Tutela 39473h

Señor JUEZ PENAL MUNICIPAL DE CALI (REPARTO) Ciudad. Ref: Acción de Tutela de JUAN CARLOS MORALES ERAZO contra LABOR CESDHI LTDA.

JUAN CARLOS MORALES ERAZO, mayor de edad, con residencia y domicilio en Cali, identificado con la C.C. # 16`710.894 de Cali (Valle del Cauca), obrando en mi nombre propio, concurro ante su despacho, con el fin de formular ACCIÓN DE TUTELA en contra de la empresa LABOR CESDHI LTDA., y de procurar la defensa de mis derechos constitucionales fundamentales, por la flagrante violación de los derechos a la vida digna, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada de persona en estado de debilidad manifiesta, al mínimo vital y a la seguridad social, conforme a los siguientes,

HECHOS:

1. El 19 de octubre de 2009 ingresé a laborar en la Empresa de servicios temporales LABOR CESDHI LTDA. a través de la cual, el mismo día empecé a prestar mis servicios laborales como auxiliar de bodega en la empresa Casa Ibáñez, con una asignación mensual salarial de $600.000, más el auxilio de transporte y una bonificación otorgada por mera liberalidad del empleador. 2. Soy padre de familia, y el sustento de mi núcleo familiar depende única y exclusivamente de mi salario como empleado de la empresa LABOR CESDHI LTDA. 3. El 24 de diciembre de 2009 sufrí un accidente de trabajo en las instalaciones de la empresa Casa Ibáñez. 4. Ese día me encontraba haciendo labores de levantamiento de cajas de vino (cargue y descargue), durante las tareas de separado de mercancías de la empresa, cuando al realizar la fuerza requerida para levantar una caja de vinos, sentí un ardor intenso en la parte abdominal de mi cuerpo, al soltar las cajas y mirar que me había ocurrido, me percate que una protuberancia sobresalía de mi abdomen causándome gran dolor. 5. Siguiendo las instrucciones impartidas por mi jefe inmediato, me dirigí a la EPS FAMISANAR, a la cual me encontraba afiliado, quien me remitió a la Clínica Comfandi de Tequendama, en donde me diagnosticaron HERNIA INGUINAL IZQUIERDA DE 6x5 cms, me ordenaron una valoración prioritaria por cirugía general y me recomendaron evitar levantar peso excesivo, todo ello debido a la hernia producida por el desproporcionado esfuerzo que realice al levantar las cajas de vino. 1

6. El 13 de enero de 2010, me autorizaron la valoración por cirugía general y ese mismo día fui atendido en consulta en la que se determinó que el procedimiento o plan de manejo a seguir, era la realización de una cirugía. 7. La mencionada cirugía fue programada para el día 19 de febrero de 2010, fecha en la que en efecto fui intervenido quirúrgicamente. 8. El mismo día en que se me practicó la operación, me ordenaron incapacidad médica por 20 días. 9. Hallándome incapacitado, días después de haber sido operado, recibí una llamada telefónica de mi jefe inmediato el señor Carlos Fernando Villalba Salgado, quien me informó que había sido despedido de mi trabajo, sin que mediara una causa justa para ello, desconociendo arbitrariamente mi situación de salud, ya que para ese momento estaba incapacitado médicamente. 10. En los primeros días del mes de marzo de 2010, me dirigí a la Oficina del Trabajo del Ministerio de la Protección Social en Cali, a interponer querella para que se adelantara investigación istrativa en contra de la empresa de servicios temporales LABOR CESDHI LTDA., por no haber reportado el accidente de trabajo sufrido por mí el día 24 de diciembre de 2009, ni las incapacidades médicas. 11. Esta investigación fue resuelta el 28 de diciembre de 2010, después de haberse requerido en dos ocasiones al Representante Legal de la empresa, sin lograr su comparecencia, ni justificación por la falta, razón por la cual se resolvió sancionar a la empresa investigada con multa de cuatro SMMLV. Pero sin lograr una solución de fondo al problema que aún hoy me aqueja. 12. En la actualidad me encuentro sin un trabajo que me proporcione los ingresos económicos necesarios para el sostenimiento de mi familia, debido a mi situación de convalecencia. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: La acción de tutela que es uno de los más importantes logros del pueblo colombiano incorporado en la Constitución Política de 1991, es el mecanismo que tiene toda persona “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública…” (Artículo 86 de la Constitución Política). Los derechos objeto de amparo a través de la acción de tutela no son otros que los fundamentales, es decir, aquellos esenciales de la persona humana, que tiene su fundamento en la idea de dignidad humana y cuya finalidad es la protección de la libertad, la seguridad y la plenitud física y moral del individuo. Tales se encuentran 2

señalados en el capítulo 1º del título II de la Constitución Política; y otros cuya naturaleza permita su tutela por casos concretos (Artículo 2º, Decreto 2591/91). El artículo 13 de la Carta Política, establece el derecho a la igualdad, y en su inciso 3º, señala que es obligación del Estado, adoptar medidas positivas a favor de los grupos sociales discriminados o vulnerables, especialmente aquellos que por su condición física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta. Esta diferenciación o discriminación positiva a favor de las personas marginadas cuyo bienestar psíquico o sensorial se ha visto amenazado, tiene el propósito de propender por el principio igualdad material y de armonizarlo con el principio de solidaridad, rector de nuestro Estado Social de Derecho. La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha decantado el tema en una extensa línea en la que asume la misma posición, determinando que el derecho a la estabilidad laboral reforzada tiene el rango de fundamental. En efecto, la Alta Corporación se ha pronunciado acertadamente al respecto: “Estos sujetos de protección especial a los que se refiere el artículo 13 de la Constitución, que por su condición física estén en situación de debilidad manifiesta, no son sólo los discapacitados calificados como tales conforme a las normas legales.1 Tal categoría se extiende a todas aquellas personas que, por condiciones físicas de diversa índole, o por la concurrencia de condiciones físicas, mentales y/o económicas, se encuentren en una situación de debilidad manifiesta. Así mismo, el alcance y los mecanismos legales de protección pueden ser diferentes a los que se brindan a través de la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados.” (Sentencia T-1040 de 2001).

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El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 establece que para hacerse acreedores a la protección legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación médica que acredite la discapacidad. Dice: “Las personas con limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.”

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En igual sentido, la Alta Corte dispuso: “La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino a aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones. En efecto, en virtud de la aplicación directa de la Constitución, constituye un trato discriminatorio el despido de un empleado en razón de la enfermedad por él padecida, frente a la cual procede la tutela como mecanismo de protección. Para justificar tal actuación no cabe invocar argumentos legales que soporten la desvinculación como la posibilidad legal de despido sin justa causa. El empleador tiene el deber de reubicar a los trabajadores que durante el transcurso del contrato de trabajo sufren disminuciones de su capacidad física” … “la Corte reitera que aunque no existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del trabajo o su permanencia en él por un tiempo indeterminado, debido a la urgencia de conjurar una vulneración irreversible de los derechos fundamentales de un empleado en circunstancias de debilidad manifiesta y, quien, adicionalmente, presenta una estabilidad laboral reforzada, en virtud de su especial condición física o laboral, la tutela procede como mecanismo definitivo para el reintegro laboral”. (Sentencia T – 003 de 2010). Así mismo, en otra sentencia, la Corte Constitucional estableció la relación entre el derecho a la estabilidad laboral reforzada y el derecho a la dignidad humana: “…Para esta Corporación es claro, así mismo, que la estabilidad laboral de quienes se encuentran en condición de debilidad manifiesta resulta especialmente relevante, no sólo por la evidente relación entre ésta y la posibilidad de gozar de condiciones de subsistencia dignas, sino porque la realización laboral de quienes se encuentran en tal posición se asocia directamente con la realización de la dignidad humana, y con la integración social de quienes enfrentan una limitación física, o de cualquier otro tipo”. (Sentencia C-072 de 2003). También se pronunció de manera similar, cuando manifestó: “cuando el patrono conoce del estado de salud de su empleado y estando en la posibilidad de reubicarlo en un nuevo puesto de trabajo, no lo hace, y por el contrario, lo despide sin justa causa, “implica la presunción de que el despido se efectuó como consecuencia de dicho estado, abusando de una facultad legal para legitimar su conducta omisiva.”2 Así las cosas, establecido fehacientemente que la accionada LABOR CESDHI LTDA., ha incumplido con la obligación constitucional de no violar mi derecho a la igualdad y de respetar la estabilidad laboral reforzada que me protege a causa de mi situación de debilidad manifiesta, deberá otorgarse la tutela encaminada a que esta empresa disponga lo pertinente para que me sea restituido el empleo, en procura del cese de la vulneración de mi derecho al trabajo, al mínimo vital, a una vida digna y a la igualdad.

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T-198 del 16 de marzo de 2006 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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PETICIÓN:

Solicito al H. Juez Constitucional, que mediante sentencia definitiva acceda a proteger mis derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada de persona en estado de debilidad manifiesta, al mínimo vital y a la seguridad social, y, en consecuencia, ordene a la empresa LABOR CESDHI LTDA., que en el término improrrogable de 48 horas, me reintegre a mis funciones laborales, reubicándome y asignándome labores que no atenten contra mi estado actual de salud ni trastornen mi calidad de vida, como antes quedó anotado.

MANIFESTACIÓN EXPRESA:

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos, en contra de LABOR CESDHI LTDA.

NOTIFICACIONES

El Accionante: Las recibiré en mi residencia ubicada en Altos de Normandìa Casa No. 16 Corregimiento Las Golondrinas, del municipio de Cali. Teléfono 6640049 (Residencia), celular 3154223773. El Accionado: LABOR CESDHI LTDA., en Cll. 16 No. 7 – 66 Bogotá.

ANEXOS:

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Certificado de existencia y representación legal de LABOR CESDHI LTDA.

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Copia simple de mi cédula.

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Copia simple de los comprobantes de nómina.

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Copias de mi historia clínica.

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Copia de la Resolución No. 00003 189, del Ministerio de la Protección Social, por medio de la cual se resuelve investigación istrativa en contra de LABOR CESDHI LTDA.

Del señor Juez, con todo respeto,

JUAN CARLOS MORALES ERAZO C.C. # 16`710.894 de CALI

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