Desplazamiento Final Web 3l2d48

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público. La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconflicto.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia

Angelika Rettberg Angela Rivas Juliana Arboleda Andrés Cajiao

Fundación Ideas para la Paz (FIP) Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ) Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes

Octubre de 2011

Fundación Ideas para la paz

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia Angelika Rettberg Angela Rivas Juliana Arboleda Andrés Cajiao

Elaborado por Fundación Ideas para la Paz (FIP) Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ) Departamento de Ciencia Política Universidad de Los Andes Financiado gracias a los aportes del United State Institute of Peace (USIP) Con la colaboración de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia Bogotá, octubre de 2011

Serie Informes No. 16

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Contenido

Introducción

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3. Observaciones finales

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1. Contexto general del desplazamiento forzado interno (DFI)

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4. Casos documentados de participación del sector empresarial en programas de atención del desplazamiento forzado interno (DFI)

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1.1 Panorama del desplazamiento forzado interno (DFI) 1.2 Sector empresarial, construcción de paz y desplazamiento forzado interno 1.2.1 Construcción de paz y desplazamiento forzado interno 1.3 Contexto de la problemática del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.1 Desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.2 Características generales del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.3 Crisis humanitaria 1.3.4 Acción Estatal 1.3.5 Alianzas público – privadas y cooperación internacional 1.4 Situación del desplazamiento forzado interno (DFI) a nivel departamental 1.5 Caracterización de las regiones estudiadas: Antioquia y Nariño 1.5.1 Perfil regional de Antioquia 1.5.2 Perfil regional de Nariño 1.5.3 Actividad empresarial y conflicto armado en Pasto y Medellín

2. Sector empresarial y desplazamiento forzado interno



2.1 ¿Qué muestra la información sobre la relación entre DFI y sector empresarial? 2.2 Antioquia de cara a la relación entre operación empresarial y DFI 2.3 Nariño de cara a la relación entre operación empresarial y DFI 2.4 ¿Qué sugiere la información sobre la relación entre actividades empresariales y DFI? 2.4.1 Sector Empresarial y DFI en zonas de expulsión 2.4.2 Caracterización general de la participación del sector empresarial en iniciativas de prevención y mitigación del DFI 2.4.3 Iniciativas de prevención y mitigación en zonas de expulsión y recepción del DFI 2.5 Retos del sector empresarial y el DFI

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1. Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado 2. Programa de Energía para el Retorno 3. Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta

80 92 97

Anexo 1

102

Anexo 2

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Anexo metodológico

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Referencias bibliográficas

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21 22 22 35 51 54 56 58 61 63 63 67 68 74

Contenido •

Documento elaborado por la Fundación Ideas para la Paz y el Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, gracias al trabajo del equipo del área de sector empresarial,

conflicto y construcción de paz de la FIP, el equipo de investigación de CONPAZ, la financiación del United States Institute of Peace  (USIP), y la colaboración de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia. El proyecto ha contado con el trabajo permanente de: Angela Rivas, Fundación Ideas para la Paz, directora de proyecto. Angelika Rettberg, Universidad de los Andes, investigadora senior. Juliana Arboleda, Fundación Ideas para la Paz, investigadora y coordinadora del proyecto. Andrés Cajiao, Fundación Ideas para la Paz, asistente de investigación. Además del acompañamiento de ACNUR Colombia a través de Maite Muller y Andrés Celis. Adicionalmente han contado con la participación y apoyo de los siguientes estudiantes: Daniel Barrera, estudiante de maestría. Laura Bernardelli, estudiante de pregrado y pasante. Ana María Correa, practicante. Anascas del Río, estudiante de maestría. Paulina Duque, practicante. Jaime Landinez, estudiante de maestría. Manuela Medina, practicante. Daniela Palou, estudiante de pregrado y pasante. Juan Diego Prieto, estudiante de maestría. Nicolás Zorro, practicante.

Agradecemos a todos aquellos que a través de su trabajo, entrevistas, comentarios, recomendaciones y reuniones colaboraron en la realización de este estudio, especialmente nuestro reconocimiento a las instituciones del Estado, empresas y agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil, a la academia y comunidades que con sus aportes han contribuido a enriquecer este documento. Los contenidos, análisis, opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresados en este documento son responsabilidad de sus autores, y no representan necesariamente la opinión de USIP y ACNUR. El documento completo del informe final de este estudio, así como el documento de trabajo en español y en inglés pueden consultarse en las páginas www.ideaspaz.org o http://conpaz.uniandes.edu.co.

Octubre de 2011. Bogotá – Colombia.

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Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia

Fuente: RUPD /Acción Social Corte: 31 de julio de 2010. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado

Mapa de expulsión de desplazados Acción Social 2009

“Obligados a huir de las regiones en donde se confunden el poder de las armas, la complicidad de la impunidad y la impotencia de la población civil, miles de colombianos transitan por el camino del éxodo y el desarraigo”. Rojas, R. Jorge E

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Introducción El desplazamiento forzado interno (DFI) — entendido como el fenómeno en el cual “personas o grupos de personas […] se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y […] no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”1 —constituye uno de los fenómenos más devastadores y con consecuencias más duraderas que acompañan los conflictos armados internos. En efecto, en diversas partes del mundo el DFI suele afectar a las poblaciones más vulnerables — mujeres, pobres, con bajos niveles de escolaridad (Vogl, 2007, p. 18; Ibáñez, 2008; Ibáñez & Vélez, 2008; Rettberg, 2008a) — a quienes arroja a un ciclo reiterado de persecución y calidad de vida deteriorada. En breve, la victimización por medio del DFI tiene secuelas de largo plazo y compromete seriamente propósitos nacionales de reconstrucción, reconciliación y estabilización postconflicto. Las causas del DFI asociado a situaciones de violencia y conflicto armado interno son múltiples. Incluyen la competencia y los enfrentamientos entre grupos armados por el dominio territorial, ante las cuales la población civil inerme decide huir para protegerse. Así mismo incluye amenazas dirigidas específicamente a determinados grupos poblacionales considerados afines al bando opuesto por razones políticas o étnicas, ante las cuales los afectados se ven obligados a huir de sus lugares de residencia. En esta misma línea cabe señalar que el DFI ha sido utilizado como una herramienta de expansión económica. En países como Indonesia y Colombia actores armados vinculados a proyectos económicos se han servido del DFI para despejar y apropiarse de tierras productivas o estratégicamente ubicadas (Raj, 2008). El último aspecto pone sobre el tapete el posible vínculo entre sector empresarial y DFI. En efecto, en el país han sido frecuentes las denuncias sobre los vínculos entre actividades del sector empresarial y la generación de DFI. Un ejemplo de esto son los señalamientos incluidos en las

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versiones libres de algunos de los comandantes paramilitares en le marco del proceso de Justicia y Paz2. También en el marco de la Ley de Justicia y Paz (2005) organizaciones de la sociedad civil han denunciado con insistencia la participación del sector empresarial en situaciones de DFI, o el beneficio a raíz de estas situaciones, tal y como lo sugieren los casos de algunas empresas palmeras y bananeras en el Urabá (Ver anexo 1). No obstante, estos no son los únicos vínculos posibles entre sector empresarial y DFI. También está la otra cara de la moneda: la labor del sector empresarial en la prevención de situaciones de DFI y en la mitigación de situaciones ligadas a la condición en la que viven las poblaciones que han sido víctimas de DFI. Aunque menos publicitado, este vínculo también se pude ilustrar en el caso colombiano (casos de iniciativas adelantadas por empresas como General Motors Colmotores, Starbucks, Asocolflores, o las reconocidas por el Premio Emprender Paz entre otros son descritas en el anexo 2). En un contexto en el que el sector privado aparece crecientemente como uno de los actores no combatientes más críticos para la prevención y superación de los conflictos armados y la construcción de paz, el vacío en nuestro conocimiento sobre estos temas es notable y plantea una imperiosa necesidad de investigación. En este estudio se aborda la difícil y compleja relación entre sector empresarial y DFI en Colombia, en los casos de los departamentos de Antioquia y Nariño. En contraste con la atención que han recibido otros temas que también hacen parte de la construcción de paz como la justicia transicional y los procesos de DDR, frente al DFI existe un vacío en la investigación académica. Es en este sentido, y más exactamente de cara a lograr una mejor comprensión de la relación entre DFI y sector empresarial, que el presente estudio busca aportar elementos empíricos y conceptuales que contribuyan a llenar algunos de los vacíos en nuestro conocimiento sobre el DFI en Colombia, sobre los intereses que tendrían actores empresariales para promoverlo y sobre las estrategias empleadas para lograrlo, así como sobre las consecuencias de sus acciones. En este orden de ideas, un objetivo de este estudio es describir y analizar la participación y contribución al DFI del sector empresarial

Definición reconocida por ACNUR y IDMC, y que se encuentra consignada en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, aprobado por Naciones Unidas en 2005. En Colombia la ley 387 de 1997 define como desplazados a personas o grupo de personas que “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteran drásticamente el orden público”.

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Ver al respecto Verdad Abierta www.verdadabierta.com

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colombiano, para identificar las condiciones en las que se da, las motivaciones que lo guían y las consecuencias que acarrea. Así mismo, el estudio también busca examinar la otra cara de la moneda y entender cuándo, cómo, por qué y con qué resultados actores del sector empresarial adelantan acciones para contribuir a la prevención del desplazamiento forzado o la atención a las poblaciones afectadas. En el conocimiento y comprensión de ambos extremos de la relación entre empresa y desplazamiento radica la clave para entender de qué manera actores empresariales en diferentes sectores, con formas organizacionales variables e inmersos en redes comerciales nacionales e internacionales diversas reaccionan ante una misma realidad, marcada por el conflicto armado y la necesidad de construir paz. Para estos propósitos es determinante la óptica regional que propone y adopta este estudio. Antioquia y Nariño son departamentos que comparten altos niveles de desplazamiento forzado pero que difieren en las modalidades del DFI y en la relación entre desplazamiento y sector empresarial. Antioquia ha liderado consistente e históricamente la lista de departamentos con mayores niveles de desplazamiento forzado en Colombia. En la década de los ochenta y noventa, las masacres que ocurrieron en la región bananera de Urabá y el desplazamiento forzado al que dieron lugar marcaron nuestro conocimiento sobre el desarrollo del conflicto armado colombiano en el nivel local. Más recientemente, el oriente antioqueño experimentó grandes olas de desplazamiento forzado, pero esta vez liderado por actores y motivos diferentes. En la actualidad, Antioquia es pionera en la promoción de estrategias de retorno de población desplazada a sus lugares de origen. La actividad empresarial antioqueña ha estado estrechamente vinculada a las dos caras del DFI: así como empresarios bananeros y palmeros, muchos de ellos, residenciados en Medellín, han sido vinculados judicialmente a la formación de grupos paramilitares responsables de perseguir y provocar el DFI de poblaciones enteras en Urabá (ver los casos actualmente investigados en la Fiscalía General de la Nación sobre empresas como Chiquita Brands y en comunidades como las de Jiguamiandó y Curvaradó), otros empresarios como los que hoy están en el Oriente antioqueño (flores, energía, alimentos, etc.), al igual que las comunidades, han tenido que vivir el conflicto y han apoyado iniciativas de atención a población desplazada y, más recientemente, procesos de

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retorno. Nariño, por otro lado, es un departamento en el que el DFI es un fenómeno más reciente (en la actualidad ostenta el segundo lugar después de Antioquia en niveles de expulsión), vinculado a la expansión de las redes del narcotráfico en el sur del país así como a la competencia entre grupos ilegales por el dominio territorial de la región de fronteras. Las modalidades de desplazamiento y los antecedentes reflejan que el conflicto local nariñense hoy es distinto a aquel que en su momento produjo el escalamiento del desplazamiento en el Urabá y en el Oriente antioqueño. Mientras en Antioquia fue el resultado de la ofensiva y expansión paramilitar por arrebatarle territorios estratégicos a la guerrilla, así como para apropiarse de otros claves para el negocio del narcotráfico, el conflicto actual en Nariño ha estado marcado por la disputa territorial entre distintos actores armados (guerrillas, bandas criminales, organizaciones al servicio del narcotráfico, y su confrontación por parte de la Fuerza Pública) en territorios estratégicos para su control y desarrollo de actividades ilegales fuertemente ligadas al narcotráfico. La actividad empresarial, por otro lado y en contraste con Antioquia es incipiente en Nariño en todos los sectores, a pesar de su posición geoestratégica aventajada, cerca a los principales vecinos de Colombia en el sur y en el límite con el Océano Pacífico. En contraste con Antioquia, los vínculos entre empresa y desplazamiento forzado son más difíciles de documentar en Nariño, así como la participación empresarial en la prevención y mitigación del desplazamiento forzado. Debido a las diferencias que presentan en términos de tipos y momentos de DFI que han experimentado, formas empresariales, magnitud del sector empresarial y vínculos entre desplazamiento y actividad empresarial3, las dos regiones examinadas se prestan particularmente bien para examinar distintas manifestaciones tanto del DFI como de su relación con la actividad empresarial, propósito central de este estudio. Cabe anotar que un fin de este estudio es la formulación de recomendaciones aptas para el sector público, la sociedad civil y los del sector privado interesados en prevenir la vinculación del sector empresarial al DFI y promover su participación en actividades de atención a población desplazada y mitigación de situaciones ligadas al DFI. El estudio considera que la formulación de recomendaciones ancladas en ambas modalidades de la relación po-

En el marco de este estudio se entienden como actividades empresariales, las actividades económicas desarrolladas por empresas legales que hacen parte del sector empresarial a nivel nacional. Estas aunque realizan actividades económicas se diferencian de otras que no necesariamente son realizadas por empresas, sino por particulares, campesinos, minorías étnicas e incluso en algunos casos son realizadas por actores al margen de la ley. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 7

sible entre DFI y sector empresarial así como en realidades regionales diferentes en un mismo contexto nacional puede producir resultados más afines a una comprensión rica y compleja de esta relación que evite señalamientos ligeros y evasión de responsabilidades tanto como expectativas sobredimensionadas. Para la realización de este estudio se recogió información entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, se realizaron cuatro visitas a los departamentos de Antioquia y Nariño, 125 entrevistas con expertos, académicos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desplazados, organizaciones internacionales y líderes del sector privado, se documentaron tres casos de participación del sector empresarial en programadas de mitigación del desplazamiento y se realizaron tres talleres para la discusión de hallazgos preliminares (Ver anexo metodológico). La estructura de este informe4 es la siguiente: en una primera parte, se hace un acercamiento general al tema del estudio, partiendo de la descripción del panorama mundial del DFI para enmarcar la posición de Colombia en este, luego aborda brevemente el rol que en materia de construcción de paz ha tenido el sector empresarial internacional y nacional, para a partir de ahí explorar el rol de este en el desplazamiento forzado. Posteriormente, esta primera parte, hace una aproximación a la problemática, características y manifestaciones del desplazamiento forzado interno en Colombia, y de Antioquia y Nariño, regiones en las que profundizó el trabajo de campo, para contextualizar el impacto y los retos que éste representa para la sociedad, el Estado colombiano, y la actividad empresarial que se desarrolla en el país. En una segunda parte, se analizan las relaciones que se hallaron entre operaciones del sector empresarial y el DFI, tanto en zonas de expulsión y recepción de población desplazada, resaltando las diferencias regionales observadas. Por una parte, en zonas de expulsión se examinan las actitudes e intereses del sector empresarial que contribuyen a la generación de DFI, sean éstas por acción (empresas que participan o se benefician de los eventos de desplazamiento interno) u omisión (empresas que sabiendo o no de la ocurrencia del DFI no toman medidas para su prevención o mitigación). Por otra parte, se exploran las acciones

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y motivaciones que ha tenido el sector empresarial para contribuir a prevenir (empresas que participan en programas para reducir el riesgo del desplazamiento de las poblaciones) y mitigar (empresas que contribuyen a mejorar la condiciones de vida en lugares de la población desplazada y retornada a sus lugares de origen) el DFI tanto en zonas de expulsión como en zonas de recepción. En este sentido, se examinan los principales temas y líneas de acción de las iniciativas donde el sector empresarial tiene participación. Adicionalmente, el análisis en esta segunda parte incluye otras dimensiones del debate como las ligadas a la operación empresarial en entornos complejos5, el hecho de que las características de estos entornos son propias de lugares donde se presenta el DFI y la necesidad de lograr una mejor comprensión sobre el tipo de relaciones que existen o no entre operación empresarial y DFI en tales entornos. En este sentido, es necesario evitar las generalizaciones y empezar a diferenciar los casos efectivos en los que el sector empresarial ha estado involucrado en los desplazamientos de los que no. Así mismo, el análisis, muestra la pertinencia de diferenciar entre la actividad económica como tal y la actividad empresarial formal propiamente dicha, o entre actividades económicas o empresariales legales e ilegales, de tal manera que se pueda abordar apropiadamente el tema. Finalmente, en una tercera parte, el estudio plantea algunas conclusiones asociadas a las oportunidades y retos que tiene el sector empresarial de cara a fenómenos como el desplazamiento forzado interno, en la tarea de generar entornos sostenibles para la operación empresarial en el país, así como recomendaciones tanto para el sector empresarial como para el sector público, de tal manera que se pueda incrementar el potencial de participación que el sector empresarial tiene para contribuir a la solución del desplazamiento forzado interno, teniendo en cuenta sus capacidades, diferencias y limitaciones a nivel nacional y regional.

El informe final de este estudio, así como el documento de trabajo en español y en inglés pueden consultarse vía electrónica a través de las páginas www. ideaspaz.org o http://conpaz.uniandes.edu.co.

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Se entiende como entorno complejo como la presencia de todos o alguno de los siguientes factores: actores armados al margen de la ley, economías ilegales, debilidad institucional y/o frágil gobernabilidad. Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre otros: International-Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, 2005; Business and Human Rights, The Role of Business in Weak Governances Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing Dilemma Situations in Weak Governance Zones, 2006.

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1. Contexto general del desplazamiento forzado interno (DFI) 1.1 Panorama del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) El fenómeno del desplazamiento forzado interno (DFI)6 ha afectado a más de 27 millones de personas alrededor del mundo como consecuencia de conflictos armados, guerras internas, guerras civiles, o catástrofes naturales (IDMC, Diciembre 2009). Ocurre en diferentes países del mundo, principalmente en países de Africa y Asia como Afganistán, Georgia, Filipinas, Pakistán, Irak, República Democrática del Congo, Kenia, Liberia, Somalia y Sudán entre otros; y en América Latina hay registros en México, Guatemala, Perú y Colombia. Sin embargo, son Sudán, Irak y Colombia los países más afectados, registrando, por lo menos desde el 2007, el mayor número de desplazamientos forzados internos a nivel mundial con cifras que superan los 2.5 millones de personas en cada uno de ellos (Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC, 2010).

En Colombia hay más de 3.5 millones de personas desplazadas, lo que quiere decir que más de un 7% de la población nacional se ha visto forzada a abandonar sus hogares y establecerse en otros lugares. Aunque el DFI no es nuevo en Colombia, pues ha acompañado el conflicto armado interno, siendo este su principal causa, si empezó a crecer de manera significativa desde mediados de los noventa, teniendo incrementos preocupantes a partir de 2006, y alcanzando en el primer semestre de 2008 la mayor tasa de desplazamiento registrada en los últimos 23 años (IDCM & NRC, Oct. 2008). Si bien la cifra anual de desplazados empezó a disminuir en el año 2009, continúa generándose un número significativo de nuevos desplazamientos de población cada año. Hoy esta problemática afecta, según la fuente, entre 3´461.223 (Acción Social, 2010) y 4´915,579 personas (CODHES, 2010), 793.599 hogares en más de 1.026 municipios7, en todos los departamentos del país. Estas cifras hacen del DFI un tema de especial relevancia por la crisis humanitaria, efectos y retos que representa para el país.

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO A NIVEL MUNDIAL (DIC.2009) Turkey 954,000– 1,201,000 FYR Macedonia 650 Serbia 225,000– 230,000 Georgia Kosovo At least 19,700 230,000

Russian Federation 80,000

Armenia 8,400

Azerbaijan 586,000

Uzbekistan 3,400 Turkmenistan Undetermined Afghanistan At least 297,000

Croatia 2,400 Bosnia & Herz. 114,000 Cyprus Up to 201,000

Pakistan 1,230,000

Israel Undetermined

Nepal 50,000–70,000

Occupied Palestinian Territory At least 160,000 Chad 168,000 Mexico 5,000– 8,000

India At least 500,000

Algeria Undetermined Senegal 24,000 –40,000 Liberia Undetermined

Sri Lanka Syria 400,000 433,000 Lebanon 90,000– 390,000 Yemen At least 175,000

Côte d´Ivoire Undetermined Togo Undetermined

Guatemala Undetermined Colombia 3,300,000–4,900,000 Peru 150,000

Bangladesh 60,000–500,000

Iraq 2,764,000

Eritrea 10,000

Niger 6,500 Nigeria Undetermined Sudan 4,900,000

CAR 162,000 Congo 7,800 DRC 1,900,000

Ethiopia 300,000– 350,000

Indonesia 70,000– 120,000

The Philippines 125,000– 188,000

Myanmar At least 470,000 Timor-Leste 400

Somalia 1,500,000 Kenya Undetermined Uganda At least 437,000

Rwanda Angola Burundi Undetermined Undetermined 100,000 Zimbabwe 570,000– 1,000,000

Fuente: NRC & IDMC. 2010. Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009.

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Ver definición en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas, usados por ACNUR y IDMC, y Ley 388 de 1997 de Colombia citado Op. Cit.

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Según datos del SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR, 2010. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 9

GRÁFICO 1.1

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA, 1997 - 2010

Fuente: Cifras de SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz

Aunque el Estado colombiano es el principal responsable de resolver la crisis de los desplazados internos, la capacidad y recursos públicos gestionados por las instituciones estatales nacionales y locales, así como por las agencias de cooperación internacional son insuficientes para enfrentar la crisis humanitaria en todas sus dimensiones. En este sentido, cada vez es más evidente la necesidad de que otros actores sociales, como el sector empresarial, contribuyan a la superación de desplazamiento forzado interno y sus efectos asociados.

1.2 Sector empresarial, construcción de paz y desplazamiento forzado interno El sector empresarial se ha convertido en interlocutor clave de organizaciones domésticas e internacionales en busca de socios estratégicos en la construcción de una paz estable. En breve, se considera que aún en ausencia de motivos políticos, decisiones empresariales como invertir, producir y contratar tienen el poder de estimular, limitar o destruir la agenda y el alcance de la construcción de paz, así como su implementación. De igual manera, se reconoce que el sector empresarial puede obstaculizar el avance hacia la paz, de forma activa (promoviendo la formación de grupos anti-sistema y resistiéndose al cambio) y pasiva (dejando de responder a los estímulos y llamados del Estado y de las organizaciones internacionales para asumir compromisos en temas fiscales y en tareas como el DDR). Por lo tanto, los esfuerzos de construcción de paz centran su atención en atraer al sector privado a las tareas de la construcción de paz con argumentos económicos (el desempeño de las empresas sufre en contextos violentos y mejorará en un ambiente pacífico) y morales (apelando a la responsabilidad de las empresas en la superación de las causas de los conflictos armados) y disuadirlo de emprender acciones de sabotaje (Rettberg, 2010a; 2010b; Rettberg & Rivas, 2011).

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En la práctica, la experiencia de diversos países inmersos en esfuerzos por superar sus conflictos armados revela que la vinculación del sector empresarial a tareas específicas de la construcción de paz (como los procesos de desmovilización, desarme y reincorporación o los procesos de reparación a víctimas) son más fáciles de proponer que de lograr. Los inversionistas son reacios a arriesgar sus capitales en contextos inestables e impredecibles y—después de alcanzar un determinado umbral de activismo empresarial por la paz—los sucesivos intentos por involucrar al sector privado en la construcción de paz tienden a estancarse o diluirse. Al mismo tiempo, la importancia del sector privado como fuente de recursos, “know how” y capacidad institucional no ha decrecido. Por consiguiente, gobiernos y organizaciones permanentemente experimentan con maneras innovadoras para lograr que el sector empresarial de los países inmersos en conflictos armados le apueste a la paz (Rettberg, 2010a). El sector empresarial colombiano, a su vez, ha estado cada vez más involucrado en actividades de construcción de paz (Guáqueta & Orsini, 2007; Guáqueta, 2006a; Rettberg, 2009). Habiendo privilegiado anteriormente la promoción de conversaciones de paz entre los actores en conflicto, la inversión en desarrollo regional y programas de reintegración para ex combatientes (Guáqueta, 2004; Rettberg, 2004), el sector empresarial ha comenzado a agregar programas destinados a atender las necesidades de las víctimas de conflicto, como los desplazados internos, a su portafolio de actividades en construcción de paz. En parte, este activismo en construcción de paz del sector empresarial se debe al impacto del conflicto armado sobre las operaciones de las empresas, que muchas veces ocurren en zonas que de una u otra manera están afectadas por la problemática del conflicto. Si bien este impacto difiere según el sector económico, tamaño de la empresa, y región de las operaciones, el sector empresarial en general se enfrenta a costos directos e indirectos asociados con el conflicto armado (Rettberg, 2008b). Igualmente, la mayor participación del sector empresarial en iniciativas encaminadas a la prevención de conflictos y construcción de paz responde a las crecientes expectativas que tienen los consumidores y accionistas, así como a los incentivos y mejores mecanismos de sanción derivados de diversos factores, como el activismo de las ONG, los códigos de buena conducta promovidos por organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, las demandas transnacionales y las dinámicas globales vinculadas a inversiones socialmente responsables, que incrementan la exigencia sobre la participación y desempeño de las empre-

sas en estos temas (Banfield, Haufler & Lilly, 2003; Natural Heritage Institute, Nautilius Institute for Security & Sustainable Development and Human Rights Advocates, 2002). Adicionalmente, existe una conciencia creciente de que, frente a los escasos recursos públicos y la potencialidad de generarse relaciones conflictivas entre los desplazados internos y las poblaciones receptoras, la actividad empresarial puede desempeñar un papel crucial en la promoción de una integración productiva, económica y social menos tensa de la población afectada por el conflicto. En este sentido, el sector empresarial colombiano está siguiendo el ejemplo de sus contrapartes en otras regiones del mundo afectadas por la guerra, así como las recomendaciones de una literatura académica y profesional en consolidación que le apunta a materiales y contribuciones de gestión que hagan posible una paz duradera (Banfield, Gündüz & Killick, 2006). 1.2.1 Construcción de paz y desplazamiento forzado interno Entre las tareas más acuciantes de la construcción de paz en Colombia aparece la atención a las víctimas del DFI. Las razones se relacionan con la magnitud del fenómeno, sumado a la gravedad de las condiciones sociales, políticas y económicas de las que parten y luego enfrentan los desplazados. Se trata en general de poblaciones que ya son vulnerables previamente a su desplazamiento (con elevados niveles de pobreza, baja educación y relación informal con la propiedad) y para las cuales el fenómeno del desplazamiento agrava sus condiciones, pues abandonan los pocos activos y propiedades que tenían, cuentan con destrezas inadecuadas para afrontar los nuevos entornos laborales y productivos, enfrentan diferencias culturales e identitarias con las comunidades que los reciben (con muchas de las cuales desarrollan relaciones tensas), y son muchas veces presas del miedo y de una continua percepción de inseguridad (ACNUR; Brown & Mansfield, 2009). A estas dificultades se agrega el trastorno de las relaciones y jerarquías como consecuencia de la pérdida o la dispersión de de las familias, la pérdida de lazos sociales y afectivos a los lugares de origen y la creación de dependencias respecto de los esquemas de ayuda humanitaria (e.g. Cambodia). Las dificultades que enfrenta esta población, por tanto, pesan significativamente en el análisis de las perspectivas de reactivación económica de las economías postguerra, así como en las de la reconciliación social a mediano y largo plazo (Sharpe & Cordova, 2009; Koser, 2009). Dada la magnitud del fenómeno del desplazamiento y los múltiples retos que implica, el rol de las agencias huma-

nitarias y de los gobiernos en la atención al fenómeno del DFI es difícil y complejo. Las poblaciones desplazadas no siempre quieren ni necesitan lo mismo. Esto, se relaciona con las condiciones políticas y económicas en sus lugares de origen y de recepción. Por otro lado, las opciones de política pública incluyen un rango amplio de alternativas que van desde la integración a sus lugares de recepción hasta el retorno a los lugares de expulsión. Esto ha generado profundos debates en torno a qué es deseable desde un punto de vista normativo y qué es viable desde un punto de vista fiscal. En Bosnia, por ejemplo, el retorno de comunidades musulmanas a los sitios de los que fueron expulsadas por radicales serbios ha operado para restaurar el equilibrio étnico de antes de la guerra, desactivar a los radicales por estar en minoría y disminuir las tensiones étnicas (Belloni, 2005). En Colombia, en contraste, el retorno fue criticado por mucho tiempo por los riesgos de seguridad que implicaba para poblaciones que volvían a territorios que continúan bajo el control de los actores causantes del desplazamiento. A eso se suma que, tras años de intentar rehacer sus vidas en los lugares de recepción muchas personas que fueron desplazadas ya no quieren volver a sus lugares de origen. La situación colombiana ilustra muy bien muchas de las dificultades asociadas con el DFI (Ibañez; Ceballos, 2011; CODHES & UNICEF, 2007a). El DFI en Colombia tiene múltiples causas, que incluyen la búsqueda de protección ante enfrentamientos armados a nivel local y la respuesta a amenazas explícitas (Rueda & Jiménez, 2007). En varios casos se ha documentado que el desplazamiento forzado ocurre en contextos de actividades económicas puntuales o ante la expectativa de proyectos de desarrollo de gran envergadura (como el cultivo de la palma de aceite u otros recursos naturales (Goebertus et al., 2008; Pérez, 2004). Los desplazados colombianos son destinatarios de un importante número de ayudas humanitarias. Sin embargo, para muchos estas ayudas son insuficientes de cara a las dificultades que enfrentan para rehacer sus vidas en los lugares de asentamiento. En ellos deben afrontar el estigma de las comunidades receptoras (CODHES; Ceballos, 2011), nuevas amenazas (Goebertus, 2008), la vinculación a un mercado laboral limitado, además de las dificultades que enfrentan en torno al reconocimiento de la propiedad de la tierra (Uprimny, 2009). Notablemente, el país es considerado líder y pionero en el andamiaje institucional que acompaña la atención al desplazamiento forzado (ACNUR, 2007), incluyendo varias sentencias de la Corte Constitucional y la creación de una agencia estatal que centraliza los recursos y los programas de atención al desplazamiento forzado (la

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 11

Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social). Sin embargo, las más de tres millones personas que han sido desplazadas, y las víctimas futuras del DFI que siguen generando los diferentes actores armados ilegales que operan en territorio colombiano, siguen planteando retos importantes para la estabilidad de una eventual y productiva paz en el país (Ferris, 2009).

1.3 Contexto de la problemática del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.1 Desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia A diferencia de otros países donde los desplazamientos ocurren en zonas específicas, por un corto plazo y en un periodo de tiempo delimitado, el DFI en “Colombia es un fenómeno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo, que combina éxodos individuales y grupales, silenciosos y no visibles” (Ceballos, 2003, p.2). La principal causa del DFI en Colombia está asociada a la violencia desatada por el conflicto armado, el narcotráfico, y la violencia urbana. Es un fenómeno que lejos de ser uniforme en todo el territorio nacional varía con las particularidades políticas, económicas y sociales de las diferentes regiones del país, y la intensidad y dinámicas diferenciadas de la confrontación armada en cada una de ellas (ACA). En este sentido, durante las últimas décadas se pueden observar distintas tendencias en el fenómeno del desplazamiento interno en Colombia, el cual pasó de ser una consecuencia indirecta propia del conflicto a ser una estrategia económica y de control político-militar de los diferentes grupos armados. ESTRATEGIA PREVENTIVA • Por seguridad (mitad S. XX, fin de 80s y mitad de los 90s. ESTRATEGIA DE GUERRA • Por control político y militar (1998-2002). ESTRATEGIA ECONÓMICA • Para apropiar tierras, lavar recursos y adelantar actividades económicas legales e ilegales (2003 - hoy).

Desplazamiento preventivo de la población: Durante la violencia política de mediados del siglo XX, y posteriormente, el enfrentamiento entre los actores armados, o entre alguno de estos y la fuerza pública, especialmente entre finales de los 80 y mediados de los 90, tenía como consecuencia no deliberada el desplazamiento preventivo de la población que huía de sus municipios por carecer de las garantías mínimas para la protección de su vida e integridad física (Forero, 2003 citado por Ibáñez & Moya, 2007). Este es el caso del departa-

12 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

mento de Arauca que durante los enfrentamientos entre las FARC y el ELN, y la incursión posterior del paramilitarismo, generó un éxodo importante de personas, que bajo la percepción de inseguridad en medio de los combates se vieron obligadas a irse de sus tierras y propiedades (Mejía, 2010). Desplazamiento como estrategia de control político y militar: Hacia finales de la década de los 90 el cambio en las estrategias militares de los diferentes grupos armados al margen de la ley intensificó el desplazamiento masivo de poblaciones como estrategia de control político-militar de territorios con valor estratégico o económico, como corredores de movilidad, de tráfico de armas y droga, zonas propicias para el cultivo y producción de drogas, y zonas de refugio o retaguardia para la guerrilla. Esta estrategia se reflejó en el caso de los departamentos del Meta, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca y Nariño (Vidal, Nov. 2008, p.73; Ceballos, 2003, p.2). Este periodo (1998 – 2002), corresponde a la ruptura de los diálogos de paz con las FARC, al proceso de consolidación y expansión de los grupos paramilitares y la intensificación del conflicto armado, que es cuando se da el mayor número de desplazamientos forzados masivos e individuales en la historia del país. El miedo, la intimidación y el asesinato de la población civil, a través de numerosas masacres que buscaban la destrucción de las redes sociales y de la base social de las guerrillas principalmente, se convirtieron en el mecanismo de apropiación y control territorial, político y social de diferentes zonas del país (Granada, Dic. 2008). De ahí que las amenazas directas (43.7%), masacres (11.7%), el asesinato de familiares (11%), los combates (10%), el asesinato de vecinos o amigos (7.4%), las amenazas indirectas (6.5%) y el reclutamiento forzado (3.5%) se hayan convertido en las principales causas del DFI en el país (Comisión de Seguimiento, 2009). Desplazamiento como estrategia económica: Comparativamente con el período anterior, entre el 2003 y el 2006 se observa un descenso en la cifras de desplazamiento, paralelo al proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa. Sin embargo, el desplazamiento volvió a incrementarse de manera preocupante entre el 2006 y 2008, especialmente en su modalidad individual, aunque sin alcanzar los niveles alcanzados ente 1998 y 2002. A partir de 2006 y teniendo en cuenta que tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se eliminó el registro de estos grupos como responsables de los desplazamientos, la responsabilidad recae principalmente sobre la guerrilla de las FARC y autores no identificados que se asocian al reacomodamiento territorial de viejas estructuras de las AUC y nuevos actores con interés

en desarrollar actividades económicas legales e ilegales dentro de los territorios. El aumento en los índices de desplazamiento interno en el país entre 2004 y 2007 coincide con la aparición de las llamadas Bandas Criminales Emergentes (BACRIM) y se concentra en regiones donde las BANDAS CRIMINALES están activas (HRW, 2010, p. 58). Estas bandas han intentado apoderarse de las zonas y actividades que dejaron los paramilitares al desmovilizarse para su propio enriquecimiento. En este sentido, se ha pasado de numerosos desplazamientos masivos entre 1998 y 2002 por efecto de las masacres; a desplazamientos que en su mayoría son individuales y están focalizados en zonas apartadas y selváticas, ricas en recursos naturales y favorables para el desarrollo tanto de proyectos productivos legales, como de actividades ligadas al narcotráfico de gran interés económico para actores ilegales. En muchas de estas zonas habitan comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes cada vez más son víctimas del desplazamiento forzado y otras formas de violación a sus derechos humanos, como son el confinamiento o las restricciones a la movilidad que ponen en riesgo su seguridad alimentaria y personal. Según cifras oficiales, los departamentos de mayor expulsión de población entre 1997 y 2010 son en su orden, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Cesar, Caquetá y Tolima (Ver gráfico 1.2). Estos departamentos concentran el 53% del desplazamiento en el país durante ese periodo. Pese al descenso general de las cifras posterior al año 2002, entre el 2006 y el 2008, la dinámica cambia en varios departamentos. La evolución histórica muestra que Antioquia se mantuvo como el mayor expulsor hasta 2007, año en el cual es superado por Nariño, y empieza a mostrar una tenGRÁFICO 1.2

10 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN 1997 - 2010

120000

100000

No. de personas

80000

60000

40000

20000

0

Antioquia Bolívar Magdalena Chocó Cesar

Nariño Caquetá Tolima Valle del Cauca Cauca

Fuente: Cifras SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

dencia descendente. Lo mismo ocurre en los departamentos de Caquetá, Cesar y Bolívar. Caso contrario a lo que ocurre con Nariño (2007) y Magdalena (2008) donde se observa un ascenso significativo en las cifras de expulsión. Algo similar se presenta, aunque en menor proporción, en el Valle del Cauca, Tolima y Putumayo (SNAIPD, 2009). A pesar de que la cifra anual de desplazados empezó a disminuir en el 2009, los desplazamientos continúan, ya no solo por efecto de la guerra (aunque esta sigue siendo su principal causa) sino también como efecto de lo que podría llamarse una estrategia económica (Entrevista Nuevo Arco Iris, 2010) de diversos actores (bandas criminales, narcotraficantes, guerrillas, terratenientes, políticos y empresarios inescrupulosos) para mantener, apropiar y sacar aprovecho de la tierra despojada y usurpada de manera violenta o fraudulenta, en los años anteriores por los grupos armados (principalmente las AUC) (Ibáñez & Querubín, 2004). En este contexto, ha sido frecuente el uso de la fuerza, la violencia y las amenazas como forma de presión e intimidación de la población civil para obligarlos a salir y expulsarlos de sus territorios, mientras los actores en mención ven ello una oportunidad para adquirir y apropiarse de tierras a un menor costo para desarrollar proyectos productivos legales e ilegales, así como para acumular y legalizar capital proveniente de actividades ilícitas. Históricamente, también se han identificado interés económicos como causas estructurales del desplazamiento forzado ligados a la distribución, reconocimiento y titulación de tierras, así como a la apropiación, utilización de las mismas y acumulación de capital por parte de diferentes actores (armados o no armados) (Ibáñez & Moya, 2007). Estas estrategias se apropiación de la tierra con fines económicos por unos cuantos ha obligado a la población, principalmente campesina, a desplazarse durante décadas en busca de territorios donde asentarse. En años recientes, los grupos paramilitares, más que otros grupos armados, contribuyeron a reforzar procesos de apropiación forzada de la tierra con fines económicos en defensa de intereses de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales y transnacionales (Bello, 2003, p.3), así como para su propio enriquecimiento a través de la producción de drogas, el desarrollo de plantaciones agrícolas de larga duración y de la ganadería extensiva (Reyes, 2009, p. 138). 1.3.2 Características generales del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia Teniendo en cuenta las anteriores tendencias se pueden identificar algunas características generales del fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia:

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 13

86.955

AÑO DE EXPULSIÓN

198.126

102.050

303.851

99.426

359.590

99.623 209.490

51.466

2004

206.137

31.977

2005

239.714

33.253

2006

261.915

30.254

2007

400.000

21.753

2003

2011

134.995

67.384

2002

2010

350.000

21.119

2001

2009

300.000

78.952

2000

2008

250.000

1999

200.000

110.197

521

1997 1998

150.000



ND

100.000

8

MASIVO (EXPULSIÓN PERSONAS) 50.000

Más desplazamiento individual que masivo En términos generales, el registro oficial muestra que entre 1997 y 2010 el desplazamiento forzado en Colombia ha sido en su mayoría individual, con el 88% de población desplazada (2.828.246 personas) bajo esta modalidad, mientras el 12% ha sido en eventos de desplazamiento masivos que ocurrieron entre 1998 y 2002. En términos de desplazamiento masivo los años 2000, 2001 y 2002 fueron los más críticos, situación que coincide con el elevado nivel de actividad de las guerrillas de las FARC, el ELN y los grupos de autodefensas. Sin embargo, después del 2002 se observa una disminución importante hasta alcanzar una reducción de más de un 90% en 2010 (Ver gráfico 1.3) (RUPD, Acción Social). Por otra parte, se observa un cambio en las zonas de expulsión pues mientras entre 1998 - 2002 la expulsión masiva de personas se concentró en los departamentos de Antioquia (97.805 personas), Magdalena (41.635 personas), Chocó (41.589 personas), Bolívar (35.316 personas) y Córdoba (17.266 personas), en el período 2003 – 2008 se concentró en los departamentos de Nariño (35.451), Antioquia (27.628), Chocó (22.843), Valle del Cauca (20.337) y Caldas (12.438) (SNAIPD, 2009). En cuanto los desplazamientos de carácter individual han tendido a aumentar, y solo a partir del 2008 se nota un descenso en las cifras anuales. Entre el 1998 - 2002 este tipo de desplazamiento tuvo un crecimiento del 566%; Aunque disminuye entre 2002 - 2003 un 42%, vuelve a incrementar entre 2003 – 2008. En total, 2.828.246 personas han sido incluidas individualmente como desplazadas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Acción Social, esto quiere decir que el 88% de la población desplazada registrada ha declarado esta modalidad de desplazamiento. Los departamentos más expulsores en esta modalidad han sido Antioquia (368.574), Bolívar (230.389), Magdalena (197.702), Cesar (155.382), Caquetá (147.176), Tolima (145.955) y Putumayo (121.763). (SNAIPD, 2009)

DESPLAZAMIENTO FORZADO INDIVIDUAL Y

GRÁFICO 1.3

0

Forma más frecuente de victimización Según una encuesta realizada en 2008, el desplazamiento forzado es la forma de victimización más común reportada por víctimas del conflicto armado colombiano (Rettberg, 2008).

303.605

25.564

265.661

20.152 155.944

10.443 5.848

89.195

512 Individual

Masivo

Fuente: RUPD /Acción Social Corte: 31 Enero de 2011. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado – Acción Social.

Mayor expulsión de zonas rurales, a nivel interdepartamental y creciente desplazamiento forzado intraurbano Los desplazados generalmente migran de las zonas rurales (60%), centros poblados (24%) o cabeceras municipales (15%) (Comisión de Seguimiento, 2010) hacia zonas urbanas, cabeceras municipales, municipios cercanos o ciudades capitales en busca de refugio y atención. Esta tendencia es muy similar entre los desplazados que no estan inscritos en el RUPD. El 40% de los desplazamientos se dan a nivel interdepartamental, el 31% entre municipios de un mismo departamento, el 22% dentro de un municipio desde el área rural hacia la cabecera municipal, el 5% entre veredas de un mis-

Según Acción Social, el término intermunicipal se utiliza para los desplazamientos que se dan de un municipio a otro, sin diferenciar entre desplazamientos de zona rural a urbana o viceversa. En este sentido este término se diferencia de los desplazamientos intramunicipales, los cuales son desplazamientos que se dan dentro del mismo municipio ya sea de zona rural a urbana o viceversa.

14 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR TIPO DE

GRÁFICO 1.4

MOVILIDAD (EXPULSIÓN PERSONAS) Intra urbano

Rural-urbano

Inter departamental

2%

39%

23%

Inter veredal 5%

también, Antioquia, Magdalena, Valle y Bolívar, seguidos por Nariño, Cesar, Sucre, Córdoba y Santander son los departamentos de mayor recepción de población desplazada (Ver gráfico 1.5). GRÁFICO 1.5

10 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIÓN 1997 - 2010

120000

100000

80000 No. de personas

mo municipio, 1,8% es intra-urbano y 0,1% del área urbana hacia zonas rurales del mismo municipio (Ver gráfico 1.4) (Acción Social, 2010). Sin embargo, recientemente se ha observado un incremento en los desplazamientos forzados a nivel intermunicipal8 e intraurbano. Entre 1997 y 2005 estos representaban entre el 0,1% y 1.5% del desplazamiento anual, y a partir de 2006 aumenta pasando a porcentajes entre el 2.6% y 4% anual. Entre 2006 - 2008 fue el momento más crítico para el desplazamiento intraurbano cuando resultaron afectadas 11.156 y 11.823 personas, respectivamente. Este tipo de desplazamiento consistente en la expulsión de familias desde una ciudad hacia otra, generadas por amenazas de actores armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas de las mismas (los ejemplos más conocidos son los de Barrancabermeja y Medellín, así como en Bucaramanga y Cúcuta). Frecuentemente, las familias afectadas por esta modalidad de desplazamiento son víctimas de un segundo desplazamiento forzado por las presiones ejercidas por los actores en las zonas de arribo. Según Acción Social, las ciudades más críticas en este sentido para el 2009 fueron Buenaventura (24.016 personas), Medellín (7.573), Quibdó (1.363), Bogotá (1.231), San José del Guaviare (705), Valledupar (619) y Santa Marta (525).

60000

40000

20000

0

Antioquia Bogotá Bolívar Cesar Códoba

Magdalena Nariño Santander Sucre Valle del Cauca

Fuente: SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

En cuanto a la evolución histórica de los principales departamentos receptores se evidencia un incremento constante, entre 2004 y 2007, especialmente en Bogotá, Magdalena y Valle del Cauca, los cuales empiezan a descender parcialmente a partir del 2008. En el caso de Nariño, sobresale el periodo entre el 2006 y 2007, en el cual se duplica el número de desplazados recibidos por año, mientras desciende entre el 2007 y 2008 en un 40%. Córdoba y Santander también presentan un aumento significativo en el mismo periodo (2006 y 2007), aunque con una tendencia al descenso en el 2009. Otros departamentos han presentado procesos de constante disminución en la recepción de población desplazada a partir de 2002, como es el caso de Bolívar y Sucre.

Inter municipal 31%

Fuente: RUPD /Acción Social Corte: 30 de junio de 2010. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado – Acción Social.

Ciudades capitales grandes e intermedias principales receptoras Bogotá, Medellín, Santa Marta y Cali se han convertido en los principales lugares de recepción de población desplazada durante los últimos 5 años (SNAIPD, 2009). Así

Campesinos, minorías étnicas, mujeres y menores de 12 años son la población más afectada El desplazamiento afecta a diversos sectores de la población colombiana, principalmente a la población rural. De ahí que los campesinos y minorías étnicas sean los grupos de población más afectados por el desplazamiento (Ibáñez & Moya, 2007). El efecto sobre minorías étnicas es mayor en los últimos años, debido al valor estratégico que tienen estos territo-

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 15

rios para diferentes actores ilegales que los han convertido en objetivo militar. Para el 2010 se registró un 28.8% de población desplazada perteneciente a algún grupo étnico. Del total de población en situación de desplazamiento, el 22.5% es población afrocolombiana, principalmente expulsados de Nariño y Chocó, y el 6,4% es población indígena expulsado en su mayoría de Putumayo y Cauca (Comisión de Seguimiento, 2010). El impacto en estas poblaciones tiene especial relevancia, pues el fuerte vínculo existente entre el territorio y su identidad colectiva hace que el desplazamiento ponga en riesgo su cultura, la exigibilidad de sus derechos, e incluso la existencia de algunas comunidades (Forero, 2003). Actualmente, el 5% del total de la población afrocolombiana y el 4,7% del total de los indígenas han sido víctimas de este fenómeno. Por otra parte, en términos de género y edad, aunque el desplazamiento forzado afecta de manera similar tanto a hombres como a mujeres y a todas las edades, son los niños menores de 12 años (36%) y las mujeres (a partir de 2005) (52.4%) unos de los grupos poblacionales más afectados por el desplazamiento forzado (Ver gráficos 1.6) (Acción Social, 2010). De acuerdo con Acción Social el 51% las personas registradas como desplazadas son menores de 18 años. De este grupo el 20% corresponde a niños o niñas de 0-5 años, el 16% a niños o niñas de 6-12 años y el restante 15% tienen entre 13-18 años (Acción Social, 2010). El siguiente 20% de la población desplazada se encuentra entre los 19 a 30 años, el 24% se encuentra entre 31 y 59 años y el 5% final tiene 60 o más años.

DESPLAZAMIENTO POR GÉNERO

144.575 155.945 71.858 78.802

160.510 171.552

140.354 148.002

131.223 137.055

117.585 116.195

113.782

31 a 59 años 24%

0 a 5 años 20%

13.100 14.142

50.000

50.102 49.117

38.919 38.010

91.209 94.581

62.536 57.953

150.000

DESPLAZAMIENTO POR EDAD

60 años o más 5%

129.180 124.830

165.744

200.000

208.782 186.684

250.000

100.000

Autodefensas y FARC principales responsables de los desplazamientos En cuanto a los responsables de los actos generadores del desplazamiento forzado entre 1997 y 2010 se observan dos tendencias. Para antes del 2005, son los grupos de autodefensa con un 32,65% de las acciones, seguido por la guerrilla de las FARC con un 24,8% de los casos, los principales responsables de los desplazamientos. A partir del 2005, con la desmovilización de las autodefensas se limita el registro de éstos como responsables de los desplazamientos, y la responsabilidad recae principalmente sobre la guerrilla de las FARC con el 32,8%, las autodefensas con el 22,6% de los casos y autores no identificados claramente como guerrillas 14,7%, más de un grupo 10%, el 12% sin autor reconocido, el ELN con el 2% y la Fuerza Pública con el 0.9%. (Comisión de Seguimiento, 2008).

231.339 217.611

GRÁFICOS 1.6

Analfabetismo, baja escolaridad y discapacidad como factores de vulnerabilidad Se estima que una cuarta parte de la población desplazada es totalmente analfabeta y el nivel de escolaridad promedio entre los jefes de hogar está por debajo del quinto año de educación básica primaria, lo que limita sus opciones de a oportunidades que les mejoren la calidad de vida a sus familias. Así también, se calcula que un 5% de la población desplazada tiene algún tipo de discapacidad tanto física o mental, de las cuales una cuarta parte fueron causadas por el conflicto armado (Comisión de Seguimiento, 2010).

13 a 18 años 16%

19 a 30 años 20%

Hombres

Mujeres

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

ND

0

6 a 12 años 15%

Fuente: RUPD /Acción Social Corte: 30 junio de 2010. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado – Acción Social. 16 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Sin embargo, no se registran nuevos autores como las bandas emergentes en el periodo posterior a la desmovilización, como posibles responsables de un número significativo de desplazamientos (Comisión de Seguimiento, 2010), que como se mencionó anterioriorme, su aparición y presencia coincide con el aumento en los índices de desplazamiento interno en el país entre 2004 y 2007 en las zonas donde estos grupos tienen actividades (HRW, 2010, p. 58). La mayor parte de la población desplazada no quiere retornar a sus zonas de origen Dentro del registro oficial, la intensión de retornar de la población desplazada es muy baja. Según la III Encuesta Nacional de Verificación (ENV) de 2010, el 72,4% de las familias desplazadas desean permanecer en el lugar donde viven hoy en día y solo el 5,7% desea retornar a su municipio de expulsión. La intención de retorno es levemente mayor entre quienes están por fuera el registro (6,1%, Comisión de Seguimiento. 2010) y disminuye en la medida que pasa más tiempo desde el momento del desplazamiento. Es decir, quienes han sido desplazados hace más tiempo y tienen a los servicios estatales en los lugares donde viven hoy en día, tienen menos intenciones de retornar (Comisión de Seguimiento, Oct. 2008), especialmente, la población joven entre los 15 y 25 años que ha pasado gran parte de su vida en el lugar de recepción, de los cuales el 89% no quiere retornar y el 8% manifiesta su interés en regresar a sus regiones de origen (Comisión de Seguimiento, 2010). Las razones para el no retorno manifestadas en la III ENV de 2010, entre el grueso de la población desplazada, se encuentra el temor ante la percepción de que las condiciones de violencia e inseguridad que generaron su desplazamiento continúan (47.6%), las perdidas sufridas por la cuales ya no tienen un lugar a dónde llegar (10.2%), la falta de servicios sociales y públicos, y de oportunidades laborales para mejorar sus condiciones de vida en las zonas de expulsión (8.3%), la falta de recursos económicos para llevar a cabo el retorno (17.3%) y solo un pequeño porcentaje argumenta el haber logrado estabilizarse en las zonas donde actualmente están asentados (6.2%) como razón para no retornar (Comisión de Seguimiento, 2010). Compras masivas, grandes proyectos de infraestructura de transporte o energética, cultivos agroindustriales y drogas ilícitas como factores asociados a la apropiación de tierras que genera expulsión forzada de población Dentro de la III Encuesta Nacional de Verificación (III ENV) de 2010 se evidenciaron diferentes factores asociados al fenómeno del desplazamiento. Debido al incremento

en la violencia en los últimos años, el 85% de las familias desplazadas aseguran haber vivido hechos de violencia generalizada. En este sentido el 75,3% de estas familias han indicado la existencia de enfrentamientos entre grupos armados en la zona; el 41,5 % la quema de cultivos o viviendas; el 73% han presenciado tomas a pueblos o centros poblados; el 76% la presencia de controles de a los pueblos o veredas; y el 58% prácticas de confinamiento de la población. Asimismo, se ha logrado identificar las intenciones de apropiación de los territorios, donde en el 9% de los casos se presentaron compras masivas de tierra, el 10% se realizaron proyectos económicos de gran envergadura, como minería, obras públicas y actividades petroleras; y en el 8,5% la siembra de nuevos productos como palma, yuca, caucho. De igual forma, la siembra de cultivos ilícitos en un 27%, o del comercio o transporte de estas sustancias en un 24% (Comisión de Seguimiento, 2010, p. 39). 1.3.3 Crisis humanitaria El desplazamiento forzado interno tiene especial relevancia por la crisis humanitaria y social que representa para el país. Tal situación se ha visto alimentada por la larga duración del conflicto, donde el Estado no ha podido establecer su presencia en todo el territorio y hay una alta deficiencia institucional para proteger a los ciudadanos y evitar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (Serrano, 2007). Quienes han sido víctimas del desplazamiento forzado no solo se ven afectados por la violencia (amenazas, asesinatos, secuestros, extorsiones, ataques, acciones militares, minas antipersonales, reclutamiento, toma de municipios, etc.) que les obligó a dejar su hogar, ya sea de manera reactiva (ante un evento concreto que haya afectado al hogar) o preventiva (para evitar los eventos violentos relacionados con el conflicto armado) (Ibáñez & Querubín, 2004); también, al desplazarse se enfrentan a una situación especial de vulnerabilidad, donde otros derechos les son negados o restringidos (libertad, locomoción, vivienda, seguridad alimentaria, derechos sociales etc.). Los desplazados internos lo pierden todo y están en constante peligro ante la reaparición de nuevas presiones y frente a las dificultades para rehacer sus vidas bien sea en sus lugares de origen, o en aquellos a donde han llegado. El desplazamiento forzado tiene efectos negativos directos e inmediatos en las personas y las familias tales como inseguridad alimentaria, desarticulación social, empobrecimiento, reducción del al sistema educativo y de salud, pérdida de control o posesión sobre la propiedad, perdida de sus fuentes de ingresos, desarraigo, daños psi-

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 17

cológicos y emocionales, pérdida de vivienda, y, en general, un deterioro acelerado de sus condiciones de vida (Ibáñez & Moya, 2007). En este sentido, la población desplazada pierde el capital social, humano y material empezando por sus tierras, pertenencias y forma de subsistencia. Para los de los hogares desplazados en edad de trabajar, la escasa relevancia de las habilidades y conocimientos agrícolas en las áreas urbanas, limita las posibilidades de inserción en los mercados de trabajo y restringe las opciones de empleo a actividades informales que requieren pocas habilidades y son mal remuneradas (Ibáñez & Querubín, 2004). Adicionalmente, estos problemas generan consecuencias sociales y políticas como el incremento en el desempleo, en los índices de pobreza, la redistribución violenta de la tierra, distorsiones e ineficiencias en las instituciones y en la distribución de los recursos al desbordar la demanda de servicios sus capacidades. Asimismo, los grandes flujos demográficos no planificados aumentan la densidad poblacional y alimentan los círculos de miseria en zonas de recepción, que terminan concentrándose en áreas de alto riesgo. Además, suelen estar asociados al incremento en el número de enfermedades y muertes prevenibles, aumento de la violencia intrafamiliar, discriminación social y laboral, la adopción de estrategias informales de sostenimiento familiar que incluye actividades como la prostitución, la mendicidad, el trabajo infantil, la delincuencia y la vinculación de jóvenes al conflicto armado (Serrano, 2007; Ibáñez, 2008, p. 59). El DFI y sus efectos evidencian la grave crisis humanitaria que enfrenta el país. Su prevención y atención apropiada tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad civil en general representa un gran reto a superar, espeGRÁFICO 1.7

cialmente en un contexto donde el conflicto armado sigue vigente y su no atención aumenta el riesgo de intensificar el círculo de pobreza y el conflicto armado interno. 1.3.4 Acción Estatal El desplazamiento representa un reto importante para el gobierno colombiano, no solo por las presiones que le genera sino por los costos que demanda, ya que requiere mayores recursos presupuestales y capital humano para atender y asistir a esta población. (Ibáñez & Moya, 2007). Teniendo en cuenta que el Estado es el principal responsable de la prevención del desplazamiento y de la atención de la población desplazada hasta lograr la superación de su condición de desplazados, en 1997 se formuló una política pública dirigida a tomar “medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia” (Ley 387 de 1997). Sin embargo, las limitaciones institucionales y presupuestales en la acción gubernamental llevaron a que en el 2004 la Corte Constitucional (S. T-025) declarará el “Estado de Cosas Inconstitucional” (ECI) en materia de derechos de la población desplazada, al observar el alto grado de vulneración de los derechos de esta población, y la incapacidad institucional para atender el problema. La sentencia obligó al gobierno a tomar medidas efectivas para garantizar los derechos de la población desplazada que incluyeran el tema de reparación y restitución de tierras, críticos para esta población. Desde entonces el gobierno ha avanzado en el tema y ha ido ajustando su política pública y estructura institucional (Ver gráfico 1.7) para garantizar el goce efectivo de derechos de la población desplazada y superar el ECI. POLÍTICA PÚBLICA

Fuente: Presentación Acción Social “DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: Política Pública de Protección y Prevención”, U. Andes. Septiembre 2010. 18 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Aunque la política ha avanzado en algunos componentes, especialmente en los relacionados con la atención humanitaria de emergencia y básica, aún existen dificultades y vacíos para su cabal cumplimiento. Registro y Sub-registro: Una de las dificultades en la atención radica en el sub-registro oficial en relación con las dimensiones del fenómeno. Las cifras agregadas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) de Acción Social son significativamente menores de las registradas y/o procesadas por otras organizaciones nacionales (CODHES) e internacionales (SIPOD/Acción Social, procesada por ACNUR). Se calcula que el sub-registro es del 22% (Comisión de Seguimiento, 2010), lo que implica que este porcentaje de población desplazada no registrada queda por fuera de los programas de atención gubernamental. Esto, además, evidencia un problema en la estimación de la dimensión real del desplazamiento y, en consecuencia, en su atención. Prevención y Protección En materia de prevención, los avances son pocos. Aunque en los últimos años el Estado ha registrado una reducción de las cifras de desplazamientos y desde el gobierno se han implementado acciones para la recuperación de la seguridad y el fortalecimiento de la presencia institucional en buena parte de territorio nacional, esto no ha logrado frenar los desplazamientos en diferentes regiones del país. Además de incrementar la presencia institucional y articular la acción de los diferentes entes estatales, la prevención del desplazamiento requiere una mayor comprensión de las transformaciones del fenómeno, de sus causas más allá del enfrentamiento armado, y de los riesgos especiales de algunas poblaciones. Esto con el fin de lograr una respuesta integral, coherente y eficaz por parte del Estado. Atención Integral En cuanto a la atención integral, se ha avanzado en los temas de atención humanitaria de emergencia (83% cobertura promedio), educación (85% de cobertura promedio), salud (63% de cobertura promedio) y capacitación en habilidades ocupacionales. No obstante, hay dificultades en temas claves para avanzar en los componentes de retorno y estabilización socioeconómica de la población desplazada. Dentro de estos temas cabe mencionar el a una vivienda digna, alternativas de generación de ingresos, y restitución y adjudicación de tierras. La Atención Inmediata (AI) se entiende como aquella ayuda o provisión que se le otorga a las familias o personas durante el tiempo que transcurre entre la declaración y la inscripción en el RUPD (Comisión de Seguimiento, 2010).

Según la III Encuesta Nacional de Verificación (III ENV) de 2010, solo el 0,5% de las familias inscritas en el RUPD han recibido todos los componentes de la Ayuda Inmediata. De estas familias solo el 33,8% han recibido algún componente de la ayuda y el restante 66,3% no recibió ninguno (Comisión de Seguimiento, 2010). En cuanto a la Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) que es la atención temporal e inmediata para garantizar la subsistencia mínima durante la primera etapa del desplazamiento (3 meses, prorrogables en casos excepcionales) (SNAIPD, 2009), aunque se incrementó la cobertura con el aumento presupuestal otorgado por el gobierno (Ver cuadro) (Acción Social, 2010), el a la AHE es parcial y no integral, pues mientras el 83% de la población tiene a alguno de los componentes de la AHE, solo el 0.2% se beneficia de una atención integral (Comisión de Seguimiento, 2008). Para 2010 el 25,7% de las familias inscritas en el RUPD asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda (III ENV, 2010). ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA 2005 - 2009 AÑO

PRESUPUESTO PARA AHE

HOGARES ATENDIDOS POR AHE

RECURSOS EJECUTADOS PARA AHE

2005

40.130.539.430

23.123

21.170.338.063

2006

26.145.212.607

21.909

100.706.245.448

2007

26.723.056.000

59.396

103.702.412.985

2008

126.650.000.000

217.412

298.201.935.063

2009

190.477.729.600

272.879

220.652.710.200

Fuente: Acción Social.

El tema de vivienda es clave para la superación del desarraigo y la reconstrucción de lazos sociales. Sin embargo, el Estado ha tenido problemas en la movilización de recursos para la construcción y mantenimiento de redes de servicios públicos, equipamientos y espacios sociales que deben acompañar la dotación de vivienda. En este componente, aunque las personas que pueden acceder a una vivienda tienen mayor a los servicios públicos, están por debajo de las condiciones de pobreza e indigencia en las zonas urbanas (Ibáñez & Moya, 2007, p. 58). Pese a que los recursos para vivienda de población desplazada se han incrementado en un 40% desde el 2006 (Ley 114/06), para el 2010 solo el 10,5% de los hogares del RUPD cumple con los indicadores de vivienda digna, un 5% más que para el año 2008 (Comisión de Seguimiento, 2010). Para avanzar en el tema de vivienda digna es necesario ir más allá de la gestión de subsidios y contemplar las condiciones de vida de las familias, las dificultades de al crédito, la informalidad e ines-

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 19

tabilidad laboral de sus ingresos y la falta de interés del sector para construir vivienda de interés prioritario, entre otras dificultades (Guataquí, 2010, p. 42-43). En cuanto a generación de ingresos y seguridad alimentaria se refiere, la situación económica de los desplazados es precaria. Su ingreso se ubica por debajo de la línea de pobreza, es evidencia de las limitaciones de este componente. El 43,3% de las personas desplazadas inscritas en el RUPD con más de 12 años tienen alguna ocupación, ya sea formal o informal, pero de estos solo el 11% tiene ingresos laborales mensuales superiores o iguales al salario mínimo vigente. Más de la mitad de la población desplazada tiene un ingreso de menos de medio salario mínimo mensual, lo que muestra la precaria situación en los ingresos a la que se enfrenta la población desplazada (Comisión de Seguimiento, 2010). Los bajos ingresos de la población desplazada se traducen en una precaria seguridad alimentaria, que afecta especialmente a los niños de estos hogares (Ibáñez & Moya, 2007, p 54 y 55). “Aún cuando la población desplazada logra encontrar un empleo, éste se caracteriza por requerir pocas habilidades, un alto grado de informalidad y, consecuentemente, por condiciones precarias e ingresos bajos y poco estables, que no permiten mitigar el choque del desplazamiento ni avanzar en la estabilización socioeconómica” (Ibáñez & Moya, 2007, p 52). En relación con el tema de tierras se estima que el 40.7% de las familias desplazadas se vieron obligadas a vender (7.6%), abandonar (82.9%), o fueron despojadas (1.8%) de sus tierras (Comisión de Seguimiento, 2011). Sin embargo, para inicios del 2011 solo se han restituido alrededor de 450 mil hectáreas. Para la restitución de tierras abandonadas, despojadas o usurpadas existen varios problemas. Por una parte, se encuentra la limitada efectividad de los programas de a tierras, “por deficiencias en el diseño de los programas, por la baja capacidad institucional y por la falta de coordinación entre las entidades del Sistema Nacional para la Atención a la Población Desplazada” (Arboleda & Correa, 2002, citado por Ibáñez & Moya, 2007). Por otra parte, está la dependencia de las restituciones a las confesiones de los actos de desplazamiento y despojo que se hagan en el marco de las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz (2005), y los tiempos de las investigaciones judiciales sobre los casos de usurpación, así como la falta de garantías para que las víctimas puedan reclamar sus tierras sin poner en riesgo sus vidas (Comisión Colombiana de Juristas, 2006). Otro de los problemas es la falta de titulación e informalidad en la tenencia de tierras de las víctimas, pues según la Comisión de Seguimiento solo el 21,5% de la población desplazada tiene títulos de propiedad formales (Comisión de Seguimiento,

20 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

2011), lo que dificulta la presentación de pruebas por parte de las víctimas. Y finalmente, está el problema de la falta de información sobre los bienes usurpados por ausencia de un registro completo de bienes y de cifras reales sobre el número de terrenos usurpados. Aunque hay grandes diferencias entre las distintas fuentes se estima que entre el periodo de 1998 a 2008 hubo entre 2.2 y 6.6 millones de hectáreas de tierra usurpadas (Ver gráfico 1.8). Estas fallas en la información también afectan la obtención de evidencia y pruebas para el levantamiento de medidas de protección de tierras en zonas con riesgo de desplazamiento. GRÁFICO 1.8

DEPARTAMENTOS MÁS AFECTADOS POR EL DESPOJO DE TIERRAS (según diferentes fuentes)

Tomado de ACNUR “Las tierras de la población desplazada”, Agosto 2009.

En materia de retornos, aunque el acompañamiento que se ha empezado a dar los procesos de retorno, especialmente en el oriente antioqueño, ha incrementado levemente, de un 3% al 5%, la intención de la población desplazada a retornar a los sitios de origen, siguen siendo escasos los procesos de retorno efectivos. El reto en este tema es generar incentivos no solo de seguridad sino de condiciones socioeconómicas y de a servicios públicos atractivos en las regiones, así como resolver algunos temas como el de las deudas financieras de los desplazados que según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sobrepasan los 342.000 millones de pesos. Verdad, justicia y reparación El componente de verdad, justicia y reparación ha estado vinculado principalmente a los procesos enmarcados en la ley de Justicia y Paz, que han tenido dificultades para el

reconocimiento y juzgamientos por parte del Estado de los delitos de desplazamiento forzado. Solo a partir del 2005 se comenzaron a hacer imputaciones e investigaciones por este delito, pero hasta la fecha no se ha producido la primera sentencia condenatoria ni ejecutoriada. Parte de estos temas son abordados por el actual gobierno a través de una serie de proyectos que serán discutidos en el Congreso de la República, y con los que se espera avanzar en su solución. 1.3.5 Alianzas público – privadas y cooperación internacional En medio de este panorama, se ha buscado y recibido el apoyo del sector privado y de la comunidad internacional a través de alianzas públicos – privadas, convenios de cooperación o proyectos específicos que han destinado recursos importantes para contribuir en varios de los componentes de la política pública, así como a diferentes iniciativas de otras entidades

GRÁFICO 1.9

públicas, privadas y sociales alrededor del tema. A pesar de los aportes realizados hasta ahora, quedan enormes retos por superar y donde el sector empresarial puede contribuir desde su experiencia y de acuerdo a sus capacidades.

1.4 Situación del desplazamiento forzado interno (DFI) a nivel departamental La dinámica y tendencias del desplazamiento forzado interno (DFI) muestran variaciones a nivel regional a lo largo del tiempo (Ver gráficos 1.9). En este sentido, se observa como Antioquia históricamente se mantiene liderando los departamentos con mayor expulsión de población hasta el 2007 cuando es superado por Magdalena y Nariño, y solo vuelve a ubicarse en primer lugar en el 2010. Así también, Magdalena, aunque en una menor proporción que Antioquia, ha estado desde 1997 entre los departamentos con mayor expulsión hasta el 2008 cuando mostró un descenso significativo en las cifras. Por otra parte, Nariño empezó a

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN

GRÁFICO 1.10

1997 - 2000

120000

1997 - 2000

120000 100000

Antioquia Bolívar Chocó Córdoba Magdalena

80000 60000 40000

No. de personas

100000 No. de personas

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIÓN

Antioquia Bolívar Chocó Córdoba Sucre

80000 60000 40000

20000

20000

0

0

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIÓN

2000 - 2005

2000 - 2005

100000

120000

90000 100000

No. de personas

70000

Antioquia Bolívar Cesar Chocó Magdalena

60000 50000 40000 30000 20000

No. de personas

80000

80000

40000 20000

10000 0

0

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIÓN

2005 - 2010

2005 - 2010

45000

45000

40000

40000

25000 20000 15000 10000

35000

Antioquia Caquetá Magdalena Nariño Tolima

No. de personas

No. de personas

35000 30000

Antioquia Bogotá Bolívar Magdalena Sucre

60000

30000 25000 20000 15000 10000

5000

5000

0

0

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Antioquia Bogotá Magdalena Nariño Valle del cauca

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 21

incrementar las cifras de expulsión desde 2001, pero solo hasta años recientes empezó a hacer parte de los principales departamentos expulsores de población, especialmente entre 2007 y 2010. Algo similar sucede en estos departamentos para el caso de la recepción de población desplazada, donde Antioquia ha estado históricamente entre los principales receptores, solo superado por Bogotá y Magdalena en años recientes (2005 – 2010) (Ver gráficos 1.10). En este periodo, Nariño también empieza a destacarse entre los mayores receptores de población, aunque por debajo de los tres ya mencionados, pero superando a Magdalena a partir del 2009. Estas tendencias muestran la importancia de profundizar en el estudio de Antioquia y Nariño, no solo por su vigencia actual como dos de los departamentos de mayor afectación por la problemática del desplazamiento forzado interno, sino porque, como veremos en las secciones siguientes, cada uno refleja características diferentes en sus patrones de ocurrencia temporales, en las causas y tendencias del DFI, así como de las dinámicas del conflicto que lo motivan. Asimismo, la presencia, tamaño y capacidad del sector empresarial en cada una de las zonas permite identificar las diferentes relaciones entre sector empresarial y el DFI. Esto permite hacer comparaciones y obtener indicios sobre la relación entre el DFI y sector empresarial.

22 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

1.5 Caracterización de las regiones estudiadas: Antioquia y Nariño 1.5.1 Perfil regional de Antioquia El departamento de Antioquia tiene una ubicación estratégica en la zona noroccidental del país, donde conecta al norte con el mar Caribe y con el departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Su capital es Medellín, segunda ciudad en población y economía de la nación. Antioquia tiene 125 municipios agrupados en 9 subregiones: Bajo Cauca (243.067 habitantes), Nordeste (171.839), Magdalena Medio (99.473), Urabá (509.409), Occidente (200.652), Suroeste (373.506), Oriente (540.184), Valle de Aburrá (3.306.490) y Norte (237.656) (ver mapa de regiones de Antioquia), siendo el Valle de Aburrá, Urabá y el Oriente los que mayor número de población concentran (Gobernación de Antioquia, 2007). La población de Antioquia es de 5´682.276 personas, de las cuales el 76.1% se encuentran en zonas urbanas y el 23.9% se encuentran en zona rural (IGAC, 2008, p. 288), y tiene una importante presencia de comunidades étnicas compuesta por indígenas (28.914 personas, 0,53%) de las etnias embera, embera chamí, embera katio, senú, tule, que cuentan con 42 resguardos ubicados

en 19 de los municipios (DANE, 2005); y afrocolombianos (593.726 personas, 10,88%) (Gobernación de Antioquia, 2009). Adicional a su posición geográfica, Antioquia posee un gran valor estratégico, por “sus condiciones geopolíticas, sociales, económicas y ambientales. Su territorio está compuesto por las cordilleras Central y Occidental, los valles de los ríos Magdalena, Cauca y Atrato y el mar Caribe. Cuenta con una desarrollada infraestructura vial, que comunican el país a través de importantes carreteras, como lo son las troncales del Magdalena, el Caribe y la Occidental. Su posición le permite tener influencia sobre la región del Atrato, el Eje cafetero, el Magdalena Medio, la Mojana y la región del Urabá” (Observatorio de DDHH y DIH, 2006a). La actividad empresarial de Antioquia Antioquia es uno de los departamentos más importantes en la economía de Colombia. De acuerdo a las cifras del DANE, Antioquia participa en promedio (2001-2008) en el 13.7% del PIB nacional, siendo el segundo que más aporta detrás de Bogotá (Ver gráficos 1.11, 1.12, 1.13). Antioquia ha sido catalogada como un “prototipo exitoso de crecimiento económico” (Gutiérrez, 2007) al constatar el acelerado proceso de industrialización que protagonizó durante la primera mitad del siglo XX. Como se ha mostrado a través de estudios históricos, es un caso paradigmático de crecimiento económico en ausencia de una “estructura agraria de propietarios poderosos”, si te toma en cuenta que Antioquia estaba caracterizada por ser una provincia pobre de geografía abrupta, ausencia de tierras planas y una topografía montañosa9, cuya actividad central estaba ligada a la explotación y flujos comerciales ligados a la minería del oro y plata en condiciones de extrema precariedad (Ibíd.). Sin embargo, la agricultura empezó a impulsarse hacia finales del siglo XVIII con el propósito de superar la condición de cultivos de subsistencia desarrollada hasta el momento, y hacia mediados del siglo XIX ya superaba a la minería como principal fuente de ingresos del departamento (Ibíd. p. 333). Estos avances fueron seguidos por la expansión industrial y el crecimiento económico más importante de su historia, primero con actividades artesanales (alfarería, cuero, herrería), plantas de textiles de pequeño tamaño especialmente

9



10

en la subregión del Valle de Aburrá (Sonsón, Envigado y Medellín), y posteriormente con el auge del café en la región10. El privilegiado a fuentes de generación de energía (agua), la cercanía a mano de obra campesina y barata para emplear, así como los incentivos tributarios que los municipios concedieron a las fábricas con el fin de que se implantaran allí (Botero, 2007), llevó a que para las primeras décadas del siglo XX Antioquia hubiera desarrollado la actividad industrial más importante del país (Gutiérrez, Op. Cit. p.335). Todo esto combinado a la construcción de redes viales y del ferrocarril, que comunicó a Antioquia con los principales puertos, darían el impulsó necesario para el crecimiento económico del departamento (Poveda, 2007, p.320). Hasta los años cincuenta Antioquia lideró el campo manufacturero en el país, por encima de Bogotá, pero esta situación cambió con la llegada de capitales extranjeros. Actualmente, Antioquia ocupa el segundo lugar en el país en términos de desarrollo y productividad industrial. Las actividades económicas con mayor participación en el PIB departamental para el 2008 están relacionadas con los servicios (13.5%), establecimientos financieros, seguros e inmobiliarios (20.8%), el comercio (12.7%) y la industria manufacturera (14.5%) (Ver cuadro 1.1, y gráfico 1.14). Aunque gran parte de estas actividades se desarrollan en la zona urbana y metropolitana cercana a Medellín, también se destaca la participación de actividades agropecuarias, energéticas y una creciente actividad minera en otras regiones del departamento. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE ANTIOQUIA

GRÁFICO 1.11

EN EL PIB NACIONAL

14.1% 13,86%

13.9% 13.8% 13.7% 13.6%

14,08%

14,00%

14.0%

13,89%

13,67% 13,51%

13,53%

13.5%

13,45%

13.4% 13.3% 13.2% 13.1%

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. 2005.

Para finales del siglo XIX, el viaje desde Medellín a Bogotá duraba en promedio ocho días (Botero, 2007, 309).

El proceso industrial de las trilladoras de café concentraba, junto al sector textil, el “grueso del empleo fabril” para los primeros años del siglo XX en Antioquia (Botero, 2007). Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 23

GRÁFICO 1.12

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB

GRÁFICO 1.13

DEPARTAMENTAL, A PRECIOS CORRIENTES, 2000

30.0

30.0

25.0

25.0

20.0

20.0

15.0

15.0

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DEPARTAMENTAL, A PRECIOS CORRIENTES, 2007

10.0

10.0

5.0

5.0

0.0 0.0

Bogotá Antioquia Valle Santander

Cundinamarca Atlántico Bolívar Boyacá

Bogotá Antioquia Valle Santander Cundinamarca

Tolima Córdoba Meta Norte de Santander

Fuente: DANE. 2005. Cuentas Nacionales. Elaborado por CONPAZ 2011.

CUADRO 1.1

Atlántico Bolívar Boyacá Córdoba Tolima

Meta Huila Cesar Caldas

Fuente: DANE. 2005. Cuentas Nacionales. Elaborado por CONPAZ 2011.

ACTIVIDAD ECONÓMICA ANTIOQUIA % CONTRIBUCIÓN AL PIB DEPARTAMENTAL 2000

2008

VARIACIÓN

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

7,8

6,1

Explotacion de minas y canteras

1,5

2,9

-1,7 1,4

Industrias manufacturera

17,7

14,5

-3,2

Electricidad, gas y agua

3,8

5,1

1,3

Construccion

4,9

9,1

4,2

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

13,3

12,7

-0,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

5,7

6,7

1

22,1

20,8

-1,3

Actividades de servicios sociales, comunales y personales

15,4

13,5

-1,9

Derechos e impuestos

7,8

8,6

0,8

Total

100

100

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Fuente: DANE. 2005. Cuentas Nacionales. Elaborado por CONPAZ. 2011.

GRÁFICO 1.14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB DEPARTAMENTAL POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (ANTIOQUIA)

A: 7%. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B: 2%. Explotación de minas y canteras C: 16%. Industria manufacturera D: 5%. Electricidad, gas y agua E: 7%. Construcción F: 13%. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles G: 6%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones H: 21%. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas I: 14%. Actividades de servicios sociales, comunales y personales J: 9%. Derechos e impuestos

Fuente: DANE. 2005. Cuentas Nacionales. Promedio por rama de la contribución al PIB Dptal entre 2000 y 2006. Elaborado por CONPAZ. 2011. 24 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

En términos generales, el sector financiero y comercio muestran en los últimos años una participación importante y en crecimiento dentro de la economía del departamento, mientras la industria manufacturera, de las más importantes del país11, especialmente en los sectores textiles, alimentos y bebidas (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a) aunque sigue siendo de los principales aportantes al PIB departamental ha empezado a mostrar ligeras reducciones en los últimos años (Ver gráfico 1.18). De acuerdo a datos de la encuesta anual manufacturera (2008), Antioquia es el segundo departamento con mayor número de establecimientos industriales en Colombia después de Bogotá D.C., con un número de 1.407 para el año 2008 (Ver gráfica 1.15). La actividad industrial en Antioquia es una de las principales actividades económicas del departamento, y está ampliamente diversificada (Ver gráfico 1.16), resaltando la NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES GRÁFICO 1.15

EN COLOMBIA (2008) PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL

industria de alimentos y bebidas en primer lugar, seguida de las prendas de vestir y los productos químicos en cuanto al valor de producción (Ver cuadro 1.2). Con respecto a los establecimientos industriales, los datos de la encuesta anual manufacturera (2008) señalan que el sector de las confecciones cuenta con el mayor número de establecimientos, seguido de alimentos y bebidas (Ver gráfico 1.17). GRÁFICO 1.16

ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ANTIOQUIA Caucho y Plástico 6%

Alimentos y bebidas 29%

Otros prod uctos minerales 7% Minerales no metálicos 8% Vehiculos automotores 9% Productos textiles 10%

3,128

Productos Metalurgicos 5%

Prendas de vestir 13% Productos químicos 13%

331 122

150 59

99

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Bogotá

Caldas

Boyacá

5 Caquetá

34 Cesar

Cauca

28 Córdoba

51 Cundinamarca

4 huila

La Guajira

50

47

Meta

Magdalena

131

56 Nariño

56 Quindío

Risaralda

14 Sucre

Santander

Tolima

13 Valle

Otros departamentos

N. de Santander

115

176

344

404

1,111

1,407

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE. 2009. DANE 2009. Producción industrial 2007.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2009. Elaborado por CONPAZ. 2011.

11



Por otra parte, las actividades agropecuarias aunque muestran una tendencia decreciente dentro del PIB departamental sigue siendo de gran importancia para Antioquia, especialmente en los renglones productivos orientados a las exportaciones (banano, café, plátano, flores, y algunas frutas), los dedicados al mercado interno (papa, fríjol, maíz, yuca, a, frutas y hortalizas) (Ver gráfico 1.18) y pecuarios (principalmente de ganado de carne y leche, avicultura y porcicultura) (Gobernación de Antioquia, 2008). Adicionalmente, hacia el 2007 las actividades relacionadas con la palma africana, el sorgo y el arroz han adquirieron especial dinamismo (Observatorio de DDHH y DIH, Op. Cit. 2007). De las anteriores, es necesario resaltar la mayoritaria participación que tiene el sector bananero dentro del total de la actividad agrícola antioqueña (56%) (Ver cuadro 1.3). Por su parte, la minería, ha empezado a adquirir un importante lugar dentro de la economía antioqueña con una tendencia al alza bastante significativa. Al respecto, la Gobernación de Antioquia destaca en su Plan de Desarrollo que: “En los últimos años se ha presentado un auge de la actividad minera favorecido por el comportamiento

En términos porcentuales, Antioquia alberga el 18.46% de los establecimientos a nivel de la nación, solo superado por Bogotá. Antioquia ocupa 145.451 empleados (22%) mientras Bogotá D.C. un 39%, para el año 2008. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 25

CUADRO 1.2 CIIU

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR Descripción

millones $

15

Productos alimenticios y de bebidas

5.679.001

18

Prendas de vestir; preparado y teñido de pieles

2.594.239

24

Sustancias y productos químicos

2.528.429

34

Productos textiles

2.038.180

17

Vehículos automotores, remolques y semiremolques

1.828.148

26

Productos minerales no metálicos

1.642.673

21

Otros productos minerales no metálicos

1.404.042

25

Productos de caucho y de plástico

1.139.369

27

Productos metalurgicos básicos

924.310

28

Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

719.689

36

Muebles; industrias manufactureras n

712.213

29

Maquinaria y equipo n

637.505

35

Otros tipos de equipo de transporte

560.176

19

Curtido y preparado de cueros; calzado; articulos de viaje, maletas

335.657

Edición e impresión y de reproducción de grabaciones.

245.116

22

Subtotal

GRÁFICO 1.17

ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA (MEDELLÍN Y VALLE DE ABURRÁ)

250 200

206

150

145

100

22.988.747 98,4 23.372.527

Fuente: DANE. EAM Descripción modificada.

129

111 85

78

50 0

sy Alimento bebidas

es

Confeccion

Textiles

Caucho y plástico

s s Producto Otras industria de metal manufactureras

TENDENCIAS DE LAS GRANDES RAMAS DE ANTIOQUIA 25 20 15 10 5

por los cambios en la legislación minera colombiana,

0

por los eventos de promoción de las oportunidades

Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Electricidad, agua y gas

Financiero

Transporte y comunicaciones

Industria manufacturera

Impuestos

Comercio, restaurantes y hotelería

Minería

Servicios

ros que puedan garantizar producción a largo plazo. Este auge no ha sido ajeno para el departamento de Antioquia y con él han llegado capitales de inversión Nacional y extranjero, conducentes a generar proyec-

Minerales icos no metál

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DENTRO DEL PIB

económico de los metales y minerales a nivel mundial,

mineras y por las pocas empresas o proyectos mine-

76

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE. 2009. DANE 2009. Producción industrial 2007.

GRÁFICO 1.18

Participación Total departamento

PRINCIPALES AGRUPACIONES INDUSTRIALES.

Fuente: DANE. 2005. Cuentas nacionales departamentales – PIB Base 2005. PIB por ramas de actividad 2000-2009p. Elaborado por CONPAZ, 2011.

tos mineros de exploración y explotación, lo que se ha manifestado en el incremento en la titulación minera; a su vez, dicho auge también ha generado un aumento

GRÁFICO 1.19

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

en las explotaciones informales las cuales conllevan a una alta problemática legal, ambiental, técnica, económica y social para las regiones en donde se ejerce”. (Gobernación de Antioquia, Plan de Desarrollo 2008 – 2011: “Antioquia para Todos. Manos a la Obra”.)

En recursos naturales no renovables, se destacan el oro y el carbón. El primero cuenta todavía con un potencial importante, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste, y el segundo se encuentra principalmente en la subregión del Suroeste (cuenca del Sinifaná) (Ibíd).

Plátano exportación 5%

ANTIOQUIA Maíz tradicional 3% Fríjol 1%

Yuca 5% Caña a 7%

Papa 9%

Plátano consumo interno 11%

Banano exportación 56%

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. Anuario Estadístico 2009. Producción agrícola 2008. Elaborado por CONPAZ, 2011.

26 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

CUADRO 1.3

ACTIVIDAD AGRÍCOLA ANTIOQUEÑA Producción en toneladas

Producto Banano exportación

Producción nacional*

La actividad empresarial antioqueña es especialmente significativa para la economía de la región y juega un papel fundamental en la economía nacional. Antioquia alberga los principales grupos económicos del país. En Medellín se encuentra la sede de algunas de las empresas con activos más altos en la economía colombiana (Ver gráfico 1.20 y cuadro 1.4).

1.366.957

1.816.412

Plátano consumo interno

249.940

2.699.099

Papa

206.039

2.803.796

Caña a

156.449

1.264.751

Yuca

125.954

1.990.071

Plátano exportación

115.970

115.970

Maíz tradicional

69.996

663.576

Fríjol

36.246

147.359

35,000

Arroz secano mecanizado

28.558

863.346

30,000

Maíz tecnificado

25.147

668.706

25,000

Ñame

23.815

275.241

20,000

Arroz secano manual

21.924

108.077

15,000

Arracacha

2.631

76.657

10,000

Cacao

2.574

59.756

Cocotero

1.815

112.289

Palma de aceite

907

859.554

Fique

486

22.081

Algodón semilla

57

92.896

Algodón fibra

21

34.372

2.435.486

14.674.009

Total producción

GRÁFICO 1.20

NÚMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (PRINCIPALES RENGLONES) 2009

32,614

10,057

5,000 0

7,354

7,843 3,392

Comercio al por Industrias manufac- Hoteles y restaurantes Actividades inmobilia- Otras actividades de mayor y al por tureras rias, empresariales y servivios comunitarios, menor: reparación de de alquiler sociales y personales vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009. Con base en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base de Registro Mercantil (69 municipios). Sobre un total de 75.884. Elaborado por CONPAZ. 2011.

* corresponde a la producción nacional de los productos identificados. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2009. Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. CUADRO 1.4

ANTIOQUIA. 20 ACTIVOS SUPERIORES. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (VALORES EN MILES DE PESOS) Razón Social

Ciudad

Descripción Sector

Total activo

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.

Medellin

Actividades diversas de inversion y servicios

18.168.609.566

INVERSIONES ARGOS S.A.

Medellin

Fabricacion de productos de cemento, hormigon

11.523.356.778

ALMACENES EXITO S A

Envigado

Comercio al por menor

6.640.338.355

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A.

Medellin

Fabricacion de papel, carton y derivados

1.952.187.604

COLENER SAS

Medellin

Actividades diversas de inversion y servicios

1.780.929.475

GASEOSAS POSADA TOBON S A

Medellin

Bebidas

1.537.640.423

INVERSIONES EN SEGURO Y SEGURIDAD SOCIAL SURAMERICANA

Medellin

Actividades diversas de inversion y servicios

1.370.519.260

PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Medellin

Fabricacion de papel, carton y derivados

1.290.828.440

Fabricacion de telas y actividades relacionad

1.041.867.432

TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR S.A. EN ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN

Bello

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.

Medellin

Productos alimenticios

977.168.110

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S A S

Medellin

Productos alimenticios

971.506.726

CERVECERIA UNION S.A

Bebidas

945.248.391

CRISTALERIA PELDAR S.A

Envigado

Fabricacion de vidrio y productos de vidrio

888.658.781

INVERSIONES MUNDIAL S.A

Medellin

Actividades diversas de inversion y servicios

825.296.692

C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A

Medellin

Fabricacion de papel, carton y derivados

755.210.025

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S A S

Medellin

Productos alimenticios

661.165.430

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S.

Medellin

Productos alimenticios

649.352.272

RENTING COLOMBIA S A

Medellin

Actividades diversas de inversion y servicios

550.215.481

ENKA DE COLOMBIA S.A.

Medellin

Productos quimicos

540.727.571

Comercio al por mayor

537.723.468

FERRASA S A S TOTAL

Itagui

Itagui

53.608.550.280

Fuente: Cuentas Superintendencia de Sociedades, 2011. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 27

No obstante, las grandes empresas (en términos de sus activos) no son el común denominador en el universo empresarial antioqueño, pues la estructura empresarial en el departamento es predominantemente microempresarial con un promedio del 90% para el año 2009 (Gráficas 1.21 y 1.22). GRÁFICO 1.21

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ANTIOQUIA POR TAMAÑO DE EMPRESAS 2009 68,250

Micro

5,532

Pequeña

Mediana

Grande

1,518

584

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009. Con base en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base de Registro Mercantil (69 municipios). Elaborado por CONPAZ. 2011.

GRÁFICO 1.22

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ANTIOQUIA POR TAMAÑO DE EMPRESAS 2009 7%

2% 1%

99%

Micro

Pequeña

Mediana

grande

Fuente: Anuario estadístico de Antioquia 2009. Con base en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Base de Registro Mercantil (69 municipios). Elaborado por CONPAZ. 2011.

En cuanto al desempleo, de acuerdo al Informe de Coyuntura Económica Regional 2009 del DANE, “la oferta de trabajo continuó expandiéndose con mayor dinamismo que la demanda por empleo”. La tasa de desempleo para el 2009 en Medellín y el Valle de Aburrá fue 15,7%, por encima del promedio nacional del 12%, a pesar que la ocupación se incrementó en 4% en este año. Los sectores con mayor capacidad de absorción de mano de obra en el 2009 28 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

fueron: comercio (30,1%), servicios (21,5%) e industria (21,0%) (Banco de la República & DANE, 2009). Por último, de acuerdo al DANE, en su Estudio sobre Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según departamento y nacional (Julio, 2010), un total de 22.96% de personas que habitan en el departamento tienen NBI, frente a un 8.15% en situación de miseria. En las cabeceras municipales el porcentaje equivale a un 15.90% de personas con NBI, para un 47.48% en resto del departamento. De acuerdo a estos datos, Antioquia es el octavo departamento con menor porcentaje de NIB a nivel nacional, pero tiene municipios con graves problemas de NIB como Campamento (100%), Murindó (97.08%), San Pedro de Urabá (82.5%), Nechí (77.8%) y San Juan de Urabá (75.86%), municipios cuya población adicionalmente ha sido víctima de las dinámicas del conflicto armado. El conflicto armado en Antioquia Las características geoestratégicas y económicas del departamento, “sumadas a la convergencia de múltiples grupos de guerrilla, autodefensas, narcotraficantes, traficantes de armas y delincuentes comunes en buena parte de las regiones del departamento, hicieron que Antioquia estuviera asociada durante cuatro décadas a una violencia significativa, que se expresó a través de altas tasas de homicidio, múltiples casos de desplazamiento forzado, numerosas víctimas de minas antipersonal e intensas acciones armadas por parte de los grupos armados irregulares” (Observatorio de DDHH y DIH, Op. Cit. 2007). Actores armados ilegales en el departamento La presencia de las FARC en Antioquia data de mediados de los años sesenta, cuando surgen el frente 4 y 9 en el Magdalena Medio, y el 5 en Urabá antioqueño. Posterior a la Séptima Conferencia de las FARC en 1982, nacen los frentes 34, 35, 36 y 37, el primero en límites con Chocó y los tres restantes en el Nordeste antioqueño. Entre 1988 y 1991, se crean los frentes 46 y 47 en la zona de influencia del Magdalena Medio y la expansión continuo en la primera mitad de los noventa con el frente 18, que se asentó también en el norte de Antioquia y el frente 47, en el Suroeste del departamento (Observatorio de DDHH y DIH, Op. Cit. 2007). En cuanto al ELN, esta agrupación ha hecho presencia desde sus orígenes, donde su expansión se enmarcó bajo la estrategia de depredación de recursos provenientes de las compañías petroleras, con el frente noroccidental con centro en Medellín, y el José Antonio Galán en el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueños. Así mismo, en 1986, surgieron

los frentes Carlos Alirio Buitrago, con presencia en el Magdalena Medio, y el Compañero Tomás en el Nordeste antioqueño. En 1987, nació el frente Che Guevara en el suroriente en límites con el Chocó. Entre 1989 y 1991, empezaron a actuar los frentes María Cano y Bernardo López Arroyabe, en el Magdalena Medio antioqueño y a partir de 1992 aparecieron los frentes Héroes y Mártires de Anorí, y Capitán Mauricio en el nororiente del departamento. Este frente de guerra desarrolló compañías móviles, entre ellas las denominadas Anorí, Cimarrón, Mariscal Sucre y José María Córdoba con presencia en la zona donde se concentra la infraestructura eléctrica y en el Occidente antioqueño (Ibíd.). Por otro lado, las Autodefensas tuvieron su origen en el Magdalena Medio y en el Nordeste antioqueño en los municipios de Amalfi y Segovia. En los años ochenta, estos grupos fueron financiados y liderados por esmeralderos y narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño Gil, entre otros. A partir de 1988, se dio la expansión de estas agrupaciones armadas hacia otras regiones como el sur de Córdoba, Urabá y Bajo Cauca antioqueño. Para 1997 se da una segunda expansión de las autodefensas, primero como Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), y después a través de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hacia el Nordeste, Occidente, Suroeste antioqueño, y el departamento del Chocó, y en 1998 hacia el Oriente antioqueño. Con esta expansión se logró consolidar el bloque Élmer Cárdenas, en buena parte del departamento de Córdoba, Urabá antioqueño, el medio y bajo Atrato chocoano. El bloque Mineros se expandió en el Nordeste antioqueño, los bloques Bananero y Cacique Nutibara en Medellín, y el bloque Metro en el Oriente antioqueño, el cual fue absorbido en 2004 por el bloque Cacique Nutibara, después de una disputa armada intensa (Observatorio de DDHH y DIH, Op. Cit. 2007). Entre 2003 y 2006, dentro del proceso de desmovilización de las AUC, nueve grupos que tenían influencia en la región se desmovilizaron (el bloque cacique nutibara, bananero, héroes de granada, el bloque del noroccidente antioqueño, suroeste antioqueño, bloque nordeste, bajo cauca y magdalena medio, el bloque mineros y el élmer cárdenas) (Ibíd.). Lógicas y dinámicas del conflicto en Antioquia Por su gran importancia estratégica, el departamento de Antioquia históricamente ha sido un territorio de disputa entre actores armados. Esta disputa territorial en la actualidad persiste en algunas subregiones del departamento, donde los actores armados ilegales “han luchado por mantener su presencia, expandiéndose o contrayéndose, de acuerdo al ritmo y las circunstancias de la confrontación

armada, así como a las alianzas y rivalidades que se tejen en torno al manejo de lo ilícito y las conveniencias estratégicas” (Observatorio de DDHH y DIH, 2006b). La complejidad en el departamento está marcada por las diferencias en la capacidad armada de los actores, la intensidad y los protagonistas del conflicto. De acuerdo a estas características se pueden identificar tres periodos de la confrontación armada en el departamento. En cada uno de estos tres períodos, las dinámicas de la confrontación generan patrones geográficos de concentración de la actividad armada que se explican en función de los intereses y acciones de sus protagonistas (Observatorio de DDHH y DIH, 2006d). El primer periodo, que se puede identificar, se da entre la década de los ochenta hasta mediados de los noventa, periodo caracterizado por la expansión guerrillera en el departamento. A partir de los años ochenta, las organizaciones guerrilleras comenzaron, “a dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos económicos, desdoblar frentes con el propósito de ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia a nivel local”, logrando extender su presencia a zonas de gran significado estratégico (Echandía, 2008). Si bien, la presencia de la guerrilla en el departamento data de los años sesenta, posteriormente a la Séptima Conferencia de las FARC en 1982 se empieza a observar el proceso de expansión de esta guerrilla en Antioquia. Debido a esta expansión, es posible afirmar que “hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la dinámica de la confrontación estuvo determinada principalmente por la iniciativa de los grupos insurgentes” (Observatorio de DDHH y DIH, 2006d, Op. Cit. p. 8), especialmente de las FARC. En este periodo, también se incrementó la confrontación con la Fuerza Pública debido a su interés por contener la expansión territorial de estas agrupaciones. Así también, durante este periodo empiezan a tener una presencia incipiente algunos grupos de autodefensas en el Magdalena Medio y Nordeste antioqueño, que a partir de 1988 empiezan a ganar terreno hacia zonas estratégicas y especificas como Urabá y Bajo Cauca antioqueño (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a, Op. Cit.). Sin embargo, las autodefensas en este periodo tenían un accionar armado y territorial muy limitado. Un segundo periodo, es el comprendido entre mediados de los noventa hasta el 2002, el cual se caracteriza por el proceso de consolidación y expansión de los grupos de autodefensa o paramilitares. Durante este periodo, la confrontación armada se caracterizó por el enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas, y el reordenamiento territorial de las agrupaciones armadas, llevando a un cambio en los

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 29

protagonistas del conflicto, la estrategia de las guerrillas y al incremento sostenido de la violencia generalizada en el departamento. Los paramilitares ganan protagonismo en la confrontación armada lo que contribuye a la degradación del conflicto. A partir de 1997, con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el fortalecimiento de las estructuras armadas paramilitares en el departamento, se inicia la expansión paramilitar que tenía como objetivos contener el avance de las guerrillas, penetrar las zonas donde estas organizaciones contaban con fuentes de financiación, y obtener el control de zonas estratégicas de movilidad, tráfico de drogas y armas. Esto se reflejó en el caso del corredor entre Urabá y el suroccidente colombiano (Echandía, 2006, p. 136). En este caso las autodefensas como un actor armado “no sólo responden a la lógica de defensa de los intereses económicos preponderantes afectados por la guerrilla, sino que se traza como objetivo principal disputarle a la subversión los territorios y posiciones estratégicas bajo su dominio” (Observatorio de DDHH y DIH, 2006c). El modelo aplicado, durante este periodo, por los grupos paramilitares en el proceso de expansión y control territorial se “centra no tanto en mantener confrontaciones abiertas con la insurgencia, sino más bien en golpear a sus “bases de apoyo” (Observatorio de DDHH y DIH, 2006b), lo que generó el recrudecimiento del conflicto y convirtió a la población civil en el objetivo de la confrontación armada. Este modelo paramilitar se traduce en el incremento de las masacres, amenazas, desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamientos masivos como forma de garantizar su permanencia, homogenización y control militar del territorio, y de atacar a las zonas de influencia guerrillera. “Entre 1997 y 2002, se registraron masacres que se explican por la lógica de la expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo a Urabá con el Catatumbo, con el objetivo de iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de las guerrillas en el sur y oriente, así como de sus zonas de expansión en el norte del país” (Echandía, 2006, Op. Cit). La transformación de la dinámica del conflicto generó cambios en el comportamiento y objetivo de las agrupaciones armadas, donde “a nivel local las organizaciones actúan como redes de poder local, que manejan instrumentos de fuerza y son capaces de imponer su control sobre la población a través de la intimidación reemplazando los lazos de solidaridad colectiva por desconfianza mutua que se manifiesta en la ley del silencio y en la incomunicación que

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hace imposible construir comunidades y propiciar desarrollo” (Echandía, 2006). De la misma forma que se modificó la dinámica del conflicto, las prioridades e intereses de los protagonistas también cambiaron. Las guerrillas cambiaron su comportamiento como consecuencia de la vulnerabilidad propia que generó la estrategia de control y expansión territorial paramilitar y la arremetida de la fuerza pública hacia 1999. En este sentido, cambiaron su accionar militar hacia un repliegue que evitó su derrota, y retomaron la estrategia de la guerra de guerrillas (Echandía, 2006). En consecuencia, las FARC renuncian temporalmente, durante este periodo “a la consolidación del dominio territorial y buscan el control estratégico de zonas que garanticen su supervivencia” (Ibíd. p. 190). Esto explica el cambio en la forma de avance de la guerrilla, pues pasa de buscar construir base social y apoyo de la población en el territorio, al “incremento de su capacidad de intimidación para así aumentar su influencia a nivel local” (Ibíd. p. 143). Bajo esta lógica de disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina imitando las prácticas de terror propias de las formas de control paramilitar y por ello recurre, de igual manera, a las masacres y a los asesinatos indiscriminados de civiles (Echandía, 2006). Durante este periodo, se presentó un incremento generalizado de la violencia masiva en el departamento, como efecto del predominante domino que tenía la guerrilla durante los años anteriores (Observatorio de DDHH y DIH, 2006d). La violencia masiva en estos casos se convierte en terror, ya que cuando la disputa territorial no logra controlar y “homogeneizar” el territorio de interés, los espacios de negociación disminuyen y se recurre al uso generalizado de la violencia como mecanismo de apropiación y de obediencia de la población civil por vía de la intimidación. (Observatorio de DDHH y DIH, 2006d, p.25; 2004). El último periodo, se da entre 2003 y la actualidad, y se caracteriza por una disminución significativa de la violencia generalizada, el aumento del accionar de la Fuerza Pública y la confrontación armada, la desmovilización de las estructuras de las AUC, y la apropiación de territorios de control paramilitar por parte de guerrillas, estructuras narcotraficantes y organizaciones armadas criminales. “El punto de quiebre se presenta a partir del 2002, año en el cual empiezan a descender el número de acciones de los grupos armados al margen de la ley, y a aumentar los combates por iniciativa de la Fuerza Pública (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a, Op. Cit). En este caso el accionar de la fuerza pública se convierte en uno de los protagonistas de la acción armada, a diferencia del periodo pasado donde sus acciones fueron limitadas.

Entre 2003 y 2006 se reducen significativamente las cifras de violencia relacionadas con el conflicto, como la tasa de homicidios que registró la cifra más baja del departamento en los últimos 16 años, luego que en el periodo anterior (1990 - 2002) el departamento había superado en más del doble la tasa de homicidio nacional (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a). En cuando a las masacres, en el 2003 no se registra ninguna atribuida a las autodefensas tras el inicio de conversaciones de estos grupos con el Gobierno nacional, lo que contribuyó a que las FARC buscaran recuperar lugares estratégicos bajo el control de los paramilitares e intentaran retomar antiguas zonas bajo su dominio, lo que se manifiesta en un mayor protagonismo de las FARC en las masacres registradas entre 2003 y 2006, en las cuales se les atribuye la responsabilidad del 41% de éstas, llegando a una participación en las masacres del 70% para el 2004 (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a). Por otra parte, en 2005 bajaron las acciones de los grupos armados ilegales y los os armados, situación que puede estar asociada a la masiva desmovilización que se registró en ese año por parte de las estructuras armadas de las AUC en el departamento (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a). Sin embargo, entre 2005 y 2006 vuelven a incrementarse estas cifras, así como las masacres12 como consecuencia de la conformación y reordenamiento territorial de grupos armados en Antioquia. En muchos casos estas actividades son realizadas por grupos no identificados, que empiezan a ganar importancia y coinciden con el proceso de rearme de algunos desmovilizados de las autodefensas y la conformación de organizaciones armadas criminales al servicio del narcotráfico (Águilas negras, Banda Nueva Generación, Autodefensas Unidas de Antioquia). El objetivo de estos nuevos grupos era la búsqueda de territorios para el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca” (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a). Recientemente en Antioquia se han venido presentado asesinatos y amenazas en contra de los líderes y campesinos reclamantes de tierras dentro del proceso de restitución de tierras adelantado por el gobierno. “Sólo en Urabá, hasta finales del año pasado, la asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras reportó que tras la devolución de 184 bienes (4.000 hectáreas) asesinaron a siete campesinos” (El Espectador, Marzo 2011). La intención de los actores armados por mantener el control de estas zonas, que en su mayoría son propicias para el cultivo de coca, han generado la re-victimización de los desplazados y despoja-

12



dos, y ha contribuidos a la generación de nuevos desplazamientos en el departamento los últimos años. Durante este periodo se observa una pérdida de protagonismo dentro del conflicto de las autodefensas, por cuenta del proceso de desmovilización, al mismo tiempo, que se reactiva la actividad de las FARC, y la confrontación armada de las Fuerzas Armadas, además de las aparición de organizaciones armadas que empiezan a disputar territorios estratégicos con los demás actores. A pesar de las diferencias en estos tres periodos se pueden identificar entre ellos algunos rasgos característicos de la confrontación armada en Antioquia. Primero, la constante interacción entre diferentes grupos armados FARC, ELN, Autodefensas, y entre éstos y Fuerza Pública, en diferentes momentos y lugares. Segundo, la disputa territorial de los grupos armados por zonas estratégicas principalmente por narcotráfico, pero además por vías y corredores de y movilidad, al igual que por captura de rentas de la extracción de recursos. Y tercero, la utilización de la violencia indiscriminada contra la población civil como forma de control territorial. Características del desplazamiento forzado interno en Antioquia En Antioquia “ha sido evidente que la propuesta de desarrollo ha estado signada por la dinámica de la guerra. Una guerra que utiliza el desplazamiento como su método preferido, ligado a fuertes intereses económicos” (ACA). Por sus riquezas y desarrollo el departamento también ha sido un importante objetivo para los grupos armados ilegales, lo que ha conducido a la disputa por el control territorial y la expulsión masiva de personas. Según los datos de Acción Social (2010), Antioquia históricamente ha sido, en promedio, el departamento con mayor expulsión (646.575) y recepción (626.833) de personas hasta 2010, y se puede considerar como una zona “tradicional” de expulsión de personas, pues hasta el 2006 se mantuvo como el departamento con mayor expulsión a nivel nacional (Ver gráfico 1.23). El desplazamiento es uno de los efectos más alarmantes de la presencia y accionar de los grupos armados (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a, Op. Cit.), y ha llegado a representar, según datos de Acción Social, hasta el 17,6% del total de personas desplazadas en el país entre 1997 y 2010. El punto más alto del fenómeno, en este periodo, se dio en 1997 con 101.297 desplazados (47,8% de los desplazados del país para ese momento, según datos de

En el 2005 las masacres perpetradas por desconocidos representaron el 75% del total, mientras en el 2006 alcanzaron el 83% de los hechos. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 31

EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN DE PERSONAS

GRÁFICO 1.23

EN ANTIOQUIA 1997 - 2010

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Expulsión

Recepción

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Acción Social), tras el inicio de la campaña paramilitar en el departamento, y sobre todo con el establecimiento del control paramilitar en el Urabá. En este sentido, la subregión más afectada por el desplazamiento fue Urabá (Ver gráfico 1.24) quien aportó el 78% de los desplazados con un total de 78.895 personas (Cifras de Acción Social, 2010). A partir de 2001, se observó un incremento dramático de las cifras de desplazamiento en el departamento, especialmente en la región del Oriente Antioqueño, Urabá y en el Occidente Antioqueño donde se estaba dando la consolidación y expansión paramilitar en el departamento, cuyo objetivo fue apropiarse de territorios estratégicos para el narcotráfico y el ataque a los puntos estratégicos de las guerrillas. Los municipios de San Luis, Cocorná, Frontino, Turbo e Ituango, fueron los GRÁFICO 1.24

EXPULSIÓN POR SUBREGIONES DE ANTIOQUIA 1997 - 2010

90000 80000

No. de personas

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

Bajo cauca Magdalena Medio Nordeste antioqueño Norte de Antioquia Occidente antioqueño

Oriente antioqueño Suroeste antioqueño Urabá Valle de Urabá

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz. 32 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

que concentraron el mayor número de víctimas que se desplazaron masivamente entre 2000 y 2001. La situación de estos municipios se podría explicar, por una parte, con la disputa por el control territorial que hacia finales de 1997 y principios de 1998 iniciaron los integrantes de autodefensas contra los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, para la consolidación de su presencia en la zona y controlar la autopista Medellín-Bogotá, los corredores de al municipio de Puerto Triunfo sobre el río Magdalena, las rutas de movilidad hacia el departamento de Caldas, las áreas en expansión de cultivos de coca y amapola; y por otra parte, con la retaliación de los grupos guerrilleros, quienes ejercieron acciones en contra de la población civil como estrategia para evitar su colaboración con las autodefensas (Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2010). Entre 2003 y 2006 hay un descenso significativo en las cifras de desplazamiento, paralelo al proceso de desmovilización de las autodefensas en el departamento. Sin embargo, durante este periodo se siguen registrando éxodos importantes en algunos municipios de Antioquia. En este sentido, las subregiones más afectadas por el desplazamiento fueron el Oriente Antioqueño, en particular en los municipios de San Francisco, Argelia, San Carlos, Granada y Cocorná, la región de Urabá, en los municipios de Turbo y Apartadó, y el Suroeste antioqueño, particularmente en el municipio de Urrao. Varias son las razones que explican estos desplazamiento: 1) la reacción temerosa de la población ante una nueva incursión de la guerrilla tras la desmovilización de los grupos de autodefensas, 2) el aumento en la presencia de actividades del narcotráfico, 3) la aparición de organizaciones armadas ilegales, y 4) la ocupación de territorios por parte de grupos armados ilegales, a través de amenazas y homicidios (Observatorio de DDHH y DIH, 2007a). Según las cifras de Acción Social, en los años posteriores al 2001, las cifras de desplazamiento del departamento empieza a descender, alcanzando su punto más bajo en 2010 tras el incremento de la presencia y el control territorial por parte de la Fuerza Pública, la desmovilización de las estructuras de las autodefensas, y la disminución del uso de la violencia generalizada en contra de los civiles. En términos generales, en el periodo entre 1997 y 2010, por su importancia geoestratégica, las regiones más afectadas por el desplazamiento en Antioquia son: Urabá con 176.110 personas, Oriente Antioqueño con 173.021 y el Occidente Antioqueño con 60.134 desplazados, dentro de los cuales los municipios más afectados fueron: Turbo, Apartadó, Medellín, Cocorná, San Carlos y Urrao (Cifras de SIPOD / Acción Social procesado por ACNUR, 2010).

Actualmente, Antioquia muestra un panorama distinto en la problemática del desplazamiento. Mientras se redujo la expulsión en zonas tradicionales, se mantiene una situación crítica en otras zonas del departamento como lo son la frontera con el departamento de Chocó y la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Igualmente, la situación es crítica frente a los desafíos del retorno y la atención de la población desplazada que se ha empezado a promover para disminuir la crisis humanitaria generada en municipios de recepción como Medellín. Por tal razón, hoy en día se destinan importantes esfuerzos para generar condiciones propicias que estimule el retorno de la población a sus lugares de origen. Un ejemplo de estos esfuerzos, son los realizados entre 2005 y 2006, donde se realizaron 21 retornos masivos de 4.165 familias, en municipios de las regiones del Oriente Antioqueño (Argelia, San Carlos, Nariño, Cocorná, Granada, San Francisco, San Rafael, Alejandría y Abejorral), Occidente (Cañasgordas, Frontino y Buriticá), Urabá (Turbo), Suroeste (Urrao) y Nordeste (Yali) (Ibíd.). Es importante señalar, que según cifras de Acción Social, para 2010 Antioquia vuelve a ser el departamento con mayor expulsión en el país, hecho que responde al enfrentamiento entre bandas criminales por el control de territorios estratégicos del departamento. Asimismo, en los últimos años, el asesinato y amenaza a los campesinos y líderes comunales en los proceso de restitución han generado nuevos éxodos de personas que no cuentan con las garantías suficientes para continuar con sus familias en sus tierras, y han sido de nuevo víctimas de la violencia. Por otro lado, en el departamento de Antioquia el desplazamiento forzado históricamente ha estado asociado a las consecuencias propias del conflicto armado, y a la disputa y apropiación territorial entre grupos armados. Acorde a esto, se pueden describir las causas del desplazamiento forzado de acuerdo a las tres categorías expuestas anteriormente. La primera es el desplazamiento preventivo, donde las personas salen del territorio como forma de evitar posibles efectos negativos, donde los principales detonantes del desplazamiento son la presencia de actores armados y los enfrentamientos entre los diferentes actores como guerrillas, autodefensas y fuerza pública. Este fenómeno se da principalmente en la primera etapa del conflicto en el departamento, donde la expansión guerrillera generó hostigamientos a pueblos y veredas, y enfrentamientos con la fuerza pública. La segunda causa del desplazamiento se desprende de la estrategia de control territorial impuesta por los diferentes actores armados, principalmente las autodefensas. En este caso se utiliza la violencia masiva e indiscriminada

contra la población civil, y por lo tanto el desplazamiento forzado como forma de control territorial. Por este motivo, las masacres y homicidios se convierten en el detonante del desplazamiento. Estos hechos se pueden ver principalmente en la segunda etapa del conflicto, con la expansión y consolidación de las autodefensas y la apropiación de estas prácticas por parte de las guerrillas. La tercera y última causa, se da por la apropiación de territorios por parte de los narcotraficantes y otros grupos para el establecimiento de cultivos, lo que se podría llamar desplazamiento como estrategia económica. En este caso, los detonantes del desplazamiento son las amenazas, homicidios y hostigamientos de estructuras armadas, con el fin de apropiarse de terrenos propicios para el cultivo, procesamiento y comercialización de estupefacientes principalmente, y en algunos casos por territorios para implantar cultivos agroindustriales. Este hecho se ha dado en diferentes momentos, pero en la actualidad se está presentando gracias a la expansión del narcotráfico y de las organizaciones armadas criminales el servicio de este. El desplazamiento forzado en Urabá y el Oriente Antioqueño Para entender el fenómeno del desplazamiento en el departamento de Antioquia es importante analizar dos regiones, Urabá y el Oriente Antioqueño, las cuales han marcado la tendencia de este fenómeno en los momentos más críticos de expulsión en el departamento, al concentrar el 54.49% de las expulsiones de población en Antioquia. Urabá El Urabá antioqueño es un lugar de disputa estratégica para los grupos armados por ser una región geoestratégica propicia para el refugio de las tropas, el cultivo, producción, comercialización y embarque de drogas ilícitas, así como para el tráfico de armas y precursores químicos, y el lavado de activos, gracias a que cuenta con importantes corredores de movilidad y de conexión al mar (Observatorio de DDHH y DIH, 2006b). Urabá es la subregión más afectada por el desplazamiento forzado en Antioquia, con 176.110 personas desplazadas entre 1997 y 2010, siendo Turbo el municipio que más ha sufrido el impacto a nivel nacional (Cifras SIPOD/ Acción Social procesado por ACNUR, 2010). En el caso de Urabá, el origen del desplazamiento ha cambiado con las dinámicas del conflicto en la región. A finales de los ochenta se empieza a generar el movimiento de autodefensas, impulsado por empresarios bananeros, que genero las primeras presiones y desplazamientos de la población. A mediados de los noventa y con la conforma-

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 33

ción de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) se generó una fuerte expansión e incursión de las autodefensas en la región (Observatorio de DDHH y DIH, 2006b), donde por medio de masacres, asesinatos y las acciones dirigidas contra los civiles y organizaciones sociales se fueron asentando en la zona y “haciendo que la subversión se replegara hacia las zonas montañosas y selváticas a tal punto que, para algunos, Urabá era considerado como un territorio “liberado” (Ibíd. p. 5 -6). En este periodo, el desplazamiento forzado que tuvo su mayor impacto en 1997 (Ver gráfico 1.25), ayudó a configurar un nuevo orden en la región. Este proceso que se inició con la ofensiva de las ACCU en 1997 por el control del Nudo de Paramillo, generó el 77,9% de los desplazamientos a nivel departamental y el 37.2% (78.895) a nivel nacional (Cifras SIPOD/Acción Social procesado por ACNUR, 2010). En este momento las causas del desplazamiento fueron las arremetidas violentas de los grupos armados, principalmente de los paramilitares, en contra de la población civil como forma de control político y territorial, mientras los enfrentamientos directos entre ellos eran escasos (Ibíd. p. 12). GRÁFICO 1.25 90000 80000

EXPULSIÓN DE PERSONAS EN URABÁ 1997 - 2010

78.895

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0

15.557 15.753 6.621

11.760

8.853

3.041

3.798

5.946 6.067 7.382 7.193 3.626

1.618

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Para 1998 y 1999, el control ganado por los paramilitares redujo las acciones violentas, y por lo tanto el desplazamiento (Observatorio DDHH y DIH, 2006d). Entre los años 1999 y 2001 hay un incremento en el desplazamiento debido a la contraofensiva de las FARC por recuperar lugares estratégicos, donde prevaleció la confrontación directa entre los actores, situación que estuvo acompañada de una grave crisis humanitaria por los bloqueos alimenticios de parte de las organizaciones guerrilleras (Observatorio DDHH y DIH, 2006b). Sin embargo, en 2003 la desmovilización de varios grupos de autodefensas en la región impacta en la reducción de las cifras de desplazamiento, pero a su vez se da paso a “una recomposición del escenario estratégico y un nuevo contexto de seguridad, en el cual comienza a emerger con fuerza factores tales como el narcotráfico, la delincuencia común y la amenaza de una incursión por parte

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de la subversión” (Ibíd. p. 13). Como consecuencia, se observa un leve aumento hasta el 2008 en las cifras de desplazamiento forzado en esta región. Oriente Antioqueño El Oriente Antioqueño al igual que Urabá tiene un importante valor estratégico para los grupos armados, por el paso de la carretera Medellín-Bogotá, su capacidad para generar energía indispensable para el funcionamiento de la industria, sus despensas agropecuarias, la presencia de un importante complejo industrial y una moderna estructura de comunicaciones, lo que lo ha convertido en espacio de disputa entre frentes guerrilleros y estructuras de las autodefensas por la apropiación y uso del enorme potencial estratégico y económico que tiene la región, (Observatorio DDHH y DIH, 2004). En este caso “la riqueza del Oriente Antioqueño constituye el telón de fondo de la realización de masacres y enfrentamientos entre grupos irregulares que de manera calculada han ocasionado el desplazamiento de la población” (Ibíd. p. 3). Después de Urabá, el Oriente Antioqueño es la segunda región más afectada por el desplazamiento forzado en Antioquia con 173.021 personas desplazadas entre 1997 y 2010. En esta región el desplazamiento es mucho más prolongado y constante que en el Urabá con dos picos importantes en los años 2000 y 2002 (Ver gráfico 1.26). En este caso los diferentes actores tienen como objetivo la expansión territorial, además de garantizar su permanencia y control de la zona, por lo cual utilizan la intimidación y el uso indiscriminado de la violencia y el terror como forma de disputa por el control estratégico de posiciones, llevando a que el conflicto se dirija en contra de los civiles, generando una de las más preocupantes situaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario a nivel nacional. Es así como desde finales de los años noventa se presentan de manera sistemática masacres en las zonas de incursión de las autodefensas, además de las presiones y hostigamientos por parte de la guerrilla provocando el desabastecimiento de productos del campo en los centros urbanos. (Observatorio DDHH y DIH, 2004). De otra parte, el fenómeno del desplazamiento ha tenido impactos alarmantes en los municipios de Cocorná, San Carlos, San Luis y Granada donde la violencia se ha presentado con mayor intensidad. El desplazamiento empieza a volverse un tema relevante en la región desde finales de los años ochenta, tras la expansión paramilitar que se dio desde el Magdalena Medio, cuando en 1988 comienzan a hacerse denuncias al respecto (Ibíd. p.2). Para 1997 empieza una segunda expansión paramilitar en la región al mando de Carlos Cas-

EXPULSIÓN DE PERSONAS EN EL ORIENTE

GRÁFICO 1.25 35000

ANTIOQUEÑO 1997 - 2010 32.761

25000

20.114

15000

14.516

10000

0

4.658

5.788 5.193

1.200

Sur

Ipiales, Aldana, Contadero, Cuaspud, Cumbal, Gualmatán, Iles, Ospina, Pupiales, Potosí, Córdoba, Puerres, Funes, Sapuyes, Guachuchal, Imués.

Municipios fronterizos con Ecuador. Se concentra el mayor número de resguardos de Nariño. Ganadería lechera y comercio fronterizo.

Norte

Albán, La Cruz, San Pablo, San Bernardo, Buesaco, Belén, Colón, El Tablón, La Unión, San Lorenzo, Taminango, Arboleda, San Pedro de Cartago, Leiva, El Rosario, Policarpa, Cumbitara.

Zona cafetera, ganadera y era.

Costa Pacífica

Tumaco, Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Magüi, Santa Bárbara, Iscuandé, Olaya Herrera, Roberto Payán, Mosquera.

Pesca y cultivo de palma africana; turismo incipiente. Zona de difícil y graves problemas de orden social y público.

Centro Occidental

Túquerres, Samaniego, Ricaurte, La Llanada, Linares, Santacruz, Los Andes, Providencia, Mallama.

Agricultura, ganadería y minería. Presencia de población indígena. Problemas de orden público.

460

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

taño, momento en el cual se incrementa el fenómeno del desplazamiento en el Oriente Antioqueño. Entre 1998 y 2002 se dio el mayor número de desplazamientos en la región (ver gráfico 1.26) ligado al accionar de las autodefensas, como masacres, asesinatos selectivos y homicidios indiscriminados. El pico más alto de desplazamiento en la región se dio entre 2000 y 2002 con 91.036 personas desplazadas durante este periodo (en promedio el 39,86% de los desplazados a nivel nacional durante los tres años). Para el 2003 las cifras del desplazamiento al igual que los asesinatos y las masacres disminuyeron, como en otras regiones del departamento por el inicio del proceso de desmovilización de las autodefensas, así como por efecto de las intensas operaciones militares, como la operación “Marcial” que inició la IV Brigada en marzo del 2003, con el cual lograron la reducción de la capacidad de las guerrillas para actuar y la intensidad de los ataques de las autodefensas dirigidos contra la población. Para ese año la Fuerza Pública logró retomar la iniciativa contra la subversión duplicando el número de combates y logrando hacer cambios significativos en la geografía del conflicto. Asimismo, durante este año se da el cambio en la dinámica de las acciones de los grupos de autodefensas, al comenzar fuertes combates entre el bloque Metro y el bloque Central Bolívar (Observatorio DDHH y DIH, 2004, p. 15). En años reciente, tanto con la desmovilización de las estructuras paramilitares y el aumento del pie de fuerza militar de la fuerza pública en la región se ha reducido la expulsión de población llegando a 2010 con la cifra más baja en los últimos años, lo que ha permitido que en esta región se empiecen a generar procesos de retorno de población como en San Carlos y Granada. 1.5.2 Perfil regional de Nariño El departamento de Nariño está ubicado en el suroccidente del país. Es un departamento fronterizo en el sur con el Ecuador, en el norte con el departamento del Cauca, por el este con el departamento del Putumayo, y por el oeste

Características

Centro

3.666 5.553

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Municipios

Área montañosa y volcánica. Producción de artesanías. Ganadería lechera.

11.343 9.494

SUBREGIONES ISTRATIVAS DEL

Pasto, Nariño, Chachagüí, Consacá, Ancuyá, Yacuanquer, Sandoná, La Florida, Tangua, El Tambo, Guaitarilla, El Peñol.

27.242

20000

5000

Subregión

31.033

30000

CUADRO 1.5

Fuente: Gobernación de Nariño, Informe Departamental de evaluación del desempeño de la gestión municipal período 2005, San Juan de Pasto, 2006, pp. 9-10. Tomado de: http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-87.pdf.

con el Océano Pacífico. Nariño, tiene una ubicación geoestratégica importante, por su condición de frontera, su salida al mar, y por ser una de las regiones de mayor producción de biodiversidad, de agua y oxígeno en el mundo (Gobernación de Nariño, 2008, p. 11). El departamento de Nariño comprende 64 municipios, y de acuerdo a sus características ambientales y culturales se identifican 5 subregiones: norte, occidente, sur, pacífica y centro-pasto (Gobernación de Nariño, 2010) (Ver cuadro 1.5). El departamento tiene una proyección poblacional de 1.639.569 habitantes (DANE, 2010), compuesta mayoritariamente por mestizos (70.4%). Sin embargo, también tiene una importante presencia de grupos étnicos: afrodescendientes (18.83%) principalmente en Tumaco (65%) y en otros 12 municipios (Gobernación de Nariño, 2008, pág. 4) e indígenas (10.8%) de los pueblos Pastos, Inga, Awá, Eperara - Siapidara, Kofán y Quillacingas. Esta población indígena, está situada en 67 resguardos que ocupan 467.000 hectáreas en jurisdicción de 24 municipios (Ver cuadro 1.6).

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 35

CUADRO 1.6 DEPARTAMENTO

POBLACIÓN DE COLOMBIA Y DEPARTAMENTOS DEL SUROCCIDENTE; INDÍGENAS Y AFROCOLOMBIANOS, 2005 TOTAL

INDÍGENAS

%

AFROCOLOMBIANOS

%

Colombia

41.174.853

1.375.213

3,3

4.206.261

10,2

Nariño

1.491.026

154.625

10,4

270.000

18,1

Cauca

1.176.791

247.618

21,0

255.283

21,7

Putumayo

234.620

37.796

16,1

11.960

5,1

Fuente: DANE, Censo General 2005.

Fuente: IGAC. 2009.

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PORCENTAJE DE HOGARES CON NBI EN

GRÁFICO 1.27

COLOMBIA Y ALGUNOS DEPARTAMENTOS, 2005

90 80

75,5

70 60 Porcentaje

Nariño es uno de los departamento con mayores Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en el país, solo superado por La Guajira, Sucre, Córdoba y Chocó (Ver gráfico 1.27). En el año 2005 el 38.9% de hogares de Nariño tenía NBI, por encima del promedio de NBI nacional que era del 36% (CEER, 2007). Los municipios más críticos en NBI para ese año fueron La Tola, Mosquera, El Charco y El Rosario, sin embargo, esta situación es más preocupante en las zonas rurales que en las urbanas (Ver gráfico 1.28) (Ibíd, p. 33). Adicionalmente, en términos de empleo, Pasto presenta una de las tasas de desempleo más altas de las áreas metropolitanas de Colombia (CEER, 2007). Aunque esta situación ha ido mejorando lentamente, Nariño continua siendo uno de los departamento con mayor pobreza del país (Gobernación de Nariño, 2008, p. 14).

50

42,8

38,9

40 30,1

30

25,8

20 10 0.0

14,8 9,1

Bogotá

Valle

Putumayo

Urbano

Nariño

Cauca

Rural

Total

Chocó

Colombia

Fuente: DANE, Censo general, 2005. Tomado de: Banco de la República, DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Departamento de Nariño. Año 2008.

MUNICIPIOS DE NARIÑO CON LOS MAYORES

GRÁFICO 1.28 120,0 100,0

Porcentaje

EN EL PIB NACIONAL

1,7% 91

84

82

82

80

1,62% 1,58%

1,6%

81

80,0

1,55%

1,6%

60,0

28

1,44%

1,5% 1,4%

20,0

1,56%

1,56%

1,49%

1,5%

41

40,0

0.0

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE NARIÑO

GRÁFICO 1.29

INDICADORES DE NBI EN 2005

1,39%

1,4% La Tola

Mosquera

Arboleda

Magüi

Cabecera

El Charco

Resto

El Rosario Dpto.Nariño Colombia

Total

Fuente: DANE, Censo general, 2005. Tomado de: Banco de la República, DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER). Departamento de Nariño. Año 2008.

La actividad empresarial en Nariño El departamento de Nariño ha estado marcado por su aislamiento de las principales redes de intercambio económico con el centro del país. Desde los primeros años del siglo XIX e incluso ya en la primeras décadas del siglo XX, la falta de vías y técnicas rudimentarias de producción mantuvieron aislado y limitado la participación económica del departamento en la economía del país (Vitoria, 2007, p. 9). Solo hasta la década de los treinta con la construcción de la carretera que unió a Nariño con Popayán, y en la década del setenta con la construcción de la vía Panamericana, se empezó a tener una mayor comunicación e intercambio del departamento con el centro y norte del país, así como con Ecuador. No obstante, la red vial departamental se ha concentrado en la subregión andina nariñense, mientras en otras regiones como la pacífica aún es precaria la red vial. Según la Gobernación de Nariño en el Informe anual de gestión de 2005, la falta de vías de comunicación es una de las principales razones del atraso y aislamiento en que continua el departamento (Gobernación, 2006). Nariño ocupa un lugar marginal en el aporte anual que hace al PIB nacional. El mismo se ha movido entre el 1.39% y 1.62%, lo que representa en promedio un 1.5% entre 2001 - 2008 (Ver gráfico 1.29). Comparativamente con otros departamentos, Nariño ocupó el puesto 16 en el año 2000 y el 17 en 2007 en la participación porcentual al PIB nacional. Nariño es un departamento principalmente rural, para 1964 el departamento tenía el 70% de su población en el sector rural, frente a un 48% del total nacional (Viloria, 2007). En el 2005 estas proporciones, aunque variaron, continuaron manteniendo el predominio rural con un 53.22% de la población en estas zonas, frente a un 46.77% que se ubica en la zona urbana (Censo 2005).

1,3% 1,3%

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. Cuentas Nacionales Departamentales. A precios constantes de 2005.

GRÁFICO 1.30

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DEPARTAMENTAL, A PRECIOS CORRIENTES, 2000

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Bogotá Antioquia Valle Santander Cundinamarca Atlántico

Bolívar Boyacá Tolima Córdoba Meta Norte de Santander

Huila Caldas Risaralda Nariño

Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales-PIB Total y participación-Base 2000. Elaborado por CONPAZ.

GRÁFICO 1.31

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB DEPARTAMENTAL, A PRECIOS CORRIENTES, 2007

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0

Bogotá Antioquia Valle Santander Cundinamarca Atlántico

Bolívar Boyacá Tolima Córdoba Meta Norte de Santander

Huila Caldas Risaralda Nariño

Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales-PIB Total y participación-Base 2000. Elaborado por CONPAZ.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 37

Esto se refleja también en la composición de la economía del departamento, la cual cuenta con una fuerte presencia de las actividades de servicios sociales (23%) y comerciales (18%), así como de una importante actividad rural y agraria (16%) que hacen los mayores aportes al PIB departamental (Ver cuadro 1.7 y gráfico 1.32). El 68% del PIB departamental del 2008 se concentró en cuatro actividades económicas: agropecuarias, industriales, de construcción, comerciales y de servicios, situación que se mantiene desde el año 1990, y desde entonces no ha mostrado grandes variaciones (Viloria, 2007, p. 43). El sector de servicios representa un renglón dentro de la participan del PIB departamental nariñense, el cual tuvo una importante caída hacia los años 2002-2004, pero volvió a incrementarse en los últimos años. Por su parte, la CUADRO 1.7

actividad comercial es la segunda más significativa dentro de los aportes al PIB de Nariño, con una tendencia a la baja desde el año 2002. Así mismo, sucede con el sector agrícola, el cual ocupa el tercer lugar, pero con fluctuaciones en su participación que tiende a la baja (Ver gráfico 1.33). En ese sentido, se considera que la producción agrícola y ganadera “ha sido la base económica del Departamento de Nariño”, actividades asociadas principalmente a la presencia de estructuras minifundista de tenencia de la tierra y producción (Martínez & Sabogal, 2000, p. 45). Entre los bienes agrícolas de mayor producción y generación de empleo en Nariño para 2009, se destacan: la papa13, el plátano para consumo interno, la caña era, el coco y la palma (Minagricultura, 2009) (Ver gráfico 1.34).

ACTIVIDAD ECONÓMICA NARIÑO % CONTRIBUCIÓN AL PIB DEPARTAMENTAL

VARIACIÓN

2000

2008

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

17,6

15,9

Explotacion de minas y canteras

0,3

0,6

0,3

Industrias manufacturera

8,1

5,8

-2,3

Electricidad, gas y agua

2,6

2,8

0,2

Construccion

3,8

10,5

6,7

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

22,1

18,1

-4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

6,9

7,8

0,9

10,6

10

-0,6

23,9

23,7

-0,2

4

5

1

100

100

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales Derechos e impuestos Total

-1,7

Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales – PIB Base 2005. PIB por ramas de actividad 2000-2009p. ‘Participación porcentual por grandes ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto departamental, a precios corrientes’. Elaborado por CONPAZ. GRÁFICO 1.32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB DEPARTAMENTAL POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (NARIÑO)

A: 17%. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B: 1%. Explotación de minas y canteras C: 7%. Industria manufacturera D: 3%. Electricidad, gas y agua E: 8%. Construcción F: 20%. Comercio, reparación, restaurantes y hoteles G: 7%. Transporte, almacenamiento y comunicaciones H: 10%. Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas I: 22%. Actividades de servicios sociales, comunales y personales J: 5%. Derechos e impuestos

PIB por sectores 2008.Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales – PIB Base 2005. PIB por ramas de actividad 2000-2009p. ‘Participación porcentual por grandes ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto departamental, a precios corrientes’. Elaborado por CONPAZ.

13



En Colombia, algo más del 80% de la producción de papa se concentra en Cundinamarca (37.8%), Boyacá (26.3%) y Nariño (17.4%) (Minagricultura, 2009).

38 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

TENDENCIAS DE LAS GRANDES RAMAS GRÁFICO 1.33

CUADRO 1.8

DE NARIÑO 30 25 20 15 10 5 0 Agricultura, ganadería y pesca

Construcción

Electricidad, agua y gas

Financiero

Transporte y comunicaciones

Industria manufacturera

Impuestos

Comercio, restaurantes y hotelería

Minería

Servicios

Producción nacional*

Papa

504.132

2.803.796

Plátano consumo interno

134.369

2.699.099

Caña a

72.389

1.264.751

Cocotero

56.208

112.289

Palma de aceite

31.525

859.554

Maíz tradicional

27.269

663.576

Trigo

18.282

26.459

Fríjol

8.215

147.359

Producto

Fique

7.540

22.081

Yuca

6.289

1.990.071

Maní

2.596

3.595

Cacao

1.948

59.756

Arracacha

1.049

76.657

878

108.077

Arroz secano manual

Fuente: DANE. 2005. Cuentas nacionales departamentales. PIB por ramas de actividad 2000-2009p. Elaborado por CONPAZ.

GRÁFICO 1.34

ACTIVIDAD AGRÍCOLA NARIÑO Producción en toneladas

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DENTRO DEL PIB

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NARIÑO 2008

Fríjol 0,9% Fique 0,9% Yuca 0,7% Maní 0,3% Cacao 0,2% Maíz tradicional 3,1%

Cebada Total producción

389

3.910

873.078

10.841.030

* Corresponde a la producción nacional de los productos identificados. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Anuario Estadístico 2009. Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE.

Trigo 2,1%

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES GRÁFICO 1.35

Palma de aceite 3,6%

EN COLOMBIA (2008) PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL 3,128

Cocotero 6,4%

Caña a 8,3%

Papa 57,7%

331 122

150 59

99

Atlántico

Bolívar

Bogotá

Caldas

Boyacá

5 Caquetá

34 Cesar

Cauca

28 Córdoba

51 Cundinamarca

4 huila

La Guajira

50

47

Meta

Magdalena

131

56 Nariño

56 Quindío

Risaralda

14 Sucre

Santander

N. de Santander

176

344

404

1,111 115 Tolima

13 Valle

Otros departamentos

En cuanto a los establecimientos industriales en el departamento, la Encuesta Anual Manufacturera (2008) ubica a Nariño en el puesto 56 para el año 2008, muy por debajo de los principales centros industriales como Bogotá, Antioquia y Valle (Ver gráfico 1.35). En términos porcentuales, Nariño cuenta con el 0.70% de los establecimientos industriales del país, lo que hace evidente la poca incidencia del departamento en las actividades industriales a nivel nacional (Gráfico 1.36). La actividad industrial del departamento se caracteriza principalmente por la industria de alimentos y bebidas14, en la cual concentra el 95% de la producción industrial nariñen-

1,407

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. Anuario Estadístico 2009.

Antioquia

Plátano consumo interno 15,4%

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2009. Elaborado por CONPAZ.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 39

se para el 2007, lo que muestra la poca diversificación del sector en Nariño y la alta dependencia a ciertos productos y actividades económicas en la región (Ver gráfico 1.37 y cuadro 1.8). NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

GRÁFICO 1.36

La actividad comercial, por su parte, concentra el 60% de los establecimientos comerciales, donde también se destaca la actividad hotelera y de restaurantes, y la industria manufacturera (Cuadro 1.9). CUADRO 1.9

EAM

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN NARIÑO,

9000 8000 7000

203

1

18

0,1

Explotación de minas Industria Manufacturera

4000 3000

1000 0 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Bogotá

2004

2005

2006

Antioquia

2007

2008

2009

Nariño

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. DANE. 2009. Elaborado por CONPAZ.

GRÁFICO 1.37 Otras industrias 4%

Edición, grabación y reproducciones 1%

%

Pesca

5000

2000

No.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

6000

Colombia

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO (2009)

ACTIVIDAD ECONÓMICA

50

0,2

1609

7,9

Suministro de electricidad, gas y agua

37

0,2

Construcción

244

1,2

Comercio y Reparación de vehículos

12236

60

Hoteles y Restaurantes

1989

9,7

Transporte, Almacenamiento y comunicaciones

992

4,9

Servicios e intermediación financiera

326

1,6

Actividades inmobiliarias y de alquiler

1120

5,5

istración pública y Seguridad social

24

0,1

Educación

166

0,8

Servicios sociales y de salud

433

2,1

Otros servicios

960

4,7

20407

100

TOTAL Fuente: Cámara de Comercio de Pasto, 2009.

Alimentos y bebidas 95%

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE. 2009. CUADRO 1.8 CIIU

Descripción

millones $

15

Productos alimenticios y de bebidas

311.469

36

Muebles; industrias manufactureras n

13.909

22

Edición e impresión y de reproducción de grabaciones.

Total departamento

2.349 327.727

Fuente: Gráfico del Ministerio de Industria y Comercio, con datos del DANE – EAM. 2009. La división 36 incluye: 18 (prendas de vestir), 20 (productos de madera), 21 (papel, cartón y sus productos), 24 (sustancias y productos químicos) y 34 (vehículos automotores). Descripción modificada.

14



Las principales empresas del departamento hacen parte del sector primario y de servicios, donde se destacan las actividades de comercio y transporte. El cuadro 1.10 expone las 20 empresas con más altos activos que tienen sede en Nariño. La suma de los activos de éstas 20 empresas no alcanza al total de los activos de la empresa número veinte en el ranking expuesto en el caso de Antioquia. En ese contexto, la participación industrial en la economía departamental tiene dos características centrales, primero, que proviene principalmente de una producción artesanal, y segundo, que el tamaño de la industria es pequeño y con productos que no generan valor agregado, lo cual también define la escasa capacidad que tiene para cubrir el mercado local y regional (Martínez & Sabogal, 2000). Esto también se refleja en el tamaño de las empresas del departamento, las cuales son mayoritariamente microempresas (Ver cuadro 1.11 y gráficos 1.38 y 1.39). Entre los factores que afectan las actividades económicas, los empresarios han identificado la problemática de la escasez de ingresos para nuevas inversiones, que limita las posibilidades de crear valor en el mercado a través de

Hay que resaltar la diferencia entre la producción en millones de pesos de la industria de productos alimenticios y de bebidas en Antioquia y Nariño, pues si bien ocupa un lugar importante en ambos departamentos, la producción en Antioquia es de 5.679.001 millones, frente a 311.469 en Nariño.

40 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

CUADRO 1.10

NARIÑO. 20 ACTIVOS SUPERIORES. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (VALORES EN MILES DE PESOS) Razón Social

Ciudad

PALMEIRAS COLOMBIA S.A.

Descripción sector

Total activo

Tumaco

Agricola con predominio exportador

64.934.984

TRANSPORTES BILBAO SANCHEZ MENDOZA

Ipiales

Transporte terrestre de carga

59.301.000

ASTORGA S.A.

Tumaco

Agricola con predominio exportador

58.781.455

AGROGANADERO LTDA

Ipiales

Agropecuaria, insumos agropecuarios, productos agropecuarios

31.834.667

AGROPECUARIA LA HACIENDA Y CIA S A

Ipiales

Distribución de insumos agropecuarios

26.325.082

COMERCIALIZADORA LUHOMAR LIMITADA

Pasto

Distribuidora de granos (fríjoles, arvejas, arroz, soya)

22.959.046

MOLINO LA SABANA S.A.

Ipiales

Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado

21.046.713

NUEVO HORIZONTE LTDA

Pasto

Construccion de obras residenciales

14.854.627

PUYO S.A.

Pasto

Distribución de productos de consumo

13.321.508

INVERSIONES PANDIACO LTDA

Pasto

Construccion de obras residenciales

12.335.983

EMPRESAS DE NARIÑO LTDA.

Pasto

Otras industrias manufactureras

11.944.103

DISTRIBUIDORA TROPIPASTO LTDA.

Pasto

Distribución de productos de consumo

10.185.111

PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A

Pasto

Construccion de obras civiles

9.847.814

AUTOMOTORES DE NARIÑO S.A.

Pasto

Comercio de vehiculos y actividades conexas

9.747.930

BERLIMOTOS LTDA

Pasto

Comercio de vehiculos y actividades conexas

9.193.487

CORPORACION DE TRANSPORTADORES NARIENSES S.A.

Pasto

Comercio de combustibles y lubricantes

8.014.546

TRANSPORTADORA DE VALORES DEL SUR LTDA

Pasto

Telefonia y redes

7.587.133

ALMACENES HERLU LTDA.

Pasto

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus rios

6.689.275

DROMAYOR PASTO S.A

Pasto

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinale

6.540.693

CONSTRUCTORA SENERCO LTDA

Pasto

Construccion de obras residenciales

5.851.233

TOTAL

411.296.390

Fuente: Cuentas Superintendencia de Sociedades, 2011.

CUADRO 1.11

NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DE LA C

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO 2009 MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

TOTAL

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

No.

%

(A) Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

121

0,9

6

3,1

1

5,3

0

0,0

128

0,9

(B) Pesca

16

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

16

0,1

(C) Explotación de Minas

26

0,2

1

0,5

0

0,0

0

0,0

27

0,2

1.165

8,3

28

14,3

1

5,3

0

0,0

1.194

8,4

14

0,1

4

2,0

0

0,0

1

20,0

19

0,1

186

1,3

6

3,1

1

5,3

0

0,0

193

1,4

(G) Comercio y Reparación de Vehículos

8.391

59,8

84

42,9

6

31,6

1

20,0

8.482

59,5

(H) Hoteles y Restaurantes

(D) Industria Manufacturera (E) Suministro de Electricidad, Gas y Agua (F) Construcción

1.445

10,3

19

9,7

1

5,3

0

0,0

1.465

10,3

(I) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

610

4,3

12

6,1

1

5,3

0

0,0

623

4,4

(J) Servicios de Intermediación Financiera

101

0,7

0

0,0

1

5,3

0

0,0

102

0,7

(K) Actividades Inmobiliarias y de alquiler

850

6,1

11

5,6

5

26,3

1

20,0

867

6,1

(L) istración Pública y Defensa, Seguridad Social

11

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11

0,1

(M) Educación

123

0,9

6

3,1

0

0,0

0

0,0

129

0,9

(N) Servicios Sociales y de Salud

292

2,1

14

7,1

1

5,3

2

40,0

309

2,2

(O) Otros Servicios

682

4,9

5

2,6

1

5,3

0

0,0

688

4,8

14.033

100,0

196

100,0

19

100,0

5

100,0

14.253

100,0

TOTAL

Nota: Bases de establecimientos de comercio de Registro Mercantil, de la Cámara de Comercio de Pasto. No incluye sucursales y agencias. Cálculos: Departamento de Planeación Institucional y Competitividad Regional de la Cámara de Comercio de Pasto. Fuente: Cámara de Comercio de Pasto, Anuario 2009.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 41

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO GRÁFICO 1.38

SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA (2009) EN LA JURUSDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO 14033

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

196

19

5

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2009. Elaborado por CONPAZ.

GRÁFICO 1.39

ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN NARIÑO POR TAMAÑO DE EMPRESAS 2009 1%

99%

Micro

Pequeña

Mediana

grande

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto. 2009. Elaborado por CONPAZ.

sus actividades, seguido de la dinámica de impuestos, que asociado con lo anterior, se entiende como la incapacidad que tiene el pequeño empresariado nariñense para generar utilidades que les permitan cubrir todos los costos de producción, así como sus obligaciones fiscales (Cámara de Comercio, 2009). En este sentido, es evidente la poca presencia y capacidad económica y empresarial del departamento. La pobreza de la población nariñense limita sus capacidades para generar actividades económicas competitivas y sostenibles, en medio de la baja capacidad adquisitiva de los consumidores, y los pocos encadenamientos productivos que tienen con los grandes centros económicos del país (Martínez & Sabogal, 2000). Esto es un factor que puede contribuir al riesgo y vulnerabilidad que tiene su población 42 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

de terminar participando en actividades económicas ilegales, dado que desde éstas puede recibir ingresos mayores o más estables que participando en actividades económicas legales. Igualmente, la importancia de la actividad comercial y el intercambio con Ecuador, ha favorecido el desarrollo de actividades ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y de drogas. A pesar de la escasa capacidad económica y presencia empresarial, Nariño cuenta con algunas ventajas económicas de interés empresarial relacionadas con el Oleoducto Trasandino que atraviesa parte de Orito y llega a Tumaco, tiene una reconocida producción artesanal de oro y plata, y se presenta como zona de potencial desarrollo de actividades relacionadas con el petróleo, gas, roca fosfórica, cobre, molibdeno, plomo, zinc, manganeso, arcillas, arenas, piedra, gravas y gravillas. El conflicto armado en Nariño A diferencia de Antioquia el escalamiento del conflicto en Nariño es relativamente reciente, debido a las nuevas dinámicas del conflicto y narcotráfico presenciadas desde finales de los años noventa e inicios de la primera década del milenio en Colombia. En la actualidad el suroccidente se constituye en uno de los principales escenarios de guerra por el control estratégico entre las organizaciones guerrilleras, la aparición de organizaciones armadas criminales y nuevos grupos de autodefensas, por cuanto convergen allí corredores entre la Amazonia y el Océano Pacífico, entre el Valle del Cauca y Ecuador (Echandía, 2006, p. 222), además de la disputa por el control del cultivo, procesamiento y comercialización de la coca. Actores armados ilegales en el departamento de Nariño En el departamento de Nariño tienen presencia diversos actores armados ilegales, desde grupos subversivos y paramilitares hasta nuevas estructuras de delincuencia organizada, que tienen como elemento común el narcotráfico. Según el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República desde los años 80 las FARC y ELN hacen presencia en Nariño. Las FARC-EP a través de los Frentes 8, 29 y 63, columnas Daniel Aldana, Jacinto Matallana y Mariscal Antonio José de Sucre. (Observatorio DDHH y DIH, 2008b). De igual forma, según OCHA y el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, el ELN hace presencia en el departamento con los Frentes Mártires de Barbacoas, Héroes de Sindagua, y la Compañía Camilo Cienfuegos (Observatorio DDHH y DIH, 2007b), además de los Frentes Milton Hernández, Comuneros del Sur y Manuel

Vásquez. De 2004 a 2007 el ELN ha desarrollado acciones bélicas en 11 municipios, de las subregiones Centro-Occidente, Costa y Norte del departamento de Nariño (OCHA, 2007). En este mismo periodo, las FARC desarrollaron “acciones bélicas en 22 municipios de las 5 subregiones del departamento de Nariño, a través de por lo menos 6 estructuras armadas (Frentes 48, 29, Frente Jacinto Matallana, Frente Policarpa Salavarrieta y Columnas Antonio José de Sucre y Daniel Aldana). La subregión Costa es la de mayor afectación a causa de la actividad armada por parte de este grupo. Por otra parte, las autodefensas llegaron al departamento en 1999, con el Bloque Central Bolívar (BCB). Este Bloque operaba en numerosas regiones de todo el país bajo el mando de Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”). Los hermanos Rodrigo Pérez Alzate (“Julián Bolívar”) y Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) también fueron jefes importantes del Bloque Libertadores del Sur (BLS) y el BCB (HRW, 2010). Con la llegada del BCB coincidió un incremento desmedido de los cultivos de coca en dicha región (Arias & Prieto, 2011), por lo que se atribuye una importante participación en este crecimiento. Igualmente, se sabe que el BLS participó activamente en actividades de narcotráfico como forma de financiación, donde incluso hicieron pactos con las agrupaciones guerrilleras FARC y ELN (Ibíd. p.85) para la comercialización de la droga. Pese a estos hechos, el BLS hizo parte del proceso de desmovilización que se hizo con el gobierno, donde el 30 de julio de 2005 se desmovilizaron 689 combatientes (Alto Comisionado para la Paz, 2010). Sin embargo, Human Rights Watch señala que el “BLS actuó en forma fraudulenta durante las desmovilizaciones, permitiendo que algunos sectores de las redes paramilitares permanecieran intactos”. En este caso las autodefensas reclutaban a jóvenes para que participaran en las ceremonias, donde les ofrecían ser parte del proceso de desmovilización para recibir los beneficios que ofrecía el gobierno (Ibíd. p.86). Esto permitió que pese a las desmovilizaciones realizadas, estructuras de este bloque siguieran actuando durante los años siguientes en Nariño. Posteriormente a la desmovilización del BLS el departamento ha sido testigo del surgimiento de organizaciones armadas criminales, denominadas como bandas criminales (BACRIM), principalmente asociadas a antiguos grupos de autodefensas y organizaciones del narcotráfico. En este sentido, de acuerdo al Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH con información de la Policía Nacional, en el departamento delinque la Organización Nueva Gene-

ración y según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, también hacen presencia las bandas denominadas como Mano Negra y Las Águilas Negras. En cuanto a la delincuencia organizada, narcotraficantes del Valle y de Antioquia han llegado al departamento, la banda de los Rastrojos, cuyo cabecilla es Wilber Varela (“Jabón”) y estructuras armadas que responden a Diego Montoya, ambos del cartel del Norte del Valle (Observatorio DDHH y DIH, 2008b). Inicialmente, la Organización Nueva Generación tuvo actividades de gran impacto en Nariño, pero posteriormente los Rastrojos fueron ganando mayor presencia y poder (HRW, 2010, p. 87). Estos grupos se concentran en tres zonas principalmente: la Organización Nueva Generación tiene mayor presencia en las montañas, en los municipios de Los Andes, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva. Los Rastrojos y Águilas Negras operan en la costa del pacífico (quienes estarían luchando por el control de la ciudad portuaria de Tumaco), y tienen cada vez mayor presencia en la región andina (o zona de cordillera), en la carretera Tumaco-Pasto y en el municipio de Barbacoas (Observatorio DDHH y DIH, 2008b, p. 4). Lógicas y dinámicas del conflicto armado en Nariño El conflicto armado en Nariño, viene aumentando en los últimos años, y, como ya se dijo, está inmerso en la lógica del suroccidente del país donde el narcotráfico se ha convertido en un elemento importante del conflicto (Observatorio DDHH y DIH, 2002), por su posición y condición geoestratégica para corredores de tráfico de armas y drogas, así como para el cultivo, procesamiento y comercialización de la droga. “Por un lado, la geografía del departamento ha desempeñado un papel importante en la logística de los grupos armados y, por el otro, desde finales de los años noventa, se ha ubicado como un lugar privilegiado para la construcción de economías de guerra basadas en los cultivos ilícitos” (Ibíd. p. 4), lo que ha generado graves consecuencias para la población civil, quienes como en otras partes del país se han convertido en objetivo de los grupos armados. Al igual que en Antioquia el conflicto armado en el departamento es complejo, debido a las diferencias que existen en la capacidad armada de los actores, además de la intensidad y cambios en la conducta de sus protagonistas. De acuerdo a esto, se pueden identificar tres periodos de la confrontación armada en Nariño, con lógicas y dinámicas específicas en cada periodo. El primer periodo identificado se da desde los años ochenta hasta 1999, donde el protagonismo de las acciones armadas las tenían las FARC y el ELN, que inicialmente

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usaban la zona como refugio, por lo cual en los ochentas eran escasos los enfrentamientos. En los años noventa aumentan las acciones guerrilleras, como las voladuras del Oleoducto Trasandino en 1992 por las FARC, y empiezan a llegar los primeros grupos de autodefensas asociados al narcotráfico que concentran su accionar en los municipios donde se registraron compras de tierras, y convierten al departamento en un nuevo escenario de la confrontación (Observatorio DDHH y DIH, 2002, p. 5 - 6). Aunque entre 1993 y 1995 hay un descenso de la actividad armada, en el 96 las FARC intensifican sus acciones con el “propósito de controlar las rutas de tráfico de armas, drogas e insumos hacia el bajo Putumayo y se convirtió en el primer signo inequívoco respecto al inicio de la agudización del conflicto armado en el departamento” (Ibíd. p.5 -6). En los años siguientes las FARC redirigieron las acciones hacia los pueblos y estaciones de policía, con el fin de tomar como rehenes a de la fuerza pública, presionando al gobierno para iniciar un proceso de canje de estos individuos por guerrilleros encarcelados (Ibíd. p. 5 - 6), y empieza a afectar directamente a la población civil. El segundo periodo se da entre 1999 y 2005, caracterizado por la ofensiva militar de la fuerza pública en contra de las guerrillas, el repliegue de estos grupos hacia zonas estratégicas, selváticas y montañosas del departamento, la consolidación paramilitar en zonas claves para el tráfico de drogas y un enfrentamiento directo entre las guerrillas y las autodefensas. En los primeros años del 2000, las FARC empezaron a replegarse frente a la ofensiva militar, y adoptaron una posición defensiva en busca del desgaste de la fuerza pública (Echandía, 2006, p.235), lo que fue aprovechado por las autodefensas para incrementar su presencia en la zona, a través de ataques contra la población civil, asesinatos selectivos, “desapariciones forzadas, masacres y en algunos casos la utilización de la sevicia, como método de terror e intimidación, contra comunidades acusadas de apoyar a la contraparte” (Ibíd. p. 236). Aunque las autodefensas hacían presencia en el departamento desde inicios de los noventa, es solo hasta 1999 cuando llega el BCB a Nariño, y se conforma posteriormente el Bloque Libertadores del Sur (BLS). Por medio de estos, las autodefensas empiezan su proceso de expansión en el departamento entre el 2000 y 2002 que “también coincide con el desplazamiento de los cultivos ilícitos desde el sur oriente del país a causa de la apuesta militar del Plan Colombia contra las FARC” (Arias & Prieto, 2011, p. 334). Al igual que en otras zonas del país, la incursión paramilitar generó un incremento significativo en la violencia ya que

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la estrategia de control político y militar tuvo como característica principal el empleo constante de asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, como forma de eliminación y debilitamiento sistemático de las bases sociales de las guerrillas, pero afectando específicamente a la población civil. Estas acciones tuvieron como fin impedir la consolidación de los avances territoriales de los actores armados enfrentados, donde parte del ataque a la población civil no solo buscaba impedir la construcción de redes de apoyo enemigo, sino mediante la generación de miedo y terror crear lealtades en la población. (Observatorio DDHH y DIH, Op. Cit. 2002, p. 10) Para el 2002 los enfrentamientos entre fuerza pública y FARC, y de estos últimos con las autodefensas se habían intensificado (Echandía, 2006, Op. Cit. p.225), especialmente en la zona del Pacífico (sobre todo en Tumaco), donde se disputaban territorios propicios para la producción, procesamiento y comercialización de la coca (Observatorio DDHH y DIH, 2002, Op. Cit. p. 9). Estos enfrentamientos se tradujeron en la intensificación del conflicto y en el aumento de las masacres y asesinatos por parte de los dos actores en conflicto. Las FARC durante este período tenían el dilema de consolidarse militarmente en el territorio, sin hacerse militarmente vulnerables, ya que esto implicaría la pérdida de movilidad, además de convertirse en blanco fácil para la Fuerza Pública y para los grupos de autodefensas. Para lo cual optaron por una estrategia defensiva y de acciones dirigidas en contra de la población civil para mantener el control territorial (Ibíd. p. 9), además de la siembra indiscriminada de minas anti-persona como medio económico y efectivo para neutralizar el avance de las tropas y grupos en conflicto (Observatorio de DDHH y DIH, 2010, p. 86, 99 y 100). Según el Observatorio del Programa Presidencial de DDHH y DIH, para el 2002 el territorio nariñense se encontraba dividido por líneas invisibles que determinaban la presencia de los actores armados ilegales en la región: las FARC extendieron su control sobre el piedemonte, el curso de los ríos más importantes y las zonas con cultivos de coca; el ELN se encontraba en algunas zonas amapoleras sobre la cordillera, y las autodefensas se establecieron sobre una ancha franja costera donde se ubican los laboratorios para el procesamiento de coca y los puertos de salida del producto terminado (Observatorio DDHH y DIH, 2002, Op. Cit). Desde entonces y hasta el proceso de desmovilización las guerrillas y autodefensas se disputaron el control de zonas estratégicas para el narcotráfico, generando un fuerte impacto en la población civil. “La agudización del

conflicto armado afectó de manera directa a la población civil, convirtiéndola en objetivo militar, rompiendo de esta manera toda distinción entre combatientes y no combatientes. Si bien se presentó un aumento de los enfrentamientos directos entre las organizaciones subversivas y los grupos de autodefensa, las acciones contra los ciudadanos indefensos marcan el acontecer de la disputa armada por el territorio y los recursos” (Ibíd. p.10). A partir del 2003, se ve una disminución en la intensidad del conflicto, por la consolidación de los grupos paramilitares en zonas específicas y la división territorial que se mencionó anteriormente, así como por el contexto de preparación para una eventual negociación con el gobierno para su desmovilización. Como se puede ver, durante estos años hay un cambio en los protagonistas del conflicto, ya que otros actores como la fuerza pública y los paramilitares también cobran importancia. Por otro lado, hay un cambio en la estrategia de las guerrillas hacia el repliegue, principalmente de las FARC, por la presión de la fuerza pública (Echandía, 2006, Op. Cit. p.236), lo que favoreció el establecimiento de las estructuras paramilitares en el departamento. Asimismo, al igual que en Antioquia las FARC empiezan a utilizar métodos propios del accionar paramilitar como lo son las masacres y asesinatos como forma de control territorial, como consecuencia de la imposibilidad de mantener el control territorial. Para el caso de las estructuras paramilitares, sus acciones estuvieron fuertemente vinculadas al narcotráfico más que a una lucha de contrainsurgencia, por lo que a diferencia de otras partes del país, sus acciones se limitaron a las zonas de procesamiento y comercialización de la coca, como lo es la zona del pacífico nariñense, en las que incluso hicieron alianzas con estructuras guerrilleras para el negocio del narcotráfico. El tercer periodo, por su parte, inicia con el proceso de desmovilización de las autodefensas, del 2003 hasta la actualidad. La desmovilización de las autodefensas, especialmente del Bloque Libertadores del Sur, y la reconfiguración de las nuevas estructuras de autodefensas y bandas criminales al servicio del narcotráfico, transformaron la dinámica del conflicto en el departamento, incrementando recientemente los indicadores de violencia. En los últimos años, el suroccidente de Colombia se constituye en uno de los principales escenarios de guerra por el control de zonas de importancia para el comercio de drogas y armas, así como porque se ha convertido en zonas de retaguardia para las guerrillas tras el avance del Plan Patriota y el Plan Colombia (Echandía, 2008, p. 83). En este caso “los cambios en la geografía de la confrontación ar-

mada se producen fundamentalmente por el aumento de la capacidad de combate de la Fuerza Pública y no como resultado de las acciones por iniciativa de los grupos irregulares” (Ibíd. p. 78). Para el caso de Nariño, Human Rights Watch (2010) afirma que “actualmente prevalece un contexto de violencia generalizada, con efectos sumamente negativos en términos humanitarios y de derechos humanos. Tanto las FARC y el ELN como el Ejército y la Marina, al igual que los grupos sucesores de los paramilitares y diversos grupos de narcotráfico, se mantienen activos”. Pese a la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, y a diferencia de otras regiones del país, la violencia se intensifica por cuenta de la pugna entre las FARC y los grupos armados al servicio de narcotraficantes del norte del Valle del Cauca, que empiezan a aparecer antes del proceso de desmovilización, especialmente en Ricaurte y Tumaco. El incremento de la violencia en estas zonas revela la decisión de la guerrilla y grupos vinculados con el narcotráfico de lograr, a sangre y fuego, el control de corredores estratégicos, cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de droga, como lo es la carretera al mar y el puerto de salida para droga producida en la costa pacífica nariñense (Echandía, 2008, p. 88 y 97). Nariño, es para esta época, “zona de disputas asociadas a la presencia de organizaciones armadas ilegales y delincuencia organizada con un elemento en común: Narcotráfico” (Observatorio DDHH y DIH, 2008b, p. 2). Las organizaciones armadas criminales que tienen presencia en este periodo actúan de forma similar a organizaciones insurgentes y de autodefensas reclutando, amenazando, violando y asesinando a civiles, participan en narcotráfico y compiten entre sí y con las guerrillas por el territorio (HRW, 2010. p. 87). En este sentido, se intensifica el conflicto por la disputa de territorios y de control del narcotráfico entre estas organizaciones criminales, con el fin de llenar los vacíos dejados por las estructuras paramilitares, y apropiarse de las rentas de la cadena del narcotráfico (Observatorio DDHH y DIH, 2008b, p. 2). Adicionalmente al aprovechamiento de los recursos que deja el narcotráfico, estos grupos realizan extorsiones, amenazas y cobro de “vacunas” a comerciantes y transportadores, sobretodo en “zonas donde hay oro, madera, uranio y fuentes hídricas para establecer hidroeléctricas” (Semana, abril 2007). De igual forma estos grupos armados utilizan el desplazamiento de personas como forma de adquirir el control de zonas especificas, lo que ha ocasionado el éxodo de miles de personas en los ultimos años (Ver noticias de El Tiempo, Julio 2007).

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 45

Bajo esta lógica, desde finales de 2005 entran en acción bandas criminales como la Organización Nueva Generación, cuyos fueron reclutados en Putumayo y Valle entre las personas que no se desmovilizaron con el BLS. Asimismo, durante este mismo año hubo un desplazamiento de estructuras delincuenciales del Valle del Cauca hacia la frontera con Ecuador, a los departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo, como es el caso de “Los Rastrojos” (Echandía, 2008, p. 98). Este proceso de surgimiento y expansión de bandas criminales generaron, en los años siguientes, el aumento en los asesinatos, muertes selectivas y el desplazamiento forzado en gran parte del departamento de Nariño. En 2006, los homicidios relacionados con la confrontación armada y la delincuencia organizada se registraron especialmente en los municipios de Policarpa, Ricaurte, Tumaco, Pasto, Ipiales, Barbacoas y Córdoba, y se asocian a la búsqueda por el control de la cadena de producción de alcaloides, las rutas de comercialización y ajustes de cuentas entre organizaciones ilegales (Observatorio DDHH y DIH, 2007b). Para el periodo 2006 - 2009, el suroccidente del país se convierte en la región con mayor número de homicidios con el 27% del total nacional, concentrando el 13.95% de las masacres en el país, principalmente en los municipios de Tumaco, Barbacoas, y Olaya Herrera (Programa Presidencial de DDHH y DIH, 2010, p. 86, 99 y 100). A éstas cifras contribuyó la captura del capo Diego Montoya en el 2007, que desencadenó la lucha entre los mandos medios de la banda de “Los Machos” por el control de la organización, lo que facilitó la expansión de los “Rastrojos” y la formación de alianzas con estructuras de la guerrilla, principalmente del ELN para combatir a las FARC, y adoptan ahora el nombre del “Bloque Pacífico”, que se hace llamar “Águilas Negras” (Echandía, 2008). Por último, los enfrentamientos y presiones del conflicto, así como la siembra de minas antipersonales en Nariño ha afectado significativamente a los pueblos indígenas15, comunidades afro-colombianas y comunidades campesinas del departamento. Igualmente, en los últimos años los líderes de los procesos de restitución han sido objetivo de amenazas, atentados y asesinatos por parte de antiguos de las autodefensas que hoy hacen parte de las bandas criminales, cuyo objetivo es el mantenimiento del poder sobre las propiedades y el control de las tierras antes despojadas (El Espectador, abril de 2011). Como se puede ver en este periodo, “los cambios en la dinámica de la confrontación armada y la violencia, así como

15



el surgimiento de nuevas estructuras delictivas ligadas al tráfico de estupefacientes, configuran un nuevo escenario de la violencia” (Programa Presidencial de DDHH y DIH. 2010, Op. Cit. p. 103) en el departamento, que se tradujo en el recrudecimiento del conflicto y el aumento de la violencia. El narcotráfico en Nariño: dinamizador del conflicto armado Dada su posición y sus condiciones geográficas Nariño se ha convertido en un lugar estratégico para el desarrollo del narcotráfico (HRW, 2010), lo que ha sido acompañado por la llegada de grupos armados y actos de violencia. Esto se evidencia por medio de dos factores. Primero, con el auge del cultivo de la amapola hacia la primera mitad de los años noventa, los actores ilegales afectaron negativamente a nivel social, particularmente en la estructura agraria, con la compra masiva de tierras a campesinos pobres o con el cambio de los cultivos lícitos hacia actividades ilícitas como una alternativa ante el estancamiento de la economía. Segundo, porque a partir de la primera mitad de la década del noventa, hay un importante crecimiento de los cultivos ilegales impulsados por las guerrillas de las FARC y ELN, el cual coincide con la expansión guerrillera sobre el departamento. (Observatorio DDHH y DIH, 2002, p. 3 y 5) A diferencia de la amapola, los cultivos de coca en Nariño cobraron importancia en 2002, cuando gracias a la puesta en marcha del Plan Patriota, estos cultivos disminuyeron en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá, ocasionando el traslado de las actividades del negocio ilícito de éstos departamentos a Nariño. Entre 2001 y 2002, el cultivo de coca en Caquetá y Putumayo disminuyó en 40.000 hectáreas y se incrementó en 7.600 hectáreas en Nariño (UNODC, 2007). Según el Observatorio de DDHH y DIH “los mayores esfuerzos en combatir los cultivos de coca en Putumayo, han hecho que miles de nariñenses que habían migrado a ese departamento atraídos por la bonanza ilegal, tomen el camino de regreso junto a gentes de otras regiones” (Observatorio DDHH y DIH, 2002, p.4). En Nariño, el incremento en el cultivo de coca y en su transformación, ha sido una codiciada fuente de recursos no sólo para la guerrilla, sino también para los grupos de autodefensa y organizaciones criminales que obtienen importantes fondos de esta actividad (Ibíd. p.2). La debilidad institucional y la poca presencia de fuerza pública en la zona, contribuyeron a que desde el 2001 haya aumentado considerablemente el número de hectáreas cultivadas, haciendo que desde 2003 Nariño se ubique en el grupo

En el caso de los Awá varios líderes han sido asesinados y han usado sus resguardos como escudos durante los enfrentamientos (Ver en Revista Semana, abril de 2010).

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Características del desplazamiento forzado interno en Nariño De acuerdo a los datos de Acción Social (2010) Nariño ha sido el quinto departamento con mayor expulsión (172.321)

y el sexto con mayor recepción (156.439) de personas entre 1997 y 2010. Sin embargo, el desplazamiento forzado en el departamento de Nariño no fue un hecho destacado en las décadas de los ochenta y noventa. Empieza a tener relevancia entre 2000 – 2002 (Ver gráfico 1.40), cuando llegó a ocupar el puesto 17 a nivel nacional. La mayor expulsión se dio entre el 2005 y 2010, cuando se expulsó el 81% (108.421) del total del periodo (1997 - 2010), lo que ha ubicado al departamento en uno de los principales expulsores recientes de población. Esta situación se evidencia claramente en las cifras de desplazamiento de la subregión de la Costa Pacífica (Ver gráfico 1.41) encabezados por los municipios de Tumaco, El Charco y Barbacoas. Los municipios con mayor desplazamiento se concentran es zonas limítrofes con Ecuador o zonas marítimas del departamento por las facilidades que proporcionan para el comercio de armas, drogas e insumos. GRÁFICO 1.40

EXPULSIÓN DE PERSONAS EN NARIÑO 1997 - 2010

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010.Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

GRÁFICO 1.41

EXPULSIÓN POR SUBREGIONES DE NARIÑO 1997 - 2010

30000

25000

No. de personas

de los tres departamentos con mayor área sembrada de coca (UNODC, 2010). Entre 2006 y 2009, Nariño fue el departamento con el mayor número de hectáreas cultivadas con el 24% de los cultivos de coca y el 67% de los cultivos de amapola del país (UNODC, 2010). El especial incremento de los cultivos entre 2006 y 2007, que pasó de 15.606 a 20.259 hectáreas, coincide con el escalamiento del conflicto y el incremento del desplazamiento forzado. Sin embargo, desde 2007 y hasta el 2009 la cifra vuelve a descender a 16.428 hectáreas (UNODC, 2010). Dentro de los 10 municipios con más hectáreas cultivadas a nivel nacional para el 2009, 4 son de Nariño: Tumaco con el 6.9% en el primer lugar, Barbacoas con el 4.3% en el tercero, Roberto Payán con 2,3% y Olaya Herrera con el 2.1% en el noveno y décimo lugar respectivamente (UNODC, 2010). Estos cuatro municipios hacen parte de la subregión del pacífico nariñense, zona clave donde converge el cultivo, procesamiento y transporte de insumos para el procesamiento y la droga, lo que evidencia la importancia de esta zona para los actores ilegales (UNODC, 2010). Según la UNODC (2010) para el 2009, el 37% de los laboratorios de cocaína (cristalizaderos) detectados y destruidos a nivel nacional se ubicaban en la región del pacífico, principalmente en Nariño. Por otro parte, la importancia del narcotráfico en el departamento ha llevado a que gran parte de los programas de erradicación de cultivos del Plan Colombia de los últimos años se hayan enfocado en el departamento de Nariño (Ibíd. p. 40), llegando a reducir el 10% de los cultivos, por medio de la fumigación aérea y la erradicación manual de cultivos. Como consecuencia de estos programas Nariño logró ser en 2009 uno de los departamentos con mayor reducción con 3.184 hectáreas después de Putumayo (UNODC, 2010). Sin embargo, estos programas también han tenido un impacto en el desplazamiento forzado, dado que las fumigaciones han afectado los cultivos de pancoger y la salud de las poblaciones donde se realizan, obligándolos a salir de ellas. Finalmente, el narcotráfico ha generado consecuencias tanto en el conflicto como en las comunidades. Por un lado, ha sido uno de los factores más importantes que ha estimulado el escalamiento del conflicto y sus impactos en los últimos años en el departamento. Por otro lado, su demanda por el uso de la tierra ha agudizado el conflicto sobre la tenencia de la misma, presionando en muchos casos las ventas forzadas o generando el despojo de los predios, y el desplazamiento de muchas personas.

20000

15000

10000

5000

0

Centro Nariño Centro occidente nariño Costa pacífica

Norte Nariño Sur nariño

Fuente: SIPOD// Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Como se mencionó anteriormente, el incremento y variaciones del desplazamiento en el departamento ha estado vinculado principalmente a las dinámicas del conflicto y del narcotráfico. El desplazamiento adquiere importancia en el periodo 2000 a 2002, debido a la llegada y expansión

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de los grupos de autodefensas y los enfrentamientos generados con guerrillas y fuerza pública. Este, sin embargo, disminuye levemente entre 2003 y 2004, con la consolidación de las estructuras paramilitares y la división territorial de los actores armados en zonas importantes para el narcotráfico. A partir de 2005 y hasta el 2010, el desplazamiento se incrementa dramáticamente, ocupando el segundo lugar después de Antioquia entre los departamentos de mayor expulsión a nivel nacional, tras la intensificación de la disputa territorial entre grupos irregulares, como las FARC, el ELN, y la formación y fortalecimiento de bandas criminales que buscan el control de las zonas y negocios abandonados por las estructuras paramilitares desmovilizadas. Tanto las bandas criminales como las guerrillas empezaron a usar tácticas propias del accionar paramilitar como la utilización de masacres, homicidios, amenazas y el desplazamiento de poblaciones como forma de disputa, y control territorial dentro del departamento, así como mecanismo de ajuste de cuentas, que junto con el incremento sostenido de los cultivos de coca, entre 2005 y 2007, impactaron las cifras del desplazamiento (Ver gráfico 1.42). EXPULSIÓN DE PERSONAS vs. CULTIVOS ILÍCITOS

GRÁFICO 1.42

EN NARIÑO 2001 - 2009

40000 36.715

35000

32.678

30000 25.525

25000 20.259

20000

17.628

10000

11.720

7.494 7.495

5000

18.832 14.154

15.131

15000

13.875

19.612

16.428

15.606

11.981

6.610

5.344

0 2001

2002

No. Hectáreas

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Aunque entre el 2008 y el 2010 las cifras de expulsión se redujeron levemente sigue observándose un alto índice de desplazamiento en el departamento, que se relaciona con la continua lucha por el control de territorios y rutas entre bandas criminales, ELN y las FARC sin que ninguno haya logrado imponerse y dominar el territorio sobre los otros. En este periodo, el desplazamiento en Nariño se explica por el incremento de acciones armadas por parte de la fuerza pública en contra de los grupos al margen de la ley, principalmente contra las FARC, y a los procesos de erradicación manual de cultivos ilícitos que han implicado fuertes combates en contra de estas organizaciones ilegales. Igualmente, los procesos de erradicación a través de fumigaciones y aspersiones áreas han tenido impacto en el desplazamiento forzado de personas en el departamento, ya que afectan cultivos legales que son destinados para el sostenimiento y alimentación de la población, lo que pone en peligro su seguridad alimentaria, y contribuye a que las poblaciones se desplacen en busca de nuevas oportunidades y formas de subsistencia. Por otro lado, en Nariño la recepción de personas desplazadas ha sido menor que la expulsión, lo cual lleva a pensar que quienes son desplazados se mueven fuera de Nariño a otros departamentos dentro del país o hacia países fronterizos como el Ecuador. Sin embargo, entre 1999 y 2004, la recepción de personas (47.688) era mayor que la expulsión (32.258) (Cifras SIPOD/Acción Social procesado por ACNUR, 2010) (Ver gráfico 1.43), dado que al departamento llegó población desplazada por los enfrentamientos y fumigaciones del Putumayo (Observatorio DDHH y DIH, 2007b, p. 7). Igualmente, retornaron nariñenses que había migrado anteriormente al Putumayo buscando oportunidades económicas en la bonanza petrolera y cocalera (Observatorio DDHH y DIH, 2002,

2009

No. Personas expulsadas

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010, y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-. Colombia, Censo de Cultivos de Coca, Junio de 2007 y Junio de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

GRÁFICO 1.43

EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN DE PERSONAS EN NARIÑO 2001 - 2009

40000 35000 30000

En Nariño los municipios que presentan mayor concentración de cultivos ilícitos (Tumaco, El Charco y Barbacoas) coinciden con aquellos que presentan altos índices de desplazamiento forzado, lo que se explica en el aumento de las presiones y amenazas para la venta o despojo de tierras que ejercen los actores ilegales que están tras el cultivo y el negocio del tráfico del drogas. Asimismo, la disminución de las cifras de expulsión de población en los últimos años, coincide con la disminución en los cultivos en el departamento (Ver gráfico 1.42). 48 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

25000 20000 15000 10000 5000 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Expulsión

Recepción

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

p. 11). Es a partir de 2005, con la intensificación del conflicto, que Nariño empieza a tener mayor expulsión (139.660 personas) que recepción de población (108.421), sin embargo, las cifras de recepción de población lo ubicaron como el cuarto departamento con mayor recepción de población desplazada a nivel nacional. Esto es evidencia del impacto que empieza a tener el desplazamiento en el departamento. En este sentido, como muestran las tablas siguientes hay un flujo importante de personas que salen de sus regiones con rumbo al centro de Nariño, principalmente hacia Pasto que recibe el 88% de las personas de la región (cifras SIPOD/Acción Social procesado por ACNUR, 2010). La costa pacífica es la subregión que recibe y expulsa mayor número de personas en todo el departamento, y dentro de ella son los municipios de Tumaco y El Charco los que concentran los mayores índices de desplazamiento. Como ya se ha mencionado, la estrecha relación entre la confrontación armada y los negocios ilícitos, junto con los procesos de apropiación de tierras y erradicación de cultivos, han sido los principales factores generadores de la violencia que han obligado al desplazamiento forzado de la población en Nariño. Por una parte, el enfrentamiento entre actores armados (guerrilla, paramilitares, Bandas criminales y fuerza pública) tiene como consecuencia el desplazamiento preventivo de CUADRO 1.12

NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS EXPULSADAS Y RECIBIDAS EXPULSIÓN

RECEPCIÓN

Costa Pacífica

111.397

67.512

Norte de Nariño

33.303

41.443

Centro Occidente de Nariño

15.233

19.936

Centro de Nariño

7.998

17.159

Sur de Nariño

4.390

10.389

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz. CUADRO 1.13 EXPULSORES

las personas como forma de evitar ser afectados por las acciones armadas, pues al encontrar “que ninguno de ellos puede brindarle protección frente a las acciones del otro, se presenta el desplazamiento” (Observatorio DDHH y DIH, 2002, p. 11). Por otra parte, la búsqueda por el control de territorios como estrategia de control político y militar, y como estrategia económica para sacar provecho de alguna parte de la cadena de valor del narcotráfico, ha llevado a la generación, cada vez mayor, de desplazamientos deliberados de población. En este sentido, los actores armados utilizan el desplazamiento de personas como forma de apropiarse de territorios estratégicos o establecer corredores “seguros” para el narcotráfico. Como consecuencia de ello, la población civil se convierte en el objetivo de las acciones armadas de confrontación entre los actores ilegales, quienes recurren a tácticas de miedo y terror, como homicidios, masacres, desapariciones forzadas y amenazas, como mecanismos de control y limpieza de territorios. Costa Pacífica Nariñense La subregión de la Costa Pacífica nariñense tiene gran importancia para los actores armados ilegales por tener importantes corredores de transporte y tráfico de armas, drogas e insumos. Este es el caso del corredor entre el Alto y el Medio Patía ubicado entre los departamentos de Cauca y Nariño, que adquiere una gran importancia con el incremento significativo de los cultivos de coca en la medida en que se convierte en articulador del Caquetá y el Putumayo con la Costa Pacífica, la carretera de Pasto a Tumaco, y el puerto de Tumaco entre otros para la exportación de la droga. Paralelamente, y como ya se ha mencionado, la confluencia de actores, dinámicas e intereses en esta subregión ha llevado a que en ella se concentre la cifra más altas de expulsión y que haya marcado la tendencia del desplazamiento en el departamento de Nariño (Ver gráfico 1.44).

MUNICIPIOS VS REGIÓN DE NARIÑO NO. PERSONAS

REGIÓN

RECEPTORES

NO. PERSONAS

REGIÓN

Tumaco

44.359

Pacífica

Pasto

36.441

Centro

El Charco

26.476

Pacífica

Tumaco

32.778

Pacífico

Barbacoas

14.577

Pacífica

El Charco

18.223

Pacífico

Policarpa

10.388

Norte

Taminango

7.012

Norte

Olaya Herrera

7.190

Pacífica

Barbacoas

6.962

Pacífico

Roberto Payán

6.205

Pacífica

Samaniego

6.228

Centro occidente

Cumbitara

5.660

Norte

Córdoba

4.171

Sur

Samaniego

5.335

Centro occidente

Los Andes

4.110

Centro occidente

Santa Bárbara

5.005

Pacífica

Ipiales

3.829

Sur

Pasto

4.927

Centro

Policarpa

3.695

Norte

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 49

“Esta situación no sólo ha intensificado la confrontación armada sino que hace más difusa la línea divisoria entre la estructura del narcotráfico y las dinámicas emergentes del conflicto armado” (Prada, 2006, p. 11). GRÁFICO 1.44

EXPULSIÓN DE PERSONAS COSTA PACÍFICA vs. NARIÑO, 1997 - 2010

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Costa Pacífica

Nariño

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Al igual que en el departamento, la subregión del pacífico nariñense fue hasta los años noventa una zona de descanso para las agrupaciones guerrilleras, lo que se refleja en la baja intensidad del conflicto y del desplazamiento forzado. Asimismo, y aunque la presencia del narcotráfico data de finales de los años 70, para ese entonces este fenómeno no tenía gran importancia e influencia en la población. Sin embargo, las condiciones climáticas, los corredores de movilidad, la cercanía a la frontera y la escasa presencia de la Fuerza Pública en el pacífico nariñense convirtieron a esta subregión en un espacio propicio para el narcotráfico, facilitando el proceso de expansión de la coca y los grupos armados (Observatorio DDHH y DIH, 2009a, p. 48). Entre 1997 y 2002, paralelo al crecimiento del narcotráfico, y al mayor involucramiento de la guerrilla en el negocio, se observó el fortalecimiento y ampliación del pie de fuerza por parte de éstas, principalmente de las FARC, especialmente en el año 2000. Como consecuencia de esto, y estimulados también por las ventajas que tiene el pacífico nariñense para la comercialización y expansión del narcotráfico, empezaron a hacer presencia durante este período los grupos paramilitares, con el Bloque Libertadores del Sur (BLS) principalmente. Teniendo en cuenta el crecimiento del narcotráfico en la región y el incremento de las fumigaciones y acciones militares en otros departamentos como Putumayo y Caquetá como parte de las operaciones del Plan Patriota (2003) (Observatorio DDHH y DIH, 2009a, p.42) el negocio se trasladó hacia la costa pacífica, incrementando los cultivos ilegales, chongos (cocinas rudimentarias para el procesamiento de la pasta de coca), cristalizaderos y laboratorios en esta subregión.

50 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

La expansión del narcotráfico trajo consigo la intensificación del conflicto entre los actores armados. Por un lado, contribuyó al crecimiento de las FARC, y en medio su interés por establecer corredores de movilidad y zonas para el cultivo de la coca generó mayores acciones ofensivas de ésta contra de la Fuerza Pública. Por otra parte, estimuló la llegada y proceso de expansión paramilitar, lo que incrementó los enfrentamientos entre éstos y las guerrillas, convirtiendo también a la población civil en objetivo de las acciones armadas como mecanismo de apropiación y control territorial, llegando a dominar la mayor parte de la costa pacífica nariñense, principalmente en las cabeceras municipales (Ibíd. p. 49 – 50). La instensificación del conflicto que estimuló el narcotráfico tuvo un impacto directo en la población, especialmente en comunidades indígenas y afrocolombianas, lo que trajo como consecuencia el incremento de los desplazamientos forzados en la subregión (Ver gráfico 1.45). EXPULSIÓN DE PERSONAS COSTA PACÍFICA

GRÁFICO 1.45

NARIÑENSE, 1997 - 2010

30000

25.971

25000 20000

19.365

15000 10000 5000 0

5.891 88

55

52

364

6.520 3.309

8.208

8.244

19.618

10.974

2.738

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Para 2003 y 2004, hubo una disminución de las cifras de desplazamiento que responde al establecimiento de paramilitares y guerrillas en zonas específicas de la costa pacífica, y al aumento de la presencia del ejército para contrarrestar el narcotráfico en diferentes zonas de la región. Sin embargo, el desplazamiento forzado continuo como efecto de los combates y fumigaciones dentro de la implementación del Plan Patriota, así como por la reacción de las FARC, narcotraficantes y actores asociados al narcotráfico hacia el proceso de erradicación de cultivos ilícitos. Desde el 2005, a partir de la desmovilización del BLS de las autodefensas (julio/ 2005 en Taminango, norte de Nariño), el reacomodamiento de la guerrilla de las FARC y el surgimiento de nuevos grupos armados (Organización Nueva Generación y los Rastrojos) que iban tras el control de territorios y negocios ilegales dejados por los paramilitares, se transformó nuevamente la dinámica de conflicto y desplazamiento del departamento (Ibíd. p. 41 y 55). De ahí, que a partir de 2005 se empiece a observar un incremento sostenido en las cifras de desplazamiento, con su pico más alto en el 2007.

Con el surgimiento de las bandas criminales, el conflicto armado en la región se atomizó en pequeñas organizaciones con intereses similares que peleaban entre sí, y con las guerrillas, por el control del negocio del narcotráfico, lo que ha generado el aumento de la violencia y el desplazamiento en la subregión. Es así como por ejemplo, “en la zona del Alto y Medio Patía, se consolidó a la postre la Organización Nueva Generación, que desde 2005 enfrentó en forma importante a las FARC por el dominio de un corredor y un centro de producción de una enorme importancia estratégica. En la zona de Tumaco, principalmente en el último tramo del río Mira, en Llorente y en el casco urbano del municipio, se asentaron los Rastrojos. Esta agrupación tiene influencia en las partes bajas de varios ríos, en zonas de manglares cercanas al mar, desde donde se desplazan hacia las zonas costeras de otros municipios” (Observatorio DDHH y DIH, 2009a, p. 55 -56). Igualmente, “la desmovilización de las autodefensas impulsó aún más el fortalecimiento de la Fuerza Pública, que se venía registrando aproximadamente desde el año 2002. En este sentido, se trataba de proteger los espacios dejados libres por estas agrupaciones, (…) fortalecer la policía en corregimientos críticos y de aumentar la capacidad de combate de las Fuerzas Militares” (Ibíd. p. 56). Sin embargo, el incremento de las acciones y presencia de la Fuerza Pública con el propósito de atacar el creciente problema de narcotráfico en la subregión, impactó también la transformación de la dinámica del conflicto y del desplazamiento en esta zona. En la lucha contra el narcotráfico, la erradicación de cultivos, la destrucción de la infraestructura (cristalizaderos, laboratorios, chongos, insumos líquidos y sólidos) y la recuperación de zonas estratégicas como los ríos, tanto en sus partes altas, medias y bajas, corredores de salida al pacífico, en donde había una presencia importante de las FARC, y, más recientemente, zonas de procesamiento de coca donde tienen presencia las bandas criminales, se incrementaron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las FARC en un primer momento, y posteriormente con las bandas criminales. En este contexto, es necesario destacar que dentro de la subregión son los municipios de Tumaco y El Charco, los más afectados por la dinámica del conflicto y por el desplazamiento, concentrando entre 1997 – 2010 los mayores índices de expulsión de población dentro de la subregión con el 66.3% y el 41% del departamento (Cifras SIPOD/Acción Social procesado por ACNUR, 2010) (Ver gráfico 1.46). En ambos municipios se presentan dos de las principales producciones de coca del departamento, lo que ha incrementado los enfrentamientos de la fuerza pública contra

los grupos armados ilegales con actividad en estas zonas. Igualmente, ambos municipios tienen corredores estratégicos con salida al mar y ríos importantes que facilitan el transporte de armas, drogas e insumos. 10 MUNICIPIOS CON MAYOR EXPULSIÓN EN

GRÁFICO 1.46

NARIÑO, 1997 - 2010

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tumaco

Roberto Payán

El charco

Cumbitara

Barbacoas

Samaniego

Policarpa

Santa Bárbara

Olaya Herrera

Pasto

Fuente: SIPOD/Acción Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

Adicionalmente, la presencia del puerto y por su ubicación estratégica para el control de rutas y transporte de la droga que sale de Colombia por el litoral pacífico al resto del continente, han incidido en las cifras significativas de expulsión en Tumaco (Prada, 2006, p. 11; Observatorio DDHH y DIH, 2009a). La expulsión en el municipio de El Charco, por su parte, se ha generado por los fuertes enfrentamiento que hubo entre las FARC y los paramilitares en este municipio, así como por ser uno de los focos de los procesos de fumigación y erradicación de coca por parte de la fuerza pública. 1.5.3 Actividad empresarial y conflicto armado en Pasto y Medellín Los perfiles económicos departamentales expuestos plantean de entrada importantes diferencias entre la actividad empresarial en Antioquia y Nariño (Ver gráfica 1.47). Enfrentados a condiciones topográficas y de aislamiento geográfico más o menos semejantes, Antioquia vive un proceso de industrialización sin precedentes que la ubicó como la principal fuerza productora en el país durante la primer parte del siglo XX, posicionándose hoy como la segunda economía departamental del país. Su actividad empresarial se encuentra asociada principalmente al sector de los servicios y a la industria manufacturera, destacando la presencia de grandes grupos económicos que reportan significativos montos de activos. No obstante la empresa

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 51

de mediano y pequeño tamaño es aún preponderante en el departamento. Nariño, por su parte, se destaca por su persistente aislamiento de las principales redes y circuitos económicos del país, caracterizado por una industria incipiente cuyos activos se distancian en mucho de los de las grandes empresas antioqueñas y tiene una actividad económica especialmente concentrada en el sector de los servicios, el comercio y la agricultura, con un porcentaje de microempresas todavía más grande que Antioquia. Dados tales contextos, la relación entre la actividad empresarial y el conflicto armado interno en cada región es distinta. De acuerdo a los datos obtenidos en la Encuesta para empresarios sobre impacto del conflicto armado en Colombia (Rettberg, 2008), se constata que el impacto de la violencia armada en la actividad empresarial en la ciudad de Pasto es el más alto entre los municipios que se consideraron para el estudio (Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá), como se evidencia en la gráfica 1.48. COMPARACIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL GRÁFICO 1.47

IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO EN EL SECTOR GRÁFICO 1.48

SEGÚN MUNICIPIO Cali

0,25

Bucaramanga

0,25

Pasto

POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Medellìn

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40 N=1070

presencia y control armado por parte de un actor violento, cualquiera que éste sea. Con relación a los costos directos, el municipio de Pasto comparte junto a Medellín el número más alto de empresas que iten el pago de extorsiones (n= 43) a actores ilegales, y esto es especialmente frecuente en las empresas de pequeño y mediano tamaño, y menos frecuente en el caso de grandes empresas. GRÁFICO 1.49

Bucaramanga

8.2

6.6

8.5

7.4

6.4

Bogotà

0.5

D

15

4.4

3.0

C

15 0

Medellìn

4.9

5.0

5

Barranquilla

10.0 6.8

7.2

4

14.1

12.9

10.0

PAGO DE EXTORSIONES, SEGÚN MUNICIPIO

Pasto

15.0

B

0,14

0,00

16.4

1.9

0,22

Bogotà

Cali 22.3

21.0

20.3

20.0

A

0,09

(PROMEDIO 2000 - 2008) EN PIB DEPARTAMENTAL

25.0

0.0

0,35

Barranquilla

ANTIOQUIA-NARIÑO

17.3

PRIVADO COLOMBIANO (ICASP), PROMEDIO

E

Antioquia

F

G

H

I

4

0

J

5

10

15

Nariño

A: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca B: Explotación de minas y canteras C: Industrias manufacturera D: electricidad, gas y agua E: Construcción F: Comercio, reparación, restaurantes y hoteles G: Transporte, almacenamiento y comunicaciones H: Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas I: Actividades de servicios sociales, comunales y personales J: Derechos e impuestos

Fuente: DANE. 2005. Cuentas nacionales departamentales. Elaborado por CONPAZ.

La gráfica 1.50 muestra otro indicador de los costos directos que asumen las empresas en medio del conflicto armado. Como se observa, Bucaramanga y Medellín son las ciudades en las cuales se han llevado a cabo más cierres de empresas, mientras en el caso de Pasto este indicador fue poco significativo.

GRÁFICO 1.50

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS POR CIERRES DE LA EMPRESA, SEGÚN MUNICIPIOS

12%

A su vez, dicho impacto se encuentra relacionado con los costos tanto directos (pago de extorsiones por ejemplo) como indirectos (voladura de puentes, para citar un caso) en los cuales incurren las empresas que operan en los municipios (el porcentaje de impacto a las grandes, medianas y pequeñas empresas es muy semejante; el de las microempresas se diferencia en muy poco), asociados a la 52 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

20

11%

10%

10% 8% 6%

4%

4% 2% 0%

2%

1% 0%

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Pasto

Bucaramanga

Cali

DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS COMO RESULTADO GRÁFICO 1.51

DE DAÑOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, SEGÚN MUNICIPIO

100%

78% 80%

de operación es regional se ven considerablemente mucho más afectadas, en proporciones semejantes al caso de Bucaramanga. Esto contrasta con el caso de Cali, donde la mayoría de empresas afectadas operan en el ámbito de lo nacional. PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

60%

PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS, SEGÚN MUNICIPIO, A CAUSA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 90%

82%

80%

69%

70% 60%

47%

50% 34%

40% 30%

20%

47% 38%

36%

14%

11%

9%

10% 0%

Barranquilla

Medellín

Bucaramanga

Si

Bogotá

Cali

6% Pasto

No

Uno de los indicadores que mide con mayor profundidad los costos directos de las empresas a causa del conflicto tiene que ver con la pérdida de oportunidad de negocios. Como se observa en la gráfica 1.52, Bogotá es la ciudad donde se reporta dicha problemática de manera poco significativa, mientras que el caso de Pasto se posiciona en el extremo opuesto: 69% de los encuestados afirma haber perdido oportunidades de negocios a causa del conflicto armado. La diferencia en la percepción sobre el impacto del conflicto en la perdida de oportunidades de negocios guarda relación con la información presentada en la gráfica 1.53. Bogotá perdió oportunidades de negocios principalmente en el caso de empresas cuya zona de operaciones es local. Para el caso de Pasto, aquellas empresas cuyo radio

10% 0%

Bogotá

Medellín

Bogotá n=76 Medellín n=68 Barranquilla n=22 Pasto n=138

Pasto

Regional

17,0%

57,4%

Bucaramanga

25,5%

52,4%

51,4% Barranquilla

Nacional

19,0%

20%

28,6%

30%

27,5%

40%

36,4%

50%

21,0%

En relación con los costos indirectos para las empresas, Pasto ocupa el primer lugar entre las ciudades en las que se atribuyó la disminución de las ventas a los daños en redes de distribución y transporte, como lo expone la gráfica 1.51. Las empresas más pequeñas, nuevamente, itieron comúnmente que se han visto afectadas por los daños a vías e infraestructura.

GRÁFICO 1.52

67,1%

60%

Cali

40,9%

Bucaramanga

22,7%

Pasto

44,1%

Barranquilla

39,7%

Medellín

70%

16,2%

Bogotá

6%

N=356

20%

MUNICIPIO Y ZONA DE OPERACIONES 80%

18%

27,6%

0%

REPORTADA PARA PROPIA EMPRESA, SEGÚN

25%

6,3%

20%

36%

34%

40%

GRÁFICO 1.52

Cali

Local

Bucaramanga n=21 Cali n=94 Total n=419

La explicación para ésta tendencia tiene que ver con la presencia de factores de vulnerabilidad regional que afectan la actividad empresarial y que se constatan en el caso de Pasto que, como se ve, es el municipio en donde el impacto del conflicto armado se ha sentido más profundamente por los empresarios especialmente en el sector de transporte y la actividad comercial, que generalmente son actividades desarrolladas por pequeñas y microempresas. Para el caso de la capital de Nariño, los factores de vulnerabilidad son la ubicación de la empresa en el sur del país, la naturaleza regional y local de su zona de operación, la presencia de actores armados en la misma y su reducido tamaño, lo cual las hace más proclives a la pérdida de oportunidades de inversión o a los vaivenes propiciados por los daños en vías y redes de transporte (al ser una región comercial y agrícola preponderantemente). En contraste, empresas ubicadas en Bogotá, pertenecientes a sectores como las inversiones, las actividades inmobiliarias, los servicios financieros, la construcción y los servicios comunales, sociales y personales y de tamaño mediano y pequeño se encuentran en el extremo inverso del riesgo a enfrentar altos costos asociados con el conflicto armado. El caso de Medellín, por su parte, se encuentra caracterizado por una actividad empresarial mucho más diversificada, cuya zona de operaciones es tanto local y regional como nacional y lo cual ‘blinda’ a las empresas de los efectos propiciados por los daños en redes de transporte y distribución. El contexto mostrado pone de presente que la actividad empresarial es mucho más riesgosa dependiendo de

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 53

la zona del país en la que se opere (cada una tiene particularidades en sus características históricas, geográficas y de desarrollo de la actividad empresarial). De esa manera, ciudades como Pasto y Cali aparecen como verdaderos retos para la actividad empresarial en un entorno de conflicto armado, pues son aquellas en las que más costos fueron reportados. En contraste, Bogotá todavía aparece como un oasis para muchos de los efectos perniciosos del conflicto armado.

16



2. Sector empresarial y desplazamiento forzado interno En términos de operación empresarial, Colombia se puede considerar un entorno complejo16. Es decir, un entorno en el que están presentes uno o varios de los siguientes elementos: accionar de actores armados al margen de la ley, economías ilegales, debilidad institucional y frágil gobernabilidad. La existencia de estos factores, plantea a las empresas riesgos y retos adicionales tanto en términos de su operación, como de cara al impacto de ésta en las zonas y comunidades donde se desarrolla. Parte de la complejidad que encierra el entorno colombiano se expresa en fenómenos como el desplazamiento forzado interno (DFI). Un fenómeno que, como se esbozó en el capítulo 1, tiene su principal causa en la disputa violenta de territorios con valor estratégico o económico por diferentes actores. El DFI a su vez, está ligado a problemáticas que constituyen causas detonantes del desplazamiento forzado y se pueden agrupar en cinco categorías: Estructurales: Esta categoría incluye los efectos de la implementación del modelo de desarrollo económico; los problemas relacionados con la distribución, reconocimiento, titulación, apropiación y uso de tierras; la distribución inequitativa del ingreso y la riqueza; una reforma agraria no resuelta; la ausencia o limitada presencia estatal; y la corrupción, entre otras. Conflicto armado: Esta categoría agrupa causas que se relacionan con la confrontación armada. En ella se incluyen enfrentamientos entre grupos armados ilegales o de estos con la fuerza pública, estrategias del paramilitarismo y de la insurgencia, y los procesos de consolidación de corredores estratégicos para el tráfico de drogas y armas. Narcotráfico: Esta categoría reúne causas relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas. En ella se encuentran: la presencia de cultivos ilícitos, la presencia de actividades ligadas al procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, el establecimiento de corredores estratégicos para dicho tráfico y la realización de campañas de erradicación forzada de cultivos a través de fumigaciones aéreas, entre otras. Crimen organizado: Esta categoría corresponde a las causas derivadas del uso de la violencia por parte grupos delincuenciales asociados principalmente a carteles de la

Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre otros: International-Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, 2005; Business and Human Rights, The Role of Business in Weak Governances Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing Dilemma Situations in Weak Governance Zones, 2006.

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droga o antiguos grupos de autodefensas, así como a las denominadas bandas criminales (BACRIM), cuyo accionar tiene como escenario áreas urbanas y rurales. Proyectos de desarrollo: En esta categoría se encuentran las causas asociadas a la presencia o desarrollo de megaproyectos (ej. grandes obras de infraestructura, represas, etc.), monocultivos y agroindustrias (ej. ganado, bananos, madera, palma, etc.), y proyectos extractivos (ej. minería y petróleo). La existencia de actividades empresariales legítimas tanto en las zonas donde se presentan detonantes del DFI, como en los lugares a donde llega la población desplazada hace aún más pertinente la pregunta sobre el rol, impacto y responsabilidad de las empresas en ambos extremos del DFI: las zonas de expulsión de población en donde los habitantes se ven obligados a abandonar o renunciar a sus tierras y pertenencias, y las zonas de recepción a las que llegan en busca de refugio y ayuda, enfrentando el rechazo, la marginación y la discriminación social. De cara a esta pregunta, cabe anotar que a la complejidad y multicausalidad propias del DFI, en Colombia, se suma la convivencia de intereses y actividades económicas legítimas y legales realizadas por actores legales, con actividades económicas de similares características pero que encierran una creciente participación o intervención de actores ilegales. En este contexto, tiene lugar lo señalado por un miembro de una organización social: “el desplazamiento no es solamente una consecuencia del conflicto armado de la última década, ahí hay factores estructurales que se pueden agrupar en una evidente omisión por parte del Estado hacia las regiones … que ha estado acompañada por una permisividad a que la generación de riqueza en estas regiones sea asumida por actores económicos que tienen un modelo que no es incluyente frente a las comunidades y que no retorna, no genera retornos. Es claro el contraste que existe, y la paradoja entre todas esas riquezas que han generado y las condiciones de vida de la gente…cuando hablamos de factores estructurales también estamos diciendo que hay una coincidencia entre conflicto armado e intereses económicas legales e ilegales en las regiones”. Un ejemplo de esto son las zonas donde coincide una actividad económica extractiva como la minería, sea esta legal, ilegal o artesanal, con la presencia de grupos armados ilegales como la guerrilla o las bandas criminales y el fenómeno del DFI, pero donde se confunden 1) operaciones empresariales legales hechas por empresarios legales con 2) operaciones económicas en sectores legales pero hechas de manera ilegal y con participación de actores al margen de la ley, y que son relacionados indistintamente

con el DFI. Casos en este sentido, se observan en el norte, nordeste y bajo cauca antioqueño donde hay actividades económicas mineras, muchas de ellas ilegales y artesanales que coexisten con explotaciones mineras empresariales y legales como las realizadas por Mineros S.A, así como con el desarrollo de actividades energéticas como las de Hidroituango. Sin embargo, en esta misma zona la guerrilla y bandas criminales se disputan el control de los cultivos ilícitos, el tráfico de narcóticos y minas de oro (reciente fuente de financiación), y ejercen presión sobre las operaciones empresariales y comunidades, que como en el caso de Anorí son obligadas por las FARC a desplazarse para ejercer presión contra las fumigaciones de cultivos ilícitos y el control de la minería ilegal realizados por las autoridades (El Tiempo, Marzo, 2011; Semana, Ene. 2011). En este caso, el DFI aunque se da en zonas donde hay operaciones empresariales no parece tener su origen directo con esta, y si con los intereses en la minería de los actores ilegales. La existencia en una misma zona de actividades económicas legales e ilegales, así como de actividades económicas que son empresariales y aquellas que no lo son, dificulta la identificación de dinámicas, lógicas y actores ligados a actividades económicas que en efecto son responsables del DFI. La distinción entre estos tipos de actividades económicas y una mejor comprensión de sus efectos reales en el DFI es fundamental pero de difícil reconocimiento entre la opinión pública y las comunidades. Lo anterior constituye un desafío adicional para las operaciones empresariales formales y legalmente constituidas que tienen lugar en entornos complejos. Es decir en zonas en las que al accionar de grupos armados ilegales, la débil gobernabilidad y la frágil institucionalidad se suma la combinación de la presencia de actores legales e ilegales dedicados a actividades económicas con la problemática del desplazamiento. Lo anterior hace difícil establecer las fronteras, grado y responsabilidad de cada actor en la generación, prevención o mitigación del DFI. No parece extraño, entonces, que se generen preocupaciones, confusiones y cuestionamientos sobre las operaciones empresariales dentro de las comunidades y organizaciones sociales debido a la superposición o coexistencia de diversos actores con los actos de presión, amenaza y violencia que llevan al DFI. En estos casos, los límites y responsabilidades suelen ser difíciles de definir, especialmente, como se verá más adelante, cuando ya se han conocido casos puntuales de alianzas entre actores legales e ilegales que involucran el desplazamiento forzado de la población para obtener ventajas particulares o donde no se toman las medidas necesarias para prevenir o ayudar a atender

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la crisis humanitaria que conlleva el DIF, como en el caso de la negociación de tierras que han sido abandonadas o despojadas forzosamente a sus legítimos propietarios o poseedores. En estos contextos, es común que se generalicen las suspicacias, sospechas y asociaciones sobre la presunta participación o complicidad de lo que se identifica, sin distinción del actor que la realiza o el estatus de legalidad, como actividades económicas en eventos de DFI. La complejidad de las condiciones en las que operan las empresas en Colombia ha generado estigmatizaciones y atribución de responsabilidades que conviene analizar detenidamente. Las denuncias de varias organizaciones en torno a la presunta participación de empresas en la promoción del DFI, los señalamientos en las versiones libres de la ley de Justicia y Paz, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y las sanciones expedidas por tribunales internacionales han incrementado las alertas sobre el riesgo y la responsabilidad de participación de algunas empresas en los procesos de generación del DFI, así como la ausencia de mecanismos adecuados para prevenir o mitigarlo. En este contexto, las empresas han empezado a adquirir una responsabilidad mayor en tomar las medidas necesarias que les permitan respetar, evitar contribuir y ayudar a mitigar los efectos de la vulneración de los derechos humanos (DDHH) de la población como en el caso del DFI (Ruggie, 2011). Este estudio encontró que efectivamente existen vínculos que relacionan al sector empresarial con el DFI, tanto en zonas de expulsión como en zonas de recepción, e identificó tres categorías (prevención, generación y mitigación) dentro de las cuales pueden ser clasificados los diferentes tipos de vínculos observados. Sin embargo, estos vínculos, tanto en contribuciones a la generación del DFI como a iniciativas de prevención y mitigación, no son generalizables a las demás empresas de las regiones o de los sectores involucrados. Con base en la información recopilada, el estudio sugiere que tanto las estrategias empresariales de promoción y de prevención del DFI, como también la vinculación a otras formas en las que se manifiestan el conflicto armado y la construcción de paz, obedecen a múltiples factores entre los cuales las experiencias y trayectorias individuales de las organizaciones y de sus dueños y gerentes juegan un papel importante. Así, este estudio no encontró información suficiente que permita establecer un vínculo necesario ni auto-

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mático entre diferentes formas de actividad empresarial y DFI en Colombia. Por otra parte, a pesar de algunos esfuerzos siguen siendo escasas las iniciativas de prevención y mitigación del DFI a las que se vincula el sector empresarial, lo que contrasta con las altas expectativas de organizaciones nacionales e internacionales, ciudadanos y estados extranjeros respecto al compromiso de las empresas con el respeto de los derechos humanos. Es en este sentido que el estudio encontró que el sector empresarial tiene una importante responsabilidad frente al DFI. No obstante, aún parece lejana la puesta en práctica de lineamientos como los consignados en los principios rectores elaborados el profesor John Ruggie y aprobados recientemente por Naciones Unidas, en los que se espera que el sector empresarial adopte todas las “políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancia” (Ruggie, 2011)17 para evitar que sus operaciones generen (directa o indirectamente) el DFI de poblaciones, o que independientemente de ello puedan contribuir a su prevención o mitigación. Adicionalmente, este estudio evidencia un enorme vacío y un gran desconocimiento sobre la relación entre operación empresarial y DFI tanto en la literatura como entre las empresas, las comunidades y las instituciones locales que se encuentran en ambos extremos del DFI (zonas de expulsión y recepción). Así mismo revela la existencia de diferencias regionales importantes a la hora de intentar comprender tal relación. A continuación presentaremos los principales hallazgos de este estudio, resultado de la información recolectada entre diferentes fuentes escritas y entrevistas realizadas, así como del trabajo de campo en dos regiones del país.

2.1 ¿Qué muestra la información sobre la relación entre DFI y sector empresarial? En primer lugar, es importante señalar que a pesar de las dimensiones y alcance del fenómeno en la totalidad del territorio nacional, hay poca visibilidad del DFI y de las posibles relaciones entre este fenómeno y la operación empresarial. No existe información ni documentación robusta que dé cuenta de forma sistemática y rigurosa sobre los vínculos entre empresas y operaciones empresariales a nivel local y nacional, y dinámicas que generan el DFI. De igual forma, es escasa la documentación sobre la relación entre empresas y operación empresarial y esfuerzos con-

Principio 15 de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos. Para que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos se espera que estas cuenten con: un compromiso político, un proceso de diligencia debida y un proceso que permita reparar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar (Ruggie, 2011).

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cretos por prevenir el DFI y atender las manifestaciones del mismo. En el trabajo de campo se encontró, por una parte, que en el nivel local la diferenciación entre lo que es una actividad empresarial y lo que no, es difícil tanto para la población en general como para muchas de las instituciones públicas y sociales, especialmente en las zonas rurales. Frecuentemente se confunden con actividad empresarial actividades económicas comunes en la región, incluyendo cultivos ilícitos y actividades estatales o de organizaciones no gubernamentales. Así también ocurre cuando se mencionan puntualmente los nombres de las empresas, las cuales pueden reconocer, pero no necesariamente asociar a la presencia de sus operaciones en lo local. De forma similar, el trabajo de campo revela un nivel importante de desconocimiento entre del sector empresarial respecto al DFI y las posibles relaciones con actividades empresariales. Cuando se le pregunta a las empresas o gremios sobre su conocimiento y participación (positiva o negativa) en el DFI. Muchos desconocen el tema y la existencia del riesgo o la problemática en sus entornos de operación, o lo asocian exclusivamente a problemas de pobreza, mendicidad e incluso con la inseguridad y criminalidad en ciertas zonas. Este desconocimiento y confusión también se manifiesta en los intentos de relacionar el DFI con operaciones empresariales. Esto impone una muy especial cautela en la revisión de la información y el análisis de los casos estudiados.

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En la información consultada y durante el trabajo de campo se encontraron tanto indicios y denuncias que vinculan a algunas operaciones empresariales a la promoción del DFI, por acción u omisión, así como menciones de iniciativas del sector empresarial dirigidas a la prevención y mitigación del mismo. En relación con las denuncias, éstas generalmente están relacionadas a omisiones en lo que actualmente se considera la debida diligencia18 que se espera tengan las empresas para tomar todas las medidas necesarias que garanticen el respeto de los DDHH a lo largo de sus actividades y relaciones comerciales19. En cuanto a las iniciativas, se observó una creciente visibilización a través de menciones, reconocimientos, concursos y premios20, de actividades donde participa el sector empresarial, especialmente en las principales capitales y el centro del país, para ayudar de alguna manera a la población en riesgo o condición de desplazamiento forzado. El análisis de la información regional de Antioquia y Nariño hace evidente que aunque se puede compartir el drama de la violencia y el DFI, existen grandes diferencias de una región a otra, lo que incide en la identificación de los vínculos que se pueden establecer en cada caso entre las actividades del sector empresarial y el DFI (ver cuadro 2.1). Las zonas de Antioquia y Nariño, donde se hizo el estudio, son un ejemplo diciente de esto. Aunque los dos departamentos tienen importantes recursos naturales y un alto potencial económico, la presencia y capacidad tanto institucional como empresarial, el a recursos públicos lo-

El Principio 17 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas considera qué “las empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. En este sentido, entiende que “la debida diligencia en materia de derechos humanos: a) debe abarcar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; b) variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) debe ser un proceso continuo, ya que los riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas” (Ruggie, 2011).

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El Principio 13 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos señala: “Desde la perspectiva de estos Principios Rectores, las “actividades” de una empresa incluyen tanto sus acciones como sus omisiones; y sus “relaciones comerciales” abarcan las relaciones con socios comerciales, entidades de su cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal directamente relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios” (Ruggie, 2011). Adicionalmente, el Principio 17 llama la atención sobre el riesgo que corren las empresas al no cumplir con la debida diligencia, pues puede llegar a incurrir en complicidad cuando se encuentren consecuencias negativas en los DDHH causadas por terceros relacionados o cercanos a las actividades de la empresa” (Ruggie, 2011).

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El Premio Emprender Paz, que en el 2011 completa su cuarta versión, destaca y premia la contribución que hacen empresas y gremios a la construcción de paz en Colombia. Otras iniciativas se visibilizan a través del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Derechos Humanos y Construcción de Paz de la FIP, los premios Portafolio, los reportes del Global Reporting Initiative (GRI) en los cuales las empresas han empezado a informar sus acciones y avances en materia de DDHH, la financiación y apoyo a programas de desarrollo local que hacen las empresas en los Programas y Laboratorios de Desarrollo y Paz, la Red JUNTOS, o, como se conoce actualmente, UNIDOS, u otros programas con instituciones públicas u organismos sociales e internacionales, así como a través de asociaciones como la Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE-, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible –CECODES- , la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-, entre otros. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 57

cales, regionales y nacionales, y el desarrollo económico es significativamente mayor en Antioquia que en Nariño, lo que afecta las oportunidades y riesgos que pueden representar las operaciones empresariales en cada departamento de cara a prevenir, enfrentar, contener y atender las necesidades relacionadas con el DFI. CUADRO 2.1 ANTIOQUIA

NARIÑO

• Alta actividad e intereses empresariales en zonas de expulsión y recepción (14% de PIB nacional). • Experiencia y conciencia en el tema, pero aún falta mayor participación del sector empresarial. • Hoy mayor atención en: - Dinámicas de recepción y retorno. - Desplazammiento intraurbano. - Nuevas dinámicas de desplazamiento en zonas de proyección económica. • Importante presencia institucional y participación en iniciativas de atención por parte de entidades y organizaciones nacionales, departamentales y locales. • a recursos provenientes de organismos internacionales, gobierno y sector empresarial.

• Actividades empresariales incipientes (1,4% de PIB nacional). • Poca experiencia, conciencia y participación en el tema. • Hoy: - Preocupación por evitar DFI. - Alertas por dinámicas del conflicto y narcotráfico. - Nuevas dinámicas de desplazamiento en zonas de proyección económica. • Importante presencia de organismos internacionales y recursos de ellos para la atención. • Escasa presencia de otras entidades y organizaciones, y de recursos provenientes de ellas para la atención. • Poca capacidad del gobierno departamental y local. • Poca capacidad del sector empresarial que existe localmente para participar en iniciativas ligadas al DFI.

Igualmente, entre estos dos departamentos existen diferencias en los períodos, dinámicas y motivos del conflicto armado y del DFI21. Por un lado, Antioquia por su importancia y posición estratégica ha sido un escenario histórico de presencia y confrontación de grupos armados, y por lo mismo empezó a vivir tempranamente el DFI preventivo y, posteriormente, como efecto de una estrategia de guerra por el control político y militar de los actores armados ilegales. Por otro lado, Nariño es un escenario relativamente reciente del conflicto armado, narcotráfico y DFI, como consecuencia de la transformación de las dinámicas de la guerra y el narcotráfico que trasladó, en la última década, parte de la confrontación armada hacia zonas más selváticas y remotas

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como esta donde actualmente son víctimas del crecimiento del drama del DFI en el departamento22. Estas diferencias mostraron a su vez importantes contrastes regionales a la hora de indagar sobre posibles relaciones entre la actividad del sector empresarial y el DFI.

2.2 Antioquia de cara a la relación entre operación empresarial y DFI El sector empresarial que en Antioquia es creciente y tiene una larga tradición tiene intereses y presencia tanto en la capital, Medellín, como en muchas cabeceras municipales y zonas rurales del departamento. No es sorprendente, entonces, que en Antioquia sea visible y reconocida la presencia de operaciones empresariales en zonas de expulsión de población antiguas (Urabá y Oriente Antioqueño) y recientes (Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño), así como en zonas de recepción como Medellín, Turbo y Apartadó. Como se describe en el capítulo 1 gran parte del DFI en el departamento ha sido consecuencia de las dinámicas del conflicto armado, el narcotráfico y el accionar de bandas criminales. En la última década, sin embargo, el destape de las denominadas Parapolítica y Paraeconomía23 también ha visibilizado la existencia de alianzas entre políticos, particulares y empresarios con grupos paramilitares. De igual forma, en los últimos años, se han conocido casos de participación y contribución (directa o indirecta) por parte de empresas con presencia en el departamento al accionar de grupos armados al margen de la ley que llevaron a episodios de DFI tras los cuales están intereses económicos o de seguridad de dichas empresas (como el pago de contribuciones, apoyo en la compra y transporte de armamentos a grupos armados ilegales para la protección y seguridad de las operaciones de las empresas, o a través del pago de vacunas y extorsiones. Ver anexo 1)24. Algunos de estos casos se presentaron en el Urabá Antioqueño, donde por ejemplo se ha denunciado que la multinacional bananera Chiquita Brands, directamente o a través de otras empresas, contribuyó a la financiación y actividades de grupos armados ilegales en Turbo, primero las FARC entre 1987 y 1999, que dejaron más de 900 víctimas (El Espectador, Mar. 2011), y posteriormente con grupos paramilitares entre 1997 y 2007, de los cuales se



Para profundizar en las dinámicas ver más información en el capítulo 1 del informe de este estudio.



Para profundizar en las dinámicas ver más información en el capítulo 1 del informe de este estudio.



Entendido como el fenómeno que se presentó “con la consolidación del poder paramilitar en ciertas zonas del país, (cuándo) los diferentes bloques crearon

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estructuras financieras que se encargaron de promover negocios legales e ilegales que les darían recursos para financiar la guerra” (www.verdadabierta.com). 24



En la información recogida se mencionan casos puntuales de particulares, empresas del sector bananero, hacendados, terratenientes, comerciantes, empresas de alimentos, palma, maderas, gas y cementos.

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registran 11.000 víctimas mortales (Verdad Abierta, Dic. 2009). Estos hechos coincide con un periodo en el que más de 50.000 personas fueron desplazadas forzosamente en esta zona (SIPOD /Acción Social procesado por ACNUR, 2011). Al igual que con Chiquita Brands, las fuentes consultadas hacen mención de particulares y otras empresas del sector bananero, ganadero y palmicultor, así como diferentes grupos de terratenientes25 se beneficiaron del accionar de las autodefensas. Según ha señalado la Fiscalía y algunas versiones libres de paramilitares, varias empresas hacían aportes a la Convivir Papagayo y a las AUC para financiar sus actividades, recibir protección y actuar en contra de sindicalistas, campesinos y pobladores de la región con amenazas, torturas, asesinatos, masacres y desplazamientos (Verdad Abierta, Dic. 2008, Jul. 2009. El Tiempo, Abr. 2010). Así también, se registra información en otras subregiones del departamento donde se sabe que un ganadero y caballista pagó extorsiones a las guerrillas de las FARC y el ELN, durante la década de los años noventa, en los municipios de San Roque y Caracolí, nordeste antioqueño, e hizo acuerdos económicos con varios bloques de las autodefensas a finales de de la década (Bloque Metro de las ACCU, Bloque Suroeste, Bloque Central Bolívar, Bloque Cacique Nutibara y Héroes de Granada), que operaban en el Suroeste antioqueño, donde el ganadero tenía propiedades rurales, así como en las subregiones del Nordeste, Valle del Aburrá y Oriente del departamento (Verdad Abierta, Sept. 2009). De estas subregiones, el Oriente Antioqueño fue una de las más afectadas en términos de expulsión forzada de población desde finales de los 90 y hasta el 2006. En este periodo se calcula que salieron más de 155.000 personas (SIPOD / Acción Social, procesadas por ACNUR, 2011). En los últimos años, se han registrado desplazamientos forzados en municipios como Tarazá, Zaragoza (Bajo Cauca), Anorí, Amalfí (Nordeste) e Ituango y Valdivia (Norte), en zonas cercanas a las crecientes actividades mineras artesanales e ilegales, y, en una menor medida, empresariales, así como del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango. Sin embargo, no hay información que permita vincular estos desplazamientos con las operaciones empresariales que se vienen desarrollando en la zona. Por el contrario, la información disponible muestra que estos desplazamientos están fuertemente asociados a la presión que hace la gue-

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Ibíd.

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rrilla de las FARC en la zona alrededor de la actividad minera de oro, el desarrollo de la hidroeléctrica y en contra de las fumigaciones y erradicación de cultivos ilícitos (Caracol, W Radio y El Colombiano, Marzo, 2011; Semana, Ene. 2011). En resumen, algunos de estos testimonios y casos sugieren que ha habido una vinculación de actores económicos y empresariales con actores ilegales generadores de DFI en Antioquia. No obstante, la información disponible no permite concluir que se trata de una estrategia deliberada y generalizada del sector empresarial antioqueño. Los casos y ejemplos, sin embargo, son lo suficientemente preocupantes como para plantear la necesidad de rastrear y divulgar las consecuencias de estas alianzas, acciones u omisiones frente al fenómeno del DFI, así como la manera en la que el DFI puede ser funcional a los intereses y beneficios26 de actores empresariales. Adicionalmente, estos casos sugieren la elevada responsabilidad del sector empresarial en la promoción del respeto de los DDHH al operar en zonas de especial vulnerabilidad. Desde que se empezó a tener conocimiento de estos, es común que las autoridades, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, especialmente en las subregiones donde la afectación por el conflicto armado convive con intereses económicos, estén más atentos y listos a denunciar posibles comportamientos del sector empresarial que puedan contribuir a la violación de DDHH y al DFI. El sector empresarial antioqueño tempranamente comenzó a sentir el efecto de la violencia del conflicto armado y del DFI. Primero, por los costos y riesgos de seguridad que la presencia de actores armados ilegales y las dinámicas generadas por éstos le han impuesto, haciendo necesaria la adopción de más y mejores mecanismo de control y protección tanto de sus operaciones como del impacto de éstas en las zonas donde operan, para construir y proteger la licencia social de sus operaciones. Segundo, el creciente flujo migratorio de población en sus áreas de operación, representa, en zonas de expulsión, la reducción del a mano de obra y de la prestación de servicios locales necesarios para la operación. En zonas de recepción, se manifiesta en el incremento de la densidad poblacional y crecientes demandas sociales (por ejemplo, en temas de asistencia humanitaria, a servicios básicos, oportunidades laborales, vivienda, salud, educación, etc.), en las cuales fracciones del sector empresarial han participado

Los beneficios más visibles convergen en torno a la protección de su seguridad ante los ataques de las guerrillas u otras formas de actividad criminal, el interés en resistir y aplacar la presión de trabajadores sindicalizados, facilitar el y compra de terrenos productivos entre otros. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 59

para mitigar el impacto negativo que pueda tener su desatención en la seguridad y estabilidad del entorno de sus operaciones. Este es el caso de Medellín que por su condición de capital departamental y una de las principales ciudades del país y por la facilidad de y atención a recursos públicos se convirtió en el principal lugar de recepción de población desplazada a nivel de departamento y el segundo municipio a nivel nacional. La llegada permanente de población desplazada y desarraigada incrementó la presión por el a servicios básicos, así como la oferta de mano de obra e intensificó problemáticas sociales como el desempleo y la pobreza. Todo esto, llevó a la istración municipal a buscar atender a esta problemática a través de alternativas en conjunto con el sector empresarial. Tercero, y más recientemente, por la presión ejercida por organizaciones nacionales e internacionales hacia las empresas a raíz de los escándalos conocidos de vinculación de algunos empresarios y empresas en eventos de DFI, que las han llevado a incorporar medidas e incurrir en costos adicionales que les permitan demostrar la debida diligencia y buena fe de sus operaciones en la prevención y atención del DFI, así como su compromiso en el respeto de los DDHH. La confluencia de, por un lado, la existencia de un sector empresarial fuerte y una presencia importante de operaciones empresariales, y, por otro lado, problemáticas CUADRO 2.2

históricas del conflicto armado y DFI en Antioquia, podrían explicar en parte por qué el sector empresarial de este departamento parece estar más familiarizado con fenómenos ligados al conflicto armado como el DFI. Así mismo, permite entender que comparativamente con otras zonas del país, en particular con Nariño, en Antioquia exista una mayor conciencia y experiencia de participación en actividades e iniciativas encaminadas a la prevención del DFI y la atención de la población desplazada (Ver cuadro 2.2). Por otro lado, en Antioquia, a diferencia de otros departamentos como Nariño, hay una importante presencia institucional y a recursos provenientes tanto del gobierno nacional, regional y local como de organismos internacionales y, en algunos casos, del sector empresarial. Si bien estos recursos, no han sido suficientes para prevenir y acabar el DFI, ni para atender a la población desplazada, sí le han permitido al departamento contar con capacidad institucional y programas de atención para abordar el tema. Hoy en día, Antioquia es el departamento que ha mostrado los mayores esfuerzos y mejores resultados en materia de atención a la población desplazada junto con Bogotá (CC. Auto 383/10, p. 41, 115, 122, 126, 130 - 131, 167 - 168, 196). Actualmente las preocupaciones del departamento en materia de DFI se enfocan principalmente en atender a la población desplazada en zonas de recepción, promover y fortalecer procesos de retorno en zonas de expulsión, limitar la llegada

INICIATIVAS EMPRESARIALES ANTIOQUEÑAS EN EL CAMPO DE LA MITIGACIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA.

ACTOR (ES) EMPRESARIAL PARTICIPANTE Asocolflores

INICIATIVA Escuela de Floricultura para la Estabilización Socioeconómica de Familias Desplazadas y Vulnerables en la Sabana de Bogotá y Oriente Antioqueño. Fortalecimiento y consolidación de la cadena productiva de la yuca para las familia s desplazadas y vulnerables

Fundaunibán

pertenecientes a la pre cooperativa Protracoy de Mutatá. Programa de generación de ingresos para 800 familias desplazadas y vulnerables del Urabá a través del montaje de unidades productivas

Fudaunibán, Uniban, Augura, Fundación

Alianza para el desarrollo socioeconómico de la comunidad platanera del Urabá, para mejorar la calidad de vida

Corbanacol

de más de 1.400 personas desplazadas y vulnerables. Construcción del Pueblo Indígena Jaikerasabi Eyabida en el Municipio de Mutatá, a través de 84 viviendas y 16

Fudaunibán,Fundación Corbanacol

obras comunitarias que benefician a 420 personas del resguardo afectadas por el desplazamiento, con el fin de garantizar la conservación cultura y evitar el desplazamiento de la etnia Emberá Katío. Apoyo al crecimiento y generación de ingresos de la Cooperativa de Trabajo Asociado (Coopimar) que reune a

Leonisa

mujeres cabeza de familia desplazadas y vulnerables de Marinilla, a tráves de la compra y demanda permanente de producción.

Comexa Foods, Fundación Argos Isa, Isagen EPM, Exito, Proantioquia, Isa, Isagen, Federación de Cafeteros Mayor información en el anexo 2. 60 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Programa de Reintegración y Desarrollo Comunitario que beneficia a cerca de 300 familias a través del desarrollo y comercialización de proyectos productivos agroindustriales. Apoyo a Programas de Desarrollo y Paz, Prodepaz, que atiende zonas especialmente afectadas por el conflicto. Retornar es Vivir, Energía para el retorno, Alianza Medellín - San Carlos, en el oriente antioqueño, para el restablecimiento social y económico de las poblaciones que se reubicaron y que retornaron a sus tierras después de ser desplazadas por la violencia.

de nueva población desplazada a Medellín y el área metropolitana, evitar los desplazamientos intraurbanos, y evitar nuevos desplazamientos en zonas de proyección económica especialmente en las ligadas al desarrollo de hidroeléctricas y proyectos mineros. En ese sentido, la participación del sector empresarial se da en mayor medida en iniciativas de atención a población desplazada en zonas de recepción como Medellín, y en el apoyo a procesos de retorno en zonas de expulsión como San Carlos. No obstante, la participación del sector empresarial antioqueño es aún escasa en relación a su capacidad y a la dimensión de la problemática del DFI tanto dentro del departamento como a nivel nacional. La información recolectada muestra que los del sector empresarial antioqueño vinculados a iniciativas que involucran a población desplazada lo han hecho principalmente porque han sido invitados por otras instituciones (entidades del Estado, organizaciones internacionales, ONGs, etc.) a hacer parte de alianzas público – privadas de atención, o porque se han encontrado con la problemática en sus zonas de operación haciendo necesaria su intervención dentro de sus programas de relacionamiento social. “Son las que identifican que está llegando población desplazada a la zona, y esa población desplazada necesita una atención. Nosotros estamos en zonas donde esa población desplazada en determinado momento se puede volver un caldo de cultivo para bandas criminales, bandas paramilitares, para bandas guerrilleras... para nosotros es una necesidad primordial atender esas personas” (empresario bananero).

Este tipo de iniciativas de relacionamiento social, suelen estar dirigidas hacia poblaciones vulnerables en general, siendo la población desplazada solo una de ellas. Generalmente, en estas iniciativas buscan aportar en uno o varios componentes identificados por el Estado como prioritarios para la atención de ésta población, como lo son el apoyo en educación, salud, construcción o mejoramiento de viviendas, y la capacitación y asesoría para la generación de oportunidades laborales, entre otros. Una de las razones que se encontró por la cuales no hay una mayor participación del sector empresarial en iniciativas de DFI, es la falta de conocimiento, sensibilización y conciencia sobre la problemática del DFI (significado, causas, detonantes, condiciones y necesidades particulares de la población desplazada) y los impactos que tiene para las empresas y sus operaciones. Así mismo se encontró muy poco conocimiento sobre los requerimientos específicos que tiene la población desplazada y las entidades públicas

encargadas de su prevención y atención, que el sector empresarial tendría capacidad y posibilidades de apoyar. Un mayor acercamiento del empresariado a las diferentes dimensiones del DFI puede contribuir a minimizar la posibilidad de que las empresas terminen involucradas por acción u omisión a casos de DFI, e incrementar el impacto positivo en la atención y mejoramiento de la calidad de vida de la población en riesgo o condición de desplazamiento del departamento, tanto en zonas donde existe riesgo de nuevos desplazamientos, como en zonas de recepción y retorno.

2.3 Nariño de cara a la relación entre operación empresarial y DFI La condición fronteriza de Nariño, su carácter predominantemente rural, sus altos índices de pobreza, la presencia y capacidad institucional precarias, su geografía y los recursos naturales presentes han favorecido la llegada de actores ilegales y armados que han generado amenazas y riesgo para los pobladores y autoridades. Nariño, en contraste con Antioquia, tiene una actividad económica incipiente representada principalmente por actividades de servicios sociales y comunales realizadas en su mayoría por instituciones públicas e internacionales, actividades comerciales, y agropecuarias (DANE, 2005). La escasa presencia empresarial en el departamento y la dinámica relativamente reciente del DFI hace que la identificación de posibles relaciones entre lo que se podría considerar actividades empresariales en el departamento con la problemática de desplazamiento sea difícil de establecer, y por la misma razón, se observa poca experiencia, capacidad, conciencia y participación entre los actores económicos y empresariales del departamentos en el tema del DFI. A diferencia de Antioquia, en Nariño las dinámicas de DFI son una preocupación reciente que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes. Sólo en el 2010 la Defensoría del Pueblo Regional identificó once eventos de desplazamiento masivo y señala que en el 2009 se cometieron el mayor número de masacres contra la comunidad indígena AWA para ese año. Las cifras del DFI en Nariño empezaron a ser significativas a partir del 2006, en zonas estratégicas como la costa Pacífica nariñense y la cordillera en la zona norte del departamento donde se concentra la confrontación armada y gran parte de las actividades ligadas al narcotráfico, así como en las zonas hacia donde se desplaza la población que se concentran principalmente en Pasto, Tumaco y el municipio de El Charco. En gran parte de los territorios de expulsión las actividades económicas legales son de mediana o pequeña escala y de subsistencia, ligadas a la minería, la pesca, la ganadería

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y a cultivos agrícolas como el cacao, coco, plátano, caña, el maíz, la palma y el café entre otros, pero en una mínima proporción estos corresponden a operaciones empresariales. Aparte de la actividad comercial, las actividades económicas más importantes del departamento en las cuales hay algún tipo de participación empresarial son el cultivo de palma de aceite, papa, cacao, café, madera, la acuicultura (camarones), pesca y ganadería. De estas solo para el café y la palma se encontró presencia de operaciones empresariales que coinciden con zonas de expulsión de población, pero en las cuales no hay evidencia que estas operaciones empresariales estén involucradas directamente en la generación del DFI. En el caso del café, por ejemplo, el Comité de Cafeteros de Nariño hizo alianza con entidades públicas para trabajar en los municipios de Albán, Buesaco, El Tablón de Gómez y San Bernardo un proyecto de “renovación de cafetales (semilleros y almácigos) mejoramiento de equipo e infraestructura productiva y de descontaminación de fincas cafeteras de los beneficiarios del programa de atención a la Población Desplazada” (FNC, 2010) con el cual se beneficiaron 91 familias, las cuales lograron agremiarse y acceder a créditos del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en el caso de los cultivos de palma se conoce la denuncia contra las empresas palmicultoras Palmeiras y Salamanca, por la ocupación y explotación de 800 hectáreas de tierras en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes27 en Tumaco, años antes de haber sido tituladas por el Estado como territorios colectivos (Procuraduría Gral. de la Nación, 2006; Defensoría del Pueblo, 2010). En este caso, mientras Salamanca hizo devolución de las tierras ocupadas a la comunidad exigida por la Procuraduría, Palmeiras continúa ocupando 620 hectáreas de las tierras reclamadas aunque actualmente no son explotadas económicamente (Procuraduría Gral. de la Nación, 2006; Defensoría del Pueblo, 2010)28. Según algunos testimonios y fuentes consultadas, en esta zona se han presentado violaciones de derechos humanos y colectivos por terceros ajenos a la zona que están fuertemente ligados a problemas de adquisición y propiedad del territorio y las tierras, y al narcotráfico, que han fragmentado estructuras y lazos sociales. Durante las entrevistas realizadas se mencionan presiones hacia líderes

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y comunidades que han llevado al desplazamiento forzado de población nativa, y, según afirma la Defensoría del Pueblo, han puesto a la comunidad afro asentada en esta zona en riesgo permanente de desplazamiento forzado colectivo (Defensoría del Pueblo, 2010). A pesar de estas denuncias no hay evidencias suficientes para afirmar que las empresas con operaciones en esta zona están relacionadas con los riesgos y violaciones de DDHH mencionados. Aunque en Nariño no se ha identificado hasta el momento una vinculación directa entre operaciones empresariales y generación de DFI sí hay preocupación, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, y entre organismos de control y de derechos humanos, sobre las presiones y amenazas contra sus vidas y territorios que puedan presentarse en medio del interés por negociar, adquirir y usar sus tierras, así como de los impactos que puedan tener en sus estilos de vida, cultura, ubicación y fuentes de sostenimiento los procedimientos y operaciones que se realicen para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como la autopista que busca comunicar Brasil a Colombia (desde el Putumayo hasta la costa Pacífica nariñense con la vía Panamericana), proyectos agroindustriales y proyectos extractivos petroleros y mineros que están iniciándose en el departamento. En efecto, según la información recolectada en terreno, Nariño se ha convertido en un foco importante de presencia e inversión de organizaciones internacionales. Estos recursos, junto con las transferencias de las entidades del orden nacional constituyen las principales fuentes de financiación de programas de inversión en el departamento, pues la capacidad financiera tanto de las autoridades públicas como de las organizaciones sociales y actores económicos locales y regionales es bastante limitada. Frente al DFI, el departamento, a través de sus autoridades locales y organizaciones sociales, está alerta a las dinámicas cambiantes del conflicto y el narcotráfico, y dirigen sus esfuerzos a buscar alternativas que contribuyan a evitar que se generen desplazamientos de población en zonas de confrontación o de proyección económica, así como en ofrecer, con los escasos recursos públicos locales, regionales y nacionales que tienen a su disposición, la atención humanitaria de emergencia al creciente número de familias que llegan todos los días a los principales municipios de recepción.

La ocupación de las empresas se hace desde 1997. Sin embargo, el territorio fue adjudicado a la comunidad de Alto Mira y Frontera por el INCODER a través de las Resoluciones: No. 00397 del 8 de marzo de 2005 y No. 0525 del 2 de marzo de 2006.

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Palmeiras no estuvo de acuerdo con los argumentos que llevaron a la decisión de la Procuraduría e inició un proceso de apelación de la decisión. La no explotación de la tierra se asocia a la plaga de pudrición del cogollo de la cual ha sido víctima todo el sector palmicultor del departamento, que llevó a la pérdida del 90% de la palma de aceite cultivada en la zona.

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A pesar de los esfuerzos, frente a la dinámica creciente de DFI las instituciones locales han enfrentado grandes retos y dificultades, en algunos casos relacionados a la falta de recursos y de capacidad institucional, para poder desarrollar programas de prevención y mitigación integral. Por su parte, el incipiente sector empresarial nariñense comparte las restricciones de otros sectores del departamento, pues no cuenta con la suficiente capacidad, recursos y alcance requeridos para su propia operación, y aún menos para participar de iniciativas orientadas a atender problemáticas de interés público. Esto, en buena medida explica por qué los programas relacionados con el DFI que se encontraron en el departamento vienen siendo realizados fundamentalmente por el sector público y organizaciones internacionales con presencia en la zona. No obstante, se encontraron algunos esfuerzos pequeños como de los transportadores de buses y comercializadores de gas en Tumaco que han ofrecido subsidios o reducción de tarifas del servicio para población desplazada. Estas experiencias, junto con los programas en los que ha participado el Comité Regional de Cafeteros, son una muestra de la participación que ha tenido el sector empresarial nariñense en temas de DFI. A diferencia del sector empresarial en Antioquia, en Nariño el empresariado no ha sido convocado o incentivado por el gobierno y las organizaciones internacionales a participar para prevenir y mitigar los impactos del DFI. Tanto en Nariño como en Antioquia, salvo algunas excepciones de empresas que han empezado a contemplar e involucrarse con el tema, se encontró un empresariado predominantemente desinformado respecto a la manera como podría contribuir con sus acciones u omisiones a la generación de DFI, así como sobre las alternativas a través de las cuales podría apoyar iniciativas de prevención, atención y mitigación de situaciones de DFI. Pareciera predominar una actitud mayoritariamente indiferente, en algunos casos acompañada de una percepción negativa y estigmatizada del desplazamiento forzado y la población desplazada.

2.4 ¿Qué sugiere la información sobre la relación entre actividades empresariales y DFI? El contraste entre Antioquia y Nariño respecto a la relación entre actividades empresariales y DFI permite mostrar los retos y desafíos que encierra el abordaje del DFI desde el nivel nacional, así como las complejidades y particularidades que enfrentan autoridades y empresas en lo regional y local, especialmente cuando hay diferencias tan marcadas en cada una de ellas que afectan los roles, capacidades y responsabilidades atribuibles a cada actor. A partir de los hallazgos en los estudios regionales y de la información recogida a lo largo de este estudio se

pueden hacer algunos planteamientos preliminares sobre, por una parte, los intereses que tendrían actores empresariales para promover el DFI, las estrategias empleadas para lograrlo y las consecuencias de ello; y por otra parte, el contexto, motivaciones y resultados que enmarcan la participación del sector empresarial en acciones orientadas a contribuir a la prevención del DFI o la atención de población desplazada. 2.4.1 Sector Empresarial y DFI en zonas de expulsión La relación entre operación empresarial y DFI en zonas de expulsión frecuentemente está asociada al impacto de las operaciones empresariales en la generación de DFI. Sin embargo, en estas zonas también se encontró que el sector empresarial se relaciona con el DFI a través de iniciativas dirigidas: 1) a la prevención y protección de poblaciones en riesgo de desplazamiento, y 2) a la mitigación de los impactos de la población retornada a sus lugares de origen. A continuación presentaremos los hallazgos entorno a la primera de estas dimensiones, es decir, entre la relación operación empresarial y generación de DFI, para más adelante abordar las dos dimensiones restantes (prevención y mitigación), junto con las iniciativas de relacionamiento entre sector empresarial y DFI en zonas recepción. Operación empresarial y generación de DFI A pesar de la escasa evidencia judicial sobre la participación de actores empresariales en acciones generadoras de DFI, son frecuentes las denuncias y señalamientos a nivel nacional, y se cuenta con algunos casos investigados por la Fiscalía colombiana y otros en tribunales internacionales, que tienden a vincular actividades económicas relacionadas con el sector ganadero, bananero, maderero, palmicultor y minero-energético, así como con grandes proyectos económicos hidroenergéticos, viales y de infraestructura entre otros, con las zonas donde se originan los desplazamientos. Esto permite detectar la presencia de algunos vínculos entre el sector empresarial y la generación de DFI, pero no establecer una relación causal necesaria entre estos. Dada la frecuente coexistencia entre conflicto, narcotráfico y actividades económicas legales que pueden ser realizadas por diversos actores (empresarios, comunidades o incluso actores ilegales), es fundamental identificar los casos donde hay una clara vinculación de la presencia de operaciones propiamente empresariales de las que no, para tener una mejor comprensión de las posibles relaciones entre operación empresarial y DFI, atribuir las responsabilidades asociadas o derivadas de la actividad

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empresarial, y hacer las recomendaciones y correcciones correspondientes. Partiendo de esta salvedad, es necesario señalar que en los casos donde coinciden las actividades económicas mencionadas (ganadería, banano, madera, palma, minería, generación de energía, petróleo y megaproyectos), la actividad empresarial y casos de DFI, generalmente concurren otros intereses como la adquisición y uso extensivo de la tierra, el aprovechamiento de recursos naturales, una localización geoestratégica, una débil presencia institucional, informalidad en la propiedad y uso de la tierra, presencia de comunidades campesinas o minorías étnicas en condiciones de vulnerabilidad, y la presencia de actores ilegales que pueden preceder o sobrevenir a las actividades económicas realizadas por actores empresariales. “… la promoción de ciertos modelos económicos (de intereses económicas nacionales y trasnacionales) ha estado facilitada, por las mismas políticas del gobierno, y por el mismo desplazamiento, lo más emblemático que se escucha es todo lo de palma aceitera, todo el tema de monocultivos… una coincidencia perversa” (miembro de organización de desplazados).

En estos contextos, se encontró que la participación de las empresas en eventos de DFI, puede darse tanto en actividades que realiza la empresa directamente como a través de las relaciones comerciales, dentro o fuera de su cadena de valor, que están directamente vinculadas con sus operaciones. En este sentido, las actividades empresariales con las cuales se genera o contribuye a la generación del DFI se ubican en un rango amplio que va desde la acción hasta la omisión o lo que se puede considerar, según los Principios Rectores de Empresas y DDHH de la ONU, en un rango de complicidad29 (Ver anexo 1). GRÁFICO 2.1

OPERACIONES EMPRESARIALES EN LA GENERACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

La categoría Acción incluye aquellas empresas que participan o se benefician activamente de los eventos de desplazamiento interno. Es decir, empresas que de forma directa o indirecta ejercen presión sobre una población para que

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Principios Rectores: 13 y 17 (Ruggie. 2011).

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ésta se desplace, incentivando el abandono y venta de sus tierras. Este lado del espectro incluye la creación, apoyo y financiación (voluntaria o involuntaria) de actores armados al margen de la ley que generan desplazamiento en las regiones. Un ejemplo de esto son los casos de multinacionales bananeras como Chiquita Brands y Dole que se les ha denunciado de financiar y ayudar a grupos guerrilleros y paramilitares en Urabá. Otro ejemplo es el caso de Jiguamiandó y Curvaradó, también en Urabá, donde 9 compañías palmeras (El Tiempo, Mayo, 2010) con aparente apoyo de paramilitares y de la Fuerza Pública activamente buscaron ejercer presión sobre la población local para que abandonara, vendiera o entregara sus tierras (Ver cuadro 2.3). La categoría de Omisión incluye los casos de empresas que sabiendo o no de la ocurrencia o riesgo de DFI no toman medidas para evitar contribuir a su generación, ni para ayudar a su prevención o mitigación. Es decir, empresas que aunque no participan directamente en la generación de DFI, son indiferentes a las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de su entorno, y continúan realizando sus operaciones como de costumbre sin tomar medidas para evitar que su operación tenga impactos negativos en las comunidades, ni para contribuir a prevenir y mitigar los riesgo de DFI en su zona de influencia. “Uno siente lejano al sector empresarial, un poco indiferente. Bueno hablar del sector empresarial así es muy simplificado…pero el modelo económico en el cual están los actores empresariales en regiones específicas ha sido claramente un modelo que no ha generado inclusión sino que por el contrario ha profundizado las brechas, los fenómenos de exclusión” (miembro organización social).

Esto puede llevar a situaciones en las que las empresas se beneficien, de buena o mala fe, de los efectos del DFI. En este lado del espectro se incluye la compra o adquisición de tierras en zonas de disputa y confrontación por debajo del precio del mercado, la apropiación de tierras abandonadas y despojadas, o de las cuales no se tiene claro su propiedad o procedencia. Un ejemplo de esto es la compra masiva e irregular de tierras a campesinos víctimas de la violencia en la región de Montes de María, que hoy son de propiedad de empresas forestales y lecheras (Ver cuadro 2.4). Hasta la fecha los casos conocidos y sancionados judicialmente, de empresas vinculadas al DFI en Colombia, están más cercanos al extremo de la acción o lo que en los

CUADRO 2.3 ACTOR (ES) EMPRESARIAL PARTICIPANTE

CASOS DE VINCULACIÓN EN GENERACIÓN DE DFI A Chiquita Brands se le ha acusado de haber contribuido a la financiación y actividades de la guerrilla de las FARC y paramilitares en la zona bananera de Urabá desde 1990 y hasta el 2007. En el mismo período más de 50.000 personas fueron desplazadas forzosamente por estos actores en esta zona (Acción Social. 2011). Aunque la compañía ha defendido que los recursos entregados correspondían a pagos por vacunas y extorsiones, documentos recientes han mostrado que la empresa no fue sujeto de extorsiones sino que los aportes realizados correspondían a contribuciones para que se les prestaran servicios de seguridad (Lobe,

Chiquita Brands

2011; FRC, 2011). En consecuencia Chiquita ha recibido millonarias demandas y acusaciones por asesinato, tortura, masacres y secuestros. En 2007 Chiquita Brands itió ante una corte norteamericana haber pagado 1.7 millones de dólares a las AUC, por lo cual se le condenó a pagar una multa por 25 millones de dólares (El Espectador, Marzo, 2011). Adicionalmente, la Fiscalía colombiana está investigando a tres ciudadanos norteamericanos de la compañía por concierto para delinquir agravado ligado a la financiación de los paramilitares, y posibles vinculaciones de la compañía con narcotráfico y soborno aduanero de funcionarios al ocultar droga en cargamentos de fruta, así como por guardar y transportar armas y municiones para grupos ilegales (Verdad Abierta, Dic. 2009). Dole enfrenta acusaciones similares a las Chiquita, por estimular, financiar y colaborar directamente con las actividades de grupos paramilitares en la zona bananera del Magdalena y La Guajira entre 1997 y 2007, donde se registraron cerca de 300.000 personas desplazadas. Según se ha denunciado la participación de

Dole

la compañía era parte de su estrategia operacional para reducir costos y contar con servicios de seguridad en sus zonas de operación (Verdad Abierta. 2009). Por estos vínculos Dole ha sido demanda por las presiones y asesinatos selectivos de sindicalistas de la empresa, de agricultores que se oponían a la venta o explotación de sus tierras por parte de Dole y otras víctimas de los paramilitares (Bajak, 2009). Según los testimonios de desmovilizados, los aportes de Dole representaban el 40% de bloque que operaba en la zona. En las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en la zona del Urabá chocoano y antioqueño, desde 1997 se adquirieron más de 15.000 hectáreas de forma irregular por empresas palmeras, en un proceso donde se cree hubo más de 100 asesinatos y 1.500 personas desplazadas (El Meridiano, 2010). La Fiscalía colombiana, en uno de los principales casos de vinculación de empresas y desplazamiento forzado, investigó y emitió orden de captura a empresarios y empresas de 9 compañías palmeras por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, usurpación de tierras, falsedad en documento público e invasión de áreas de especial importancia ecológica, con ayuda de los grupos paramilitares y complicidad de algunos de la fuerza pública (El Tiempo, Mayo, 2010; El Espectador, Mayo, 2010). Se señala a las empresas de ser parte de la

Empresas Palmeras en Urabá

fachada legal del megaproyecto agroindustrial palmero paramilitar que se gestó con el desplazamiento de los territorios colectivos de miles de familias afrosdescendientes de estas comunidades. En su afán por explotar estas tierras se encontró que los palmicultores utilizaron “múltiples estrategias jurídicas para ‘legalizar’ la adquisición y posesión de tierras” (Ibíd.), como ventas y arrendamientos irregulares, para lo cual estimularon y ocultaron la ofensiva paramilitar que les ayudó a contrarrestar la resistencia a vender y la oposición a la expansión de la palma de algunos pobladores. Por este caso, también se investigan a empleados del Banco Agrario Incoder, Finagro y corporaciones regionales que participaron en la adjudicación de créditos, permisos y legalización de las transacciones. En el 2007 se ordenó el desalojo más de 100.000 hectáreas y la salida de varias de estas empresas de esta zona. Se dice que actualmente quedan 1.000 de las 5.000 hectáreas cultivadas de palmas que llegó a tener el sector.

Ver más casos en el anexo 1.

Principios Rectores sobre empresas y DDHH de Naciones Unidas se identifica como complicidad con acepción jurídica, que a los de omisión o su equivalente en los Principios Rectores que correspondería a complicidad sin acepción jurídica30. En este sentido, dentro del rango identificado se puede señalar que hay culpabilidad en la medida que se comprueba las existencia de acciones directas, proactivas e intencionadas que conducen al desplazamiento de la po-

blación. Mientras que si las actividades realizadas se acercan al extremo de la omisión, aunque en el marco jurídico actual es difícil señalar culpabilidad, cabe atribuir una alta responsabilidad en la ocurrencia del desplazamiento31. En este último, se ubican muchos de los casos sobre compra y adquisición de tierras en los que se ha denunciado el previo o potencial riesgo de despojo y usurpación de tierras tras los cuales estarían importantes intereses eco-

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CUADRO 2.4

COMPRA DE TIERRAS MONTES DE MARÍA

En Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, la propiedad y distribución de la tierra, que antes del 2006 era una zona principalmente minifundista estimulada por el Estado, ahora tiene una importante presencia de latifundios y terratenientes. Esta zona ha sido víctima de la violencia guerrillera y paramilitar, donde se cometieron más de 56 masacres y se han desplazado más de 120.000 personas entre 2000 y 2009 (Acción Social, 2010). Las investigaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (Verdad Abierta. Mar, 2010) y de la Superintendencia de Notariado y Registro (Semana, Mayo, 2011) han señalado que tras esta transformación está la compra masiva e irregular de tierras a campesinos víctima de la violencia, que posteriormente fueron adquiridas por importantes empresas del sector forestal y lechero. Según las denuncias comerciantes en algunos casos con complicidad de funcionarios estatales del Incoder, notarías y oficinas de Registro Público desde el 2006 empezaron a abordar a campesinos y desplazados de la zona para, a través de engaños y presiones, negociar la compra o traspaso de sus tierras por debajo de los precios del mercado. Los comerciantes aprovechaban la situación de violencia, temor y miedo que han vivido los campesinos de esta zona desde finales de los 90, el abandono, deudas, embargos y remates que tenían sobre sus tierras, e incluso de su analfabetismo, para quedarse con las tierras de los campesinos y después negociarlas con terceros por un valor superior. En varios casos ayudaban a gestionar el levantamiento de las medidas de protección que recaían sobre las tierras de los desplazados para poder hacer las transacciones. En las denuncias se señala la participación de empleados de una empresa agrícola y se menciona las investigaciones de más de 1.400 casos sobre la adquisición de 37.000 hectáreas, para acusar penalmente a los implicados (El Tiempo, Mayo, 2011). Aunque las empresas que actualmente tienen los títulos de estas tierras argumentan ser terceros compradores de buena fe, se cuestiona la responsabilidad ética que tienen al ayudar a legitimar los mecanismos de beneficio y aprovechamiento de campesinos víctimas de la violencia, desplazados y despojados de sus tierras, y de no tomar medidas preventivas o de mitigación en el proceso. Ver más casos en el anexo 1.

nómicos de los cuales actores empresariales pueden ser beneficiarios. Estas denuncias han llevado a que se estime la buena o mala fe en los procesos de adquisición de tierras para identificar el grado de responsabilidad y culpabilidad que les es atribuible o demostrar la diligencia debida en la compra de las mismas. Adicionalmente, el incremento en las denuncias y el surgimiento de herramientas nacionales e internacionales está elevando los estándares y criterios bajo los cuales se podría evadir un señalamiento de culpabilidad por omisión en los desplazamientos forzados, así como en otras violaciones de los derechos humanos (Principios Rectores, Ruggie. 2011; Ley 1448/11). Paralelamente a ello, no se pueden desestimar las consecuencias no jurídicas de estar señalado de contribuir por acción u omisión a la ocurrencia de eventos de DFI, lo cual puede tener efectos negativos en cuanto a reputación, confianza y apoyo frente a trabajadores, inversionistas, proveedores y clientes, además de los altos costo económicos y legales que se derivan del proceso de defensa y recuperación de confianza e imagen.

30



Con altibajos, el sector empresarial colombiano ha venido aportando a iniciativas dirigidas a contribuir a la terminación del conflicto y a la paliación de sus efectos en la población32. En esas iniciativas ha pesado el interés por reducir los costos y riesgos de la operación, aumentar las oportunidades de negocios y mejorar la competitividad como también un interés por jugar un rol constructivo en una sociedad compleja. En este sentido, la relación entre operaciones empresariales y DFI en zonas de expulsión no sólo se da en un sentido negativo en tanto hay una contribución a la generación de DFI (Ver anexo 1), sino también en un sentido positivo a través de la participación activa en programas de prevención y mitigación, apoyando emprendimientos sociales que fortalezcan y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, entre las cuales se encuentra población en riesgo de desplazamiento (Ver anexo 2). De igual forma, las fuentes consultadas y el trabajo de campo mostraron que la relación entre sector empresarial y DFI a través de iniciativas de prevención y mitigación se presentan tanto en zonas de expulsión como en zonas de

En los comentarios del Principio 17 (Ruggie. 2011) se aclara que en su acepción no jurídica las empresas pueden considerarse cómplices cuando, por ejemplo, parecen beneficiarse de violaciones a los derechos humanos realizados por terceros, como los casos mencionados para el caso de la omisión. Así también, señala que en su acepción jurídica, la complicidad en violaciones a los derechos humanos tiene responsabilidades y sanciones penales en las jurisdicciones nacionales, y en algunos casos da lugar a acciones civiles contra empresas por su contribución a causar daño así no sea en derechos humanos.

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Dentro de marco de los Principios Rectores de Empresas y DDHH las empresas pueden ser implicadas en las consecuencias negativas sobre los derechos



En años anteriores el sector empresarial ha participado de valiosos esfuerzos por impulsar la paz, por ejemplo, los gremios impulsaron junto con la iglesia

humanos por esta vía. 32

diálogos en Antioquia desde los 80, participaron en la formulación de la ley y fueron parte del Consejo Nacional de Paz, participaron en los diálogos con el ELN y después con las FARC en el Caguan, participaron de la experiencia Destino Colombia, entre otros. 66 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

recepción. Estas iniciativas aunque comparten algunas características, varían en la forma y enfoques de acuerdo con si son implementadas en zonas de expulsión o en zonas de recepción. 2.4.2 Caracterización general de la participación del sector empresarial en iniciativas de prevención y mitigación del DFI33 En términos generales, se encontró que gran parte de las iniciativas identificadas cuentan con la participación de empresas medianas y grandes con operaciones en diversos lugares del país. Lo que deja al descubierto la poca visibilidad o capacidad de participación de las micro y pequeñas empresas en iniciativas para la población desplazada. Por otra parte, estas iniciativas se presentan en gran medida a través de alianzas público – privadas, donde el sector empresarial es invitado a participar en programas creados por organizaciones gubernamentales e internacionales como una manera de financiar los proyectos, y, en una menor medida, se presentan a través de programas liderados por iniciativa propia de las empresas. Así también, se encontró que estas iniciativas están enfocadas principalmente hacia la atención más que la prevención del DFI. En medio de estas dos dimensiones se agrupan las principales líneas de acción en las que se enmarcan las iniciativas y proyectos dirigidos a poblaciones en riesgo o condición de desplazamiento tanto en zonas de expulsión como de recepción (Ver gráfica 2.2). En estas iniciativas las empresas generalmente aportan ayudas específicas y de corto plazo para apoyar algún proGRÁFICO 2.2

INICIATIVAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DFI

Prevención

Mitigación

Empresas que participan en Empresas que se involucran en programas para reducir el riesgo de iniciativas de mitigación y de retorno desplazamiento a los lugares de origen

Arraigo y fortalecimiento local con: ▶ Proyectos productivos y generación de ingresos ▶ Fortalecimiento del capital humano (relaciones sociales y familiares, y organizaciones sociales) ▶ Fortalecimiento institucional

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▶ Fortalecimiento empresarial, empleo y generación de ingresos ▶ Capacitación, fortalecimiento comunitario y a servicios básicos ▶ Apoyo a proceso de retorno o integración en comunidades receptoras

yecto o componente de una iniciativa más amplía. Partiendo de las capacidades financieras, humanas y técnicas de las empresas con mayor participación en las iniciativas encontradas, sus mayores aportes en los proyectos se expresan principalmente en la financiación, coordinación y ejecución de las iniciativas y proyectos. Así también, y debido a que, en su mayoría, las empresas tienen el compromiso político y social de crear o apoyar proyectos para la superación de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre y vulnerable del país orientan principalmente su ayuda hacia temas que contribuyan al avance de estos compromisos, y que generalmente se relacionan con temas puntuales de la Política Pública de Prevención y Protección del DFI, especialmente en los componentes de: • Atención Humanitaria (Ayuda psicológica) • Atención Básica (mejorar cobertura y calidad de salud y educación) • Generación de Ingresos (Capacitación ocupacional, proyectos productivos y generación de ingresos) En estos temas se ven líneas marcadas de acción como: en el marco de la generación de ingresos se enfocan en la formación, fortalecimiento y consolidación de unidades productivas; en cuanto a la capacitación desarrollan habilidades para las inserción laboral de la población tanto vulnerable como desplazada; y en la parte de educación se centran en el mejoramiento de la calidad de la educación y cobertura de la población vulnerable y desplazada. Es importante observar que aún son pocas las iniciativas que abordan otros de los temas claves para apoyar el proceso de estabilización socioeconómica de la población desplazada como son los temas de vivienda, tierras y retorno, lo cual deja una ventana de oportunidad para que el sector empresarial profundice su participación en iniciativas que involucren estos temas. En este sentido, las empresas están creando proyectos o iniciativas que se dirigen principalmente hacia la población vulnerable y pobre, o hacia otro tipo de población o comunidad específica, donde se beneficia de una u otra forma a la población desplazada, pero son pocos los casos enfocados exclusivamente en población desplazada. Igualmente, las iniciativas dirigidas a población vulnerable en su mayoría no diferencian a la población desplazada de los demás grupos de beneficiarios, lo que dificulta la evaluación

Parte de importante de la información mencionada en esta sección fue recogida gracias a la colaboración de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) durante la elaboración del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 67

del impacto de los proyectos en dicha población y la cuantificación de la población desplazada beneficiada por ellos. Así también, llama la atención el reducido interés que parece despertar la población desplazada dentro de los programas en que participa el sector empresarial en comparación con otras poblaciones relacionadas con el conflicto como los combatientes desmovilizados. A pesar de lo anterior, se encontró que varias de las iniciativas que involucran a la población desplazada se enfocan en la población infantil, jóvenes, mujeres y campesinos, grupos poblacionales que están entre los más afectados por el desplazamiento; tienen un impacto importante en las comunidades; y tienen presencia en diferentes regiones del país, donde Bogotá y Antioquia concentran gran parte de las iniciativas, seguidas por Nariño Magdalena y Cesar. Asimismo, cabe señalar que las ciudades con mayor número de iniciativas son las capitales de departamento, siendo Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali las principales, y en menor medida Santa Marta. Esto permite ver que aunque las iniciativas no son muchas, ni son suficientes para contribuir a solucionar el problema de vulnerabilidad y desplazamiento, algunas empresas están haciendo proyectos en los departamentos con los índices más altos de expulsión en los últimos años como lo son Antioquia y Nariño, así como en lugares donde hay un alto índice de recepción de población desplazada como lo es Bogotá, los departamentos de Antioquia y Magdalena, y en menor medida el Valle del Cauca34. Igualmente, hay proyectos que si bien no se dirigen a la población desplazada específicamente, se orientan a la atención de poblaciones con riesgo de desplazamiento por efecto del conflicto y la vulnerabilidad de sus condiciones socioeconómicas. En este sentido, estos proyectos contribuyen a la generación de procesos de arraigo y sentido de pertenencia hacia el territorio, que buscan contribuir y complementar los esfuerzos de las autoridades de cara a la prevención del desplazamiento. Finalmente, entre las razones encontradas que explican la falta de participación de las empresas en iniciativas para la población desplazada se hallan la falta de conocimiento sobre el tema, sobre cómo y en qué intervenir, la ausencia de invitaciones y convocatorias de organismos gubernamentales e internacionales para participar en iniciativas ya existentes o por desarrollar, así como por la falta de una política clara y del acompañamiento de Estado para atender el tema del desplazamiento. En este sentido, un actor empresarial señaló que “esa falta de presencia

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Datos tomados de Acción Social, Diciembre 2009.

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del sector empresarial también se ha dado como causa de la falta de presencia y acompañamiento del gobierno nacional”. Igualmente otro actor empresarial que trabajó con iniciativas dirigidas a población desplazada explicó que se vieron obligados a abandonar estas iniciativas por “primero, la dicotomía entre el discurso y el accionar a nivel de gobierno…aunque han habido esfuerzos últimamente más importantes, el registro del desplazamiento es una cosa ridícula, no nos permite trabajar, pero por otro lado, lo más grave de todo y más difícil es la creación y el accionar de las asociaciones de desplazados…cuando yo ya creo una asociación de desplazados…es que ya no quiero dejarlo jamás, y en la política de desplazamiento no existe un paso para acabar y dejar de serlo, y pareciera también que en términos de política y de lo que estamos buscando en apoyo internacional pareciera que nos conviniera tener este problemita”. Lo anterior muestra que aún hay un espacio importante para explorar e incrementar los esfuerzos de las empresas de la mano de los esfuerzos y política que paralelamente haga el Estado en relación con la población en riesgo o condición de desplazamiento, y que por lo mismo requiere una atención especial y focalizada que hasta el momento encuentran limitaciones, y por lo mismo no es considerada una prioridad para las empresas y sus proyectos sociales de intervención. 2.4.3 Iniciativas de prevención y mitigación en zonas de expulsión y recepción del DFI Iniciativas de prevención y protección en zonas de expulsión En zonas de expulsión, las empresas participan en programas de prevención y protección para reducir el riesgo de desplazamiento de las poblaciones a través de estrategias integrales que buscan generar arraigo y fortalecimiento local que contribuyan y complemente los esfuerzos del Estado para contrarrestar la problemática del conflicto armado a través de: 1) proyectos productivos y generación de ingresos, 2) fortalecimiento del capital humano (relaciones sociales y familiares, y organizaciones sociales), y 3) fortalecimiento institucional. 1) Los proyectos productivos y de generación de ingresos tienen un doble propósito, por una parte promueven proyectos productivos, mejorando su productividad y competitividad, como un mecanismo para mejorar los ingresos, condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de las familias, y por otra parte, incrementan los vínculos y arraigo

de las familias a la zona donde desarrollan los proyectos productivos. En esta línea se desarrollan actividades de: • Formación técnica y acompañamiento, orientada a implementar las buenas prácticas de carácter agrícola, pecuario, y/o agroindustrial que permitan cumplir con estándares competitivos en actividades con viabilidad comprobada, de acuerdo a las demandas del mercado, que puedan generar un crecimiento de su actividad y en consecuencia crear otras oportunidades de empleo en actividades relacionadas, maximizando el impacto de las inversiones. Se abordan temas como infraestructura productiva, sistemas de riego, planes ambientales, diversificación de cultivos, zonas de almacenamiento, medidas sanitarias y manejo de residuos, entre otras. • Formación empresarial para istrar eficazmente cada una de las unidades productivas, gestionando recursos, coordinando esfuerzos entre diferentes actores, utilizando los canales formales y cumpliendo con las obligaciones legales. Se trabajan temas como el fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria, manejo del ingreso, costo y precio del producto, registro contable, capital de trabajo e inversión, competencia en gerencia de negocio, planes de mercadeo, etc.

• Desarrollo social para mejorar las relaciones comunitarias y la calidad vida de las familias. Se trabajan temas de alfabetización, formación en liderazgo, participación ciudadana y gestión social con visión de territorio, apoyo en el mejoramiento de la nutrición, el mejoramiento de dinámicas de salubridad familiar, acompañado con infraestructura comunitaria, lo que permite avanzar en la cohesión social y el desarrollo local entre las comunidades. En su gran mayoría la población beneficiada por este tipo de programas son comunidades campesinas en situación de vulnerabilidad, que se dedican a actividades productivas (producción, transformación y comercialización), a partir de las cuales se estructura y orienta el fortalecimiento organizativo. En esta línea se encuentran proyectos como, por ejemplo, el de desarrollo de comunidades productoras de mora en varios municipios del Valle del Cauca y el de comunidades bananeras en Magdalena y plataneras en el Urabá35 (Ver cuadro 2.5). 2) En cuanto a las iniciativas de fortalecimiento del capital humano (relaciones familiares, sociales y organizaciones sociales) están orientadas a fortalecer a las personas,

CUADRO 2.5 INICIATIVA

DESCRIPCIÓN Desde el 2009, esta alianza entre sector público, privado y la cooperación internacional, donde participa la Fundación Carvajal, ha venido trabajando por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de comunidades vulnerables de los municipios de Tulúa, Trujillo, Calima – Darién y Ginebra, articuladas al encadenamiento productivo de la mora lo que de forma directa e indirectamente beneficia a las familias de los colectivos sociales donde viven. Algunos de los resultados para 2010 fueron:

Fortalecimiento a la capacidad

• 300 familias con mejores ingresos.

institucional para garantizar asistencia a

• 4 Organizaciones de familias productoras han logrado mejores indicadores de asociatividad y empresa

la población desarraigada en Colombia

comunitaria • 300 familias (1.500 personas) han cambiado sus comportamientos, a favor de la disminución de los conflictos intrafamiliares y a nivel de sus colectivos sociales, que generan una mejor dinámica social en armonía comunitaria, así como se han logrado mejores indicadores de salubridad y nutrición en las 300 familias. • Más de 30 jóvenes formados integralmente para desarrollar el relevo generacional, empoderarse y asumir los nuevos roles en la comercialización y gerencia de las organizaciones. Estrategia de desarrollo sostenible que articuló esfuerzos institucionales, entre 2006 y 2010, con la participación de Fudaunibán, Uniban, Augura y Fundación Corbanacol, que permitió a sus beneficiarios acceder a servicios

Alianza para el desarrollo

básicos, generar oportunidades de empleo e ingresos y participar dentro de la cadena de exportación bananera

socioeconómico de la comunidad

y platanera en condiciones equitativas y rentables. Este proyecto fortaleció a 104 famiempresas y mejoró la

bananera del Magdalena y platanera

infraestructura productiva 230 fincas productoras de plátano, manzano y baby; ayudó a 36 productores a

del Urabá

certificarse en la norma Global Gap, a 82 productores a recertificarse y 90 están en proceso de certificación. Se construyó y mejoró 2 obras de infraestructura social y comunitaria; un puente que beneficia a 1.510 familias, y un canal que beneficia a otras 1.925 familias

Ver más casos en el anexo 2.

35



Estas iniciativas fueron identificadas en el marco del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 69

familias y comunidades para que sean ellas gestoras de su propio desarrollo. Se busca el fortalecimiento de la “asociatividad de los individuos y las organizaciones para la conformación de redes y alianzas mediadas por actitudes, normas y valores compartidos”. En este sentido, trabajan temas como la formación en liderazgo, la participación ciudadana y la gestión social con visión de territorio para incrementar las capacidades colectivas. Por otro lado, pretenden aportar elementos de educación para la convivencia y la paz, que contribuyan al desarrollo de capacidades humanas tanto en lo personal y familiar, así como al “empoderamiento de las organizaciones de base a la luz del conocimiento práctico en derechos humanos, derecho internacional humanitario y elementos que les brinden apoyo en la resolución pacífica de conflictos, tanto en sus organizaciones, como en las comunidades de las cuales hacen parte”. Por último, esta línea de proyectos busca también la integración de los distintos actores involucrados en el conflicto: víctimas, posibles responsables y población receptora. Esto con el fin de contribuir a la consolidación de procesos de reconciliación local en curso y la integración apropiada de la población desplazada en las nuevas comunidades receptoras. Para lograr esto se han generado programas encaminados al fortalecimiento de la cohesión social y el desarrollo de capacidades para la conciliación y mediación de conflictos sociales. Un ejemplo dentro de esta línea es el proyecto “Fondo para el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias en los departamentos de Cauca y Valle – Focus”36 (Ver cuadro 2.6).

3) Las iniciativas de fortalecimiento de la institucionalidad local están enfocadas en mejorar la capacidad y funcionamiento de las instituciones públicas con el fin de que puedan ofrecer servicios adecuados de atención y protección para la población vulnerable y en riesgo de desplazamiento. En particular, en temas como el a servicios básicos y la construcción de redes sociales que permitan el adecuado ejercicio de la ciudadanía y el cumplimiento de sus derechos. En esta línea, las empresas trabajan en alianza con entidades públicas, no para reemplazarlas sino para fortalecerlas promoviendo el pleno ejercicio de sus responsabilidades e incrementando su capacidad de articulación para responder con eficiencia y eficacia a las necesidades de las comunidades. Un ejemplo en este sentido es el proyecto de la Red Territorial para el Desarrollo y la Cohesión Social en cuatro municipios de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta37 (Ver cuadro 2.7). Iniciativas de mitigación La iniciativas de mitigación del DFI en las que participan el sector empresarial se enfocan principalmente en contribuir a mejorar la calidad de vida y a la restitución de los derechos vulnerados de la población desplazada que ha retornado a sus lugares de origen (zonas de expulsión), o que se encuentra reubicada y asentada en otros municipios y quieren permanecer en ella e incluso para las que estando en éstas zonas de recepción quieren retornar a sus lugares

CUADRO 2.6 INICIATIVA

DESCRIPCIÓN Fue creado en el 2006 con el propósito de apoyar, cofinanciar y acompañar a organizaciones de base en comunidades pobres rurales de difícil , con baja presencia institucional, dificultades de comunicación y ubicadas en zonas de posible disputa entre actores armados. El proyecto, del que hacen parte las fundaciones Smurfit, EPSA y Corona, busca generar ambientes favorables para el desarrollo, a través de la participación de diversos actores (alcaldías municipales, Universidades, ONGs, otras entidades) que contribuyan a generar capacidades colectivas locales, capital social, valores democráticos que garanticen prácticas participativas

Fondo para el Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias en los departamentos de Cauca y Valle – Focus

e incluyentes, así como habilidades en resolución pacífica de conflictos para aplicar en sus organizaciones y comunidades. Para el periodo 2009 – 2010, el proyecto ha beneficiado a 484 familias directamente y se han fortalecido a las organizaciones en sus áreas de gestión, planeación y istración, así como en su capacidad para realizar redes y alianzas, lo que les ha permitido movilizar otros recursos nacionales e internacionales. El 100% de las organizaciones ha afianzado sus valores democráticos, lo que se traduce en mayor participación al interior de las organizaciones, actuación bajo normas de respeto y toma de decisiones democráticamente. Así también, el 50% de las organizaciones han incrementado su participación en escenarios públicos, lo que muestra su capacidad para participar en la agenda y en las políticas públicas. Por otra parte, el 60% de las familias dentro del proyecto han logrado mejorar sus ingresos y su patrimonio (entre un 15 y 20%) y el 100% de las organizaciones han incrementado su patrimonio en un 35%.

Ver más casos en el anexo 2.

36

Ibíd.

70 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

CUADRO 2.7 INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

REDECS. Red Territorial para el

Busca el apoyo y fortalecimiento de instituciones públicas locales como eje central que contribuya al

Desarrollo y la Cohesión Social:

restablecimiento de un entorno propicio al desarrollo social y económico local, que permita la convivencia, el

Instrumentos y acciones para el

respeto mutuo y el incremento de la cohesión social en la región. Este proyecto empezó a desarrollarse en el

restablecimiento y la integración

2008 y ha permitido aumentar la cohesión social, mejorar el a los servicios básicos (salud, educación,

socioeconómica de las comunidades

asistencia psico-social, agua potable y saneamiento, vivienda) a al menos 250 familias, así como incrementar

afectadas por la violencia y el desarraigo

los ingresos de 350 familias y mejorar la seguridad alimentaria de 150 familias indígenas. Esto como resultado

en cuatro municipios de la región de la

de una mayor atención de calidad y la interacción efectiva de la comunidad con las entidades estatales y de

Sierra Nevada de Santa Marta

gobierno local para defender sus derechos y lograr un desarrollo sostenible.

Ver más casos en el anexo 2.

de origen (zonas de recepción). Sin embargo, es en los lugares de recepción donde se concreta el mayor número de iniciativas de mitigación del sector empresarial dirigidas a o que involucran a población desplazada. Lo hacen a través de estrategias que incluyen el fortalecimiento empresarial, empleo y generación de ingresos, capacitación, fortalecimiento institucional y comunitario, y el a servicios básicos. 1) La generación de ingresos, capacitación ocupacional y fortalecimiento empresarial son algunos de los temas en las que se encuentra mayor participación de actores empresariales. Teniendo en cuenta los retos que tiene el Estado para avanzar en estos temas, esta línea de acción representa una de las oportunidades más importantes que tiene el sector empresarial para contribuir a la solución de uno de los componentes clave para la superación de la condición de desplazamiento y la situación de crisis humanitaria. Estos proyectos, al igual que los mencionados en la dimensión de prevención y protección, buscan la estabilización socioeconómica de la población vulnerable y desplazada a través del mejoramiento de los ingresos y la generación de empleo, con la potencialización de sus capacidades laborales y técnicas, además de la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, empresas, micro empresas y/o unidades productivas. Los proyectos de este tipo que están ubicados en zonas de expulsión buscan generar oportunidades familiares para, mejorar la calidad de vida de las familias y así reducir la generación de desplazamientos, atender a la población retornada, e incentivar el retorno de las familia que han emigrado. Sin embargo, los procesos de apoyo a pobla-

37

ción retornada requieren coordinar esfuerzos de diversas entidades públicas y privadas, así como de la movilización de grandes recursos, lo que dificulta su ejecución. Adicionalmente, los proyectos de generación de ingresos buscan la autosuficiencia y la recuperación del tejido socioeconómico, por medio del desarrollo de las comunidades o del entorno económico de determinado territorio, a través de la formación técnica y humana de las personas de la comunidad, con el fin de generar nuevas oportunidades de trabajo y con esto estimular el progreso y desarrollo en un lugar determinado. La mayoría de éstas iniciativas se dirigen prioritariamente a campesinos, pero también se enfocan en mujeres, indígenas y jóvenes. Generalmente éstas iniciativas van complementadas con programas de a servicios básicos de educación, salud, ayuda psicológica y vivienda para lograr programas de atención integral a la población objetivo. En esta línea se pueden mencionar el proyecto de la “Federación Nacional de Cafeteros Comité Regional Nariño y Acción Social”, y el “Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado”38 (Ver cuadro 2.8). En zonas de recepción las iniciativas empresariales en estos temas buscan la generación de nuevas competencias y capacidades, o el fortalecimiento y potencialización de las capacidades y habilidades ya existentes en las personas desplazadas y vulnerables, con el fin de facilitar la inserción laboral de éstas en sus nuevos lugares de ubicación. En este sentido, las iniciativas pretenden capacitar a las personas en áreas específicas demandadas por las empresas para garantizar su vinculación laboral, además de desarrollar habilidades tanto técnicas como humanas para facilitar

Ibíd.

38



Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 de este informe. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de la Fundación Semana y sus aliados, así como al proyecto Desarrollo de una estrategia de trabajo en construcción de paz desde el sector empresarial en Colombia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la financiación del Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR), 2009 - 2011. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 71

CUADRO 2.8

INICIATIVAS DE MITIGACIÓN EN TEMAS DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y OPORTUNIDADES LABORALES

ZONA DE IMPLEMENTACIÓN

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN Alianza público-privada que busca la renovación de cafetales (semilleros y almácigos), mejoramiento de equipo e infraestructura productiva y de descontaminación de fincas cafeteras de los beneficiarios del programa de atención a la Población Desplazada en los municipios de Albán, Buesaco, El Tablón

Federación Nacional de

de Gómez y San Bernardo en el departamento de Nariño. El Comité Departamental de Cafeteros de

Cafeteros Comité Regional

Nariño propone un proyecto de recuperación de la caficultura, como base para el mejoramiento de las

Nariño y Acción Social

condiciones de vida de 91 familias productoras de café, en los municipios ya mencionados, mediante el incremento y consolidación de la calidad del café, el mejoramiento de la infraestructura de beneficio y secado del café, en las fincas cafeteras para el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, económicas, con asistencia técnica y capacitación requeridos. La iniciativa tiene un enfoque integral que contempla la recuperación de los diferentes aspectos destruidos por la violencia. En este sentido, se contemplan temas como la seguridad y presencia de las instituciones estatales, la restitución de tierras, la reconstrucción de la infraestructura física como vías y vivienda, acompañados por programas de desarrollo económico y la generación de ingresos, de salud, educación, desarrollo comunitario y reconstrucción del tejido social con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la comunidad y generar condiciones propicias para el retorno. Esta iniciativa que surgida en 2009, desde el sector privado, en cabeza de la Fundación Semana, ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado en una gran alianza público – privada de más de 70 instituciones, con el objetivo de generar un modelo de

Zona de Expulsión

intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos. La iniciativa combina el acompañamiento e intervención con proyectos sociales y económicos, articulando los esfuerzos del Estado, sector empresarial y otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de poblaciones Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado

que han sido víctima de la violencia como es el caso de la comunidad de El Salado, quienes en febrero de 2000, fueron víctimas de una masacre que dejó 66 personas muertas y 600 familias desplazadas en el corregimiento y sus alrededores. A la fecha gracias al apoyo de esta iniciativa se ha logrado: • El retorno de más de 1000 personas hasta el 2011 • Reactivación económica y social • Mejoramiento y construcción de 118 viviendas • Proyecto de microcréditos para 49 nuevos negocios y un proyecto porcícola que beneficia a 10 familias • Inicio de construcción del alcantarillado y la construcción de la casa de la cultura • Reconstrucción del Centro Educativo • Construcción del Centro de Salud • Construcción de nuevo Polideportivo • Instalación de una Sala de Sistemas • Inicio de proyecto de patios productivos para mejorar nutrición • Intervención para mejorar vía de • 100 hectáreas donadas para actividades productivas que benefician 35 jóvenes • 300 hectáreas para entregar a 63 familias

Cien años, cien mujeres. Belleza por un Futuro Alternativas de generación de ingresos y empleo para población desplazada y vulnerable de las localidades de Bosa y Kennedy

Zona de Recepción

Impulsado por la empresa L´Oreal, que pretende capacitar a 100 mujeres colombianas, pertenecientes a fundaciones que atienden población desplazada, vulnerable, madres solteras o violentadas, en procesos de coloración, corte, peinado, manicure y pedicure. Está enfocada en 200 familias donde se incluyen mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, afrocolombianos, personas mayores, discapacitados, 70% en condición de desplazamiento y 30% en condición de vulnerabilidad para ayudarles a desarrollar y potenciar competencias y habilidades personales, fortalecer el tejido familiar y comunitario, y lograr restablecerse socioeconómicamente.

Alianza entre la ANDI, la

Apoyar a madres cabeza de familia y desplazados que residen en el sector de Caimalito -zona rural de

Alcaldía de Pereira y la

Pereira en la fabricación, comercialización y distribución de productos en fibra de vidrio, para el sector

Gobernación de Risaralda

automotor, primero con capacitación y luego abriendo espacios para la comercialización. Liderado desde el 2010, por Fundaunibán40, en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), con el fin de contribuir a la estabilización socio-económica y mejoramiento de la calidad de vida de la población

Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta

desplazada, por medio del fortalecimiento y mejora en la oferta integral de servicios (generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria). Es una alianza público-privada de la que participan USAID, FUPAD y Fomipyme, entidades que aportan los recursos necesarios para la financiación y sostenimiento del proyecto, mientras y el sector empresarial en cabeza de Fundaunibán diseña el proyecto y se encarga del funcionamiento del mismo. Esta iniciativa focaliza la atención de población desplazada en una de las principales ciudades de recepción a nivel nacional, beneficiando a 200 familias, entre mujeres, hombres, campesinos y grupos étnicos.

Ver más casos en el anexo 2.

su al mercado laboral formal, logrando mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. Otro de los objetivos de esta clase de iniciativas es el cambio de habilidades, ya que entre la población desplazada hay vocación principalmente agrícola, es necesario un proceso de generación de nuevas capacidades para dotar a estas personas con habilidades que les permitan una fácil inserción laboral en las ciudades o lugares de reubicación. En esta línea se encuentran proyectos como: “Cien años, cien mujeres. Belleza por un Futuro”, el proyecto de “Alternativas de generación de ingresos y empleo para población desplazada y vulnerable de las localidades de Bosa y Kennedy”, la alianza ANDI, Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, y el Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta39 (Ver cuadro 2.8). En las zonas de recepción, las iniciativas de mitigación donde participa el sector empresarial, tienen como objetivo contribuir a la restitución de los derechos vulnerados, una vez se ha superado la fase de atención humanitaria de emergencia, y generar condiciones que favorezcan la estabilización socioeconómica de las familias para la superación de la condición de vulnerabilidad y desplazamiento. En este sentido, desarrollan iniciativas con componente similares a los de los programas de mitigación en zonas de expulsión como

son el fortalecimiento de políticas e instituciones públicas para la atención, y del capital humano, la participación en procesos de atención, y la promoción de proceso de retorno, entre otros, pero atendiendo las necesidades particulares que tiene la población desplazada en las zonas de recepción para lograr una adecuada incorporación a los lugares de reubicación (formación ocupacional, desarrollo de capacidades de conciliación y mediación de conflictos sociales, apoyo a procesos de integración y reconciliación social) o estimulando condiciones para su retorno a los lugares de origen. En relación con la promoción y apoyo a procesos de retorno se buscan generar condiciones para que las personas víctimas del desplazamiento forzado, que así lo deseen, tengan la oportunidad de retornar a sus lugares de origen. Generalmente son proyectos que pretenden estimular los procesos de retorno, por medio de la generación de incentivos y condiciones en el lugar de retorno como el caso del proyecto “Energía para el Retorno”41 (Ver cuadro 2.9). 2) En cuanto a generación y fortalecimiento de políticas, modelos e instituciones públicas se encontraron iniciativas y proyectos dirigidos a crear nuevos modelos, fortalecer entidades y políticas públicas que protejan los derechos en especial riesgo de vulneración y que mejoren los procesos de atención y a sus derechos de la población vulnerable y en situación de desplazamiento. En este sentido, se

CUADRO 2.9 ZONA DE IMPLEMENTACIÓN

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN Esta iniciativa es impulsada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) a partir de 2008, en municipios de la Cuenca del Nare en el Departamento de Antioquia (Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco), con el propósito de mejorar las condiciones de vida durante el retorno de la población en condición de desplazamiento, por medio de la condonación y financiación de deudas a las familias desplazadas, así como la reactivación de la prestación del servicio. “Energía para el Retorno“ es una alianza público-privada, donde EPM trabaja con organizaciones gubernamentales

Zona de Expulsión

Energía para el Retorno

como la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno del Municipio la Personería Municipal y la comunidad. Hasta la fecha se ha logrado: • Normalización 1.550 instalaciones en los municipios intervenidos • 650 nuevas instalaciones • Impactó a 205 familias en el 2008 • 102 condonaciones de deuda entre 2009 – 2010 • Entre 2009- 2010 se financió a 96 familias

Ver más casos en el anexo 2 del informe final.

39



Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 de este informe. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), durante la elaboración del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010.



Fundación Social de Uniban S.A, que es la Unión de Bananeros de Urabá.



Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 de este informe. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de

40 41

las Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la elaboración de este estudio. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 73

desarrollan estrategias que permitan mejorar la capacidad de las instituciones públicas en la generación de condiciones de vida dignas para la permanencia de la población en el lugar de reubicación o retorno, así como se busca fortalecer las instituciones públicas y organizaciones privadas responsables del diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas públicas. En esta línea se encuentran iniciativas como “Empresarios Sin Indiferencia”, “Raíces Nuevas”, el proyecto de

CUADRO 2.10

“Reformulación y/o actualización del Plan Integral Único de atención a población en situación de desplazamiento”, y el proyecto de “Acompañamiento de familias de niños y jóvenes con discapacidad en situación de desplazamiento”42 (Ver cuadro 2.10).

2.5 Retos del sector empresarial y el DFI Tanto la prevención del desplazamiento como la atención a la población desplazada encierran retos para el sec-

INICIATIVAS DE MITIGACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO

ZONA DE IMPLEMENTACIÓN

INICIATIVA

DESCRIPCIÓN Estas dos iniciativas articularon esfuerzos públicos y privados entre el 2007 y el 2009, donde participaron varios actores empresariales y cooperación internacional, con el objetivo de desarrollar un modelo de atención a nivel distrital (Bogotá) para la población desplazada en proceso de estabilización en Bogotá. En ese sentido, Empresarios Sin Indiferencia desarrolló un modelo de generación de ingresos estables para 700 personas desplazadas y 300 jóvenes en riesgo de violencia y delincuencia de la ciudad de Bogotá, a través de la tercerización de algunos de sus procesos y del desarrollo de actividades de formación, acompañamiento y asesoría conducentes a la conformación de microempresas asociativas e individuales sostenibles. Como resultado de este proyecto se logró el montaje y funcionamiento por más de 12 meses del 75% de las iniciativas y se establecieron 14

Zona de Recepción

Empresarios Sin Indiferencia Raíces Nuevas

microempresas. Raíces Nuevas por su parte, buscó contribuir al restablecimiento de los derechos vulnerados y a la integración comunitaria de la población desplazada que deseaba establecerse permanentemente en Bogotá. En este caso las acciones se orientaron a incrementar el capital humano y se centran en el fortalecimiento de los procesos de integración de comunidades receptoras y desplazadas para mejorar su capacidad de gestión y negociación técnica y política; consolidando ciudadanía (deberes y derechos); desarrollando capacidades para la conciliación y mediación de conflictos sociales y generando un modelo de atención innovador y novedoso que permita fortalecer a las instituciones públicas y privadas. De este proyecto se logró que más de 4000 familias desplazadas tuvieran garantizado a servicios básicos, gracias a la integración entre los actores estratégicos del distrito capital y las organizaciones privadas que intervinieron como instituciones sociales, representativas, transparentes, eficientes, responsables y abiertas permanentemente, al escrutinio, fiscalización e intervención de los ciudadanos. Propone una metodología de construcción participativa del Plan Integral Único de atención a

Zona de Recepción

Reformulación y/o

población en situación de desplazamiento en Bogotá (PIU) para hacer de este una herramienta de

actualización del Plan

planificación, gestión, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos diseñados para

Integral Único de atención

la protección de las personas desplazadas de tal forma que permita garantizar el goce efectivo de

a población en situación de

derechos, la articulación de acciones intersectoriales y territoriales, y la construcción de condiciones

desplazamiento

de paz para avanzar en soluciones duraderas al desplazamiento. Este proyecto está enfocado en la comunidad desplazada en general y genera beneficios para más de 1000 personas en Bogotá D.C. Alianza entre la Fundación Saldarriaga Concha, el ICBF y la Red de Liliane Fonds para diseñar e

Zona de Recepción

Acompañamiento de

implementar una estrategia de atención y acompañamiento que hasta 2010 había beneficiado a 715

familias de niños y jóvenes

familias de niños y jóvenes con discapacidad en situación de desplazamiento, y que se constituye en

con discapacidad en

una propuesta para el fortalecimiento, y empoderamiento de las familias a nivel individual, familiar y

situación de desplazamiento

social a partir de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, en un grupo poblacional de especial vulnerabilidad como son los discapacitados de familias desplazadas.

Ver más casos en el anexo 2.

42



Estas iniciativas fueron identificadas en el marco del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010.

74 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

tor empresarial, especialmente para aquellas empresas que operan en zonas de expulsión o en zonas de recepción de población desplazada. En ambos casos, el sector empresarial tiene el reto de generar un entorno sostenible para sus operaciones, lo que implica, entre otras cosas, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de quienes viven en sus zonas de influencia y construir una licencia o legitimidad social para operar. Esto, al mismo tiempo, incluye acciones e iniciativas que pueden contribuir a mitigar los efectos del desplazamiento forzado interno. En zonas de expulsión, las operaciones empresariales enfrentan diversos riesgos. En estos contextos, donde la presencia institucional es débil, hay accionar de actores armados al margen de la ley y las redes sociales están fragmentadas, la actividad empresarial puede contribuir –advertida o inadvertidamente– a exacerbar factores que contribuyen al desplazamiento forzado. De igual forma, las empresas que operan en estos contextos corren el riesgo de ser víctimas de ataques, amenazas y extorsiones, ser obligados a colaborar con actividades ilegales; o, en otros casos, ser señalados – justificada o injustificadamente – de promover la violencia y la violación de los derechos humanos de la población local. Por ejemplo, generalmente las zonas de expulsión son territorios en disputa por los actores ilegales y con frecuencia las comunidades locales han sido despojadas de sus tierras, lo que hace difícil identificar la propiedad y titularidad de las mismas y por lo tanto su utilización y comercialización. Esto, impone enormes riesgos y retos para las empresas que operan en tales zonas y, entre otras cosas, deben adquirir predios. Por otra parte, las condiciones de inseguridad, vulnerabilidad social y desconfianza de estas zonas imponen restricciones para acceder a mano de obra, insumos y servicios. El sector empresarial puede contribuir a disminuir este tipo de riesgos y en alguna medida manejarlos, a través de iniciativas y estándares de comportamientos que contribuyan y complementen los esfuerzos del Estado a la prevención y mitigación de situaciones que se asocian con el DFI. Por ejemplo, puede participar en iniciativas orientadas a estimular el arraigo en las comunidades locales o a promover el retorno de la población. De igual forma puede adelantar iniciativas que busquen evitar la vinculación involuntaria de la empresa con la violación de derechos humanos. En este sentido, como mecanismos preventivos las empresas pueden apoyar procesos locales de fortalecimiento institucional y desarrollo socioeconómicos de las comunidades, adoptar estándares de comportamiento atentos a los derechos humanos, hacer el seguimiento a las actividades empresariales que se realizan en la zona, informarse pre-

viamente sobre las condiciones de las zonas y los predios para tomar las precauciones y medidas necesarias que eviten la generación o legitimación voluntaria o involuntaria del desplazamiento forzado en sus zonas de operación. En zonas de recepción y como se mencionó anteriormente, el DFI tiene impactos negativos importantes. Estos impactos, en muchos casos afectan o incluso pueden hacer insostenibles las operaciones de las empresas en las zonas. En este sentido, en la tarea de mejorar su entorno de operación, el empresariado también puede contribuir a la atención de estas problemáticas, a través de iniciativas de fortalecimiento y apoyo a las comunidades en riesgo y especialmente aquellas que se encuentran en condición de desplazamiento. El reto aquí está en contribuir a los procesos de reubicación, estabilización y retorno, con proyectos e iniciativas de mediano y largo plazo, de atención integral que tenga en cuenta las condiciones locales y los intereses, habilidades y necesidades de las poblaciones afectadas. En este sentido se destacan aspectos como vivienda digna, generación de ingresos y proyectos productivos. La participación del sector empresarial en este tipo de iniciativas, además, enfrenta el reto de evitar la generación de relaciones de dependencia y paternalistas o, incluso, de incentivos perversos para otras poblaciones. En este sentido, la tarea del sector empresarial también incluye contribuir en la generación de capacidades locales autosostenibles.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 75

3. Observaciones finales Los hallazgos de este estudio contribuyen a una mejor comprensión de las oportunidades que tiene y los retos que enfrenta el sector empresarial en la tarea de generar entornos sostenibles para la operación empresarial en el país y de cara a fenómenos como el DFI. De él se derivan, también, recomendaciones para el sector empresarial y para el sector público, en aras de incrementar el potencial de participación de las empresas que operan en el país en iniciativas relacionadas con la prevención y mitigación del DFI. Para comenzar, el estudio arroja resultados que contribuyen a una mejor comprensión de la relación entre operación empresarial y DFI en el contexto colombiano. En este sentido las páginas anteriores muestran que: • Existen vínculos que relacionan al sector empresarial con el DFI, tanto en zonas de expulsión como en zonas de recepción. Estos vínculos pueden presentarse en tres formas básicas o categorías, como una relación de: generación, prevención o mitigación, dentro de las cuales pueden ser clasificados los diferentes tipos de vínculos observados. • Los vínculos, tanto en contribuciones a la generación del DFI como a iniciativas de prevención y mitigación, no es generalizable a las demás empresas de las regiones o de los sectores involucrados. • La relación entre operación empresarial y DFI no es necesaria, evidente, ni automática. El DFI es un fenómeno complejo y multi-causal en el que la presencia del sector empresarial puede o no tener incidencia, y donde las experiencias y trayectorias individuales de las organizaciones y de sus dueños y gerentes juegan un papel importante. En este sentido, no se puede establecer una relación de causalidad necesaria entre actividad empresarial y DFI. • Las denuncias sobre contribución del sector empresarial al DFI incluyen casos de acción y de omisión por parte de las empresas. Más allá de la culpabilidad que se pueda demostrar judicialmente, estos casos son una muestra de que existen altas expectativas respecto a la responsabilidad social de las empresas, que, además están estrechamente ligadas a la construcción de una licencia social para operar. • Siguen siendo escasas las iniciativas de prevención y mitigación del DFI en que se vincula el sector empresa-

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rial frente a las altas expectativas existentes respecto al compromiso que se espera tengan las empresas en el respeto de los derechos humanos en un contexto de alta complejidad como el colombiano. El Estado colombiano es el principal responsable de prevenir y resolver la crisis de los desplazados internos, y en esa medida, es su obligación definir políticas claras e incentivos económicos y políticos para proteger a la población de los riesgos que conducen al DFI, contar con estrategias y asignar recursos para la prevención, mitigación y superación del DFI, así como establecer mecanismos claros para convocar, estimular la participación y garantizar el acompañamiento del sector empresarial en iniciativas ligadas al DFI. El sector empresarial, por su parte, tiene una importante responsabilidad frente al DFI en adoptar todas las “políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancia” (Ruggie, 2011)43 para evitar que sus operaciones generen (directa o indirectamente) el DFI de poblaciones, o que independientemente de ello puedan contribuir a su prevención o mitigación. En términos generales existe poca conciencia entre el sector empresarial, sector público y otras instituciones de la sociedad, sobre la magnitud del DFI y su relevancia para la construcción de paz. Ligado a esto, cabe subrayar el poco conocimiento que hay entre el sector empresarial sobre el fenómeno del DFI y el impacto que sus operaciones pueden tener en él. Al indagar por percepciones y expectativas de otros actores sobre la posible participación de las empresas en temas de DFI, sobresale el desconocimiento, que tienen actores públicos y sociales, sobre la diversidad del sector empresarial en términos de tamaños y sectores, así como de posibles impactos en el DFI y capacidades para actuar frente a este fenómeno.

Por otra parte, es necesario resaltar que las iniciativas desarrolladas hasta el momento si bien, son escasas, pueden mejorarse, ampliarse y profundizarse y son ejemplo de la contribución que, a partir de su propia capacidad y experiencia, hace y puede hacer el sector empresarial en temas de prevención y mitigación ligados al DFI. Llama además la atención que muchas de estas iniciativas son el resultado de un esfuerzo de coordinación multiactor y multitemático

Principio 15 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Para que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos se espera que estas cuenten con: un compromiso político, un proceso de diligencia debida y un proceso que permita reparar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar (Ruggie. 2011).

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que apuntan a resolver parcial o integralmente, algunos de los componentes claves de la política pública para la prevención, mitigación y estabilización de la población en riesgo o en condición de desplazamiento, enfocándose en poblaciones en situación de vulnerabilidad en zonas rurales y urbanas donde tiene lugar esta problemática y donde tienen alcance las actividades de las empresas. Estas iniciativas, a su vez, muestran cómo en la tarea de generar entornos sostenibles para su operación, al mismo tiempo el sector empresarial puede contribuir a la solución de problemas como los ligados al DFI, y que resultan críticos para la construcción de una paz sostenible en Colombia, como al dedicar esfuerzos para que su operación no termine contribuyendo (directa o indirectamente) con actores o acciones que incentiven el conflicto armado, y por el contrario, si ayuden a través de programas de apoyo a reducir los impactos de éste y estimular las tareas y procesos que lleven a su superación. Las experiencias de trabajo alrededor de estas iniciativas, además dan cuenta de desafíos, lecciones aprendidas y retos que se deben tener en cuenta a la hora de pensar en acciones desde el sector empresarial frente al DFI. Algunos de los principales desafíos son: • Contar con una orientación clara desde el Estado sobre los incentivos y límites para la actividad empresarial en zonas donde hay alto riesgo de vulneración de los DDHH de la población, así como sobre los temas, apoyos y modalidades específicas donde requiere que el sector empresarial contribuya a la política de prevención y protección del DFI. • Coincidir y coordinar con la estrategia del Estado, y lograr la participación y acompañamiento en los proyectos, que evite la duplicidad y desorientación de los esfuerzos realizados. • Trabajar en zonas apartadas y de conflicto, donde la débil presencia institucional y la convivencia con los actores armados impone riesgos de seguridad tanto para las poblaciones como para las entidades que desarrollan los proyectos. Lo que dificulta el funcionamiento y sostenibilidad de los mismos. • Diseñar programas de construcción de paz sostenibles en medio del conflicto, que eviten la generación de incentivos perversos para las comunidades. • Desarrollar proyectos de apoyo complementarios a las funciones del Estado sin reemplazarlo y sin caer en el asistencialismo, en contextos donde la institucionalidad es débil y hay un sinnúmero de necesidades y profundos vacíos en la atención a la población vulnerable.

Así también se identificaron algunas lecciones aprendidas que pueden contribuir al mejoramiento de resultados e incrementar el impacto de este tipo de proyectos, tales como: • Diferenciar el rol del sector empresarial y del sector público, dejando claro que las iniciativas implementadas desde el sector empresarial no reemplazan las funciones del Estado. Al contrario, este tipo de iniciativas buscan el involucramiento y fortalecimiento del trabajo que hace parte de las funciones del Estado. En este sentido, es fundamental la generación de alianzas y la definición de corresponsabilidades con las entidades públicas locales para que se involucren en las iniciativas, y permita en el mediano plazo fortalecer relaciones de confianza y credibilidad entre el Estado y la sociedad civil, además de propiciar una apertura transparente y participativa para la generación de políticas públicas alrededor del DFI. • Informarse y reconocer previamente las características de la zona y población a intervenir para generar iniciativas que efectivamente correspondan con las necesidades y capacidades del lugar. • Teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad afectan la implementación y éxito de los proyectos, es importante que en aquellas zonas donde las comunidades están en riesgo permanente de desplazamiento forzado por el conflicto armado, las iniciativas desarrollen acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones locales de seguridad, el empoderamiento y la generación de capacidades sociales e institucionales dentro de estas comunidades. • Prever los tiempos y metodologías de los proyectos de manera flexible, ya que en las regiones los tiempos son distintos a los que se manejan en las ciudades y las empresas, y los procesos de ejecución suelen tomar más tiempo de los proyectados. En este sentido, es importante contar con un plan de acción que pueda adaptarse a las condiciones de la población y el lugar objetivo, de tal forma que permita alcanzar los objetivos del mismo. • Acercar y vincular a la población objetivo, así como a las organizaciones que trabajan en la zona en los procesos de planeación, construcción e implementación del proyecto, pues son ellos los que mejor conocen a la gente y su cultura, así como las oportunidades y dificultades de la zona para la ejecución del proyecto. Del involucramiento y apropiación por parte de la población objetivo y organizaciones dependerá la continuidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. • Generar procesos de diálogo con los diferentes actores que hacen parte del proyecto, y con las organizaciones

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locales para identificar previamente las fortalezas y debilidades de cada uno, así como soluciones a posibles dificultades que aparezcan en el camino, de tal manera que se faciliten los procesos de coordinación y articulación de actividades. • Identificar otras intervenciones que se estén implementando en la zona, para evitar la sobre intervención en las familias y la duplicidad de esfuerzos que en ocasiones se concentran en algunas poblaciones y regiones específicas, y así identificar poblaciones o necesidades desatendidas para redireccionar y maximizar el uso e impacto de los recursos destinados a estas iniciativas. • Desarrollar estrategias de acompañamiento y evaluación durante y después de la implementación del proyecto para corregir y hacer los ajustes necesarios que garanticen el éxito del proyecto y alcanzar el impacto esperado. Las iniciativas descritas en este estudio muestran algunos avances y dejan ver un enorme potencial por explorar y desarrollar en relación a la generación de alternativas que desde el sector empresarial contribuyan a resolver situaciones ligadas al DFI. En este sentido, es necesario incrementar los esfuerzos realizados hasta el momento, lo que requiere el compromiso decidido tanto de instituciones públicas, de organizaciones sociales nacionales e internacionales, de la cooperación internacional y del sector empresarial. En este sentido, entre los retos que tiene el sector empresarial cabe mencionar: • Demostrar su responsabilidad social en el respeto de los derechos humanos garantizando su compromiso político, la implementación de procesos de diligencia debida y diseño de estrategias que permitan reparar las consecuencias negativas que hayan provocado o contribuido a provocar (Ruggie, 2011). • Concientizarse de las dimensiones y características del fenómeno del desplazamiento y sus consecuencias para la actividad empresarial tanto en zonas de expulsión, como en zonas de recepción. En este sentido resulta vital la generación de más y mejores estrategias de análisis y manejo de riesgos, impactos y oportunidades, que permitan, de manera atenta a los derechos humanos, tener una mejor comprensión del entorno de operación y focalizar las intervenciones. De igual forma, puede buscar una mayor focalización en la población en riesgo o en situación de desplazamiento y desarrollar iniciativas que contemplen los diferentes factores que inciden en este fenómeno y sus efectos, para así apor-

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tar a la prevención, atención integral y estabilización socioeconómica de la población desplazada. • Apoyar al Estado en el proceso de fortalecimiento institucional y complementar los esfuerzos dentro de componentes débiles de la política pública que estimule la presencia y acción institucional que respalden y protejan la actividad empresarial en sus zonas de operación. En este sentido, el sector empresarial tiene la oportunidad de utilizar su potencial y fortaleza para aportar en componentes claves del proceso de estabilización socioeconómica, como la generación de alternativas para vivienda, empleabilidad, a tierras y apoyo a procesos de arraigo y retorno a los lugares de origen. • Participar en proyectos de mediano y largo plazo que involucren a las entidades estatales y comunidades receptoras, generando capacidades locales para su apropiación, de tal forma que no se generen relaciones de dependencia, actitudes asistencialistas, ni incentivos perversos.

Recomendaciones Partiendo de la base de que es el Estado, y no así las empresas, quien está obligado jurídicamente a proteger, sancionar y remediar situaciones y actores que atenten contra los derechos humanos, las empresas tienen la responsabilidad de tomar las medidas necesarias y adecuadas para garantizar su respeto. En ese sentido, este estudio propone algunas recomendaciones tanto para el Estado como para las empresas de tal forma que sirvan de punto de partida para un involucramiento efectivo del sector empresarial en la prevención, mitigación y atención de situaciones ligadas al DFI, como parte de su obligación de respetar y contribuir al respeto de los derechos humanos. Para evitar que las empresas contribuyan al DFI El Estado debe: • Informar con claridad lo que se espera de las operaciones empresariales desarrolladas en Colombia y el respaldo institucional con el que cuentan para garantizar el respeto de los DDHH, y la prevención del DFI en el país (Principio Rector No. 2, Ruggie, 2011). • Adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos de las empresas a los DDHH, mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia (Principio Rector No. 2, Ruggie, 2011). • Hacer seguimiento a actividades empresariales, en particular en zonas con DFI (Principio Rector No. 5, Ruggie, 2011).

• Evaluar la legislación y los estímulos a planes de inversión que puedan generar incentivos perversos en las zonas (Principio Rector No. 4 y 9, Ruggie, 2011). • Estimular entre las empresas la difusión de sus esfuerzos para respetar, proteger y mitigar el impacto de sus operaciones en el DFI (Principio Rector No. 3, Ruggie, 2011). Las empresas pueden: • Reconocer, incorporar y difundir su responsabilidad y compromiso en el respeto de los DDHH, y específicamente en lo ligado a la prevención del DFI, dentro de las políticas y operaciones de su empresa (Principio Rector No. 16, Ruggie, 2011). • Consultar y atender las recomendaciones del Estado frente a los riesgos de DFI, especialmente en zonas afectadas por el conflicto. • Hacer análisis integrales y periódicos del entorno de operación sensible al DFI y adoptar las medidas necesarias para su atención. Lo que implica contemplar el DFI y los elementos que contribuyen a este dentro de sus análisis de riesgos e impactos, y tomar las precauciones necesarias para evitar contribuir – advertida o inadvertidamente – a exacerbar factores ligados al DFI (Principio Rector No. 13, Ruggie, 2011). • Desarrollar iniciativas y estándares de comportamientos que contribuyan a la prevención de situaciones que se asocian con el DFI. • Observar la debida diligencia de cara al DFI (Ej. en adquisición de predios) (Principio Rector No. 17, Ruggie, 2011). • Hacer seguimiento y consultar el impacto de sus operaciones en el entorno de cara al DFI, así como evaluar la eficacia de las medidas implementadas para hacer los ajustes y correctivos pertinentes.

nes aprendidas y experiencias de trabajo en iniciativas similares. Para fortalecer la participación empresarial en mitigación El Estado debe: • Diseñar y desarrollar iniciativas que respondan efectivamente a las condiciones locales y particularidades de las poblaciones afectadas. • Identificar diferentes formas de intervención para las diferentes manifestaciones y formas del DFI; así como aproximaciones ajustadas a diferentes tipos de empresas y actividades empresariales. • Diseñar estrategias de atención con propuestas claras y concretas para que el sector empresarial pueda participar. Para fortalecer la participación empresarial en prevención y mitigación Las empresas pueden: • Entender las lógicas de las zonas y poblaciones objetivos, en el diseño y ejecución de iniciativas. • Incluir el DFI dentro de sus objetivos y programas de responsabilidad social empresarial. • Identificar estrategias con resultados validados y retomar lecciones aprendidas de experiencias similares. • Trabajar de la mano de otros: - Buscar aliados y socios con objetivos comunes - Buscar asesoría de quienes tienen experiencia en los temas y en las zonas • Apoyarse en aquellos aspectos en los que el sector empresarial tiene experiencia y capacidad. • Participar en proyectos e iniciativas de atención integral con alcance de mediano y largo plazo.

Para fortalecer la participación empresarial en prevención de situaciones de DFI El Estado debe: • Diseñar políticas públicas claras que promuevan dentro del sector empresarial la protección, prevención y mitigación del DFI. • Colaborar, asistir y acompañar a las empresas desde las etapas tempranas de la operación en la identificación de los riesgos potenciales para los DDHH asociados a sus operaciones para su adecuada evaluación y tratamiento (Principio Rector No. 7, Ruggie, 2011). • Desarrollar estrategias de aproximación al sector empresarial y de trabajo con él, teniendo en cuenta leccio-

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4. Casos documentados de participación del sector empresarial en programas de atención del desplazamiento forzado interno (DFI) 1. Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado Resumen En febrero de 2000, el corregimiento de El Salado fue el escenario de una masacre que dejó 66 personas muertas y 600 familias desplazadas en el corregimiento y sus alrededores. Nueve años más tarde, en 2009, con el retorno de un número importante de personas, se crea el Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado, una iniciativa surgida desde el sector privado, en cabeza de la Fundación Semana, que ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado en una gran alianza público – privada de más de 70 instituciones, con el objetivo de generar un modelo de intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos. La iniciativa combina el acompañamiento e intervención con proyectos sociales y económicos, articulando los esfuerzos del Estado, sector empresarial y otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de poblaciones que han sido víctimas de la violencia como es el caso de la comunidad de El Salado. De igual manera, esta iniciativa es una alianza innovadora que tiene como propósito mitigar los impactos y consecuencias del conflicto en comunidades víctimas y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, elemento que ha sido poco trabajado por el sector empresarial. Esta iniciativa es una alianza de múltiples actores (Estado, empresas, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, y comunidades) unidos en torno a un mismo objetivo. En esta, cada actor aporta sus capacidades y fortalezas (experiencia, conocimientos y recursos) con miras a desarrollar e implementar un modelo de intervención integral y participativo donde se abordan temas de infraestructura, educación, salud, generación de ingresos y reactivación económica, desarrollo comunitario y seguridad. Todo esto con el fin de brindar soluciones sostenibles a los problemas y necesidades que afectan a esta comunidad víctima de la violencia y del desplazamiento forzado. Asimismo, esta convergencia de actores con características y habilidades diversas ha logrado generar sinergias y

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alianzas que han permitido potenciar la intervención del sector empresarial en el proceso, además de complementar y reforzar las acciones de las diferentes organizaciones, minimizando los posibles errores en la ejecución de la intervención. En esta iniciativa, la convocatoria amplia realizada a través de medios masivos de comunicación y el compromiso decidido desde los niveles directivos de las empresas e instituciones ha sido fundamental para asegurar la participación activa y permanente del sector empresarial en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. Esta participación, además corresponde a lo que se puede considerar como un modelo de intervención empresarial en el que las empresas pueden vincularse al proyecto de acuerdo a las características, habilidades y fortalezas de cada una. En este caso las empresas tienen tres formas de vinculación que son: Participación Puntual, en donde hacen aportes o donaciones puntuales sin involucrarse directamente en el proceso de ejecución y seguimiento de los proyectos; Participación Especifica, es el caso, en el que deciden participar a lo largo del proceso en temas y proyectos específicos; y Participación Integral, es el caso de las empresas que se convierten en parte del proyecto macro, donde participan en los procesos de diseño, planeación, intervención y solución de problemas de la iniciativa. Gracias a esto, el sector empresarial se ha constituido no solo en el motor del proyecto, sino que ha servido de promotor, motivador y catalizador de los procesos de intervención. La iniciativa está proyectada para un periodo de duración de 3 a 5 años en el cual se espera crear las bases y generar capacidades locales que hagan posible su auto-sostenibilidad a largo plazo. Durante el primer año se adelantaron las fases de acercamiento y generación de confianza; la identificación y priorización de los proyectos; la conformación del equipo de campo y la intervención comunitaria. Actualmente el proyecto continúa implementándose y está empezando la etapa de ejecución de proyectos. Aunque todavía hay un largo camino por recorrer, esta iniciativa empieza a mostrar avances importantes en la consecución de su principal propósito: demostrar que “con voluntad política, apoyo del sector privado, cooperación internacional, y la sociedad civil, se puede lograr reconstruir un lugar como El Salado” (Fundación Semana, 2011). Esta iniciativa es un ejemplo de cómo el sector empresarial puede contribuir a la construcción de paz, al mismo tiempo que muestra el potencial que tiene como agente de cambio en comunidades que han sufrido las consecuencias de un conflicto armado.

Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado La región de los Montes de María ha sido un lugar de interés estratégico para los grupos armados ilegales, por ser una zona rica en recursos naturales y un escenario de articulación de ejes viales y corredores de paso con salida al mar, de conexión entre el norte y sur, así como hacia el oriente y centro del país. Este hecho, sumado a la débil presencia y acción del Estado, provocó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ejercieran su poder, se disputaran el control del territorio y obligaran a sus habitantes a desplazarse a otros lugares. A El Salado, corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar en los Montes de María, llegaron el 16 de Febrero de 2000 las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con el fin de “ajusticiar” a las personas que consideraban colaboradores de la guerrilla. del Bloque Norte y Anorí de las ACCU, torturaron, ahorcaron, degollaron y abusaron sexualmente de varias mujeres, dejando a 66 personas muertas del corregimiento de El Salado y sus alrededores, donde posteriormente 600 familias se desplazaron del corregimiento (CNRR, 2009, p. 13). Desde el año 2001 ha habido distintas jornadas de retorno al corregimiento. Para el 2009, año en el cual la Fundación Semana inicia el Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado, habían retornado 730 personas, y para 2011, casi 2 años después del inicio del programa, se registran 786 personas retornadas. Por otro lado, desde su inicio la Fundación Semana decidió enfocar su trabajo en temas para la inclusión social, por lo cual deciden orientarse en poblaciones involucradas en el conflicto armado como víctimas, población en proceso de reintegración y desplazados. De acuerdo a esto la Fundación empezó a hacer un trabajo de identificación y diagnóstico de posibles comunidades beneficiarias, principalmente víctimas, donde se tomó la decisión de intervenir en El Salado porque representaba un símbolo de la violencia, y por contar con una tradición con potencial económico como la actividad tabacalera, con el fin de generar una verdadera transformación en el lugar y complementar la labor que el Gobierno poco a poco venía haciendo en el corregimiento. Este programa de reconstrucción se inició el 13 de Septiembre de 2009 y está proyectado para un periodo de 3 a 5 años en el cual se busca la elaboración de un modelo de reconstrucción a través de esfuerzos público-privados que permitan recuperar y mejorar la calidad de vida de una población víctima de la violencia como un símbolo de reconciliación, además de crear las bases y generar capacidades

locales que hagan posible su auto-sostenibilidad a largo plazo. Con este fin el programa, convoca y genera alianzas con diferentes actores e instituciones, y elabora de forma participativa un proyecto de intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos, trabajando en los temas de infraestructura, generación de ingresos, salud, desarrollo comunitario, educación y seguridad. Antes de empezar el proceso de intervención del programa de reconstrucción en el corregimiento, la Fundación Semana se apoyó en la Fundación Carvajal, quien ya había trabajado en proyectos similares, para diseñar y coordinar la estrategia de intervención. Al tener un plan de intervención estructurado la Fundación Semana, aprovechando la ventaja de tener la cercanía a un medio de comunicación reconocido en el país, como lo es la revista Semana, desarrolló una campaña de sensibilización y visibilización en la radio, televisión, medios impresos y otros medios, para lograr la vinculación se diferentes personas y organizaciones al programa. Paralelo a esta campaña, se identificaron aliados potenciales y se tocaron las puertas de las organizaciones y empresas del sector privado, buscando así su vinculación, logrando que poco a poco se adhirieran organizaciones. Para 2011 contaba con más de 70 organizaciones de todo tipo entre las cuales se contaban 50 empresas vinculadas al proyecto, quienes lideradas por la Fundación Semana aportan su experiencia, conocimientos y recursos para mejorar la calidad de vida de la comunidad de esta zona a través del acompañamiento e intervención con proyectos sociales y económicos. Entre 2009 y 2010, primer año de esta iniciativa, se hizo el proceso de acercamiento orientado a lograr un mejor conocimiento y entendimiento de la cultura, la situación y las características de la comunidad. Con esto se pretendía contar con insumos para diseñar proyectos de acuerdo a las necesidades, características y capacidades de la población. En el marco de este trabajo se diseñaron dos tipos de proyectos. Por un lado, proyectos de pequeño alcance cuyo desarrollo se constituyo en “victorias tempranas” que contribuyeron a generar credibilidad y construir confianza con la población, dos elementos básicos para la realización de proyectos más grandes. Para el diseño de los proyectos mayor alcance, se buscó trabajar de la mano con la comunidad y lograr que ésta fuera partícipe tanto de su elaboración como de la implementación de proyectos, para generar una apropiación de los mismos por parte de la población. Para esto, los proyectos se socializaron, revalidaron, modificaron y rediseñaron de manera conjunta. Desde el 31 de octubre de 2010 se inició la etapa de intervención con la demolición y limpieza de la zona des-

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tinada a la construcción de la casa de la cultura, que será el símbolo de la reconstrucción y reconciliación. Asimismo, se comenzó la implementación de otros proyectos como el alcantarillado. De igual forma, en febrero de 2011 se puso la primera piedra con la que se dio inicio a la construcción de la Casa de la Cultura, y se llevó a cabo la ceremonia para la preparación y construcción del campo santo, en la cancha donde se concentró la tragedia, como espacio simbólico de la reconstrucción de la comunidad y como forma de guardar la memoria de lo sucedido44. Análisis de la intervención en El Salado Diferentes autores, como Angelika Rettberg y Alexandra Guáqueta, han encontrado que la participación del sector privado en la búsqueda de la paz fue muy pobre hasta finales de la década de 1990. En años recientes, sin embargo, con la escalada del conflicto y la afectación directa de las empresas por éste, ha hecho que el sector empresarial participe cada vez más, generando e impulsando iniciativas que aporten a la construcción de paz en Colombia y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En palabras de Guáqueta, “No sólo los grandes grupos empresariales que canalizan muchos esfuerzos a través de fundaciones, se han unido a diferentes tipos de programas dirigidos a combatir la pobreza, la inequidad, la exclusión social y la debilidad institucional. Otras promueven los derechos humanos y los valores democráticos creando oportunidades de empleo para viudas de la guerra, personas desplazadas, excombatientes, soldados discapacitados y jóvenes en riesgo de ser reclutados por los grupos armados ilegales, o ayudan a la sustitución de cultivos ilegales, entre otros” (Guaqueta, 2006b, p.11). El Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado es un ejemplo de cómo en comunidades víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado como el corregimiento de El Salado, donde se presentó una de las peores masacres en la región de Montes de María, el sector empresarial puede contribuir a la construcción de paz y mostrar el potencial que tiene como agente de cambio en comunidades que han sufrido las consecuencias de un conflicto armado. El programa de reconstrucción de El Salado es una iniciativa que surge desde el sector privado, en cabeza de la Fundación Semana, que ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado

Para obtener información más detallada sobre el proceso de intervención y sus componentes diríjase al anexo, en el final del documento.

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en una gran alianza público – privada de más de 70 instituciones, con el objetivo de generar un modelo de intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos. La iniciativa combina el acompañamiento e intervención con proyectos sociales y económicos, articulando los esfuerzos del Estado, sector empresarial y otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de poblaciones que han sido víctima de la violencia como es el caso de la comunidad de El Salado. La Fundación Semana ha jugado un papel fundamental en esta iniciativa, debido a su decisión y liderazgo dentro de la intervención. Gracias a la convocatoria hecha por la Fundación Semana, el proyecto de reconstrucción ha vinculado a un número importante de empresas y fundaciones empresariales con características y habilidades diversas, unidas por un mismo objetivo: la reconstrucción social y económica de El Salado. El éxito en la convocatoria y la vinculación de las empresas en torno a esta iniciativa se refleja en la forma como estas empresas y fundaciones empresariales se han apropiado de cada uno de los proyectos en los que participan. Un aspecto a destacar en este sentido es que la participación corresponde con las habilidades, capacidades y características de cada una de las empresas y fundaciones; y se ha buscado generar sinergias, complementariedad en los esfuerzos y un uso eficiente y efectivo de los recursos aportados. En este sentido, el sector empresarial además de ser el motor del proyecto, también ha servido de promotor, motivador y catalizador de los procesos de intervención. En esta iniciativa, la alianza de múltiples actores ha logrado maximizar el papel del sector privado, al potenciar su cooperación y complementariedad entre actores con diferentes capacidades donde se facilita que las características y fortalezas de las empresas movilicen, se articulen y complementen las acciones de las instituciones gubernamentales y otras organizaciones. De igual manera, se ha logrado fortalecer las capacidades del Estado, por medio del fortalecimiento de los procesos institucionales que se adelantan en la zona, sin llegar a suplir las obligaciones del Estado. Asimismo, esta convergencia de actores con características y habilidades diversas ha logrado reforzar las acciones de las diferentes organizaciones, minimizando la improvisación, y logrando procesos más eficientes y con mayor impacto en las condiciones de vida de la comunidad de El Salado. En esta experiencia, el papel de los medios de comunicación en la difusión de la iniciativa y la campaña de sen-

sibilización fue fundamental, ya que despertó el interés en los niveles directivos de varias organizaciones y logró unir esfuerzos para construir esta gran alianza público-privada que ha facilitado la movilización de recursos y la eficiencia en los procesos, así como asegurar la participación y continuidad de las empresas en la iniciativa. La convocatoria amplia en medios masivos de comunicación y el compromiso decidido desde los niveles directivos de las empresas e instituciones ha sido fundamental para asegurar su activa y permanente participación en los procesos de diseño, organización e implementación de los diferentes proyectos que constituyen la iniciativa. En este sentido, el interés y participación de los ejecutivos en la iniciativa ha facilitado la movilización de recursos, la eficiencia en los procesos, y la participación y sostenimiento de las empresas en la iniciativa, además de aportes puntuales en recursos económicos o materiales, acompañamiento y asesorías, facilitación y gestión de procesos, o la generación de proyectos específicos. Por otro lado, la confluencia de actores con características y habilidades diversas ha permitido construir y poner en práctica un modelo de intervención integral con participación tanto de las organizaciones aliadas como de la comunidad, donde se abordan temas de infraestructura, educación, salud, generación de ingresos y reactivación económica, desarrollo social y seguridad, con el fin de brindar soluciones sostenibles a los problemas y necesidades que afectan a esta comunidad víctima de la violencia y el desplazamiento forzado. El Salado un Modelo de Intervención Empresarial El Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado, creado por la Fundación Semana, busca la generación de un modelo de reconstrucción que a través de esfuerzos público – privados permita recuperar y mejorar la calidad de vida de una población víctima de la violencia como forma de mitigar los impactos del conflicto en esta comunidad. Con este fin, el programa, por una parte, convoca y genera alianzas con diferentes actores e instituciones, y por otra, elabora de forma participativa un proyecto de intervención integral. En el caso de la reconstrucción del El Salado, es posible observar cinco fases o momentos dentro de la intervención, en las cuales se ha venido trabajando tanto con las organizaciones aliadas como con la comunidad. 1. Acercamiento y generación de confianza: Es la fase inicial en la cual por un período de tiempo (6 meses) se trabajó con la comunidad de la mano de varias organizaciones en el proceso de generación de confianza y

definición clara de roles y objetivos a seguir que sentó las bases para la construcción y diseño de un proyecto de intervención que correspondiera a las condiciones y necesidades de la población, y que adicionalmente generara una “licencia social” para intervenir en la zona. En esta fase se llevaron a cabo actividades de acercamiento y generación de confianza, se levantó información para la contextualización y diagnóstico de la zona y su población, se establecieron espacios de comunicación y diálogo que facilitaran el apoyo y la participación de la comunidad en los proyectos, entre otras. Paralelamente, se realizó un proceso de visibilización, sensibilización y acercamiento a diferentes organizaciones y empresas locales, regionales y nacionales para generar alianzas estratégicas que impulsaran y apoyaran los procesos de intervención. La generación de alianzas con organizaciones locales de trayectoria ha resultado clave para facilitar los procesos de acercamiento, coordinación y ejecución de actividades con la comunidad. 2. Identificación, priorización, diseño y organización de la iniciativa: A través de ejercicios de planeación con la participación de la comunidad, sector público y privado, ONG y organismos de cooperación, se obtuvo una radiografía del lugar, se identificó y priorizó las necesidades y temas más urgentes para la población, se definió y diseñó el plan de acción y los proyectos a formular, gestionar y ejecutar, así como la metodología de trabajo. El papel de la comunidad fue fundamental en esta etapa del proceso para que la iniciativa se dirigiera a las expectativas y necesidades más importantes de la comunidad. Así también, fue fundamental que la intervención propuesta no fuera impuesta desde afuera de la comunidad ya que esto podía quitarle legitimidad a la intervención e impedir que la comunidad se apropie del proceso. 3. Conformación del equipo de campo: Se conformó un equipo de con las competencias necesarias para hacer trabajo de campo y tener presencia en la zona, dinamizar a la población y coadyuvar en la gestión de nuevas propuestas de origen comunitario es fundamentan para el éxito de la iniciativa. Por una parte, fortalece los lazos de confianza con la comunidad y por otro, permite contar con un interlocutor permanente atento a los eventos y preocupaciones que se presenten en la zona, que retroalimente el proceso y facilite la coordinación y seguimiento en el campo de las actividades con las organizaciones. 4. Intervención comunitaria: En esta fase se desarrollaron proyectos comunitarios de índole económico y social

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como mecanismo de potenciación de las habilidades y fortalezas de sus habitantes. Para esto fue importante primero tener claro y reconocer las condiciones de vida de sus habitantes, qué les interesa hacer y en qué cosas les gustaría participar en el futuro. En esta fase el sector empresarial ha apoyado los procesos de asesoría, formación y capacitación en habilidades y competencias dentro de la comunidad para dejar una capacidad instalada a nivel local que permita a la comunidad ser gestora de su propio desarrollo y garantizar la sostenibilidad de la iniciativa al terminar el proceso de intervención. 5. Inicio de proyectos: Con base en las conclusiones de la intervención comunitaria se validaron o modificaron las propuestas de proyectos a realizar en cada uno de los componentes priorizados para la fase 2, se definieron cronogramas y tiempos de ejecución para cada uno de los proyectos teniendo en cuenta las temporalidades y características locales, y se da inicio al desarrollo de estos con base en las actividades, cronogramas y metas establecidas para cada uno. Durante esta etapa tener en cuenta las temporalidades, presencia y fortalezas tanto de la comunidad como de la institucionalidad local es clave para evitar retrasos y limitaciones en la ejecución de los proyectos. El proceso seguido con miras a lograr la reconstrucción de El Salado y de contar en esta tarea con una fuerte participación del sector empresarial da cuenta de al menos dos modelos de trabajo. Por un lado el modelo de intervención propiamente dicho y por otro lado, el modelo de convocatoria y vinculación del sector empresarial, que resulta igualmente clave para el funcionamiento de esta iniciativa. 1. Modelo de intervención: • Estrategias de acercamiento y generación de confianza. Esta estrategia ha sido fundamental para poder generar una “licencia social” para intervenir en la zona. Para empezar fue importante generar alianzas con organizaciones que hubieran trabajado con población similar o trabajaran en la zona donde se va a implementar el proyecto, con el fin de generar un programa de acercamiento que esté de acuerdo a las características de la población a intervenir. En este caso el conocimiento de la población fue clave para poder generar procesos de acercamiento, ya que cada comunidad tiene características específicas que deben ser tenidas en cuenta para facilitar los procesos de acercamiento, coordinación y ejecución de actividades con la comuni-

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dad. Por otro lado, la creación de un equipo de campo fue importante, ya que le dió visibilidad y credibilidad al proyecto y por lo tanto confianza dentro de la comunidad. De igual forma, el desarrollo de proyectos puntuales y de rápido alcance o “victorias tempranas” que atendieron necesidades urgentes de la comunidad fue otro factor que ayuda a incrementar la confianza dentro de la comunidad. Por último, fue importante establecer espacios de comunicación y diálogo que facilitaran el apoyo y la participación de la comunidad en los proyectos, con el fin de que la comunidad se sintiera participe y tenida en cuenta en el proceso de intervención. Esto ha sido importante no solo porque genera confianza en la comunidad, sino porque también ha contribuido a que la gente se apropie y se involucre en el proyecto. • Diseño, Identificación y Priorización. Durante esta parte y en todo el proceso de intervención ha sido fundamental conocer las características y particularidades tanto de la comunidad como del contexto. Para esto fue importante hacer estudios diagnósticos con el fin de adecuar, diseñar y validar los proyectos, de acuerdo a las necesidades, prioridades, características y habilidades de la población. El diagnóstico inicial permitió identificar y priorizar las necesidades y temas más urgentes para la población, donde la participación de la comunidad es fundamental para que la iniciativa se dirigiera a las expectativas y necesidades más importantes de ellos. Así también, ha sido clave que la intervención propuesta no sea impuesta desde afuera de la comunidad ya que esto podía quitarle legitimidad a la intervención e impedir que la comunidad se apropie del proceso. De igual forma fue necesario definir y diseñar un plan de acción donde se establecieran claramente los roles y objetivos a seguir, se sentaran las bases para la construcción y diseño de un proyecto de intervención que correspondiera a las condiciones y necesidades de la población, y los proyectos a formular, gestionar y ejecutar, así como la metodología de trabajo que permitiera el buen funcionamiento y organización de la iniciativa. • Estrategia de organización. Dentro de la iniciativa hay un liderazgo fuerte de la Fundación Semana quien se ha encargado de canalizar, organizar y vigilar el funcionamiento del proyecto, asesorado y acompañado con organizaciones que han tenido experiencia en intervenciones similares como la Fundación Carvajal. El programa ha conformado comités tanto a nivel comunitario como en Bogotá con las organizaciones aliadas, por cada área de intervención. Por otro lado, se ha involucrado a las empresas y organizaciones de acuerdo a las caracterís-

ticas, habilidades y las posibilidades de aporte que puedan tener, en los diferentes ejes o comités y áreas de intervención, como forma de potenciar el aporte de cada organización en el proceso. De igual forma, cada comité ha contado con un líder que se encarga de la coordinación del mismo, que se elige de acuerdo a la experiencia y conocimiento sobre el tema a intervenir. Los comités comunitarios en cada una de las áreas de intervención, constituidos por personas de la comunidad, han trabajado conjuntamente con los comités de los aliados en Bogotá, además de difundir la información del estado de los proyectos como forma de veeduría y seguimiento comunitario a los procesos. Este modo de organización ha permitido la interacción constante entre las organizaciones y la comunidad a través de la Fundación Semana, quien se ha encargado de ser el intermediario entre las organizaciones y la comunidad, con el fin de transmitir las inquietudes y opiniones de la comunidad a los comités y validar los proyectos o soluciones expuestas por las organizaciones con la comunidad. • Estrategia de trabajo con la comunidad. A través de asambleas comunales se ha hecho partícipe a la comunidad en el diseño y en la toma de decisiones del proyecto. En este sentido, se trató de vincular a la comunidad en las diferentes partes del proyecto de diferentes formas. Como ya se mencionó la comunidad es quien toma las decisiones, por medio de un proceso de acompañamiento y asesoramiento hecho por la Fundación Semana, donde se les exponen los proyectos, características y beneficios que trae buscando la validación comunitaria del proyecto. Por otro lado, se ha vinculado a la comunidad en los procesos de intervención utilizando las capacidades y conocimientos de las personas y en la generación de nuevas capacidades que le permita a la comunidad poner al servicio de la intervención la mano de obra, conocimiento y experiencia. 2. Modelo de convocatoria y vinculación del sector empresarial: • Estrategia de visibilidad. En este caso los medios de comunicación toman un papel fundamental, ya que gracias a la difusión hecha en diferentes medios y a la campaña de sensibilización y visibilidad de la situación, condiciones de la población y proyecto de reconstrucción se logró que muchas organizaciones lo conocieran y decidieran aportar e involucrarse de diferentes formas. • Estrategia de acercamiento y vinculación de las organizaciones. Esta estrategia ha sido muy importante para el éxito de la convocatoria y la vinculación de or-

ganizaciones al proyecto. En este caso se observaron las características, habilidades y posibilidades de las diferentes organizaciones y de acuerdo a estas se hace una propuesta concreta donde se le muestran las posibilidades y las formas donde puede ayudar. Este punto es fundamental, en el acercamiento a las empresas, ya que en algunos casos las empresas o empresarios no conocen la forma en que pueden aportar en este tipo de proyectos, lo que dificulta su vinculación. Otro de los aspectos importantes dentro de esta estrategia es el acercamiento a los niveles directivos de las empresas y organizaciones. En este sentido, se trata de vincular a las altas esferas de la organización con el fin de comprometerlas desde los estamentos donde se toman las decisiones, logrando la permanecía y cumplimiento de las empresas en el proceso de intervención. Por último, es importante señalar que esta estrategia pretende articular los esfuerzos de diferentes empresas en cada uno de los proyectos, con el propósito de optimizar la intervención de cada una de estas. • Estrategia de intervención empresarial. Esta estrategia busca que las empresas trabajen desde lo que saben y pueden hacer. Esta estrategia o como se llamó en la sección anterior “modelo de intervención empresarial”, muestra las diferentes formas como el sector empresarial puede aportar en este tipo de proyectos de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada empresa, lo que hace más eficiente su aporte. Hay tres formas de vinculación empresarial que son la Participación Puntual, Específica e Integral, que se traducen en tres categorías o tipos de aporte que son la inversión social, las actividades propias de su negocio o el diálogo político. Estos dos modelos y las estrategias que los componen se entrelazan en las diferentes etapas y situaciones dando como resultado una intervención en la que es posible identificar tres formas de participación del sector empresarial a lo largo del proceso: 1. Participación puntual: En este caso la participación se da en uno o varios momentos de la iniciativa donde las empresas hacen aportes o donaciones puntuales a la iniciativa en recursos económicos, servicios o materiales, sin involucrarse directamente en el proceso de ejecución y seguimiento de los proyectos. 2. Participación específica: Es el caso de empresas que de acuerdo a sus características y capacidades deciden participar a lo largo del proceso en temas y proyectos específicos, atendiendo las necesidades particulares de estos proyectos.

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3. Participación integral: En este caso las empresas se convierten en parte del proyecto macro, participan de los diferentes componentes, comités temáticos e involucran a sus funcionarios y ejecutivos en los procesos de diseño, planeación, intervención y solución de problemas de la iniciativa. Estas tres formas de participación del sector empresarial se manifiestan en diferentes tipos de aportes, como donaciones de tiempo, conocimiento, recursos económicos, materiales o humanos. En este sentido, la participación empresarial en la reconstrucción de El Salado se puede entender también en términos de las siguientes tres categorías en las que es posible clasificar distintas formas de participación del sector empresarial en la construcción de paz y el mejoramiento de la situación de derechos humanos: 1) inversión social o el aporte de recursos que hace una empresa con miras a contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y al mismo tiempo mejorar las condiciones de su entorno de operación, por ejemplo el contribuir a financiar la logística de actividades necesarias para el desarrollo de iniciativas que benefician a la comunidad. 2) actividades propias del negocio o aquellas acciones que emprende la empresa en el marco de su negocio con miras a contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y al mismo tiempo mejorar las condiciones de su entorno de operación, por ejemplo el desarrollo de negocios inclusivos y la incorporación de proveedores en la cadena de producción. 3) diálogo político o la puesta del capital social y político de la empresa al servicio de una iniciativa encaminada a beneficiar a grupos de interés locales, por ejemplo a fortalecer la presencia institucional y a empoderar a líderes locales para la autogestión de proyectos que benefician a la comunidad.

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- Retos de la iniciativa Las características regionales, locales y del proyecto han generado una serie de retos y situaciones difíciles a los que se han tenido que enfrentar las organizaciones durante el proceso de intervención. Algunos de los retos y dificultades más relevantes son: - Ingresar a zonas impactadas y fracturadas por la violencia: Llegar a una comunidad dolida y que se siente olvidada es difícil y requiere un tratamiento cuidadoso, especialmente porque tienen muchas exigencias y necesidades, y la comunidad se puede encontrar dividida frente a los hechos y actores que los han afectado. - Trabajar en zonas con carencia institucional y gobernabilidad frágil: Trabajar en un lugar que se caracteriza por

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tener debilidad institucional, poca interlocución entre el Estado y la comunidad, distanciamiento del gobierno local y con un problema de tierras importante requiere del compromiso decidido y la búsqueda de alternativas novedosas para contrarrestar sus impactos. No sustituir las funciones estatales: Generar un proceso diferenciado del deber del Estado de reparar a las víctimas para no terminar sustituyendo las funciones del Estado. El aislamiento geográfico: Se hace difícil y costoso el para organizaciones que tienen sede en ciudades como Bogotá, y también dificulta la articulación entre las organizaciones encargadas de ejecutar los proyectos en la zona y las otras organizaciones. Coordinar los tiempos de las organizaciones y las ciudades con las de las comunidades locales: La intención que tienen las organizaciones de materializar los proyectos en el menor tiempo posible es un reto importante. Generalmente las temporalidades y realidades de la comunidad y del lugar donde se implementa el proyecto son diferentes a las de las ciudades medianas y grandes, lo que dificulta la implementación de los proyectos más grandes. La sincronización de las organizaciones que conforman el proyecto son un elemento complicado, ya que las diferentes organizaciones no comparten los mismos tiempos de acción, trabajan en ciudades diferentes y sus visiones de los proyectos son diferentes. Generar procesos de reconstrucción integrales: Uno de los retos más importantes de esta iniciativa es generar proyectos que contemplen los diferentes aspectos que puede tener una intervención de esta envergadura, para generar un proceso de intervención que brinde soluciones de largo plazo a las necesidades de la población. Reconocer siempre el aporte de la comunidad: En cada uno de los proyectos es importante contar con el apoyo, retroalimentación y la aceptación de la comunidad, para lograr que los proyectos no sea impuestos a la misma, sino que contemplen y se adapten a las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad. Todos los proyectos deben contar con contrapartida comunitaria. Optimización de la ayuda: Potencializar las características de cada organización, mirar las fortalezas y debilidades de cada una de las organizaciones que hacen parte del proyecto, con el fin de optimizar y complementar la ayuda de las organizaciones y así no duplicar esfuerzos. El interés de la comunidad de participar: Lograr que las personas de la comunidad se interesen, integren y participen en la elaboración de los proyectos.

Resultados De proceso: - Uno de los resultados más visibles del proyecto ha sido la generación de confianza y la construcción de acuerdos con la comunidad. - Inclusión de la comunidad en el diseño e implementación de los proyectos, lo que ha tenido como resultado la apropiación de la comunidad en lo que se está haciendo. - Hay un Plan de trabajo organizado con la comunidad. - La visibilidad del corregimiento y de sus problemas, es uno de los logros más importantes, ya que gracias al

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trabajo de la Fundación Semana se ha podido mostrar a la sociedad colombiana y las empresas la situación del corregimiento. El proceso de reconstrucción ha logrado que haya un mayor conocimiento sobre la comunidad, sus necesidades, prioridades, y en el estado que se encuentra. Por medio de investigaciones y estudios como el perfil epidemiológico de la comunidad se ha logrado visibilizar aspectos de la comunidad necesarios para priorizar las acciones como en el tema salud. De intervenciones:

PROGRAMAS Y RESULTADOS DE INTERVENCIÓN ÁREAS

PROGRAMAS

RESULTADOS DE INTERVENCIÓN Inicio de la construcción de la Casa de la Cultura. Inicio de la construcción del sistema de recolección y tratamiento de aguas

Infraestructura

Programa de Mejoramiento de

servidas (acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales).

Vivienda; Proyecto de Vivienda Nueva;

Mejoramiento y construcción de 118 viviendas.

Casa de la Cultura; Reconstrucción

Mejoramiento de las condiciones de la vía de .

de Murallas y Control del Arroyo;

Reparación del sistema de murallas para la canalización y contención del arrollo.

Reparación de la Iglesia; Construcción

Adecuación y mejoramiento de 5 hogares comunitarios del corregimiento.

del Alcantarillado; Reparación del

Mejoramiento de las condiciones infraestructurales y de salubridad del restaurante

Acueducto; Relleno Sanitario; Baterías

escolar.

Sanitarias; Vía de ; Antena de

Transformación de la cancha donde ocurrió la masacre a camposanto.

Telecomunicaciones; Polideportivo

Construcción de un nuevo polideportivo en “Barrio Arriba”.

y adecuación de la cancha de

Reparación de las redes eléctricas de El Salado.

futbol; Centro de Salud, Planta de

Implementación de un sistema de recolección de basuras.

Potabilización de Agua; Construcción

Reconstrucción del Centro Educativo del corregimiento.

de Restaurante Escolar, Adecuación de

Construcción del Centro de Salud.

Redes Eléctricas.

Se construyó un Polideportivo nuevo, con el objetivo de incentivar el deporte, algo que se había perdido después de la masacre. Instalación de una Sala de Sistemas. Desarrollo de un emprendimiento productivo agrícola en dos predios de 320 hectáreas, que beneficia a 63 familias. Ejecución de un programa de desarrollo tabacalero que implica más de 5.000 hectáreas para el cultivo de tabaco.

Convocatoria INCODER, Proyecto Productivo de Tabaco, Proyecto Jóvenes Campesinos, Proyecto Productivo Desarrollo económico

de Frutales, Proyecto de Alianzas Productivas, Proyecto de Reactivación Económica; Proyecto de fortalecimiento para Tenderos Apiarios; Plan ReSa; Proyecto para “Mujeres Unidas”.

Implementación de un plan de reactivación económica a través de cuatro programas: microcréditos, fondos locales de ahorro, granjas porcícolas y la conformación de nuevas unidades productivas. Micro créditos para 49 nuevos negocios. Proyecto porcícola para 10 familias. Desarrollo de un proceso de fortalecimiento organizativo y productivo para 35 Jóvenes, en 100 hectáreas donadas. Capacitación de los 11 tenderos de El Salado para la aplicación de buenas prácticas istrativas. Desarrollo de una iniciativa de negocio de jóvenes para la cría de abejas y la producción de miel. Desarrollo de un proyecto productivo de ganadería para la asociación local “Mujeres Unidas”.

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Gestión de la Salud

Jornadas de salud; Proyecto “Nuestra

Implementación del proyecto de “Patios Productivos”, para mejorar la nutrición de

Tierra”, Perfil Epidemiológico;

la comunidad.

Gestionar Prestación de Salud;

Apoyo en el proceso de atención psicosocial y fortalecimiento de competencias

Veedurías Ciudadanas; Construcción

para niños y niñas afectados por el conflicto; proyecto “Nuestra Tierra”.

de Estrategias de Prevención,

Se realización de una campaña de salud que se llamó el “Plan Carpa”, donde se

Proyectos de Seguridad Alimentaria y

atendió a la población en temas de salud durante un mes.

Nutrición, Unidades Saludables, Patios

Elaboración de un perfil epidemiológico para el corregimiento, para establecer

Productivos.

temas prioritarios en de salud.

Construcción y fortalecimiento del

Desarrollo Comunitario

Comité Local Comunitario; Plan

Trabajo con la primera infancia para desarrollar capacidades en los temas de Paz,

de Desarrollo Local; Estrategia

prosperidad, democracias y equidad.

de Comunicaciones; Formulación

Fortalecimiento organizacional y istrativo de las 5 organizaciones para

de Proyectos; Acompañamiento

mejorar su competitividad y competencia.

Psicosocial; Fomento de Nuevos

Inicio del proceso de potenciación de las fortalezas y reconocimiento de las

Liderazgos; Fortalecimiento de

debilidades de los líderes comunitarios.

Capacidades Locales e Institucionales;

Retorno de más de 1000 personas hasta 2011.

Deporte y Recreación; Capacitación del

Inicio del proceso de capacitación y concientización familiar.

uso de Acueducto y Alcantarillado. Implementación de Grado Once; Construcción del PEI con Énfasis Agroindustrial; Construcción y Dotación de la Granja Demostrativa; Educación

Implementación del TIC en el Pensum Académico; Fortalecimiento de Hogares Comunitarios; Formación de Docentes; Mejoramiento de la Infraestructura

Construcción de una granja productiva para la formación agropecuaria de los jóvenes. Proceso de capacitación para la comunidad en la construcción y manejo del acueducto y alcantarillado. Gestión del grado décimo e inicio del proceso de gestión para el grado once.

Educativa; Proyecto para la primera infancia. Gestionar Puesto de Policía; Monitoreo Seguridad

constante de seguridad en la zona;

Instalación de antena de telecomunicaciones para proveer del servicio de

la instalación de la antena de

telefonía, Internet y celular.

comunicación; Fortalecimiento de

Establecimiento de un lugar para poner el puesto de policía.

justicia regional.

Observaciones finales Esta iniciativa es una alianza innovadora, donde el sector empresarial trabaja para mitigar los impactos y consecuencias del conflicto armado en comunidades víctimas, elemento que ha sido poco trabajado por el sector empresarial. De igual forma, esta iniciativa muestra el impacto que puede tener la participación del sector empresarial en la transformación de las condiciones de vida de comunidades que han sido víctimas de un conflicto armado. El modelo de reconstrucción de El Salado encierra un proceso de intervención en el que el sector empresarial es el principal generador y promotor del proceso. Una de las principales fortalezas del modelo es haber logrado el involucramiento en la iniciativa a los niveles directivos de las empresas, lo que ha asegurado el compromiso de las empresas y una mayor eficiencia e impacto en los proyectos. Por otro lado, la iniciativa ha logrado una articu88 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

lación de diferentes organizaciones, permitiendo fortalecer los procesos de intervención y minimizar los errores en la ejecución de la intervención. En un modelo de intervención como el que se emplea en El Salado, las características, capacidades y diversidad de los aliados y empresas que se vinculan en la iniciativa, son un elemento fundamental para poder sacar provecho de sus fortalezas, contrarrestar las debilidades y generar sinergias entre los aportes que hace cada una de las organizaciones. Este modelo muestra el potencial que tiene el sector empresarial en estas iniciativas, y los diferentes tipos y formas en las que se puede vincular en proceso de construcción de paz.

Bibliografía

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Fuentes

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Entrevistas Entrevista a Juan Carlos Vargas de Acción Social. Octubre 27 de 2010. Entrevista a Carlos Suárez de Coca-Cola FEMSA. Octubre 27 de 2010. Entrevista a Jorge Hernán Estrada de Eternit. Octubre de 2010. Entrevista a Juan Carlos Correa de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Octubre de 2010. Entrevista a Eduardo Díaz Fundación Alpina. Junio 23 de 2010. Entrevista a Guillermo Carvajal Fundación Semana. Noviembre 24 de 2010. Entrevista a Jhon Jairo Medina Líder Comunitario de El Salado. Octubre de 2010. Entrevista a Karym Cecilia Grijalba y Mónica Grimaldo de Sodimac - Home Center. Noviembre 10 de 2010. Entrevista a Pedro Nel González de Pavco. Octubre de 2010. Entrevista a Camilo Leguizamo de OIM. Noviembre 26 de 2010. Entrevista a María Emma Jaramillo de Fundación Carvajal. 2010. Entrevista a María Mercedes Carrasquilla de Coltabaco. 2010.

Anexo Descripción de la Iniciativa Antecedentes • El corregimiento de El Salado fue fundado en 1812, y hasta antes de febrero de 2000, cuando fue perpetrada la masacre, contaba con alrededor de 7.000 habitantes y era reconocido como capital tabacalera de la costa caribe. • La región de los Montes de María ha sido un lugar de interés estratégico para los grupos armados ilegales, que sumado a la débil presencia y acción del Estado provocó que las FARC y las AUC ejercieran su poder y se disputaran el control del territorio. • Entre 1996 y 2005 hubo cuarenta y nueve (49) masacres en la región (Presentación Olano & Vargas, 2009). • El Salado, particularmente, fue un lugar de retaguardia estratégica de las FARC. • El 23 de marzo de 1997, la estigmatización de la población provocó la primera masacre por parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En este hecho fueron asesinadas 5 personas, lo que generó el desplazamiento de gran parte de la comunidad, que al cabo de tres meses regresó (CNRR, 2009). • El 16 de Febrero de 2000, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), llegaron a El Salado con el fin de “ajusticiar” a las personas que ellos consideraban colaboradores de la guerrilla. La tragedia se prolongó hasta el 21 de Febrero de 2000, donde alrededor de 600 familias se desplazaron en su mayoría a los municipios de El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, Ovejas, y en ciudades cercanas como Cartagena, Sincelejo y Barranquilla (CNRR, 2009, p. 13). • Desde el año 2001 ha habido distintas jornadas de retorno al corregimiento, siendo la del 18 de Febrero de 2002, la más exitosa. • En el 2004, la presencia de las FARC y los paramilitares llevaron a la militarización de la zona por parte de la fuerza pública, donde “casi 100 personas volvieron a irse por miedo a un montaje judicial”. (Semana, Feb. 2010) • Hasta el 2009 habían regresado 730 personas, pero su retorno se ha dado sin protección ni acompañamiento institucional, lo que conlleva varias dificultades como

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las de recuperar y habitar un pueblo en ruinas, enfrentar el dolor y los recuerdos de la masacre, la inseguridad por la continuación de la guerra, la presión de la fuerza pública y la violencia guerrillera, entre otros. Descripción El Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado está enfocado en el corregimiento de El Salado perteneciente al municipio de Carmen de Bolívar – departamento de Bolívar, dentro de la región de Montes de María. Inició el 13 de Septiembre de 2009 y está proyectado para un periodo de 3 a 5 años en el cual se espera crear las bases y generar capacidades locales que hagan posible su auto-sostenibilidad a largo plazo. La iniciativa aún está en implementación. Hoy, con el liderazgo de Fundación Semana, ya ha reunido a más de 70 organizaciones entre públicas, privadas y de cooperación internacional. Este proyecto busca la elaboración de un modelo de reconstrucción a través de esfuerzos público-privados que permita recuperar y mejorar la calidad de vida de una población víctima de la violencia como un símbolo de reconciliación. Con este fin el programa, convoca y genera alianzas con diferentes actores e instituciones, y elabora de forma participativa un proyecto de intervención integral. Con apenas un poco más de un año, esta iniciativa espera constituirse en un “laboratorio demostrativo” que dé cuenta de cómo “con voluntad política, apoyo del sector privado, cooperación internacional, y la sociedad civil, se puede lograr reconstruir un lugar como El Salado” (Fundación Semana). El programa cuenta con cinco fases a través de las cuales se ha venido haciendo un trabajo sostenido con la comunidad. Las fases son: • Acercamiento y generación de confianza • Identificación y Priorización • Conformación de Equipo de Campo • Intervención Comunitaria • Inicio de Proyectos Dentro de los temas priorizados durante la fase 2, se crearon subcomités al interior del programa, a través de los cuales se han venido diseñando diferentes proyectos. Proceso de intervención Desde su inicio la Fundación Semana decidió enfocar su trabajo en temas para la inclusión social, por lo cual deciden orientarse en poblaciones involucradas en el conflicto armado como víctimas, reinsertados y desplazados.

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De acuerdo a esto la Fundación empezó a hacer un trabajo de identificación y diagnóstico de posibles comunidades beneficiarias, principalmente víctimas. Para esto y por medio de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- se aron con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entidad que trabajaba en 9 comunidades piloto para hacer un modelo de intervención y reparación en comunidades víctimas del conflicto, en las cuales encontraba El Salado. En ese momento para la Fundación Semana el corregimiento de El Salado sobresale por encima de las otras regiones visitadas por varias razones: • Ya existía un plan de consolidación impulsado por el Gobierno y un proceso de reparación adelantado por la CNRR. • Las características y hechos cómo se dio la masacre. • La proximidad de la conmemoración de los diez años de ocurrencia de la masacre y la mala situación en que continuaban viviendo sus habitantes, que no había cambiado sustancialmente. • El Estado hacía una presencia poco significativa y, lo más importante, el sector empresarial volvía a estar presente en la zona. Fundación Semana tomó la decisión de intervenir en El Salado con el fin de generar una verdadera transformación en el lugar y complementar la labor que el Gobierno poco a poco venía haciendo. Antes de empezar a intervenir en el corregimiento la Fundación Semana se apoyó en la Fundación Carvajal, quien ya había trabajado en proyectos similares, para empezar a diseñar y coordinar la estrategia de intervención. Era importante el apoyo de la Fundación Carvajal, ya que tenía conocimiento y experiencia sobre la intervención en comunidades parecidas a la que se encontraba en El Salado. Al tener un plan de intervención estructurado la Fundación Semana, aprovechando la ventaja de ser un parte de un medio de comunicación reconocido en el país, como lo es Revista Semana, desarrolló una campaña de sensibilización y visibilización en la radio, para lograr que las personas y las diferentes organizaciones se vincularan. A la par con esta campaña, empezó a identificar aliados potenciales y a tocar las puertas de las organizaciones y empresas del sector privado, buscando así su vinculación. Poco a poco se fueron adhiriendo organizaciones, y hoy más de 70 organizaciones de todo tipo entre las cuales hay 50 empresas están vinculadas al proyecto. Primero, se puso en marcha un estudio de la comunidad con el fin de conocer sus características y su forma de vida con el fin de diseñar un proceso de intervención de acuerdo a las características y necesidades de la población.

De ahí, se empezó el diseño de los diferentes proyectos donde desde un principio se definió que se involucraría a la comunidad en el proceso. El Programa de Reconstrucción no sería algo impuesto desde el interior del país, éste se construiría con la comunidad. Los habitantes de El Salado serían sujetos de su propio desarrollo y eso se plasmó en el diseño del proyecto de reconstrucción. Se hicieron una serie de proyectos a los que se les denominó “victorias tempranas” para generar confianza en la comunidad, como es el caso de los microcréditos. Después se dio paso a los proyectos de gran alcance que se siguen implementando hasta la actualidad. Coordinación y istración de la iniciativa El proyecto es manejado por la Fundación Semana, quien se encarga de organizar, direccionar y coordinar el proyecto con una asesoría constante de la Fundación Carvajal, la cual se encarga de asesorar en las líneas de trabajo y en ayudar en la solución de los diferentes problemas que puedan surgir. El proyecto está dividido en seis ejes temáticos, en los que se repartieron las diferentes organizaciones en comités de trabajo. Los comités se dividen en dos, los empresariales y los comunitarios, lo cuales trabajan en los temas de infraestructura, educación, generación de ingresos, desarrollo comunitario, gestión de la salud y seguridad. Por otro lado, la Fundación Red Desarrollo y Paz Montes de María fue el operador local de todos los proyectos, durante la primera fase, y su vinculación al proyecto terminó en Septiembre del 2010. Igualmente, se determinó la necesidad de un equipo de trabajo que estuviera familiarizado con las lógicas regionales y locales, y que a su vez estuviera en constante o con la comunidad. Por este motivo se conformó un equipo de cuatro personas para que viviera en El Salado, logrando una intervención y o constante. Objetivos de la iniciativa • Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la comunidad de El Salado, a través de la implementación de estrategias de intervención social y desarrollo económico que promuevan el desarrollo integral de la comunidad. • Demostrar que con voluntad política y el apoyo del sector privado se puede reconstruir un lugar como El Salado. • Generar un modelo de atención y reconstrucción replicable en otras comunidades, donde se unan y articulen los esfuerzos del Estado y de la empresa privada.

Población objetivo El proyecto de reconstrucción de El Salado está dirigido a la población radicada y retornada del corregimiento de El Salado, luego de ser víctimas de la violencia y el desplazamiento tras la masacre perpetrada en el año 2000. Organizaciones involucradas Fundaciones Empresariales: Fundación Semana, Fundación Alpina, Fundación Carvajal, Fundación Corona, Fundación Smurfit Cartón de Colombia, Fundación Mutual SER, Fundación Suramericana, Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Carulla aeioTU, Fundación Bavaria, Fundación Éxito. Empresas: Coltabaco, Avianca, Argos, Aguas de Cartagena, Corona, Telefónica, Bavaria, Conexión Colombia, Constructora Bolívar, Empresa Solidaria de Salud, CocaCola Femsa, ING, BE TV, Hoteles Royal, Syngenta, Pavco, Prieto & Carrizosa, Mercedes Salazar, DDB Group Colombia, Eternit, Home Center Sodimac Colombia, Tribal Colombia, Mazda, Alkosto, Pensiones y Cesantías Protección, Nacional de Chocolates, Chevron, Autogalias, Electricaribe, Interactiumedia, Pintuco, Aceral, Lemonade. Organismos de Cooperación: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp OEA), CHF International. Medios de Comunicación: Verdad Abierta, SOHO, Revista Semana, Publicaciones Semana, W Radio, Caracol Televisión, El Universal. Entidades estatales: Presidencia República de Colombia, Alta Consejería de la Reintegración de la República de Colombia (ACR), Comisión Nacional de Reintegración y Reparación (CNRR), Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), Acción Social, Gobernación de Bolívar, Municipio de Carmen de Bolívar, Armada Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Vías (Invías), Ministerio de Transporte, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano par el Desarrollo Rural (Incoder), Profamilia. Otras organizaciones involucradas: Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, Fundación Mi Sangre, Fundación Laudes Infantis, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Antonio Restrepo Barco, Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (CIREC), Simon Hosie (Arquitecto), Corporación Antioquia Presente, Fundación Caminos por Colombia, Universidad Tecnológica de Bolívar.

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2. Programa de Energía para el Retorno Resumen Dada la alta intensidad del conflicto armado en algunas regiones del departamento de Antioquia, muchas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia otras partes del país, sobre todo en las regiones de Urabá y el Oriente Antioqueño. En este sentido, este fenómeno tuvo impactos alarmantes en municipios como: Cocorná, San Carlos, San Luis y Granada, donde gran parte de la población tuvo que desplazarse como consecuencia del conflicto armado. En los últimos años, con la desmovilización de las AUC y la incursión de la Fuerza Pública en la región del oriente, se han venido dando procesos de retorno por parte de los desplazados a sus lugares de origen, que al retornar se dan cuenta que, en algunos casos, otras personas habían habitado sus hogares utilizando los servicios públicos de sus viviendas, y en otros que durante el tiempo que se desplazaron seguían cobrando mensualmente el servició de energía eléctrica, causando grandes deudas en los servicios públicos para los propietarios de los inmuebles. De igual forma, durante la etapa de conflicto la empresa prestadora del servicio de energía no tuvo a la infraestructura energética en la región, lo que causó el deterioro de esta y la interrupción del servicio de energía en diferentes zonas de la región. Frente a esta situación, Empresas Públicas de Medellín -EPM-, puso en marcha desde 2008 el programa Energía para el Retorno, el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones que posibiliten el retorno de estas comunidades a sus viviendas en los municipios de la Cuenca del Nare (Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco) en la región del Oriente Antioqueño. Para este fin, la empresa puso en marcha un plan técnico para restablecer el servicio de energía eléctrica, además de gestionar la expedición el decreto 1657 del 13 de febrero de 2008, por medio del cual se hizo posible la creación de un programa de financiación especial para personas desplazadas, que consiste en la condonación de las deudas que se adquirieron durante el desplazamiento y la financiación de deudas adquiridas antes del éxodo. Este programa, se puede considerar un ejemplo de cómo el sector empresarial desde sus funciones, especificidades y características puede contribuir en los procesos de retorno de población desplazada, donde la empresa cambió sus políticas internas para facilitar y generar un cambio en las condiciones de retorno de estas personas.

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En esta iniciativa EPM se encargó del diseño, planeación y puesta en marcha de la iniciativa, junto con instituciones locales que les permitieron fortalecer una de las grandes falencias del proyecto que era la identificación de los beneficiarios. En este caso EPM inició el proyecto con la preocupación por las condiciones de la comunidad y el entorno donde opera la empresa, donde se identificó y priorizó junto con la comunidad, los problemas y necesidades más urgentes en las que la empresa tuviera la capacidad de incidir y tener un impacto importante, logrando solucionar uno de los problemas que encontraban las personas al regresar a sus hogares facilitando el proceso de retorno. Como conclusión, esta iniciativa se enmarca en una de las zonas que ha sufrido intensamente el desplazamiento y en la que actualmente se adelantan importantes procesos de retorno, donde la empresa contó con la comunidad para identificar los focos relevantes de intervención en los cuales ésta tuviera la posibilidad de influir, logrando un cambio significativo en las condiciones de retorno de la población desplazada.

Programa de Energía para el Retorno En los últimos años, desplazamientos masivos e individuales de personas han sido una de las principales consecuencias y efectos que tiene sobre la población el conflicto armado en Colombia. El departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados por este fenómeno. Dada la alta intensidad del conflicto armado en algunas regiones del departamento de Antioquia, muchas comunidades se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia otras partes del país. En este aspecto, el Oriente Antioqueño es la segunda región más afectada por el desplazamiento forzado en Antioquia, después de Urabá, con 173.021 personas desplazadas entre 1997 y 2010, según cifras de Acción Social. En esta región el desplazamiento ha sido prolongado y constante, con grandes éxodos de población sobre todo en los años 2000 y 200245. De ella, casi el 70% de la población de sus municipios se desplazaron como consecuencia de la alta intensidad de la violencia desplegada en medio de la disputa por el control de zonas estratégica entre actores armados. Más recientemente con la desmovilización de las estructuras de las AUC y la incursión de la Fuerza Pública en la región, se han venido dando procesos de retorno a sus lugares de origen por parte de la población que había sido desplazada. Al momento del retorno los habitantes, se die-

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-. Corte Dic. 31/ 2010.

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ron cuenta que en muchos casos las viviendas abandonadas fueron ocupadas por terceros, quienes habitaron estas viviendas y utilizaron sus servicios públicos como es el caso de la energía. Este hecho generó registros en los medidores y por ende la obligación de facturación por parte de la empresa prestadora del servicio. En otros casos, en el momento del desplazamiento, y por las condiciones del mismo, no se declaró el abandono del predio, por lo cual se continuó con el cobro de las facturas promediando el consumo de los últimos seis meses, lo que generó que las deudas de las personas desplazadas aumentaran considerablemente durante su ausencia sin que estos estuvieran haciendo uso del servicio de energía. Asimismo, como se trata de zonas que han estado afectadas por problemas de orden público, la operación técnica no se pudo prestar cabalmente en su momento, lo que llevó al deterioro de la infraestructura energética, además de obstaculizar el control en el suministro y en algunos casos el desmantelamiento de la infraestructura (transformadores, líneas y medidores) que no se pudieron solucionar oportunamente. En este contexto, las familias que retornaron a sus viviendas se vieron enfrentadas a las altas deudas y la falta del servicio de energía como consecuencia de dos situaciones problemáticas: no estaba habilitado técnicamente el servicio en la vivienda en las veredas, y además existía una factura con consumos acumulados que según establece el marco legal colombiano, debe ser asumida por el propietario del inmueble. Frente a esta situación, Empresas Públicas de Medellín -EPM-, con el fin de restablecer el servicio y contribuir a mejorar las condiciones que posibilitaran el retorno de estas comunidades a sus viviendas, emprendió el Programa “Energía para el Retorno” en los municipios de la Cuenca del Nare (Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco) en la región de Oriente Antioqueño. El Programa “Energía para el Retorno” se propuso contribuir en estos procesos. Por una parte, por medio de medidas financieras que permitieran dar respuesta a las necesidades de las familias desplazadas, de acuerdo con la realidad económica en la que vivían. En este sentido, gestionó la expedición del decreto 1657 del 13 de febrero de 2008, que hizo posible la creación de un programa de financiación especial para personas desplazadas, el cual establece que con la certificación de una autoridad competente, la familia podría solicitar a la empresa la condonación total de la deuda generada durante el desplazamiento y en caso de existir cobros pendientes realizados antes del este, se ofreciera la financiación de los mismos por un pe-

ríodo de hasta de 10 años. Por otra parte, el programa ha buscado el restablecimiento y acondicionamiento de las redes eléctricas para prestar el servicio de energía en la región, con la puesta en marcha de un plan de reconstrucción, reposición y el mejoramiento de las redes eléctricas existentes y la construcción de nuevas redes. Modelo de Intervención Empresarial “Energía para el Retorno”, es una iniciativa innovadora y un claro ejemplo de cómo el sector empresarial desde sus funciones, especificidades y características puede contribuir en los procesos de retorno de población desplazada por la violencia. En este caso en especial, es importante resaltar el hecho de que la empresa gestionó y cambió las políticas y lineamientos internos para tener la oportunidad de ayudar a las personas que fueron desplazadas, ya que de acuerdo con las políticas de la empresa, y las restricciones que le imponía su condición de empresa pública, no podía hacer condonaciones de deudas a las personas. Esto de igual forma, muestra que EPM aporta desde las características, capacidades y actividades propias de su negocio, puesto que trata de aprovechar lo que hace, como lo es el servicio público de energía, para facilitar y mejorar las condiciones para el retorno efectivo de personas a los municipios. De acuerdo a lo anterior, dentro de esta iniciativa se puede identificar una forma o categoría de aporte por parte de EPM a través de la inversión social del negocio, entendida como las acciones y aportes filantrópicos de las empresas que se enmarcan dentro de las actividades propias de esta y del núcleo de su negocio. En este caso los aportes, no representan necesariamente oportunidades de negocio rentables para las empresas, pero si genera condiciones propicias para el retorno, por medio de la condonación de deudas a personas desplazadas. En particular el sector empresarial, representado por EPM, juega un papel fundamental en este proceso, ya que es quien diseñó, planificó y puso en marcha la iniciativa. Asimismo, la iniciativa surge de la preocupación por las condiciones del entorno de influencia y operaciones de la empresa, con el propósito de generar lazos de confianza con la comunidad, hecho que facilita el funcionamiento y la sostenibilidad del negocio. Es importante destacar dos elementos claves de este modelo de intervención. Por un lado, el haber adecuado los planes de acción a las necesidades, problemas y características del entorno donde se va a hacer la intervención. Por otro lado, aunque EPM no ha tenido aliados en el proceso de intervención como tal, se apoyó en las instituciones guberna-

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mentales para el fortalecimiento de las debilidades que tenía la empresa por ejemplo en la identificación de los beneficiarios, aspecto en el cual la empresa no tiene la experiencia ni el conocimiento de las particularidades de la comunidad. En este sentido, vale la pena resaltar el proceso de interacción adelantado por la empresa con la comunidad en lo que se llamó “La Mesa Energética del Oriente”46, donde se evidenciaron las principales necesidades y problemas de la comunidad. Con los insumos obtenidos a través de la Mesa se planeó y diseñó el proyecto, tomando en cuenta las particularidades de la población desplazada, quienes pedían el restablecimiento del servicio y la verificación de altos valores facturados. Por último, es importante mencionar algunas de las características del Programa. Por una parte, esta iniciativa se enfocó en lugares que fueron escenario de grandes éxodos de población y que ahora son motivo de retornos importantes por parte de la población desplazada. Por otra parte, el Programa involucró a la comunidad en la identificación de las necesidades y los focos más urgentes de atención, lo que permitió enfocar el proyecto en las principales necesidades de ésta donde la empresa tiene capacidad de influir. Por último, la empresa socializó el proyecto con la comunidad, por medio de talleres educativos, en los que adicionalmente informaba sobre las nuevas condiciones de cobro y servicio, buscando el acercamiento y la creación de confianza con la comunidad. Análisis del Modelo de Intervención (Conclusiones) Esta experiencia muestra otra forma en la que el sector empresarial puede aportar en los procesos de retorno de la población desplazada, de acuerdo a las características, especificidades y posibilidades de la empresa y su negocio. En este sentido, cabe señalar que trabajar de acuerdo a estos aspectos permite a la empresa tener un mayor impacto en las comunidades y en el proceso de intervención debido a que tiene un mayor conocimiento de los procedimientos y temas a trabajar. Es necesario que las empresas se apoyen en otras entidades que les permitan fortalecer las falencias que pueda tener en temas específicos, y con esto enriquecer el proceso de intervención de la iniciativa. En este caso, EPM se apoyó en organizaciones especializadas para la identificación de los beneficiarios, tema en que EPM no tiene la capacidad y experiencia, para que el proceso cumpla con el objetivo planteado de beneficiar específicamente a las personas que han sufrido el desplazamiento forzado.

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Por otro lado, es importante resaltar la necesidad de hacer programas que contemplen las necesidades y características de la comunidad, además del entorno de operación del proyecto. Esto permite establecer e identificar los problemas que deben ser intervenidos por los programas de la empresa de tal forma que tengan una mayor incidencia e impacto en las condiciones de la comunidad. En este caso, se evidencia que uno de los factores de éxito del proyecto dependió de la identificación de problemas específicos, donde le empresa podría tener una incidencia importante como lo son el sistema de servicio de energía, la condonación y financiación de deudas durante el proceso de desplazamiento.

Descripción de la iniciativa Antecedentes El 26 de Junio de 2007 EPM extiende sus operaciones y empieza a trabajar en todo el departamento de Antioquia. En el mes de septiembre de 2008, en el municipio de El Santuario en el Oriente Antioqueño, se realizó un foro regional donde la comunidad le reclamaba a la empresa dos asuntos básicos enmarcados en el inicio de los procesos de retorno de habitantes de la región: el restablecimiento del servicio y la verificación de altos valores facturados. Posterior a este foro, se decide formar una mesa intergremial para construir soluciones a los problemas de la comunidad, la cual se llamó “La Mesa Energética del Oriente”. Esta mesa se articuló con el “Laboratorio de Paz del Oriente”, adscrito al Programa de Desarrollo y Paz del Oriente (PRODEPAZ). En esta mesa se empezó a observar y conocer los problemas de la comunidad, sobre todo los problemas de la población desplazada. A partir de ese momento EPM inició las acciones técnicas y de atención para facilitar el proceso de retorno de la población. En este sentido, EPM encontró varios problemas entre las comunidades relacionados con la prestación del servicio de energía. Por una parte, y debido a la alta intensidad del conflicto armado vivida en algunas regiones del departamento de Antioquia, un gran número de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y desplazarse hacia diferentes zonas del país. En muchos casos las viviendas abandonadas fueron ocupadas por terceros no autorizados, quienes hicieron uso indiscriminado del servicio de energía, lo cual generó registros en los medidores y por ende la obligación de facturación por parte de la empresa prestadora del servicio. En otros casos al abandonar el predio sin de-

Para más información sobre “La Mesa Energética del Oriente”, dirigirse a la descripción de la iniciativa.

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clarar, el servicio no se cortó generando el aumento en las deudas por el servicio de energía. Por otro parte, los problemas de orden público también limitaron el de la empresa a los contadores por lo que la facturación se hizo con base al promedio del consumo de los últimos seis meses, lo que generó que las deudas de las personas desplazadas aumentaran considerablemente, sin que estos estuvieran haciendo uso del servicio de energía. Asimismo, la empresa no pudo realizar operaciones técnicas de vigilancia y mantenimiento, lo que llevó al deterioro de la infraestructura energética, además de tener restringido el control del suministro y sobre el desmantelamiento de la infraestructura (transformadores, líneas y medidores) que no se pudieron solucionar oportunamente por la Empresa Antioqueña de Energía quien en ese momento operaba en la región. Lo anterior, llevó a que las familias al retornar a sus viviendas se encontraran con dos problemáticas concretas: 1) altas deudas por las facturas no pagadas de energía con consumos acumulados que según establece el marco legal colombiano, debe ser asumida por el propietario del inmueble, y 2) la falta de este servicio por no encontrarse habilitado técnicamente en la vivienda y en las veredas. Frente a esta situación, EPM con el fin de contribuir a mejorar las condiciones que posibilitaran el retorno de estas comunidades a sus viviendas, emprendió un programa de acondicionamiento de las redes eléctricas y al mismo tiempo tomó medidas financieras que permitieran dar respuesta a las necesidades de las familias desplazadas, de acuerdo con la realidad económica en la que viven, al que se llamó “Energía para el Retorno”. Como antecedente a la implementación de este proyecto, está la aplicación de un esquema tarifario especial a las familias desplazadas de la comuna trece, posteriormente a la toma que la alcaldía en compañía de las Fuerzas Militares hizo de esta comuna con la “Operación Orión”. Al momento de la toma se observó que había una situación similar con el desplazamiento intra-urbano de familias, donde las bandas se apropiaban de las casas, utilizando los diferentes servicios públicos, ocasionado grandes deudas para las familias desplazadas. En ese momento la junta directiva de EPM decidió y autorizó que se diera un trato tarifario especial para esas personas desplazadas para solucionar algunos problemas de las familias que retornaban. Descripción Como ya se mencionó, EPM emprendió el Programa de Energía para el Retorno, con el objetivo de acompañar y facilitarles a las familias el proceso de retorno, solucionando

los problemas de servicio de energía eléctrica y las deudas adquiridas durante el lapso de desplazamiento. Para este fin, se puso en marcha un plan técnico para restablecer el servicio de energía eléctrica mediante la reconstrucción, reposición y mejoramiento de las redes eléctricas existentes y la construcción de nuevas redes para dotar del servicio a los s que se establecen en la región. En reuniones con las comunidades y representantes de las istraciones municipales, se acordó desarrollar visitas a las veredas afectadas, en las cuales personas de la comunidad acompañaban a las cuadrillas técnicas y entre ambos hacen un diagnóstico minucioso de los problemas técnicos y de las instalaciones de servicio. Posteriormente se programaron los trabajos de reposición de redes y restablecimiento del servicio, donde también se incluyó a la población desplazada como mano de obra no calificada durante la obra de reconstrucción de la infraestructura eléctrica, contribuyendo a mejorar la situación de desempleo que vivía esta región. Con respecto al problema de las deudas acarreadas durante el desplazamiento, se expidió el decreto interno número 1657 del 13 de febrero de 2008, por medio del cual se estableció un programa de financiación especial para personas que sufran desplazamientos forzosos originados por alteraciones de orden público y violencia. La medida establece que con la certificación y establecimiento de las fechas durante las cuales la familia permaneció desplazada, por parte de una autoridad competente, como lo es la Fiscalía, la Secretaria de Gobierno del Municipio y principalmente la Personería, las familias podrán solicitar a EPM la condonación total de la deuda generada durante ese lapso. Asimismo, de existir consumos pendientes de cobro, realizados por las familias antes del desplazamiento forzado, se ofrecerá la financiación de los mismos por un período de hasta 120 meses (10 años), sin cuota inicial y con una tasa de interés igual a cero. En este caso es importante señalar que aunque este fue un modelo diseñado para el Oriente Antioqueño, la estrategia de trato especial beneficia y es aplicable a todo el departamento de Antioquia, ya que por ley la empresa no puede discriminar positivamente entre sus clientes, lo que extiende el beneficio a otras zonas donde la empresa tenga operaciones. Paralelamente, a lo mencionado anteriormente, se desarrollaron acciones puntuales para dar a conocer las medidas y resolver todas las inquietudes de las comunidades con respecto al programa, el proceso de facturación y lo concerniente al servicio de energía prestado por EPM, entre las cuales están:

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• Un plan de comunicación a través de las emisoras de radio local y regional, y la fijación de afiches en lugares públicos. • Promoción de asesoría personalizada en las oficinas de EPM y disposición de personal en la línea gratuita 44 44 115 para atención de inquietudes. • Acciones sociales que incluyeron espacios de diálogo y concertación con comunidades, representantes de istraciones municipales y personeros para buscar la viabilidad del programa, el acompañamiento y sostenimiento para posibilitar las relaciones de mutuo beneficio. • El acompañamiento social también fue importante para EPM, buscando proteger a las cuadrillas y los trabajadores que debían entrar a estas veredas o poblados que sufrieron el conflicto armado y que tienen en sus caminos campos minados que dificultan la labor. Por esto, fue necesario asesorarse de los líderes y habitantes de veredas, quienes conocen su entorno, y estuvieron dispuestos a colaborar activamente con el proyecto. • Estrategias educativas que han incluido talleres, charlas, cartillas y una actividad denominada “Sancochos Comunitarios”, los cuales tuvieron una acogida especial por parte de las comunidades y sus líderes, ya que en medio de un ambiente de tertulia, se divulgan los detalles de la intervención técnica de las redes, sus implicaciones, la importancia del uso seguro de la energía y del uso eficiente del servicio. Estas acciones se han desarrollado particularmente en veredas y corregimientos de los municipios de Turbo, Apartadó, Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis y San Carlos. En estos lugares se facilitó el retorno de los desplazados en coordinación con las autoridades y las personerías municipales, las comunidades y sus líderes. Durante la ejecución de este proyecto se han ejecutado entre otras las siguientes acciones: • Definición de las veredas a intervenir, así como la magnitud de los programas a realizar y su ejecución, en común acuerdo con las comunidades, representantes de las istraciones municipales y personeros. • Diseño y reconstrucción de la infraestructura eléctrica faltante para dotar del servicio de energía eléctrica a las viviendas objeto del proyecto. • Ejecución de actividades de mantenimiento de las redes. • Dotación del servicio de energía eléctrica a nuevas viviendas que se han construido dentro de la zona de influencia de la infraestructura que se está reponiendo.

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El proyecto hace un seguimiento continuo a los beneficiarios, donde se observa la evolución y la calidad tanto del servicio como de la situación de las familias retornadas. Por otro lado, la empresa desde la gerencia de generación se vincula a proyectos de emprendimiento como forma de apoyar el trabajo del proyecto “Energía para el Retorno”. En este sentido, el proyecto va acompañado de la creación y fortalecimiento de unidades productivas, enfocadas a la producción de a como es el caso de la vereda El Porvenir, o la producción piscícola en el caso de San Carlos, que genera entre 100 y 120 empleos. Por otro lado, se trabaja en proyectos de reforestación y cuidado de cuencas, explotación de maderas renovables, se tienen proyectos de cocinas eficientes, la donación de útiles escolares a los niños de los municipios y almuerzos y desayunos comunitarios para las escuelas. Por último, gracias al éxito del proyecto, se han ido acercando entidades gubernamentales como la Alcaldía de Medellín para que EPM replique este proyecto en otros lugares del departamento. Rol de EPM La empresa tiene una política de RSE donde se determina que la participación de la compañía solo puede participar en proyectos que busquen reducir el impacto de sus operaciones en lugares de influencia de la empresa o en iniciativas que se adecuen al funcionamiento y negocio de la compañía. En este sentido, la empresa trabaja en dos focos, el primero, es en la universalización del servicio y, el segundo, es la vinculación de la empresa a iniciativas que desde su rol de prestación de servicios públicos impulsen el desarrollo de las regiones. En ese contexto, en el Programa de “Energía para el Retorno”, EPM se encarga del proceso de implementación del proyecto, realiza el proceso de condonación de deudas de las familias desplazadas y el proceso de financiación de las deudas pendientes ocasionadas antes del proceso de desplazamiento forzado. Población Objetivo El proyecto está enfocado en comunidades de bajos recursos, desplazados de sus veredas por problemas de orden público y que en la actualidad están retornando a sus viviendas. Inicio y Cobertura Geográfica El programa de “Energía para el Retorno” se implementó desde el 2008, principalmente en el Oriente Antioqueño, en la zona conocida como la Cuenca del Nare, en el Depar-

tamento de Antioquia. Hasta el momento se ha intervenido en los municipios de Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco. A parte de estos municipios y por petición de la Alcaldía de Medellín, en este momento se está implementando el proyecto en algunas comunas y barrios de Medellín. En este sentido, es importante señalar que si bien el programa se ha enfocado en estos lugares, puede ser utilizado por cualquier persona que cumpla con los requerimientos estipulados por el decreto, y que se encuentre en el departamento de Antioquia.

Bibliografía Entrevista a Oscar Gómez, EPM el 26 de Agosto de 2010. Información suministrada por EPM.

3. Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta Resumen El departamento de Magdalena, ha sido uno de los más afectados en materia de desplazamiento forzado, ocupando el tercer puesto a nivel nacional en número de población desplazada expulsada y recibida entre 2007 y 2010. Dentro del departamento, Santa Marta, su capital, se ha convertido en uno de los principales centros de recepción después de Bogotá y Medellín. En este contexto tiene lugar la iniciativa para la atención de la población desplazada de C.I. Unibán S.A, que por medio de su Fundación Social -FundaUnibán- ha puesto en marcha, desde junio de 2010, el Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta, el cual tiene como objetivo, contribuir a la estabilización socioeconómica y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones desplazadas del municipio, mediante el fortalecimiento y mejoramiento de la oferta integral de servicios en tres aspectos básicos: generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria. Este proyecto es una alianza entre actores públicos y de la cooperación internacional, como lo son USAID, FUPAD y Fomipyme, entidades que aportan los recursos necesarios para la financiación y sostenimiento del proyecto, y el sector empresarial en cabeza de Fundaunibán, que diseñó el proyecto y se encarga del funcionamiento del mismo. Este iniciativa es un ejemplo de cómo desde el sector empresarial, a través de la creación de fundaciones empresariales, puede contribuir a mitigar los impactos del desplazamiento forzado, por medio de acciones como la implementación de procesos que ayuden a la inserción laboral y social de la población desplazada, el fortalecimiento y consolidación de unidades productivas, y la atención psicosocial necesaria para el proceso de inserción social en su nuevo lugar de residencia. Por otro lado, con esta iniciativa Fundaunibán contribuye en el mejoramiento del entorno en el que opera C.I Unibán, y por lo tanto del funcionamiento de la empresa. En este caso se promueven acciones para la creación, fortalecimiento y consolidación de los negocios por medio de procesos de capacitación, formación técnica, acompañamiento y asesoramiento continuo para la generación de ingresos y la sostenibilidad a largo plazo de las unidades productivas. De igual forma, se destaca que este programa intenta la adecuación de los proyectos productivos a las características, habilidades e intereses de las personas (en este caso desplazadas) como forma de facilitar su partici-

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pación y su sostenibilidad a futuro, facilitando que ellas y sus familias tengan una mejor adaptación a su nuevo entorno y condición de vida. En conclusión esta iniciativa combina varios aspectos fundamentales para la atención a la población desplazada. Por una parte, el apoyo a la generación de ingresos con el acompañamiento psicosocial que le permite a la población victima de desplazamiento una mejor adaptación a su nuevo entorno y mejorar sus condiciones de vida; y por otra parte, estimula la diversificación y adaptación de los negocios de acuerdo a las capacidades y preferencias de las personas, lo que facilita la vinculación de diferentes grupos poblacionales y la sostenibilidad futura de la unidad productiva.

Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta En Colombia, hay discrepancia en las cifras sobre el fenómeno del desplazamiento forzado interno, pero se calcula que en promedio hay más de 3.5 millones de personas desplazadas, el equivalente a más de 7% de la población nacional. Este hecho ha convertido a este fenómeno en una de las consecuencias más preponderantes del conflicto armado y en uno de los problemas más complejos y difíciles de solucionar por parte del gobierno, debido a que este no tiene la capacidad institucional y financiera de atender este fenómeno a cabalidad. Aunque el desplazamiento ha afectado a diversas regiones del país, el departamento del Magdalena ha sido uno de los más golpeados en términos de expulsión y recepción de personas, siendo el tercer departamento a nivel nacional en estos dos factores. Según cifras de Acción Social, para el periodo comprendido entre 1997 y 201047 el municipio de Santa Marta fue el principal expulsor y receptor del departamento, y el tercer municipio con mayor recepción a nivel nacional detrás de Bogotá y Medellín, con 65.223 personas expulsadas y 158.875 recibidas. Este contexto llama la atención sobre la necesidad que tiene el departamento y municipio de desarrollar programas que faciliten la atención integral de esta población vulnerable. En este sentido, se han implementado diferentes iniciativas enfocadas hacia la atención de la población desplazada, una de estas es la impulsada por la empresa C.I. Unibán S.A. quien tiene como zona de influencia a Urabá y el departamento del Magdalena. Por medio de su Fun-

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dación Social, Fundaunibán, Unibán ha tratado de contribuir a la mitigación de las consecuencias del fenómeno del desplazamiento en estas zonas, sobre todo en Santa Marta con el Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta, lo que muestra una intención y preocupación por parte de la empresa en mejorar las condiciones del entorno y las poblaciones vulnerables de la zona donde opera. Modelo de Intervención Empresarial Este iniciativa es un ejemplo de cómo desde el sector empresarial se puede contribuir a mitigar los impactos del desplazamiento forzado en las personas, por medio de la implementación de unidades productivas y la generación de ingresos que ayuden a la estabilización socio-económica de la población afectada por este fenómeno. Esta iniciativa surge desde el sector privado en cabeza de Fundaunibán, quien busca el mejoramiento de las condiciones del entorno donde opera C.I. Unibán por medio de la atención a una población con altos índices de vulnerabilidad como lo son los desplazados en el municipio de Santa Marta. En este caso se busca facilitar la inserción laboral y social de dicha población a través del proceso de fortalecimiento y consolidación de unidades productivas, que incluye un componente de atención psicosocial necesario para el proceso de inserción social en su nuevo lugar de residencia. Asimismo, esta es una iniciativa que combina esfuerzos de diferentes actores como la cooperación internacional en cabeza de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- y la Fundación Panamericana del Desarrollo -FUPAD-, y actores gubernamentales como el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas -Fomipyme-, quienes aportan los recurso necesarios para el funcionamiento del proyecto. Para este programa, el sector empresarial representado por Fundaunibán es quien se encarga de operar y ejecutar el proyecto y recursos proporcionados por las otras entidades. En este caso la fundación, aporta recursos humanos, acompañamiento y transferencia de conocimiento en los procesos de formulación, montaje, desarrollo y fortalecimiento de las unidades productivas y se encarga de las labores istrativas, de capacitación y transferencia de conocimiento, además del acompañamiento psicosocial a sus integrantes. En este sentido, se puede ver que el aporte del sector empresarial se da desde lo que se podría llamar “Inversión

Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010.

98 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Social”48, donde por medio de Fundaunibán se aporta para ayudar a la población desplazada en el proceso de estabilización socio-económica y de inserción social al nuevo entorno en la ciudad de Santa Marta. La iniciativa tiene una clara intención de mejorar las condiciones de las zonas de influencia de la empresa por medio de proyectos para la atención a poblaciones vulnerables como los desplazados, demostrando el interés e importancia que le asigna la empresa a las condiciones del entorno de operación para su óptimo funcionamiento. Por último, este es un modelo que no se enfoca en un tipo específico de negocio, sino que trata de brindar alternativas y abrir opciones a la población desplazada, que por su magnitud y extensión, está compuesta por personas con capacidades e intereses diversos. En este caso, la diversificación permite que diferentes grupos poblacionales tengan a este programa al apoyar proyectos con mujeres, campesinos y grupos étnicos, entre otros. Análisis del Modelo de Intervención (Conclusiones) Esta experiencia muestra otra forma en la que el sector empresarial puede aportar a la atención de la población desplazada, a través de procesos de estabilización socioeconómica e inclusión social. Primero, como facilitador y promotor en la creación, fortalecimiento y consolidación de los negocios por medio de procesos de capacitación, formación técnica, acompañamiento y asesoramiento continuo; y segundo como generador de ingresos, y apoyo en el desarrollo de planes de negocio y de sostenibilidad de las unidades productivas. Por otro lado, este programa muestra una forma en la que el sector empresarial puede vincularse en proyectos sociales a través de las fundaciones para contribuir al mejoramiento de su entorno. A través de Fundaunibán, la empresa contribuye directamente con el mejoramiento de las zonas y comunidades de influencia de la empresa, mejorando el relacionamiento con éstos y por ende el entorno de operación de su negocio. En este sentido, se puede decir que el conocimiento e intervención para el mejoramiento del entorno de operaciones facilita o dificulta las actividades de la empresa, lo que lo convierte en un componente fundamental del negocio a considerar. De igual forma, dentro de este modelo de trabajo se pueden evidenciar dos estrategias de vinculación. La primera, se da a través de la adecuación de los proyectos pro-

48



ductivos a las características, habilidades e intereses de las personas (en este caso desplazados) como forma de facilitar su participación, como se evidencia en las diferentes iniciativas o tipos de negocio que apoya este proyecto; y la segunda, es una estrategia de vincular a otras organizaciones de acuerdo a las posibilidades y características de cada organización, donde la empresa se apoya en organizaciones gubernamentales y de cooperación internacional para el financiamiento y consecución de recursos para la realización del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo. Por otro lado, uno de los aspectos positivos más sobresalientes de esta iniciativa es que el programa combina dos aspectos fundamentales para la superación de la condición de desplazamiento como la generación de ingresos y empleo, y la atención psicosocial de apoyo que facilita su adaptación al lugar de recepción y a las nuevas condiciones de vida. Es importante resaltar, la necesidad de hacer programas que contemplen y den respuesta a más de un componente del problema de manera simultánea de tal forma que permita superar algunas de las limitaciones que tienen procesos como estos y asegurar un mayor impacto en las condiciones de vida de la población desplazada. En particular, es importante resaltar que los proceso de intervención para la generación de ingresos, deben estar acompañados de procesos de atención psicosocial que les permitan a las personas y sus familias tratar las secuelas emocionales y sociales que han quedado durante el desplazamientos y así facilitar su incorporación a un nuevo entorno social y su condición de vida. Por último, cabe señalar que con generación de oportunidades de negocios que se ajustan más a las habilidades y preferencias de las personas, se estimula su compromiso y dedicación con las unidades productivas en el futuro, y en esa medida su sostenibilidad a largo plazo, contribuyendo efectivamente al mejoramiento de las condiciones de la población desplazada. Lección Aprendida: Mantener un seguimiento cercano y permanente que permita ir evaluando los avances y ajustando el cronograma teniendo en cuenta las dificultades y necesidades que tienen los beneficiarios. Retos: Uno de los principales retos está en la etapa de fortalecimiento y consolidación de las unidades productivas, en el sentido que deben construir bases fuertes y dejar capacidad instalada para que estas pequeñas empresas puedan posicionarse y lograr su sostenibilidad a largo plazo, posterior a la finalización de proyecto.

Inversión Social: Son los aportes filantrópicos de las empresas que no están asociados al negocio del mismo o no representan una inversión rentable para el negocio de la empresa. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 99

Descripción de la iniciativa El Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta, desarrolla un modelo integral de intervención y gestión de servicios de seguridad alimentaria, de empleo y generación de ingresos para poblaciones desplazadas en el sector norte del municipio de Santa Marta. Su objetivo es “contribuir a la estabilización socioeconómica y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones desplazadas del municipio de Santa Marta, mediante la gestión que permita fortalecer y mejorar la oferta integral de servicios (generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria)”. En este sentido se están apoyando a 200 familias beneficiarias del programa, que comprende 70 participantes del corregimiento de Guachaca y 130 de los barrios de la ciudad. Para ello primero se adelantaron estudios de línea base y planificación con las familias de la zona, se identificó la oferta de servicios y se gestionó apoyo con el sector público y privado, para después poder focalizar la intervención, orientar de manera más eficiente los recursos, definir los proyectos y diseñar un plan de acción para 12 meses. El programa desarrolla y beneficia a las unidades productivas autosostenibles en tres componentes básicos: 1. Salud: busca que todos los participantes accedan a los servicios que brinda el Estado, por medio de campañas preventivas y de auto cuidado. 2. Seguridad alimentaria: brinda por medio de huertas caseras, la oportunidad de fomentar la producción para el autoconsumo 3. Generación de ingresos: a través de la aplicación de herramientas contables, istrativas, de producción y comercialización, se busca que los participantes fortalezcan su unidad productiva, que les permita aumentar sus ingresos, reincorporándose a la vida laoral y social. Dentro del programa se considera que la intervención social, es un eje transversal, para el desarrollo de la persona, la autoestima, el liderazgo, el manejo de conflictos, las relaciones personales, familiares, entre otras. Por otro lado, a cada participante se le entrega el equivalente a $1.100.000 en insumos, para que fortalezcan su unidad productiva, de acuerdo al plan de negocios diseñado previamente con el apoyo de asesores empresariales del programa quienes los guían en la aplicación de herramientas contables, istrativas, de producción y comercialización que contribuyan a aumentar su competitividad, obtener mayores ganancias a largo plazo y reincor-

100 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

porarse rápidamente a la vida laboral y social. Asimismo, se hace un estudio sobre las áreas en las que las personas requieren mayor apoyo (atención en salud, servicio al cliente, seguridad ciudadana y formación titulada, etc.) para fortalecerlos en estos temas y mejorar el desempeño de sus microempresas. Paralelamente, cada beneficiario recibe atención personalizada para garantizar el aprendizaje de cada uno de los participantes. ACTIVIDAD Producción (artesanias, calzado, ebanisteria, bloques) Producción de alimentos (panaderías, restaurantes, venta de fritos, jugos)

NO. DE PERSONAS 22 45

Comercialización (mercancia, venta de helados, pescado, frutas,

96

víveres, abarrotes, repuestos)) Servicios (lavadora, fotocopiadora, salas de belleza, video

14

juegos) Actividad agropecuaria (cultivos orgánicos, frutas y hortalizas, cría de

23

gallinas de engorde) TOTAL

200

Tomado de: Boletín electrónico institucional de la Fundación Social de Unibán – Magdalena, “Frutos de Nuestra Cosecha”. Avance informativo - semana 9, marzo de 2011 – No 137.

El programa se encuentra en su etapa final, concluyendo el proceso de fortalecimiento a las unidades productivas, las cuales se clasifican según su etapa en estado de crecimiento, sostenimiento y estabilización, al terminar la ejecución del proyecto. En abril de 2011 culminó la intervención de FUPAD. Sin embargo, FOMIPYME continúo con el apoyo a las unidades productivas en temas de seguridad industrial, ambiental y salud ocupacional hasta el mes de diciembre del mismo año. Con la implementación de este proyecto, también se apoya a la población desplazada al ofrecerle opciones de capacitación y atención psicológica. Con el programa se han atendido a las 200 personas en los siguientes componentes: (ver cuadro en la página siguiente). Por último, es importante señalar que el componente de seguridad alimentaria ha tenido una gran aceptación por la comunidad porque les da la oportunidad de tener dentro de sus hogares siembra de diferentes especies y complementar la dieta alimentaria diaria. Esta actividad se viene realizando con el acompañamiento del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con ella participan a la fecha cerca de 123 personas.

COMPONENTE EN SALUD Atención psicosocial Talleres proyecto de vida

PERSONAS ATENDIDAS 37 personas 173 personas

Promoción en salud

71 personas

Educación sanitaria y salud ocupacional

68 personas

SEGURIDAD ALIMENTARIA Asesoría en seguridad alimentaria Patios productivos GENERACIÓN DE INGRESOS Talleres de mentalidad empresarial Asesorías unidades productivas Diagnóstico y plan de acción Elaboración de planes de negocio

PERSONAS ATENDIDAS 43 personas 123 personas PERSONAS ATENDIDAS 183 personas 52 personas 119 personas 59 personas

Finalmente, se atiende a las familias desplazadas considerando criterios de equidad de género y etnia, donde la diversificación de unidades productivas puede atender a diferentes poblaciones como lo pueden ser las mujeres, campesinos y grupos étnicos.

Cosecha“; Se fortalecen 200 unidades productivas de microempresarios en Santa Marta”. Avance informativo semana 36, septiembre de 2010 – No 119. GAVIRIA, Lilliana P. Boletín electrónico institucional de la Fundación Social de Unibán – Magdalena, Frutos de Nuestra Cosecha; “Programa de atención a la comunidad desplazada se evalúa en Santa Marta”. Avance informativo - semana 47, noviembre de 2010 – No 127. GAVIRIA, Lilliana P. Boletín electrónico institucional de la Fundación Social de Unibán – Magdalena, Frutos de Nuestra Cosecha; “Se fortalecen unidades productivas de comunidades en situación de desplazamiento y grupos vulnerables”. Avance informativo - semana 9, marzo de 2011 – No 137. Información suministrada por Lilliana Patricia Gaviria, comunicadora social de Fundaunibán Santa Marta.

Rol de Fundaunibán Fundaunibán como entidad encargada de la ejecución del programa y los recursos, es la encargada de velar por el buen funcionamiento de éste y agotar los esfuerzos que permitan atender en las áreas de seguridad alimentaria e ingresos a la totalidad de los beneficiarios para su conexión con la generación de emprendimientos o fortalecimientos productivos, de distintos tamaños, vinculados a las cadenas productivas de la región. En este sentido, por medio de su equipo de asesores empresariales y sociales, Fundaunibán es la encargada del asesoramiento en la formación de planes de negocio y la conformación de las unidades productivas, además del proceso de acompañamiento y atención psicosocial que requieren las personas desplazadas durante el proceso de consolidación empresarial. Inicio y Cobertura Geográfica El Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta, se inició el 1 de junio del año 2010, con una duración inicial de 12 meses. Este programa se implementó en la zona norte del municipio de Santa Marta en el corregimiento de Guachaca y en la Ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.

Bibliografía GAVIRIA, Lilliana P. Boletín electrónico institucional de la Fundación Social de Unibán – Magdalena, Frutos de Nuestra

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 101

102 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Casanare

Energético

Agrícola

-

Ganadero

Agropecuario

Agropecuario

Agrícola

Guaviare

-

SECTOR ECONÓMICO

Ganadero

-

1990-2000

2008

1997-2004

AÑO

Meta

(Nariño)

Túquerres y Potosí

(Nordeste de Antioquia)

San Roque y Caracolí

Montes de María

(Turbo, Antioquia)

El Puerto de Zungo

Urabá.

LUGAR

Colaboración con cargamentos

El vínculo se hizo a través de la

Extorsión con fines de financiación de las autodefensas.

multinacional Petrolera Perenco.

Robo de propiedades.

Extorsión (Campesinos).

Autodefensas.

Financiación y acuerdos con las

extorsión, presiones, y amenazas.

Ganaderos, empresarios, agricultores, comerciantes, contratistas, y

Santiago Gallón Henao (Ganadero y Caballista).

Individuos:

desplazados.

Pago de vacunas a la guerrilla por

de protección sobre tierras de

Elías Hincapie.

Gestión para levantamiento

compra de tierras a bajo precio.

Engaño y presiones para traspaso o

Elkin Sierra.

Individuos:

Agropecuaria Tacaloa.

Convivir Papagayo.

Vacunas.

Dorn Robert Wenninnger. Empresas:

Soborno aduanero.

Charles Dennis Keiser.

municiones.

transportar armas, al igual que

Colaboración en guardar y

(Narcotráfico).

John Paul Olivo.

Individuos:

Bandex.

Chiquita Belgie (embarcación).

Chiquita Bremen (embarcación).

de droga, ocultos en la fruta

Concierto para delinquir.

Empresas: Chiquita Brands Inc.

dólares) para las AUC.

Ganvaderos.

Financiación (1.7 millones de

TIPO DE VINCULACIÓN

Bananeros.

EMPRESA Y/O INDIVIDUO

Registros en prensa49 de vínculos de empresas y empresarios con la generación del desplazamiento forzado

Anexo 1

Alias “Flechas”.

“Don Mario”.

Paramilitares

Alias Chepe.

Paramilitares Alias Pedro y

ELN

FARC

Granada.

Nutibara; Bloque Héroes de

Bolívar; Bloque Cacique

(ACCU); Bloque Central

Paramilitares: Bloque Metro

Paramilitar Carlos Castaño.

víctimas en Urabá).

Paramilitares (11.000

INVOLUCRADO

ACTOR ILEGAL / LEGAL

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 103

49



2000

2006

1994-2006

2000

1997–1998

-

1997-2007

-

Comercial

Terratenientes

Palmero

Bananero

Bananero

Bananero

reclutamiento.

Comerciantes.

protección del ELN.

Familia Escarpeta. Familia Guzmán.

empresas y comerciantes para

Financiamiento por parte de las

Putumayo.

Báez, y al gobernador Palacios del

encontraba bajo el mando de

Familia Mejía.

Individuos:

Empresas y Comerciantes.

Dueño de la empresa, el señor Jaime Osorio Ríos.

Individuos:

Distribuidores y representación de Líder.

Financiamiento al grupo que se

crímenes cometidos.

Hacendado Jesús Emilio Rueda. Empresas:

y son autores intelectuales de los

financiaron grupos paramilitares

Palmicultor Juan Guillermo González Moreno.

Hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya.

Individuos:

Palmicultores y hacendados

AUC para compra de armas y

Empresarios industriales. Políticos.

Promoción y financiación de las

Empresarios nacionales.

de cualquier índole.

para que “HH” interviniera en temas

Individuos:

Financiamiento de las empresas

Multinacionales.

sindicalistas.

Asesinato de campesinos y

través de la Convivir Papagayo.

Pago por parte de las empresas a

sindicalistas.

para asesinatos selectivos de

Pago por parte de la empresa

reducir costos.

Bananeras.

Empresas:

Agrícola El Carmen.

Riocedro Ltda.

El Convite S.A.

Exportadora de Banano S.A.

Coochigorodó.

Centurión S.A.

Empresas:

Dole Food Co.

Empresa:

Paramilitar alias “HH”.

Bloque Calima de las AUC.

Báez”.

Paramilitar alias “Ernesto

Bloque Central Bolívar.

las Autodefensas.

Bloque Elmer Cárdenas de

alias “HH”.

AUC, el grupo al mando de

el dinero.

través de las cuales entraba

las finanzas de las Convivir, a

“Hasbún”; quien manejaba

Paramilitares: Alias

AUC

biliza por su contenido o veracidad, ni se hacen responsables del uso que se de a la información que se pone a disposición del público en esta sección.

Toda la información presentada en este cuadro ha sido recogida de noticias de prensa o fuentes públicas que son reseñadas más abajo. Los autores y organizaciones participantes de este informe no se responsa-

Valle del Cauca

Cauca

Putumayo

Caldas

Antioquia

chocoano

Urabá, Antioqueño y

chocoano

Urabá, Antioqueño y

Valle del Cauca

Urabá, Antioqueño

Magdalena

La Guajira

Magdalena

Socios activos de las AUC para

104 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Curvaradó.

Jiguamiando y

Bajo Atrato chocoano

chocoano

Urabá antioqueño y

2008 -2010 Javier José Daza Pretel, ex representante legal de Urapalma. Remberto Álvarez Vertel, exrepresentante legal de Asopalma. Hernán Gómez Hernández

agro y promotor de boxeo en Córdoba

Dagoberto Antonio Montiel Mercado.

Montería Robin Manuel Calonge

José Miguel Ruiz Cossio.

Danilo Pacheco De la Hoz.

Jiuvanni Suescún López.

Javier Morales Estrada.

Hermén José Muñoz González.

Mario Alberto Vélez Giraldo.

Manuel Gregorio Denis Blandón.

Juan José Palacios Palacios.

empresa Urapalma.

Jorge Luis Santo Ortega: Nació en Sincelejo en 1972. Vigilante de la

Luis Alberto Flórez Pérez, coordinador de cosechas de Urapalma.

de Bajirá”.

Guillermo Ochoa Pino gerente y dueño de la empresa “Agropecuaria Palmas

Carlos Daniel Merlano Rodriguez.

Mario León Villa Pacheco.

Antonio Zuñiga Caballero, representante legal de la empresa Palmura.

Urapalma.

Katia Patricia Sánchez Mejía, exrepresentante legal de la empresa

Empresario del

Ganadero

Palmero

Orlando Moreno Mora.

Iván Patiño, representante legal de Palmas S.A.

Raúl Alberto Penagos, representante legal de la empresa Selva Húmeda.

Hector Duque, representante legal de la empresa Palmadó.

Fregny Ochoa

Claudio Adolfo Fregny Ochoa, representante legal de la empresa Inversiones

Palmas de Curvaradó.

Gabriel Jaime Sierra Moreno, gerente y representante legal de la empresa

Individuos:

Selva Húmeda.

Palmura S.A.

Inversiones Fregni Ochoa.

Palmas de Bajirá.

Palmas S. A.

Palmadó. Inversiones Agropalma y Cia Ltda.

Palmas de Curvaradó S. A.

Urapalma S.A.

Empresas:

Delitos contra el medio ambiente.

Falsedad de documento público.

Agrario.

Codechocó, Corpourabá y del Banco

funcionarios del Incoder, Finagro,

empresarios, paramilitares y

Concierto para delinquir entre

y Jiguamiandó).

comunidades negras de Curvaradó

de 120 mil hectáreas de las

y afrodescendientes (más

de tierras de desplazados

hectáreas) y apropiación irregular

Usurpación (Más de 15 mil

más de un centenar de asesinatos).

uso del terror (1.500 desplazados,

Desplazamiento forzado haciendo

Vínculos con paramilitares.

Palmeros

Luis Donaciano Riascos

Zapata.

Vicente Castaño, Rodrigo

Paramilitares: Carlos y

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 105

(Mechoacan y Prado)

Drummond y Prodeco

ejército y paramilitares.

Operación Génesis 1997 entre

indeterminado de crímenes.

paras

fraudulentamente por testaferros

Extractivo

40. Funcionarios del Incoder.

Alias 39. Segundo de Jorge

Ejército Asociación para cometer un número

Paramilitares concierto para delinquir agravado,

Ganaderos

Palmicultores

Gil.

invasión de áreas

desplazamiento forzado

Fraude en adquisición de tierras.

comunidades negras.

que habían desplazado a las

ocupación de las tierras” de las

Darle visos de legalidad a la

“El Alemán”. Vicente Castaño

Compra de tierras adquiridas

-

Ganadería Extensiva

Cultivos de Palma

Maderas del Darién.

Pizano S.A.

Bloque Elmer Cárdenas.

‘El Aleman’.

ACCU.

delanten.

Alejo del Río.

Fredy Rendón Herrera alias

de tierras.

los paramilitares para que no los

José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS.

‘Martín Llanos’, ‘Doble Cero’.

Torres’.

‘HH’, ‘Águila’, ‘Guillermo

Paramilitares: Raúl Hasbún.

Teresa Gómez.

Cuñada de los Castaño, Sor

Alias “El Primo”.

“Macguiver”.

Paramilitar alias

Paramilitar alias “Hasbún”.

Financiamiento para adquisición

Alemán”- ejercen presión sobre

El empresario Pedro Juan Moreno.

Empresas:

Los empresarios –según “El

querían efectuar en el Urabá.

Víctor Carranza, esmeraldero. Yesid Nieto, esmeraldero.

proyecto que los paramilitares

Vínculos con paramilitares para

Transacciones.

Financiación.

Extorsión

Extorsión.

las FARC.

Financiación para protección de

Jorge Pinzón, un ganadero de Necoclí.

Individuos:

Inmobiliaria Araújo y Segovia.

Empresas:

Cementos Río Claro.

Cementos Samper.

Cementos Diamante.

Empresas:

Cultivos de Teca.

Empresas de gas.

Postobón.

La Jagua de Ibérico

Ganadero

Palmero

Maderero

Múltiples sectores

Inmobiliario

Construcción

Maderero

Gas

Empresas:

Cesar.

Chocó

1997 -2000

2006

Chocó

Riosucio

2006

1996-2001

-

-

Urabá

Urabá, Antioqueño.

Córdoba

Magdalena medio

Antioquia

Antioquia

Embotelladora

Resumen de información de las fuentes • A indagatoria, tres directivos norteamericanos de Chiquita Brands Inc. (2009). Publicado en: http://www. verdadabierta.com/paraeconomia/extorsion/2040-aindagatoria-tres-directivos-norteamericanos-de-chiquita-brands-inc Éste artículo habla sobre la evidencia que tiene la Fiscalía sobre que los directivos de la multinacional Chiquita Brands en Colombia financió por 1,7 millones de dólares a grupos de las AUC entre 1997 y el 2004. La Fiscalía le solicitó a Thomas Black (director de asuntos criminales del Departamento de Justicia de EEUU) que les notifique a tres ciudadanos americanos que están siendo investigados en Colombia por concierto para delinquir agravado y que fueron vinculados por financiación de paramilitares. Los tres ciudadanos americanos son: John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser; y Dorn Robert Wenninnger. Se dice que entre 1997 y 2004, ese dinero alimentó la maquinaria criminal de las autodefensas de Urabá, y que dejo 11.000 víctimas (asesinadas violentamente). En las declaraciones de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Raúl Emilio Hasbún, Pedro Bonito, Ever Veloza, HH y Fredy Rendón se descubrió como las bananeras, incluida Chiquita, hicieron aportes a través de las Convivir (Papagayo). Asimismo se determino que la multinacional estaba vinculada también al narcotráfico y a un supuesto soborno a funcionario aduaneros en el puerto de Zungo, en Turbo, Antioquia. Hay evidencia de que siete embarcaciones de la multinacional se han visto involucradas con cargamentos de coca camuflados entre la fruta; se habla de más de una tonelada y media de droga, valorada en 33 millones de dólares. Dos de esas embarcaciones son la Chiquita Bremen y la Chiquita Belgie. • Verdad Abierta. 2010. Así timan a los campesinos de Montes de María. Marzo 6 de 2010. Publicado en: http:// www.verdadabierta.com/paraeconomia/tierras/2275siguen-comprando-predios-en-los-montes-de-maria-pordebajo-de-su-precio Éste artículo habla sobre cómo algunos terratenientes se están aprovechando de las necesidades de los desplazados, haciéndolos firmar papeles sin que sepan que están vendiendo sus propiedades a precios más bajos de lo que realmente cuestan. Tal como lo publicó VerdadAbierta.com, un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), asegura que intermediarios de empresas agropecuarias están abordan106 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

do a campesinos desplazados de los Montes de María y les están ofreciendo comprarles sus tierras por debajo del precio de su valor real. En el documento publicado por la CNRR denuncia que algunos compradores se están aprovechando en algunos casos de las necesidades de los desplazados como deudas, embargos y remates, e incluso de su analfabetismo para timarlos. En el informe, se reveló que un grupo de 20 campesinos que vendieron sus tierras a una persona en febrero de 2008 y que éste les pagó por cada hectárea 200 mil pesos. Según la denuncia el único documento que tienen de la transacción es la copia de un poder conferido por cada uno de los parceleros suscrito ante la notaría de El Carmen de Bolívar. Sin embargo, los campesinos indicaron que no sabían que habían firmado un poder. Asimismo, expresaron que no sabían que ese era un documento de venta, en el que se afirmaba que iban recibir 20 millones de pesos, pero en realidad terminaron recibiendo solo entre $4.500.000 y $5.000.000. La CNRR también reseñó el caso de un grupo de 38 parceleros que firmaron promesas de compraventa con Elkin Sierra y Elías Hincapie, de la Agropecuaria Tacaloa, quienes les entregaron un adelanto por sus tierras del 40 por ciento. Los labriegos le dijeron a la Comisión que el precio por hectárea fue establecido en 900 mil pesos. Dentro de este grupo de 38 personas, 16 tenían deudas con la Caja Agraria desde 1994. Los campesinos usaron parte del dinero que recibieron por la compraventa para pagar estas deudas. Un juzgado de El Carmen de Bolívar ordenó levantar las medidas de protección sobre 40 predios de campesinos desplazados en los Montes de María, lo cual les permite vender más de 1.000 hectáreas de tierra a dos empresarios de la Agropecuaria Tacaloa. Después de conocer esta decisión, la CNRR les hizo un llamado a los campesinos a que no vendan sus tierras. • Revista Semana. 2011. Con licencia para despojar. En Semana.com, mayo 29 de 2011. Publicado en: http://www.semana.com/nacion/licencia-para-despojar/157542-3.aspx La Superintendencia de Notariado, con pruebas en mano, ha hecho una impresionante radiografía de cómo les quitaron las tierras a los campesinos en los Montes de María. La sorpresa es que, más que a sangre y fuego, se las robaron en oficinas públicas a punta de trampa y corrupción. El reporte documenta todo tipo de triquiñuelas y deja claro cómo en la consolidación de este despojo desempeñaron un papel clave

funcionarios regionales del Incoder y algunos notarios y empleados de las oficinas de Registro Público. Las transacciones de tierras cuestionadas corresponden a más de 37.000 hectáreas con un valor comercial que hoy supera los 200.000 millones de pesos. Gracias a los hallazgos se prevé una veintena de capturas en los próximos días, entre ellas a algunos alcaldes. El resultado hoy es que una región que se caracterizaba por cantidad de minifundios promovidos por el Estado se ha transformado en una zona de latifundios y terratenientes en un claro proceso de contrarreforma agraria. Para los investigadores de la Superintendencia es claro que ha habido lo que llaman tres ‘generaciones’ o momentos de transacciones irregulares. El primero se dio entre 2006 y 2008, cuando se estaba dando punto final al grueso de las desmovilizaciones de los paramilitares. Según el estudio, fueron tres personas las protagonistas de esta etapa y habrían aprovechado que los raizales aún estaban temerosos de regresar a sus parcelas. La región a finales de los años noventa fue escenario de al menos 56 masacres perpetradas por los paras, como la de El Salado, o la de Chengue. Estos compradores, se aprovecharon además de las deudas que tenían todavía muchos de los campesinos con el Estado, pues el 40 por ciento de los predios que se compraron masivamente y que son ahora objeto de investigación habían sido entregados a los cultivadores en programas de reforma agraria. Les ofrecieron pagar sus deudas y, como fórmula de ‘rescate’, les compraron sus tierras por un valor muy inferior al que realmente costaba la propiedad. La segunda etapa, a partir de 2008, fue la concentración de estos títulos en empresas, algunas de ellas de papel, que fueron sumando las pequeñas parcelas en grandes globos de tierra. La tercera generación de transacciones irregulares se dio cuando ya las grandes propiedades se vendieron a precios comerciales a reputadas empresas nacionales, las cuales, en los últimos años, vienen desarrollando proyectos masivos de reforestación y de explotación lechera. Estos últimos alegan que son terceros compradores de buena fe y que en los estudios que hicieron de la tradición de los inmuebles no tenían cómo identificar las irregularidades que hoy se denuncian. En sí mismas, estas transacciones podrían no tener nada de irregular en el comercio de tierras. La pregunta es si puede haber algún cuestionamiento ético en aprovecharse comercialmente de la necesidad de los campesinos de escapar de la violencia. O si simplemente, como dirán otros, les ayudaron con su compra a zafarse de un pro-

blema. Lo más sorprendente de lo que viene sucediendo en esta región es que a pesar de que desde 2004 se han dictado 16 medidas de protección colectiva sobre 3.128 fincas, una buena porción de la zona rural de los Montes de María, los traficantes de tierras han logrado hacer de las suyas para burlarse de estas medidas y seguir comercializando las tierras sin restricción. De acuerdo con las estadísticas de Acción Social, se calcula que más de 120.000 personas fueron desplazadas de la región de los Montes de María entre 2000 y 2009. Muchos de ellos ahora se sentirán confiados de volver a reclamar lo propio. • Ganadero Gallón Henao acepta que financió paramilitares. (2009). Publicado en: http://www.verdadabierta. com/paraeconomia/extorsion/1616-ganadero-gallonhenao-acepta-que-financio-paramilitares Éste artículo habla sobre la confesión del ganadero y caballista Santiago Gallón que en el pasado financió varios bloques paramilitares que operaron en diversas regiones de Antioquia. Gallón Henao itió que hizo acuerdos económicos con los comandantes de los bloques Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y Suroeste, Central Bolívar, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, a finales de la década de los años 90. El ganadero narró que por presiones y amenazas le tuvo que pagar extorsiones a las guerrillas de las FARC y el ELN en los municipios de San Roque y Caracolí, nordeste antioqueño, durante buena parte de los años 90. Luego, cuando llegó el Bloque Metro de las Accu a esa subregión del departamento, liderado por Carlos Mauricio García, alias Doblecero, acordó tributarle a este grupo paramilitar. También itió que después alcanzó acuerdos de pago con Vicente Castaño Gil y Rodrigo Zapata, quienes comandaban el bloque Suroeste de las AUC, que operaba justamente en esa subregión de Antioquia, donde el caballista tenía varias propiedades rurales, en particular en los municipios de Titiribí, Amagá y Angelópolis. Asimismo, itió que participó en la financiación de los bloques Central Bolívar, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que operaron en las subregiones del Nordeste, Valle del Aburrá y Oriente del departamento. Ex integrantes de la llamada Oficina de Envigado cercanos a las AUC y que ahora se encuentran en el exilio aseguran que en predios de la finca El Socorro, de propiedad de Gallón Henao y ubicada entre los municipios de Amagá y Angelópolis, se instaló la primera escuela de entrenamiento que tuvo el bloque Suroeste de las AUC.

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• Extorsiones y asesinatos del Bloque Libertadores del Sur. (2008). Publicado en: http://www.verdadabierta. com/justicia-y-paz/versiones-seccion/528-el-patrullero-del-bloque-libertadores-del-sur Éste artículo habla sobre las confesiones del paramilitar Diojanol Gallego Castrillón en las versiones libres, en las cuales declaro y explicó la forma en la que las Brigadas Campesinas Antonio Nariño extorsionaron a varios habitantes en el departamento de Nariño. Durante la segunda sesión de versión libre ante el despacho 4 de la Unidad de Justicia y Paz, Diojanol Gallego Castrillón, alias ‘Miguel de Jesús Gallego Castrillón’, confesó haber participado en la extorsión de al menos 22 personas en los municipios de Túquerres y Potosí, en Nariño, donde fue patrullero hasta el día de su desmovilización. Los paramilitares bajo las órdenes de alias ‘Pedro’ y ‘Chepe’ fueron conocidos en el departamento por robar propiedades, asesinar sistemáticamente a varios de la comunidad y extorsionar a los pobladores. Municipios como Túquerres y Potosí se convirtieron en puntos estratégicos para la financiación de las autodefensas, donde Castrillón cobró extorsiones que podían oscilar entre 100 mil y cinco millones de pesos. El Fiscal delegado preguntó al ex paramilitar por la reparación a las víctimas de sus actos delictivos, después de consultarlo con su abogado, Castrillón afirmó no tener bienes a su disposición para entregar al Fondo de Reparación. • La “Dian” del Bloque Centauros. (2010). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/ extorsion/2237-la-qdianq-del-bloque-centauros Éste artículo habla sobre las extorsiones que llevaban a cabo alias Don Mario y alias Pirata en Meta, Guaviare y Casanare. Según sus versiones libres, todo lo que se comerciara tenía que pagar un impuesto a las AUC, de esta forma, extorsionaron a ganaderos, comerciantes e incluso multinacionales para financiar la guerra en los Llanos. Éste grupo armado tenía toda una infraestructura dedicada a la extorsión, que le servía para financiar su guerra. Entre los extorsionados, a voluntad o bajo presión, se encontraban ganaderos, empresarios, agricultores, comerciantes, contratistas e incluso una multinacional petrolera. Dentro de las empresas que fueron mencionadas esta la multinacional petrolera Perenco, de inversionistas ses e ingleses, que supuestamente les entregaba 20 millones de pesos mensuales y 30 canecas de combustible para los vehículos de la organización criminal. Según Don Mario, un ingeniero de la compañía, Pirata y él mismo acorda108 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

ron un “aporte” mensual. En la zona de Villavicencio, Acacías, Guamal, San Carlos y Castilla las autodefensas recogían 420 millones de pesos al mes, en San Martín 160 millones y en las fincas y carreteras de la Serranía de la Macarena 180 millones de pesos. Los ‘paras’ también hacían retenes donde cobraban a los camioneros. En un cálculo en los municipios de Granada, San Juan, Mesetas y Lejanías aseguraron que recaudaban 450 millones mensuales, pero los ‘peajes’ más rentables eran los de Puerto Rico, Puerto Lleras, Mapiripán y Puerto Concordia, en donde, según ‘Don Mario’, podían llegar a recolectar 980 millones mensuales. En el Meta las autodefensas exigían a los comerciantes cinco mil pesos por canasta de cerveza, dos mil pesos por bulto de cemento, 50 pesos por galón de gasolina a las estaciones de combustible y 30 mil pesos por tonelada a los camiones que llevaban ferretería, tubos y láminas de acero. En el Guaviare, ‘Richard’, ex jefe militar del Centauros en este departamento, recordó que los ganaderos y los agricultores propietarios de más de mil hectáreas eran obligados a cancelar diez mil pesos por hectárea al mes y diez mil pesos por cabeza de ganado por mes. La extorsión a los contratistas fue otra forma de financiación del Bloque Centauros. Los ‘paras’ les exigían cinco por ciento del total de cada contrato a las empresas que hacían carreteras y obras públicas. Algunas veces los políticos aliados al Bloque Centauros les pasaban la información sobre el monto y el objeto de los contratos. ‘Don Mario’ dijo que si el contratista no pagaba, “parábamos la obra”. En Casanare, alias ‘Flechas’, ex jefe militar del Frente Héroes de San Fernando, dijo que los ‘paras’ robaron petróleo de los oleoductos de las grandes empresas explotadoras. Además, contaron que por este negocio ilícito, el grupo cobraba a los contrabandistas de gasolina dos millones por tracto mula llena de combustible y un millón por carro tanque. Los comerciantes de la zona tenían que presentarle a los ‘paras’ su facturación anual, que les pedían el cinco por ciento sobre el valor total de las ventas. Sin embargo, la Fiscalía tiene que investigar si las denuncias de estos paramilitares con comerciantes, agricultores, empresas petroleras y contratistas, se hizo bajo presión o en complicidad con los paramilitares. • Verdad Abierta. 2009. Dole también financió paramilitares en Colombia, según demanda. (Semana.com). Abril 29 de 2009. Publicado en: http://www.verdadabierta. com/paraeconomia/1270-dole-tambien-financio-paramilitares-en-colombia-segun-demanda-semanacom



Éste artículo habla sobre una demanda que se interpuso en tribunales norteamericanos, por parte familiares de sindicalistas de la empresa multinacional Dole asesinados por paramilitares. En este documento aseguran que la empresa estadounidense Dole Food Co. pagó regularmente durante una década a grupos del paramilitarismo acusados de asesinar a muchas personas. De acuerdo con la demanda, a cambio del pago las AUC se encargaron de “mantener alejados a los sindicatos de las plantaciones de banana de Dole, a través de asesinar a líderes sindicales y usar tácticas de terror para desestimular el ingreso de trabajadores a los sindicatos”. Un testigo clave de los demandantes es un encarcelado comandante de las Autodefensas llamado José Gregorio Mangones, alias “Carlos Tijeras”. Esta persona figura entre al menos otros cuatro ex comandantes de las AUC quienes han dicho que todas las empresas bananeras foráneas que operaron en Colombia, incluyendo Dole y Chiquita, hicieron pagos a estos grupos. Asimismo el abogado acusador indicó que los demandantes probarían que los gerentes de la importadora de banano en la región no eran “inocentes transeúntes pagando extorsiones”, sino socios activos en una sangrienta conspiración para reducir los costos.

• Condenan a dos representantes de convivir papagayo por nexos paras. (2009). Publicado en: http://www. verdadabierta.com/justicia-y-paz/extraditados/1407condenan-a-dos-representantes-de-convivir-papagayopor-nexos-paras Éste documento habla sobre la condena que se les impuso a dos representantes de la convivir Papagayo por nexos con los grupos paramilitares. Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Segundo penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a dos representantes legales de la Convivir Papagayo, por recibir dinero del sector bananero para el financiamiento de grupos paramilitares en Antioquia. Jesús Albeiro Mejía Osorio y Jaime Alonso Castrillón Echeverría, representantes legales de Papagayo, fueron sentenciados a 3 y 4 años de prisión, respectivamente, por el delito de concierto para delinquir agravado. En el expediente contra las bananeras de Urabá también se resalta que el cobro que se hizo a las empresas no fue producto de extorsiones sino un acuerdo voluntario entre los paramilitares y los empresarios. “Ahí no se presionó a nadie, las convivir siempre la han asumido los bananeros como suyas porque ellos las conformaron y siempre se les pasó informes y hasta cierto momento no supieron de

la penetración de las autodefensas en las Convivir”, dice Hasbún en uno de los apartes de la versión que sirvió para dictarle resolución de acusación. En este sentido, el ex jefe paramilitar calculó que entre el 90 y 95 por ciento de la zona bananera de Urabá aportó la cuota de sostenimiento de las convivir y muchas de las fincas autorizaban a una de ellas, Papagayo, a descontar de forma directa los 3 centavos de dólar por cada caja de banano exportado, de sus cuentas bancarias. Luego, Mancuso y ‘HH’ coincidieron en que las bananeras sabían que los dineros recaudados por Hasbún financiaban a las AUC y, de hecho, se beneficiaron de las acciones del bloque Bananero, entre los que se cuentan los asesinatos de cientos de sindicalistas y campesinos de la región. Hasbún también señala que los bananeros, ganaderos y gente de Urabá se beneficiaron con el accionar de las AUC. • La Verdad incómoda de HH. (2008). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/conflicto-hoy/eln/507la-verdad-incomoda-de-hh Antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde una corte de Nueva York lo requiere por cargos de narcotráfico, Éver Veloza García, alias HH, ex jefe de los bloques Bananero y Calima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) confiesa nexos entre las empresarios y comerciantes y la financiación de su organización en versiones libres a la Fiscalía. En esas versiones también ha confesado que hizo operaciones conjuntas con activos y de alto rango de la fuerza pública en Urabá y el Valle del Cauca. ‘HH’ ha dicho que mató muchos inocentes, que los hizo sólo por sospecha y de esos crímenes no sólo son responsables las autodefensas sino sus “patrones”; es decir, quienes las financiaron, como industriales, comerciantes y políticos que, en muchos casos, nunca actuaron bajo presión sino que eran ellos lo que los llamaban para que solicitar sus servicios. También sostuvo que se reunión con senadores de Estados Unidos a los que les ha dado los detalles sobre la forma como empresas multinacionales de ese país, con asiento en Urabá, pidieron la “ayuda” de las AUC a cambio de una retribución económica, retribución que sirvió para comprar armas y reclutar a más combatientes. El ex jefe paramilitar confesó que entre 1997 y 1998 el bloque Bananero mató entre 1.300 y 1.500 personas en el Urabá, entre Antioquia y Chocó, tiempo que –indicó- coincidió con la Operación Génesis, ordenada por el ex comandante de la XVII Brigada, general (r) Rito Alejo del Río, para erradicar a la gue-

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rrilla de sus “santuarios” de las selvas chocoanas. Esa operación provocó uno de los desplazamientos más numerosos de la década del 90, cuando cerca de 5.000 campesinos, la mayoría negros, buscaron refugio en un campamento improvisado que montaron en el corregimiento Pavarandó, en Mutatá, luego de atravesar parte de las selvas del Darién.

gunas familias y algunos empresarios de Cauca y Valle del Cauca, en momentos en que la guerrilla arremetía con más fuerza en la región y ante hechos perpetrados por el ELN como el secuestro masivo de unas 150 personas dentro de la Iglesia La María, de Cali, en mayo de 1999. HH habló de las familias Mejía, Escarpeta y Guzmán, que le ofrecieron financiación.

• A la cárcel hacendados y palmicultores por crímenes y financiamiento a paramilitares. (s.f.). Publicado en: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/a-la-carcel-grupo-de-hacendados-por-crimenes-y-financiamiento-a-paramilitares_7575708-2 Éste artículo del tiempo habla sobre la captura de tres terratenientes por vínculos con los paramilitares y la presunta orden de matar y desplazar a personas en Urabá. Los implicados son: El terrateniente y hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya, el palmicultor y comerciante Juan Guillermo González Moreno y el hacendado Jesús Emilio Rueda. Juan Guillermo González Moreno es señalado de ser el responsable del secuestro de cuatro líderes campesinos de Riosucio (Chocó), en el 2003, el desplazamiento de 350 personas de la comunidad de paz Nueva Esperanza, y de la desaparición de por lo menos un centenar de campesinos y pobladores afro-descendientes del Urabá chocoano. Jesús Emilio Rueda, quien según las indagaciones, le entregó al ‘frente Pavarandó’ de las autodefensas un listado con los nombres de 200 campesinos para que fueran ajusticiados por ser supuestos colaboradores de las FARC. Y Carlos Andrés Vanegas Montoya, es investigado por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas, homicidio agravado y tortura. Además de estas personas, la investigación contra dirigentes de la palma y hacendados de Antioquia y Chocó, arrojó un listado de 19 implicados, entre autores materiales e intelectuales de crímenes cometidos por el bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas.

• Hasbún asegura que Postobón le dio plata a las AUC. (2009). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/ justicia-y-paz/80-versiones-seccion/921-hasbun-asegura-que-postobon-le-dio-plata-a-las-auc Raúl Hasbún Mendoza, alias Pedro Ponte o Pedro Bonito, no solo aceptó que las empresas bananeras financiaron a los paramilitares en Urabá a través de los pagos que les hacían a las convivir sino que también recibieron dineros de empresas como Postobón y las distribuidoras de gas. A Ospina, dueño de un extenso cultivo de Teca (madera), las autodefensas le “ordenaron” suspender la vacuna que le daba a las Farc y endosársela a las autodefensas, a cambio de respetarle la vida y de que pudiera comercializar la madera en la región. Sobre la embotelladora dijo, sin recordar fechas ni sitios, que el pacto de “colaboración” se inició cuando las autodefensas retuvieron varios camiones de la compañía en zona rural de Apartadó, con el objetivo de que la empresa enviara a la zona a una persona con capacidad de negociar. A esa persona identificó como Carlos Castaño o Cataño, un mayor retirado de la Armada, jefe de seguridad de esa compañía, con quien llegó a dos acuerdos: el primero, la imposición de “impuesto de guerra” por envase de gaseosa distribuido (impuesto del cual no dio su monto) y; segundo, el compromiso de que Postobón cesaría cualquier otro pago a la guerrilla como, a juicio del ex jefe paramilitar, lo venía haciendo hasta ese momento. Hasbún Mendoza aseguró que estas empresas también se comprometieron a no pagarle más a la guerrilla y a avisarles a las autodefensas cuando fueran víctimas de un robo, dado que la guerrilla utiliza esos instrumentos como armas, al llenarlos de metralla y dinamita.

• HH contó cómo fue la entrada al Valle y el Cauca. (2009). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/ justicia-y-paz/versiones/80-versiones-seccion/781hh-o-carepollo Ever Veloza García, alias HH, contó como a punta de masacres y asesinatos y financiados por el dinero de algunos empresarios y comerciantes, el bloque Calima, de las Auc, “conquistó” algunas regiones de esos departamentos. HH confesó que las Autodefensas llegaron al Valle a mediados de 2000, por solicitud expresa de al110 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

• La marca de “Macguiver”. (2008). Publicado en: http:// www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versionesseccion/539-macguiver-el-constructor Insólito ha sido el desarrollo de la versión libre del jefe paramilitar Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘Macguiver’. Después de años de sometimiento y accionar criminal en corregimientos de Antioquia, el desmovilizado afir-

ma haber realizado obras de beneficencia con recursos de las autodefensas. Pero también confesó varios crímenes que permanecían impunes en el Magdalena Medio. ‘Macguiver’ construyó más de 80 kilómetros de carretera en diferentes veredas y corregimientos de Antioquia, además de millonarias edificaciones. Los proyectos comprenden la construcción de 18 kilómetros de carretera en la Danta, Antioquia en las veredas de Playa Linda y Playa Hermosa; 7 kilómetros entre la vereda La Hermosa y Aquitama; 10 kilómetros entre la vereda El Remanso y Piedras Blancas; 11 kilómetros de carretera entre La Mesa y San Rafael; 38 kilómetros entre Mulato Bajo y Guadualito; 6 kilómetros entre las veredas de San Antonio y Caño Seco y 13 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá desde la vereda La Mañosa hasta el municipio de San Francisco. Además viviendas de interés social, un hospital y una plaza de toros en el corregimiento de La Danta, Antioquia. En la versión, confesó que empresas como Cementos Diamante, Cementos Samper y Río Claro presuntamente fueron obligadas a donar material para la construcción de dichas obras. Los camiones eran interceptados en la carretera y posteriormente trasladados a la obra donde descargaban el material. • Prestigiosa inmobiliaria endosó cheques a “para-ong” en los 90. (s.f). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/1257-prestigiosa-inmobiliariaendoso-cheques-a-para-ong-en-los-90 La sucursal en Córdoba de la inmobiliaria Araújo y Segovia recibió de manos del paramilitar Pedro Ortega Lora alias “El Primo” varios cheques y lo endosó a la cuñada de los hermanos Castaño, Sor Teresa Gómez. Estas transacciones fueron encontradas en una oficina en la que se manejaba la contabilidad de las Autodefensas de Córdoba y Urabá en Medellín y que fue allanada por del CTI en 1998. Entre los documentos que decomisó la Fiscalía en su momento también había pagos de los paramilitares a la Federación Antioqueña de Ganaderos. Las transacciones comerciales, de la empresa Inmobiliaria Araújo y Segovia, de propiedad de la familia del ex canciller y candidato presidencial Fernando Araújo Perdomo, fueron realizadas entre 1996 y 1997, y según pudo constatar Verdad Abierta, no se registró el motivo de éstas. Además, la manera como fueron archivados los documentos por parte de autoridades judiciales no permiten precisar las sumas canceladas. Uno de los datos más reveladores es que cinco de los trece cheques girados por “El Primo” a Araujo y

Segovia de Córdoba, fueron endosados a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, quien en esos años era la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental fundada por los Castaño a través de la cual pretendían adelantar “una reforma agraria” en el norte del país. Funpazcor y su representante legal, Sor Teresa Gómez Álvarez, fueron relacionadas con actividades del narcotráfico e incluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Según información del Nuevo Herald, Funpazcor en 2001 se transformó en una empresa fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. A Sor Teresa se le asocia también con la constitución de Asoprobeba, una fundación con sede en el Urabá antioqueño que se le vincula con la apropiación ilegal de tierras en esa zona del país y que se ha relacionado con el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo Berrío. • Empresarios de la palma, a la cárcel por los desplazados en Urabá. El Tiempo. 2010, mayo 19 de 2010. Publicado en: http://www.eltiempo.com/colombia/ justicia/empresarios-de-la-palma-a-la-carcel-por-losdesplazamientos-en-uraba_7717280-1 Acusa a empresas y empresarios palmicultores por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica, con ayuda de los grupos paramilitares. También fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, donde en su afán de explotar la tierras del baja Atrato se convirtieron en fachada del proyecto agroindustrial paramilitar. Es el caso de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, donde los ‘paras’ desplazaron a miles de familias negras y donde se instalaron megaproyectos de palma. Se libraron 24 órdenes de captura a 24 empresarios palmíferos por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica. También las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma están en el centro de una investigación por los mismos delitos. Según la justicia estas empresas, se prestaron para darle apariencia legal a un macroproyecto económico que se gestó con el desplazamiento

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de miles de familias negras de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó y fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Además la Fiscalía asegura que “en su afán de explotar económicamente los terrenos de propiedad colectiva (...) las empresas fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano”. Según el documento, esas firmas “trazaron múltiples estrategias jurídicas para ‘legalizar’ la adquisición y posesión de tierras, a lo cual combinaron una febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar la reticencia de los vendedores, así como la enjundia de los opositores a la expansión de los cultivos de palma”. Por otro lado la Fiscalía también cuestiona cómo los palmeros accedieron a los créditos y a los permisos para desarrollar su actividad en una zona protegida, por lo cual se investiga a los funcionarios del Banco Agrario que les dieron vía libre a esos proyectos, a los notarios que legalizaron las ventas ficticias de tierras y a representantes de Incoder, Finagro y las corporaciones regionales que dieron permisos. • Los sindican por dos delitos. (2010). Publicado en: http://www.elmeridianodecordoba.com.co/index. php?option=com_content&view=article&id=32915:lossindican-de-dos-delitos&catid=44:principal&Itemid=78 Por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado ayer el CTI de la Fiscalía capturó al actual concejal de la capital cordobesa, Remberto Álvarez Vertel y a la ex empresaria palmífera, Katia Patricia Sánchez Mejía. Se remonta al año 1997, cuando se inició la adquisición presuntamente irregular de más de 15 mil hectáreas de tierras ubicadas en el Urabá chocoano. Según las autoridades, el proceso habría sido sembrando terror en ese sector, en el que se cree que fueron asesinadas más de un centenar de personas y mil 500 desplazadas. Estos hechos fueron confirmados por el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien además sostuvo que a partir de 2001 comenzó la siembra de palma por parte de varias empresas. En el caso de Álvarez Vertel se le sindica de ser el representante legal de Asopalma, mientras que Sánchez Mejía ejerció esas mismas funciones, pero en Urapalma, dos de las cerca de diez empresas, que montaron su emporio a orillas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. 112 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

• A indagación 23 empresarios de la palma. (2008). Publicado en: http://justiciaypazcolombia.com/A-indagatoria-23-empresarios-de-la El Fiscal General de la Nación, MARIO IGUARAN, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, el pasado 23 de diciembre indicó que dentro del proceso 3856, la Fiscalía 14 especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abrió la instrucción (investigación formal) contra 23 empresarios antioqueños y comisionistas de tierras que se encuentran asentadas en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó en el Bajo Atrato Chocoano. Entre los delitos imputados se encuentran los de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento público y delitos contra el medio ambiente. La actuación empresarial se asocia con la presencia de estructuras paramilitares en la región desde 1996 y con la siembre de palma desde el 2001. los representantes legales vinculados son GABRIEL JAIME SIERRA MORENO, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; RAUL ALBERTO PENAGOS, representante legal de la empresa Selva Húmeda; KATIA PATRICIA SANCHEZ MEJÍA, representante legal de la empresa Urapalma; ANTONIO ZUÑIGA CABALLERO, representante legal de la empresa Palmura; JAVIER DAZA PRETEL, ex representante legal de Urapalma; SOR ENID OSPINA RENDON, representante legal y accionista mayoritaria de la empresa Agropalma; CLAUDIO FREGNY OCHOA, representante legal de la empresa Inversiones Fregny Ochoa; GUILLERMO OCHOA PINO, representante legal de la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá; HECTOR DUQUE, representante legal de la empresa Palmadó; IVAN PATIÑO, representante legal de Palmas S.A; ORLANDO MORENO MORA. Por otro lado se han sido excluidos mandos de estructuras armadas institucionales y parainstitucionales. Los autores materiales e intelectuales que diligenciaron los créditos públicos, y los responsables en instancias gubernamentales del nivel central en el otorgamiento de los créditos o en las licencias ambientales para la destrucción del territorio Colectivo pertenecientes a CODECHOCO y CORPOURABA o las redes de notarios que posibilitaron la falsificación de escrituras. Asimismo, la investigación no ha definido todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes ambientales. Parece tender a vincular solo a quienes compraron u ocuparon fraudulentamente predios individuales o colectivos. Se ha excluido a quiénes idearon, planificaron y se convir-

tieron en los mayores beneficiarios de estos Crímenes. Hoy a pesar de esta decisión judicial, no existe voluntad del gobierno nacional en materializar el retorno de estas comunidades a sus terrenos, en plenas condiciones de dignidad, seguridad y garantía de derechos colectivos como son: vivienda, educación, salud y trabajo, a reparar el daño en su calidad de victimas. También hoy los militares de la Brigada 15 continúan cohonestando y amparando las estructuras criminales empresariales, paraestatales sin que se adopten medidas de fondo desde el gobierno central. Las estructuras paramilitares continúan ordenando operaciones clandestinas, movilizándose y haciendo presentes con amenazas de muerte, retenes a la vista de todo el mundo, sin que la institucionalidad actúe. Por otro lado esa actuación empresarial bárbara y contra derecho parece estar alentada en las palabras pronunciadas por Álvaro Uribe Vélez el pasado 12 de diciembre de 2007 en Medellín. En su alocución hala las orejas a los empresarios del banano, y seguramente, también de la palma aceitera, por no haber aprovechado los decretos gubernamentales relativos a las zonas francas. Y según el reporte oficial, expresó Uribe que sobre el tema de los biocombustibles, la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel. • Empresarios palmicultores en el ojo de la justicia por desplazamiento de campesinos en el Chocó. (2010). Publicado en: http://www.noticias.com.co/2010/05/20/ empresarios-palmicultores-en-el-ojo-de-la-justicia-pordesplazamiento-de-campesinos-en-el-choco/ Un fiscal de Derechos Humanos acusa a empresarios que incurrieron presuntamente en los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de los predios pertenecientes a las comunidades afrodescendientes. Debido a los combates entre los grupos paramilitares y la guerrilla los habitantes del bajo Atrato, tuvieron que dejar sus tierras por salvar sus vidas, sin embargo al querer volver años después encontraron que sus viviendas no existían, en cambio, encontraron que sus fincas estaban sembradas con palma africana y tenían letreros de grandes empresas palmeras que declaraban la propiedad de esas tierras. El gobierno, en varias oportunidades, ha certificado que esas tierras pertenecen a las comunidades afrodescendientes y que las tierras están ocupadas de forma ilegal por empresarios. Además la Defensoría también alertó de

la indebida intervención de particulares y empresas en los procesos internos de los consejos comunitarios y de las autoridades tradicionales de los indígenas. Por esos motivos, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de nueve empresas palmicultoras que, según el expediente, fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma están en el centro de una investigación. • El “dossier” de los palmeros: Ecos de las 24 capturas ordenadas por la Fiscalía esta semana. (2010). Publicado en: http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso-204419-el-dossier-de-los-palmeros Bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso en el Urabá, se apoderaron de terrenos ancestrales de afrodescendientes de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) apelando a toda suerte de crímenes y horrores para consolidar un proyecto de autodefensa que pretendía a toda costa insertarse en la economía legal de los grandes terratenientes del país. El Espectador conoció el dossier de la investigación y la decisión tomada por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos el pasado 18 de mayo, y sus conclusiones son aterradoras. En principio, la Fiscalía resaltó que la denominada ‘Operación Génesis’, desarrollada por grupos de autodefensa y la brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, fue la punta de lanza para desplazar a miles de campesinos del Bajo Atrato chocoano y sembró el camino para la llegada de empresas privadas que colonizaron ilegalmente sus tierras productivas con el objetivo de implementar proyectos agroindustriales de explotación de palma de aceite. Como fuera expulsaron colonos, asesinaron por donde pasaron, compraron bajo la amenaza de siempre: “O vende la tierra usted o se la compro a la viuda”, y en últimas, acudieron a notarías para “legalizar” la invasión de los terrenos. Fue así como en el año 2000 arribaron al Chocó empresas privadas como Urapalma S. A., Palmas de Curvaradó S. A., Palmura S. A., entre otras. Durante este periodo, los paramilitares arrasaron con las comunidades, las obligaron a salir de sus tierras a punta de bala y sangre, y entre tanto las compañías, constituidas por ese grupo ilegal, se hacían a extensos territorios para desarrollar multimillonarios negocios. A través de la Ley 70 de 1993, que les otorgó tierras a las comunidades

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ancestrales de la cuenca del Pacífico, se dio en el Urabá un proceso de titulación que nunca llegó a feliz término. Ya que para entonces la violencia paramilitar estaba desbordada, donde la ley de las armas fue desplazando a los afrodescendientes y esos terrenos baldíos fueron tomados por los empresarios de la palma, en criterio de la Fiscalía. En el proceso se constató, gracias a declaraciones como la del ex jefe paramilitar H.H., que el arquitecto de la arremetida de las autodefensas en el Chocó y el posterior advenimiento de exitosas empresas de palma fue Vicente Castaño Gil, quien sabía que el futuro del Urabá era la palma y que quien la manejaba, manejaba la región. Pero este plan tenían otro inconveniente, pues esos fértiles territorios fueron adjudicados a comunidades negras y “si se expropiaban se iba a tener problemas con la comunidad internacional”, dijo de H.H. Entonces se trazó un proyecto para que una vez recuperados a sangre y fuego esos terrenos o los campesinos malvendieran sus predios por cualquier peso, por el temor de ser asesinados, se diseñaran escrituras falsas o actos notariales ilegales para barnizar de legalidad semejante crimen. En su relato, H.H. contó que Vicente llevó a palmicultores de Santa Marta a Chocó y añadió que uno de los líderes de ese proyecto para negociar con las comunidades las tierras que ya se habían sembrado de palma, tratando de legalizarlas, fue el gerente de Urapalma, Javier Daza. Sobre Antonio Nel Zúñiga. Por último, la Fiscalía advirtió que en aparente complicidad de funcionarios del Chocó, del Incora y otras instituciones se legalizaron miles de hectáreas que les pertenecían a las comunidades negras; todo bajo la excusa de proyectos empresariales que estuvieron vinculados a desplazamientos, muertes y expropiación de tierras. • Palmicultores detenidos tenían una empresa criminal: Fiscalía. (2010). Publicado en: http://www.caracol.com. co/nota.aspx?id=1302105 Caracol Radio tuvo a los detalles sobre la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que desembocó en la captura de 24 importantes empresarios dedicados al cultivo de la palma de aceite en Antioquia y Chocó, presuntos aliados de las autodefensas. El método que utilizaba este grupo criminal de palmicultores y paramilitares consistía en ingresar con acciones de terror en la zona, con masacres y desplazamientos, posteriormente llegaban los empresarios a comprar las tierras a muy a bajos precios, teniendo en cuenta el pánico que tenían, y 114 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

en caso de que no quisieran vender a las buenas, los obligaban por medio de amenazas de muerte contra ellos y sus familias. Otro de los aspectos que motivaron las investigaciones de la Fiscalía es el uso a todas luces irregular de dineros del Estado, especialmente del Banco Agrario por parte de paramilitares y algunos empresarios de la palma de aceite, para financiar la expansión del monocultivo en la zona de Urabá. A partir del año 2000, varias empresas privadas se asentaron en la cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó con el objetivo de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente a la palma de aceite”. Llama la atención, entre otras cosas, que para los investigadores es claro que las autodefensas protegían los intereses de esas empresas en la región. Por otro lado la Fiscalía afirma que “los empresarios se dieron a la tarea de darles visos de legalidad a la ocupación de las tierras para lo cual acudieron a variadas figuras contractuales entre las que se destaca la compraventa de predios cuyo número de hectáreas se incrementó notoriamente mediante la figura de la accesión, la relacionada con enajenación a precios irrisorios soportadas en documentos falsos y suscripciones de compraventas de usufructos”. Por este motivo el retorno de los afrodescendientes que durante décadas vivieron en la zona “se ha hecho imposible. Por último, para la Fiscalía, es claro que la adquisición irregular de los terrenos y posteriores plantaciones de palma de aceite, obedeció a una organización que contó con el apoyo de grupos paramilitares, lo cual suscitó el desplazamiento de algunas de los integrantes de comunidades asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. • “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. (2010). Publicado en: http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_ content&view=article&id=249:nos-quieren-extraditarcuando-empezamos-a-hablar-de-politicos-militares-yempresarios-&catid=59:paras&Itemid=74 El ex paramilitar ‘El Alemán’, en entrevista con Semana, habló de varios políticos que colaboraron con las autodefensas para la creación de su proyecto político en Urabá. También contó del apoyo de las Auc a las campañas a la presidencia de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. ‘El Alemán’ se refirió a la creación del bloque en Boyacá y las relaciones con el esmeraldero Víctor Carranza. El ex paramilitar también se refirió a las relaciones con el ex sub director del DAS, José Miguel Narváez, y el general Rito Alejo del Río.

• Paramilitar asegura que Maderas del Darién financió a las AUC. (2006). Publicado en: http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/2477-paramilitar-aseguraque-maderas-del-darien-financio-a-las-auc “La empresa Maderas del Darién buscó a la comandancia del bloque Elmer Cárdenas para dar sus aportes”, aseveró Dairon Mendoza Caraballo, conocido con los alias de ‘Rogelio’, ‘el Águila’ o ‘Cocacolo’, ex integrante del bloque Elmer Cárdenas (Bec) de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y quien se desempeño como jefe de intendencia de ese grupo paramilitar entre los años 2000 hasta agosto del 2006, cuando se desmovilizó. En su relato sostuvo que, desde 1997, esta empresa de explotación maderera, filial de la firma Pizano S.A., se comprometió a dar 20 millones de pesos mensuales para el sostenimiento del Élmer Cárdenas que para esa época comenzaba a delinquir en una vasta región del río Atrato medio chocoano, coincidencialmente donde Maderas del Darién adelantaba su tarea de extracción de madera. Para el año 2006 presuntamente pagaron 30 millones de pesos. Los presuntos vínculos de la empresa maderera con las Accu ya habían sido referenciados por Fredy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, ex comandante del bloque. En versiones entregadas a la justicia a comienzos de este año, explicó que en la incursión a la región del Cacarica, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, se utilizaron las frecuencias de comunicación de Maderas del Darién y luego se habían convertido en “grandes aportantes”.

Entonces los representantes de las empresas palmiculatoras, “apoyados en de las autodefensas (o paramilitares), emprendieron la tarea de darle visos de legalidad a la ocupación de las tierras” de las que habían desplazado a las comunidades negras. Esos palmicultores recurrieron a la compra de tierras de nativos a “precios irrisorios soportadas en documentos falsos”, o a suscribir contratos a nombre de personas que aparecían muertas años atrás. Con base en esos fraudes, la Fiscalía también estableció que los esos palmicultores consiguieron “respaldar créditos bancarios y obtener incentivos estatales” como préstamos, aunque no cuantificó la cantidad de dinero.

• Fiscalía acusa a 15 empresarios palmicultores por desplazamiento forzado. (s.f) Publicado en: http:// www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/fiscalia_ acusa_a_15_empresarios_palmicultores_por_desplazamiento_forzado.php La Fiscalía acusó a 15 personas del sector palmicultor como presuntos responsables del desplazamiento forzado de centenares de campesinos, en connivencia con paramilitares, en una remota región del noroeste. El desalojo obedeció a una operación conjunta entre el Ejército y las autodefensas, según el documento del ente fiscal. Varios campesinos de Riosucio Chocó fueron intimidados y obligados a vender su tierra a precios irrisorios. A partir del año 2000, explicó el fiscal Cruz, “empresas privadas, cuyo objetivo es el cultivo de palma o la ganadería extensiva...se asentaron (en las zonas antes mencionadas de Riosucio)...con el objeto de implementar un proyecto agroindustrial enfocado principalmente en la explotación de la palma de aceite”. Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 115

Anexo 2 Iniciativas para la prevención y atención directa o indirecta del desplazamiento forzado50 1. 150 personas desplazadas se preparan para montar empresas: Gracias a la iniciativa del ayuntamiento de Majadahonda, en España, que aporta parte de los recursos para el proyecto, un grupo de personas desplazadas del municipio de Soacha en Bogotá, ha comenzado el proceso que culminará con el montaje y puesta en funcionamiento de cinco unidades productivas asociativas. El proyecto, iniciado en junio de 2006, pretende incorporar en especial a madres cabeza de familia y hogares con de la tercera edad, de una localidad que ha recibido en los últimos ocho años alrededor de 16 mil desplazados. Para adelantarlo se conformó una alianza entre la ONG española Aicode, la Corporación Mundial de la Mujer y la Fundación Corona, que tendrá a cargo la operación del proyecto a través de su Fondo de Desarrollo Empresarial. Las 150 personas desplazadas que participarán en la conformación de empresas de confecciones, calzado, procesamiento de alimentos, mercado comunitario y reciclaje fueron escogidas a través de una convocatoria y un riguroso estudio social de hogares. En una segunda fase del proyecto recibirán formación sobre resolución de conflictos y trabajo en equipo y, posteriormente, obtendrán capacitación técnica de parte del Sena y en cooperativismo de parte de Dansocial. El proyecto culminará en enero de 2007, una vez hayan sido montadas las unidades productivas y se hayan comenzado a abrir los mercados donde vendan sus productos. 2. Acompañamiento de familias de niños y jóvenes con discapacidad en situación de desplazamiento: Esta es una alianza público-privada entre la Fundación Saldarriaga Concha el ICBF y a la Red de Liliane Fonds. El objetivo de esta iniciativa es generar e implementar un modelo de atención y acompañamiento para familias con niños y jóvenes con discapacidad en situación de desplazamiento. La población objetivo son familias en situación de desplazamiento que tienen niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad. Esta iniciativa ha logrado hasta el momento atender y acompañar a 715 familias con adolescentes y niños con discapaci-

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dad. Esta iniciativa está en implementación y se está documentado, pero no se le hace un seguimiento. Además de lo anterior, dentro del programa de la OIM con empresa privada se lleva a cabo una estrategia llamada mercadeo social. Ésta consiste en mejorar la estabilidad económica de las comunidades vulnerables en Colombia, asesorando proyectos de generación de ingresos sostenibles cuyos beneficiaros son productores víctimas de trata de personas, minas anti-persona, desplazamiento forzado interno y grupos armados ilegales, quienes buscan alternativas para sostener a sus familias y mejorar su calidad de vida. La estrategia asiste a estos productores y sus empresas a ubicar sus productos en mercados nacionales e internacionales para lo cual la OIM ofrece a los beneficiarios capacitaciones. 3. Agendas de paz, agendas de negocios y donantes internacionales: CEA, PNUD y desarrollo rural: La Compañía Envasadora del Atlántico (CEA), a la cual el conflicto le presentaba problemas de seguridad, en la medida en que tanto CEA como los agricultores podían convertirse en blancos potencial del acoso de la guerrilla y los paramilitares. Desde 2003, CEA ha ayudado a crear asociaciones agroindustriales en áreas rurales vulnerables. Su principal motivación para hacer parte de procesos de construcción de paz ha sido la búsqueda de oportunidades de negocios y por otra parte, la expectativa de beneficiarse de futuros proyectos de paz rentables, patrocinados por donantes internacionales, también fue una motivación importante de la empresa para involucrarse con el PNUD. El objetivo del PNUD acá en Colombia es fomentar el desarrollo económico rural, involucrando compañías del sector privado, para crear alternativas de subsistencia para los campesinos y cultivadores rurales que han sido afectados por las dinámicas del conflicto. De esta forma, CEA se acercó al PNUD bajo una propuesta de trabajo conjunto en un proyecto de desarrollo económico y prevención de cultivos ilícitos. El objetivos especifico era plantar 1.483 hectáreas en 24 municipios de cinco departamentos (Cesar, La Guajira, Córdoba, Sucre y Magdalena), lo cual, según ellos, generaría empleo directo para 813 familias. Se creó una asociación local de agricultores, llamada Pazcoop, apoyada por el CEO y por el PNUD.

Toda información aquí presentada ha sido recogida de fuentes públicas o suministrados con la debida autorización. Los autores y organizaciones participantes en este informe no se responsabiliza por su contenido o veracidad, ni del uso que se de a la información que se pone a disposición del público en esta sección.

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4. Agroprocesos del Pacifico: Agropocesos es una empresa que se da como una alternativa para apoyar al sector agrícola de Tumaco, en la compra y comercialización de derivados de coco, y que junto a la Cooperativa Coagropacífico, el Sena y Monte Bravo están apoyando procesos de retorno institucionales. En el caso de Agropocesos del Pacifico, acompaña estos procesos mediante la compra de la producción del coco a un precio estable, generándoles un ingreso constante a las comunidades y facilitando el proceso de retorno en la zona rural del municipio de Tumaco, en poblaciones situadas en el Río Malambo, Mejicano, Rosario y Chagui. Aunque no es un proyecto como tal buscan el retorno y arraigo de personas por medio de la estimulación de la producción de coco y el aseguramiento de la compra y comercialización para generar un ingreso constante a las familias. El objetivo de la iniciativa es generar el retorno de personas o que se evite el desplazamiento gracias a la generación de arraigo al territorio por medio de garantizar un ingreso constante. Esta iniciativa está enfocada en población agricultora, donde también se encuentran personas desplazadas, madres cabeza de familia y reinsertados que pertenecen a las comunidades donde opera la compañía, en este caso no hay diferenciación entre grupos poblacionales. 5. Alianza entre el Sector Público y Privado Busca Generar Empleo a Cerca de 50 Familias de Pereira. (2009): Convenio entre la ANDI, la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda permitirá que familias de Caimalito se capaciten en la producción de partes en fibra de vidrio para el sector automotor. En el caso del sector metalmecánico, se vincula de manera directa la empresa Busscar de Colombia S.A., especializada en el ensamblaje de vehículos. El convenio fue presentado como proyecto de emprendimiento que busca reactivar la economía del departamento y contrarrestar la difícil situación de desempleo que ubica a Pereira como la primera en el país, con una tasa del 19,7 por ciento. La iniciativa está encaminada a capacitar madres cabeza de familia y desplazados que residen en el sector de Caimalito -zona rural de Pereira, en límites de Risaralda y el Valle-, en la fabricación, comercialización y distribución de productos en fibra de vidrio, primero con capacitación y luego abriendo espacios para la comercialización de sus productos. Una vez concluido este proceso se establecerá por lo menos una unidad productiva que servirá de proveedor a la industria metalmecánica, en este caso la empresa Busscar de Colombia S.A. y la idea es vincular otras empresas afines. estos son mecanismos

que buscan brindar solución económica a estas familias, ya que no solo se capacitarán, sino que entrarán a hacer parte del proceso manual de la compañía dedicada a ofrecer todo tipo de soluciones para el transporte colectivo, masivo, intermunicipal y de turismo. 6. Alianza para el desarrollo socioeconómico de la comunidad bananera del Magdalena y platanera del Urabá: Esta alianza está orientada a mejorar la calidad de vida de las poblaciones desplazadas y vulnerables del Departamento del Magdalena y el Urabá Antioqueño, a través del fortalecimiento de pequeñas unidades productivas y emprendimientos en diferentes aspectos empresariales, sociales y técnicos. Adicionalmente se generaron infraestructuras productivas y comunitarias que permitieron el desarrollo local y social de las comunidades. Busca articular esfuerzos institucionales para implementar una estrategia de desarrollo sostenible con alto impacto socioeconómico, que permita mejorar la calidad de vida de 1.482 beneficiarios directos y 5.850 beneficiarios indirectos, facilitando el a servicios básicos, generar oportunidades de empleo e ingresos y participar dentro de la cadena de exportación bananera y platanera en condiciones equitativas y rentables. En esta iniciativa participan: Fundaunibán, Augura, Embajada de Holanda, Fundación Corbanacol, C.I. Unibán S.A., Programa Más Inversión para el Desarrollo Alternativo -MIDAS-, SENA, Corpourabá y Colombia Gap. Asimismo, el programa es implementado en el Departamento de Antioquia en los Municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chogorodá y Cañasgordas, y enfocado hacia mujeres, niños, campesinos y personas mayores. Este proyecto se inició el 1 de Noviembre de 2006 y se terminó el 31 de enero de 2010. 7. Alternativas de generación de ingresos y empleo para población desplazada y vulnerable de las localidades de Bosa y Kennedy: La iniciativa está orientada a generar alternativas de empleo e ingresos para población desplazada y vulnerable de las localidades de Bosa y Kennedy de Bogotá a través de un proceso que incluya el desarrollo y potenciación de competencias y habilidades personales, fortalecimiento del tejido familiar y comunitario y el restablecimiento socioeconómico. Se desarrolló entre octubre de 2009 y octubre de 2010. Esta iniciativa está enfocada en 200 familias que incluyen Mujeres, Jóvenes, Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos, Personas Mayores, Discapacitados, 70% en condición de desplazamiento y 30% en población vulnerable. En ella participan: Fundación Social, la Fundación Panamericana para el Desarrollo con recursos de

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USAID, Fomipyme, PMA aporta alimentos por capacitación a las familias participantes. 8. Asocolflores - Escuela de Floricultura para la Estabilización Socioeconómica de Familias Desplazadas y Vulnerables en la Sabana de Bogotá y Oriente Antioqueño: Desde el 2003 y que hasta el 30 de noviembre de 2008, ASOCOLFLORES con FUPAD Colombia, implementó el proyecto de Escuela de Floricultura que buscó la estabilización de familias en condición de desplazamiento y vulnerabilidad, en la sabana de Bogotá en Cundinamarca y el oriente de Antioquia, a través de contratos de aprendizaje, atención psicosocial, enganche laboral y emprendimiento. La Escuela de Floricultura capacitó en las labores de cultivo de flores por medio de un programa creado por Asocolflores con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, denominado Cultivo de Flores de Corte para Exportación, siendo el SENA la entidad formadora y certificadora, con instructores expertos en este campo. El proyecto benefició a 1.027 personas en su primera fase, y a otras 694 familias, en su segunda fase. En esta iniciativa participaron: la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD Colombia,) el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las empresas floricultoras afiliadas a la Asociación, y Asocolflores. 9. Bogotá Comprometida con 57 Mil familias Desplazadas: Más de 150 mil desplazados fueron atendidos en las 6 Unidades de Atención y Orientación (UAO), 11 mil personas tuvieron Jornadas de Atención Integral, se realizó un acompañamiento a 132 indígenas emberakatios en su retorno a casa y se buscan 5.000 empleos para desplazados con la colaboración del sector privado. La búsqueda por generar 5.000 empleos a población desplazada, conduce a la Secretaria a liderar más de 6 encuentros con empresarios del sector privado en un evento llamado “Gran Maratón de 5.000 Empleos para Desplazados”, con el fin de obtener su colaboración de abrir oportunidades de trabajo. A dicha iniciativa se han vinculado la Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO, el IPES, varios medios de comunicación y empresarios de los almacenes de cadena como Alkosto y Éxito. La meta consiste en que antes de terminado el 2008 se hayan otorgado esos 5.000 empleos a la población desplazada. 10. Centros aeioTU: Esta es una iniciativa es una alianza público-privada impulsada por la Fundación Carulla aeioTU, que busca darle educación de calidad a los niños de Colombia. Los centros aeioTU ofrecen aten-

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ción integral (educación, nutrición y salud) a diversas poblaciones vulnerables entre ellas niños y niñas en condición de desplazamiento. Esta iniciativa esta implementada en tres departamentos: Atlántico, Cundinamarca y Magdalena, en las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Sopó y Santa Marta. En esta iniciativa también participan: Alcaldía Distrital de Barranquilla, Alcaldía Distrital de Santa Marta, Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaría de Integración Social, Alcaldía de Sopo, Alpina, Fundación AVINA, Fundación Éxito, Fundación Jacobs, Fundación Nutrir, Fundación Pies Descalzos, Fundación Saldarriaga Concha, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Junta de Acción Comunal de Timayui, LGT Venture Philanthropy Foundation, Reggio Children, Triple A, Sociedad Salesiana Centro Juan Bosco Obrero. 11. Construcción del Pueblo Indígena Jaikerasabi Eyabida en el Municipio de Mutatá – Departamento de Antioquia: El proyecto es una estrategia para garantizar que los habitantes del resguardo indígena Jaikerazabi que se han visto afectados por el problema del desplazamiento desde hace once años, se consoliden definitivamente en un territorio del Urabá antioqueño en el Municipio de Mutatá. El propósito del proyecto es la construcción de un pueblo indígena que constará de 84 viviendas y 16 obras comunitarias que beneficiarán a 420 personas del resguardo indígena Jaikerazabi Eyabida, con el fin de garantizar la conservación cultura y evitar el desplazamiento de la etnia Emberá Katío. La construcción de este pueblo indígena, es un proyecto que adelanta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional; a través del Fondo de Inversión para la Paz, la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, la Gerencia Indígena de Antioquia, La organización Internacional para las Migraciones – OIM, el Municipio de Mutatá, la XVII Brigada del Ejército, el Cabildo Mayor de Mutatá y las Fundaciones Sociales Corbanacol y FUNDAUNIBÁN. 12. Edupaz: Edupaz es un fondo de becas. Los beneficiados tendrán financiamiento del 100% de la matrícula de la carrera, sea profesional, técnica o tecnológica. Paralelamente, los empleados de Coltabaco serán Donantes de Tiempo para acompañar el proceso académico de las personas víctimas de la violencia. Iniciativa de Coltabaco junto con la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia para la Cooperación Social del Gobierno de Estados Unidos (USAID) y Lumni Inc., para garantizar la educación de sectores menos

favorecidos en donde se ubica la población desplazada, las comunidades indígenas y los desmovilizados. Lumni es una empresa con sede en Colombia, Chile, México y Estados Unidos, y se encarga del desarrollo de sistemas de inversión que financian la educación de personas con base en el potencial de su desarrollo futuro lo cual se materializa a través de contratos de patrocinio. Los fondos que actualmente trabajan con Lumni Inc. del sector privado son: Fondo de Alquería y Fondo Oportunidades Bavaria. 13. El proyecto de la Federación Nacional de Cafeteros Comité Regional Nariño y Acción Social: El Comité de Cafeteros de Nariño, en alianza con entidades públicas e internacionales como Acción Social, USAID, OIM entre otros, ha trabajado con las comunidades cafeteras en 28 municipios y 64 proyectos en la zona norte del departamento de Nariño. Algunos de estos proyectos benefician y están dirigidos a comunidades cafeteras que han estado en riesgo o en condición de desplazamiento. El Comité ha hecho acompañamiento sistemático a proyectos sociales en estas comunidades, ha apoyado programas en sustitución de cultivos, seguridad alimentaria, mejoramiento de infraestructura y fortalecimiento organizativo en el marco de proyectos productivos. Por ejemplo, en los municipios de Albán, Buesaco, El Tablón de Gómez y San Bernardo desarrollaron un proyecto de “renovación de cafetales (semilleros y almácigos) mejoramiento de equipo e infraestructura productiva y de descontaminación de fincas cafeteras de los beneficiarios del programa de atención a la Población Desplazada” (FNC. 2010) con el cual se beneficiaron 91 familias, las cuales lograron agremiarse y acceder a créditos del Ministerio de Agricultura. Es una alianza público-privada que busca la recuperación de la caficultura, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias productoras de café, en los municipios mencionados, mediante el incremento y consolidación de la calidad del café, el mejoramiento de la infraestructura de beneficio y secado del café, en las fincas cafeteras para el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, económicas, con asistencia técnica y capacitación requeridos. 14. Empresarios sin indiferencia: Esta iniciativa esta una alianza público-privada que busca desarrollar un modelo de intención a nivel distrital (Bogotá) para la generación de ingresos para población vulnerables (Jóvenes y Desplazados), desde la formación de oficios, desarrollo de ideas de negocios, conformación de microempresas asociativas e individuales, donde se les da un acompa-

ñamiento con el fin de generar procesos sostenibles. En esta iniciativa hacen parte las Fundaciones Corona, Santo Domingo, Restrepo Barco, Nuevo Arco Iris, Compartir y las organizaciones Ficitec y Prodensa. Este proyecto finalizo en el primer semestre de 2010, donde se atendieron entre 101 y 500 personas enfocado únicamente a jóvenes en condición de desplazamiento y vulnerabilidad. Los principales temas que trabaja son la Capacitación Ocupacional, la Generación de Ingresos y la Ayuda Psicosocial de los jóvenes. Durante esta iniciativa se ha logrado crear mecanismos y estrategias para la generación de ingresos de estas personas en la ciudad, mecanismos para no duplicar esfuerzos y para la coordinación de las instituciones. Por otro lado, con un grupo de desplazados se crearon 14 microempresas. Este proyecto en un principio fue exitoso en tanto se cumplieron las metas del proyecto, pero por falta de un acompañamiento adecuado por parte del distrito la gran mayoría de los negocios fracasaron. 15. Empresas del país han contribuido en mejoramiento de la sociedad, en últimos 30 años, señala la CCRE: Pero estas no son las únicas entidades que laboran en ese tema, Tecnovo es una empresa que recibe desde el exterior ayuda para capacitar a desmovilizados de los paramilitares, la guerrilla y personas desplazadas, en un plan que se ha vuelto piloto para la reinserción laboral. SABMiller también apoya iniciativas, cuyo único requisito es que sean para población desplazada. 16. En 2010 se llegará a 11 mil hogares desplazados con programa de generación de ingresos: ACCIÓN SOCIAL, a través de su programa de Atención Inicial en Generación de Ingresos PAI GI, inició los talleres de capacitación con las entidades ejecutoras que atenderán 11 mil 50 hogares desplazados en todo el país. Los talleres que empezaron en Barranquilla y Bogotá son el principio de un proceso con el que se llegará a hogares desplazados que van a emprender proyectos de generación de ingresos y que no habían sido atendidos por este programa de ACCIÓN SOCIAL. Los temas en los que estos operadores brindarán acompañamiento a la población desplazada son asesoría empresarial, acompañamiento psicosocial, y vinculación de personas desplazadas al mercado laboral. 17. Escuela Activa Urbana: Esta iniciativa es una alianza público-privada que busca mejorar la calidad de la educación de los colegios oficiales del municipio de Manizales. Este es un proyecto que promueve el uso de pedagogías activas que sugieren un mayor aprendizaje de los estudiantes, así como una formación en valores

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y habilidades como: liderazgo, trabajo en equipo, democracia, solidaridad, entre otros. Esta iniciativa se enfoca en los niños y jóvenes de los colegios oficiales de Manizales, pero beneficia a niños y jóvenes en condición de desplazamiento ya que, más o menos, el 10% de la población de estos colegios pertenece a población desplazada. Esta es una iniciativa que como se mencionó se enfoca exclusivamente en el tema de educación y tiene como población objetivo a niños y jóvenes, donde se ha beneficiado entre 101 y 500 personas. Dentro de este proyecto se encuentran trabajando la Secretaria de Educación, la Fundación Luker, el Comité de Cafeteros de Caldas, Qualificar, el Instituto Caldense para el Liderazgo, y la Universidad Autónoma de Manizales. Esta iniciativa está en implementación y se le está haciendo un proceso de seguimiento y documentación. 18. Fondo de comunidades en riesgo Focus: FOCUS, es una alianza conformada en el año 2004 por tres Fundaciones Empresariales (Smurfit, EPSA y Corona), con el apoyo de la Fundación Interamericana, IAF (por sus siglas en inglés), y en la que participan las alcaldías municipales y la Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario. El objetivo del proyecto es fortalecer las condiciones de arraigo, mediante estrategias para la prevención y protección, que permitan a las comunidades confrontar la problemática del conflicto armado sin afectar sustancialmente sus proyectos de vida. Este proyecto es implementado en los departamentos de Valle y Cauca y está enfocado hacia mujeres, niños, campesinos, indígenas, afrocolombianos, y en la comunidad en general. 19. Fortalecimiento a 300 Famiempresas de Alimentos en los Municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí: Se busca mejorar y consolidar los ingresos de 300 famiempresarios de la región de Urabá, por medio de buenas prácticas istrativas, mercadeo, comercialización, y apoyo psicosocial. Se espera un mejoramiento de un 20% a partir del fortalecimiento productivo, empresarial y comercial. En esta iniciativa participan Fomipyme, USAID – OIM, Gobernación de Antioquia, y Fundaunibán. El proyecto se desarrolla entre octubre de 2009 y abril de 2011. 20. Fortalecimiento a la Capacidad Institucional para Garantizar Asistencia a la Población Desarraigada en Colombia: El programa “Desarrollo social y económico para la estabilización y arraigo de comunidades productoras de mora, vulnerables y en riesgo por las condiciones de pobreza y de la violencia”, tiene como propósito mejorar las condiciones de estabilidad social, de pro-

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ductividad y competitividad de las familias y sus comunidades, articuladas al encadenamiento productivo de la mora, como una estrategia de arraigo de las familias a su medio económico, natural y cultural. El proyecto beneficia a 300 familias de pequeños productores de mora directamente, e indirectamente a las familias de los colectivos sociales donde viven. Esta iniciativa está enfocada en campesinos y tiene como objetivo incrementar el nivel de ingreso familiar, disminuir los conflictos intrafamiliares y mejorar las relaciones entre las familias, y mejorar la capacidad de autogestión para la producción y el negocio con base en jóvenes. Esta iniciativa es una alianza público-privada impulsada por Fundación Carvajal acompañada de la Comisión Europea, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Fundación Smurfit Cartón de Colombia. Asimismo, trabaja en los temas de Generación de Ingresos, Mejora de competencias y capacidades psicosociales y el desarrollo de capacidades empresariales y de negociación. Por otro lado esta iniciativa se enfoca en el Departamento del Valle del Cauca en los Municipios de Tulúa, Trujillo, Calima, Darién y Ginebra. Los resultados de esta iniciativa en los municipios han sido: el mejoramiento de los ingresos de 300 familias; la creación de 4 organizaciones familiares productoras; el cambio de 300 familias (1500 personas) en los comportamientos humanos, donde se han disminuido los conflictos intrafamiliares y conflictos colectivos; y mejores indicadores de salud y nutrición en 300 familias. 21. Fortalecimiento y consolidación de la cadena productiva de la Yuca para familias pertenecientes a la precooperativa Protracoy de Mutatá: Esta es una alianza público-privada enfocada en la generación de ingresos, que busca el mejoramiento de los ingresos de las familias desplazadas y vulnerables del municipio de Mutatá, a través de la producción, transformación y comercialización de la yuca, así como el empoderamiento de los productos vinculados a la pre-cooperativa Protracoy de Mutatá. En esta iniciativa hacen parte Fundaunibán, USAID, Antioquia Emprendedora y el Ministerio de Agricultura. El foco de este proyecto son los campesinos en situación de vulnerabilidad y desplazamiento, donde se ha logrado beneficiar entre 101 y 500 personas. La iniciativa ya se termino y el resultado de esta fue la consolidación de la pre-cooperativa y una forma que le permite a las familias generar ingresos para sus hogares. Se hace evaluación y seguimiento por parte del Sistema de gestión de calidad.

22. Fundación Granahorrar enseña a desplazados y discapacitados independencia y auto sostenibilidad: Estos conceptos los extendieron a tres grupos altamente vulnerables y que, a su vez, necesitan recomponer sus familias, sobreponerse al duelo del desarraigo y de la falta de unidad social: los habitantes de la calle, los hombres y mujeres cabeza de hogar, campesinos desplazados y adultos mayores. “Estos grupos tienen ciertos problemas en común: una discapacidad sicológica (muchos sufren de paranoia por la violencia a la que fueron sometidos), no tienen ingresos ni vínculos sociales y no conocen los beneficios ni la atención que les ofrecen los gobiernos locales”, dice Arango, quien considera que más que capacitarlos hay que formarlos. De hecho, una de las enseñanzas más importantes es aprender a ‘sacarles el jugo’ a las cajas de compensación y a las EPS. “Las cajas invierten grandes presupuestos en crear programas de salud, recreación o capacitación para sus afiliados, si se aprovechan rendirá más el presupuesto familiar”, agrega Arango. Por ello, buscan convenios con entidades de alto nivel para ofrecer servicios como aseo de cajeros electrónicos y cabinas telefónicas públicas, mantenimiento de prados y jardines y manejo de material reciclable. Paralelamente cuentan con una planta de 300 metros cuadrados donde unas 180 personas empacan y alistan correspondencia. De igual forma, mantienen un convenio con la Alcaldía Mayor de Bogotá para formar 470 jóvenes y discapacitados físicos y 100 habitantes de la calle. Además, están entrenando a 200 adolescentes -entre 14 y 19 años- bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar pero que no pudieron ser adoptados, precisamente, porque tienen limitaciones cognitivas. También están apoyando a un grupo de 400 personas de la localidad de Usme, en Bogotá, que tiene una empresa de empleo asociativo donde ofrecen servicios de Mensajería especializada (Gran envíos), fabrican productos de panadería, hacen telemercadeo y asean bienes inmuebles. A través de una alianza con la Institución Social Opción Vida, capacitó en técnicas postales a un grupo de 125 personas desplazadas y les generó empleo directo a 45 de ellas como operadores de correo. El año pasado se les dio empleo directo a 80 personas e indirecto a otras 60. Entre sus empresas aliadas se cuentan las bombas de combustible Teruel (pertenecientes al grupo antioqueño), British Pretroleum (BP), la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Unicentro de Occidente, Unicentro Norte, y las universidades Manuela Beltrán y Jorge Tadeo Lozano.

23. Generación de condiciones de inclusión de la población desplazada de las localidades de Bosa y Kennedy con una perspectiva de generación de capacidades y derechos: Con el apoyo de cooperación internacional y de gobiernos locales, la Fundación Social implementó un proyecto dirigido al reestablecimiento integral de la población en situación de desplazamiento y vulnerable en zonas marginales urbanas, desde un enfoque de desarrollo integral, territorial y de generación de capacidades y restablecimiento de derechos, durante el periodo comprendido entre Agosto de 2007 y Marzo de 2009 en las localidades de Kennedy y Bosa de la ciudad de Bogotá. En el proyecto participaron 319 familias de las cuales 214 estaban en situación de desplazamiento y 105 vulnerables, para un total de 1305 personas. Este proyecto es una alianza público-privada donde trabajan la Fundación Social, Mercy corps, la Unión Europea, Acción Social, FUPAD-USAID, la Alcaldía de Bosa, el Hospital Pablo VI, el Hospital del sur de Kennedy, PMA, Gas Natural, la Cooperativa Ecobosco y empresas del sector de la confección. 24. Generalitat Valenciana y ACNUR firmaron convenio para asistir a indígenas desplazados en Colombia: El Conseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco junto con la Representante en España de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), Maricela Daniel han firmado hoy el convenio 2010 para el desarrollo de un proyecto de ACNUR en Colombia. Gracias a la contribución de 350.000 €, ACNUR dará continuidad al trabajo en Colombia con el apoyo de la Generalitat Valenciana, dirigido a la población indígena del sureste de Colombia. Mediante programas de asistencia, información, protección, asesoramiento y formación, la ACNUR trabajará para mejorar las condiciones de integración de las personas indígenas desplazadas y prevenir el desplazamiento de quienes puedan estar en riesgo de sufrirlo. Entre las actividades previstas están las destinadas a la creación de comedores escolares en zonas rurales. Otro de los objetivos del proyecto es ayudar a las organizaciones y líderes indígenas en el doble papel de protección y demanda de sus Derechos, mientras se realizan acciones de formación dirigidas al personal de instituciones de atención a la población desplazada para mejorar la comprensión del fenómeno del desplazamiento, desde un enfoque respetuoso con aspectos étnicos. El proyecto se ejecuta en una de las regiones de Colombia más castigadas por el desplazamiento interno de la población indígena: los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada y Arauca.

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25. ISA y los Programas de Desarrollo y Paz (PDP): La empresa de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), por la dispersión de sus torres de energía y su significado estratégico, es una de las empresas que más han sido afectadas por los ataques de la guerrilla. Por esta razón, y por el escalamiento del conflicto, ISA creó el Programa de Desarrollo para la Paz (Prodepaz) en 1999, del Oriente Antioqueño, uno de los llamados programas de paz y desarrollo (PDP). Desde entonces, la política de ISA ha sido apoyar a los otros PDP que existen en el país afiliados a la Red Prodepaz y ha tratado de convencer a otras empresas de hacer lo mismo. ISA, debido a su cultura corporativa y su comprensión del conflicto, se convenció de que la compañía debía en invertir en los PDP, a través de lo cual las relaciones con las comunidades y la inversión social se dirigen completamente a atender las causas profundas de conflicto. Otras empresas que han estado trabajando con Prodepaz y con ISA son Isagen y la Diócesis de Sonsón. Prodepaz, desde 1999, ha beneficiado según estadísticas del 2005 a aproximadamente 2.380 familias en 28 municipios. Sus principales actividades son: la participación en formulación e implementación de proyectos y la promoción de la participación de las comunidades locales y regionales en planeación de desarrollo. Más de 33 millones de dólares han sido invertidos, que provienen de: Prodepaz (23%), apoyo de las comunidades (13%), municipios (14%), y del sector privado y la cooperación internacional (50%).Otro logro de Prodepaz fue el apalancamiento de recursos internacionales, al convertirse en una de las sedes de los Laboratorios de PAZ de la Unión Europea. Existen tres, uno en el Magdalena Medio y otro en el Norte de Santander, Nariño, Cauca y en el Oriente Antioqueño, el tercero, en las regiones de Montes de María y el Meta. 26. La maquila Coopimar de Leonisa: Como respuesta a la falta de cosechas y oportunidades laborales para la población desplazada víctima de la violencia política en el Oriente antioqueño, un grupo de mujeres de la zona rural y urbana de Marinilla buscó hacer parte de las empresas que le maquilaban ropa interior a la marca Leonisa S.A. Así, se conformó la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopimar que agrupa los esfuerzos de maquilas, con el objetivo de aplicar buenas prácticas en las actividades de producción y, así, maximizar recursos, disminuir costos y generar oportunidades de crecimiento planificado. Aunque Coopimar empezó capacitando a 120 operarios de confección y mandos medios, para la generación de nuevos empleos, gracias a las altas de-

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mandas de producción solicitados por Leonisa y la asistencia financiera y técnica del Componente Pyme del programa Midas, financiado con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) les está permitiendo consolidarse como la mayor maquila de Leonisa del país con 1.000 nuevos empleos proyectados para los próximos 4 años. 27. L´Oreal proyecto ‘Cien años, cien mujeres. Belleza por un Futuro’: A través de esta iniciativa, 100 mujeres colombianas, pertenecientes a fundaciones que atienden población desplazada, vulnerable, madres solteras o violentadas, recibirán capacitación en procesos de coloración, corte, peinado, manicure y pedicure. Las primeras 50 elegidas comenzaron sus clases en el mes de junio y terminarán en julio, mientras que el segundo grupo lo hará en agosto y septiembre. 28. Macroproyectos: este es un proyecto impulsado por la Fundación Mario Santo Domingo, donde se atiende a población vulnerable y población desplazada en el desarrollo de proyectos de vivienda. Esta iniciativa es implementada en la ciudad de Bogotá D.C. 29. Migración Laborar Temporal Circular: Es una alianza público- privada donde trabaja la Fundación Carboandes junto con la Gobernación del Cesar, la Fundación Agricultores Solidarios, la OIM, el Comité de Cafeteros y las alcaldías de La Jagua de Ibirico y Pailitas. Este es un proyecto donde población de los municipios del Cesar viajan a España a trabajar como temporeros en la recolección de frutas y en las cooperativas agrícolas. Estos temporeros diseñan en su estadía en Cataluña una iniciativa productiva, la cual se gesta a su regreso con apoyo de cooperación internacional y la gobernación del Cesar, generando así sostenibilidad a la población y a sus familias. Esta iniciativa va dirigida a población vulnerable de los municipios del Cesar, donde se enfocan en la generación de ingresos y la capacitación ocupacional de la población. El objetivo de esta proyecto es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus hogares a partir de la generación de ingresos para el sostenimiento de sus familias, sus ahorros y generar desarrollo en su entorno mediante la ejecución de proyectos que gestionan durante su estadía en España, luego de recibir capacitación sobre codesarrollo, recibir transferencia de tecnología de una región agrícola con adelantos tecnológicos y favorecer el intercambio cultural de regiones aisladas del departamento. Es una migración regulada, que trata de obtener resultados positivos en las comunidades impactadas.

30. Modelo de negocios inclusivos y sostenibles – Fundación Proyectos Tecnovo: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Nacional de la Industria (ANDI) de Colombia, promueven iniciativas de RSE del sector privado para contribuir a un desarrollo más equitativo en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Claudia Gaitan de Caballero, directora de la Fundación Proyectos Tecnovo ha mostrado contará cómo han logrado capacitar a 4.000 personas para que puedan tener proyectos productivos. Hace 10 años, la Fundación les da a personas discapacitadas (primero a policías y militares víctimas de la guerra y más tarde a desplazados y reinsertados de grupos al margen de la ley) un lugar para prepararse y valerse por sí mismas. Tecnovo desarrolla un modelo de intermediación, atención y generación de ingresos que promueve encadenamientos productivos, a través de negocios inclusivos que, por una parte, generan empresas sociales sostenibles que mejoran la calidad de vida de poblaciones vulnerables (desplazados, discapacitados, víctimas, excombatientes, etc.), y por otra parte, facilita la participación del sector empresarial que quiere apoyar a estas poblaciones sin emplearlas directamente ni incurrir en los costos de su atención, al hacer posible su incorporación como proveedores sociales dentro de la cadena productiva de las empresas. 31. OIM y sus programas en alianza con el sector empresarial: En un decidido esfuerzo por permitir a las víctimas del desplazamiento forzado interno convertirse en protagonistas de su propia recuperación socioeconómica, la OIM y la Acción Social, ejecutaron durante los años 2007 y 2008 el Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos a Población en Situación de Desplazamiento. Dentro del proyecto se hacía presente la atención humanitaria de emergencia, el cual permitió la colocación de pagos en efectivo gracias a una alianza estratégica con el Citibank, de manera que la atención llegara a los lugares más apartados en Colombia. La OIM Colombia ha desarrollado un modelo de alianza con la empresa privada a través del cual se trabaja en la implementación de proyectos que promueven negocios sostenibles desde lo social, lo económico y lo ambiental. Los modelos de vinculación identificados son: 1) Como CAPACITADOR: Formación y vinculación laboral a desplazados y personas en proceso de Reintegración. Ejemplos: 1) El Centro de Desarrollo Productivo CDP del Cuero forma en las competencias específicas demandadas por las empresas productoras de calzado y marroquinería a población

vulnerable y garantiza su vinculación laboral en los espacios productivos de su escuela – taller o en más de 75 empresas que respaldan el proyecto. 2) Como COMERCIALIZADOR: Apoyo a los emprendimientos empresariales o proyectos productivos de poblaciones vulnerables mediante la comercialización o adquisición de sus productos y/o servicios. Los productos deben cumplir con los estándares del mercado. Ejemplos: 1) Programa de Reintegración y Desarrollo Comunitario en los Departamentos de Antioquia y Sucre, proyecto productivo en el que la empresa colombiana Comexa Foods C.I. asegura la comercialización de la totalidad del ají a producirse; 2) Alianza estratégica con Carrefour, mediante ésta la multinacional abre sus tiendas a las poblaciones más vulnerables del país, ofreciendo canal de comercialización y condiciones comerciales favorables a los productores beneficiarios de los programas de la OIM. Alrededor de 600 empleados de emprendimientos productivos apoyados por OIM se benefician con esta alianza; 3) El grupo empresarial AVIATUR ha facilitado las condiciones para promover la comercialización de productos de poblaciones vulnerables a través de sus empresas del sector turístico; y 4) PROCAFECOL, comprometida con el apoyo a comunidades vulnerables, ha incluido productos elaborados por estos grupos dentro del portafolio ofrecido a los clientes de las tiendas Juan Valdez. Más de 300 empleados de emprendimientos productivos apoyados por OIM se han favorecido con esta estrategia comercial. 3) Como DONANTE: Contribuciones en dinero o en especie para el desarrollo de proyectos sociales tanto a nivel regional como nacional. Ejemplos: 1) Programa de Desarrollo Sostenible para familias caficultoras en el Departamento de Nariño. Proyecto con la contribución financiera de Empresas de Nariño y Starbucks Coffee Co., en el que se beneficiaron 1.160 familias vulnerables de pequeños caficultores en 10 municipios de Nariño; 2) Programa de Reintegración y Desarrollo Comunitario en los Departamentos de Antioquia y Sucre. Proyecto apoyado por Cementos ARGOS a través de su Fundación, en el que alrededor de 300 familias vulnerables y en proceso de reintegración han sido atendidas. 4) Como EMPLEADOR: Oferta de empleo para población vulnerable beneficiaria de programas de OIM. La OIM desarrolla perfiles laborales de los beneficiarios, promueve su formación laboral y proporciona

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acompañamiento y asistencia técnica. Ejemplos: 1) Migración laboral a Canadá con Maple Leaf y Tyson (Empresas canadienses del sector de los cárnicos). Alianzas en las que trabajadores colombianos recibieron formación laboral y entrenamiento para su posterior vinculación laboral; y 2) Migración laboral temporal y circular entre España y Colombia con La Unión de Pagesos (Asociación de agricultores de Cataluña), proyecto en el que alrededor de 2.800 beneficiarios fueron vinculados laboralmente y recibieron acompañamiento técnico para la implementación de proyectos productivos en su región de origen. 5) Como OPERADOR de proyectos: Ejecución directa del proyecto, procesos de asistencia técnica y acompañamiento permanente. Ejemplos: 1) Proyecto de generación de ingresos para población en proceso de reintegración a la vida civil, bajo esta estrategia la empresa Colgalletas S.A. ejecuta directamente las actividades de capacitación y vinculación laboral a 50 personas beneficiarias atendidas en la planta de producción en Medellín; 2) Proyecto de empleabilidad y desarrollo productivo, CONFECAMARAS opera con el concurso de más de 20 Cámaras de Comercio los componentes de orientación laboral, implementación de proyectos productivos y empleo con empresas inscritas en las Cámaras. Este último mediante la operación del Fondo de Empleo Regional FER que estimula la generación de puestos de trabajo para población vulnerable. 32. Oportunidades Bavaria: Es un programa con el cual la Fundación Bavaria busca dar herramientas a las poblaciones más vulnerables en su cadena de valor para la generación de ingresos y por ende mejorando su calidad de vida. Esta iniciativa tiene dos aspectos que son apoyo educativo y microcrédito a tenderos. En el aspecto educativo el proyecto busca apoyar a las familias de los tenderos o detallistas Bavaria más vulnerables de Colombia, mediante un sistema de patrocinio que cubre hasta el 80% del valor de la matrícula de carreras técnicas o tecnológicas, a una tasa de 0% de interés que no requiere codeudor. Además, el proyecto le otorga tutoría permanente durante la carrera. En este punto el proyecto pretende atender a más de 3000 jóvenes en los próximos tres años. En el aspecto de microcrédito para tenderos, pretende facilitar el a crédito a los tenderos de Colombia en etapa de crecimiento, para fortalecer su negocio, aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida y la de su familia. Así mismo, con-

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tribuye al desarrollo económico del país apoyando el a servicios financieros, una de las políticas prioritarias del Gobierno. La meta en este aspecto, es llegar a 4000 tenderos en el primer año de funcionamiento. Oportunidades Bavaria, nació en agosto de 2009 como un programa piloto en la Comuna Uno de la ciudad de Bucaramanga, los resultados exitosos permitieron expandir a partir de agosto de 2010 la propuesta a nivel nacional. En este proyecto trabaja la Fundación Bavaria junto a Bancolombia, Banco Agrario de Colombia, Financiera Comultrasan y Lumni. 33. Plan Padrino de la Consejería Presidencial de Programas Especiales. Consiste en una alianza estratégica entre el Gobierno central, local, sector privado y organizaciones no gubernamentales para contribuir con metas de cobertura y calidad educativa definidas por el Gobierno Nacional, desarrollando proyectos integrales de infraestructura, dotación y capacitación que beneficien a poblaciones vulnerables. 34. Prodepaz: organización impulsada por el sector privado que desarrolla proyectos de construcción de paz en diferentes partes del país. Sus actividades incluyen la participación en la formulación y ejecución de proyectos, al igual que promover la participación local y regional en la planificación del desarrollo. Prodepaz ha impulsado durante varios años los llamados “Laboratorios de Paz”, los cuales son proyectos impulsados en su mayoría por la Unión Europea, el sector privado y la colaboración del PNUD con el fin de crear desarrollo en las zonas vulnerables con el fin de acabar con las, que según ellos, son las causas del conflicto colombiano. 35. Programa Acción Social “Retornar Es Vivir”: este programa pretende impulsar el retorno de desplazados en el municipio de San Carlos en Antioquia. Como primer paso Acción Social costea al valor del transporte para las familias que quieren retornar al municipio. En la zona de Oriente Antioqueño se espera que el sector privado apoye en construir un nuevo batallón en San Carlos para reforzar la seguridad y promover procesos de desminado humanitario, así como en el desarrollo de proyectos de atención humanitaria, seguridad alimentaria, mejoramiento de vivienda, proyectos productivos en cacao y caña de azúcar, así como el cubrimiento en salud y en educación, además de un gran esfuerzo en el tema de titulación de tierras. 36. Programa de Desarrollo Sostenible para las Familias Productoras de Café en Nariño: Como resultado de una alianza público-privado generada entre la Embajada de los Países Bajos y la multinacional de café Starbucks Co.

con su socio comercial en Colombia Empresas de Nariño Ltda., la Organización Internacional para las Migraciones logró la creación e implementación del Programa de Desarrollo Sostenible para las Familias Productoras de Café en Nariño, estrategia enfocada en la generación de desarrollo sostenible a nivel social, económico y ambiental que, prevenga la migración y proteja a 1.160 familias caficultoras del norte de Nariño que se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado. 37. Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas en la Zona Norte del Municipio de Santa Marta, Departamento del Magdalena: Este proyecto pretende desarrollar un modelo integral de intervención y gestión de servicios de seguridad alimentaria, de empleo y generación de ingresos para poblaciones desplazadas en el sector norte del municipio de Santa Marta. El programa beneficia a 200 familias, donde se adelantan procesos de línea base y planificación con las familias de la zona, identificación de la oferta de servicios, de gestión ante el sector público y privado, para focalizar la intervención, orientar recursos, definir proyectos y diseñar un plan de acción, contemplado para 12 meses. El objetivo del proyecto es “contribuir a la estabilización socioeconómica y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones desplazadas del municipio de Santa Marta, mediante la gestión que permita fortalecer y mejorar la oferta integral de servicios (generación de ingresos, empleo y seguridad alimentaria)”. Esta iniciativa es una alianza público-privada donde trabaja Fominpyme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; USAD – FUPAD y Fundaunibán, además está enfocada hacia mujeres, hombres, campesinos y grupos étnicos, en el Municipio de Santa Marta, departamento del Magdalena. El programa inició en el año 2007 con un tiempo de aplicación de 30 meses y 30 meses adicionales de acompañamiento de Empresas Nariño Ltda. y la OIM. 38. Programa de Energía para el Retorno: En 2008, Empresas Públicas de Medellín -EPM emprendió el Programa de Energía para el Retorno en municipios de la Cuenca del Nare en el Departamento de Antioquia. (Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco), con el propósito de mejorar las condiciones de vida durante el retorno de la población en condición de desplazamiento, por medio de la condonación y financiación de deudas a las familias desplazadas, así como la reactivación de la prestación del servicio. “Energía para el Retorno” es una alianza público-privada, donde EPM trabaja con organizaciones gubernamentales como la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno del Municipio la Personería Mu-

nicipal y la comunidad. Asimismo, de existir consumos pendientes de cobro, realizados por la familia antes del desplazamiento, se ofrecerá la financiación de los mismos por un período de hasta 120 meses (10 años), sin cuota inicial y con una tasa de interés igual a cero. Hasta la fecha han logrado: la normalización 1.550 instalaciones en los municipios intervenidos, 650 nuevas instalaciones, impactó a 205 familias en el 2008, 102 condonaciones de deuda entre 2009 – 2010, entre 2009- 2010 se financió a 96 familias. 39. Programa de generación de ingresos para población desplazada y vulnerable del Urabá a través del montaje de unidades productivas: Con este programa se busca contribuir a la estabilización socioeconómica de la sub-región de Urabá, mediante la creación y puesta en marcha de 600 unidades productivas y la participación de 800 familias. Las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa son Fundaunibán, Fomipyme, USAID y la OIM. Este proyecto está enfocado en la generación de ingresos para principalmente mujeres, campesino y personas mayores, donde se han atendido a mas de 1000 personas en los municipios de Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chogoradó, y Mutatá en el departamento de Antioquia. La iniciativa ya se terminó y se hace evaluación y seguimiento por parte del Sistema de gestión de calidad. 40. Programa de inclusión socio-laboral “Formación para la vida laboral”: Esta iniciativa busca convocar jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, específicamente jóvenes entre los 18 y 30 años de edad que pertenezcan a estratos socio – económicos 1 y 2, los cuales no cuenten con una fuente de ingreso formal para ellos y sus familias. El programa les ofrece un proceso de formación y desarrollo de habilidades técnicas y humanas a través de metodologías pedagógicas teórico – practicas y herramientas de desarrollo personal. El principal objetivo de este programa, es entregar insumos que les permita a jóvenes de estrato socioeconómicos bajos, desarrollar habilidades tanto técnicas como humanas para facilitar su al mercado laboral formal y con ello puedan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. El proyecto es una alianza público-privada donde trabaja la Fundación Super “La Magia de la Alegría”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Acción Social – Red JUNTOS, el Sena Regional Caldas y la Andi Seccional Caldas. La iniciativa tiene impacto a nivel nacional, sin embargo cada una de las dos modalidades tiene un lugar de ejecución específico. Es así como el programa de operación de plantas industriales

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 125

se desarrolla en la ciudad de Manizales puesto que es allí donde se cuenta con las instalaciones necesarias para realizar la fase práctica. La modalidad en mercadeo y ventas, se desarrolla en las principales ciudades del país, como son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Neiva, Santa Marta y Valledupar. Aquí para el desarrollo de las capacitaciones teóricas, se han generado alianzas con entidades que nos facilitan los espacios físicos y Súper de Alimentos se encarga de proveer el personal especializado requerido para realizarlas. En cuanto a la fase práctica, esta es desarrollada a través de los canales de distribución que actualmente hacen parte de la cadena de distribución de la organización. 41. Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado: En febrero de 2000, el corregimiento de El Salado fue el escenario de una masacre que dejó 66 personas muertas y 600 familias desplazadas en el corregimiento y sus alrededores. Con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad de El Salado, se crea el Programa de Reconstrucción Económica y Social del Corregimiento El Salado, una iniciativa surgida desde el sector privado, en cabeza de la Fundación Semana, que ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado en una gran alianza público – privada de más de 70 organizaciones, que aportan de acuerdo a sus habilidades y características, con el objetivo de generar un modelo de intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos, que contribuya a mitigar los impactos del conflicto en comunidades víctimas del desplazamiento. Algunos se los resultados desde su inicio en septiembre de 2009 y hasta la primera mitad del 2011 son: la reactivación económica y social, el mejoramiento de 118 viviendas, un proyecto de microcréditos para 49 nuevos negocios y un proyecto porcícola que beneficia a 10 familias, el inicio de la construcción del alcantarillado y la construcción de la casa de la cultura, la reconstrucción del Centro Educativo, la construcción del Centro de Salud, de un nuevo Polideportivo, entre otros. Para 2011 más de 1000 han retornado a El Salado. 42. Programa de Reintegración y Desarrollo Comunitario en los Departamentos de Antioquia y Sucre: En el 2006, la Alta Consejería para la Reintegración, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Argos y la OIM articularon una alianza público-privada con el fin de implementar el Programa. A través de ésta alianza se busca apoyar

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la inserción económica y social de 320 personas que hacen parte de la población vulnerable y en proceso de reincorporación a la vida civil de los municipios de Puerto Naré y Puerto Triunfo en Antioquia y San Onofre en Sucre. El objetivo principal del programa es la generación de ingresos para las familias beneficiarias a través de proyectos productivos agroindustriales que generan sostenibilidad económica a largo plazo. Las actividades de generación de ingresos estarán acompañadas de intervenciones en fortalecimiento social, asociativoempresarial, educativo y ambiental dirigidas por los participantes en el Programa. 43. Programa Proniño: El objetivo de esta iniciativa es la erradicación progresiva del trabajo infantil mediante el restablecimiento de los derechos vulnerados de los niños y adolescentes. Este objetivo se pretende lograr por medio de generar procesos de inclusión educativa con altos estándares de calidad y el fortalecimiento de las instituciones públicas y organizaciones privadas responsables del diseño, desarrollo y aplicación de la política pública contra el trabajo infantil. Este proyecto beneficia indirectamente a personas en condiciones de vulnerabilidad y familias en condición de desplazamiento, gracias a que ingresan a este programa por medio de programas institucionales. Esta iniciativa es impulsada por la Fundación Telefónica, donde además trabaja con Red Juntos y tienen una alianza con 11 ONG`s las cuales son: Corporación Juntos Construyendo Futuro, Asociación Cristiana de Jóvenes, Fundimur, Funof, Corproinco, Prodinco, Unión Temporal (ACJ Tolima – CFP), Fundación Picachos, Convídame y la Universidad del Quindío. Los temas en los que se enfoca esta iniciativa son la Educación la Asistencia alimentaria de los niños y jóvenes la ayuda psicológica y los temas de salud y nutrición. Por otro lado, esta iniciativa se implementa en Córdoba: Montería; Bolívar: Cartagena; Magdalena: Santa Marta; Atlántico: Barranquilla; Cesar: Valledupar; Chocó: Quibdó, Bogotá; Antioquia: Medellín, Sucre: Sincelejo, Cundinamarca: Madrid; Boyacá: Tunja y Muzo; Meta: Villavicencio, Granada y Puerto Lopez; Santander: Barrancabermeja, Bucaramanga, Floridablanca y Girón, Huila: Neiva; Norte de Santander: Cúcuta, Los Patios; Nariño: Pasto e Ipiales; Valle: Cali; Quindío: Circasia, Armenia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya; Tolima: Ibagué, Cajamarca, Espinal, Flandes, Honda, Líbano, Mariquita, Melgar, Chaparral, Lérida; Saldaña 44. Proyecto “Alianza Medellín-San Carlos”: El municipio de Medellín a través de este proyecto quiere impulsar el proceso de retorno al municipio de San Carlos. Este

proyecto atiende a 300 familias desplazadas que se encuentran en Medellín, donde a cada una de las familias se le dan alimentos, y un pequeño capital de 500 mil pesos para impulsar pequeños proyectos productivos. Además, tiene un componente de vivienda tanto para mejoramiento como para construcción en algunos casos. Por otro lado, tiene un componente de generación de ingresos en la implementación de proyectos productivos como cacao, en este caso empresas como el Éxito va a comprar los productos. 45. Pymes para la Paz: Coca Cola – Femsa en compañía de la Alta Consejería para la Reintegración y la Fundación Colombia Presente, construyen un “Banco de Tiempo”, programa que consiste en una vinculación de empresas y personas naturales con el fin de estructurar y darle seguimiento a proyectos productivos desarrollados por poblaciones de bajos ingresos, desplazados y reintegrados que se encuentren vinculados a los programas de la Alta Consejería. Recibirán capacitación en actividades productivas y de desarrollo empresarial. El programa “Banco de Tiempo” cuenta actualmente con más de 486 voluntarios en ciudades como Bogotá, Medellín, Valledupar y Montería, beneficiando así directa e indirectamente a cerca de 30 mil personas. 46. Raíces Nuevas: El Proyecto Raíces Nuevas es una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Gobierno Distrital de Bogotá como socio principal de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador. El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de gestión para la atención a población desplazada en fase de estabilización, ubicada en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme en Bogotá. Además se trabaja con población retornada/reubicada, conjuntamente con población vulnerable receptora, mediante estabilización social y económica. Las acciones se orientan a incrementar el capital humano realizando acciones de atención en salud y educación; incrementando los niveles de ingresos, articulando la economía local con la constitución de empresas de economía solidaria y esquemas de trabajo asociado; fortaleciendo procesos de integración de comunidades receptoras y desplazadas para mejorar su capacidad de gestión y negociación técnica y política; estructurando ciudadanía (deberes y derechos); desarrollando capacidades para la conciliación y mediación de conflictos sociales y generando un modelo de atención innovador y novedoso que permita fortalecer a las instituciones públicas y privadas. El componente de Desarrollo Humano, a cargo de la Fundación Restrepo Barco en asocio con la Corporación Opción Legal y con el

apoyo de la Secretaría Distrital de Educación, en el marco de la iniciativa: “Procesos escolares para la inclusión y la protección de la niñez desplazada y vulnerable en Bogotá D.C”, iniciativa que se construye colectivamente en cuatro localidades, con la participación de 14 colegios públicos y 120 docentes que atienden un promedio de 1.000 niñ@s desplazad@s y un número aproximado de 4.000 niñ@s vulnerables. A parte de las organizaciones ya mencionadas en el proyecto trabaja la Fundación Santo Domingo y la Fundación Corona. Los temas que trabaja esta iniciativa son: Vivienda, Educación, Generación de Ingresos, Asistencia alimentaria, Asistencia humanitaria de emergencia, ayuda psicológica y Salud. Además la población objetivo son hogares en situación de desplazamiento principalmente, pero también con un componente para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. El proyecto benefició a más de 1000 personas y mejoró el a servicios básicos a 4000 familias. 47. RED JUNTOS - Convenio Fundación Propal en el Norte del Cauca: Fundación Propal firmó convenio con ACCIÓN SOCIAL para apoyar las familias de la Red JUNTOS, en proyectos agropecuarios que ofrezcan seguridad alimentaria a la población vulnerada y desplazada del Norte del Cauca. Actualmente, 20 organizaciones privadas contribuyen con esta estrategia gubernamental para la superación de la pobreza. JUNTOS ya cuenta con 1 millón 45 mil familias que están en la ruta hacia la superación de la pobreza. En este proyecto del Gobierno trabajan 17 entidades del Estado y se han firmado 33 alianzas con empresas privadas, dentro de las cuales se encuentras empresas como Operación Sonrisa, Corporación para el Desarrollo de la Microempresa, CODENSA, MAPFRE Surtigas, Kimberly, Fundación Súper de Alimentos, Postobón, CAFAM, Argos, Fasecolda, Asobancaria, Alpina, Asocajas, Totto, Compartel y ETB. Además, según la Subdirección de Nuevas Fuentes de Cooperación de ACCIÓN SOCIAL, en 2009 se gestionaron 59 millones de dólares entre iglesias, cooperación descentralizada, ONG internacionales y sector privado, los cuales se dirigieron a diversos programas sociales que se llevan a cabo en todo el país y que se han unido al trabajo que realiza el Gobierno Nacional. 48. REDECS Red territorial para el desarrollo y la cohesión social: instrumentos y acciones para el restablecimiento y la integración socioeconómica de las comunidades afectadas por la violencia y el desarraigo en cuatro municipios de la región de la sierra nevada de santa Marta: Busca lograr el desarrollo sostenible y la integra-

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 127

ción en el tejido social y económico regional para 350 familias vulneradas y desarraigadas en los Municipios de Aracataca, Ciénaga, Santa Marta y Dibulla y mejorar la seguridad alimentaria para 150 familias indígenas ubicadas en el Resguardo Kogui-Arsario-Arhuaco y particularmente afectadas por el conflicto armado. El proyecto busca generar la autosuficiencia y la reintegración en el tejido socioeconómico de poblaciones desarraigadas mediante la promoción de procesos productivos sostenibles, y además ayudar a las comunidades locales de acogida con el fin de facilitar la aceptación y la integración de las poblaciones desarraigadas. En esta iniciativa participan: la Fundación Retrepo Barco, Unión Europea, y Comitato Internacionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP. 49. Reformulación y/o actualización del Plan Integral Único de atención a población en situación de desplazamiento: La Fundación Social propone el diseño e implementación de una metodología de construcción participativa del Plan Integral Único de atención a población en situación de desplazamiento, que permita garantizar el goce efectivo de derechos, la articulación de acciones intersectoriales y territoriales y la construcción de condiciones de paz para avanzar en soluciones duraderas al desplazamiento. El objetivo de esta iniciativa es contribuir con el aseguramiento del goce efectivo de derechos de la población en situación de desplazamiento asentada en el Distrito Capital a través de la actualización y/o reformulación del Plan Integral Único, PIU, Bogotá, como herramienta de planificación, gestión, ejecución, y evaluación de los planes, programas y proyectos diseñados para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado, para su protección y asistencia durante el desplazamiento, o durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración. Las organizaciones que trabajan en la iniciativa son: Fundación Social, La Secretaría de Gobierno de Bogotá y Acción Social, junto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, el Comité Técnico para la actualización del PIU y las instituciones y representantes del Sistema Distrital de Atención Integral a la Población en Situación de Desplazamiento. El trabajo incluye todos los aspectos relacionados con el desplazamiento en tanto se trata de formular, de forma participativa, una política integral que dé cuenta de la totalidad de los retos para el goce efectivo de derechos de esta población. 50. Seguridad Alimentaria: Este proyecto se creó como apoyo al Plan Mundial de Alimentos dentro de su Operación de Recuperación y Socorro en donde población

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desplazada se vio beneficiada. Los objetivos de esta iniciativa son: El suministro de asistencia alimentaria a cambio de capacitación y/o trabajo en proyectos que redundan en seguridad alimentaria; crear soluciones de abastecimiento de agua dirigida a actividades productivas (cultivos y animales) y consumo humano; la formación de comunidades en mejores prácticas en uso de agua, saneamiento e higiene; y el fortalecimiento de la gestión pública para la inversión eficiente del 1% de las regalías en proyectos de seguridad alimentaria en los municipios de Uribia y Maicao. Esta iniciativa está enfocada en nueve comunidades indígenas Wayuu que se encuentran en la zona de influencia del Cerrejón en La Guajira alrededor de la Granja Experimental de Cerrejón y Media Luna. El proyecto es impulsado por el Sistema de Fundaciones Cerrejón acompañadas del Programa Mundial de Alimentos, Programa Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Gobernación de La Guajira y Municipio de Uribia. 51. Unos 700 desplazados se han vinculado con empresas privadas desde 2008: Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población desplazada, el Instituto Para la Economía Social (IPES) ha servido como puente para que unas 700 personas se vinculen laboralmente con empresas privadas. Desde el año 2008 realizan capacitaciones en diferentes áreas y luego hacen el enlace con entidades como Alkosto, El Corral, Carrefour, Pastas Doria, Promoplas y las universidades de Los Andes y Externado, entre otras. “La idea es que la población desplazada trabaje y genere recursos para sobrevivir en la capital. En principio nosotros brindamos la capacitación y luego cada empresa hace la inducción correspondiente dependiendo de la actividad en la que se va a desempeñar”, explicó Armando Aljure, director del IPES. Hace seis meses un grupo de 150 desplazados, que habitaron en el parque Tercer Milenio por cerca de 90 días, trabajan en una empresa llamada Promoplas en donde se encargan de la fabricación de plásticos. Por su trabajo ganan poco más de un mínimo. De la misma forma, unas 120 mujeres desplazadas se vincularon con la Fundación Mambe Shop y prestan sus servicios en confección. Lo mismo sucede con al menos 100 personas que actualmente trabajan como guías ciudadanos con los programas de Misión Bogotá. La universidad Externado de Colombia trabaja con la población afro y los capacita en gastronomía.

Anexo metodológico

DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN Y RECEPCIÓN (1997 – 2010)

El proyecto se llevó a cabo a través de una metodología de investigación cualitativa realizada entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, en la cual se recopiló información de diferentes fuentes y actores (ONG, academia, Estado, empresas y organismos internacionales), tanto del nivel nacional como local. En este proceso se realizaron 125 entrevistas en Bogotá y algunas regiones de los departamentos de Nariño (Tumaco y Pasto) y Antioquia (Oriente Antioqueño y Medellín), las cuales han tenido algunas de las mayores cifras de expulsión y recepción de población desplazada a nivel nacional. DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIÓN 1997 - 2010 700000 600000

268.085 203.960

200000

187.016

174.645

172.612

168.448

Tolima

Nariño

Caquetá

Cesar

Chocó

Magdalena

Bolívar

Antioquia

100000

150.256

144.155

Cauca

311.138

300000

Valle del cauca

400000

Fuente: Cifras SIPOD / Acción Social. Procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz. DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIÓN 1997 - 2010 700000 600000

626833

500000 400000

156471

148996

141968

139402

Santander

164142

Córdoba

216703

Cesar

217117

Nariño

231377

200000

Sucre

293724

300000

Valle del cauca

Bolívar

Magdalena

Bogotá

Antioquia

100000 0

Antioquia

TOTAL NO. PERSONAS

DEPARTAMENTO RECEPTOR

TOTAL NO. PERSONAS

646.575

Antioquia

626.833

Bolívar

311.138

Bogotá

293.724

Magdalena

268.085

Magdalena

231.377

Choco

203.960

Bolívar

217.117

Cesar

187.016

Valle del Cauca

216.703

Caquetá

174.645

Sucre

161.142

Nariño

172.612

Nariño

156.471

Tolima

168.448

Cesar

148.996

Valle del Cauca

150.256

Córdoba

141.968

Cauca

144.155

Santander

139.402

Fuente: Cifras SIPOD / Acción Social. Procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

646.575

500000

0

DEPARTAMENTO EXPULSOR

Fuente: Cifras SIPOD / Acción Social. Procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz.

El proyecto ha contado con el trabajo permanente de: • Angela Rivas, Fundación Ideas para la Paz, directora de proyecto. • Angelika Rettberg, Universidad de los Andes, investigadora senior. • Juliana Arboleda, Fundación Ideas para la Paz, investigadora y coordinadora del proyecto. • Andrés Cajiao, Fundación Ideas para la Paz, asistente de investigación.

Además del acompañamiento permanente a lo largo del proyecto de ACNUR a través de Maite Muller y Andrés Celis. Adicionalmente han contado con la participación y apoyo de los siguientes estudiantes: • Daniel Barrera, estudiante de maestría. • Laura Bernardelli, estudiante de pregrado y pasante. • Ana María Correa, practicante. • Anascas del Río, estudiante de maestría. • Paulina Duque, practicante. • Jaime Landinez, estudiante de maestría. • Manuela Medina, practicante. • Daniela Palou, estudiante de pregrado y pasante. • Juan Diego Prieto, estudiante de maestría. • Nicolás Zorro, practicante. A continuación haremos una descripción más detallada de las actividades realizadas para la implementación del proyecto. El proyecto se desarrolló en 4 grandes fases de actividades: 1. Identificación de mayores áreas de expulsión y recepción de desplazamiento, y selección de 2 áreas de expulsión y 2 áreas de recepción para la realización del trabajo de campo. 2. Exploración de la relación (o falta de ella) entre operaciones del sector empresarial y desplazamiento interno. 3. Documentación de mejores prácticas y lecciones aprendidas. 4. Redacción y difusión de hallazgos y recomendaciones.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 129

1. Identificación de mayores áreas de expulsión y recepción de desplazamiento, y selección de 2 áreas de expulsión y 2 áreas de recepción para la realización del trabajo de campo Durante los primeros meses del proyecto se buscaron y analizaron estadísticas históricas y recientes sobre los municipios y departamentos expulsores y receptores de población desplazada. Para ello se revisaron cifras de Acción Social y de ACNUR, y se realizaron reuniones con la Unidad de Protección de ACNUR para contextualizar las dinámicas tras las cifras. Teniendo en cuenta que las cifras anteriores al año 2000 son poco confiables se decidió enfocar la revisión entre el 2000 y el 2008. Paralelamente se estuvo buscando información sobre actividad empresarial a través de bases de datos de la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras, y de la Planilla Integrada de Liquidación Aportes (PILA) a la Seguridad Social, encontrando que la información disponible era insuficiente para identificar la actividad empresarial a nivel municipal y nacional que pudiera ser cruzada con las estadísticas de desplazamiento. El análisis de los datos e información disponible mostró: En áreas de recepción: En términos generales, se observó una tendencia de movimiento de población en condición de desplazamiento hacia ciudades grandes o intermedias donde pueden encontrar mejores servicios (estatales u otros) y oportunidades. Sin embargo, no hay una tendencia fija de movimiento. Los desplazados tienen pautas de movimiento siempre cambiantes. Con base en esto se decidió no discriminar entre áreas antiguas y nuevas de recepción, ni subdividir por sub - regiones, y seleccionar una ciudad grande y una intermedia entre las principales ciudades de recepción para la realización del trabajo de campo. Sobre áreas de expulsión: Teniendo en cuenta la importancia de contextualizar las dinámicas en las zonas de expulsión, para el análisis se decidió distinguir entre zo-

nas antiguas y nuevas (periodos trianuales: 2000-2002, 2003-2005, 2006-2008), y ver su evolución por sub-regiones que ayude a entender el momento del conflicto en que se produjo, la posible causalidad de los mismos y la presencia de actividad empresarial en las zonas. Como resultado del proceso de análisis de los datos e información disponible se identificaron y priorizaron las siguientes regiones para hacer el trabajo de campo (ver cuadro adjunto). Sin embargo, al evaluar el y seguridad a las zonas se decidió enfocar el trabajo de campo en: Zonas de Recepción: Bogotá, Medellín, Pasto y zona urbana de Tumaco. Zonas de Expulsión: Tumaco y Oriente antioqueño en los municipios de San Carlos, Granada y Río Negro. La recolección de la información en campo se hizo entre junio y diciembre de 2010. Entrevistas exploratorias Se realizaron 17 entrevistas de exploratorias semiestructuradas en Bogotá (Ver anexo: Guía de Entrevista Instituciones estatales, organizaciones, expertos y agentes locales claves) con expertos, académicos, funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desplazados, y líderes del sector privado. Todas las entrevistas realizadas para este proyecto, tanto en Bogotá como en las regiones, siguieron un protocolo para garantizar el consentimiento y participación informada de los entrevistados, así como para proteger su identificad y la confidencialidad en el uso de la información por ellos suministrada (Ver anexo: Protocolo para el consentimiento informado). Revisión de fuentes primarias y secundarias Igualmente se hizo revisión de bases de datos y literatura académica relevante, prensa, versiones libres disponibles, así como jurisprudencia en el tema, documentos de

REGIONES PRIORITARIAS PARA TRABAJO DE CAMPO RECEPTORAS

EXPULSORAS Antioquia: Nudo de Paramillo, muela Córdoba, Oriente Antioqueño y Norte de Caldas. Municipios claves: Córdoba: Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelibano, Valencia. Antioquia: Turbo, Peque, Apartado,

Medellín

Dabeiba, Ituango, Taraza, San Pedro de Uraba, Buritica, Chigorodo. Necocli, Cocorna, Samana, San Luis, Granada, San Carlos, San Rafael, Argelia, San Francisco, Alejandría, Sonson, Nariño, Abejorral, San Roque, Carmen de Viboral. Caldas: Samana y Pensilvania. Nariño y norte del Cauca: Patia, Cordillera Nariñense, Pacífico Nariñense.

Pasto (Ciudad Intermedia)

Municipios claves: Nariño: Pasto, Policarpa, Cumbitara, Samaniego, Los Andes, EL Rosario, Leiva, Tumaco, El Charco, Barbacoas, Ricaurte, Roberto Payan, Olaya Herrera, Santa Bárbara, Magui y La Tola. Taminango Cauca: Argelia, El Tambo, Patia, Bolívar, Balboa, La Vega, Mercaderes, López, Timbiquí.

Bogotá

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entidades nacionales e internacionales. La mayoría de esta información está listada en las referencias bibliográficas. Tanto las entrevistas exploratorias como la revisión de fuentes permitió avanzar la construcción de insumos importantes para el proyecto como de: 1) un diagnóstico general del problema del desplazamiento y de los posibles vínculos del sector empresarial con el desplazamiento; 2) perfiles regionales para los departamentos de Nariño y Antioquia; y 3) una identificación preliminar de iniciativas empresariales.

2. Exploración de la relación (o falta de ella) entre operaciones del sector empresarial y desplazamiento interno. En esta fase las actividades se enfocaron en la realización del trabajo de campo en las 2 zonas de recepción y 2 de expulsión seleccionadas; la sistematización y análisis de la información recolectada. La recolección de la información en campo se llevó a cabo entre junio y diciembre de 2010. Se hicieron entrevistas semiestructuradas a actores claves en las regiones como los líderes empresariales, autoridades locales, funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales locales, organismos internacionales, iglesias, etc., procurando en lo posible que al menos el 50% de las entrevistas fueran con actores del sector privado (Ver anexo: Guía de Entrevista empresarios y gremios). Sin embargo, debido a la incipiente o presencia pequeña de representantes del sector privado empresarial en algunas zonas no fue posible encontrar y ar a un número suficiente de ellos para completar la proporción deseada. El siguiente cuadro resume los lugares y número de entrevistas realizadas en campo.

Posteriormente se hizo el proceso de sistematización y análisis de contenidos de la información recogida en la fase 1 y 2 lo que permitió interpretar los datos a la luz de las hipótesis y categorías identificadas previamente, durante la fase 1 del proyecto. Durante el proceso de análisis, algunas de las hipótesis fueron confirmadas, otras complementadas y matizadas, y varias de las categorías identificadas inicialmente fueron reestructuradas para una mejor clasificación de las relaciones halladas. En este sentido, inicialmente aunque se pensó organizar y analizar los datos a lo largo de tres categorías: 1) complicidad, 2) pasividad, y 3) operación en paralelo, el análisis de la información llevó a ajustar estas categorías a unas más apropiadas para la información recolectada. El siguiente cuadro resume las categorías resultantes y sobre las cuales se basó el análisis: RELACIÓN / ZONA Generación del DFI Prevención del DFI

EXPULSIÓN Acción - Omisión Iniciativas y temas de prevención y arraigo Iniciativas y temas

Mitigación del DFI

RECEPCIÓN

de mitigación en el retorno

Iniciativas y temas de prevención en zonas de retorno Iniciativas y temas de mitigación

LUGARES Y ENTREVISTAS EN CAMPO TIPO DE ZONA

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO (S)

FECHA VISITA A CAMPO

NO. DE ENTREVISTAS 30 Entrevistas en total.

Recepción

Antioquia

Medellín

Jun. 15, 30, Jul. 1 Ago.24 – 27 /10

15 a sector privado. 15 a autoridades, ONGs y expertos. 31 Entrevistas en total.

Recepción

Nariño

Pasto

Nov. 2 – 5 /10

10 a sector privado. 21 a autoridades, ONGs y expertos.

Expulsión /Recepción

Pacífico Nariñense:

Nariño

-          Tumaco

23 Entrevistas en total. Nov. 16 –19 /10

15 a autoridades, ONGs y expertos.

Oriente antioqueño: Expulsión

Antioquia

-          San Carlos -          Granada

8 a sector privado.

24 Entrevistas en total. Dic. 18 – 20/2010

-          Río Negro Total entrevistas realizadas en campo

7 a sector privado. 15 a autoridades, ONGs y expertos. 108

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 131

3. Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Durante el proceso de recolección de información de las fases 1 y 2 se identificaron más de 20 iniciativas de prevención y mitigación directa o indirecta del desplazamiento, tanto en zonas de recepción como en zonas de expulsión, donde está involucrado el sector empresarial. De estas iniciativas se seleccionaron 3 casos para su documentación e identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los criterios generales para la selección de los casos fueron: • Ser una buena práctica de prevención o de mitigación. • Focalizar población desplazada o en riesgo de desplazamiento. • Abordar temas claves del problema. • Desarrollarse en zonas donde el desplazamiento ha sido relevante. • Tener participación de diversos actores. Alianzas público - privadas • Tener un alcance e impacto significativo.

presarial, hacedores de política y grupos de interés (académicos, ONG´s, organismos internacionales). La información recolectada ayudó a complementar, revisar y confirmar los hallazgos del proyecto, y se tomó en cuenta para identificación de recomendaciones y la redacción del informe final del proyecto.

FECHA

GRUPO

INSTITUCIONES ASISTENTES Acción Social Alcaldía Medellín Defensoría del pueblo

Marzo 14 /11

Hacedores de Política

Comisión Nacional de Reparación y ReconciliaciónCNRR RED JUNTOS - Acción Social CHF Internacional Corporación Nuevo Arco Iris Programa CERCAPAZ Profesor experto en tierras de la Universidad Externado

Marzo 15 /11

Grupos de Interés

ACNUR Fundación Social Comité Internacional de Cruz

Los casos seleccionados y documentados fueron:

Roja - CICR Organización Internacional

ZONA DONDE SE

TIPO DE

DESARROLLA

INICIATIVA

Expulsión Sur de Bolívar

Mitigación

Recepción /Expulsión Medellín y San Carlos,

Mitigación

Oriente antioqueño. Recepción Santa Marta, Atlántico.

Mitigación

para las Migraciones - OIM

NOMBRE DE LA INICIATIVA

Organización Corona S.A Programa de Reconstrucción

ANDI

Económica y Social de El Salado

AUGURA

Programa de Energía para el Retorno

Marzo 17 /11

Sector Empresarial

Asocolflores Asocaña Cerrejon

Programa de Desarrollo

Chevron

Sostenible para Poblaciones

Fedepalma

Desplazadas del municipio de Santa Marta

Para la documentación de los casos se recolectó información pública y de los archivos de las empresas, se entrevistaron a representantes de las empresas (Ver anexo: Guía de Entrevista Documentación de casos de buenas prácticas), y, en los casos de El Salado y Energía para el Retorno se visitó la zona donde se desarrolla la iniciativa.

4. Redacción y difusión de hallazgos y recomendaciones. Una vez realizado el análisis de la información teniendo en cuenta las categorías antes mencionadas se realizaron 3 talleres de discusión de los resultados preliminares para recibir retroalimentación de diferentes grupos: sector em132 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

Guía de Entrevista Instituciones estatales, organizaciones, expertos y agentes locales claves Temas a tratar en las entrevistas exploratorias con instituciones estatales, organizaciones y expertos (Fase 1) y agentes locales claves tanto en las áreas de expulsión como de recepción (Fase 2): DATOS BASICOS DE LA ENTIDAD • Nombre • Misión, objetivos e intereses • Años de operación • Zonas de operación y población objetivo CONTEXTO Contexto social, político y económico, así como cuestiones de orden público en las zonas en que operan las instituciones. 1. ¿Cuál es la situación a nivel nacional, regional, local en cuanto a desplazamiento forzado? 2. ¿Cuál es contexto social, político y económico de las zonas de expulsión y recepción de población desplazada? ¿Qué diferencias hay? (variaciones geográficas) ¿De qué dependen? 3. ¿Qué tipo de atención se le da al tema, tanto en prevención como mitigación? ¿Quiénes intervienen o han intervenido en cada caso? LA PERCEPCIÓN DE CÓMO LAS EMPRESAS OPERAN EN LA ZONA 4. ¿Qué conocimiento tiene de las empresas que coinciden con zonas de expulsión y recepción de población desplazada? 5. ¿Cómo pueden caracterizarse? (sector económico, tipo de actividad, zonas de operación) 6. ¿Tiene conocimiento de la existencia de problemáticas en las zonas antes de la presencia de operaciones empresariales? ¿cuáles? 7. ¿De qué manera interactúan las empresas con los actores armados ilegales en la zona de operaciones? ¿Pueden operar libremente? ¿Son intimidados? ¿Colaboran? 8. ¿Las empresas en el área de operaciones contribuyen en la prevención, la contención o mitigación de los impactos del conflicto? ACTITUD DEL SECTOR EMPRESARIAL HACIA LOS DESPLAZADOS 9. ¿Cuál es la actitud de las empresas hacia la población desplazada? ¿Consideran que tienen una responsabilidad frente a esta crisis? 10. ¿Qué medidas del sector privado existen frente al desplazamiento forzado? ¿Qué es lo que hacen (el contenido y proceso de los programas)? ¿Se organizan para abordar cuestiones del desplazamiento? ¿Con quién trabajan (alianzas)? 11. ¿Las empresas tienen la capacidad financiera y de organización para responder a las múltiples necesidades? 12. Qué recomendaciones y medidas sectoriales se les pueden hacer en relación con el desplazamiento forzado en Colombia.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 133

Protocolo para el consentimiento informado Proyecto de investigación Sector privado y desplazamiento interno forzado en Colombia para el informe sobre la relación de las operaciones del sector privado y el desplazamiento interno en Colombia. FIP - CONPAZ, Universidad de los Andes A continuación se describe el procedimiento a seguir para la información y obtención del consentimiento de la participación de los entrevistados en el proyecto de investigación de Sector Privado y Desplazamiento Interno Forzado en Colombia que culmina en un informe sobre la relación de las operaciones del sector privado y el desplazamiento interno en Colombia y que incluye un informe final, un documento de trabajo, la realización de talleres con grupos de interés, una conferencia pública y la circulación en red de estos productos. 1. ¿Cómo se comunica con los entrevistados? ¿Cómo se les comunica los protocolos para darles tranquilidad? Parte de la confianza que se le ofrece a los/as entrevistado/as proviene del respaldo institucional de quienes llevan a cabo el proyecto. El carácter de organizaciones independientes y sin ánimo de lucro, su larga trayectoria investigativa en estos temas y el reconocimiento tanto de la FIP como de CONPAZ - Universidad de los Andes facilitarán este respaldo. El primer o se hará por medio de una comunicación previa por escrito (por email, fax ó correo) ó vía telefónica contándoles sobre el proyecto y sus objetivos y donde se les solicita su participación garantizando la confidencialidad en el uso de la información (Ver modelo de carta anexa). 2. ¿Cómo se puede proteger a las personas de los riesgos asociados con el o y del manejo de terceros de la información contenida en los productos? Es difícil establecer una estrategia única para reducir los riesgos del o. En algunos casos se realizará el o vía email o fax institucional por medio de una carta de presentación, señalando los objetivos del proyecto, los puntos de interés para tratar con el/la entrevistado/a y solicitándole su participación. La carta de presentación aclarará que la información recogida será confidencial, anónima y se utilizará exclusivamente para los propósitos del proyecto. En los casos donde el o por medios escritos pueda generar riesgos, se transmitirá la misma información contenida en la carta de presentación vía oral ya sea con encuentros personales o por vía telefónica de acuerdo a la necesidad del caso. Adicionalmente, en los productos del proyecto no se incluirá información que pueda comprometer o señalar a un actor específico de tal forma que se pueda minimizar los posibles riesgos que estos puedan tener para lo/as entrevistado/as. Para el proyecto lo determinante no son opiniones o percepciones atribuibles a individuos (personas o empresas), sino la posibilidad de rastrear procesos, tendencias, regularidades y variaciones según las regiones y el tipo de sectores económicos abordados. 3. ¿Cómo se garantiza el consentimiento informado del entrevistado? Una vez establecido el primer o y haber recibo la aprobación por parte del entrevistado, se coordina el horario, medio y lugar para llevar a cabo la entrevista. Antes de dar inicio a la entrevista el equipo del proyecto procederá a leer la hoja explicativa en donde se recuerda el objetivo del proyecto y las implicaciones y garantías de su participación en ella (ver hoja explicativa anexa). Una vez el/la entrevistado/a manifieste (de forma oral o escrita) haber comprendido con claridad los objetivos e implicaciones de su participación en el proyecto y su disposición a continuar participando, se procederá a iniciar la entrevista. Así también, antes de iniciar la entrevista se le solicitará al entrevistado su autorización para grabar la misma. En caso de no aprobar la grabación de la entrevista el equipo del proyecto se limitará a tomar notas y a recibir los documentos o información suministrada por el/la entrevistado/a.

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Modelo carta de presentación a entrevistados

Bogotá, FECHA Estimado señor NOMBRE, Reciba un saludo cordial. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Programa de Investigación en Construcción de Paz (CONPAZ) del Departamento de Ciencia de la Universidad de los Andes son instituciones independientes y sin ánimo de lucro reconocidas por su trayectoria investigativa en temas que contribuyen con propuestas a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible. Actualmente, FIP y CONPAZ están adelanto el proyecto “Sector privado y desplazamiento interno forzado en Colombia” con el propósito de lograr un mejor entendimiento del potencial que tiene el sector privado en el desarrollo y adopción de iniciativas que ayuden a prevenir el desplazamiento interno forzado y mejorar las condiciones de vida de la población en condición de desplazamiento. El proyecto busca, por una parte, mejorar la comprensión y el conocimiento de la relación entre el sector privado y el desplazamiento interno en Colombia, y por otra parte, formular recomendaciones que contribuyan a la participación efectiva del sector empresarial local en la prevención del desplazamiento interno y la atención a la crisis del desplazamiento interno en Colombia. En este marco, queremos entrevistarnos con diferentes actores involucrados y expertos tanto a nivel nacional como local para conocer sus experiencias y percepciones al respecto. Por tal motivo, nos gustaría contar con su colaboración concediéndonos una entrevista. De contar con su aprobación nos gustaría que nos diera una cita para que desde su experiencia podamos conversar un poco sobre el tema. Cabe mencionar que toda la información recogida en el marco de este proyecto se mantendrá en reserva y se utilizará exclusivamente para los propósitos del mismo. Agradecemos de antemano la colaboración. Para cualquier inquietud al respecto así como para coordinar la cita puede comunicarse con NOMBRE al correo electrónico EMAIL ó vía telefónica al (1) TELEFONO en Bogotá. Quedamos atentos a su respuesta. Cordial saludo.

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Hoja Explicativa Proyecto de investigación: sector privado y desplazamiento interno forzado en Colombia FIP / CONPAZ, Universidad de los Andes La Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Programa de Investigación en Construcción de Paz (CONPAZ) del Departamento de Ciencia de la Universidad de los Andes están adelanto el proyecto “Sector privado y desplazamiento interno forzado en Colombia” con el propósito de lograr un mejor entendimiento del potencial que tiene el sector privado en el desarrollo y adopción de iniciativas que ayuden a prevenir el desplazamiento interno y mejorar las condiciones de vida de la población en condición de desplazamiento. El proyecto busca, por una parte, mejorar la comprensión y el conocimiento de la relación entre el sector privado y el desplazamiento interno en Colombia, y por otra parte, formular recomendaciones que contribuyan a la participación efectiva del sector empresarial local en la prevención del desplazamiento interno y la atención a la crisis del desplazamiento interno en Colombia. El proyecto culmina en un informe sobre la relación de las operaciones del sector privado y el desplazamiento interno en Colombia. Este informe incluye un documento final, un documento de trabajo, la realización de talleres con grupos de interés, una conferencia pública y la circulación en red de estos productos. Toda la información recogida en el marco de este proyecto se mantendrá de manera confidencial y anónima, y se utilizará exclusivamente para los propósitos del mismo. Le solicitamos nos informe si está de acuerdo o no con: Si No Ser entrevistado(a) por el investigador □ □ Permitir que la entrevista sea grabada □ □ Permitir que la entrevista sea transcrita □ □ Permitir que partes de la entrevista sean □ □ citadas en los productos del proyecto de manera anónima Nombre Firma

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Fecha

Guía de Entrevista Empresarios y Gremios

Temas a tratar en las entrevistas con dirigentes empresariales, tanto en zonas de expulsión como de recepción (Fase 1y 2) DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 1. Nombre de la empresa. 2. ¿Cuál es su posición dentro de la empresa? 3. Sector al que pertenece 4. Actividad Económica 5. Tamaño de la empresa. a. Pequeña (< de 20 empleados) b. Mediana (Entre 20 y 100 empleados) c. Grande (> de 100 empleados) 6. Número de empleados: a. directos b. indirectos 7. Años de operación en el país. 8. Zonas de operación en el país (mencione las 5 principales) a. ___________________ b. ___________________ c. ___________________ d. ___________________ 9. Las principales actividades de la empresa se realizan en zonas: 10. Rural ____ Urbana ____ CONTEXTO 11. ¿Cuáles es la situación política, socioeconómica y de seguridad de las zonas donde tiene oficinas y operaciones su empresa? 12. ¿Qué tipo de problemas se derivan de esto que pueden afectar a su empresa o a las empresas de su sector? ¿Cuáles de ellos son los más relevantes / urgentes? CULTURA CORPORATIVA 13. ¿Se involucra la empresa con actividades de interés público? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿desde cuándo? ¿por qué? RELACION CON DESPLAZAMIENTO 14. ¿Conoce empresas que participen en iniciativas dirigidas a población desplazada? ¿Conoce experiencias donde los empresarios se vinculen con el mejoramiento de las condiciones de la población desplazada? ¿Cuáles? ¿Cómo? 15. ¿Qué puede hacer el sector empresarial frente al tema del desplazamiento? 16. ¿Su empresa contempla el tema de desplazamiento en los programas de atención al interés público? ¿Qué es lo que hacen (el contenido y proceso de los programas)? 17. ¿Cree que es necesario que existan incentivos (financieros, económicos, sociales) para que el sector empresarial se involucre en el tema del desplazamiento? En caso afirmativo, ¿de qué manera? INICIATIVAS CON EL TEMA DE DESPLAZAMIENTO (Para las empresas que participan en los programas de desplazados internos) 18. ¿Por qué se comprometieron con el programa (iniciativa propia, invitación, el ejemplo de los demás)? ¿Desde cuándo? 19. ¿Cuál fue el proceso que condujo a esta decisión? ¿qué Dpto. o quién lo propuso? 20. ¿Quién ejecuta la iniciativa? ¿quiénes participan? ¿Cómo opera? ¿en qué consiste? ¿Cómo vincula a desplazados (como practicantes o empleados)? ¿Con quiénes hacen alianzas, por ejemplo con alcaldías, gobernaciones, ONGs, Iglesia? 21. ¿Qué ha hecho su empresa en iniciativas con población desplazada? ¿con qué capacidad contaba? ¿qué cambios fueron necesarios? Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 137

22. Evaluación del programa destinado a los desplazados internos, los beneficios y desventajas (empresa/ población). ¿Cuáles fueron las fortalezas y ventajas que tuvieron? ¿Qué funciona, qué no? 23. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos (financieros, dificultad para identificar el diseño adecuado, desacuerdos con otras partes interesadas, por ejemplo, los funcionarios públicos, seguridad)? 24. ¿La experiencia está documentada? 25. ¿Considera que otras empresas de su sector participarían en iniciativas similares? ¿qué sería necesario para que lo hicieran? ¿qué factores son importantes para las empresas en estos casos? 26. Lecciones aprendidas.

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Guía de Entrevista

Documentación de casos de buenas prácticas Temas que se abordarán en las entrevistas con los actores clave para cada uno de los casos (Fase 3). • Conocimiento y percepción de la iniciativa empresarial. • Orígenes. - Fecha de inicio. - El fundador. - Contexto y antecedentes. - Las motivaciones de la fundación. - Población objetivo. • Características de la iniciativa. - Objetivos. - Las actividades desarrolladas. - Población Beneficiaria. - El número y porcentaje de la población atendida. - Número de mujeres y niños entre la población. - Mecanismos de promoción y difusión. - Selección de los beneficiarios. - Resultados y evaluación. • Desafíos y resultados de la iniciativa - Dificultades/Obstáculos. - Los efectos positivos y negativos. - Aspectos a mejorar. - Lecciones aprendidas. - Recomendaciones.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 139

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Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. • octubre de 2011 • 151

Textos FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Fotografías FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ Diagramación David Rendón Preprensa e impresión Zetta Comunicadores ISSN: 1909-4310 Fundación Ideas para la Paz (FIP) Calle 100 No. 8ª – 37 Torre A. Of. 305. Bogotá. Tel. (57 -1) 2183449 Email: [email protected] / www.ideaspaz.org. Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ) Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes Cra. 1 No. 18A- 10 Bogotá – Colombia Tel. (57 – 1) 3394999 extensión 3204 Email: [email protected] http://conpaz.uniandes.edu.co. IMPRESO EN COLOMBIA

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público. La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconflicto.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia

Angelika Rettberg Angela Rivas Juliana Arboleda Andrés Cajiao

Fundación Ideas para la Paz (FIP) Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz (CONPAZ) Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes

Octubre de 2011