los grupos de opositores políticos. Es sobre ese caldeado escenario político donde centenares de personas que vieron peligrar su vida y/o su libertad acudieron a las Misiones diplomaticas de México en Montevideo, Santiago, y Buenos Aires, para pedir asilo político diplomático a fin de poner a salvo su seguridad personal y las de sus familiares más cercanos. La emigración de ciudad:lnos uruguayos, chilenos y argentinos que salieron de sus países mediante la concesión del asilo diplomático concedido por el Gobierno mexicano, puso a prueba la eficaciajuriJica de esta figura del Derecho Internacional Público que se ha consolidado con singubr ¿xito en Latinoamérica. En el caso concreto que he resaltado, b aplicación del asilo constituyó una exitosa gestión diplomática desplegada por los Jefes de Misión en Uruguay y Chile. En lo que se refiere a Argentina, en estepals su aplicación fue restringida ante la negativa de actarlas solicitudes de asilo que presentaron los extranjeros, no obstante que el mas reciente instrumento intem:lcional sobre derecho de asilo que se suscribió en Caracas, en 1954, no hace ninguna distinción sobre la concesión del asilo en cuanto a la nacionalid~d del solicitante.

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Johmrj' Roca D~ C~rro

En sínt,.sis, a México la cupo d altísimo h6nor como país signatario de todos los 'instrumentos internacionales en materia de asito, de honrar Jos Tratados firnmdos por su Gobierno, brindando de ese modo, su dlida hosritalidad óe asilo a personas provenientes óe diferentes JJacionalidad de origen. Costa Rica es también un país reconocido por su fiel apego y respeto a la institución de! asilo como institución de derecho humanitario. Entre los casos más sonados se registra el asilo politico concedido al líder sindical venezobno Carlos Ortcga, opositor al presidente Hugo Chavcz.. y el asilo otorgado al ex vicepresidente de la Repúblíca del Ecuador, economista Alberto Dahik Garzozi a quien se le imputó la comisión de dos delitos contra la istración pública del Ecuador; esto es, cohecho y disposici6n arbitraria de fondos del Estado, y cuyo análisis jurídico-político será mejor estudiado en el capitulo IV, cuando habré de rcferinne a la situación de ciudadanos ecuatorianos que h3n aplicado el asilo dentro o fuera del tenitorio naciona!' En el primero de los casos antes mencionados, Costa Rica recibió como asilado a Carlos Ortega, quien se habia declarado perseguido político del régimen del presidente Hugo Chávez, quien sobrevivió a un golpe de Estado en el mes de abril del año 2002. Ese era el estat\)s de Carlos Ortega en Costa Rica, hasta que el gobíemo costarricense decidió revocarle el asilo concedido en razón de un discurso político que Ortega dio en la ciudad de Miami donde incitaba a luchar contra el Gobierno venezolano de Chávez. El 'Gobiemocastanicense a traves de su Cancil!eria comunicó que las declaraciones políticas de Ortega en los Estados Unidos, eran decididamente contrarias al espíritu de la institución del IIsilo territorial y a los deberes de la condición de asilado, en tal circunstancia instó a Ortega a que abandone su territorio.

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El asilo pollllCO e" el Ec~ador y e>l America

Otro caso de asilo concedido por las autoridadcscostarricenses y que concitó la atención de la opinión pública internacional, fue el expedido a favor del ex presidente de Venezuela Jaime Lusinchi, quien se declaró perseguido político por las autoridades de su país, no obstante ser acusado por actos de corrupción por los Tribunales de justicia venezolanos. Como podemos observar, Costa Rica si bien es un país reconocido por su tradicional disposición a brindar asilo, también hace respetar la letra y el espíritu de los Convenios internacionales que limitan el comportamiento de los asilados políticos en relación al paísasilante. Los Estados Vnidos de América se han negado sistemáticamente a reconocer que la institución del asilo forme parte del Derecho Internacional, sin embargo a ello, y bajo dctcnninadas circunstancias han concedido el asilo como una práctica inspirada en razones humanitarias, sin itir en ella una connotación de carácter juridico. Es precisamente por estos motivos que los Estados Unidos se han rehusado a suscribir los diferentes instrumentos internacionales que sobre la materia de asilo se han adoptado en el continente americano, habiendo suscrito tan solamente la Convención de La Habana de 1928, a pesar de haberlo hecho bajo la prevención de una reserva fonnulada en el sentido de no rl:"COnocer la doctrina del asilo como parte dd Derecho Intetnacional,comoyaquedadicho. No obstante de ser contrarios asuposición teórica de negar el asilo, los Estados Unidos 10 ha concedido en varias oportunidades, como "En 1894, en ocasión e una revolución en Salvador, el navío americano Bennington dio asilo a varios oficiales, oficiales y soldados.

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Jo!m~~Ror"DeC''''lro

En 1895, el Departamento de Estado, al dar instruC'cion~s al Ministro americano en' Quito. a propósito del asilo que había concedido al General Savasti en ese año, decía: El derecho de asilo diplomático sólo es isible para personas que son perseguidas por la turba y no por las autoridades que tq¡resentan a los Gobiernos localcs, En 1899, el Departamento de Estado vuelve a enviar instrucciones al entonces Ministro de los Estados Unidos de América posició1l.; El ~jerdcio del derecho dc asilo no corresponde a ningún derecho o inmunidad diplomática bien delenninada. Puesto qul,': se basa exclusivamente en razones humanitarias, debe limitarse a los casos excepcionales caracterilOO<.lS por la indisciplina y violencia populares.

~n Quito, adoptando la sigui~n\t

En 1902, fueron transmitidas al Ministro de loS Estados Unidos en Haití las siguientes instrucciones: El asilo sólo podrá ser concedido en los casos en que sea de itir. ...como protección humanitaria indispensable, y sólo a refugiados politicos cruelmente perseguidos. En 1905, nuevas instrucciones a la misma Legación en Haití deCÍan: Para que se conceda asilo ... son necesarias pruebas evidente's de qu~ la vida de la persona que lo requiere corre peligro inminente. En 1920, el Ministro de los Estados Unidos e'n Bolivia concedió asilo al ex presidente Guerra y a algunos de sus Ministros. En 192.2, los Estados Unidos conceden asilo a varias personas en Asunción".

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El as,lo pofflico ~n el Ernador yen America

La lista precedente de 10$ casos de asilo otorgados en el continente americano no pretende ser taxativa, hubieron muchos más casos de asilo que fueron solicitados en nuestro contineute, cuya aplicación fue colectiva por que induyó a un elevado número de solicitantes, como en cfccto así fue con el caso de los baitianos y cubanos que obtuvieron refugio o asilo territorial en los Estados Unidos. A partir del año 1979 se illcrementaron las llegadas de los barcos baitianos a las costas marítimas estadounidenses, y en 1980 se produjo un espectacular puente marítimo que partiendo del puerto de Mariel, en Cuba, permitió el ingreso de aproximadamente 125.000 cubanos al territorio estadounideme. Pero no fue l'>ino en el año 1981 en que la istración del presidente RODald Reagan aprobó una serie de medidas conducentes a que la Guardia costera pudiera interceptar a los haitianos en alta mar. En la actualidad, respecto a Cuba, se ha modificado la legislación migratoria en cuanto ite bajo restricciones el iOl!:reso irregular de cubauos que llegan a sus costas. La denominada "Ley de los pies secos, pies mojados" regula el ingreso de cubanos a las costas estadounidenses, ite su ingreso a todo, aquellos que hubieren pisado sus playas (pies secos), pero devuelve a Cuba a todos aquellos que la GU2rdia costera logró detener, por que aunque se hubieren aproximado a sus costas, no lo hubieren conseguido (pies mojados).

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IV

L~

aplicaci6n de1 asilo en el Ecundnr

Si algUn denominador común se registra como una constante histórica en el Ecuador, es precisamente su falta de csL:lbilidad política instiluciOl'!al. Regimenes civiles y militares, costeños o serranos, de izquierda o dc derecha, de (Jeto o de derecho, se han altcmJdo en el ejercicio del poder público durante los 177 años de vida republicana que tiene nuestro pJis. Definitivamente, no hemos sido, ni somos, una ¡sI:! de Eobcmabi!idad política dentro de ese ¡¡gi!ado mar que caractcrÍ2:a a [a

polilica latinoamericana, Jos cuartelazos, los golpes de ESt3do, las guerms dvilcs, y la revoluciones han sido muy frecuentes en el acontecerhistóricodc!arcgión.

PerO concrewncnte, en lo que concierne a Ecuador, b democracia se ha manifestado vu[ner:lble, con una visible dcbilidad estructural cn sus institucionc§ po!ític:ls, proveniente, en muchos C:lSOS, de 13 acción de caudillos políticos o bien de grupos de poder económico que no han csc~timado esfuerzo en su ambición por detentar el poJer, sin que para que ello importe poner C'n riesgo h

El a:.ita poliliro ~" el Ec"aJ,'r y ~11 Ami'ric"

estabilidad política institucional que se ha mostrado intermilente en su secuencia histórica. Dentro de ese dima de inestabilidad politka, donde muchas veces la pasión y el radicalismo ideológico a ultranza no h:m dado tregua, los Gobiernos constituidos, de hecho o de derecho, han perseguido políticamente a sus adversarios atribuyéndoles responsabilidad a ciertos actos suyos que han sido calificados de delitos comunes, cuando en realidad estan enmarcados en el tipo doctrinal de delitos políticos puros, o bien como delitos comunes conexos con un delito politico. Los casos más destacados en la historia del Ecuador que han dado lug:lf a la aplicación del asilo político, sea este de carácter diplomático o bien dc carácter territorial. o naval, involucran a personalidades que han ocupado las primeras planas de la política nacional, asl, en un breve recuento cronológico empe7Mc por referirme al asilo naval solicitado en 1833 por Vicente Rocafuerte al· Comandante de la Corbeta norteamericana MFair-Field", en circunstanCias de que esta nave de guerra se encontraba ancbda en el puerto de Guayaquil. Posteriormente, "en 1840, el General ecuatoriarto Guillermo Franco se refugi6 en \:l. nave de guerra peruana denominada . que lo llevó al Callao". En la segunda mitad del siglo XIX. en 1877, "el presidente Ccu:ltoriano Antonio Sorrero, derrocado por un levantamiento militar obtuvo asilo diplomático por parte del representante diplomático de Colombia en Quito, señor Venando Rueda". Más adelante, en el año 1895. durante la rr:volución alf::ttisU, "el general Sagasti, mini",tm de Guerra del Ecuador, se asiló con su familia en la legación de Estados Unidos. El Gobierno norteamericano aprobó el asilamiento, que, en su concepto, constituia UTl acto puramente humanitario, tanto más ajenoa1ausurpacióndeuTlaprerrogativaextraterritorialcuantoaque en ese momento no existía, a lo que parece, ninguna autoridad estatal legítimamente establecida en la capital. ¡\.do:m;h, el Gobierno de 49

Johnlry Roca De Castro

Estados Unidos ereyó peninenle hacer respecto a la cuestión del asilo una cuestión de principio entre el miembro de un Gobierno derrocado y un revolucionario". A principios del siglo XX, "en 1906, el Ministro de Colombia, Emi!iano Isaza, acogió en su resid~ncia al presidente Lizardo G3fcía, del Ecuador, con ocasión de un victorioso levantamiento milita!'? A fiues del mismo siglo XX, es pr~ciso deshcar el asilo territorial solicitado por el ex vicepresidente del Ecuador economista Alberto Dahik Garzozi al Gobierno de la República de Costa Rica, y concedido por las autoridades costarricenses al díaprimcro de abril del año 1996.

El caso de asilo t~rritorial que le fuera concedido al ex vicepresidente economista Alberto Dahik Garzozi amerita ser estudiado con mucho d~enimiento por las connotaciones que inciden en el ordenamiento jurídico interno dd Ecuador. En efecto, el Ec. Dahik al solicitar el asilo lo fundamentó en su condición de perseguido político, argumentando que antes que el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, Dr. Migue! Macias Hurtado, iniciara un proceso legal en su contra por la comisión de dos delitos contra la istración pública; coh~cho, y disposición arbitraria de fondos del Estado, él ya había sido procesado y absuelto por el Congreso Nacional por estos mismos cargos, y la Constitución del Ecuador que se encontraba vigente en esa época solamente pennitía el inicio de: un proceso penal contra un Vicepresidente de la República en funciones si existía la inculpación por parte dd Congreso Nacional. como consecuencia oc\ enjuiciamiento político. El economista Dahik, por las consideraciones antes expuestas sostiene que resolvió abandonar el Ecuador el mismo día (11 de octubre de 1995) en que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia decidió hacerlo objeto d~ persecución política m~diante una 50

Ela~;loJ'OIiI;roenfIEcuadoryenAmiYica

orden de detenci6n provisional en su contra. El Ec. Dahik al abandonar el país se dirigió a Costa Rica donde pidi6 asilo político, solicitud que le fue concedida por las autoridades costarricenses. En virtud de los antecedentes expuestos, el Ec. Dabik concurrió a la Corte lnteramericana de: Derecbos Humanos de la OEA para plantear una denuncia en contra del Estado del Ecuador, argumentando que nuestro país había violado varios derechos consagrados cn la Convención americana sobre dcrechos htunanos, respecto alacualel Ecuadores país signatario. La defensa legal del Ec. Dahik también alegó que en el jlli.du pena' que se inició en su tuntra se incurrió tn una serie de irregulnidades de carácter sustantivo y procesal qUt afectaba al debido proceso, y que por todo lo expuc!sto solicitaba que se ita la denWlcia del peticionario, y se permita, además, su regreso al Ecuador. Por ~u parte, ti Estado ecuatoriano centró su po~idón juridica en la tesis dt que el ex vicepresidente Dahik no h3.bla agotado los recursos legales de iurisdicción interna para sustentar su reclamo, en consecuencia, el Estado ecuatoriano pidió a la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos la no isi6n de la petición presentada por el economista Alberto Dahik Garzozi. El Estado ecuatoriano "sostuvo que el economista Dahik debla regresar al país para hacer valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia nacionales. Asimismo, afirm6 que de confonnidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento Penal, el proceso seguido en contra del Ec. Alberto Dahik se encontraba suspendido en la etapa del plenario por que éste se encontraba prófugo, parlo tanto, el Ec. Dahik no podía afirmar que se han agotado los recursos internos si ni siquiera el proceso penal iniciado ha negado a su fin. Agrega el 51

Johmry Roca De üutro

Estado, que el, peticionario ha podido hacer uso de cualesquier recurso que la Ley le éoncede para controvertir las decisiones judiciales, e inc1uso, recurrir en casación. En lo relativo a la inmunidad jurisdiccional alegada por el peticion:!.rio, el Estado ecuatoriano, en su respuesta fechada el 12 de julio del 2000, afinna que es un subterfugio jurídico pata que el delito quede en la impunidad, pues el hecho de que el Congreso Nacional haya pronunciado un:!. decisión absolutoria a favor del peticionario, esa decisión únicamente se refiere al juicio político, sin que tenga efecto en la jurisdicción penal común. Según el Estado ecuatoriano, la autorización del Congreso Nacional para el enjuiciamiento del Presidente y Vicepresidente de la República se limita a actos taxativamente señalados en la Constitución, a saber: Traición a la patria, cohecho, o cualquier otra infracción que afecte gravemente al honor nacional. Pero no es nece,aria esa autori7ación para el enjuiciamiento político de estos dignatarios por la realización de otros actos. ti.pificados por 13s leyes penates. Finalmente, el Estado ecuatoriano señala que la disposición constitucional no debe entenderse que el Presidente o el Vicepresidente de la República están exentos de la responsabilidad penal'por delitos comunes, garantizándose con ello el principio de igualdad ante ta Ley. En este punto, el Estado ecuatoriano enfatizó que el caso del economista Alberto Dahik se trata de dos juicios independientes y diferentes entre sí: el juicio político, por un lado, el cual buscaba la dc:stitución del funcionario sometido a dicho juicio, y ~¡ juicio penal, por el otro, mediante el cual se busca la responsabilidad penal". La Comisión Interamericana de DerechoS Humanos luego de analizar los argumentos jurídicos expuestos por las partes, concluyó en que el peticionario Ec. Alberto Dahik no había agotado los 52

E/asllopolitiC'OrneIEc"odor)'erlAmérica

recursos legales internos y disponibles en el sistema judicial ecuatoriano, y en consecuencia declaró que su petición es inisible de conformidad con las normas de la Convención americana y el reglamento de la Comisión. Con este pronunciamiento jurídico concluye el último esfuerzo realizado por el Ec. Dahik en dcfensa de su causa por los delitos que se le imputan y cuyo juzgamiento él considera que es parte de un montaje para impulsar una persecución política en su contra. El delito de cohecho de cuya responsabilidad se acusa al ex vicepresidente Alberto Dahik, no es de carácter imprescriptible, porque al tiempo de los hechos (1995) que motivaron tal acusación, regía la Constitución dcl año 1978,queadiferenciade la vigente que data del año 1998, nada deda al respecto, y por lo tanto el juicio podrá reactivarse antes de que pueda declararse su prescripción tan solo si el economista D"lhik decide retomar al Ecuador para enfrentar la continuidad del juicio que se sustancia en su contra, el mismo que de momento se encuentra suspendidO en la etapa del plenario por no encontrarse detenido el encausado.

La Resolución dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está contenida en su Informe No. 93/01, y determinó el archiva de la petición 12.259 del tantas veces mencionado economista Dahik.

E1 resumen dei citado lnfonne de fecha 10 de octubre: rlel 2001,esdcltenorsiguiente:

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)"lm",'RaraD.·Ca.rro

1.-ResuTJl('n l.- El 22 do: junio de 2000, la Comisión Inter.lmcrican3 de Derechos Humanos (en atldante "13 Comisión") recibió una dc'Duncia prcsentatl3 por el el[ vicepresidente de IJ Repóblica del Ecuador, Alberto Dahik Garzozi y su abogado costarricense. Carlos Vanegas, (en addante, "el peticionario") contra la Rt'publica del Ecuador (en adelante "el ESbdo" o ~Eeuador") en la qut' 31ega que el Estado del Ecuador ha violado los siguientes derechos humanos: el dcrecho a gamntíasjudiciales (articulo 8). el principio de leg3lidad (articulo 9). cl dereeho a la igualdad ante la Ley (3rticulo 24) y el defeeho 3 Iaproteeciónjudici31 (artículo25),toJoscOllsagradosenla Convención Amerie3rt:l sobre Derechos Humanos, en contravención de las obligaciones que figur:ln en el artículo 1 (1) de la misma. Por supane.el Estado respondió que el peticionario no había agotado los recursos de 13 jurisdicción interna y solicitó que la Comisión descstimaseladenunci3. 2.-Enjuliode 1995 el entonces vicepresidcntedel EeuJdor, Alberto Dahik, fuc acusado de cohecho y Jbuso en el ejercicio de sus funciones por el Congreso Nacional. El 4 de agosto de 1995, dos del Congreso prcsent3ron una denuncia criminal sobre estos hechos y el Presidente de 13 Corte Suprema, el 16 de agosto, decidió rur trámite a 13 caUS3. La investigación en el ámbito legislativo culminó el6de octubre de 1995, cuando 13 iniebtiva de destituir al señor D3hik no alcanzó la mayori:1 de votos necesaria. La

~~:i~~g~~~~~~~i~~i~:, ;:~ ~~~~go¿~~~Ó :el~i905~eE:t~~sr:~d~~ ~~ SClior D3hik entró en Costa Rica. y el 29 de marzo de 1996, se le otorgó asilo polí!ico.

3.· En este Informe, la Comisión analiza la información presentada

:1

la luz ¡j.:: la Convención Americana y cc>ncluye qu.:: el

El asilo rolillcO r~

~l Ecuodoryrn Amhu:o

peticionario no ha agotado los recursos intl:'mos judiciales para solucionar su situación en el Ecuador. En consecuencia, la Comisión decide declarar la petición inisible en aplicación de los articulos 46 (1) (a) y 47 (a) de la Convención Americana y el artículo 31 (1) del Reglamento, transmitirlo a las partes. hacerlo publico y disponer su publicación en su Informe Anual. JI.-Trámite ante la Comisión 4. El 21 de octubre de 1999 la Comisión recibió la denuncia. El 27 de marzo de 2000, la comisión inició el trámite de la petición y transmitió, asimismo, las comunicaciones pertinentes al Estado y al peticionario. El Estado presentó una respuesta detallada el 17 de julio de 2000, la cual ha sido transmitida al peticionario el 26 de julio de 2000 para la presentación do sus observaciones dentro de un plazo de 30 días. El 18 de enero dcl2000 d peticionario pidió a la Comisión interponer sus buenos oficios a efectos de tratar de buscar una solución amistosa de la materia bajo examen. El peticionario no presentó observaciones a la respuesta del Estado del 17 de julio de 2000; y el Estado, en comunicación fechada ellro. De noviembre de 2000, rechazó la posibilidad de una solución amistosa. I11.-Posicillnes de las partes A.5.- El peticionario afinna que en su calidad de vicepresidente de! Ecuador durante la istración del presidente Sixto Duran Bal!én fue víctima de persecución política por sus adversarios politicos, de la dirigencia del Partido Social Cristiano. Según el peticionario, la persecución se inició en represalia por unas deelaraciones públicas expresadas por d peticionario en las ciudades de Guayaquil, Quito, y en varias capitales de Provincia, en la que

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JohmryRncaDeCasrro

manifestó la preocupacióJ,1 de su Gobierno por los avances de la corrupci6n en Ecuadur. En consecucncb, según la denuncia. se inició un juicio politico ante el Congreso Nacional en su contra con el propósito de conseguir la iniciación de un juicio penal y lograr su destitución. El Congreso Nacional resolvió a favor del peticionario, absolviéndolo de los cargos que se le atribuían. 6.- Alega el peticionario que el 15 de agosto de 1995, no obstante que el Congreso Nacional lo había absuelto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Miguel Macias Hurw.do, allegado al Parti.do Social Cristiano, de forma arbitrarla e ilegal inició proceso legal en su contra y de varios funcionarios públicos por dos delitos conlra la istración pública. Según el peticionario. el referido Presidente de la Corte Suprema solamente hubiera estado facultado para iniciar un proceso p~nal en su contra si el Congreso Nacion:¡llo hubiera ineulp:¡do, 10 que no era el caso. Elll de octubre de ese mismo año, el Dr. Macias Hurtado ordenó su detención preventiva y posteriormente, el auto de llamamiento a plenario, lo cual tampoco estaba facultado para hacer, por la inmunidad jurisdiccional que goz:lba en ese momento el peticionario por su calidad de Vicepresidente de la República del Ecuador en ese entonces. 7.- Alega el peticionario que el articulo 59 (e) de- la Constitución del Ecuador, vigente en esa época, solamente permite incoar un proceso pena! contra un Vicepresidente de la República si existe la decisión del Congreso, producto del enjuiciamie-nto político, ~1.articul059prevé:

El Congreso Nacional se reúne en pleno, sin necesidad de convocatoria, en Quito, ellO de agosto cada año, y sesiona durante sesenU dí:J.s improrrogables, para conocer exclusivamente las siguientes peticiones:

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Elas¡/"polilic" .." dEClJCldary enAmblcCl

e) Proceder al enjuiciamiento político durante el ejercicio de funciones. y hasta un año después de tenninadas, del Presidente y Vicepresidente de la Reptiblica ( ... ) por infracciones cometidas en el desempeño de sus cargos, y resolver, su censura en el caso dc declaratoria de culpabilidad, 10 que producid como efecto su destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos durante el mismo período. El Presidente y el Vicepresidente de la República sólo podrán se enjuiciados por traición a la Patria, cohecho o cualquier otra infracción que afectare gravemente el honor nacional. 8. En razón a la orden de detención ilegalmente ordenada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y la persecución política en su contra, el peticionario infonna que abandonó el Ecuador el día en qne se ordenó se detención provisional. el 11 de octubre de 1995 y se dirigió a Costa Rica, país donde pidió asilo político. solicitud que le fue concedida por las autoridades costarricenses el día primero de abril de 1996. El peticionario reside en ese país desde 1995. 9. En adición a lo anterior, el peticionario afIrma que en dicho proceso penal se suscitaron una serie de irregularidades. entre ellas: a) no se le notificó la apertura del proceso penal personalmente, sino hasta cuando acudió a rendir su declaración indagatoria;b) no se le permitió a sus defensores aportar prueba que demostrara su inocencia como documentación proporcionada por la Contraloría General del Estado, la cual se rdería a los gastos reservados del peticionario en su calidad de Vicepresidente: e) no se permitió a sus defensores presentar las inspecciones realizadas en el Banco Central del Ecuador por los peritos sobre documentación relativa a la istración de los fondos asignados a la Vicepresidencia de la República, 10 cual a juicio del peticionario. constituye una flagrante 57

violación a su derecho de defensa; y d) en el proceso penal en su contra no se ie pmniti6 participar en una fonna dir~ta y no se respetaron 105 plazos establecidos por la ley para su tramitación. lO. El peticionario indic:a que ante la injusta persecueiónpenal interpuso el recurso di': nulidad ante la Primera Sala de la Corte Suprcma de Justicia, el cual denegado por motivos fútiles, impiJiendo su derccho de defensa. 11. En cuanto al agotamiento de los recursos de jurisdicci6n interna, el pctic:ionario alega qUl:: los ha agotado pucsto que interpuso los siguientes recursos; a) reVoc3toria del auto de detención provisional, el cual fue declarado improcedente, por considerar la Corte Suprema de Justicia que existan elementos que sustentaban la responsabilidad penal del peticionario por los delitos de los que se le acusaba; b) la acción de amparo, que fue denegada por motivos fútiles, violando sus dl:"n:chos humanos y constit¡¡cionales; y c) la revocatoria de la resolución que denegó la acción de amparo, recurso que también file declarado improcedente.

12. El peticioll3rio finaliza manifestando que el estado del Ecuador ha violado los siguientes derechos humanos, el derecho a garantías judiciales (articulo 8), el principio de legalidad (articulo 9), el derecho a la igualdad ante la ley (articulo 24) y el derecho a la protecciónjudícial (artículo 25), todos consagrados en la Convención Americana. Por 10 anterior, solicita a la Comisi6n itir la presente ,petición y perrnltir su regreso al Ecuador. B. Posicióndt>IEstado B. &!gún el Estado, d peticionario no ha agotado los recursos de la jurisdicción interna para la reparación de su reclamo; en

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EIa.,lIapolill(aet!eIEcuadar)'e",f",hkD

consecuencia, el Estado solicitó a la Comisión que declarase inisible la petición presentada por Albeno Dahik Garzozi. 14. En cuanto a los argumentos alegados por el peticionario. El Estado "solicita al economista Dahik que regrese al país y haga valer sus derechos ante los tribunales de justicia nacionales que ( ... ) reúnen todas las características fundamentales reconocidas en la Convención". Asimismo, el Estado afirma que el proceso penal seguido en contra de Alberto Dahik se encuentra suspendido en la etapa de plenario por encontrarse prófugo el peticionario, de conformidad con el artículo 254 del Código de procedimiento Penal; por lo tanto, el peticionario no puede afirmar que se han agotado Jos recursos internos si ni siquiera el proceso penal iniciado ha llegado a su fin. Agrega el Estado que el peticionario ha podido hacer uso de cualquier recurso que la ley le concede para controvertir las decisiones judiciales e incluso recurrir en Casación. 15. El estado señala que el propio peticionario, en el recurso de apelación presentado ante la primera sala de lo penal de la Corte Suprema, manifiesta que la violación del artículo 59(e) de la Constitución se encuentra tipificada como conducta penal en el artículo 216 del Código Penal que dispone: "seran reprimidos con multa de cincuenta a doscientos sucres yprisíón de uno a tres años, los jueces y demás empleados que, sin la autorización prescrita por la Constitución, hubieren solicitado, expedido o firmado un auto o sentencia contra el presidente de la Republica o el que lo subrogue ( ... )". Consecuentemente, agrega el Estado, si el señor Dahik consideraba que la actuación del presidente de la Corte Suprema violaba el principio de igualdad y debido proceso, el debió presentar demanda penal contra los magistrados a fin de agotar dicho recurso interno.

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16. El fystado por otl":l. parte sei'tala que el peticionario ha tenido libre a~'teso a los reeursos inlemos y que jamis se k ha negado el a los órganos competentes para aclarar su situación jurídica. habiéndosek respetado su derecho al debido proceso bajo el amparodelasgarantiasjudiciales. 17. En lo relativo a la inmunid:ldjurisdiccional alcgada por el peticionario, el Est:J.do, en su respuesta fechada 12 de julio de 2000, afirma que es un "subterfugio jurídico para que el delito quede en la impunhb.d", pues el h¡;:¡;:no que cl Congreso Naciona\ haya pronunciado una decisiórt ahsolutorb a fa\'or del peticionario. esa t.kcisión (¡nicamente se refiere al juicio político, sin que tenga efecto en la jurisdicción penal común. Seg\Í!l eJ Estado, "la autorización del Congreso Nacional para el enjuiciamiento del Presid
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ElasllopolillcoeneIEcuodo.ye>tArnhico

diligencia o solemnidad del proceso sustancial que haya repercutido en alguna decisión de fondo en el proceso, y que se han cumplido dentro del mismo los principios de legalidad, imparcialidad y del debido proceso. Así mismo, se le ha garantizado al peticionario su derecho de a la justicia por cuanto ha pOdido presentar pruebas en su favor y ejercitar los recursos efectivos.

20. El Estado afinna estar de acuerdo en que el plazo razonable garantizado en el artículo 7 (S) de la Convención comienza a partir del momento que la persona es acusada, entendiéndose como acusación la notificación oficial emanada de autoridad competente, esto significa que en la denuncia del peticionario, fue a partir del 16 de agosto de 1995. Sin embargo, la garantía del plazo razonable no es aplicable en la denuncia de Alberto Dahik Garzozi, por cuanto se encuentra fuera del Ecuador y por ky el proceso ha sido suspendido; por' tanto, cualquier argumento sobre el irrespelo a los plazos procesales no es válido. IV,

Análisis

A.

Competencia ralione personae, ratione loei, ratione temporis y ratione materiae de la comisión

21. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante h CIDH. La petición señala como víctima a una persona individual, respecto de la cual el ecuador se comprometió a respetar y garantizar los En lo derechos consagrados en la Convención Americana. concerniente al Estado, la Comisión observa que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.

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Joh""yRoca De Castro

22, La ClDB tiene competencia ratiooe loci para.' cmwccr la petición, por cuanto en ella se alegan "iolaciones de derecllOs protegidos en la Convención Americana, que habrian tenido legar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado, 23, La CIOn tienen competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y g~antizar los 'derechos protegidos en la Convención Americana, ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrian ocurrido los hechos alegados e-n la petición,

24, Finalmente, la comisión tiene competencia ratione matcriae, porque- en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.

B.

Otros requisitos de isibilidad

25. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en e\ Caso Ve\ásquez Rodríguez "que la execi6n de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en 1:Is primeras etapas del procedimiento, a falta de 10 cual podra presumirse la renuncia tacita a valerse de la misma por panc del Estado interesado", En su primera respuesta a la petición presentada, el Estado planteo la falta de agotamiento de los recursos internos, e-n conformidad con lo establecido por la corte, 26. Es también una regla fundamental en el sistema \nt-eramericano que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su ca.rgo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su dC'ctividad., La Comisión señala que el Estado ha indicado que el juicio que se sigue contra el peticionario por disposición arbitraria de fondos públicos, el 25 dI: agosto de 1995, ha sido suspendido de la 6J

etapa del plenario por el Presidente de la Corte Suprema, juez natural del sindicado en su calidad de Vicepresidente en la epoca en que fueron cometidos los supuestos delitos. por encontrarse prófugo, de confonnidad con los artículos 254 y 255 del Código de Procedimiento Penal, con lo cual se demuestra la falta de agotamiento de los recursos intemos. Según el Estado "este proceso aún no ha tenninado y los Tribunales competentes deben proceder a resolverlo de acuerdo a derecho. Esta resolución favorable o desfavorable, será la idónea para resolver la situación del peticionario ( ...)". 27. En respuesta a la alegación del peticionario que el Estado violó su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el Estado contestó que el señor Dahik tenía la posibilidad de iniciar un juicio de recusación contra el juez que hubiera incurrido en esta violación, de conformidad con el artÍCulo 871(10) del Código de procedimiento Civil. norma supletoria en materia penal. Esta disposición establece:

Art. 871: Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las partes y debe separarse del conocimiento de la causa por alguno de Jos motivos siguientes: 10. No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la Ley. Señala el Estado, en este contexto: "El ténnino para expedir Sentencia es de 10 días, a contarse del agotamiento del plazo para alegar. al cual debe afiadirse el de un día adicional por cada 100 fojas del proceso (confrontar arts. 409 y 410 del Código dc Procedimiento Penal y 292 del Código de procedimiento Civil). En este caso, al haberse suspendido legalmente el proceso, ni siquiera se ha iniciado la etapa del plenario en este juicio y, por consiguiente, mal podría haberse agotado cualquier recurso en este procedimiento. 63

JohmryRoc:aD.:Ca.'tro

28. Siguiendo con los posibles recursos internos disponibles al peticionario, el'Est:ldo señala la posibilidad de iniciar una acción penal contra el presidente de b Corte Suprema. El Estado destaca que el propio peticionario en el recurso de apelación presentado ante la primera sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia manifestó que la violación del articulo S9(e) de la Constitución se encuentra tipificada como conduct:l penal en el articulo 216 del Código Penal que dispone lo siguiente. Art. 216.- [Provid"ncias en contra de altas autoridades].- Serán reprimidos "on mult:l de cincuenta a doscientos su"res y prisión de uno a tres años, los jueces y dem:\.s empleados que, sin las. autorizaciones prescritas por J:¡ Constitución hubieren solicitado, expedido o firmado un auto o sentencia contra el presidente de la Repóblica o el que le subrogue, ( ... ); o bien, una orden que tenga por objeto perseguirlos o hacerlos enjuiciar; o que hubieren dado o finnado b. orden o mandato para aprehenderlos o arresurlos. El estado comenta que sí el peticionario consideraba que la 3ctuaci6n del presidente de J:¡ Corte Suprema violaba el principio de lega!idady debido proceso debió presentar demanda penal contra Jos magislr.ldos, a firtde agotar dicho recurso.intemo. • 29. En eonsidcración a la naturaleza subsidiaria de los tratados de dercchoshum:mos, sc ha creado la regla del agotamiento de los rccursosdc la jurisdicción interna, consagrada en el articulo 46(1)(a) de la Convención Americana. Este agotamiento pennite al E~tado resolver la petición según su derecho interno antes de verse enfrentadoaunproccsointemacional.

64

El asIlo político en el Ecuodl>r y MAmé'lco

30. El Estado ha probado la elLÍstencia de recursos de jurisdicd6n interna efectivos para solucionar la sit~i6njurídica del peticionario. La Corte Interamericana ha sostenido que el Estado "que alega el no agotamiento y prueba la esistencia de detenninados recursos internos que deberian haberse utilizado, corresponderaa la parte contraria dcmostrar quc esos recursos fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del anículo46(2)" ]1, El 26 dcjulio de 2000, la respuesta del Estado detallando los posibles recursos de la jurisdicción i)lterna fue transmitida al peticionario para sus observaciones dentro de un plazo de 30 días. El peticionario hasta la fecha de hoy no ha presentado observaciones al respecto. La Comisión estima que la falta de presentación de observaciones a la respuesta dd estado equivale a una aceptación tácita de suposición. 32. Es un requisito de la estabilidad jurídica "que una objeción a la isibilidad basada en el no agotamiento de los recursos internos se presente solamente in Jiminc litis, en la medida en que lo pennitan (as circunstancias del caso. Si dicha objeción, que beneficia primariamente al Estado demandado no se presenta por éste en el momento oportuno, es d~cir, en el procedimiento sobre isibilidad ante la Comisión, se presume que el Gobierno demandado ha renunciado, aún tácitamente, a dicha objeción". De igual manera, el peticionario tiene una obligación de presentar sus observaciones en el momento procesal oportuno. Si el peticionario no explica por qué no agotó los recursos internos señalados por el Estado o por que tales remedios no son efectivos, surge en consecuencia Ulla presunción de renuncia, aún tácita, en contra del peticionario. A criterio de la Comisi6n esto es lo q\\e ha sucedido en. laprcsentedcnuncia.

65

JohmryRaca De Castra

33. Por \as razones antes expuestas, la Comisión Intcramericana considera que el' peticionario no a agotado los recursos intemos disponibles y consecuentemente concluye que su petición es inisible de conformidad con los artículos 46(1){a) y 47(a) de la Convención Americana y el articulo 31(1) del Reglamento de la Comisión. V. Conclusiones:

34. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho ames expuestos, LA COMISIÓN INTERAl\lERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: .. Declarar inisible la

pres~nte

petición.

2. Notificar esta decisión al peticionario y al Estado. 3. Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. 'Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los di<:z días del mes de octubre de 2001. (Firmado): Claudia Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta Al!olaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados Ilélio Bicudo, Robert K. Goldman y Peter Laurie.

66

El aboglldo Abdalá Bucaram Ortlz, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) ascendió al poder como Presidente de la República del Ecuador el lO de agosto de 1996, y tan solo seis meses más tarde, enfrentó una fuerte oposición desde el Congreso Nacional que resolvió su destitución el día 7 de febrero del 1977, por incapacidad mental para gobernar. Para la destitución de Bucaram se formó la coalición de varios partidos y movimientos politicos que alentados por una fuerte corrientc popular contra su Gobierno culminó con la moción del diputado sociaJcristiano Franklin Verduga proponiendo su destitución. En efecto, a favor del la destitución votaron el PSC, DP, ID, FRA, MPD, PACHACUTIK-NUEVO PAfs, Liberación Popular, e independientes. En contra. lo hicieron el PRE, disidentes de PACHACUTIK, otra grupo de independientes y conservadores. A raiz de su destitución, el ex; presidente Abdalá Bucaram salió para Panamá el 11 de febrero de 1977 donde solicitó y obtuvo asilo politicoterritorial. La función judicial ecuatoriana le instauró cinco causas penales: gastos reservados, aduanas, mochila escolar, atentadoc ontra la seguridad, compra de armamentos, y desde el 23 de mayo de 1997 se le ratificó una orden de prisión por peculado. En el goce de su condición de asilado politico en Panamá, Abdalá Bucaram amparado con la actitud permisiva de los Gobiernos panameños de turno, y transgrediendo ex;presas normas contenidas en los Tratados internacionales que rcgubn el comportamiento del asilado dentro del territorio del paísasilante, en particular de los do s 67

JohnnyRocaDeCastro

últimos Convenios sobre: asilo diplomático y asilo territorial que fueron suscritos'en Caracas, Venezuela, en el afio 1954, continuó ejerciendo desde Panama el liderazgo político de su partido, el PRE, y aún más, dentro del mismo suelo panameño se realizaron varias convenciones del partido Roldosista ecuatoriano, donde reunió a dirigentes y empleados dI;! base, para tratar asuntos de orden partidista y temas quc involucraban a la política ecuatoriana. A pesar de la distancia, Abdahi Bucaram segula el dia a día de la política ecuatori:ma, bien infonnado como estaba, no se inhibió en fonnular declaraciones de tipo político que incidían en la política eeu:ltoriana, sin dejar de darse tiempo para fustigar a dirigentes politicos y a partidos politicos ecuatorianos, además de ofender y vilipendiar a instimciones y personas, todo 10 cual, como queda dicho, eonstituía una flagrante contravención ala figurajuridicadel asilo, que siendo de carácter consuetudinario, fue consagrado por varias Convenciones internacionales que rc-gulan su funcionamiento. Por espacio de varios años Bucaram continuó viviendo en Panamá bajo el es!atus de asilado político, hasta que llegado el año 200S regresó al Ecuador con la anuencia del Gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, quien atravesaba un período de turbulencia política que prc-tendió C'stabilizar con el apoyo de Bucaram de vuelta al escC'nario polítíco nacional. y cuya presencia, por el contrario, sirvió para combustionar aún más el encendido ambiente político de oposición al Gobierno del coronel G{¡tiérrez, precipitando ~u irremediable caída. Es necesario recordar que durante este Gobierno fue "kgitimada" la "Pichicorte" como se dio por denominar a la nueva Corte Suprema de Justicia en la época en que ésta era presidida por el "Pichi" Guillenno Castro Dáger, quien declaró mediante Providencia judicial la nulidad de losjuicio$ que se seguían en contra 68

El aSIlo pa/ilil'O en el EC~IlJory~~ América

del ex presidente Abdalá Bucararn Ortiz, así como también declaró la nulidad de los juicios instaurados en contra del cx presidente Gustavo Noboa Bejarano, y del ex vicepresidente Alberto Dahik Garzozi. En todos los casos antes mencionados, el presidente de la Corte se t'tutdamentó c-n el argumento legal de que se omitió cumplir con un requisito de prejudicialidad por cuanto el Congreso no ks siguió a Jos acusados un juicio pOlítico que derivara en presunta responsabilidad penal. Es importante hacer memoria que si bien es cierto que el juicio politico que el Congreso Nacional siguió a Bucaram, tenninó con su destitución del cargo como Presidente constitucional de la República bajo el fundamento de "incapacidad mental" para gobernar, también es cierto que esta Resolución del Congreso no derivó en responsabilidad penal. En el caso de Dahik, ya he señalado que el Congreso lo absolvió en el juicio politico que instauró en su contra, y por lo tanto, obviamente tampoco detennioó responsabilidad de orden penal. Evidentemente, esta es la razón de fondo que explica el retomo al Ecuador del lider del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) en medio del fuego cruzado entre el Gobierno y los partidos y movimientos políticos de la oposición. toda vez que una vez declarada la nulidad de tales juicios se desbloqueó el impedimento legal para su ingreso al país. al tiempo que se hada innecesaria la protección del asilo territorial que generosamente le había concedido Panamá. Fue precisamente dentro de esa circunstancia histórica, que a los pocos días de la caída del Gobierno de Gutiérrez, el ex presidente Abdalá Bucaram partió de modo furtivo, cruzando la frontera sur para estab\ceerse momentáneamente en el Perú, y emprender nuevamente viaje a Panamá en calidad de asilado político. Esta vez, el Gobierno panameño de Martín Torrijos, ha condicionado de modo más riguroso la concesión del nuevo asilo al ex: presidente Bucaram, advirtiéndole que debe observar una actitud discreta para no fonnular declaraciones política que pudieran incidir

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El C3'>0 d~ Milo (lirl"rn.ltico soli.;:itlJ,l ('I.'r el c-.: rl~iJcnt~ dd [ctl.l.1"1, Or, Gu\la,o :"I·ohos RcjanM. 31 Gohiemn de Rcruhli':;l OorninkllU, con\lituyc UIU silUleión ltiricl, dI!" C:lr.lcler su; grneri1, r<'rculnro su ~olicilud d.:a,ilo se funuJmentl cn que se c('nsidcra un l"="q:uiJ" r<,lítico, no I'
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El Dr. Noboa tuvo inicialmente el apoyo de muchos sectores de opini6n política, asl como de varios partidos pOliticos nacionale s. entre los que se encontraba el Partido Social Cristiano (PSC), el que paradójicamente más tarde, a través de su portavoz principal, y líder de la bancada en el parlamento, el diputado Le6n febres Cordero Ribadeneira, presenta una denuncia en su contra, acusándolo de haber sido responsable de la renegociación irregular de la deuda durante cl ejercicio de su istración presidencial. En razón del fuero de Corte que le asistía al ex presidente Gustavo Noboa, el proceso judicial por el delito de peculado se tramitó en la Corte Suprema de Justicia,' la cual, a pedido de la Ministra Fiscal inició un proceso en contra del De. Noboa por existir indicios de peculado. Por su parte, el Dr. Annando Denneo, en su calidad de Presidente de la Corte se abstuvo de dictar orden de prisión preventiva en su contra, lo que motivó a la Ministra Fiscal, Dra. Mariana Yépez, a apelar a b negativa del titular de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia, el conocimiento y resolución de la causa, previo sorteo, se radicó en la Primera Sala de la Corte Suprema, cuyos integrantes, los doctores Gonzalo Zambrano, Carlos Riofrío, y Eduardo Brito, eran Magistrados vinculados al partido Social Cristiano. La Primcra Sala de la Corte Suprema de Justicia dictó la medida cautelar del arresto domiciliario en contra del Dr. Noboa, -quien para entonces ya habia deelarado ser objeto de p~rsecuci6n política. Providencia judicial que fue impugnada por la defensa del acusado, integrada por los doctores Galo Garda reraud, y Joffre Campañal\lora, La defensa del Dr. Noboa argumentó la nulidad del proceso judicial en virtud de no haberse cumplido con los requisitos de prejudicialidad, esto es, la necesidad de un juicio politico previo al

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Johnny RocaDe Cmn"O

prOceso penal" así como con la obligatoriedad de esperar el pronunciamiento de la CoÍltraloria General del Estado. La defensa también sostuvo que es contradictorio que se introduzca dentro de la instrucdón penal, "Que se refiere a los bonos utilizados en el ¡¡pancalamiento de los bancos Pacifico y Filanbaneo, cuestiones como la del pago de honorarios a la firma Salomón Smith IJ¡tmcy, que es objeto de otra instrucción. Es precisamente en estas circunstancias, y luego de haberse dictado la medida cautelar de arresto domiciliario en su contra, cunllllo el Dc. Noboa solicita asilo diplomático en la residencia del Consejero de la Embajada de República Dominicana, en Quito, señor JUM Belén, quien 10 recibió como huésped y afmnó más adelante, que su Gobierno decidió conceder protección diplomática a Noboa, y autorizar su pem1anencia en la Misión diplomática dominicana hasta tanto se rcsuelva su pedido de asilo diplomático. Luego de que el Dr. Noboa pennaneció por espacio de quince días como hucsped en b. residencia del Consejero de la Embajada de República Dominicana, en Quito, el Gobierno dominicano se pronunció a su favor, debiendo el Gobierno del Ecuador obrar en consecuencia con el procedimiento establecido en la Convención de Caracas, de 1954, sobre asilo diplomático, alargando el respectivo salvoconducto para que el Dr. Noboa pueda abandonar el país con todas las garantias de seguridad y protección para su familia. Sin embargo, la posición del Gobierno ecuatoriano en principio fue vt'leidosa,adt'miÍsde ambigu:ly hasta contr:ldictoria. En efecto, de cara a los Convenios internacionales sobre asilo político, suscritos en Caracas en 1954, respecto a los cuales el Ecuador y República Dominicana son Estados signatarios, nuestro país debía de modo inmediato conceder el salvoconducto a favor del 71

El asilo ¡ml!tjco ~n ~l Ecuador y en América

Dr. Noboa, quien en virtud de su condición de asilado ya se encontraba bajo la garantía, protección y jurisdicción dd Estado asilante, más, esto no sucedió asl, y las declaraciones vertidu por los diferentes vocero~ del Gobierno ecuatoriano, muchas veces conlradictorias, solo aportaron confuión al tema, asl.mientra s la ex canciller del régimen !"\ina Pacarl había oportuuamente declarado a la prensa de haber recibido instrucciones de la Presidencia de la Repúbliea de que "no se negarla ni se daría el salvoconducto", el nuevo eanciller Patricio Zuqullanda declaró que "si el Gobierno dominicano califica el pedido, nosotros acogeremos esa solicitud, que hasta el momento no ha llegado, y procederemos conforme dicta la norma interllacional". Por su parte, el presidente de la Reptiblica corollel Lucio Gutiérrez declaraba que su Go/¡ienw no tiene perseguidos políticos, declaración que tuvo como respuesta la opinión de muchos allalistas politicos en el sentido de que la persecución no siempre proyielle de la función ejecutiva de un Estado, porque puede provrnir de cualesquiera de la otras fuuciones del Estado, y que respecto al caso del Dr, Noboa consideraban que la persecución provenla de la función judicial que había sido manipulada como Instrumento político del partido Social Cristiano, el cual era quien en realidad actuaba tras el telón del escenario político p:lra satisfacer el afán de revanchismo personal del líder socialcristiano Jng, León Febres Cordero contra el ex presidente Gustavo Noboa Bcjarano, con quien, por diferencias de orden politico, había mantenido con antelación un pugilato verbal que rayaba en las ofensas personales, de lado y lado, que de yapa también agraviaba a la opinión pública nacional que observaba absorta e indignada "el circo" propiciada por dos respetables figuras de la politicanacional.

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Jolm>ry Roca De CaslrO

En 10 atinente específicamente al tema del asilo. el presidente Gutiérrezdccl;r6 que analizará los Convenios internacionales sobre la emisi6n de! salvoconducto a favor del Dr. Noboa.

El vicepresidente dI' la República Dr. Alfredo Palado, encargado de la l'resideneia oon ocasión del viaje dd Primer mandatario, coronel Gutiérrez, al cambio de mando en Paraguay, opinó ante la prensa de que si debe otorgarse 1'1 salvoconducto, explicó que asi se la babia sugerido al presidente Gutiérrez, y en su condición de presidente encargado tenía la potestad para bacerlo, "pero quiero tener la delicadeza de no hacerlo porque se Irata dc un tema de política internacional que lo maneja el presidente de la República", Previamente a estas últimas declaraciones, con fecha 11 de agoSlo dd 2M), el mismo día en que el Gobierno dominicano por medio de su Embajador en Quito, sl'ñor Norman Fl'rreira,

notificó oficialml'nte a la cancillerfa ecuatoriana que su Gobierno habia concedido el asilo diplomático al ex mandatario Dr. Noboa, 1'1 Secretario de comunicación, seilor Marcelo CevaJlos anunció qne "el Gobierno SI" puso un plazo no mayor a 48 boras para rl"solversi otorga el salvoconducto a Noboa". Tod:ls estas vicisitudes las soport6 estoicamente el Dr. Noboa, hasta que llegado el dia 22 de agosto le notificaron con el otorgamiento del salvoconducto en cuyo doewnento se le info111'l:lba de que "el Gobierno garantiza su seguridad personal y su libertad de desplazamiento para que salga del país con destino a República Dominicana". De esta fonoa se ponía fin al trámite del proceso dI! asilo diplCllláticn solicítado por el Dr. Noboa que mantuvo cotidianamente ocupada a la prensa y a la opinión pública nacional.

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Elas,lo{'(!/jI¡CO~lI~1 Eruador)lellArm'rictl

El texto d~l salvoconducto emitido por c:1 Gobierno Nacional, es de1 tenor siguiente: SALVOCONDUCTO "El Gobierno de la Repúblka del Ecuador, extiende el presente sah"ocondncto :1 favor del t l presidente, seilor Dr. Gnstavo Noboa Bejanno. cuya seguridad personal y libertad de desplazamiento garantiza a fin de que salga del territorio ecuatoriano con destino final a la República Dominkana. El presente documento se Cltiende conforme a las disposiciones de la Coovención sobre Adlo Diplomático, suscrita en Caracas en 1954; de la cual el Ecuador y la República Dominicana son partes, cumpliendo de eshl manera el procedimiento formal previsto en ese instrumento jurldico, en vista de haber sido declarado asilado por el Gobierno de dicho pais y, además, para honr:lr el cumplimiento de ese Convenio internacional. L:I concesióu del presente salvoconducto no supone de m:luer:l alguna un reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de la existencia de una situación polltlca persecutoria en contra de dicho rx mand:lt:lrloj constituye exclusivamente una prueb:l del respeto que m:lntiene la República drl Ecuador a las normas de los Tratados vigentes", Dentro de estc mismo espíritu, y en virtud del articulo 17 de la Convención sobre asilo diplomático, la República del Ecuador dcja e)[presa constancia de su derecho a solicitar, oportunamente, la extradición del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, si el proceso judicial incoado en su contra así lo determinara. Dicha

r~ferida

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Joh,,,,y RocoDe c'wro

facultad del Estado c:cuatorbno, convc:rge con la obligación que tiene el asilado de pénnaneeer en el territorio del Estado asilan te, en tanto se cumpla el plazo para la extradición previsto en la Convención.

Luego de mas de dos años de sufrir el desgaste político dd ejercicio dd poda, el presidente coronel Lucio Gutiérrl'z Borbó.:! fugó litern!mente del palacio de Carondelet para evadir la amenaza que reprcsentaba una turba popular indignada que pugnaba por ingresar y donerlo violenl;l.r\lente del e3rgo presidencial. Era el 20 de abril del 2005, el pueblo de Quito y sus "for:ljidos" se tomaron la calles y pllzas públicas y avanzaron en dirección del palacio de Gobierno para deponer de hecho a un presidente que habia gobernado con un doble discurso político, CQmo doble también fue el discurso político que empleó en campaña del que empleó en el ejercicio del poder. Inl'oc:tudo su condición de perseguido polftiro, y prrci. blt'odu qur- su .,ida p~ligr"h", ti curunt'1 Gutihnz u rt'fugi6 en la Embajada del Brasil en Quito, la misma que le concedió asilo diplom:átiro, luego de lo cual abandonó el pals con destino al Brasil, donde sus autorid.3.cks le advirtieron de bs restricciones que debh observar en estricto cumplimiento de su eondición de asilado. Esta imposlción condicional del asilo concedido por Brasil, limitaba la acción política del coronel Gutiérrez, quien estaba impedido de fonnul:J.r declaraciones en contra de sus opositores políticos en el Ecuador, y rn particular, en contra del Gobierno de su sucesor, presidido por el Dr. Alfredo Pabeio.

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Elas;/opoliricor"rlEroodoryr"Am¿ri(lJ

Incomodo como se sentía. el coronel Gutiérrez optó por renunciar al asilo político en brasi!. y viajar a los Estados Unidos de América donde pretendió ser recibido de modo oficial por el Secretario de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Inmlza, quitn, como era obvio, se negó a recibirlo en la calidad de Presidente del Ecuador, que era el estatus que el coronel Gutiérrez invocaba. Frustrado en su propósito, el ex Presidente decidió trasladarse al Perú, en un punto muy próximo a la frontera con Ecuador con la manifiesta intención de desestabilizar políticamente al Gobierno ecuatoriano, en este nuevo domicilio temporal, como sus declaraciones arreciab:m con mayor fuerza cada dia, fue necesario que por gestión diplomática de nuestra cancillería, se solicitara al canciller peruano que le recordara al coronel Gutiérrez de que su presencia en el Perú estaba bajo el amparo de una visa de turismo que podría ser revocada si continuaba importunando políticamente con sus declaraciones. Pero tiempo después, y súbitamente, el coronel Gutiérrez apareció en Colombia donde solicitó y le fue concedido asilo territorial invocando el becho de seguir siendo un perseguido político en su pais. No babia de ttanscunir mucho tiempo, cuando el Ecuador se vio sorprendido por la inesperada decisión del ex presidente Gutiérrez de renunciar a este nuevo asilo para regresar al Ecuador y enfrentar con decisión a la istración de justicia que lo procesó como responsable de la comisión del delito contra la seguridad del Estado, delito pcsquisable de oficio que se le imputó por sus actos y declaraciones fonnuladas con posterioridad a su desempeño en la Presidencia de [a República, por lo que tuvo que pennanet:er en la cárcel basta poder desvirtuar los cargos que se le imputaron. En todos los casos de asilo que he descrito en las páginas precedentes, y que han afectado a prominentes figuras de la política nacional, esta institución jurfdica ha salido fortalecida en el ámbito regional, porque se ha puesto a prueba, tanto su procedimiento operativo, como su eficacia para amparar situacionu de carácter humanitario,lo cual. en suma, es su razón de ser, 77

v

Diferencia entre asilado y exiliado

La m::¡yor diferencia que salta a la "ista es que no obstan!r qUt tanto ('1 asilado como el I!xili:ldo se han '"isla forzados a abandonar ,,1 territorio de un Est.ado, para domlcilian;e en otro. Sin embargo, mientras el primero (.asilado) esta amparado en una institución juridica que además de habrf hundido sus urces en la prá~tica ~I)nsuttudimuta. tambi~n está ~I.msagrada por Tratados internacionales que le brlnd.an la protección del Derecho Internacional; en tanto que el segunda (exiliado) busca proleuiím de hecho, pimifndv!c fuera del akance de b jurisdicción dtlEstado !ll que se encuentra subordinado. • T::nto asilado. CO~O exiliado gencraln:en!e aba~d?n:m volun!anamente el telTltono de un Estado por conSIderarse aSImIsmo como pl:fseguidos politicos, pe-ro en e\ caso de los exiliados, éstos también suelen abandonar el territorio de un Estado para ponerse a salvo de las acciones legales que eventualmente: instauraren en su contra los Tribun3les de Justici3 por la comisión de delitos comunes.

Elas,lapol¡licaen"IEC!ladory~~A.",érica

En el elSo del Ecuador, la mayor parte de las personas que se han autoe:dliado han sido prófugos de la justicia, ex funcion:llrios públitos a quienes se les ha imputado el delito de pteulado o de enriquecimiento ilícito, y tambi~n banqneros del sector privado que han fugado del pais perjudicando los intereses de los depositantes de valores monetarios. Ha sido práctica común referirse al exilio como un vocablo análogo al destierro, lo cierto es que aún cuando en el léxico corriente estos ténninos parezcan equivalentes o intercambiables, no lo son, porque cada uno de ellos tiene connotaciones juridicas diferentes. En efecto, mientras d exiliado abandona voluntariamente el territorio de un Estado no solo por motivos políticos sino también para evadir la acción judicial por la comisión de delitos comunes, el desterrado es objeto de una medida punitiva que se adopta en su contra únicamente por motivos políticos, y en cousecuencia, abandona el territorio de un Estado para sufrir su extrañamiento forzoso. La historia del Ecuador aporta con ejemplos aquellos casos en que producto del desbordamiento de las pasiones políticas, prominentes figuras de la política nacional han sufrido el destierro ordenado por gobernantes de tumo que han detentado el poder politico, así, Juan Montalvo, el notable escritor y opositor politico de los ex presidentes Garcia Moreno, y general Veintemilla, sufrió el destierro ordenado por éste último, y desde el lugar del destierro, en Ipiales, Colombia, escribió su obra lapidaria contra Veintemilla, "Las Catilinarias". El !ider de la revolución liberal, el geueral Eloy Alfaro, fue desterrado a Panamá como consecuencia de la odiosidad política que le profesaba el general IgnacioVeintemi1la.

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John~yRocoDeCaslro

El Dr. José María Velasco Jbarra que por cinco ocasiones ocupara la Pr,,~dencia de: la República por e-!ección popular, tras la caída de cada uno de los cuatro Gobiernos (r~cordemos que solo ternnnó su tercera istración, de 1952 a 1956), se vio en la necesidad de salir de-! país, y fijar su residencia en el cl'tterior, esto es, en Colombia, Panamá, o Argentina, bien como resultado de un eúlio voluntario, o bien como resultado dd dcstíerro fraguado por sus opositores políticos. El el!: presidente Carlos Julio Arosemena Monroy luego de su calda propiciada por un golpe de Estado orquestado por la Junta Militar de Gobierno presidida por el capitim de Navio Ramón Castro Jijón, tuvo que sufrir el destierro político en Panamá. Es perlinentc seftalar que a pcsar dc que la Constitución del Ecuador dicwda en el año 1946 pretendió frenar esta aberrante práctica del aes\lerro, aaao que dentro ae b sección HI. qúe se referia a las garantías especiales para los ecuatorianos, prescribía qu c "qutda prohibida la pena de destierro, )' en ningún caso un ecuatorbno ud t-1.p1Itriado tontra su ""oluntad", el\ta medlda sobrevivió de hecho algún tiempo más como arma política que ejcrció el Gobierno de la Junta Militar que depuso al presidente Arosemena Moneoy, como bkn ha sido expuesto. Ahora bien. de vuelta al sciilhmiento de las precisiones que demanda la semántica jurídica, también es necesario pl.ll1rnaliz:lr que

en cuanto al exilio, no podemos limitarlo al extrañamitnto tenirorial de carácter voluntario que una persona pueda realizar, sino además a aquellos casos en que como consecuencia de un conflicto armado interno. o una agresión annada externa, un Gobierno se ha visto forzado a abandonar el territorio patrio para estabte<;er'iC t~mporalmente en otro, y ejercer dcsde el espacio territorial del Estado que lo acoge, las acciones propias de un '"Gobierno en el 80

ElasilopolilicornelEcuodoryenAmérica

exilio", más como expresión simbólica de la legitimidad de la autoridad con que se encucntra investido, que como Gobierno en si mismo, puesto que cauce de control de los mecanismos del poder que son indisprnsablC"f. para hacer efectiva dicha acción de Gobierno. La historia contemporánea nos ilustra con generosidad de ejemplos, los casos en que se han instituido "Gobiernos en d exilio" con la anuencia del Estado que los acoge, y también, por 10 general, con el apoyo político de un segmento importante de la comunidad internacional.

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VI

Asilo territorild y asilo diplomático

Ambas modalidades de la institución jurídica del asilo, timen en común que han sido concebidas para proteger la vida, la libertad, la seguridad, o bien, la integridad en suma, de aquellas personas que

habiendo sido perseguidas por razones políticas e ideológicas, consiguen tal protccci6n poniéndose bajo la jurisdicción de otro Estado. Siendo en ambos casos una institución de carácter humanitario,

dentro dd

má~

amplio respeto a los derechos y libertades

furtdamentales de la persona humana, también tienen en común la circunstancia de que una vez otorgado el 'asilo por parte del Estado asilante, su concesión no puede ser considerada como una violación la soberanía del Estado territorial, ni como una intervención en sus asuntos intemos.

de

Otro de los aspectos comunes que merece de'stacarse entre el asilo territorial yelasilo diplomático es el concemientc asu, efecto s jurídicos, en efecto, si bien es cierto de que el carácter de wa u otra

El a.
fll .~",frira

mod.:Jlidad de asilo depende del lugar donde se lo otorga, bien dentro de la expresión geogtifica del territorio de un Estado" o bien dentro de las sedes de las misiones diplomáticas de acuerdo al principio de extraterritorialidad, hoy derogado, lo importante es observar que una vez concedido el asilo, sus consecucnciasjuridicas son las mismas, no existen connotaciones diferentes en razón de la modalidad del asilo solicitado y/o concedido en protección del individuo. Como queda dicho, una vez ¡;on¡;edido el asilo, y cuando el asilado ya se encuentra dentro del territorio del Estado asilante, es totalmente irrelevante para el Derecho Internacional, el origen o la modalidad de asilo a que se acogió el asilado. Pero más allá de los aspectos comunes que asemejan ambas modalidades de asilo, el asilo territorial y el asilo diplomático se diferencian entre si, por cuanto en cada caso cuentan con particularidades y características propias y distintivas que rnl"recen serc!arificadasacontinuación: VI.-a) Asilo territorial Esta modalidad de asilo que nace en la antigüedad clásica de la Grecia politeísta y pagana, que luego de haberse depurado romo institución juridica a traves de un proreso de t'voludón normath'a, ha sido fortalt'cida por la rostumhre Internacional y reconocido por el Derecho positivo internacional. Durante la edad media, el asilo eclesiástico y el feud31 constituyó una institución consuetudinaria istrada por la Iglesia, pero es necesario destacar que más tarde, en medio de la disputa entre el poder religioso de la iglesia y el poder secular del Estado, el asilo pasó a ser regulado por éste en virtud del principio de soberanía,

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Por otro lado, es menester Sdialar, que el asilo también evolucionó como una figura juridica que terminó siendo asimilada porelDerccholntemacional. Asl, la Convención de Caracas, Venezuela, sobre asilo territorial, suscrita en 28 de marzo de 1954, esublece que "todo Esuao tiene derecho en ejercicio de su soberania, a itir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por "d ejercicio de este dere:cho ningún Estado pueda ejercer re:damo alguno", De modo congruente con la disposición arriba citada en el Tratado de Caracas, este también prescribe que "El respeto quc según el Derecho Intemacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio, se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre: las persona que ingrcsan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidos por sus creencias, opiniones o fi\iaci6n política, o por actos que puedan ~er considerados como delitos politicos". Como podemos inferir, estas dos disposiciones nonnativas son complementarias para re:gular la facultad discrecional que tiene un Estado dentro de jurisdicción tetTitorial, y en ejercicio de Sil soberanía, para conceder asilo a los perseguidos por motivO$ políticos que ingresen dentro de sus frontery¡s territoriales. Para estructura el concepto de asilo territorial es menester que concurran los siguientes elementos esenciales: En primer lugar, la eJdstencia de un delincuente político o de un perseguido por motivos politicos; en segundo lugar, que el delincuente político o el perseguido político haya ingresado dentro

ElasilopoliticoenelEcuodoryenAmh-ico

de la jurisdicción territorial del Estado al cual se le requiere el amparo; en tercer lugar, es menester que una vez que el delincuente o perseguido político haya ingresado dentro de las fronteras geográficas del Estado protector, solicite a éste c:l asilo político; y cuarto, finalmente, debe otorgarse el asilo territorial por parte del Estado protector. Entre las principales disposiciones normativas, aparte de las ya citadas, contenidas en la Convención de Caracas de 1954, sobre asilo territorial,tenemoslassiguientes: a) Ningún Estado esta obligado a entregar a otro o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos; b) La extradición no es procedente cuando se trate de personas que sean perseguidas por delitos políticos, o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a interese rredominantcmentepolíticos; e) La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra é~te o su Gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el Gobierno del Estado reclamante;

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Jo"n~yRlX'uDeCa5tro

d) Ningún Estado tiene el derecho a pedir de otro que coarte las lib'ertades que su legislación reconoce alos ciudadanos extranjeros, incluyendo a los asilados o refugiados políticos, en particular la libertad de reunión o asociación, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el Gobicrno del Estado solicitante; e) A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio o asilo vigilará o internará hasta tula distancia prudencial de sus fronteras, a aquellos refugiados o asilados políticos que fueren dirigentes de un movimiento subYl'rsivo, y de aquel!os que se apresten a incOlporarseaé!; Los asilados están obligados a dar aviso al Gobiemo del Estado asilante sobre la salida de su territorio. Ella ¡e será concedida siempre que no sea al pais de su procedencia; Es oportuno mencionar que la Convención de Caracas sobre asilo temtori:ll regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquientde los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual, cesará en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los dem.:ís Estados signatarios; Fonnan parte de esta Convención los siguientes países; Brasil, ~olombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, y Venezuela. No obstante que tan solo doce paises han ratificado la Convención, este instrumento intemacional sirve de marco normativo referencial para el evento de que otros Estados se

El asilo poli/ka en ~I Ecuodoy y ni AméYico

encuentren inmersos frente a la aplicación de un caso de asilo territorial.

VI ,- b) Asilo diplomático Esta modalidad de asilo que se tmpezó aplicando en runción del principio de utraterritorialidad. hace su aparición a partir del siglo XV cuando por inidativa de la República de Venecia St empezó a establecer misiones diplomáticas permanentes, Durante el absolutismo monárquico todavía se prestaba asilo a los malhechores o delincuentes comunes, más no a los perseguidos políticos, a quienes se consideraba como sujetos de alta peligrosida d. Más tarde, cuando el calendario histórico marca el estallido de la emancipación amerieana y de la revolución sa, a fmes el siglo xvrn, nuevos vientos de reformas impulsan los cambios en el tratamiento jurídico del asilo, la libertad de expresión del pensamiento del ser humano se tomó en una costumbre respetada y amparada por el Estado, el cual empezó a dar protección a quiencs sufrían p~rsecución pOlítica e ideológica, por pensar y actuar de forma diferente al estamento gubernamental, en la misma medida en que se derogaba aquella otra costumbre de dar asilo a los acusados por delitos comunes. Es así como vcmos que lo que empezó siendo una costumbre humanitaria se convirtió gradualmente en un derecho previsto y normado por el ordenamiento jurídico internacional de carácter positivo. Son varios los Tratados internacionales que han regulado la instirución jurídica del asilo diplomático, quc no está por demás señalar que también ha sufrido cambios en su evolución normativa, el más recientc de estos instrumentos, es la Convención de Caracas, Venezuela, sobre asilo diplomático, suscrita el 28 de marzo de 1954,

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JohnnyR(X"QDe Crutro

la cua1 ha sido ratifica& por trec~ paí~s, 'J constituye el medi.o kga! más eficaz para ~!canzar la protección humanitaria a los delincuentes políticos '1/0 a los perseguidos por motivos políticos dentro de la jurisdicción dc Illl Estado. En el propósito de ensayar una definición sobre: asilo diplomátiC"o, puedo decir que es el acto de protección diplomátiC"a que basado en razones hllll13Ilitañas, concede un Estado a un delincuente político '110 perseguido por motivos politicos, el mismo quc lo ha solicitado al Jefe de Misión diplomática del Estado asilante, o bien al Comandante de una de las naves de guerra,. campamentos militares, o aeronaves militares del mencionado Estado asilante, situadas dentro del EstadotcrritoriaI. Por otro lado, es conveniente resaltar las más imponantes disposiciones nonnativas contenidas en la Convención dc Caracas sobre asilo diplomático y que merecen ser destacadas mediante un somero an~¡¡sjs cQmpara\ivo con res~cto al asito territorial. Las referidasdisposicionessonlassiguienles:

a) Todos los Estados panes en esta üm'lcociór. tienen el derecho de conceder asilo a los perseguidos políticos, pero si 10 niega no le obliga 11 declarar las razones de su negativa. Por lo tanto, el Estado tiene el derecho, esto es, la facultad discrecional, más no el deber de otorgarlo; b) Por ser la concesión del asilo diplomático una facultad discrecional del Estado asilante, le corresponde a este calificar b. naturaleza del delito y los motivos de la persecución, as! como calificar si se trata de un caso de urgencia:

"

E/a$,I"pollttCa,,, elEcuadory enAmirica

c) El asilo diplomático, como instirución jurídica no constiruyeun derecho a favorddsolicitante a que le concedan el asilo,e1 solicitante tan solo tiene el derecho a buscar asilo pero no el derccho a exigir que se lo concedan: d) El agente diplomático o el Jefe dd campamento o nave militar que hubiere concedido el asilo estará obligado a comunicarlo al Ministro de asuntos exteriores del otro Estado, a la brevedad posible; e) El Estado asilante no pennitirá ,al asilado intervenir en política del Estado territorial perturbando su estabilidad política: El Gobierno del Estado territorial puede exigir que el asilado salga de su territorio, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías necesarias para que abandone el Estado sin peligro para su integridad. Asimismo, el Estado asilan/e, después de otorgado el asilo, puede pedir al Gobierno del Estado territorial la salida inmediata del asi!ado; g) Al Estado asilante le corresponde el derecho a trasladar al asilado fuera del pais, pero el Estado territorial puede señabr la ruta de su traslado, sin que esto signifique la detenninación del lugar del destino; h) El asilado no puede ser desembarcado en ningún lugar del Estado territorial ni en ningún lugar geográficamente próximo a él, salvo que se presenten imponderables necesidades de transporte;

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i)

Cuando ~ca nC("C">ario lrasl3d.lr JI un a~ilado rore! territorio do! OL.u E~!ado su~criptor de ('Sta Convcnción de 3silo, el \r.i.nsllo ~n 3uloril3U\'l J'Ilr ble. sin m~s t~i~eru:bs que IJs sigui~'nlc5: I J La c,hibición por \·ia dipklm.lllc3 dd resrc-cti\"O sahoconduCIO\isaJo;y. con~tancil de IJ clliJ~J lid 3sillJo otorg3dl ~'i~¡lÍn diplomatica que: conccJiócla~ilo;

2) La

j)

por b

Bajo ningún con,epto le es licito nI E51:1do asillnle de-\ o!\'er nI asillJo al rl¡~ de- origen, a mcnos que e! a~ihJo Ik m:mCf3 c~rrcsa ton~icn\3 en dIo;

L) El asilo diploma!i,o no estj sujeto a rcciprociJlJ. en m.tón d"quecstacsuna¡nstituciónhumanitlril;

11 La

conee~ión dd a~ilo no di~crimina b nacionalidad dd solicitante:, tOOJ penoona, cualquic"Ta que sea su nl,ionllidad r ued c50!idl:Jrlo;

m) l;t eonCC!iión dd a~ilo diplomático no e,cluye [a ro~it>¡¡¡J;sd de que el Eslldo territorial solicite la e'l.tmdici~n Jd Ilsib.dl"l, la eu:!! podn ~r eonteJiJ ... Je conformiJJd con IJ~ r,mnalidJ,k~ ;urlJic3s que resubn /3 arlie3cióndecstainstilud(ln; n) La Convenci(ln sobIC asilo diplomático rige por pillO inJefinidll, r<'ro cualquicr Esudo signatario roJ¡á nduinc de dI:! dcnundlno.l.ola rneo.l.i:mle ¡nho ¡lnlicipao.l.o

E/o.II¡"p<>/ilira/'l'ltlEo-aJ"r'·M.f ... ,lrka

de un a~o, transferido este tiempo ccsará sus efectos p3m. eldcnunciante; Los Estados partes de esta Convención adopt;¡da por la X Conferencia Internacional Americana (Brasil, Costa Rica, Eeu!ldor, El Salvador, GU!ltemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, PCfÚ, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela) en algún momento de su historia han aplicado C'sta institución del asilo diplomático, activa o pasivamente, bien como Estado asitante o bien como Estado territorial, lo cual ha contribuido a afianzar esta instituciónjuridica que tiene fuerte raigambre consuetudinaria en América, y que ha sido asimilada por la norm:ltiva del dcrecho positivo. En este punto, cabe aclarar que la Convención de Caracas que regulac1 asilo, no creó esta institución. se limitó areconocerla,ental virtud, incorporó principios jurídicos preexistentes contenidos en la costumbre internacional americana como el de la calificación unilateral de la naturalcm del delito, punto que sirvió de argumento para que Colombia reclamara en exclusiva la facultad discrecional de conceder asilo a Víctor Raúl Haya de la Torre, contrari!lndo el criterio del Gobierno peruano respecto de que el referido politico pcruano estaba inmerso en un dclito común, y no en un dclito politico como alegaba Colombia, todo esto en relación al caso más sonado y juridieamente controvertido en la aplicación del asilo diplomático en América, porque el caso, además de tener amplias connotaciones sociales y políticas para Peru y Colombia, tambi¿n trascendió a conocimiento y Resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Hobnd;¡, cuya ;¡etu;¡ción ya he comentado con antelación en esta obra. La Convención de Caracas ~obre asilo diplomático que ha sido concertada en el marco de los Estados de la OEA, si bien está vigente para los Estados signatarios que la han ratificado, 91

johnnyRMaD.!Ca:t1ro

algunos de dichos Estados lo han hecho ellpresando sus reserv¡1s. En efecto, Guatemala, Uruguay, Rrpublica Dominicana, y Honduras, fonnularon sus reservas a esta Convención internacional, bs mismas que en el orden indic3do son del tenor siguiente: Guatemala: Hacemos reserva del articulo 2 en cuanto declara que los Estados no están obligados a otorgar asilo; porque sostenemos un concepto amplio y finne del derecho de asilo. Asimismo, hacemos reserva clIpresa dI!! ultimo pirrafo del articulo 20, porque nlantenemos que toda person3, sin discriminación alguna, está bajo protección del asilo. Uruguay: El Gobierno del Uruguay hace reserva del artículo 2 en la parte quc establece que la autoridad asilante, erl ningtin caso esti oblig;:¡;da a concedcr asilo ni a declarar por qué lo niega. Hace asimismo reserva dI!! articulo 15 en la parte que establece: .....sin otro requisito que el de exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado 'J con la constancia oc la calload de asilado otorgada por la Misión diplomática que acordó el asilo. En dicho tclnsito, el asilado se le considerará bajo la protección del Estado asil;l.ntc". finalmente, hace rescrva <.kl segundo indw del artículo 20 pues el Gobierno del Uruguay entiende que todas las personas, cualquiera sea su sellO, nacionalidad. opini6n o religi6n, gozan &.:l derecho de asilane. Rilblica Dominicana: La Republica Dominicana suscribe la anterior Convención con las reservas siguienfes. Primera: la ReplÍ.hlka Dominicana no acepta las disposiciones contenidas en los artículos 7 y siguientes en 10 que respecta a la caliJicaciónunilateral de la urgcnciaporel Estadoasilante.

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El asilo polinco en ti Ecuodor y enAmérjca

Segunda: Las disposiciones de esta Convención no son aplicables en consecuencia, en lo que a la República Dominicana concierne, a las controversias que puedan surgir entre el Estado territorial y el Estado asilante, y que se refieren concretamente a la falta de seriedad o a la inexistencia de una verdadera acción persecutoria contra el asilado contra el asilado por parte de las autoridades locales. Honduras: La delegación de Honduras suscribe la Convención sobre asilo diplomático con las reservas del caso respecto a los artículos que se opongan a la Constitución y a las Leyes vigentes de la República de 1I0nduras. En cuanto a los Estados Unidos de América, es oportuno señalar que este país no suscribió las Convenciones de Caracas, de 1954, como tampoco su~cribió la Convención de Montevideo de 1933, y si bien es cierto que si suscribió la Convención de La Habana de 1928, lo hizo fonnulando la reserva de que no aceptaba la denominación doctrinaria del asilo político como parte integrante del Derecho Internacional. En general, los Estados Unidos se han mostrado abiertamente opositores a la práctica del asilo diplomático.

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VII

El asilo diplomático es un derecho del Estado que lo concede, o constituye un derecho de la persona que lo solicita?

La Convención dt asilo es una expresión de la facultad 50ber:lna del Estado que lo olorga, no constituye un deber para dicho Estado acceder a la petición de asilo que le sea presentada, porque el

pedido de asilo no implica un derecho individual para quien lo solicita, sino, como queda dicho, es

1I!1.l

facultad soberana del Estado

asilanteelconcedcrlo,obien.negarlo. La Convención de Caracas sobre asilo díplomático re¡;;onoce

en su articulado esta práctica consuetudinaria que establece "Que todo Estado tiene derecho a conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a dedarar porque ¡a niega", La precedente disposición nannativa esta tn consonancia con lo preceptuado por el artículo 29 de la Constitución de la República del Ecuador, el mismo que textualmente dice as!: "Los ecuatorianos perseguidos por delitos políticos también tendrán derecho a solicitar asilo y lo ejercerán de conformidad con la Ley y los Convenios internacionales. El Ecuador reconoce a los extranjeros el derecho de asilo",

El asilo político en el Ec~adoryen Am"rka

En este punto, cabe aclarar que no existe ninguna incongruencia entre la nonna constitucional que reconoce a la persona (ecuatorianos) el derecho a solicitar asilo, y la mencionada disposición contenida en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, en cuanto a que es el Estado a quieneorresponde dieho derecho a conceder asilo, y no existe tal incongruencia porque ambos derechos no se excluyen entre sí, más bien se complementan. En realidad, el derecho al asilo no le corresponde a la persona, sino al Estado que lo concede, la persona tan solo tiene el derecho a solicitarlo, pero es finalmente el Estado quien se reserva ti derecho privativo de otorgarlo invocando aspectos de orden humanitario, o bien el dc ncgarlo de conformidad con su criterio discrecional. Por otro lado, el principio constirucioml que nuestra Carta Magna reconoce a los ecuatorianos y a los extranjeros, y que se traduce en el derecho para solicitar asilo, de conformidad con la Ley Y los Convenios internacionales, también esta presente en 13 declaración universal de los derechos humanos, como también lo esta en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre. En efecto, la declaración universal de los derechos humanos prescribe en su artículo 14, lo siguiente: "Art. 14.- 1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas". Por su parte, la declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artÍCulo 27 prescribe ''Toda persona tiene el derecho de buscar y lecibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y

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Jol",nyRocaDeC¡utro

de acuerdo cor la legislación de cada país y con los Convenios internacionales". Las declaraciones precedentes, si bien no producen un efecto jurídico vinculante en derecho que sujete la conducta de los Estados, al menos si constituyen un marco referencial de carácter moral que guía el comportamimto di': los Estados. Inclusive, la Resolución 2312 dictada el 14 de diciembre de 1967 por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre asilo territorial reafinna el principio también existente y contenido en las antes mencionadas declaraciones y Convenciones sobre asilo diplomático, en cuanto a que el asilo es un derecho que- le asiste a la persona para solicitar la protección humanitaria. mas en ninguna parte del te-xto de la referida declaración se seftala expresamente, o se infiere de ella, que el solicitante puede e¡¡igir a las autoridades del Estado asilante, la concesión del asilo, por lo tanto, en el sentido antes invocado, el derecho que le corresponde a la persona radica en solicitar el asilo, pero es facultad del Estado el concederlo o denegarlo . . La Convención Americana sobre Dcrcchos Humanos, también denominada "Pacto de San José de Costa Rica", suscrito el 22 de noviembre de 1969 también establece en su artículo 22, numeral 7, que '"Toda persona tiene el derecho de' buscar y recibir asilo en territorio e¡¡tranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes cone¡¡os con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los Convenios internacionales". Del mismo modo, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblo~ recoge el derecho al asilo formulado en los siguientes términos: "Art. 12, numcral3, Todo individuo tendrá el derecho, cuando sca perseguido, a buscar y obtener asilo en otrQS 96

países de conronnidad con I:!s Leyes dc dichos países y los Convenios intemacioll.3les",

y en relación a la misma materia del asilo, el referido instrumento internacional agrega en su artículo 23, numeral 2, literal a),losiguiente: "Con el fin de fortalecer la paz, la solidaridad y las relaciones amistosas, los Estado, firmantes de la presente Carta garantizarán que: cualquier individuo que disfrute del derecho de asilo contempl:!do en el artículo 12 de la presente Carta no realice actividades subversivas contra su pais o cualquier Estado firmante de la presente Carta", Es conveniente resaltar que la Convención de Caracas sobre asilo diplomático nada dice respecto a la posibilidld de que un Estado ofrezca u otorgue asilo invocando protección humanitaria sin que medie un solicitud previa de asilo por parte de la persona que sea objeto de persecución por motivos políticos, y en consecuencia, se vea amenazada en su seguridad. su vida, o su libertad, En este caso, ¡a oferta de cualquier Estado de otorgar un asilo no so!icitado, deberá interpretarse al tenor del precitado instrumento intcrnacional como un acto de intromisión inaroistoso en los asuntos domésticos del Estado territorial porque viola el principio del Derecho Internacional de ''no intervención", Sería peligrosísimo que los Estados tomaran partida prejuzgando hechos y/o situaciones de los aclores de la politica intemade los Estados territoriales, calificando a quienes considera perseguidos políticos por las autoridades locales, paTa luegoofreccrles de manera libcral e inconsulta la protección de asilo. Este hipotético proceder solo acarrearía tensiones entre las pretensiones de los Estados asilante y territorial, que bien podría dcsencadenar graves incidentes diplomáticos que en salud se pueden evitar, es por ello que la letra y el espíritu de la Convención de 97

Caracas sobre asilo diplomitico omitió esta posibilidad de que un Estado en forma unilateral y sin ptevio pedido de l'I.$ilo por parte de algún individuo, pueda ofrecerlo u otorgarlo de la manera más liberal. Sin embargo a todo lo expuesto, es preciso acotar que la ya mencionada disposición contenida en el articulo 27 de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del hombre, presenta una innovación en la materia, porque ya 110 se refiere tan solamente al derecho que "\oda persona tiene de buscar as\\o", sino también el de "recibir asilo en territorio extranjero, ... " En los mismos ténninos se refieren los otroS Convenios Internacionales antes citados, estos son, e! Pacto de San José de Costa Rica, y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que ya fueron mencionadas oportunamente. Estas últimas disposiciones citadas pudieran m:lrcar el inicio de una tendencia evolutiva en cuanto a que no solo el pedido de asilo constituye un derecho a favor de la persona, sino también el recibir el asilo sería parte de ese mismo derecho, de lo cual se infiere que de consolidarse esta tendenda se reduciría, o bien desaparecer/a la discrecionalidad que tiene el Estado asilante en cuanto a la concesión del asilo. Su derecho y/o facultad a conceder asilo dará paso a un deber de otorgarlo luego de verificar que el solicitante nO se encuentre inculpado o procesado en fonna ante Tribunales ordinarios competentes, por delitos comunes, o esté condenado por tales delitos y por dichos Tribunales.

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VIII

A quién le corresponde calificar el asilo político, así como el caso de urgencia que reviste la circunstancia del solicitante?

Al tenor de lo dispuesto en la Convención de Caracas sobre asilo diplomátk'3 corresr-cllik al Estado B,f.i\antc h. calificación de la

naturaleza del delito y/o los motivos de la persecución, para determinar si procede o no cOnted(-T el asilo político, para este efecto, no importa si las informaciones que presenten las autoridades del Gobierno territorial frente a llll pedido de asilo, pretendan sostener la existencia de un delito comun, en este caso, igualmente prevalecerá la resolución que adopte el Estado asilante, porque dicha resolución no puede ser discutida o apelada ante ninguna instancia judicial o arbitral., ya que es de la esencia del asilo como institución jurídica d~ carácter humanitario que éste sea calilkado exclusivamente por d Estado asilante. La evolución nonnativa de la instituciónjurldica del asilo que ha alcanzado su mejor expresión en el derecho positivo mediante la Convención Caracas, de 1954, sobre asilo diplom:ítico, atravesó inkialmente serias dificuttades en s.u aplicaci6n. ya que la Convención de La Ilabana, de 1928, no contenía ninguna disposición que confiera al Estado que otorgue el asilo una competencia

oc

Jo/¡nrryR(J("QDeCastro

unilateral para calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución que justifiquen la concesion del asilo, y que sea vinculante en derecho, obligando en consecuencia al Estado territorial a respetar su decisión. Fue precisamente la ausencia de esta norma que señalara e¡¡plidta y categóricamente que es facultad discrecional del Estado asilante la calificación del asilo, la que produjo un serio contrapunto diplomático entre Colombia y Peni, en el año 1948, a propósito del pedido de asilo diplomá.tico del dirigente político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre a la Embajada de Colombia en Lima. Como ya me he referido a este incidente diplomático en otra parte de esta obra, po voy a abundar en detalles, tan solo quiero recordar que una vez que la representación diplomática colombiana concedió el asilo a Victor Raúl Haya de la Torre, y solicitó el respectivo salvoconducto para que éste abandone el país, el Gobierno peruano se negó a otorgar el salvoconducto alegando que la Convención de La Habana, instrumento internacional del cual era pane signataria, no concedía ninguna prerrogativa al Estado asilante pata calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución a la persona solicitante del asilo, y por lo tanto, el Perú, como Est¡¡do territorial reclamaba también el derecho de calificar el asilo. En síntesis, lo que para Colombia era un delito político, para Pero constituía un delito común, pucsto que imputaba a Víctor Raúl Haya de la Torre el delito de rebelión sancionado y reprimido por su legislación penaL Corno vernos, este vacio normativo de la Convención de La Habana. para determinar a quien se le corresponde otorgar el asilo diplomá.tico, originó un ime internacional entre dos Estados btinoamericanos, que terminó con la c¡¡pulsión de Víctor Raúl Haya de b Torre del territorio peruano, luego de casi seis años de permanecer asilado en la Embajada de Colombia, en Lima, y que incluso, a pedido de ambos Estados, concitó la intervención de la Corte Internacional de Justicia, con sede en [a Haya, la cual dictó una 100

El a.,¡lopi'lillro <'ti tI Ecu- yrfl América

Sentencia muy cuestionada en derecho, porque lejos de contribuir al fortalecimiento del asilo como institución jurídica del dcrecho regional americano, prácticamentc la desconodó, ignorando no solo la vigencia de la Convención de Montevideo sobre derecho de asilo, de 1933, la misma, que a diferencia de la Convención sobrc asilo, adoptada en La habana, en 1928, sí reconoce expresamente que el Estado que presta el asilo se rcserva el derecho de calificar la naturaleza del delito y/o los motivos de la persecución, sino que también ignoró que aun a falta de una norma exprcsa de carácter convencional debla aplicarse de modo supletorio bs normas de carácter consuetudinario que reflejaban principios jurídicos preexistentes aceptados por b comunidad regional americana, que regubban la aplicación del asilo, entre los cuales se encontraba, precisamente, la facultad quelc asisle al Estadoasilanle a calificar unilateralmentc la COnvención del asilo. Es cierto, que en la práctica, la aplicación del asilo político, en muchas ocasiones había tensionado las relaciones entre Estado asilante y Estado territorial, puesto que ambos invocaban el principio de soberanía para decidir sobre la concesión o no del asilo, pero estas asperezas diplomáticas t("rminaron cuando se puso en vigencia la Convención de Montevideo sobre derecho de asilo, y la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, donde se despejó cualquier duda respecto a la parte a quien le eonesponde la calificación del asilo. En lo que concierne al asiloterritorlal es oportuno puntualizar que rigen los mismos principios atinentes a la aplicación del asilo diplomático, en lo referente a quien le corresponde calificar el asilo. En efecto, la Convención de Caracas sobre asilo territorial también Teconoce este dere\:.ho al E¡:,tado a¡:,ilante en virtud dd ejerdcio de su soberanía, e invoca de conformidad con el Derecho Internacional la jurisdicción sobre los habitantes de su territorio, como igualmente y sin ninguna restricción, sobre las personas (cualquiera que sea su

101

jQn"lfY R<X(J D~ Castro

nacionalidJd) que ingresan con procedencia de otro .Estado donde son perseguidos por sus creencias, opinione~ o filiación política o por actos que puedan ser considerados como de!itos politicos. Como corolario de este tema me pennito resaltar cu:m acertad:!. son bs Com·enciones de Caracas a la que ya me he referido, puesto que en ambas sí se ha estipulado de modo claro e inequlvoeo de que es el Estado asilante al que le corresponde calificar la naturaleza dd asilo o de los motivos de la persecución. Para el ejercido de este derccho, no afccta en nada el deber que tiene el funcionario del Estado asilantc de tomar en cuenta las informaciones que el Gobierno territori311eofrezcaparanormarsucriterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia dc delitos comunes conexos; porque al fin de cuentas debcrá respetarse su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. (Convención de Carocas sobrc asilo diplomático). De haberse consentido que la calificación de! asilo sea una atribución compartida entrc el Estado asilante y el Estado territorial, tal como Jo propuso la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dentro de la confusa sentencia dictada en el caso de asilo de Jl:1ya de la Torre, hubiese significado boicotear l;t institución de! asilo en detrimento del asilado (solicitante). puesto que dificilmente el Gobicrno dd Estado tcrritorial ¡l.dmitiría su conducta dI! persccutor politico a fin de no dar sustentojuridicoa la petición del asilo. Puestas asl las cosas, el asilo diplomático y el asilo tcrritorial constituirían un mecanismo ocioso e inoperante como institución de protección humanitaria a favor del individuo amcnazado en su vida y/o en su libertad. y la posibilidad de aplieaciónde asilo l'0rparte del peticionario, no pas:lríade ser un inútil ejcrcicio diplomático cuyO resultado estaría condenado al fracaso. Del mismo modo que al Estado asilante le corresponde califiearla naturaleza del dclito o dc: los motivos de la persecución en cad3 caso en que le fuera solicitado e1 asilo, también le corresponde

/02

[;/ asilopnf¡tlco C'f ,,1 ECllad~~)' ~n Amcrica

apreciarla urgencia dcl asilo que se solicit;!, lada vez que allenordc lo dispuesto por la Convención de Caracas sobre asilo Diplomático, esta percepción es facultad exclusiva del Estado asilante. Así, de confonnidad con el precitado instrumento internacional el asilo no ¡wdd ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del paiscon las seguridades otorgadas por el Gobicrno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad el asilado. La misma Convención de Caracas, nos señala, sino de modo laxativo, algunos casos hipotéticos en que podrá interpretarse la urgencia del solicitante, como son aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida O de su libertad por tazones de persc-cución política y no pueda, sin riesgo, ponerse dc otra manera en seguridad. La vida política del Ecuador ha recogido en su historia todos los casos hipotéticos señalados por la referida Convención, relatando casos de individuos perseguidos por causas o motivos políticos por parte de turbas enardecidas, o bien por la autoridades de Gobierno, que han puesto en peligro su vida y su libertad, y para precautelar su seguridad no les ha quedado otra alternativa que solicitar la protecci6nel asilo. Pero en este punto cabe aclarar que estas causas no han sido excluyentes de otras que recoge nuestra misma historia nacional, asl observamos que la persecución politica también se ha dado ha través di! partidos políticos que han instrumentado a las Cortes de la función judicial para realizar burdas persecuciones políticas.

103

Jo"n,,)' Rocll D~ Castro

Lo cierto es que de acuerdo a la Convención de Caracas tantas veces citada corresponde al Estado asilante no tan solo calificar la naturaleza de! delito o los motivos de la persecución de modo previo a la concesión del asilo, sino que también es su prerrogativa, por ser su facultad exclusiva y excluyente, calificar la urgencia del asilo que se solicita para su concesión.

1M

IX

¿Cuándo procede la concesi6n del asilo político?

Por regla general el asilo diplomatico y/o el asilo territorial lo puede conceder el Estado asilante cuando le haya sido solicitado por cualquier persona que se encuentre perseguida por motivos o delitos

políticos, sin considerar si dicha persecución sea propiciada o tolerada por las autoridades de Gobierno, o por una muchedumbre que amenace la vida, la integridadfisica o la libertad de la persona. Pero para decidir sobre la procedibilidad o no, de acceder a la

petición de asilo político, es menester que el Estado asilante se formule un juicio de valoración previa, esto es. determinar si el {Jeticionario es un perseguido por un delito político o si 10 es por

motivos o causas polfticas. Aun más, esta v.alor.aciÓn que puede eatr en t1lerreno de la subjtlivo se complica mayorm"nte a la hora de eon{'tptuar lo qUt tS un dl!'lito politico, toda vez que no elisle ningún lnslrumtnlo internadona.1 en materia de asilo que lo haya definido en ttrmiDosjnrfdkos.

J"h~n.v Rm.·"

De Castro

Tanto las Convenciones internacionales en materia de asilo, así como las declaraciones internacionales sobre la misma materia que se refieren al delito político, lo mencionan sin definirlo. Inclusive, nuestra Constitución política también lo menciona en dos oportunidades: la primera, lo hace en el artículo 29, cuando señala que "los ecuaforianos perseguidos por delitos politicos tendrán derecho a solicitar asilo y lo ejercedn de acuerdo con la Ley y los Convenios internacionales.... La segunda ocasión en que la CónstituciónecuatorianamencionaalosdelitOspoIíticos,seobserva en el artículo 130, numeral 15, cuando enuncia taxativamente los deberes y atribuciones del Congreso Nacional. "Conceder amnistías generales por delitos políticos, e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes ... ". Este yacio de definición jurldica reflejado en nUí'stra Constituclóll politica y en los instrumentos jurfdicos internaciomlie5, ha sido llenado por la docerilla jurídica que ha enSll.yado a través de diferentes tratadistas. distintos ronrrptos de lo que es un delito político, pero todos coinciden en aspectos comunes para definirlo. En efecto, se considera que hay un delito político ruando una persona ha atentado gravemente contra la estructura organh:::tclonal del Estado, o bien contra su ordenamiento político jurldico constitucional, ton ,,1 propósito de cambiarlo para fnorl;'ter su '"islón política e Ideológica. Por 10 tanto, el móvil y/o objetivo que persigue el actor denominado "delincuente politico", siempre es idealista. Es precisamente la naturaleza altruista por alcanzar los fines para mejorar las condiciones politicas sociales de su país, o del mundo, desde l1,lego según su propia cosmovisión, la que constituye uno de los rasgos fundamentales para detenninar el carácter político del delito que se persigue, sea éste, Un delito político puro, o bien, un delito conexo con un delito político.

J06

Ela..i1opoli¡icomelEcuodo.yen Amirica

Como corolario de ~ste punto, podemos observar que la intención qut p~nigue el agente al perpetrar el delito. o bien, de romper el ordenamiento jurídico político de la institucionalidad del Estado, St inspira siempre tn principios y valores polítiCO$ que condicionan emocionalmente y gobiernan políticamente la conducta de dicho agente. Si biene~ cierto que !a comisión de estos delitos políticos son más propicias en países que soportan una débil institucionalidad política, donde la inestabilidad en materia de gobemabilidad es muy precaria. como sucede en los países latinoamericanos, también es cierto que la comisión de delitos politicos no es patrimonio ell.clllsivo de esta región dd continente americano, solo basta revisar la historia europea má<¡ reciente, con el conflicto en los baleanes que concluyó con la desaparición de Yugoslavia, o bien, el conflicto en Chechenia dentro de la Federación rusa, en el continente asiático, para corroborar este aserto. Es más, suficiente con recordar que fue precisamente en Europa, luego de haberse consumado un delito político con el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio austro-húngaro, por parte de un nacional dc origen servio, en Sarajevo, Bosnia, en 1914, se encendió la primera guerra mundial, puesto que el hecho criminal constituyó la causa ocasional que desencadenó tan devasladorn guerra.

Dc vuelta al análisis de lo que constituye un ddilO politico, debo itir que no siempre en fácil evaluar la motivación de la persona cuyas ideas lo inducen a la comisión de un delito que pueda ser calificado como delito político, o como delito común. En más de una circunstancia, una delgada linea los separa. sobre todo cuando se trata de calificar a los delitos comunes conexos con un delito político, por ello, insisto en que la valoración subjeth'a juega un papel preponderante para su detcnninación, es así, que muchas veces quien comete un delito se ampara en la calificación de político, mientras las autoridades locales que lo juzgan, lo hacen bajo la J07

J"h""J' Roca CW Cauro

consideración de que el individuo en cuestión ha cometido un delito común, Precisamente por eso, insisto, que h;¡y que atender a la intención inmediata, o mediata de lo que busca o se propOne el agente con la perpetración de la infracción delictiva, de ahí que sea tan ilustrativo y aleccionador el cotm:ntario de! maestro Jiménez de Azua, cuando dice que "el delincuente político busca mejorar las formas po!ític¡ls y las condiciones de vida de las mayorías, Si triunfa en su empeño será un héroe, si fnlcasa será un delincuente",

108

x

¿Cuándo no procede el otorgamiento de asilo?

X.-l.- La primera limitación o impedimento que cita la doctrina, y que recogen las Convenciones internacionales debidamente fundamentadas en las raíces consuetudinarias que han moldeado la institución del asilo, está d:lda "para aquellas personas que al tiempo de solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas en forma ante Tribunales ordinarios competentes y per delitos comunes,

o están condenadas por la comisión de tales delitos y por dichos Tribun;¡les sin haber cumplido las penas respectivas ..... Esta negativa para la concesión del asilo que ha sido expresamente señalada en los

términos precedentes por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, descarta la posibilidad de dar asilo a personas encausadas por delitos comunes, hacerlo seria incurrir en UD acto ilícito al tenor de lo preceptuado por la misma Convención, además de la lectura de su texto se infiere que no ite la concesión de asilo a personas que sean perseguidas por la comisión de tales delitos de derecho común, ni aún por la vía de la excepción.

Johnn,'Roca&Castro

X.-I.:!..- Consideraciones juridicas respecto a la conct'ptualilarióndeldeUtopolíticó Es verdad que en la práctica muchas veces nos vemos avocados a la dificultad de evalwr si nos encontramos frente a la comisión dc un delito politico puro, o bicn frente a un delito político conexo con un delito común. La docfrirta se ha encargado de ilustrar muchoo ejemplos o hip6tes.is que nos permitan discernir con c\ruidad tales giruaciones, para ello es necesario entender no solo la personalidad psico social del delincuente, sino fundamentalmente las motivaciones profundas dI! carácter ideológico y politico que inducen al individuo h:lci:l una conductaantijuridic3. El doctor Rodrigo Borja Cevallos, en su enciclopedia jurídica al referirse a los delitos políticos conexos dice que éstos "se inspiran también en motivos eminentemente políticos, violan derechos del Estado y de los particulares, aunque no simultáneamente ni con el mismo acto, y están objetivamente integrados p<)r 'lanas acciones delictivas, estrechamente relacionadas entre sí, de las que unas fÍenen por fmalidad inmediata preparar, facilitar o consumar esas acciones o arreglar la impunidad de sus autores. La muerte de un guardia presidencial, causada COIl el propósito de penetrar en la oficilla del Presidente para derrocarlo, es un ejemplo ilustr3tivo de esta cbse de delitos. El designio ccntral del autor DO es matar al guardia sino derribar al Gobierno en la persona de quicn lo preside. A esta finalidad superior están subordinadas to&s las acciones que, consideradas aisladamente. constimirían sendos delitos comunes, pero que en la trama global no son más que movimientos rios que dan forma al delito politico fmal, al cual qued:m, incorporados. Es la consideración teleológica la que se impone y comunica d carácter político a infracciones cuya naturaleza objetiva pareciera común.

110

ll .. ":.,,..,.',, .. ,,.·~
Dentro dd d.ct'3te enITl3~aJ,l rJI"J !>O'lcncr Illc(>riJ ~l.:1:-JCU\ J como rLlnd.!mcnto del dchlo ['<'lítico mC"1"C'C:C"1l ~cr dc.'!'!.lca.1J\ 13, ro,iá'nC$ dnctlÍnJlÍJ\ tanto de Jlm':na d ..• ATLlJ C(lmo de (Lldl,) ("aMn. quiCl1C'"'l ~.l..·'t.lcJn el a/lrui'm,) .l:f mÓ\lf. el h~hll .le quc el dchncuente ['<'¡¡tICO C"" un interpretc de 1... \ ('hm!.lJ de \111 rn,,,,,)' la rnJ)\'r de 1:1\ \cee\ de un rud,I". RC"\3h;,r I.l au'enci.l d~ pcll¡:m\lJJJ en e~le tiro de l.khlO"'i.1a que C'~ un rmhkm., de ~ ..,.. de d.l\('. rUM quien ~e Ic\ant;¡ contra d ro.xlef(l"\.(l. C\ rch¡:n....o rJr.I él, rcm 1'.1T.l el rue1:-lo o gruf'O que rcrr~enl.l. el delinC\.lcnlc f'OllIicn ('"'; 1" clÍ\t31i/.Jdo11 de ~u~ m.h rum~ i&:l1cs. reTO h.ly que aebr3r que junto 3. e~tn~ delmcuentes r"liticll~ 1>C k.... anl.ln (>Ir(l~ que c'fnm;enJ" C~I.l l-:mJen., lirnrn fjn~ lImhici".ns, j"'("T}nIl.1Jr" t'F"¡'I.H (> criminales que Jrm\~hJn \;n cirCUn\13nciJ\ Jo: I.t, comul,k'nc\ ro.l!itic:l~ r:ln rcalillT ~u~ fim.-.;. rara el aUlor Fcrri. quien ~ cJ que mJ~ dClklITnl!,j la h:"lÍ3 suhjcli\"a. ~~(>n ddit<'K ro!ilico~.soci.ll~. como el )", lbma. 10\ c"(clll~i\'Jmen!c ['('r mnlho~ I",li[icll~ o Lk inlcr':$ cok1:ti\o. comc!id,,~

[1 d.:lilo rolitieo-,ocÍ.lI. cUJndu no ~e llne a rOIT1l3~ 1I1j\ ica, de dciincuenei3. t'~Ll dctermin;,do ror moviles J!trui\u~, a \~CS utórko~, esto cs. consi~lent~·s en b rn:ocuradón de un mejor si~tenlJ roli1ico soci~1. en beneficio tle la snCletllJ entera () d~ unJ tl~tcrmit\3J.t c1J~e de la mi~ma. [~ decir, mOli,o~ y fine~ tle mejonmienlo colo:\:tlvO, indllSO «('n'~mico. surclÍOfC"5 y tll\ Cf'<.M de lo~ mó,"iks Cf!0¡~tJ'¡ Y rcrsonak~ del ddinC\.lente común~.

La teoria ~uhjeti'J quc fLlnJanlCTll.l el Jdllo pcolltiCl', tiene alf!unos detnctc>f(S que la cntí,an ;JCCIT>ln1enle. cntre clh,~ C\ti EduJrdo rU\.JJa C:lIi,Ó qukn al n:fcrin.e al lirto sorTe 1,,, delitO'. roliticos ruhlicJdo en 19-1S ror Lui~ C.JrlCK I'trel a nil .le lo~ acontecimientos \u~eitJJ()~ a con~ecuCl1~iJ del J\t"inJlo .lo: Jorge

111

.John"YRO<:Q~Castro

.

en

Eliécer Gaitán abril de ese mismo afta, popularmente conocidos como "El Bogotazo", expresb textualmente lo siguiente: "Aunque su interés especifico en aquel momento fue la defensa de quienes participaban de los levantamientos masivos tras el asesinato de Jorge Eli¿cer Gaitán el 9 de abril, Pérez hizo allí planteamientos generales sobre el delitos político que parecen mantenerse aún vigentes en 1I1gunos círculos del país. (Colombia).

La sU'Ya fue una fr~a a\101o'6\a &.1 ddim \'Oli.tko, <¡,\l,<¡,t'!....tad? sobre una concepción exclusivamente sociológica del crimen, donde el delito es apenas "smtoma que denuncia enfermedades del organismo social, y los monsrruos criminales se consideran hijos de su mundo circundante. Por eso, el delito pO!Ílico no debe estudiarse unilateralmente en su relación con la Ley, sino tambi':n en su génesis, en su relación con los sentimientos, ideas, prácticas y sistemas vigentes para un conglomerado nacional. Todo delincuente scría así producto de la sociedad, pero existiría una distinción --de acuerdo COn los móviles que hayan determinado la viobción de la Ley-, entre los llamados delincuentes comunes y los delincuentes políticos: en los primeros, señ:da Pérez, los móviles son de interés egoísta y antisocial. En los segundos, son de naturaleza altruista y social. Pérez veía la grandeza en el delito ~olítico, ya o,ue este 1,lrOCt:de,,, del carácta r:w:inuaJ.. No te abtig,aba duda alguna que frente al tirano existía la legitimidad del derecho a asesinarlo. Más aún, tal acto se habría COnvertido en un deber de altruismo social. Los delincuentes politicos no serian infractores ... desde el punto de vista moral, pues sus actos aparecen orientados hacia el porvenir, hacia lo grand~ y próspero". Más adelante, Eduardo posada Carbó comentando un ensayo que sobre delito politico elaborara el economista Mauricio Rubio, expresó: "Dos de sus reflexiones sobre el delito político merecen

112

El a,ito poli/!co en el Ecuador y

e~

Amhica

particular énfasis. La primera nos sugiere la necesidad de separamos de las escuelas criminológicas que juzgan el delito por sus motivos antes que por sus nocivos efectos. Rubio se encuentra aquí en sólido teJTeno, acompañado del tratadista clásico Cesre Beccaría, quien en su famoso Tratado afinnara que . El filosofo español Fernando Savater sostiene que: "La sobrevivencia de la noción del delito político es un anacronismo incompatible con los esfuerzos de constituir una democracia y una sociedad justa, Más aún si con ella se busca legitimar actos horrendos de violencia extrema. Poner bombas o secuestrar ciudadanos no son actividades políticas de una democracia. En contra de la, escuelas tradicionales que sugieren darle un trato benigno al delito polítiCO, Savater además considera que la motivación política que lleva a cometer delitos violentos no tielle por que ser ulla eximente penal, no moral: en un Estado democrático de derecho más bien debería ser un agravante". Eduardo Posada Carbó concluye sus comentarios al respecto, diciendo "que haya existido en el país (Colombia) una tradición constitucional de trato benigno al llamado delito político no significa que esa tradición haya sido necesariamente bondadosa ni que. hacía el porvenir, deba imponerse a las nuevas generaciones sus nefastas cODsecuencias. Mientras sobreviva, la violencia criminal de cualq uier tipo siempre encontrará allí incentivos y justificaciones". La posición contraria a la doctrina que sustenta la teorla subjetiva del delito político, se flUldamenta en que tan solo se reputan como delitos políticos unicamente aqudlo~ que, bajo diferentes denominaciones, se encuentran previstos en las Leyes, en 113

Joh",ryR()('Q~CQStro

salvaguarda de las condiciones de ellislencia del Estado como organismo poBlico. Se atiende imicamente al bien juridico tutelado. El bienjuridico tutelado es el Estado como organización política. Esta teotÍa ubjetwa que fundamenta la naturaleza juridiea del ddito politico, se ve refkj;¡d;¡ en el Código Penal ecuatoriano que tipifica como delito las infracciones contra el bien juridico "organización del Estado" o contra "Ia seguridad del Estado". La legislación ecuatoriana no define al delito político, no obstante se refiere a él como un concepto jurldico sobreentendid" a partir de la elaboraeión forjada por la doctrina del derecho penal. En mi concepto personal. el delito politico podria definirse como aquella conducta humana inspirada por motivos altruhtas y de eleyado carácter idealist:!, dirigida a transformar tOlal, o parcialmente, la estructura politica interna del E!lado. No obstante el vacíu de dcfinicioo de lo que es el delito político, nuestra Constitución política si lo menciona en dos oportunid:ldes; la primera, en su articulo 29, cuando prescribe que "Los ecu~torianos perseguidos por delitos políticos tendr:ín derecho a solicitar asile 'j le ejercerán de cenformidad cen la Ley 'j los Convenios intemacion:!l!!s. El Ecu~dor reconoce a los extranjeros el derecho dc l\Silo", La sr:gunda mención que la Constitución h:!ce con respecto a los delitos pOlíticos esta contenid~ en el articulo 130, numeral 15, cuando señala que entre los deberes y atribuciones del Congreso Nacional, esta la de "Conceder amnistías generales por delitOs politicos, e indultos por delitos comunes, con el voto favorable: de l3.s dos terceras partes de sus integrantes.

Como Inteeedente Iegislath·o en t~te tipo de delitos tn d Ecuador, e5 oportuno citar ::a la Constitución ¡::arciana del litiO 1869, conocida como"la carta negra", la eualst' nfirió 110' delitos polftlco~ prt~eribiendo que sus lulores deblan ser sancionados con la pena de muerte. Pero fut más adelante, con la Carta 1\lagna de 1891, dkt.:ld.a por la re\olución .alfllrista que se deerdó la .abolición de b. ptna de muerte por Infrardones pOlílka§)'romunes. las mj5reci~ntesc;¡rtasconstitucionalesquehan regido en el Ecuador, también contienen referencias generales en CU3n[o a los delitos ylo infracciones políticas, sin definirlas, por cierto, asi la Constitución del año 1918, en términos muy similares a la Constitución vigente dictada en el afio 1998. en su artículo 43, prescribe lo siguiente: Los ecuatorianos perseguidos roT dditos políticos tienen derecho de asilo, que lo ejercer.in de conformidad con la Ley y los Convenios internacionales. Del mismo modo, el articulo 59, literal k. de esta Constitución señala que entre los diferento:s to:mas que el Congreso Nacional esta en capacidad de conocer, teno:mos cI de ... la amnistía gcneral por do:litos politicos e indultos por delitos comunes, cuando lo justifique algún motivo trascendental. Asimismo, la Constitución Política del año 1946, entre las atribuciono:s que le otorg3ba al Congreso dividido en Cám3Tas. está la dd numeral 16: .

/15

Jah,,"y R.oca De Castro

En lo concerniente a las disposicioncs normativas del Código Penal ecuatoriano, este ha adoptado una posición de carácttt objetiva, en cuanto a la naturaleza jurídica del delito político. Refiriéndose a este tema, el autor Carlos De La Torre Reyes dice lo siguiente: "La exclusiva preponderancia del criterio objetivo delicwal ubicado en la tipificación, att::nta únicamente al bien jurídico lesionado, prescindiendo en absoluto de las rasgos psíquicos y morales del delincuente y resta validez científica a los preceptos legaleS revisados. Es indudable que para remediar este im:xactitud se debe elaborar la noción positiva de! crimen político, combinando proporcionalmente el htrno objdivo y material y la apreciación de la causa, móvil y fin perseguidos por e! infractor. La fórmula mixta es la más aceptable, no se parcializa ni a la teoría un tanto anticuada y caduca de la tipicidad pura, ni a los po&tulados plenamente subjetivm. y variables del positivismo". El comentario jurídico precedente no sugiere que debemos ubicamos en una posición intermedia que se identifique con la doctrina mixta o ecléptica, donde e! delito sea tratado conjugando los elementos objetivo y subjetivo, atendiendo al primero en consideración del bien jurídicamente tutelado, y al segundo, constituido por los motivos del delincuente, de modo que estos elemtntos ineidan tanto en la tipificación del delito, como en la ,valoración del hecho que se juzga, esto es, deberá consíderarse el atentado al Estado como organización política, en función de los móviles políticos que guían la conducta del agt:"nte. Si de algún modo me ht extendido en el análisis de los delitos políticos, es porque éstos merecen ser estudiados con mayor profundidad, ya que constituyen la esencia jurídica para legitimar la institución del asilo, porque de no mediar la existencia mawrial de un

11'

El asilo pollllro en el Ec~ado~ y VI Amer/ca

delito político y/o la existencia de una persona perseguida por causa o motivos políticos, no pudiera sostenerse en la doctrina, ni en la Convenciones internacionales sobre la materia, el fundamento de esta institución humanitaria que ampara a quien carece de una efectiva garantía para ser procesado por una justicia imparcial, puesto que esta garantía se ve disminuida cuando se trata de juzgar a delincuentes políticos que cuando se trata de juzgar a delincuentes comunes. Hay que recordar que el Estado en los procesos políticos es juez y parte. En palabras dI! la autora Isabel Reyes, la jllSticia istrada por la victima del delito, no es justicia, sino venganza. Cabe recalcar que es la motivación moral drl fin que persigue satisfacer el delincuente político, quien no escatima ti empleo de medios violentos para coronar su propósito, lo que le imprime la eonnof3.ción de político al delito del cual se lo acusa por haber fracasado en su ¡nttnto, porque de haber triunfado DO habría podtrque lo juzgue. Como concordancia a esta línea de pensamiento me permito citar al maestro Jiménez de AZlJa, quien abunda en sus comentarios sobre el tema cuando señala que "el único caso capaz de destruir la antijuridicidad de un delito político, el definitivo y determinante, es el triunfo de la revolución. La antijuridicidad hipotéticamente posible cede su puesto a una juridicidad victoriosa y nueva. Debido al elemento de la ausencia de éxito del delito político, ya comentada, la criminalidad de éste no es absoluta sino relativa y mutable. Es decir, depende de los lugares y de los tiempos. Los mismos hechos que en un país se reputan criminosos por ser contrarios a su Constituci6n política, pueden ser indiferentes y hasta laudables en otros paIses que tengan una Constituci6n diversa, y aún en el mismo país donde se cometen, dejan de ser delitos y se convierten en acciones honestas. cuando sus autores han logrado el prop6sito que persiguen. Por tanto la antijuridic!dad puede desaparecer por el solo hecho del éxito de la

JJ7

Por ~u p;rte. el autor Eu~ebio Gómez, renri?:nJer¡e al teml, c'tprl....l lo siguiC'nte: "la kgitimi,hd o ikgitil1liuad e una inm!'IT'CeiÓn. antc5 que mcdirse por su (onsiu.:rnciÓn ot-jcliv:l o suhjo:tiva, se rnlfCa solo por el hceho ddiniti,o dd éxito o dd fncaso. dcl ea~tigo o del triunfo", En olras pal3bra" ti pUllrbilldad drl dl'líto politlco t"lta sujeta a 12 cootin¡:endl del hilo o dd (raea~o dl' 13 conduela qur ,e JU1::3, 51 trlunfl será le¡:ltimld;¡ (rrnte al pndl'r público, pero ~I (racasl 5cr:\ IIl':::lI, y al delincuenll' polltlco le l'spera Il dretl o la muerte, de lo que u Inntrc de que ti deUncutnlt politico mlh qUt un criminal es un uncido, de su jUl¡::lmlenIO rnlh que ju,tlcb. le tspen nn¡:allla del [sladQ que comtltu)e rI suJclo pa~ho del delilo polillco.

rn slntesls, lo cierto es que los drlineuenlcs comunl'~ no nlincan p.na b conre~lón de a~iln polillco, y su nclusl6n sr Impone en Iln do. modalidadN de asilo, l'l dlplom:\tico y ti terrllorlal.

X.·1,- La segunda lirnitante parn la conee~ión dC' ;J~i\o hace refefCncia ¡¡ los deser10rcs de las fuerns d.: tierr3, mar y airc. salvo que los heeho~q\le motivan la solicitud de ,silo, eualquienque sea elcJs0,revi,tanclJnmcnteeJráClcrpolitieo. D.:ntro del mismo com.:\to de enumerar los casos que constituyen una limitación r:ln la concesión de 3silo. debo pAlntU'3tiLM cn \tn:tr t':m,ilm 11 los delitos. tipiflt'3dos. I:,\}ffiO terrorismo. X.- J,-Terrera limitanle o imredimcoto. Es rreeiso dif.:rcncilr 1,1 situ;!ciún lid ind!\iduo que innucnciado por sus convicciones rolilicas r':lj'Ctn un ddilo político, bien sea que c~te indi\·iduo

El asilopoli¡ico en c/ECUOJOFY'" A'I1érica

pertenezca a una organización insurgente armada, o bien sea que se trate de un individuo del estrato de la sociedad civil que obra impulsado por una fuerza moral de connotación política que lo lleva a la comisión de tal delito, en cualquiera de estos casos, el individuo puede contar con la protección del Derecho Internacional que le permite ejercer acciones como la de petición de asilo; y muy distinto es el caso del individuo que ha realizado un acto tipificado como terrorismo de acuerdo a los Convenios internacionales sobre la materia, En efecto, el primer efecto jurídico que se desprende de la COmisión de un delito de tcrrorismo, es que el terrorísta no cuenta con la protección del Derecho Internacional, y su conducta punible no es susceptible de indulto, amnistía, y fianza, todo dentro del debido proceso. Inclusive, el terrorista no puede aplicar la prerrogativa de ser tratado como delincuente político, y por lo tanto, noprocedeasufavore\derechoindividualdepeticióndcasilo,odc refugio. En cambio, sí procede conceder la extradición cuanta esta sea solicitada por otro Estado para sujuzgamiemo Muchos son los instrumentos internacionales que se han suscrito dentro dc1 contexto del sistem3jurídico internacional para la prevención. sanción y eliminación dcl terrorismo, considerando que éste constituye una grave amenaza para los valores democráticos, y para la pazy la seguridad internacionales. Dentro del sistema jurídico interamericano la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, invocando el principio de cooperación hemisférica, adoptó la Convención lnteramericana contra el terrorismo, la misma que c-n su artículo 13, se refiere a la denegación de a~i!o para aquellas person:ls que hubieren cometido un ddito de terrorismo, de los quc han sido descritos taxativamente en dicha Convención. El referido artículo 13 de la Convención Interameric-ana contra el terrorismo, dice textualmente lo siguiente:

119

JohmryRocaD..C<1$lro

Denegación de asilo: Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda. de conformidad con las disposiciones pertinente del dertcho interno e intemacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las pe.rsonas respecto de las cuales haya motivos fundados para considc-rar que han cometido un ddito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el articulo 2 de esta Convención. Artkulo 2. Instrumentos internadonaks aplicables: Para los propósitos de esta Convención, se entiende por delito aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación: a.- Convenio para la rt'presión del apoderamiento ilícito de aeronaves, finnado en La Haya el 16 de diciembre de 1970. b.- Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad dc la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971. c.- Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas. inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por l:l Asamblea General de las Nacioncs Unidas el 14 dc diciembre de

t9n.

120

Ela"lapalílicaeneIEcuadoryenAmérica

d.- Convención internacional sobre la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. e.- Convenio sobre la protección fisica de los materiales nucleares, fIrmado en Viena el 3 de marzo de 1980.

r.-

Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

g.- Convenio para la represión de actos ilicitos contra la

seguridad de la navegación maritima, hecho en Roma ellO de marzo de 1988. h.- Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. i.- Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

j._ Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el9 de diciembre de 1999. !2!

Como vemos, tos delito$ de terrorismo constituyen ot(a Iímitante que él Derecho Intcrnacional contempla como prohibición para dat asilo.

Aunque este impedirnt:nfo legal, hay qu~ decirlo, no está contemplado cn las Convenciones de Caracas sobre asilo, ni cn las anteriores de La Habana, y de Montevideo, es aplicable dentro del ordenamiento jurídico intc-macional a través de la Conwnción Interamericana contra el terrorismo, como queda demostrado. X,-4.~ El cuarto y último impedimento legal previsto por el ordenamiento jurídico internacional para la Convenci6n del a~ilo está fundamentado en la misma disposición normativa del artículo 14 de la Declaraci6n Universal de los Derechos Hllm:mos, la cual si bien reconoce que en caso de persecución, toda persona tierte derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país, también establece en su segundo inciso, que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial lealmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Es precisamente sobre esta premisa que se levanta la prohibición de conceder asilo a personas respecto de las cuales hayan serios indicios para cons¡&rar que han cometido crim~nes internacionales (delitos juris gentiurt), tales como crímenes de guerra, crimenes de lesa humanidad, crímenes contn la paz, 'f genocidio. Todas las especies de crímenes internacionales antes descritas son actos ues\os a los propósitos 'f principios de las Naciones Unidas, en particular 50n opuestos a la paz y a la seguridad internacional, a la convivencia pacífica entre los diferentes pueblos, culturas y civilizaciones del mundo, y 11 [a solución pacífica de las conflictos internaei<males.

122

La ewlución normativa del Derecho Intemaciooal ha perrnitido consolidar lajurísdicd6n uni\'CTSal,en virtud de la cual. euando los Estados a trll\ es de sus órgano~ de la jurisdicción penal no pucd:m o no quieran ejercer su istración de ju~ticia para sancionar la vio[aci6n de tales crímencs intemacionaks, cualquier otro Estado ticoe la capacid3d !.:gal para procesar 'i c3stipr a los respon~abks de esos delitos intemaeionaks. sin que importe si bies delitos ~e cometieron fucra dc su jurisdicción territori:1! y que no teogaorelacióoconlanacionalidaddelosacusadosodelasvictimJs. El fuodamento jurídico de la jurisdicción uni\"CTsll se blSl en el hcchode que laperpl:lraeión de estos crímenes no Jfeetan bn solo al Eslado donde se ejecutaron. sino que IlfCCla!l.3 tod11a hum:¡nid.Jd, y lesionan en su conjunto, el ordenamientojuridíeo d~ la comunidad intemacionll.

En consecuencia a todo lo expuesto en este último pUnlO, no proccdc !.1 concesión de asilo diplomJtico o terri/orial, a f;n-or Je aqudlas pcrsonas que hubieran incurridocn [a conccsión ue un acto opuesto a los prop6sitos y principios do: las Naciones Unidas, si bajo esta circunstancia. algún Estado procede a conccder asilo a una persona quc hubiera cometido un crimen intcrnadonJl (delito jurís gentiun).cstaríJ aportando a la desnaturalizaci6ndC! la instituóón jurídica del asilo, porque constituye un abu~o de derecho dar asilo o protcc<::ión a personas que ingresan a las sedes diplomáticas, o bien al territorio del Estado asilant\!. cuando cstas han sido oportunamentc inculpndas en su responsabilidad como autores materia!.:s o intelectuales de delitos intem3cionales. Incluso. aquellos dclitos internacionales como el gcoocidio y los crímenes de lesa humJnidad son tan graves en su natur3!ela y en su impacto social, que no han pasado dC"sapercibidos para ciertas Icgisbcioncs nacionJ!es, entre elbs,b nuestra. que lc han dado el catácterde imprescriptiblcs tanto a la~ acciones como a 13.s penas con que se sancionan ta!.:s dclitos. En efecto. nucstr.l Constitución política. dentro del capitulo 2, que trala de los derechos ch·iles. en su articulo 2J. ordinal segund<J,

m

tere« inei~", di'ipono: te'IU.1lmenle lo si!!Uio:nle: "l..:L~ ¡\ecione~ y f"=1'I.1\ f'('f ~cnoc¡Jio. tonu!";\'\. dC"\:lj'lar\ei6n fOfl:l..u d-o: ~on~, !('r:uco;tro y l1omi.:iJio pUf ruone~ roli1iclS (1 de concienci.1, scr:ín imrrco\crirllbks. E~tos delitos no so:ran suseC'ptibks d.: indulto (1 ~mni,tia. [n esto .. ca.'0<;. b obctlicnci3. a las oNenC'S superiores no c,imirád':TC'$r<Jn~biliJ;ur.

rOf otro IJdo, es oportuno so.'rlJIJf que 1.1 Comi~i6n IntCF.lmerie3nJ de D-o:rccllOs lIumano~. en vinud de bs atribuciones t:¡ue le eonfierm I:H norm3S de IJ COfl\"enci"ln Americanl., tcc¡)micn.u :1 lo<; [st3J,lS de IJ OEA que se obsteng3n de otClfpt a,ilo 3 rresuntos aUlores materi,:¡lcs (1 intelectualcs de crlrnencsintcrnJcionJ],:s. Pero no lan sol" la Comisión Intcrameriean.1 ue Derechos Ilum.:mo§ (CIDII) se rronuncia en eonlF.l de otorgar 35110 3. rresunto~ tlutore,> materilleli o intcko:cu,:¡lcs d.:: crimenes intern:tci01lat.::~. lambi':n lo h~ee I:J Asambr.:a General de ];:¡s Naciones Unid;!,. 13 Cu:ll. rn tlllfoo \%1 emilió una Rcso\uci')n scbrc l1silo territorial (Resoludón No,1312) que inelu51vc \'3 más allá de unl simple recomendlción como la formulad.l por IJ Comisión Internacional Americanl de Derechos lJumanos :1 los ESt3,klS micmbros Je 1.1 OEA, sino que C'n (OTm:l categórica se lo niega :1 toJa persona que haya cometido un delito intem:ldonal.

la Resolución 2312 de ],:¡ ASlmblca Je la ONU liter.\lmentelosiguiente:

Ji~pone

"NI} rodrl in"oca[ el dm~,,"o de buS\;af ll.~iw. (l de di~frut3r d.:: ¿~t". ningunl peMnJ re~f'Ceto u.: 13 cual c"(i~ran motivos runuJd()~ Plfa con\jJeF.lf que Iu comcliJo un ddito conU3 la paz. un delito de guef1"3 o un Jdilo eonlF.l 13 hUlll3niJaJ. de "l~ definidos en los irt\trumcZ1to~ intem;!cionaks clahurJdos r3r.\ aJurtar di'posiciones re~rectode 13k~dcl¡tos".

1:!4

XI

¿Dónde procede el otorgamiento del asilo diplomático?

El lugar donde se concede el asilo detennina la modalidad del mismo. En efecto, ya he señalado que de acuerdo a la Convención de Caracas sobre asilo territorial, este es concedido cuando el solicitante lo requiere dentro de la jurisdicción territorial dd Estado asilante, a

diferencia del asilo diplomático regulado por la Convención de Caracas sobre esta misma ffi:lteria, que pennite que sea otorgado dentro de la legación diplomática, dentro de los campamentos militares, o a bordo navíos de guerra o aeronaves militares que el Estado asilante pueda tener estacionados dentro del Estado territorial. El objetivo del asilo diplomático se cumple cuando el delincuente

político y/o el perseguido politico por motivos políticos sale del Estadoterritorialparaencontrarprotecciónhumanitariadentrodelas fronteras del Estado asilante. Cabe puntualizar que no me he referido a la sede de la Misión diplomática como lugar previsto para el otorgamiento del asilo diplomático, porque habiendo sdialado a la legación, ya esta incluida aquella, como también esta incluida la residencia del Jefe de Misión, as! como los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados cuando el número de éstos exceda de la capacidad n0ml31 de

los ('dificios, fado ('slO, en consonancia con las disposiciones Il.orroati.. as em\lcnídas en la Con..enctón de Caracas robre asilo diplomático. Por otro taclo, taInbién es pertinente puntuali:ar que los navíos de guerra o aeronaves militares que estuvieron provisionalmente en astilleros, arscnak$ o lal1eIcs para su reparadón, no pueden constituir recinto de asilo, Del mismo modo, hay que recalcar que ('n las aeronaves comerciales, y en 105 buques mncantes no existe d dcrccho do! otorgar asilo, éste solo puede concederse a bordo de las aeroJl:lVeS militares y/o de los navíos de gueIT.1, como ya se ha dicho, porque para los efo!etos de la aplicación dd asilo las aeronaves militares y los buques de guerra se asimilan a la sede do! una Embajada o Legación diplomática. Los comandantes de los buques de guerra que estuvieren surcando las agu:¡s jurisdiccionales del Estado territorial pueden conccderasi!o en virtud de la ficción de la e:\traterntorialidad de dichos buques, luego de 10 cual, y a la mayor bre\'edad posible comunicarán este particular al Ministro de Relaciones Exteriores dd Estado territorial o a la autoridad istrativa dd lugar $\ el hecha hubiere oeunido fuera. de la capital. Tampoco es p<:rmisible conceder asilo en los consulados, 10d:1 vez que éstos no constituyen misiones diplomáticas, ya que de cQnformidad e{\¡\ lo establecido en la Co\\vcrlCión de Viena sobre relaciones consul3res, las oficinas consulares, fundamentalmente Votan dtstin:ld:ls a foment:lT d desarrollo ae bs rebeiones comercilles, económicas, culturales y científicas, y a realizar funciones de protección dcios intereses del Estado I!eredítantey de 5US nacionales d.:ntrode 13 jurisdicción geogrMícadetenninada en cl exequatur otorgado por el Estado receptor, y entre las facultade$ establ~cidas por el menciorlado instrumento internacional no aparece Un prerrogati ..a de conceder asilo, que le está reservada e;\elusivamente a los Jdes de Legaciones diplomáticas, como 126

también a los Comandantes de los campamentos mililares. :1 los Comandantes de los navíos de guerra.. y/o de las aeronaves militares. seglin sea el caso. En consecuencia, en la hipótesis d~ que una persona ingrese a las dependencias de unaoficinad~reprcsentación consular a solicitar protección mediante el pedido de asilo diplomático, el Gobierno del Estado terrilorial bien podría requerir la entrega inmediata de la persona sobre la que pesa una acusación de delito común, siendo deber de las autoridades consulares poner a es!:! person:! a su disposición. Este debe ser el procedimiento a seguir, puesto que ninguna autoridad o agente dd Gobierno del Estado territorial puede ingresar de manera arbitraria e ¡neonsulta a la dependeneils de las oficinas consulares para aprehender a una persona perseguida por un delito común, ya que del mismo modo que son inviolables los locales de las Misiones diplomáticas también son inviolables los locales consulares en el Estado receptor.

!27

XII

El salvoconducto

Tan pronto como el Estado a&ilante haya con(edido el asilo y haya comunicado a la mayor brcved
En cuanto a la seguridad de que el Estado territorial va a otorgarlas garantías que requiere el asilado a fm de que no peligre ru vida, su libertad o su integridad personal, el Estado asilan!e podrá exigir dC'l ES13do territorial que dichas garantias sean dadas por escrito.

E/tl>il(Jpolirictle"rlEc"ad(Jry~nA"'¡}'¡ca

Por todo lo expuesto, queda claTO, en consecuencia, de que una vez que e! Estado asilante otorgó el asilo, y comunicó a las autoridades correspondientes del Gobierno local por medio de los canales oficiales, tan solo resta exigir de ¿steúltimo, la entrega del salvoconducto en protección del asilado, a fin de que abandone el pals. Queda a salvo, y es importante aclarar que calificado en asilo a favor del perseguido politico, no solo el Estado asilante puede pedir l:l salida dcJ asilado para territorio extranjero, también puede hacerlo el Gobierno de! Estado territorial. para lo cual deberá otorgar el respectivo salvoconducto y las garantías necesarias para precautelar la seguridad dcl asilado. Lo cierto es qw:, una vez calificado cl asilo, la situación del asilado no puede pennanecer en el limbo jurídico, cualquier estancamiento del proceso de asilo que debe culminar con la salida del asil:ldo hacia territorio extranjero, solo causaria tensiones entre las autoridades de los Gobiernos de los Estados asilan!e y territorial, y sobre todo, causaría mortificaciones innecesarias a la persona del asilado, quien debe pennanecer en el lugar donde se encuentre asilado por más tiempo del razonable para que se sentencie el trámite de asilo a su favor. Por lo tanto, la entrega del salvoconducto, como documento indispensable que demanda el derecho regional americano, como lo demanda también la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, no dcbcría tardar en estas circunstancias, toda vez que la decisión de conceder el asilo por parte del Estado asilante, es inapelable y no ite recursos dilatorios de ninguna naturaleza. Es inisible la demora por parte del Estado territorial en la entrega del salvoconducto con el propósito de quebrantar la voluntad del asilado en su decisión de pedir protección diplomática, y lograr de este modo que éste se entregue a sus autoridades locales, o bien, con e! propósito de lograr que el Estado asilan!e revierta su decisión de otorgar el asilo, porque en la práctica, esta posición, cuando ha 129

Johnny Roca De Castro

sido asumida por las autoridades del Gobierno del Estado territorial, jamás han logrado persuadir al Estado asilante a reconsiderar su posición, y peor han logrado persuadir al asilado a entregarse a las autoridades del Gobierno que los persigue, o que tolera que lo hagan. En definitiva, es el salvoconducto el único instrumento válido que permite al asilado transitar sin riesgo de ser perturbado por autoridad alguna del Estado territorial, ni por las autoridades de cualesquier otro Estado parte de la precitada Convención de Caracas, cuando para el traslado del asilado a otro país fuere necesario atravesar su territorio. Con mucha propiedad el diccionario de la Real Academia de la lengua espafiola define el salvoconducto como "el documento expedido por una autoridad para que el que lo lleva pueda transitar sin riesgo por donde aquella es reconocida". En síntesis, solo la entrega del salvoconducto por parte del Estado territorial al Estado asilante destraba el proceso de discusión sobre la procedencia o no, del asilo político, que pudiera mantener al asilado atrapado en una sede diplomática y en medio de un desacuerdo entre dos corrientes de opinión contradictorias entre sÍ. Finalmente, es oportuno sefialar que una vez otorgado el salvoconducto, si bien es cierto que al Estado asilante le corresponde el derecho de trasladar al asilado fuera del país, no está obligado a radicarlo en su territorio; pero tampoco podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando concurra voluntad expresa del asilado. Este procedimiento está fundamentado en lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático.

130

XIII

Conducta que debe observar el asilado dentro del territorio del Estado asilante

En principio, la nonna de conducta general que debe: observar el asilado es, por analogía, similar a la que debe de mantener todo huésped que habita en casa ajcna, y que se resume en cordialidad y debido respeto a SIlS autoridades y a sus Leyes, por lo tanto, debe de

abstenerse en todo momento de no realizar actos que pudieran perturbar las buenas relaciones con su anfitrión, ni con los vecinos de éste, y tampoco con la autoridades del Estado territorial donde aplicó

el asilo. En efecto, la nonmtiva prevista para este caso, por la Convención de Caracas sobre asilo diplomático es clara y contundente, en el sentido que "el funcionario asilantc no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial". Es que no puroe ser de otro modo, la persona que en calidad de asilada es recibida en el territorio del Estado asilante, debe observar un comportamiento congruente con la hospitalidad que le es brindada bajo el estatuto jurídico de asilado, es inisible que el asilado ponga en una situación incomoda al Gobierno del Estado asilante, formulando dec1aracionespolíticas, o realizando activida des políticas conducentes a deseswbi¡izar al Gobierno del Estado

Johnny Roca De Castro

territorial. Proceder de otro modo, atacando a las autoridades de Gobierno del Estado territorial, criticando sus políticas y sus instituciones, cuestionando en suma, su quehacer político, constituye un abuso a la protección del derecho de asilo, y este abuso de derecho contraría la letra y el espíritu de la institución del asilo político. Distinto es el caso en que el asilado de forma aislada o esporádicamente, con fundamento en el derecho de expresión del pensamiento, realice alguna declaración puntual en contra del Gobierno del Estado territorial. Por su parte, la Convención de Caracas sobre asilo territorial es más elástica y persuasiva en este aspecto, por cuanto tolera con mayor amplitud la libertad de pensamiento expresada públicamente por los asilados y refugiados cuando éstos emiten conceptos contra otro Estado o su Gobierno, "salvo el caso de que los conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el Gobierno del Estado reclamante" . Varios son los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que defienden el derecho a la libertad de expresión. Así, empezaré por citar a la Declaración Universal de los Derechos HUmanos en su artículo 19, el cual prescribe que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones; el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia, el 26 de agosto de 1789 y aceptada por el Rey Luis XVI el 5 de octubre de 1789, señala en su artículo 11 que "la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciados 132

El asilo político f'fI ti Ecuador y en América

derechos deL hombre; por 10 tanlo, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esta libertad, en los casos dctenninados por la Ley~. La Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del hombre, aprobada en la novena Conferencia internacional americana, en Dogolá, Colombia, en 1948, prescribe en su artículo 4, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opini6n, de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio". Lo cierto es que todas las disposiciones normativas contenidas en las Convenciones internacionales sobre asilo, que determinan el deber de los asilados de no intervenir cn la política interna del Estado territorial, practicando actos contrarios a la tranquilidad publica, sirven de contrapeso al derecho correlativo de los asilados a expresar con libertad su pensamiento político, en la medida de quc no sc realice como un plan sistemático para desestabilizar politicamente al Gobierno del Estado territorial. Este deber que se le impone al asilado, y el derecho correlativo que se le reconoce en virtud de los instrumentos internacionales antes citados, deber guardar un equilíbrio básico para salvaguardar a la institución jurídica de modo concomitante con el derecho de expresi6n. Sin embargo a todo lo expuesto, debemos itir que ni el referente doctrinal, ni el m.'lrCO legal establecido por las COnvenciones internacionales sobre materia de asilo, han sido suficiente para contener la conducta impulsiva de ciertas pcrsonas a quienes por circunstancias diversas se les ha concedido la prerrogativa del asilo, así, los casos de los ex presidentes Abdalá Ducaram, de Ecuador, asilado en Panamá, y de Carlos Andrés Pérez, 133

Johntly Roca De Castro

de Venezuela, asilado en República Dominicana, son ejemplos claros y contundentes de que una irrefrenable libertad de cxpresión por parte del asilado, no solo que puede poner en tensión las cordiales relaciones poHticas entre el Estado asilantc y el Estado territorial, que se siente lesionado por la tolerancia de las autoridades del primero, en pennitir los excesos de expresión y acción política del asilado. sino que, adicionalmente pondría en peligro la credibilidad de fa institución del asilo politico que ha sido concebido para proteger a la pcrsona dcl asilado, más no para amparar a éste en el ejercicio de una sistemática y abierta hostilidad política en contra del Gobierno del Estado territorial, haciendo uso ilegitimo del territorio del Estado asilante para tal despropósito.

134

XIV

La extradición

Abordamos el estudio de este tema porque de manera tangencial toca la figura del asilo sin perturbar su aplicación, y as! 10 advierte el artículo 17 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático, cuando en su parte pertinente, dispone Ic¡¡tua!mcnlc lo

siguiente: "La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcionario asilante su intendón de solicitar la posterior extradición

del asilado no petjudicará la aplicación de dispositivo alguno de la presente Convención. En este caso, el asilado permanecerá radIcado en el territorio del Estadoasilante, hasta tanto no se reciba el pedido formal de extradición, conforme con las normas jurídicas que rigen esa institución en el Estadoasilante. La vigilancia sobre el asilado no podráextendersepormasdetreintadias". Como vemos, en estas circunstancias se privilegia la aplicación del asilo sin pl:'rjuicio de que mas adelante pudil:'ra canalizarse el pedido fonual de extradición de confonuidad con las nonuas de un Tratado vigl:'nte sobre extradición que vincu!ejuridicarnente a ambos Estados.

Johnny Roca DO' Cml,""

La aludida disposición del articulo 17 de la Conv~ndón de Caracas, fortalece la institución del asil.l sin consagrar.1a impunidad, porque si e! Estado oolidtante de la extradidón logra d~ffi(jstrar que el asilado es un presunto delincuente común, y solicita su devolución, entonces el asilado perderá su condición de tal, y regresará a] pais requirente de la extradiclón para serjlIlgado por los tribunales competentes.

En consecuencia, toda concesión de asilo otorgada por error puede S\:r subs3nab!e porque siempre queda abierta la posibilidad de

extradición al delincuente común que pretendió amp:lrarse bajo la protección del Estadoasihnte. La extradición tiene sus raíces desde 10$ tiempos bíblicos, y fue practicada desde la antigUedad por Egipto, Grecia y Roma. Incluso, en la España del siglo XIII se reguló la extradición en el cuerpo jmídico de las siete partidas, obra inspirada por el Rey Alfonso X, "El sabio". Pero no fue sino h:lsta llegado el siglo XIX., después de la revolución sa en que empieza a plantearse la extradición para los acusados o condenados como delincuentes comunes, y no a favor de los acusados por la comisión de delitos poHtico3, como era la práctica dominante hasta entonces. En la actualidad, la ex.traóición esta regulada por principios y nonnas jurídicas que se reflejan en un variado número de Trat:ldos internacionales bilaterales y multilaterales que hacen posible su aplicación. Entre los principios y normas jurídicas que gobiernan la extradición tenemos los siguientes:

136

Ell1Sifo poli/ka en el Ecuador y ~n América

1.- La extradición es aplicable en virtud de la vigencia de Tratados bilaterales y multilaterales entre el Estado requirentcyelEstadorequcrido; 2.- Se aplica el principio de reciprocidad a diferencia de la figura del asilo diplomático que no está sujeto a reciprocidad; 3.- El delito nuteria del juzgamiento en cuyo fundamento se ampara la solicitud de ClItradición, debe ser de carácter común, no es isible la extradición para juzgar la comisión de delitos políticos. a diferencia de la figura del asilo que es tan solo apllcabl\: para amparar a los perseguidos por la comisión de delitos politicos puros, o delitos políticos conexos con delitos comunes; 4.- La infracción debe haberse cometido dentro de la jurisdicción territorial del Estado requirente;

5.- La infracción delictiva. debe ser ptlllibJe para. ambos Estados (requirente y requerido) y debe estar contemplada expresamente en el respcctivo Tratado que ampara la acción de extradición. En cuanto a la extradición pasiva, de acuerdo con nuestra Ley de extradición vigente de,de el nI de agosto del 2000, se deben observar, las siguientes reglas: 1.- En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las Leyes del Ecuador, ni tampoco se concederá la extradición de /37

JolmnyRocaDeCasrro

extraojeros por delitos cuyo juzgamiento correspouda a los jueces y Tribunales ecuatoriano, según nuestra Ley interna; 2.- Se podrá conceder la cxtradición, con los Iímitc-s señalados en la Constitución política de la República, por aquellos delitos para los que las Lcyes ecuatoriana señalan una pena o mcdida de seguridad cuya duración tlO sea inferior a un año de privación de Jibert:Id en su grado máximo o a una pena más grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a un año de privación de libertad por delitos también tipificados en la legislación ecuatoriana;

3.- Cuando se trate de delitos militares tipificados por la Ley penal militar ecuatoriana, y sin perjuicio de lo establecido con alrespectu en los Tratados internacionales suscritos Y ratificados por el Ecuador; 4.- Se dentgará la solicitud de extradición cuando $e trate de delitos de carácter politico. o bien cuando se hubiere verificado la prescripción de la acción o de la proa, según la Ley eeuawriana o la del Estado requirente; 5.- Se denegará la solicitud de extradición cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado, siempre y cuando no sea perseguida por otro delito queameritelaextradid6n; 6.-

Cu~ndo

el Estado requirente no diera la garantla de que la persona reclamada de extradición no sea ejecutad~, o que

El asilo polillro e~ rI t<:JIaJor y .." Amfnrll

no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes; 7.- Se denegará la solicitud de extradición cuando la persona recJa!llllda dcba ~r juzgada por un Tribunal de e;tcepdón; 8.- Cuando el Estado requirente a través de su representación diplomática en el Ecuador no ofrezca las garantías suficientes de que la persona reclamada será sometida a nuevo juicio en el que deberá estar presente con el complemento de las demás garantías del debido proceso. <Esta negativa se aplica cuando la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rcbeldia del feclamado, en la que éstc haya sido condenado a pena que, con arreglo a la legislación ecuatoriana, no purde ser impuesta a quien no haya estado presente en la etapa del juicio o su equivalente>; 9.- Se denegará la solicitud de extradición cuando la persona reclamada estuviere bajo proceso, o haya sido juzgada, condenada o absuelta en el Ecuador por los mismos hechos en que sc fundamente la solicitud de extradición; IO.-Se denegará la solíeitud de extradición cuando se trate de delitos de car:ícte-r político; Entre los Tratados bilaterales que obligan al Estado ecuatori:mo en materia de extradición, te-nemos los suscritos con Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil, Bahamas, Bélgica, Gran Bre-taña, Suiza, Suecia, Francia, Uganda, Pakistán, Tanzania, y, Kenia.

lJ9

El Ecuador también tu suscrito un Tmtado multi[atm[ dI! tO\\ 10<; p;l(<;<:S de la Organizadón de E<;uoos Amerkano$

~"tradit¡6n

(OEA).

La c)(lrodidón. en sinte5is, constituye Un.1 insliludón juridic3 valida b3jo cuyos mecanismos de aplicadón se hace posible [a lIdministr.J.dón de justici3 aun cuando el delintucnte hap tr:lSp3S3do las frontems del lerritorio donde pcrpetró su delito eomun. A falta de vigencia de un Tratado que vinculejuridieamt'nte al Estado requirente con el Estado requerido, la e:
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El asilo polillco e" ti Ecuador Y'''' América

Existe un caso de extradieión solieitado por el Gobierno de Venezuela al de Estados Unidos de América en relaeión al exiliado cubano y naeionalizado venezolano de nombre Luis Posada Carriles, quien es acusado de terrorista tanto por Cuba como por Venezuela y que irónicamente se considera asimismo como un perseguido político por lo que ha solicitado su asilo político territorial en Estados Unidos. Los antecedentes de hecho y de derecho asociados con este caso son los siguientes: En octubre del año 1976 se produjo un atentado con bomba a un avión eivil de Cubana de Aviaeión que había despegado minutos antes del aeropuerto de Barbados con destino' a Venezuela, el avión explotó en pleno vuelo pereeiendo el total de las 73 personas que llevaba a bordo. Posada Carriles fue identificado como responsable en dicho acto terrorista en el grado de autor intelectual, y posteriormente fue encarcelado y juzgado por las autoridades judiciales en Venezuela, en cuyo país permaneeió preso desde 1976 a 1985. Sin embargo, mientras esperaba el resultado de una apelación por parte de la fiscalía de ese país dentro de un dilatado proceso judicial. en razón de haber sido absuelto dos veces de la acusación como responsable del atentado contra el vuelo de Cubana de Aviación, logró escapar aprovechando el descuido producido por un cambio de guardia en la prisión. y trasladarse a El Salvador, país donde vivió refugiado algún tiempo. Sobre Posada Carriles también pesa la acusación de haber organizado el acto terrorista de colocar una bomba en el hotel Sol de Palmeras de la cadena hotelera española Melía, en Varadero, Cuba, y de otros dos artefactos explosivos que no llegaron a activarse c:n la ciudad de La Habana. Asimismo, también fue juzgado y condenado por haber patrocinado una conspiración para asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante la Cita presidencial realizada en Panamá en el año 2000 con motivo de la Cumbre de los países iberoamericanos. Luis Posada Carriles, conjuntamente con los demás

14l

Johnr'Y R()('(1 De C"'lm

responsables ~e esa conspiración fueron amnistiados por la Presidenta pan:.uneña Mireya Moscoso durante los últimos días de su Gobierno. Dentro de los acontecimientos de data más reciente, ene! año 2e10S Posada Carriles fue detenido en Jos Estados Urudos por haber ingresado ikgalmcrIte por la frontera mexicana. Ul1:l vez capturado, las autorid~des migratorias lo redujeron a prisión en El Paso, Texas, sin derecho a fianza. Los abogados de la defensa de Posada Carriles $olicitaron el asilo político a los Estados Unidos, lo que generó una natural protesta de los Gobiernos de Venezuela y Cuba que iniciaron un proceso de extradición, que hasta la fecha ha sido contestado por las autoridades competentes estadounidenses. "El pedido de cxtradicíón venezolano se basa no solamente en que Posada Carriles es un prófugo de la justicia que cometió un crimen en su territorio, sino también en un acuerdo bilateral entre Venezuela y Estados Unidos finnado en 1922 y en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la avi3ción civil finnado en Montrea1 ro 1971, por el cual la d'!portación de un terrorista es obligatoria". De los ao.tecedeo.tes eJ:puestos podemos inferir que: a las autoridades estadounidenses no les queda la opción que concederla extradición que solicitan Venezuela y Cuba, o bien deportado a un tercer país en virtud de que Posada Carriles infringió sus Leyes migratorias. Lo que no cabe bajo niItgún concepto es otorgarle el asilo que solicita, porque simplemente no califica paro. ello de conformidad con los Tratados vigentes sobre la materia, toda vez que no es un perseguido político, y más bien se trata de un prófugo de l:1 justicia vcnezo\;ma que debe responder a las acusaciones como terrorista internacional.

·NOTA: A la fecha de cierre de esta obra, llega la noticia por el cable infernacional, donde se in.forma que una Autoridad judicial

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El ~i1o politir:om ~I EOlodor yen Américo

estadounidense acaba de ordenar la libertad condicional de Posada Carriles, bajo fianza, Las a~toridades judiciales estadounidense con esta Resolución niegan implícitamen!e el asilo solicitado por la defensa de Posada Carriles, no conceden la extradición deIllilndada por los Gobiernos de Venezuela y de Cuba, y en resumen, quien debe rrsponder a acusaciones por la comisión de delitos de terrorismo internacional pasea su impunidad con descarado desprecio frente al mundo civilizado, Las autoridades estadounidenses le encontraron una salida fácil a este prófugo internacional de la justicia. Se escapó, -hablando en lenguaje figurado- por la puerta trasera.

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xv

Anexos

El Asilo (n el Tratado sobre Derecho Penal Internacional: l\lQntevideo1889 TRATADO SOBRE DERECHO PENAL INTERNACIONAL (FimL1do en Montevideo, el 23 de enero de 1889, en el Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado) Sus Excekncias el Presidente de la República de Argentina, el de Bolivia, el del Paraguay, el del Perú y el del Uruguay, han convenido cel<:brar un Tratado sobre Derecho Penal Intemacio113!, por medio de sus respectivos Plcnipotenciaríos, reunidos en Congn:&o, en la Ciudad oe Montevideo, por iniciativa de los Gobiernos de la República Orienta! del Uruguay y de la República Argentina, estando representados:

El milo polilico en d Ecuador y

~n América

(Siguen los nombres de los Plenipotenciarios) Quienes, previa exhibición de sus Plenos Poderes, que hallaron en debida fonna, y después de las conferencias y discusiones dd caso, han acordado las estipulaciones siguientes: TitulolI Del Asilo Articulo 15 Ningún ddincuente asilado en el territorio de un Estado podrá ser entregado a las autoridades de otro, sino de confonnidad a las reglas que rigen la extradición. Artículo 16 El asilo en inviolable para los persc:-guidos por delitos polítieos, pero la Nación de refugio tic:-ne el deber de impedir que los asilados re:¡lícen en su territorio actos que pongan en peligro la p:¡z pública de la Nación contra la cual han delinquido. Articulo 17 El reo de delitos comunes que se asi\:¡se en una Legación deberá ser entregado por el jefe de ella a \:¡s autoridades locales, previa ,gestión del Ministerio de Re\:¡ciones Exteriores, cuando no 10 efectuase espontáneamente. Dicho asilo será respetado con relación a los perseguidos·por delitos políticos, pero el jefe de la Legación está obligado a poner inmediatamente el hecho en conocimiento del Gobierno del Estado ante el cual está acreditado. quien podrá exigir que el pcrsc:-guido sea 145

Johnny Roca De Ca~tra

puesto fuera posible.

del

territorio nacíonal denlro del más breve plazo

El jefe de la Legación podrá exigir, a su vez, las garantias necesarias para que el refugiado salga del territorio nacional respetándose la inviolabilidad de su persona, El mismo principio se observará con respecto a Jos asilados en los buques de guerra surtos en aguas tcrritoríaks. Artículo 18 Exceplúase de la regla establecida en el Artículo 15, a los desertores de la marina de guerra en aguas territoriales de un Estado. Esos desertores, cualquiera que sea su nacionalidad, deberán ser entregados por la autoridad local a pedido de la Legación. o en defecto de ésta, al agente: consular respectivo, previa la prueba de identidad de la persona.

CONVENCIÓN SOBRE ASILO (Firmada en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Intemacíonal Americana) Deseosos los Gobiernos de los Estados de América de fijar las reglas que deben observar para b. concesión del Asilo en sus relaciones mutuas, han acordado establecerlas en una Convención, y al efecto han nombrado como Plenipotenciarios: (Siguen los nombres de los Plenipotenciarios)

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El asIla polit;(O en ti Ecuador y m América

Quienes, después de haberse cambiado sus respectivos Plenos Poderes, que han sudo encontrados en buena y debida forma, han convenido lo siguiente: Artículo I No es lícito a los Estados dar asilo en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por delitos comunes ni a desertores de tierra y mar. Las personas acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en alguno de los lugares señalados en el párrafo precedente deberán se entregadas tan pronto como lo requiere el gobierno local. Si dichas personas se refugiaren en territorio extranjero la entrega se efectuará mediante extradición, y solo en los casos y en la forma que establezcan los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitucion y leycs dei país de refugio. Artículo 2 El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un derecho o por humanitaria tolerancia, lo itieren el uso, las Convenciones o leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes: Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad. Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado dcl asilado, oa la autoridad istrativa del lugar si el hecho ocWTÍera fuera de la capital.

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Tercero: El Gobierno del Estado rodr:i cxigir que el asiladu 5t'3 ruc~to fuera del Ic:rritotlo nacional dentro del mis brc\'C' plato posibk: y el Agente Diplom5tieo dd {'ólis que hubiere" ao:onbdo el a~ilo. roJrá a su ,el exigir las ¡;:arantia~ ncceutlas rara que el rcfugiJdosalgaddraiircspctindosc!:lim·iolabilidaddesupo:rsona. Clllr!O: los 35ilados no rodr.in scr desembarcados en ningun punto del territorio nlCtolUl ni en lugar dCm;!SiaJo rróüm
a ragar

los gastos por

ArtículoJ

U. presente Con"ención no afecta los compromiscs aJ'1\liridoo anteriormente por las P:lrtes Contr:lt:m!o:s en \irtud de lIeuo:rdos internacionalcs. Articulo 4

La pre~entc Convención, desrués de tirm:lda ser:i somclid:l 11 las r:J,lific3ciones de los Est3dos sign:lIanos. El Gobierno uc Cuba qucda cncar¡pdo de em·i:I.( COpí:l1 ecrtifiC:ld.u 3uténlicas a los Gobkrnos rJr3. el referido fin de b ratificación. El instrumento de ratific:tción será d"f'Osit:tdo en Jos :m:hh'os de la Union Panameric:tn:l en Washington. quien notificará e~e d~"fIÓ~ito a los O,lbicrn<>s sign:lt:lnCls: 131 notificación valdrá corno canje de r:IlÍfi":lciones. ESI:l Convención qued:tr:i abicru a ];¡ auhcsión de Jos ES\:luosnosipla\:lrios. [n fe de lo cual los r!cnipofenciario~ expresados fimun la. presenTe Convención en e~pa~ol. ingl
El asilofXJlitico ~n rl Ecuado' yrn A",hicQ

(Siguen las firmas de los Plenipotenciarios) RESERVA IIECUA AL FIR.'\fAR LA CONVENCiÓN Los Estados Unidos de América, al firmarse la presente Convención, hacen expresa reserva, haciendo constar que los Estados Unidos no reeonocen y no firman la llamada doctrina del asilo como parte del Derecho Internacional.

CO;,\/VENCIÓ;'IJ SOBRE ASILO POLíTICO

(Firmada en Montevideo 1."126 de diciembre de 1933 en la Séptima Conferencia Internacional Americana) Los Gobiernos representados en la Séptima Conferencia IntemacionalAmericana, Deseosos de concretar un convenio sobre Asilo Politico que modifica la Convención suscrita en La Habana, han nombrado los siguientes Plenipotenciarios: (Siguen las firmas de Jos Plenipotenciarios) Quienes, después de haber exhibido sus Plenos Poderes, que fueron hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

149

JohnnyRo.:aDe Ca5tro

Artículo I SustitUyese el Artículo 1 de la Coovención d.:: La H3bana sobre Derecho de Asilo, de 20 de febrero dc 1928, por el siguiente: ''No es licito a loo Estadoo dar asilo en legadcnes, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios. así como tampoco a los desertores de til!lTa y mar. Las personas mencionadas en el párrafo precedente. que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto!o requi.era e! Gobierno !oca!". Artículo 2 La clasificación de la delincucncia política correspondl! al Estado quresta cl asilo.

Artículo) El asilo político. por su carácter dI! institución humanitaria, no está sujeto a reciprocidad. Todos los hombres pueden estar bajo su protección, se-a cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de bs obligacioncs que en esta materia tenga contraídas el Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no reconozcan el asilo político sino con cil.'rtas limitaciones o modalidades. nopúdrán ejercerlo en el extranjero sino en la manera y dentro de los límites CDn que lo hubieren reconocido. Artieulo4 Cuando se so!iC"ite el retiro de un agente diplomático :l causa de las discusiDnes a que hubiere dado lugar un caso de asilo politi co, el agente diplomático deberá ser reemplazado por su Gobierno. sin que ello pueda determinar la interrupción de las relaciones diplornáticasdelosdDsEstados. 150

El asilo l"'1i/;co en el EnmJor y ~~ Américo

ArtículoS La presente Convención no afecta los compromisos contraídos anterionnente por las Altas Parte$ Contratantes en virtud de acuerdos internacionales. Artículo 6 La presente Convención sera tatificada por las Altas Partes Contrat:mtes, de acuerdo con sus procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Ori~ntaf cid Uruguay queda encargado de enviar copias certificadas auténticas a los Gobiernos para el referido fin. Los instrumentos de ratificación serán depositados en los archivos de la Unión Panamcricana en Washington, que notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios; tal modificación valdrá como canje de ratificaciones. Artículo 7 La presente Convención entrará en vigor entre las Altas Partes Contratantes en el orden en que vayan depositando sus respectivas ratificaciones. ArtículoS La presente Convención regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada mediante aviso anticipado de un año a la Unión Panamc:'ricana, que la transmitirá a los demás Gobiernos signatarios. Transcurrido este plazo, la Convención cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para las demás Altas Partes Contratantes. Articulo 9 La presente Convención quedará abierta a la adhesión y accesión de los Estados no signatarios. Los instrumentos

151

correspondicntes s(!ran dtpositados en los Archivos de' la Unión P3.namer\cana." que los cOIDunkati a 135 otras Altas Partes Contmtantcs. En fe de lo cual, los Plenipotenciarios que a continuación se indican, fiJ1Tl3Il y sellan b presente Convención en espanol, inglés, portugués y fmncó, en la ciudad de Montevideo, República Orkntal del Uruguay. este' ... igésimo sexto día del mes de diciembre dd año de mil novecientos trcinta y tres. (Siguen las liJlll;ls de los Plenipotencbrios) DECLARACIÓ~

En virtud ~ que los Estadoo Unidoo de Amérka no reconocen ni suscriben la doctrina dd Asilo Político como parte del Derecho Intern3cional. la Delegación de los Est3dos Unidos de América se abstiene' de firmar 1:1. prcsente Conwnción sobre Asilo Político.

CO~\'ENCIÓN SOBRE ASILO DIPLO!\fÁ Tleo

Finn3da en CamC3s. el 28 de marzo de 1954 en II Décima Confcrencialntemmcricana Los gobiernos de los ES!3dos de la Organización de los Estados AmencanO!., ó.~eoS03 de concertar U1r.l Convencibn sobre Asilo Diplonrltico, han convenido en los siguientes articulos:

/5}

ElasUopoffrico tri elEcuodory en América

Articulo I El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de Ja prcsente Convención. Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefcs de misión y los locales habilitados por ellos para habitación dc los asilados cuando el número de éstos exceda de la capacidad nonnal de los edificios. Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación,nopuedenconstituirrecintodeasilo. Articulo 2 Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega. Artículo 3 No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en fonna ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas. ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregarse al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. 153

Artículo 4 Corresponde al Estado asilantc la calificación de la naturaleza de!d~litoodelosmotivosdelapersecución.

ArtículoS El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia ypor el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad peISonal, c para que se venga de ctra manera en seguridad el asiladc. Artkul06 Se entienden como casos de urgencia. entre otros, 3quellos en quc el individuo sea perseguido por perSonas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución política y no pueda, sin riesgo. ponerse de otra manera en seguridad. Artículo? Corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de dcurgencia.

Wl

caso

Anículo8 El agente diplomático, jefe de nav!o de guerra. campamento o aeronave militar, después de concedido el asilo, y a la mayor brevedad posible, lo comunicará al Ministro de Rebciones E}[teriores del Estado territorial o a la autoridad istrativa de! lugar si el hecho hubiere ocurrido fuera de la Capital.

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El 0<11" poli/ieo e" el Enllldor Y"" A",~rkll

Articulo 9 El funcionario asilante tomará cn cuenta bs infonnaciones que el Gobierno Territorial le ofrezca para nonnar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos; pero scrá rcspctada su dctenninación decontinuareJ asilo o exigirei salvoconducto para el rerseguido. Articulo 10 El hecho de que el gobierno del Estado territorial no esté reconocido por el Estado asilante no impedirá la observancia de la presente Convención, y ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento. Artículo 11 El gobierno del Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que el asilado sea retirado del pais, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías que prescribe el artículoS. Artículo 12 Otorgado el asilo. el Esw.do asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a d:lr inmediatamente. salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el articulo 5 y el correspondiente salvoconducto. Articulo 13 En los casos a que se refieren los articulo anteriores, el Estado asilante puede exigir que las garantías sean dadas por escrito y tomar en cuenta, para la rapidez del viaje. las condiciones reales de peligro que se presenten para la salida del asilado. 155

Joh"nyRocoD<:Cos!rQ

Al Estado lIsilante le corresponde el dereeho de trasladar al asilado fuera del país. El Estado territorial puede señalar la ruta preferible para la salida del asilado, sin que ello implique detenninar el pais de destino. Si el asilo se realiza a bordo de navlo de guerra o aeronave militar, la salida puede efectuarse en los mismos, pero cumpliendo previamente con el requisito de obtener el respectivo salvoconducto. Articulo 14 No es imputable al Estado asilante la prolongación del asilo ocurrida por la. necesidad de obtener las infonnaciones indispensables para juzgar la procedencia del mimo, o por circunstancias de hecho que pongan en peligro la seguridad del asiladoduranteeltraycctoaunpaísextranjero. Artículo 15 Cuando para el traslado de un asilado a otro país fuere necesario atravesar el territorio de un Estado, Parte en esta Convención, el tránsito será autorizado por éste sin otro requisito que el de la exhibición, por vla diplomática, del respectivo salvoconducto '(isado y con la constancia de la calid3d de asilado otorgada por la misión díplomática que acordó el asilo. En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Estadoasilante. Articulo 16 Los asilados no podrán ser desembarcados en ningún punto del Estado territorial ni en lugar próximo a él, salvo por necesidades de transporte.

156

El asilo político en el Ecuador y en América

Artículo 17 Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radicarlo en su territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando concurra voluntad expresa del asilado. La circunstancia de que el Estado territorial comunique al funcionario asUante su intención de solicitar la posterior extradición del asilado no perjudicará la aplicación de dispositivo alguno de la presente Convención. En este caso, el asilado permanecerá radicado en el territorio del Estado asilante, hasta tanto no se reciba el pedido formal de extradición, conforme con las normas jurídicas que rigen esa institución en el Estado asilante. La vigilancia sobre el asilado no podrá extenderse por más de treinta días. Los gastos de este traslado y los de radicación preventiva corresponden al Estado solicitante. Artículo 18 El funcionario asilante no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública, ni intervenir en la política interna del Estado territorial. Artículo 19 Si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquél con los asilados. Si 10 establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado, Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella. Si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga mantener el asilo. El Estado territorial deberá respetar dicho asilo.

157

JohnnyRocaD,.Castro

Articulo 20 El asilo diplomático no estará sujeto a reciprocidad. Toda persona, sea cual fuere su n:lcionalidad, put"dc estar bajo la prot«ción del asilo. Artículo 21 La presente Convención qued:t abierta a la finna de los Estados de la Organización de tos Estados Americanos, y st"rá ratíficada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Artkulo22 El instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son i.gualmente auténtkQ$, será
La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. Artkul024 La prerente Convem:ión regirá indefinidamente, p~fO podrá se! denunciada por cualquiera de los Estados signntarios mediante aviso anticipad.) de un año, transcurrido e! cual cesará en sus efectosp:tra el denunciante, qu~dando subsistente para [os demás Estados signatarios. La denuncia será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás Estados signatarios.

El(Jsilopnlil¡cOtnrlEcundory~nAméri{"(J

RESERVAS

Guatemala Hacemosreservaellprcsadc\articul02encuantodeclaraque los Estados no están obligados a otorgar asilo; porque sostenemos un concepto amplio y fmne del derecho de asilo. Asimismo hacemos resen'a ellpresa del último párrafo del articulo 20 (veinte), porque mantenemos que toda persona, sin discriminación alguna, está bajo la protección del asilo. Uruguay El gobierno del Uruguay hace reserva del Artículo 2 en la parte que estable{'e que la autoridad asilante, en ningún caso está obligada a conceder asilo ni a declarar por qué lo niega. Hace asimismo reserva del Articulo 15 en la parte en que establece: ..... sin otro requi.sito que el de la exhibición, por vía diplomática, del respectivo salvoconducto visado y con la constancia de la calidad de asilado otorgada por la misión diplomática que acordó el asilo. En dicho tránsito, al asilado se le considerará bajo la protección del Estado asilante~. Finalmente, hace reserva del segundo inciso del Artículo 20 pues el gobierno del Uruguay entiende que todas las personas, cualquiera sea su sexo, nacionalidad, opinión o religión, gozan del derecho de asilarsc. República Dominjcana La República Dominicana suscribe la anterior Convención con las reservas siguientes. Primera: La República Dominicana no acepta las disposiciones contenidas en los artículos 7 y siguientes en lo que

re~pcct;l

a la e31itic3ciórl unilatcnl de la ur¡:enci3 ror el Estado

lI-,ibnte. Sq;und.l: L:t~ d¡~vo~¡cionc~ d.:: esu Cctl\ención no son IIplie3bks en eonsceueneil, en lo que ab República Dominicana eoneiCTlle, a bs eontro\ enias que ruedan surgir entre el CSl;ldo lerntori31 y el [st3do asil3nte, y que se refieren concretamente a b falta d~ seried.ld o a la ine:o;istcneiJ de un:! vawdcra IIccibn pcrsC't'utori3 contra el a~i13do ror pJ.r1e de las autoridJd..:s locaks.

La •.klC'Íón de Honduras suscribe b Conu'neión sobre A~ilo Oiplom:itico con las rcscrns del ea~o rcspcew a los artículos que se ropongJ.n a 13 Constitución y a las leyes vigentes de la Rcrublie3d<."lloru.!ur:ls.

CO:\'\'F.:\CIÓ:\' S08lU: ASILO TERRITORIAL Fimlado en C3nc3s. el 28 01<." maí/ro de 1954. en la DI!cima Cronf<."TC1lci3InteT3mcric3n3. loo; ~robicmo~ 01..: 1\1$ [~t3dos d..: b Or¡:anización 01..: lo~ [staJo~ Amcricanc~. dL'liCO~OS d..: ecncer1ar un3 Con\"ención sol>re A~il0 Tcrritcrill, h3n con\cniJo en lo~ siguicnl(,s artícul(l~:

16.

E/ ",no po/Meo e~,1 EOIodo~ye" Amerka

Articulo! Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a itir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. ArtículoIl El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación politica o por aclOs que puedan ser considerados como dditos políticos. Cualquicrviolación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado. ArticllloIlI Ningún Estado esta obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos a delitospoliticos. Artículo IV La extradición no es procedente cuando se trate de person:J.s que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos politicos o por delitos comunes cometidos con fines politicos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente politicos.

16J

./ohnnyR/XaDeCastro

Artículo V El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un EStado se haya realizado suhrepticia () irregularmente no afecta las estipulaciones de esta Convención. Artículo VI Sin peJjuicio de lo dispuesto en los articulas siguitntes, ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos istrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se bate de asilados o refugiados políticos. AruculoVII La libertad de expresión del pen:.arrllento que el derecho intemo reconoce a todos los habitantes de un Esudo no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que Nutra éste () su gobkmll explesen publicamente \1)'.) asiladl)'.) o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se jndte al empleo de la fuena o de la violencia contra el gobiemo del Estado reclamante. ArtlculoVIH Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación interna de éste reconoce a fodos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que ules reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el cmpleo de la fuerza o la violencia contra el gobie<model Estado solicitante.

162

ArtieulolX A requerimiento del Estado

intere~do,

el que ha eonceüido

el refugio o a~ilo proceder.i a 13 vigi13nda o a la internación,

h3-~1J

prudencial de sus ffontens, de aquel!(l~ rcfugiad(l~ o a~i1ados políticos que fueren notoriamente ulrigentes de un mo\imiento subversivo, asi como de aquellos de quienes haya pruebas de que se di~ronen a incorrorarse a él. una

di~taneia

La determinación de la di~!ancia prudencial de las frontens para los efectos de la internación dcndera dd criterio de- 1a~ autoridJues del Estado requerido. Lo~ gast0s de toda indole que demande la internación do: asilados o refugiados politicos serán poreuentol del Estauoque 13 solicite.

Artículo X Los internados polilico~, a que se refiere el olniculo anterior, uar.in aviso al gobicmodd Estoldo en que se encuentran sicmrre que resudvan sollir dellerritorio. La salida les será conccuid3. bajo 13 condición de que no se dirigir.in al país de su proeedenciol, y d:mdo aviso al gobierno interesado. AnieuloXI En lodos los casos en que la introducción de un3 rt.""dolmoleión o de un requerimiento seol procedente conforme a este convenio. la apreciación de fa pruetJa presentada por el ES(3do requirente dependerá dc1 criterio del ESlJdo requerido. Artículo XII

La presente Conveno:ión queda abierta a la firma uc los Est3das de la OrganizJción de los Esudas Americanos.

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Joh"'1)IR(JCoDcCosfro

y será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respcctivos proccdimientos constitucionales. ArticuloXur El instrumento original. cuyos tcJtlos en espanol, francés, ingMs y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panammcana, la cml enviara copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán deposítados en 13 Unión Panamericana y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Artículo XIV

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifiquen en c:I orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. Artículo XV La presente Convención regir.i indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un rulO, transcurrido c:I cual cesara en sus efectos para el denunciante, quedando en vigor entre los demás Estados signatarios. La denunda será transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás Estlldos signatarios. EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenci.arios inflascntos, presentados sus plenos poderes que han sido hallados en buena y debida fonna, finnan la presente Convención en nombre de sus respectivos gobiernos, en la ciudad de Caracas, el día veintiocho de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro.

164

ElasilopoliticoenelEcuodoryenAmenca

CARTA DE LA ORGA..'lIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito c127 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de Rdormas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de RefortTJ:ls a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraorJinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. EN NOMBRE DE SUS PUEBLOS REPRESENTADOS EN LA IX CONFEREJ'liCIA A:'\tERICANA

LOS

ESTADOS

INTER~ACIONAL

Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones; Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y su 165

respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;

Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y en el desarro110 d~ la región; Seguros de qm! el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; Persuadidos de que el bienestar de todos e11os, asl como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir,eada día más, una intensa eoopcración eontincntal; Uetennmados a perseverar en la noble empresa que la Humanidad ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente; Convencidos de que la organización jurídica es una condición necesaria p:lra 1:1 seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia, y de acuerdo con la Resolución IX de 1:1 Conferencia sobre Prob1cm:ls de la Guerra y de la Paz, reunida en la Ciudad de Méx:ico, han convenido en suscribir la siguiente

/66

El asilo po/i¡ico e~ el Ec~adory,m Ami'rjco

CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AI\IEIUCANOS

Primera Parte NATURALEZA Y PROPÓSITOS: Articulo I Lo~ Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional.

La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asunto~ de la jurisdicción interna de los Estados . Artículo 2 La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; e) Prevenir las posibles causas dc dificultades y asegurar la solución pacifica de cOntroversias que smjan entre los Estados ; d) Organizar la acción solid3ria dc éstos en caso de agresión;

167

Jolmny Raca De Castro

el Prorurar la solución dc los problemas políticos, jurídicos y económicos que se suscitcn erltre ellos; por medio de la acción cooperativa, su desanol!o económico, social y cultural; f) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al ple:no de$arml\o ~\1VJ<;;ráti~o de los p\J.eblo~ dd he:misfirio, y h) Alcanzar una efectiva limi/ación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de r~cursos al desarrollo económico y social de los Estados .

PRINCIPIOS:

Anícul03 Los Estados americanos re¡¡firmanlos siguientes principios: a) El derecho i.nternacional Estados en sus relaciones reciprocas.

~

norma de conducta de I()$

b) El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 50beranla e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de lostratadosydcotrasfuenfl'sdo::lderechointo::rnacionaL e) La buena fe debe regir las relaciones de los Estados e·ntre

d) La solidaridad de los Estados americanos y los altos fines que con eIla se persiguen, tequieren la organi¡adón p<1Htica de tos mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democtacia representativa. e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema politico, econ6mico y social, y a organizarse en la fonna que más !econvenga, y tiene el deber de n<1 intervenir en 105 asuntos de otro Estado. Con sujeci6n a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y eotl independentia de la natura\et.a de ~us sistemas políticos, econ6mitos ysocialcs.

168

o

U dimin3eión de b rohrCl3 erilic3 e~ rarte esencial de 1.1 promoción )' eon~ohd.leión de b d~-m!Xr.¡eb ~lalh·3 y conslitu)e resron~billJ.td c.... mún y cr>mrartidJ de: Ir>s budO"l llmcricano~.

g) los Estados americano~ condenan b fUc:rr.t de: IIp""csiÓTl: b \klOri3nodldm:·dos. h) la agrCloión:1 un [sl3do amerie:lJlo eC'nI!itu)"c una a¡:l"t""ibn a todos los dcrnas Est.1do~ amc:rieano~. i) la.~ eontro\mia~ de eadeter inlc:m3eiol1.ll quc: SUDan entre o ma~ ESLldos amc:rie3.no~ deben scr Ttsuel!:l~ I"Jf medio de: procedimientos paeHicos.

do~

jI la juslic;:l )' l:! st"guridad SOclales 50n duradera.

ba~es

de una paz

k) La eoof'C"ración económiea es C"Se"ncial par.¡ el bienCl.lar y

la prosrcridJd comune'S de lo~ pucblo~ del Continente. l) los Estados americanos procllman los derccho~ fundarnent3lcs de l:! rcrson3 humana sin hacer distinción de 1":1.7.3, naeionalidad,CTe'doose:l;o.

m) La unidad espiritual del Continente" se ba~ en el rCl.pc"lo de la rcrsonalidad cultural de los paises americanos y demlnda su estrechl cooperación en Ils alta.~ finalid.:ldC'i de b euhur.! humln3. n) La eduelción de [os justicll,!Jlibenldybplz.

pueblo~

debe orientarse hacil b

!\IIDIBROS: Articulo 4 Son de la Org:lnización amcriclnos que' r.!tifiquen 13 pf~enle C3n3.

todos tos

r~l.Jdos

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ArtículoS En la Organiz:Jció~ tcndr:í su lugar lod:! nueva entidad polilic:! que nuca de la I,1nión de ...arios de sus Estados miembrCls y que como tal ntiflq\le esta Carta. El ingreso de la n\lt'>'a en\i~ad politica en la Org:mización producirá, para cada uno de los Estados que la constituyen, la pérdida de 1:1 calidad de miembro de la Organización. Articulo 6 Cualquier otro Estado americano indcIJendicnte que quiera ser miembro de la Organización, ~cberá manifestado mediante nota dirigida a! Secre!;.trio General,en la cual indique que estd. dispuesto a firmar 'f ratificar la Carta de la Organización así como a aceptlr todas las obligaciones que entraña la condición de miembro, en especial las refercntes a la seguridad colectiva, mencionadas expresarncntcen los articulos 28y29dc la Carta. Articulo 7 La Asamblea Gcncral, previa recomendación del Consejo Permanente de la Organización, determin:trá si es procedente autoriz.lr al Seerewrio General para que permita al Estado solicitante firmar la Cana y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo P.:rmanente. como la decisión de la AS:lmblea General. requerirán el voto afinnativo de los dos tercios dc los Estados . Artículo 8 La condición de micmbro de la Organización estará restringida ajos Estados independientes del Continente que al 10 dedicicmbre de 1985 fueran d,;: las Naciones Unidas y a los territorios no autónomos mencionados en el documento OEA/Ser.P, AGfdoc.lI})'M\5. dd S de noviembre de 1985, cuando alcancen su independencia. /70

El asilo poN/ka ~" ..1 &uaJo~ y~" Amerira

Artículo 9 Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea demx:ado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consult.:J, de lus Consejos dI! la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado. a) La facultad de suspensión so!Jmente será ejercida cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado. b) La decisión sobre la suspensión deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asámblea General, por el voto afinnativo de los dos tercios de los Estados . e) La suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprob3ción por la Asamb!ea General. d) La Organización procurará, no obstante la medida de suspensión, emprender lluevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado. e) El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá eontinu:If observando el cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. f) La Asamblea General podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios de los Estados . g) Las atribuciones a que se refiere este articulo se ejercerán de confonnidad con la presente Carta.

171

Johmry Roca De Caslro

DERECHOS Y DEBERES fUNDAl\lEI\'TALES DE LOS ESTADOS:

Artículo 10 Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales dertthos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia comopersonadederechointcmacional. Artículoll Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional. Articulo 12 Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en fonna alguna. Artículo 13 La existencia politica del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun ante~ de ser reconocido, el Estado tiene el derccho de defender su integri&td e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, istrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos dere<:hos no tiene otros límites quc el ejercicio de Jos derechos de otros Estados eonfonne al derecho internacionaL

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EIQ3;¡opolilico~n€IEcuadory€"A",<'rica

Articulo 14 El reconocimiento implica que el Estado que 10 otorga acepta la personalidad dd nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el derecho internacional. Artículo 15

El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado . Artículo 16 La jurisdicción dc los Estados en los limites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes. nacionales o extranjeros. Articulo 17 Cada Estado tiene el derecho a desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal. Articulo 18 El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las reb.eiones pacíficas entre los Estados. Los tratados y acuerdos internacionales deben ser públicos. Artículo 19

Ningún Estado o grupo de Estados liene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio antmor excluye 173

Johnny Roca De Castro

no solamcnte b. fuerza armada, sino también cualquier otra fonna de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Artkul020 Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

Articulo 21 El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado,direeta o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por cualquier otro medio de coacción. Artículo 22 Los Estados americanos se obligan en sus relaciones intemacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de confonrudad con los tratados vigentes o en cumplilllientodedichostratados. Artículo 23 Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios enunciados en los artículos 19 y21.

174

El mal" p"lill~" tI! el Ec~aJory"" Amirica

Capitulo V SOLUCIÓN PACÍFICA DE CO:'IJTROVERSIAS: Artículo 24 Las controversias internacionales entre los Estados deben ser sometidas a los procedimientos de solución pacífica señalados en esta Carta. Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados de acuerdo con los artículos 34 y 3S de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 25 Son procedimientos pacíficos: la negociación directa, lus buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden, cncualquicrmorncnto,lasPartcs. Artículo 26 Cuando entre dos o más Estados americanos se suscite una controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento pacífico que les permita llegar a una solución. Artículo 27 Un tratado especial establecerá los medios adecuados para resolver las controversias y determinará los procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos. en forma de no dejar que controversia alguna entre Jos Estados americanos pueda quedar sin solucíón definitiva dentro de un plazo razonable.

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Joh""yRoeaDtCaslN>

Capítulo VI SEGURIDAD COLECTIVA:

Artícu[028 Toda agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independenóa política de un Estado americano, será considerada como un acto de agresión contra los demás Estados americanos.

Anícur029 Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americ:mo fueren afectadas por un ataque annado o por UJla agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más Estados americanos o POI cualquier otro hecho o situaci6n que pueda poner en peligro la paz de América, los Est;¡dos amcric\illoo en desarrollo de loo principioo de la solidarid3.d continental o de [a legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los traudos especiales, existentes en la materia. Capítulo VII DESARROLLO INTEGRAL: Articuw30 Los Estados , inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos pata lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. El desarrollo integral abarca los campos econóntico, social, educacional, cultural,

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El asila poli/lca e" rlEcuadory m America

científico y tecnológico, en los cuales deben obtenerse las melas que cada país defina para lograrlo. Articulo JI La cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema interamerieano. Ella debe comprender los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, apoyar el logro de los objetivos nacionales de [os Estados y respetar las prioridades que se fije cada país en sus planes de desarrollo, sin ataduras ni condiciones de earácterpolítico. ArticuloJ2 La cooperación interamericana para el desarrollo integral debe ser continua y encauzarse preferentemente a través dc organismos multllatcrales, sin perjuicio de la cooperación bilateral convenida entre Estados . Los Estados contribuirán a la cooperación int~ramericana para el desarrollo integral de acuerdo con sus recursos y posibilidades, y de confonnidad COn sus leyes. Articul03J El desarrollo es responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo que p~nnita y contribuya a la plena realización de la persona humana. Articulo 34 Los Estados convienen en que la igualdad de oportunidades. la eliminación de la pobreza crítica y la distribución 177

Johr",y Roco[)1! Castro

equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos ea las decisiones relativas a su propio désatToUo, ron, entre otros, objetivos básiéos del desanollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas: al

Incremento sustanciat y autosostenido del I'toducto nacional per dpita;

b)

Distribución equitativa del ingreso nacional;

c)

Sistemas impositivos adecuados y equitativos;

d)

Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agricola. expansión del uso de la tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y comercializaci6n de productos agricolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar estos fmes;

e)

Industrialización acclcrada y diversificada, especialmente de bienes de capital e intermedios; Estabilidad del nivel de precios internos en annonfa con el desarrollo económico sostenido y el logro de la justiciasocia[;

g)

Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptabkspara todos;

h)

Erradicaciórt rápida del analfabetismo y ampliación, para todos, de las oportunidades en el campo de la educación; Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de [a ciencia médica; Nutrici6n adecuada., particulannente por medio de la acekración de los esfuerzos nacionales para inerementar la producción y disponibilidad de alimentos;

/78

El asilopalÍ/.eo tll el Eruodory .."Am;rico

k)

Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; Condidones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna;

m)

Promoción de la inidativa y la inversión privadas en annonía con la acción del sector público, y

n)

Expansión y diversificación de las exportaciones.

Articulo 35 Los Estados deben abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados . ' Artículo 36 Las empresas transnacionales y la inversión privada extranjera están sometidas a la legislación y a la jurisdicción de los tribunales nacionales competentes de los países receptores y a los tratados y convenios internacionales en los cuales éstos sean Parte y, además, deben ajustarse a la política de desarrollo de los países receptores. Artículo 37 Los Esbdos convienen en buscar, colectivamente, solución a los problemas urgentes o graves que pudieren presentarse cuando el desarrollo o estabilidad económicos, de cualquier Estado miembro, se vieren seriamente afecbdos por situaciones que no pudieren ser resueltas por el esfuerzo de dicho Estado. Artículo 38 Los Estados difundirán entre sí los beneficios de la ciencia y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados

]79

JOhMJI RlJCóJ De Castro

vigentes y Jeyes nacionales. el intercambio y el aprovechamiento de tos conocimientos científicos y tecnicos. Artículo 39 Los Estados , reconociendo la estrecha interdependencia que hay entre el comercio exterior y el demrrollo económico y social. deben realizar esfuerzos, individuales y colectivos, con el fmdeconseguir: a) Condiciones favorables de a los mercados mundiales para los productos de los países ("n desarrollo de la región, especialmente por medio de la reducción o eliminación, por parte de los países importadores, de barreras arancelarias y no arancelarias que afectm las exportaciones de los Estados de la Organización. salvo cuando dichas barreras se apliquen para diversificar la estructura económica, acelerar el desarrollo de los Estados menos desarrollados e intensificar su proceso de integraciórt económica, o cuando se relacionen con la segundad nacional o las necesidades del equilibrio económico; b) La continuidad de su desarroUo económico y social mediante:

i. Mejores condiciones para el comercio de productos básicos por medio de convenios internacionales, cuando fueren adecuados; procedimientos ordenados de comercialización que eviten la perturbación de los mercados, y otras medidas destinadas a promover la expansión de mercados y a obtener ingresos seguros para los productores, sumini~tIos adccuados y segur'os para los consumidores, y precios estables que sean a la vez remunerativos para los productores y equitativos para Jos consumidores; ii. Mejor I.':uop«aciór. intemacioual en el Nmpu financiero 'J adopción de otros medios para aminorar los efectos adversos de las fluctuaciones acentuadas de los ingresos por concepto de exportaciortes que expcrimenten los países exportadores de productos básicos; 180

iii. Dh'crsificación de las ex]'>Ort:lciones y amplbción de oportunidades para cxportar productos manufacturados semimanufaclurados de p:l!ses cn dcsarrollo, y

b~

y

iv. Condiciones favorables al incremento de los in~~os reales provenientes de las export:lcioncs de los Est:ldos , especi3lmente de los p:llses en dcs:lrrollo de la región. y al aumento de su participación en el comercio intcrnacional. Articulo 40

U>S Estados teafinn:ln el principio de que [os p:lises de mayor desarrollo económico, que en acuerdos intcrnacionales de comercio efecruen concesiones en beneficio de los paises de menor dcsarrollo económico en matcna de reducción y elimin:lción de tarifas u otras barreras al comercio exterior, no deben solicitar de esos países concesiones recíprocas que sean incompatibles con su des:lrro!lo económico y sus necesidades financieras y comerciales. Artículo 41 Los Estados , con el objeto de acelerar el desarrollo económico, 13 integración regional, la ellpansión y el mejoramiento de las condiciones de su comercio, promoverán la modernización y la coordinación de los transportes y de las comunicaciones en los países en desarrollo y entre los Estados . Articulo 42 Los Estados reconocen que la integración de los paises en desarrollo del Continente es uno de los objetivos del sistema interamencano y, por consiguiente, orientarán sus esfuerzos y tomar:í.n I3s medidas necesanas pan acelerar el proecso de integración. con miras al logro, en el mis corto plazo, de un mercado comúnlatinoamencano.

IBI

Jo/¡mn' Roca De Castm

Artículo 43 Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en todos sus aspectos, los Estados se comprometm a dar adecuada prioridad a b prepal'3ción y ejecución de proyectos multinacionales y a su financiamiento. así corno a estimular a las instituciones económicas y financieras del sistema inter.nnericano para que continuen dando su mas amplio respaldo a las instituciones y a los programas de integrnción regional. Artícula44 los Estados convienen en que la coopel'3ción técnica y financiera, tendiente a fomcntar los procesos de integración económica regional, debe fundarse en el principio del desarrollo armónko, equilibrndo y eficiente, asignando especial atención a los paises de menor desarrollo relativo, de manera. que constituya un fador decisivo que los habilite a promover, con sus propios esfuerzos, el mejor desarrollo de sus programas de infraestructura, nuevas líneas de producción y la diversificación de sus exportaciones. Artíeu[o45 Los Estados , convencidos de que el hombre sólo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un ord"n social justo, acompañado de d"sarrono económico y verdadera paz,convienenendedicarsusmáximosesfuerzosalaaplicaciónde los siguientes principios y mecanismos: al Todos los scres humanos. sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritu:¡l, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica; b) El trabajo es un derecho y un debersoci:¡l, otorga dignidad a quien lorc:¡líza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un

182

El asilo político en el Ecuador y en América

régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia 10 prive de la posibilidad de trabajar; c) Los empleadores y los trabajadores, tanto rurales como urbanos, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses, incluyendo el derecho de negociación colectiva y el de huelga por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia, todo de conformidad con la legislación respectiva; d) Justos y eficientes sistemas y procedimientos de consulta y colaboración entre los sectores de la producción, tomando en cuenta la protección de los intereses de toda la socieda4; e) El funcionamiento de los sistemas de istración pública, banca y crédito, empresa, distribución y ventas, en forma que, en armonía con el sector privado, responda a los requerimientos e intereses de la comunidad;

f) La incorporación y creciente participación de los sectores marginales de la población, tanto del campo como de la ciudad, en la vida económica, social, cívica, cultural y política de la nación, a fin de lograr la plena integración de la comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y la consolidación del régimen democrático. El estímulo a todo esfuerzo de promoción y cooperación populares que tenga por fin el desarrollo y progreso de la comunidad; g) El reconocimiento de la importancia de la contribución de las organizaciones, tales como los sindicatos, las cooperativas y asociaciones culturales, profesionales, de negocios, vecinales y comunales, a la vida de la sociedad y al proceso de desarrollo; h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social, e i) Disposiciones adecuadas para que todas las personas tengan la debida asistencia legal para hacer valer sus derechos.

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Artículo 49 Los Estados reconocen que, para facilitar'el proceso de la inwgración regional latinoamericana, es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seb>uridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, y convienen en realizar Jos máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad. Artículo 47 Los Estados micmoros dacill importan.cia primordial, do;:ntro de sus planes de desarrollo, al estímulo de la ducación, la ciencia, la tecnologla y la cultura orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso.

Artículo 48 Los Estados cooperarán entre sí para satisfacer sus necesidades educacionales, promover la investigación científica e impulsar el addanto tecnológico pMa su d(!SarroUo mtegral, y se considerarán individual y solidariamente comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos. Anículo49 Los Estados llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus notrnllS constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientcs bases: a) La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratuita;

El asilo pQ/j¡ico e~ el EC"ado~ y en América

b) La educnción media deberá extenderse progresivamt'llte a la mayor parte posible de la población, con un criterio de promoción social. Se diversificara de manera que, sin perjuicio de la fonnación gencral dc los educandos, satisfaga las necesidades de\ desarrollo de cada país, y c) La educación superior estara abierta a todos, siempre que,

para mantener su alto niveL, se cumplan las nonnas reglamentarias o academicascorrespondientes. Artículo SO Los Estados prestarán especial atención a la erradicación del analfabetismo; fortaleceran los sistemas de educación de adultos y habilitación para el trabajo; aseguraran el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la población, y promoverán el empleo de todos los medios de difusión para el cumplimiento de estos propósitos. ArtículoS! Los Estados fomentarán la ciencia y la tecnología mediante actividades de enseñanza, investigación y desarrollo tecnológico y programas de difusión y divulgación, estimularán las actividades en el campo de la tecnología con el propósito de adec:uarla a las necesidades de su desarrollo integral, concertaran eficazmente su cooperación en estas materias, y ampliarán sustancialmente el inten::ambio de conocimientos, de acuerdo con los objetivos y leyes nacionales y los tratados vigentes. Artículo 52 Los Estados acuerdan promover, dentro del respeto debido a la personalidad de cada uno de ellos, el intercambio cultural como medio eficaz para consolidar la comprensión intcnmeric:ma y reconocen que 10$ programas de integración regional deben

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Johnny Rora De Castro

fertalecen:.e ten una estrecha "'¡nculación en los campos di: la educación. la cic'nciay la cultura.

Segunda Parte CapituloVlII

DE LOS ÓRGANOS Articulo 53

La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de: a) La Asamblea Gerteral; b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; e) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos; [)

La Secretana General;

g) Las Conferencias Especblizadas. y h) Los Organismos Especializados.

Se podrán establecer. ademas de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones. los órganos subsidiarios. organismos y las otras entidades que se estimen necesarios.

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El Q5110 politlco e" ti ECllad~ryen AmerwQ

Capítulo IX LA ASA:\lBLEA GENERAL Artículo 54

La Asamblea Gmeral es el órgano supremo de Ca Organización de los Estados Americanos. Tiene como atribuciQnes principales, además de las otras que le señala la Carta, las siguientes: a) Decidir la acción y la politka generales de la Organización, detmninar la estructura y funciones de sus órganos y considCTlIr cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos; b) Dictar disposiciones para la coordinación de las activida_ des de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí,y de estas actividades con las de las otras instituciones del sis tema interol'lleriCllno;

e) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados; d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacio_ nales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos; e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijarlas cuotas de los Estados ; 1) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y hs observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo t) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la rropia Asamblea GcneraCrequiera; g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General,y

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Johnny Roca D" Castro

h) Aprobar su reglamento 'j, por dos terdos de los votos, su t~mario.

La Asamblea General ejt1'cerá sus atribuciones de: acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos. Artículo 55 La Asamblea General establece las bases para fijar la CllOU con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos p:líses y la determinación de éstos de contribuir en forma equhalÍva. Para tomar decisiones en asuntos presupuestarios, se necesita la aprobaci6n de los dos tercios de los Estados . Artículo 56 Todos los Estados tienen d~recho a hacerse representar en la Asamblea Gencr:!!. Cada Estado tiene derecho a un \'010.

Artículo 57 La Ao;amblea Ge~ral se reunirá anualmente en la tpoca que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. En cada período ordin:lrio de sesiones se determinará, de acuerdo con el reglamento, la fecha y sede del siguiente período ordinario. Si por cualquier motivo la Asamblea General no pudiere ce:l~brarse en la sede escogida, se reunirá en la Secretaria General, sin peljuicio de que si alguno de los Estados ofreciere oportun:lmente sede en su territorio, el Consejo Perm:!nente de la Organización pueda acordar que la Asamblea General se' reúna en dicbasede.

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El asilo poli/ko e~ el E~"ado~ y

~" Amhica

Artículo 58 En circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los Estados , el Consejo Pennanente convocará a un perlado extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Artículo 59 Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Estados , salvo los casos en que se requiere el voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la Carta, y aquellos que Ikgare a determinar la Asamblea General, por la vla reglamentaria. Artículo 60 Habrá una Comisión Preparatoria de la Asambka General, compuesta por representantes de todos los Estados . que tendrá las siguientes funciones: a) Formular el proyecto de temario de cada período de sesiones de la Asamblea General; b) Examinar el proyecto de programa-presupuesto y el dc resolución sobre cuotas, y presentar a la Asamblea General un informe sobre los mismos, con las recomendaciones que estime pertinentes,y

e) Las demás que le asigne la Asamblea General. El proyecto de temario y el informe serán tra.nsmitidos oportunamente a los Gobiernos de los Estados .

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Joh""JIRoca O,, Castro

Capitulo X LA REUNIÓ:"II DE CONSULTA DE MI~ISTROS DE RELACIO:SES EXTER10RES: Artículo 61 . La Reunión de Consulta de M¡ni~t¡o~ de Rdacione~ E:mrirn:e~ deberá celebrarse con el fin de considerar problemas de carácter urgente 'j de interés comÚll para los E~tados americanos, 'J para servir de Órgano de Consulta. Artíeulo62 Cualquier Estado miembro puede pedir que se convoque [a Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Pennanente de la Organización, el cuu[ decidirá por mayoría absoluta de votos si es procedente la Rrunión. Artículo 63 El temario y el reglamento de la Reuni6n de Consulla sC"r5n preparados por el Consejo Pennanente de la Organización y sometidos a la consideración de los Estados . Artículo 64 Si excepcionalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país no pudiere eoneurnrala Reunión, se hará representar po~unDelegadoEspecial.

Artículo 65 En caso de ataque armado al territorio de un Estado americano \) dentro de [a región de segurid.:Jd que delimita el tratado vigente, el Presídmte del Consejo Permanente reunirá al Consejo sin demora

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El asilo político m el Ec"odory,,,, Américo

para detenninar la convocatoria de la Reunión de Consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca por lo que atañe a los Estados Partes en dicho instrumento. Articulo 66 Se establece un Comité Consultivo de Defensa para asesorar al Órgano de Consulta en los problemas de colaboración militar que puedan suscitarse con motivo de la aplicación de los tratados especiales existentes en materia de seguridldcoleetiva. Artículo 67 El Comité Consultivo de Defensa se integrará con las más altas autoridades militares de los Estados americanos que participen en la Reunión de Consulta. Excepdonalmente los Gobiernos podrán designar sustitutos. Cada Estado tendni derecho a un voto. Artlcul063 El Comité Consultivo de Defensa será convocado en los mismos t¿,nninos que el Órgano de Consulta, cuando é$te haya de tratar asuntos relativos a Ja defensa contra la agresión. Artículo 69 Cuando la Asamblea General o la Reunión de Consulta o los Gobiernos, por mayoría de dos terceras partes de Jos Estados . le encomienrlt-n estudios técnicos o infonnes sobre temas especlficos, el Comité se reunirá también para ese fin.

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Joh,,"yRoca[JeCmlro

Capitulo XI LOS CONSEJOS DE LA ORGANIZACIÓ~: Disposiciones Comunes Articu!o10 El Consejo Perm:mente de la Organización y el Consejo Intetameric1Ulo para el Desarrollo Integral, dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la Carta y otros instnunentos interamericanos, así como las funciones. que les encomienden la Asamblea Generol y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. Artículo7! Todos los Estados tienen derecho a hacerse represen'lar en cada uno de los consejos. Cada Estado tiene dere¡;:bo a un voto. Artkulo72 Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamerieanos, los conscjos podrán hacer re<:omendaciones en el ámbito de sus atribuciones. Articulo 73 Los consejos, en asuntos de su respectiva competencia, podrán presentar estudios y propuestas a la Asamblea General, someterle proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la celebración de Conferencias Especializadas, a la creación, modificación. o supresión de organismos especializados y otras entidades interamericanas, as! como sobre la Coordinación de sus actividades. Igualmente los consejos podrán presentar estudios, propuestas y proyectos de instrumentos internacionales a las Conferencias Especializadas.

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El asilo¡wlítÍCO en elEcuodory e" América

Artículo 74 Cada consejo, en casos urgentes, podrá convocar, en materias de su competencia, Conferencias Especializadas, previa consulta con los Estados y sin tener que recurrir al procedimiento previsto en el artículo 122. Articulo 75 Los consejos, en la medida de sus posibilidades y con la cooperación de la Secretaría General, prestarán a los Gobiernos los servicios especializados que éstos soliciten. Artículo 76 Cada consejo está facultado para requerir del otro, asi como de los órganos subsidiarios y de los organismos que de ellos dependen. que le presten, en los campos de sus respectivas competencias. información y asesoramiento. Los consejos podrán igualmente solicitar los mismos servicios de las demás entidades de! sistema interamericano. Articulo 77 Con la aprobación previa de la Asamblea General, los consejos podrán crear los órganos subsidiarios y los organismos que eonsideren convenientes para el mejor ejercicio de sus funciones. Si la Asamblea General no estuviere reunida, dichos órganos y organismos podrán ser establecidos provisionalmente par el consejo respectivo. Al integrar estas entidades, los consejos observarán, en lo posible, los principios de rotación y de equitativa representación geográfica.

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JOh"'TyRocaD" Castro

Articulo 7&

LC$ I:;cn~jos podrán cekbr3r reuniones ~ el territorio de cualquier Estado miembro, cuando así lo ~stimen conveniente y previa aquiescencia del respectivo Gobierno . . Aniculo79 Cada consejo redactará su estatuto, lo someterá a la aprobadón de la Asamblea General y aprobará su reglamento y los de sus órganos subsidiarios, organismos y comisiones.

Capítulo XII EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓ;.J

Anicul080 El Consejo Pcnnmeote de la Organización se compone de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo con la cat~goría de embajador. Cada Gobierno podrá acreditar un representante interino, así como los representantes suplentes y asesores que juzgue conveniente.

Articulo8! La presidencia del Consejo Pennanente será ejercida sucesivamente por los representantes en el orden alfabético de [os nombres en ~spañol de sus respectivos países y la vicc:-pr!:sidencia en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso. El presidente y el vicepresidente des~mpeñarán sus funciones por un período no mayor de seis meses, que será determinado por el

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Artíc:ul082 El Consejo Pefmanmte conoce, dentro de los límiles de la Carta y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Rebelones Exteriores. Artkul083 El Consejo Permanente aewani provisionalmente como Órgano de Consulta de conformidad con 10 establecido en el tratado especial sobre la materia. Artkulo84 El Consejo Permanente velará por el mantenimiento de las rebciones de amistad entre los Estados y, con tal fin. [es ayudará de una manera efecliva en la solución pacífica de sus controversias, de acuerdo con las disposiciones siguientes. Artículo 85 Con arreglo a las disposiciones de la Carta, cualquier Parte en una controversia en la que no se encuentre en trámile ninguno de los procedimientos pacíficos prevjstos en la Carta, podrá recurrir al Consejo Permanente para obtener sus buenos oficios. El Consejo, de acuerdo con lo estab!ecido en el articulo anterior, asistirá a las Partes y recomendará los procedimientos que considere adecuados para el arreglo pacífico de la controversia. Artículo 86 El Consejo Permanente, en el ejercicio de sus funciones, con la anuencia de las Partes en la controversia, podrá establecer comisiones ad hoc.

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Johnny Raca De Castro

La~ comisipnes ad hoe tendrán la integración y el mandato que en cada caso acuerde el Consejo Pennanente con el consentimiento de las Panes en la controversia.

ArtículoS7 _ El Consejo Permam:nte podrá, asimismo, por el medio que estime conveniente, investigar los hechos rc:!acionados con la controversia, inclusive en el territorio de cualquiera de las Partes, previo consentimiento del Gobicrno respectivo. Articulo SS Si el procedimiento de solución pacifica de controversias recomendado por el Consejo Permanente, o sugerido por la respe-<:tiva comisión ad hoe dc-ntro de los términos de su m:mdato, no fucre aceptado por alguna de 13s P:l11es, o cualquiera de éstas declararc que el procedimiento no ha reruclto la controversia, e\ Consejo Permanente informará a la Asamblea Gcneral, sin perjuicio de lIc-var a cabo gestiones para el avenimiento entre las Partes o para la reanudación de lasrel3ciones entre el1as. Artku!089 El Consejo Permanente, en el ejcrckio de estas funciones, aóoptará sus decisiones por el voto afirmativo de los dos terdos de sus . e)(duidas las Partes, salvo aquellas decisiones cuya aprobación por simple mayoría autorice el reglamento. Articulo 90 En el desempeño de sus funciones relativas al arreglo pacífico de controversias, el Consejo Permanente y la comisión ad hoc respectiva deberán observar la:> cli:>po:>\ciones de la Carta. 'j los principios y noonas de derecbo internacional, as! como tener en cuenta la existencia de los tratados vigentes entre las Partes. 196

Elas¡/opolítico ell el Ecu¡;¡Jory en A",érica

Artículo 91 Corresponde también al Consejo Permanente: a) Eje<:utar aquellas decisiones de la Asamblea General o de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores cuyo cumplimiento no haya sido encomendado a ninguna otra entidad; b) Velar por la observancia de las nonmlS que regulan el funcionamiento de la Seerebría General y, cuando la Asamblea General no estuviere reunida, adoptar las disposiciones de ¡ndole reglamentaria que habiliten a la Secretaría General para cumplir sus funeionesistrativas; e) Aetuar como Comisión Preparatoria de la Asamblea General en las condiciones determinadas por el artículo 60 de la Carta, a menos que la Asamblea General lo decida en forma distinta; d) Preparar, a petición de los Estados , y con la cooperación de los órganos apropiados de la Organización, proyectos de aC\lcroos para promove1: 'J facilitar la colaooradón entre la Organizaci6n de los Estados Americanos y ras Naciones Unidas o entre la Organización y otros organismos americanos de reconocida autoridad internacional. Estos proyectos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General; e) Formular recomendaciones a la Asamblea General sobre el funcionamiento de la Organización y la coordinación de sus órganos subsidiario~, organismos y comisiones; t) Considerar los informes del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, del Comité Jurldico Interamericano, de la Comisión lnteramericana de D~rechos Hum:mos, de la Secretaría General, de los organismos y conferencias especializados y de los demás órganos y entidades, y presentar a la Asamblea General las observaciones y recomendaciones que estime del caso, y

g) Ejercer las demás atribuciones que le señala la Carta.

197

Anícu!o9!,

fI C(\nscjo Pcnn.1n¡:ntc y I.l Secretaria Genenl tcndr.ln la m¡~nuscd ... ,

Capitulo XIII [1,

CO:"
Anículo93

El C(\n~cjo Intl."nmC'ricano ran el Desarrollo Intcgral sc ("mrone de un rrpresC'ntantc titular, :1 nivel mini~lcrial o su cqui~'alcnte, por cad.:! Estad,) miembro, nombrado cspcriJlmC'n!o;.' por elGoh¡emorc~rccti\o,

Conf
or¡;lnbmo~

funciúnC's. Aniculo9-l como

El Conscjo Intcf3mcricano r3r.l el Desarrollo IntcgT:l1 tienc fin3IiJ.u! rromovcr la coorcmción entre los E~tados

amcrie:lno~

con el prnpt'lsilO de logfat su do:sarrollo integf3l, y en particular rara contribuir nla eliminación dC' 1:1 pobrc13 crítica, do: eonformir.l.Ld con h~ normas de la Cana y en cspccial las ennsigrod.lS cn el Capítulo VII de 1:1 mism3. en lús camros C'C(lnómICO, ~ocial.l.,Jucacional. cultural. científico y tccnolJgico. ArtkuluQS Pan rca!ilaT su~ divcf'\oS fines. panicularmentc en el arca dI." la coopcraci6n t':.:niea, el Conscjo Intcramcric:lno pa13 el Oc"':lfTullolnlc¡;n\dcbcri:

e~po:dfic:l

E:larllopolírico .." rIEcuad"ry..., ¡f",bico

a) Formular y recomendar a la Asamblea General el plan eurat.egko que artitule tas.1loUti.cas., los. I"rogtam~ 'i \:l.'l. medidas de aceión en materia de coopcraeión para c:I desarrollo integral, en el marco de la política general y las prioridades definidas por 1:1 Asamblea GencraJ. b) Formular directrices para elaborar el programapresupuesto de cooperación t~cnica, así como rara las demb actividades dcl Consejo. c) Promover, coordinar y re~pon~3bjlizar dc la e-jecucióJ1 deprogramas y proyectos de desarro!Io a los órganos subsidiarios y organismos correspondientes, con base en las priorid:Ides determinadas por los Estados , en áreas tales como: 1) Desarrollo económico y social, incluyendo el comercio, c:I turiSIlKl, la integracMn 'i d media ambiente; 2) Mejoramiento y extensión de la educaeión a todos los niveles y 13 promoción de la investigación cientlfica y tecnológica. a trav~sde la cooperación técnica. así como el apoyo a las actividades del área cultural,y 3) Fortalecimiento de la conciencia cívica dc los pueblos americanos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo de la democracia y la observancia de los derechos y deberes de la persona humana.

Para estos efectos se contará con el com:UlSO & mecanismos de participación sectorial y de otros órganos subsidiarios y organismos previstos en la Carta y en otras disposiciones dI! la Asamblea General. d) Establecer relaciones de cooperaci6n con los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y con otras entid:tdes nacionales e intemacionaks, especialmente en lo referente ji. la coordinación de los progratruls interamerieanos de coop\:"ración técnica. e) Evaluar periódicamente las actividades de cooperación para el desarrollo integral. en cuanto a su desempeño en la 199

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consecución de la~ políticas, los programas y proyectos. en ténninos de su impacto. eficacia, efitiencia, aplicación de recursos; y de la calidad. entre otros, de los servicios de cooperación t6enica prestados, e informar a la Asamblea GeneraL Articulo 96 El Conscjo Interamericano para el Desarrollo Integral celebrará, por lo menos, una reunión cada año a nivel ministerial o su equivalente. y pOOrá convC\:ar la cdehración de reuniones al mismo nivel para los telllas especializados o sectoriales que estime pertiJlcntes, en áreas de su competencia. Se reunirá, además, cuando

lo convoque la Asamblea General, la Reuru6n de Coosulta de Ministros de Relaciones Exteriores o por propia iniciativa, o para Jos casos previstos en cI Artículo 37 de la Carta. Artículo 97 El Consejo Interamericano pafa el Desarrollo Integral tendni las Comisiones Especializadas No Perm:menfes que decida establecer y que se requieran para el mcjor desempeño de sus funciones. Dichas comisiones tendrán la competencia, funcionarán y se integrarán conforme a lo que se establezca en el estatuto del Consejo. Artículo 98 La ejecución y. en su caso, la coordinación de los proyectos aprobados se encargará a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, la cual informará sobre los resultados de ejecución de los mismos al Consejo.

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EI",¡lopoliricom~/Eo

Capítulo XIV EL C01\tITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO Artículo 99 El Comité Jurídico Interamericano tiene como finalidad servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, y estudiar los problemas jurídicos refe'rentes a la integración de los países en desarrollo del Continente y la posibilidad de unifonnar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente. Artículo 100 El Comité Jurídico Interamericano emprenderá los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relacione's ExteriOles o los consejos de la Organización. Además, puede realizar, a iniciativa propia, los que considere conveniente, y sugerir la celebración de conferenciasjuridicasespecializadas. Articulo 101 El Comité Jurídico Interamericano estará integrado por once juristas nacionales de los Estados , elegidos por un periodo de cuatro años, de temas presentadas por dichos Estados. La Asamblea General hará la elección mediante un régimen que tenga en cuenta la renovación parcial y procure, en lo posible, una equitativa representación geográfica. En el Comité no podrá haber más de un miembro de la misma nacionalidad. Las vacantes producidas por causas distintas de la expiración normal de los mandatos de los del Comité, se llenarán por el Consejo Pennanente de la Organización siguiendo los mismos criterios estab\ecidos en el párrafo anterior.

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Articulo 102, El Comité Juridico Interamericano representa al conjunto de los Estados de b Organizaci6n, y tiene la más amplia autonomíatécoica. Articulo 10) El Comité Jurídico Interamericano establecerá relaciones de cooperaci6n con las universidades, institutos y otros centros docentes, así como con las comisiones y entidades nacionales e internacionales dedicadas al estudio, investigación, enseñanza o divulgaci6n de los asuntos jurídicos de interés internacionaL Artículo 104 El Comité Jurídico Interamericano redactará su estatuto, el cual será sometido a la aprobaci6n de la Asamblea GeneraL El Comité adoptará su propio reghmento. Articulo 105 El Comité Juridico Interamericano tendrá su sede cn la ciudad de Río de Janeiro, pero en C1l50S especiales podrá celebrarrcuniones en cualquier otro lugar que oportunamente se designe, previa consulta con el Estado miembro correspondiente. Capítulo XV LA CO;\f1SIÓ~ INTERAt'IERICANA DE DERECHOS HUMANOS Articulo 106 Habrá una Comisi6n Interamericana de Dercchos Humanos quetendrá,corno función principal, la de promover la observancia y 201

la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo d\.' la Organización en esta materia. Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión. as! como los de los otros órganos encargados de esa materia. Capítulo XVI

LA SECRETARÍA GENERAL Articulo 107 La Secretaria General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Ejercerá las funciones que le atribuyan la Carta, otros tratados y acuerdos interamericanos y la Asambka General, y cumplirá los encargos que le l"ncomienden la Asambll"a General, la Rrunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores ylos consejos. Articulo \08 El Secretario General de la Organización será elegido por la Asamblea General para un período de cinco afios y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General, el Secretario General Adjunto asumirá las funciones de aquél hasta que la Asamblea General elija un nuevo titular para un período completo. Articulo 109 El Secretario General dirige la Secretaría General, tiene la representación legal de la misma y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91, inciso b), es responsable ante la Asamblea General del 203

cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la S\!C1'el3riaGenerat: Articulo 110 El Secretuio General, o su representante, podn'l participar con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Organización.

El Secretario General podrá llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Pertn:mente cualquier :mU"llo que, en su opinión. pudiese afectar la paz y la seguridad del Continente o el de'sarro!lo de los EstaJos .

Las atribuciones a que se refiere el pacrafo anterior se ejereecln de conformidad con 13 presente Carta. Articulo 111 En concordancia con la acción y la política decididas por la Asamblea General y con las resoluciones pcrtinentes de los Consejos, la Secrc'taria General promoverá las rebeiones cronómieas, sociales, juridieas. educativas, eientjficas y culturales entre todos los Est3dos de 13 Org3nización, con espcci3l énf3sis en la cooperación para 13 elimin3ción de la pobreza crltica. Articulo 112 L3 Se'cret3Cb General desempeila ademas las siguientes funciones: , a) Transmitir u omcio a los Estados la convocatoria de' la AsamblC"a General, de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especi3lizadas; b) Asesor3C a los otros órganos, segun correspond.:!., en la pn:paraei6n de' los temarios y reglamentos;

Efa"lopol¡¡;co~~el

Ecuadoryen AmérlCo

c) Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el programa· presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma; d) Proporcionar a la Asamblea General y a los demas órganos 5ervicios permanentes y adecuados de secretaria y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otras reuniones de la Organización; e) Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Inter3mcrican3s, de la Asamblea General,· de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de Jos consejos y de las Conferencias Especializadas; O Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, as! como de los instrumentos de ratificación de los mismos; g) Presentar a la Asamblea General, en cada periodo ordinario de sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organizaeión, y h) Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea GCTIcral o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e intemacionales. Artículo 113 Corresponde al Secretario General: a) Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines, y b) Detenninar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos, reglamentar sus atribuciones y deberes y fijar sus emolumentos. 205

JoltnnyRo¡:olkC;ntro

El Secretari? General ejercerá est.1s atribudones de acuerdo con las nonnns generales y las disposiciones presupuestarbs que establezca la Asamblea General. Artíeulol14 El Secretario General Adjunto será elegido por la Asamblea General para un período de dnco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. En caso de que quedare vacante el cargo de Secretario General Adjunto. el Consejo Pennanente elegirá un sustituto que ejercerá dicho cargo hast:l que la Asamblea General elija un nuevo titular para un periodo completo. Artículo 115 El Secretario General Adjunto es ti Secretario del Consejo Pennanente. Tiene ti carácter de funcionario consultivo del Secretario General y actuará como delegado suyo en todo aquello que le encomendare. Durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeñará las funciones de éste. El Secretario General y el Secretario General Adjunto deberán ser de distinta nacionalidad. Articulo 116 La Asamblea General, con el voto de los dos tercios de los Estados , puede remover al Secretario General o al Secretario General Adjunto, o a ambos. cuando así 10 exija el buen funé.i0namiento de la Organización. Artículo 117 El Secretario General designará, con la aprobación del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, un Secretario Ejecutivo para el Des:lITollo Integral. J06

El asUa polft,cu r~ ~l Ecuador yen Amfrico

Articu!0!!8 En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario Genera! y el personal de la Secretaria no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organi7aeión, y se abstendrán de a~tuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organizaci6n. Articulo 119 Los Estados se comprometen a respctar la naturaleza exclusivamente internacional de las responsabilkbdes del Secretario Genera! y del personal de la Secretaría Genera! yana tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones. Artículo 120 Para integrar el personal de la Secretaria General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible. Artículo 121 La sede de la SecretarfaGcneral es Ja ciudad de Washington, D.C. CapítuJoXVII LAS CONFEREro\CIAS ESPECIALIZADAS Anículo122 Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar

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determinados aspectos de la cooper¡¡ción interamericana, y se celebran cuando l~ resuelva']a Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativ¡'l. propia o a instancia de alguno de los consejos u Organismos Especializados. ~rticulo123

El temario y el reglamento de las Conferencias Especializadas serán preparados por los consejos correspondientes o por los Organismos Especializados interesados. y sometidos a la consideración de los Gobiernos de los Estados . Capitulo XVIII LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS Arti.::ulo 124 Se consideran como Organismos Especializados Inleramericaoos. para los <::Ceetos de esta Carta, los organismo\'. intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan detenninadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. Artículo 125 La Secretaría General mantendrá W1 registro dc los organismos que llenen las condiciones del artículo anterior, según la determinación de la Asamblea Genera!. previo informe del resp.ectivoconsejo. Artículo 126 Los Organismos Especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos. de conformidad con las disposiciones de la Carta.

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El asilo polMeo en el Ecuadol"

e~

América

Artículo 127 Los Organismos Especializados enviarán a la Asamblea General infonnes anuales sobre d desarro!fo de sus actividades y acercadesuspresupuestosycuentasanua\es. Artículo 12B Las relaciones que deben existir entre los Organismos y la Organización serán determinadas mediante aCUerdos celebrados entre cada Organismo y el Secretario General, con la ,:wfoI¡2ación de la Asamblea General. Espccializado~

Artículo 129 Los Organismos Especializados deben establecer relaciones de cooperación con organismos mundiales de la misma índole, a fin de coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con organismos internacionales de carácter mundial, los Organismos Especializados Inleramericanos deben mantener su identidad y posición como parte integrante de la Organización de los Estados Americanos, aun cuando desempeñen funciones regionales de los Organismos Internacionales. ArticuloBO En la ubicación de los Organismos Especializndos se tendrán en cuenta los intereses de todos los Estados y la conveniencia de que las sedes de los mismos sean escogidas con un criterio de distribución geográfica tan equitativa como sea posible.

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TereeraParre Capítulo XIX

NAClQ:-.¡ES UNIDAS Artículo 131 Ninguna de las estipulaciones de est.:! Cam se interpn:tará en

el sClltido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados de acuerdo con la Carla de las Naciones Unidas. Capítulo XX DISPOSICIO~F.S

VARIAS:

Articulo 132 La asistencia a las reuniones de los órganos pennanentes de la Organización de los Estados Americanos o a las eonfereneias y reuniones prevista? en la Carta, o celebradas bajo los auspicim. la Organiz~ción, se verificará de acuerdo con el carácter multilateral de los órganos, conrerencias y reuniones precitados y no depend~ d~ las relaciones bilatl:'rales entre el Gobierno de cualquier Estado miembro yel Gobierno del país sed~.

oc

ArticuloI33 La Organización de los Estados Americanos gozará en el territorio de cada uno de sus de la capacidad jurídica,

privik:gios e inmunidades que sean ne.cesarics par;>,. el ejerticio de sus funcionesylarealizacióndestlspropósitos. Artículo 134 Los representantes do:: los Estados mi(:mbf(J'i en los órganos de la Organización, el personal de las representaciones, el S~cretario

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El asilo poli/leo ~~ el ECIIOdM y

e~A.",¡frko

General y el Secretario General Adjunto, gOz:l.rán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos y necesarios para d~sempefíar con independencia sus funciones. Articulo 135 La situación jurídica de los Organismos Esp~dalizados y l
Los

órganos competentes proctltllcin. dentro de IJs de la presente Carta, una mayor colaboración de los países no de la Organización en materia de cooperación para el desarrolJo.

disposicion~s

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JoJmnyRacaDeC""tro

Capltulox.,XI RATIFlCACIÓ~ y VIGENCIA

Artículo 139 La presente Carta queda abiert.1 a la finna de los Estados americanos, y será ratificada de confonnidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento origin:lI, cuyos textos en espal\o{, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual envi:!rá copias certificada.s a los Gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y ésta notificará dicho depósito a los Gobiernos signatarios. Artículo 140

La presente Carta entrará en vigor, entre los Estados que la ratifiquen, cuando los dos tercios de las Estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los Estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones. Artículo 141 La· presente Carta será registrada en la Secretana de las Naciones llnid3s por medio de la Secretaria Gener:!!. Artículo 142 Las refonn3s a la presente Carta sólo podrán ser adoptadas en una Asamblea General convocada para tal objeto. Las refonnas entrarán en vigor en los mismos ténninos y según el procedimiento establecido en el articulo 140.

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E/a,'¡opoliticoeneIE('"odoryenAmér;cll

Artículo 143 Esta Carta regirá indefinidamente, pero podra ser denunciada por cualquiera de los Estados , mediante comunicación escrita a la Secretaria General, 1l ewl comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos afios a partir de la fecha en que la Secretaria General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta ccsara en sus efectos respecto del Estado denunciante, y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de b. presente Carta. Capítulo XXII DlSPOSICIO:'\r:5 TRA~SITORIAS Artículo 144 El Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso actuara como comisión ejecutiva permanente del Consejo Interamericano Económíco y Social mientra~ esté en vigencia dicha Alianza. Articulo 145 Mientras no entre en vigor la convención interamericana sobre derechos humanos a que se rcfi¡;-re el capítulo XV, la actual Comisión Internmericana de Derechos Humanos velara por la observancia de tales derechos. Articulo 146 El Consejo Pennanente no fonnulará ninguna recomendación ni la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de isión presentada por una entidad politica cuyo territorio este sujeto, total o parcÍ3!mentc y con anterioridad a la fecha del 18 de 211

Johnny Roca De Castro

diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extracontinental y uno o más Estados de la Organización, mientras no se haya puesto fin a la controversia mediante procedimiento pacífico. El presente artículo regirá hasta ellO de diciembre de 1990. Estado de firmas y ratificaciones:

* Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993.

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Base bibliográfica de la obra

Derecho Internacional Público- Tercera edición. Autor: Enrique Gaviria Liévano. Derecho Internacional Público- Quinta edición alemana. Autor: Alfred Verdross. El asilo diplomático- Primera edición: Autor: Carlos Fem:Índez. Derecho Internacional Público Autor: Podesta CosU. Derecho Internacional Público Autor: Lorctta Ortiz Ah!f Derecho Internacional Publico Autor: CharlesRousseau Jesús Maria Yépez y el Derecho Intemacional Americano Autor: Inés Yépezde Uprimny. Curso de Derecho Intcrmdonal Público Autor: Eduardo Jiménez de Anchaga DereehoIntemadonalPúblico Autor: Ernesto Barros Jarpa. Curso de Derecho Internacional Público_ Sc;oc:ta edición Autor:CésarSepúlveda.

Jol"'''YRocaDe Ca.otfa

Introducción al Derecho Internacional.-Tercera cdici6n Autor: Miaja de la Muela. El asilo interno en nuestro tiempo Autor: Ernesto Valkening Derecho Internacional Público Autor; César Díaz Cism:ros. Enciclopedia de la Política Autor: Rodrigo Boda Ccvallos Instituciones de Derecho Internacional Público Autor; Manuel Diez De Velasco. Teoría y Práctica del Derecho Internacional Püblico Autor: Hugo Llanos Mansillo. Fundamentos de Derecho Internacional Público Autor: Truyoly Serrn. Carta com;titucional de la Repüblica del Ecuador

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