Parcial 2 Resp. Fdt. 6a2v5u

SITUACIÓN 1 Concurre a su estudio el Socio Gerente de la empresa “PARCIAL S.R.L.”. Le comenta que en enero del año pasado la A.F.I.P.-D.G.I le inició un procedimiento de fiscalización del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La inspección continuó durante largos meses, hasta que en enero de este año los inspectores actuantes, explicándole los motivos del ajuste propuesto, ponen a su consideración los siguientes proyectos de DD.JJ. rectificativas: Impuesto Períodos Diferencias Ganancias 2003 $ 70.000,00 Ganancias 2004 $ 32.000,00 Ganancias 2005 $ 206.000,00 Conforme informan los inspectores, las diferencias reclamadas resultan de haber omitido declarar ventas gravadas, y haber computado compras o gastos personales de los socios que –por ello– son ajenos a la operatoria de la firma. De ello resulta, para el Impuesto a las Ganancias, un incremento en la ganancia bruta y una disminución del costo de producción. Su cliente desea que Ud. le informe los beneficios y las consecuencias disvaliosas que podría acarrear la aceptación de los ajustes propuestos por la inspección y la consiguiente presentación de las declaraciones juradas rectificativas y si existe la posibilidad de que se formule una denuncia penal contra ellos. Por otra parte, también desea saber que pasos seguiría el Fisco si el decide no aceptar los ajustes propuestos, y si corren algún riesgo los bienes personales de los socios. Le solicita que elabora un dictamen escrito sobre la cuestión. SITUACIÓN 2 Tiempo después viene a consultarlo nuevamente el Socio Gerente de la firma “PARCIAL S.R.L.” y le comenta de que en base a su dictamen, decidió no aceptar los ajustes propuestos por la inspección y, por ende, no presentó las declaraciones juradas rectificativas. El 25 de febrero de este año la empresa fue notificada de la Resolución emanada del Sr. Jefe de la División Revisión y Recursos de la Región local de la A.F.I.P. – D.G.I., por la que se decidió conferirle vista de las actuaciones istrativas y de los cargos formulados en relación al Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2003, 2004 y 2005, e instruir sumario infraccional por la presunta comisión de la infracción de defraudación fiscal (art. 46, ley 11.683) por el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2003 y 2004. La firma le manifiesta que el contador está de vacaciones, y recién regresa en 20 días, por lo que hasta esa fecha resultará imposible contar con su aporte para elaborar la defensa. Agrega que como el Contador tenía bien estudiado como atacar las diferencias desde el punto de vista contable, él preferiría esperar a que éste regrese para que colabore con Ud. en la elaboración de la contestación de la vista. Pero como sabe que cuando el contador regrese el plazo para la contestación estará vencido, quiere saber si es posible solicitar una prórroga para contestar la vista. Por otra parte, le comenta que le sorprende que sólo se haya instruido sumario respecto de los períodos 2003 y 2004 del Impuesto a las Ganancias, y que no se lo haya hecho por el período 2005, y desea que Ud. le explique a qué se debe ello. SITUACIÓN 3 Al contestar la vista y formular la defensa en el sumario infraccional para la firma “PARCIAL S.R.L.”, Ud. ofreció como prueba –entre otras– una pericia contable, a los fines de acreditar que las compras y gastos impugnados por el Fisco no

eran personales de los socios, sino que hacían a la operatoria comercial de la firma. Ello motivó que el Fisco dictara el siguiente proveído: “Proveyendo a la prueba ofrecida: A la pericia contable ofrecida, no ha lugar por notoriamen-te improcedente, atento que lo que está en discusión no es la pertinencia o no de las compras y gastos computados, sino la inexistencia de comprobantes respaldatorios de los mismos. El Socio Gerente de la empresa le consulta si es posible recurrir ese proveído, ya que Ud. le había comentado que esa prueba es esencial. SITUACIÓN 4 El 27 de diciembre de este año la empresa es notificada de la resolución del Organismo Fiscal por la que se decidió: 1) Impugnar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los períodos 2003, 2004 y 2005; 2) Determinar de oficio las obligaciones tributarias, por el impuesto y los períodos en cuestión en la suma de $ 308.000,00; 3) Liquidar los intereses resarcitorios que, a la fecha, ascienden a la suma de $ 215.600,00, conforme planilla adjunta; 4) Aplicar una multa de $102.000,00 por las infracciones cometidas respecto de los períodos 2003 y 2004, en los términos del art. 46 de la ley 11.683, que equivalente a dos (2) veces los importes tributarios evadidos. 5) Intimar el pago de tales conceptos, en el término de 15 días. El Socio Gerente de la empresa le consulta: a) Si existe algún recurso contra esa Resolución, y en su caso, cuándo vencería la presentación respectiva. Si hay más de una vía, le pide que le detalle si el plazo para recurrir puede diferir según la vía que se elija, y teniendo en cuenta la fecha en que fue notificada la resolución que pretende recurrirse; b) Si existieran dos vías, qué Organismo resolverá en cada caso, y si alguno de ellos es más confiable y por qué;; c) Qué gastos y otros costos existirían según el Recurso que se interponga; d) Si debe pagar los importes cuyo pago se intima en la Resolución y, de no hacerlo, si se expone a ser ejecutado judicialmente; e) Si puede ofrecerse ahora la prueba pericial contable que no se diligenció, y agregar ofrecer otra prueba que no se haya ofrecido antes; f) Cuáles serían las consecuencias, y los pasos a seguir si la resolución en confirmada.

DESARROLLO PARCIAL 2 FDT

ALUMNA: MEDINA, GISELA EILEÉN

Córdoba, 18 de noviembre 2017 Señor Emilio Díaz Presente De mi mayor consideración: Respecto al procedimiento iniciado por la A.F.I.P.-D.G.I , contra la empresa “PARCIAL S.R.L” de la cual Ud. es Socio Gerente, le comunico que tal procedimiento está fundamentado legalmente y representa una de las facultades que este Organismo posee. A tal fin, se inicia un proceso de fiscalización del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, donde luego de haberse llevado a cabo las inspecciones correspondientes se le han expuesto los motivos que llevarían a un ajuste en sus DD.JJ. Dicho ajuste, fue argumentado por parte del Organismo al declarar que las diferencia reclamadas resultan de haber omitido declarar ventas gravadas, y haber computado compras o gastos personales de los socios que –por ello– son ajenos a la operatoria de la firma. Esto trajo aparejado que el Impuesto a las Ganancias lance un incremento en la ganancia bruta y una disminución del costo de producción. La solución para corregir tales valores consistirá en rectificar las DD.JJ correspondientes, a saber: - Ganancias 2003 $ 70.000,00 - Ganancias 2004 $ 32.000,00 - Ganancias 2005 $ 206.000,00 Es necesario entender que las declaraciones juradas responsabilizan al sujeto pasivo por su constancia, y dejando en manos de la istración la posibilidad de corregir errores de cálculo, sin perjuicio de la responsabilidad del declarante por la inexactitud de los datos contenidos en la declaración. Ahora bien, un punto favorable sobre el actuar de la empresa comienza con el hecho de haber dado cumplimiento en legal tiempo y forma de presentar las declaraciones juradas a las que se someten obligatoriamente. A priori, se puede deducir que no existió intención de evadir Impuestos al Fisco y llegado el caso, si se rectifican las declaraciones solicitadas demostraría la ausencia de dolo en su actuar, sin perjuicio de la multa prevista por el art. 46 de la ley 11683 – defraudación fiscal- .

2.-La determinación de oficio, está reglamentada por el art. 16 de la Ley 11683, donde atento a tal interrogante, establece los supuestos en donde el Fisco puede intervenir, expresando: “Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas, la ISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS procederá a determinar de oficio la materia imponible o el quebranto impositivo, en su caso, y a liquidar el gravamen correspondiente, sea en forma directa, por conocimiento cierto de dicha materia, sea mediante estimación, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquélla {…}” La determinación de oficio comienza con una inspección, en la que se realizan:  Actas de requerimiento: Donde se solicita al contribuyente que presente, en cierto plazo la documentación. El plazo debe ser razonable, adecuado para permitir cumplir con el requerimiento.

 Actas de constatación: donde se dejará constancia de la presentación de la documentación requerida. Si es necesario realizar un ajuste, comienza el proceso determinativo de oficio en cabeza del Fisco dando inicio al proceso, previa decisión del juez istrativo. Vista: Antes de darse la vista, el inspector puede dar una “prevista”, diciendo las diferencias encontradas entre lo declarado y lo fiscalizado. De esta manera el contribuyente podrá presentar declaraciones juradas rectificativas. Si se rectifica, se reconoce la deuda y se aplica sanción. Esto es así ya que, por culpa o dolo se declaró falsa o erróneamente). El Art. 49 de la ley, expresa que si el contribuyente, en este caso Ud. A favor de la empresa, rectifica antes de la vista, la multa se reduce a 1/3 de su mínimo legal. Sin embargo, la contra que representa la rectificación de esta manera, recae en que al hacer un reconocimiento puede darse lugar a la aplicación de una denuncia penal tributaria. Desde ese momento el contribuyente tiene 15 días (prorrogables por 15 días más por única vez) para formular su descargo. Al momento de la vista, Ud. Como contribuyente puede asumir diferentes posiciones:  Presentarse y aceptar las impugnaciones que se le formularon, no haciendo falta aquí dictar resolución determinativa del impuesto. Esto hace una declaración jurada para Ud. y una determinación de oficio para el fisco.  No presentarse a contestar la vista y no presentar descargo. Aquí en 15 días el juez istrativo deberá dictar resolución determinativa del impuesto.  Presentarse y elevar el descargo con discrepancia en la interpretación de la ley, pero no en los hechos. Aquí el juez deberá dictar resolución determinativa del impuesto. Presentado el descargo, con toda la prueba, el juez istrativo puede: abrir a prueba o declarar la cuestión como de puro derecho y resolver. Con el descargo queda trabada la litis, no pudiendo, luego incluirse cuestiones o pruebas (salvo caso de hechos nuevos). En caso de ser aceptada la prueba, se abre el periodo probatorio durante 30 días; Puede, no obstante el juez, solicitar medidas para mejor proveer. Finalizada la etapa probatoria se emite la Resolución determinativa de oficio. Y ante dicha resolución Ud podrá: -

Presentarse y pagar

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No presentarse y que la resolución quede firme

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Impugnar la resolución. Según los supuestos del art 115 CF, pueden recurrirse las resoluciones que determinen gravámenes, impongan multas, liquiden intereses, denieguen demanda de repetición o denieguen exenciones.

De su parte, podrá interponerse:  Reconsideración ante la Autoridad de Aplicación  Apelación ante el Tribunal Fiscal, en aquellos casos en que el monto de la obligación fiscal, la multa o el gravamen intentado de repetir, supere los $50.000. En caso de que corresponda aplicar sanciones, el proceso determinativo de oficio se instruirá bajo la forma de sumario.

Como última cuestión y para dejar en claro la posibilidad de que se formule una denuncia penal en contra de la empresa, está claro que si un contribuyente, por ejemplo, rectifica en más la deuda que había oportunamente establecido en su declaración jurada, aparece una certidumbre legal suficiente como para establecer el ilícito. Algo similar ocurre en los supuestos en que se ha producido la apropiación indebida de retenciones y percepciones practicadas en forma indubitable, no siendo el monto de estas discutible en sede istrativa. En estos supuestos la ley exige que la denuncia se formule una vez formada la "convicción istrativa" de la presunta comisión del hecho ilícito. Ello indica que la istración tributaria no solamente debe estar íntimamente convencida de la existencia del presunto hecho punible, sino que también está obligada a fundar la denuncia con los elementos de prueba que le conducen a sostener asertivamente la materialidad del hecho y la concurrencia del elemento subjetivo requerido para el perfeccionamiento de la figura que se denuncia. Por ejemplo, la mera declaración jurada rectificativa importa únicamente el reconocimiento de una deuda, pero nunca la confesión de un delito, no estando autorizado el denunciante a presumir por ese solo hecho la culpabilidad del declarante. 2) Al primer interrogante, el art. 17 de la ley de Procedimiento Tributario nº 11683, establece: “El procedimiento de determinación de oficio se iniciará, por el juez istrativo, con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones istrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los mismos, para que en el término de QUINCE (15) días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho”{…} De ello se desprende entonces, la posibilidad por única vez de obtener prórroga por el mismo lapso de tiempo de QUINCE (15) días. Para el segundo planteamiento, es importante reconocer la manera de proceder de los sumarios. En Nación se inicia un sumario istrativo, con notificación al contribuyente o responsable, (presunto autor de la infracción que se quiere sancionar) firmado por juez istrativo. En dicha notificación deberá constar claramente cuál es el acto u omisión que se le imputa al presunto infractor, al cual se le otorgará un plazo de 15 días hábiles istrativos, prorrogables por resolución fundada y por única vez (solo en Nación), por un lapso de tiempo igual para que se haga el descargo o defensa y se acompañen y ofrezcan todas las pruebas que hagan a su derecho. Posteriormente, presentada o no esta defensa, y abierto o no el periodo de prueba, el juez dictará resolución ampliando o dejando sin efecto la sanción. Si esta resolución resulta contraria al contribuyente o responsable, este tiene un plazo de 15 días hábiles para interponer Recurso de reconsideración ante la AFIP y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre que cumpla con el monto fijado. De no interponer ninguno de estos dos recursos, la multa quedará firme. A todo esto, existen tanto agravantes, como atenuantes y eximentes: o Agravantes/Atenuantes: - Giro comercial del contribuyente - Conducta frente a la fiscalización - Antecedentes - Cumplimiento espontáneo o Eximentes: se vincula con la extinción de la acción, - Muerte - Prescripción: 5 años en caso de contribuyentes inscriptos y 10 en caso de que no lo estén. El tiempo comienza a correr desde el 1 de enero del año siguiente a que se verificó la infracción. - Perdida de la istración de los bienes, que se deduce por la quiebra - Propios del ámbito tributario  Error excusable de hecho o derecho  Principio de bagatela, por el carácter leve de la infracción no produce daño al bien jurídicamente protegido.  Solidaridad: que el solidario demuestre que el obligado principal lo colocó en imposibilidad de cumplir.

Ante la posibilidad de alguno de estos supuestos, no es de sorprenderse que se haya instruido sumario por dos de los tres períodos cuestionados. 3) En sede istrativa, es decir, ante la AFIP, los contribuyentes y responsables pueden interponer distintas acciones recursivas, pudiéndose destacarse ente otras el recurso de reconsideración, el recurso de apelación ante el Director General y el recurso de repetición. Cabe destacar que si el contribuyente no ejerciera ninguna de estas vías recursivas, las resoluciones del Fisco quedarían firmes y pasarían a la condición de cosa juzgada (artículo 79 LPT). Estas resoluciones del organismo fiscal pueden ser imposición de sanciones, determinación de oficio o denegatoria de recursos de repetición, entre otras, dejando a la AFIP librada la posibilidad del cobro compulsivo a través del juicio de apremio previsto en el artículo 92 de la Ley Fiscal. Se presenta ante el mismo funcionario que dictó el acto que se cuestiona y está dirigido a que revea la situación. Procede contra cualquier tipo de decisión. Cuando el acto que se impugna es de los que resuelven el fondo del tema, si el funcionario que dictó el acto no le da la razón con el recurso de reconsideración, él mismo tiene la obligación de elevarlo a su superior más alto para que lo revise otra vez. Para todo esto se deberá tener en cuenta las disposiciones siguientes del DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 11.683 DE PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO: Art. 35 -En los procedimientos en los cuales el contribuyente o responsable ofrezca prueba que haga a su derecho, su isibilidad, sustanciación y diligenciamiento se regirán por las normas contenidas en el título VI del Decreto Nº 1.759 del 3 de abril de 1.972 en aquellos aspectos no reglados por la ley y este reglamento, no itiéndose el alegato previsto en el artículo 60 del mencionado decreto. La prueba a que se refiere el párrafo anterior deberá ser producida dentro del término de treinta (30) días posteriores al de la fecha de notificación del auto que las itiera. Este plazo será prorrogable mediante resolución fundada por un lapso igual y por una sola vez. En los casos en que el contribuyente o responsable no produjere la prueba dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, el juez istrativo podrá dictar resolución prescindiendo de ella. El juez istrativo podrá, en cualquier momento del proceso, disponer las verificaciones, controles y demás pruebas que, como medidas para mejor proveer, considere necesarias para establecer la real situación de los hechos. Art. 55 -La prueba ofrecida con el recurso de reconsideración se regirá por las disposiciones del artículo 35 de este reglamento, salvo en lo que respecta al plazo para producirla, que será de treinta (30) días improrrogables. Si no se aportaran nuevas pruebas, no será necesario volver a dictaminar. 4) a. Existen dos recursos contra esa resolución: los sujetos pasivos e infractores pueden interponer dentro de los 15 días de notificados, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Si el importe resultante de la determinación tributaria, el monto de la sanción o la suma cuya repetición se reclama son inferiores a las cantidades que indica la ley, procederá únicamente el recurso de reconsideración ante la DGI. Si en cambio, exceden la suma indicada, se podrá optar entre el recurso anterior o el recurso de apelación ante el tribunal fiscal. Ambos recursos son excluyentes entre sí, e indicado uno de ellos ya no se puede iniciar el otro.

b.Recurso de Reconsideración: se interpone ante AFIP, en forma escrita. No exige ninguna forma sacramental. Interpuesto el recurso debe dictarse resolución dentro de los 20 días, y se notifica al interesado. Si el recurso se resuelve en contra, los efectos de la denegatoria varían según la naturaleza de la resolución recurrida: - Determinación de impuestos y rios: la denegatoria implica que la resolución se tiene por firme y el contribuyente debe pagar el tributo. En su caso, luego podrá recurrir por demanda de repetición ante el juez nacional. - Multa: el contribuyente puede interponer demanda contenciosa ante el juez respectivo dentro de los 15 días. Si bien el recurso se interpone ante la autoridad que dictó la resolución, en verdad resuelve el superior jerárquico. Transcurrido el plazo para decidir, sin dictarse una resolución puede suceder que: a. en el recurso contra resolución que aplique multas o deniegue repeticiones, la ley presume una denegación ficta que deja abierta la vida judicial; b. en el recurso contra determinaciones de oficio, el contribuyente podrá solicitar pronto despacho Recurso de Apelación: se interpondrá por escrito ante el Tribunal Fiscal dentro de los 15 días hábiles judiciales de notificada la resolución istrativa, siendo esta circunstancia comunicada por el recurrente a la DGI o DGA (AFIP) ya que de manera contraria éste tendrá a la resolución por consentida y ejecutada. Todo aquello que no manifieste para apelar el recurrente, se considerará consentido. c) En el recurso de apelación, se debe pagar al iniciarse la demanda una tasa del 2.5 % del importe total cuestionado (incluyendo sanciones). Quien actúa con beneficio de litigar sin gastos, no abona la tasa. La interposición del recurso suspende la intimación de pago. Además, el art. 184 de la ley 11683, en su Cap. II “De las acciones y recursos”, dice: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones que rigen en materia de arancel de abogados y procuradores para los representantes de las partes y sus patrocinantes, así como las arancelarias respectivas para los peritos intervinientes”. d) En el caso de interponer el recurso de apelación, la sustanciación de recurso suspende la intimación de pago a la parte apelada, es decir, mientras la apelación no quede resuelta por sentencia del tribunal fiscal, el recurrente no puede ser ejecutado por la suma resultante de la determinación o por el importe de la multa aplicada. Cuando se determinen los impuestos y rios, implicará que la resolución haya quedado firme. El acto istrativo podrá ser ejecutado mediante la vía de ejecución fiscal. En el caso de decidir pagar el importe determinado por el Fisco, se podrá luego impugnar la resolución mediante el ejercicio de la acción de repetición. Cuando existe imposición de sanciones se podrá recurrir sin previo pago. ARTICULO 92 — “El cobro judicial de los tributos, pagos a cuenta, anticipos, rios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la ISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se hará por la vía de la ejecución fiscal establecida en la presente ley, sirviendo

de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la ISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS “ e) Una vez interpuesto el recurso de apelación, se sortea la sala y se da traslado a la AFIP por 30 días para que conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente istrativo y ofrezca prueba. Si no lo hiciese, se le da un plazo de 10 días más bajo apercibimiento de rebeldía y se continuará con el proceso. Contestado la demanda por la AFIP, el tribunal dará traslado por 10 días al apelante de las excepciones así puede contestar y ofrecer prueba. Las excepciones son: Incompetencia; falta de personería; falta de legitimación; litispendencia; cosa juzgada; defecto legal; prescripción y nulidad. A partir de aquí se abre la causa a prueba, si hay prueba a producir (se tienen 60 días para realizar la producción, prorrogables por 30 días más, aunque mediando acuerdo de partes podrá ser de hasta 45 días), sino se declara la causa como de puro derecho. Elevados los autos a Sala para alegar, se tienen 10 días, salvo que se convoque a audiencia de vista de causa por 20 días. f) Pasados los plazos previamente mencionados se dicta la SENTENCIA. El plazo para su dictado dependerá de lo que resolvió: -

si resolvió excepciones, tiene 15 días;

-

cuando se trata de sentencia definitiva sin producción de prueba, tiene 30 días;

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cuando se trata de sentencia definitiva pero con producción de prueba, tiene 60 días

Recurso de aclaratoria. Notificada la sentencia, las partes podrán solicitar, dentro de los 5 días, que se aclaren conceptos oscuros, se subsanen errores materiales o se resuelvan puntos incluidos en el litigio y que —sin embargo— fueron omitidos en la sentencia (art. 173) Recurso de revisión y apelación limitada. Los sujetos pasivos "determinados" y los infractores perdidosos podrán interponer el llamado "recurso de revisión y apelación limitada", para ante la Cámara Nacional competente, lo cual pueden hacer dentro de los 30 días de notificados de la sentencia definitiva del Tribunal Fiscal (art. 174, ley). Igual derecho tienen la D.G.I. o —en su caso la autoridad aduanera, pero estos últimos organismos deben cumplimentar los recaudos que exige el art. 175 para poder ejercer este derecho a recurso. De no interponerse recurso alguno contra la sentencia del Tribunal Fiscal, ella pasa en autoridad de "cosa juzgada" y debe cumplirse dentro de los quince días de quedar firme (art. 174, párrafo segundo El "recurso de revisión y apelación limitada" está reglamentado en dispositivos anteriores a los que regulan el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal (los arts. 86 y ss.). En el inc. B del art. 86 estipula las facultades de la Cámara Federal competente, que pueden resumirse así: a) podrá declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones del Tribunal Fiscal y devolverlas ha dicho organismo con apercibimiento, si considera que hubo "violación manifiesta" en el procedimiento de esa instancia inferior; b) ante el mismo caso anterior (violación de formas legales en el procedimiento) puede optar, atento a la naturaleza de la causa, y si lo juzgare "más conveniente", disponer la apertura a prueba de la causa en la instancia de la Cámara;

c) podrá —asimismo— resolver el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados; d) podrá, por último, la Cámara Federal, apartarse de las conclusiones del Tribunal y disponer la producción de pruebas, cuando, a su criterio, las constancias de autos autorizan a suponer que en la sentencia del Tribunal hubo error en la apreciación de los hechos. Según estipula el art. 89, las sentencias de la Cámara son definitivas, pasan en autoridad de "cosa juzgada" y no autorizan el ejercicio de la acción de repetición por ningún concepto. En caso de sentencia adversa de este órgano judicial, sólo queda al perdidoso la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema nacional conforme a los recursos que autorizan las leyes 48 y 4055. Es importante recalcar que en lo que respecta a tributos determinados y sus intereses, este recurso se concede al solo efecto devolutivo (y no suspensivo) (art. 176). Ello significa que no obstante estar en trámite el recurso ante la Cámara, el sujeto pasivo recurrente debe pagar la suma que resulte de la liquidación que se practique con motivo del fallo del Tribunal Fiscal. Este pago tiene que hacerlo dentro de los 30 días desde la notificación de la resolución que apruebe la liquidación practicada. De lo contrario, y no obstante hallarse en sustanciación el recurso ante la Cámara, la repartición fiscal (D.G.I. ) expedirá de oficio la "boleta de deuda" y podrá iniciarse enseguida el juicio de ejecución fiscal en contra del mencionado sujeto pasivo.

El C. Fiscal de Bs. As. estipula un unico plazo de 5 anos, trascurrido el cual prescribe la facultad fiscal de determinar obligaciones tributarias o de verificar y rectificar declaraciones juradas de los contribuyentes. En cambio, se fija en diez anos el plazo de prescription de la acti6n fiscal para el cobro judicial de tributes (art. 67). El C. Tribut. de C6rdoba estipula un plazo unico de 10 afios (art. 89), termino, este ultimo, que es tambien el establecido por la ley 11.585 (esta ley regula la prescripci6n de los tributos nacionales no regidos por la ley 11.683).