Tp - Colegio Público De Abogados C- Echenique 302ux

1.- Presentación de las partes. Actor: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Demandado: Martinez Echenique Benjamín Causa: Cobro de sumas de dinero.

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: La ley 23.187 en su Art. 17 crea al ACF encargado de controlar el ejercicio de la profesion de abogado y gobernar la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal. Funciona con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público. En lo que hace a los Colegios Profesionales, como punto de partida,creemos útil indicar que buena parte de la doctrina nacional considera a los Entes Colegiales como personas públicas no estatales, entre otros Gordillo y Dromi, habiéndose señalado que las corporaciones profesionales son "...personas públicas no estatales. Es decir que sin pertenecer, orgánicamente hablando, al Estado ni integrar la istración Pública, ejercen función istrativa por delegación estatal. Tales entidades no estatales tienen personalidad jurídica propia reconocida u otorgada (concedida) por el Estado y en todo o en parte se rigen por las normas de derecho público..." 1 Martinez Echenique Benjamín: Abogado matriculado en la Capital Federal, por lo cual se encuentra obligado, según ley 23.187 arts 51 y 53, al pago del canon anual que sea fijada por la Asamblea de Delegados perteneciente al Colegio de tal órbita geogràfica. Causa: A partir de cuotas adeudadas por el demandado correspondiente al periodo 1986-1989.

2- Contexto histórico. Situación Político-económica del país En las elecciones del 14 de mayo de 1989, Carlos Menem, candidato del Frente Justicialista Popular, fue electo presidente de la Nacion, con el 47% de los votos, superando al candidato de la Union Civica Radical Eduardo Ageloz, quien obtuvo el 32,45%, y sucediendo entonces al presidente Raul Alfonsin, al que debio reemplazar cinco meses antes de la finalizacion de su mandato debido a la crisis provocada por la hiperinflacion que afecto al pais.

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El flamante presidente nombró como Ministro de Economia a Miguel Roig el 9 de Julio de 1989, quien permaneció sólo cinco días en su cargo puesto que falleció el 14 de julio de ese año como consecuencia de un infarto sucediéndolo en el cargo Nestor Rali. Una de las primeras medidas tomadas durante su gestión fué intentar estabilizar los precios internos mediante el cierre a las importaciones, incluyendo subas en las tarifas públicas y combustibles, y una fuerte devaluación del austral. Este plan económico fue denominado "Plan BB", por Bunge & Born (grupo económico multinacional originado en la Argentina que en el siglo xx fue considerado como la corporación mas influyente del país), ya que los dos primeros ministros de economía de Menem eran altos ejecutivos de ese grupo agro industrial (Miguel Roig y Néstor Rali). El gobierno de Menen se plegó a los principios del Consenso de Washington para lo cual introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial junto con los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7). Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional, Menen indultó a los máximos culpables de la represión durante la dictadura, Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, y unos 220 militares y civiles, entre ellos, el lider montonero Mario Firmenich. En 1991 fue designado Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, quien impulsó la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002. El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. Estas medidas lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del PBI. Ese aumento estuvo fraccionado por el incremento del sector servicios, mientras que el PBI industrial se contraía y la economía argentina se privatizaba. La estabilidad económica fue entonces, sólo aparente, ya que disminuía la capacidad de la economía de emplear mano de obra y cerraban incontables establecimientos industriales. Durante su gobierno la deuda externa pública se multiplicó desde los 45.000 millones que había dejado el gobierno de Alfonsín, hasta finalmente llegar en el 2000 a 145.000 millones.

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Durante el transcurso de ese año, ante el conflicto en el Golfo Pérsico, Carlos Menem envió tropas a esa zona, rompiendo la larga trayectoria de neutralidad argentina. Posteriormente se posicionó del lado de Estados Unidos en lo referente a Cuba llegando a alcanzar el status de aliado de la Otan. En 1992 una bomba destruyó la embajada de Israel y dos años más tarde, otro artefacto explosivo demolió la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA). Entre los dos atentados fallecieron 116 personas y 55 resultaron heridas. Tras años de investigaciones nada se ha esclarecido aún y los responsables continúan impunes.

3- Análisis del fallo. El mismo comienza con el Dictamen del Procurador General, el cual, luego del análisis del expediente llevado a autosi,sostiente, : “Desde la perspectiva de esas disposiciones legales y de su especialización por razón de la materia contencioso istrativa, resulta a mi juicio adecuado considerar que la naturaleza local de la entidad actora no constituye un obstáculo para que siga entendiendo en la causa la Justicia en lo Contencioso istrativo de esta Capital. Por ello, soy de opinión, que corresponde dirimir la contienda disponiendo que compete a la Justicia Nacional en lo Contencioso istrativo Federal de esta Capital seguir conociendo en el juicio, por intermedio de su Juzgado Nº 3.” Finalmente la Corte Suprema de Justicia falla acorde al Dictamen del Procurador General, resolviendo al Juzgado Nacional en lo Contencioso istrativo Federal Nº3 competente para resolver en autos; con fundamento en el carácter de persona jurídica de derecho público que atribuyó a esa entidad (art. 17 de la Ley 23187).

4- Relación con el programa Derecho istrativo I. Competencia:Es el conjunto de facultades, atribuciones y deberes que la Constitución Nacional, leyes o regalmentos les asignan a cada órgano y que deben ejercer obligatoriamente. Ésta potestad atribuida a cada órgano surge ante la imposibilidad de que todas las funciones las realice un solo órgano, es decir que a traves de la competencia las funciones se reparten logrando mas rapidez y eficacia, delimitando y regulando las relaciones entre los organos. Procurador del Tesoro de la Nación: Es el asesor jurídico de la istración Publica Nacional (asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo, Ministros, y Titulares de entes descentralizados). 3

Organización istrativa- Clasificación de las personas jurídicas: Se trata de una persona jurídica de carácter público no estatal. Se le aplica el Derecho Público, tiene un fin de interés público, no es desempañada por funcionarios públicos y el Estado controla su actividad aunque no pertenezca a él.

5- Conclusión. En el fallo “Colegio Público de Abogados de Capital Federal v. Martínez Echenique, Benjamín s/ cobro de sumas de dinero / sumario.” se refleja la cuestión de competencia de los Juzgados Contencioso istrativo en tanto qué organismos operan dentro de la órbita del Estado como para resolver sus cuestiones en tal fuero. En el presente caso se presta al análisis cuál es la funcion ejercida por los Colegios profesionales. En lo que hace a los Colegios Profesionales, como punto de partida, creemos útil indicar que buena parte de la doctrina nacional considera a los Entes Colegiales como personas públicas no estatales, entre otros Gordillo y Dromi, habiéndose señalado que las corporaciones profesionales son "...personas públicas no estatales. Es decir que sin pertenecer, orgánicamente hablando, al Estado ni integrar la istración Pública, ejercen función istrativa por delegación estatal. Tales entidades no estatales tienen personalidad jurídica propia reconocida u otorgada (concedida) por el Estado y en todo o en parte se rigen por las normas de derecho público..." Otros autores como Barra, desechan tal posición y consideran que los Colegios Profesionales "conforman la categoría de entidades de autogestión istrativa, es decir, son entidades intermedias que no integran ente público alguno. En general, son creadas libremente por los istrados –aún cuando a veces su existencia se produce por voluntad estatal-, no son personas jurídicas públicas, sino que constituyen personas jurídicas privadas que nacen para satisfacer fines privados y que, mediante una decisión estatal – posterior o contemporánea al nacimiento-, se le otorga a la actividad propia del ente trascendencia de gestión istrativa". En segundo lugar, en torno a si los Colegios Profesionales pueden o no ejercer función istrativa, se ha señalado que "...las funciones o competencias estatales ejercidas por estos entes (poderes disciplinarios, policía sobre la actividad, poder certificante y pericial, etc.) suponen, por tanto, el ejercicio de verdadera función istrativa, no porque los Colegios o las Cámaras formen parte de la organización estatal ni sean subjetivamente istración Pública sino porque en esos momentos ejercitan competencias estatales y el Derecho istrativo les es aplicable pero no totalmente". Desde este punto de vista, se puede observar que la atribución de fines públicos a los

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Entes Colegiales debe suponer el sometimiento al Derecho público de esa actividad de los entes y sus relaciones con el Poder público, así como de los actos que suponen la actuación como "poder" frente a los ciudadanos. Pero no supone en absoluto el sometimiento al Derecho público de los esfuerzos encaminados a conseguir una solidaridad del grupo y de la istración de los medios necesarios para la actuación del mismo en el mundo del Derecho, que son usados por estos entes como podrían serlo por las demás personas jurídicas. Sin perjuicio de lo expuesto, con relación a la aplicación del derecho privado a ciertas actividades desarrolladas por los Colegios Profesionales, debemos recordar que dado que estos Entes realizan funciones istrativas que les confiere el Estado, se producen en su régimen jurídico derogaciones del Derecho Común. En consecuencia, resultará aplicable a los actos que dicten los Colegios Profesionales en ejercicio de funciones istrativas el derecho específico y singular de cada Corporación y el Derecho istrativo.

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i El señor Juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso istrativo Federal Nº 3, se declaró incompetente para conocer en el juicio, sobre la base centralmente de que la entidad actora es un organismo local ajeno a la istración Pública Nacional.Dicha decisión -apelada por el Colegio Público de Abogados- fue confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso istrativo Federal, que dispuso la remisión del juicio a la Justicia Nacional en lo Civil, de la Capital Federal. Recibidos los autos el señor juez Nacional interinamente a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 1, se declaró incompetente para intervenir en las presentes actuaciones, en virtud, primero, del carácter de persona jurídica de derecho público, que atribuyó al mencionado Colegio de Abogados; y segundo, por ser el actor una entidad que aplica normas de derecho istrativo, ya que se rige supletoriamente por la ley 19549 En tales condiciones, quedó planteado un conflicto que corresponde dirimir al Tribunal en los términos del artículo 24 inciso 7º, del decreto-ley 1285/58. En primer término, en cuanto al fondo del asunto cabe poner de resalto que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funciona con el carácter, derechos y obligaciones de las personas de derecho público, cumpliendo un cometido istrativo para el que lo habilita su ley de creación, actuar que se rige por esa norma y supletoriamente por la Ley de Procedimientos istrativos 19549 (art. 17 de la ley 23187). En segundo término, partiendo del marco legal de desenvolvimiento de dicha entidad, cabe indicar que tiene dicho el Tribunal que, en definitiva el Colegio Público de Abogados no es una asociación (artículo 14 de la Constitución Nacional) que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado y, que éste por delegación circunstanciada normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la istración de justicia. (v. sentencia del 26 de junio de 1986 F. 446 L. XX "Ferrari, Alejandro Melitón c/ Estado Nacional (P.E.N.) s/ amparo Ver Texto" considerando décimo primero). Advierto, que en autos se persigue la ejecución de cuotas anuales previstas en los artículos 51 inciso a), y 53 de la citada ley 23187, contribución que resulta indispensable para la subsistencia del ente y el cumplimiento de sus citados fines (v. doctrina de la sentencia del 3 de marzo de 1987 B. 624 "Beveraggi de la Rúa y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ amparo y medida precautoria"). En dicho contexto, soy de opinión en orden ala situación jurídica y a la naturaleza de la función desarrollada por el ente actor, que éste ejerce facultades que prima facie pueden ser encuadradas en el marco de las relaciones del derecho público, máxime teniendo en cuenta los objetivos de carácter público que cumple dicha entidad. En tales condiciones, de acuerdo con la citada índole de las prestaciones reclamadas en el juicio, soy de parecer que la acción intentada ha de considerarse en principio comprendida entre las causas contencioso-istrativas a que se refiere el art. 45 inciso a), de la ley 13998, desde que el mencionado art. 17 de la ley 23187 atribuye naturaleza istrativa a los actos o decisiones de dicha entidad actora -v. doctrina de la sentencia del 19 de noviembre de 1985, Comp. Nº 545, L. XX "Parodi de Villanueva, Beatriz Norma c/ Inst. de Servicios Sociales para el Personal de Seguros Reaseg., Cap. y Ahorro y Préstamo para la Vivienda s/ sumario" (v. Fallos: 307:2199 Ver Texto ap. a contrario sensu)-. Creo, asimismo, oportuno poner de resalto que V.E. ha decidido en circunstancias análogas que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta (v. sobre el particular sentencias del 27 de diciembre de 1990- Competencia Nº 427 XXII "Prada, José Luis c/Inspección General de Justicia s/amparo Ver Texto"y del 19 de diciembre de 1991, Comp. Nº 856 XXIII "Caputo, José Luis y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) s/ regulación de honorarios Ver Texto" que remiten a los dictámenes de esta Procuración General y precedentes allí citados). Observo sobre el punto que la citada ley 23187 atribuyó -sin perjuicio del carácter local de la entidad que creaba- a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso istrativo el conocimiento de los recursos contra las sanciones de suspensión -y exclusión- medida disciplinaria ésta que, entre otros aspectos, puede derivarse de la falta de pago de las cuotas en cuestión (v. art. 53).